B.IA.LEGAL

SCP 0775/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
8 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53375-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de “inocencia” y pro homine; puesto que, el 6 y 14 de octubre de 2022, solicitó al Juez hoy accionado la cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP; sin embargo, dicho Juez no resolvió el fondo de su petición alegando que existe un recurso de apelación incidental pendiente de resolución por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y que esté a lo resuelto por la misma, haciendo constar que la Secretaria ahora coaccionada remitió con dilación el expediente original por no contar con recursos económicos para las fotocopias de remisión del indicado recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria. Jurisprudencia reiterada; 2) De la apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada; 3) Dilación en la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada por falta de provisión de recaudos; 4) La acción de libertad innovativa; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 302/2022 de 23 de octubre, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, con la finalidad de que el Juez y la Secretaría ahora accionados, no vuelvan a incurrir en una conducta dilatoria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, por la activación simultánea del recurso de apelación incidental y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria formulada por el accionante; y, respecto a los principios de “inocencia” y pro homine, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3º Exhortar a Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, a cumplir con el debido proceso, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria.
  2. III.2. De la apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada
  3. III.3. Dilación en la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada por falta de provisión de recaudos
  4. III.4. La acción de libertad innovativa
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0775/2025-S1 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53375-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 302/2022 de 23 de octubre, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Dolly Najera Díaz en representación sin mandato de César Claudio Rocha Mayer contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaría, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 15 a 17 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra César Claudio Rocha Mayer -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), por Auto Interlocutorio 110/2022 de 29 de marzo, en audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fijándose audiencia de control de plazo para el 29 de junio de 2022. El 29 de junio de 2022, la audiencia de control de plazo no se realizó; posteriormente, el 1 de julio de igual año, ya vencido el plazo inicialmente fijado, el Juez ahora accionado emitió el Auto Interlocutorio 357/2022 de la misma fecha, ampliando su detención preventiva por el periodo de tres meses más, es decir, hasta el 3 de octubre de dicho año, fecha en que se programó una nueva audiencia. La ampliación de la detención preventiva fue apelada incidentalmente, conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), recalcando que estaba asistido por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), conforme al principio de gratuidad. El 29 de septiembre de 2022, se remitió el expediente en original a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, hasta el 21 de octubre del referido año, no se fijó fecha y hora de audiencia ni se resolvió el recurso de apelación incidental, incumpliendo el plazo legal de setenta y dos horas. Tras el vencimiento de la ampliación de su detención preventiva, el 6 de octubre de 2022, presentó solicitud de cesación de su detención preventiva, conforme al art. 239.2 del CPP, la cual no fue atendida. Posteriormente, el 14 de octubre de 2022, reiteró su petición; empero, la respuesta judicial fue una “providencia” que atribuye la falta de avance a una supuesta negligencia de su persona, por no proveer fotocopias al momento de interponer el recurso de apelación incidental, siendo que el señalado recurso de apelación no es en efecto suspensivo. El 19 de octubre de 2022, planteó recurso de reposición y pidió control jurisdiccional, señalando además que la etapa preparatoria del proceso penal se encontraba vencida; por lo que, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, dicho recurso no fue atendido, bajo la excusa comunicada de manera informal de que el cuaderno procesal se encontraba en despacho. Dichas acciones demuestran que el Juez hoy accionado, incumplió con lo previsto por los arts. 239 y 250 del CPP, que obligan al referido Juez a convocar a audiencia de cesación de la detención preventiva incluso de oficio. Finalmente, el Juez ahora accionado que impuso la detención preventiva contradictoriamente afirmó que el accionante “…NO ACREDITA ESTAR CON DETENCION PREVENTIVA Y MUCHO MENOS EL TIEMPO EN EL CUAL ESTUVIERA CUMPLIENDO...” (sic), lo que se considera un argumento infundado y arbitrario.