Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, a la libertad y a una “justicia pronta y oportuna”; alegando que, el 27 de noviembre de 2023, solicitó informe de cumplimento de sus medidas impuestas a momento de ser beneficiado con su libertad condicional a través de la Resolución 24/2021 de 18 de marzo; empero, la autoridad demandada, no ordenó a la trabajadora social la impresión de su trámite. Hizo seguimiento de sus actuados; sin embargo, no obtuvo respuesta; y, a su criterio el cuaderno de control jurisdiccional, aparentemente desapareció del Juzgado.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto precedentemente; disponiendo que el Juez demandado, en el día atienda lo solicitado por el accionante en su demanda tutelar de 21 de febrero de 2024, salvo que la misma por el transcurrir del tiempo, ya se hubiera cumplido. 2° Exhortar a Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a objeto que, en futuros casos, observe y adecúe sus actuaciones conforme a procedimiento para evitar dilaciones injustificadas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0775/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62148-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Flores Chambi contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de febrero de 2024, cursante de a fs. 1 y 3 a 4 vta., el accionante, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la comisión del delito de estafa con agravantes de víctimas múltiples. Mediante Resolución S-71/2019 de 18 de septiembre, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, le condenó a pena privativa de libertad de cuatro años, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Para control de su condena, remitió dicho fallo al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del referido departamento, a cargo del Juez -ahora demandado-, ante quien planteó incidente de redención de pena, mereciendo la Resolución 291/2020, que dispuso redimir su pena a seis meses y veintisiete días, y por Resolución 410/2020 de 7 de diciembre, a un mes y veintinueve días. El 27 de noviembre de 2023, solicitó al Juez demandado, informe de cumplimento de sus medidas impuestas a momento de ser beneficiado con su libertad condicional a través de la Resolución 24/2021 de 18 de marzo; empero, el mismo, no ordenó a la trabajadora social la impresión de su trámite. Por ello, al hacer seguimiento de sus actuados, no obtuvo respuesta; y, a su criterio, el cuaderno de control jurisdiccional, aparentemente desapareció del Juzgado.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, a la libertad y a una “justicia pronta y oportuna”; citando al efecto, los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) “… EN EL DIA LA AUTORIDAD ACCIONADA ORDENE PARA REMITA EL CUADERNO DE CONTROL JURISDICIONAL A LA TRABAJADORA PARA QUE ELABORE EL INFORME…” (sic); y, b) “… LA REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS…” (sic.).
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 33 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de garantías tampoco su abogado, pese a su notificación cursante a fs. 7.
Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de febrero de 2024, cursante a fs. 28 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) El solicitante de tutela, mediante memorial de ‘‘27 de noviembre de 2024’’, peticionó informe de cumplimiento de condiciones de beneficio y verificación de su domicilio, ello mereció el decreto de 28 de igual mes y año, con la providencia de “En lo principal y Otrosí 1°.- por la trabajadora social del juzgado previa coordinación del beneficiario procédase a la verificación del domicilio (…). Asimismo, por secretaria del juzgado REMITASE el cuaderno a la trabajadora social para que elabore el informe…” (sic); 2) El área de trabajo social, elaboró el informe CITE: JEP1 EA-GCJA- 158/2024 de 21 de febrero, por el cual observó las condiciones uno y cinco, respecto a su domicilio; y, su permanencia de empleo lícito, que debieron ser aclaradas por el peticionante de tutela. El beneficio penitenciario de libertad condicional, no solo implica el transcurrir del tiempo, sino el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en dicho beneficio; asimismo, refirió que, ante su incumplimiento, correspondería su revocatoria conforme al art. 176 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS); y, 3) El impetrante de tutela, no señaló con claridad los antecedentes del estado del proceso, cuyo Juez demandado, atendió a su petición de 27 de noviembre de 2023, por decreto de 28 de igual mes y año, existiendo a la fecha, observaciones que debieron ser aclarados por el solicitante de tutela.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 04/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante, no estableció e identificó los derechos que, supuestamente hubieran sido vulnerados por la autoridad demandada; por otra parte, mediante memorial de ‘‘27 de noviembre de 2024’’, peticionó informe de cumplimiento de condiciones de beneficio y verificación de su domicilio; ello mereció, el decreto de 28 del mismo mes y año, con providencia: “… al otrosí 1ro.- por la trabajadora social del juzgado previa coordinación del beneficiario procédase a la verificación del domicilio del beneficiario sea conforme a la agenda del trabajo social donde por trabajo social se deberá colectar los elementos que permitan establecer el tiempo de habitabilidad del beneficiario en el domicilio a ser verificado, asimismo por secretaria del juzgado remítase el cuaderno a la trabajadora social para que elabore el informe…” (sic).; ii) La autoridad demandada, cumplió con la norma procesal penal en resguardo del art. 24 de la CPE, relacionado con el derecho a la petición. La solicitud del peticionante de tutela, en su memorial de 27 de noviembre 2023, mereció respuesta por el Juez demandado, al día siguiente hábil de su petición -28 de igual mes y año-.; iii) El impetrante de tutela, no cumplió con las reglas y condiciones impuestas por la Resolución 24/2021 de 18 de marzo; iv) La Trabajadora Social del referido Juzgado, remitió su informe CITE: JEP 1° EA-GCJA-158/2024 de 21 de febrero, ante el Juez demandado, advirtiéndose dilación del mismo; v) Los funcionarios de apoyo del Órgano Judicial y de cualquier institución, debieron enmarcar su actuación conforme a los arts. 115, 178 y 180 de la CPE; vi) Exhortó al personal de apoyo jurisdiccional, así como al personal multidisciplinario de dicho Juzgado, que sus diligencias sean con la debida celeridad y brevedad posible, a fin de evitar perjuicios a las partes; y, vii) No advirtió ninguna vulneración a derecho o garantía constitucional de la autoridad demandada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 41 a 47), se dispuso la optimización en la gestión de acciones de libertad; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, procedió con el sorteo de la presente causa.
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2023, Emilio Flores Chambi -ahora accionante-, solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz hoy demandado, que la Trabajadora Social, informe sobre el cumplimiento de sus medidas impuestas por Resolución 24/2021 de 18 de marzo (fs. 25). II.2. Mediante decreto de 28 de igual mes y año; el Juez demandado, dispuso
“En lo principal y al Otrosí 1°. - Por la trabajadora social del juzgado previa coordinación del beneficiario procédase a la verificación del domicilio del beneficiario, sea conforme la agenda del trabajo social, donde por trabajo social se deberán colectar los elementos que permitan establecer el tiempo de habitabilidad del beneficiario en el domicilio a ser verificado. Asimismo, por secretaria del juzgado REMITASE el cuaderno a la trabajadora social del juzgado para que elabore el informe…” (sic). Con cargo de recepción 21 de febrero de 2024 (fs. 25 y vta.). II.3. Cursa informe CITE: JEP 1 EA-GCJA-158/2024 de 21 de febrero, a través del cual Gladys Corina Jimenez Apaza, Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, remitió informe de seguimiento y cumplimiento de condiciones del peticionante de tutela. (fs. 26 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, a la libertad y a una “justicia pronta y oportuna”; alegando que, el 27 de noviembre de 2023, solicitó informe de cumplimento de sus medidas impuestas a momento de ser beneficiado con su libertad condicional a través de la Resolución 24/2021 de 18 de marzo; empero, la autoridad demandada, no ordenó a la trabajadora social la impresión de su trámite. Hizo seguimiento de sus actuados; sin embargo, no obtuvo respuesta; y, a su criterio el cuaderno de control jurisdiccional, aparentemente desapareció del Juzgado.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (El resaltado es añadido). En lo concerniente al principio de celeridad y la acción de libertad traslativa, la señalada Sentencia Constitucional, sostuvo que: “Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes.
Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, a la libertad y a una “justicia pronta y oportuna”; alegando que, el 27 de noviembre de 2023, solicitó informe de cumplimento de sus medidas impuestas a momento de ser beneficiado con su libertad condicional a través de la Resolución 24/2021 de 18 de marzo; empero, la autoridad demandada, no ordenó a la trabajadora social la impresión de su trámite. Hizo seguimiento de sus actuados; sin embargo, no obtuvo respuesta; y, a su criterio el cuaderno de control jurisdiccional, aparentemente desapareció del Juzgado. De la revisión de antecedentes plasmados en las conclusiones, se tiene que, por memorial de 27 de noviembre de 2023, el peticionante de tutela, solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz hoy demandado, informe sobre el cumplimiento de sus medidas impuestas en la Resolución 24/2021 (Conclusión II.1). Ante ello, por proveído de 28 de igual mes y año, dispuso que la Trabajadora Social de dicho Juzgado, elabore el referido informe, con cargo de recepción 21 de febrero 2024 (Conclusión II.2); y, mediante informe CITE: JEP 1 EA-GCJA-158/2024 de 21 de febrero, por el cual Gladys Corina Jiménez Apaza, Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, remitió informe de seguimiento y cumplimiento de condiciones del peticionante de tutela (Conclusión II.3).
Conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese marco, el impetrante de tutela, mediante memorial de 27 de noviembre de 2023, solicitó a la autoridad demandada, informe social de cumplimento de sus medidas impuestas a momento de beneficiarse con la libertad condicional. Ante ello, mediante proveído de 28 de igual mes y año, dispuso que la trabajadora social del Juzgado, elabore el referido; sin embargo, esta providencia no fue notificada oportunamente; evidenciándose que recién el 21 de febrero de 2024, fue puesto a conocimiento de Gladys Corina Jiménez Apaza, Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, quien en el día elaboró el indicado Informe con CITE: JEP1 EA-GCJA-158/2024, del cual no se tiene constancia que se hubiera entregado al solicitante de tutela (Conclusión II.1, II.2. y II.3) Es así que, dentro del contexto señalado precedentemente, se estableció que el Juez demandado, ante la petición de informe social por el accionante -27 de noviembre de 2023-, si bien dicto providencia dentro del plazo de veinticuatro horas -28 de igual mes y año- ; sin embargo, recién puso a conocimiento de la trabajadora social el 21 de febrero de 2024; y, hasta la fecha de la celebración de la acción tutelar, transcurrieron más de dos meses, sin que pueda entregarse el referido informe social, causando una dilación indebida e innecesaria, relacionada directamente con su derecho a la libertad del peticionante de tutela; por ello, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto precedentemente; disponiendo que el Juez demandado, en el día atienda lo solicitado por el accionante en su demanda tutelar de 21 de febrero de 2024, salvo que la misma por el transcurrir del tiempo, ya se hubiera cumplido. 2° Exhortar a Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a objeto que, en futuros casos, observe y adecúe sus actuaciones conforme a procedimiento para evitar dilaciones injustificadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0775_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3e11f1931f54ad745e88cf92a9e9624c03e4bbfa07c67122a7b6248cb536681e
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