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de “inocencia” y pro homine; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 109 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, en audiencia, pidió que no solo se fije día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva, sino también que: “…se haga cumplir los plazos por Sala Pena porque Sala Penal le reitero me ha señalado audiencia casi a las 6 de la tarde del 21 de octubre cuando estamos a casi un mes de que se haya remitido los actuados” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 54, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La Imputación Formal de 28 de marzo de 2022, carece de pruebas contundentes, como certificados forenses, informes psicológicos o pericias que sustenten los hechos de violencia denunciados, y en esa oportunidad, inicialmente medidas sustitutivas de la detención preventiva; empero, el Juez hoy accionado, actuando ultra petita, impuso su detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; b) El 1 de julio de igual año, dicho Juez amplió su detención preventiva por otros tres meses sin justificar debidamente los riesgos procesales, ni la complejidad del caso, incumpliendo lo establecido por el art. 233 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; c) Por su parte, el Fiscal de Materia no presentó nuevos actos investigativos y no se acreditó el carácter de “persona peligrosa”; d) Además, no se realizó el control de plazo programado, a pesar de haber vencido el plazo de su detención preventiva y la etapa preparatoria, no se emitió requerimiento conclusivo ni se amplió legalmente la referida etapa; e) Sumado a ello, el personal del Juzgado en el que radica la causa y de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, dilataron injustificadamente las audiencias, no notificaron adecuadamente, ni tramitaron los recursos -de reposición y apelación- presentados dentro de plazo; f) La abogada de SEPDEP fue impedida de acceder a las resoluciones y se le negó su solicitud de cesación de la detención preventiva, por supuesta falta de provisión de fotocopias, a pesar de que la Defensa Pública goza de gratuidad en el proceso penal; g) De esa manera, el cuaderno procesal estuvo por mucho tiempo en despacho de la citada Sala Penal, sin avances; h) Se debe considerar lo señalado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0645/2016-S2 de 18 de julio, 0451/2018-S3 de 26 de septiembre, 0598/2018-S1 de 8 de octubre y 0525/2020-S3 de 9 de septiembre, que obligan a los jueces a actuar con celeridad y garantizan el acceso gratuito a la justicia; e, i) Solicitó que se fije día y hora de audiencia -se entiende de cesación de la detención preventiva- y que se haga una severa llamada de atención a “los funcionarios”.

Ante la pregunta del Juez de garantías, la defensa del accionante, aclaró que su petitorio no solo es que se fije día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva, sino también que “…se haga cumplir los plazos por Sala Pena porque Sala Penal le reitero me ha señalado audiencia casi a las 6 de la tarde del 21 de octubre cuando estamos a casi un mes de que se haya remitido los actuados” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 36 a 37 vta., manifestó que: 1) El 29 de marzo del referido año, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares del accionante; en la que, emitió el Auto Interlocutorio 110/2022, que dispuso la detención preventiva del mencionado, debido la peligrosidad del accionante para la víctima y la sociedad; ya que, el accionante cuenta con antecedentes por robo agravado; historial de violencia física contra su pareja; y, la existencia de acción directa en su contra; 2) El 1 de julio de 2022, se celebró audiencia de la situación jurídica, en la cual se dispuso la ampliación de la detención preventiva del accionante, por el plazo de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; 3) El Auto Interlocutorio 357/2022 fue recurrida en apelación y posteriormente confirmado por el Tribunal de alzada; 4) El 31 de agosto de 2022, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva; empero, fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 492/2022, por no desvirtuar los riesgos procesales, y el indicado Auto Interlocutorio fue apelado; sin embargo, existieron dificultades logísticas para remitir el recurso de apelación incidental, debido a la falta de fotocopias y recursos del Juzgado de origen, motivo por el cual, se remitieron obrados en originales a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 5) El 19 de octubre de igual año, el accionante presentó recurso de reposición contra el decreto de 14 de ese mes y año; empero, dicho recurso fue rechazado el 20 de octubre del indicado año; ya que, la causa estaba sujeta a la determinación del Tribunal de alzada; 6) Se debe considerar que conforme a la SCP 0271/2019-S1 de 25 de mayo, no se puede convocar a nueva audiencia de cesación de la detención preventiva mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de apelación incidental sobre la detención preventiva; puesto que, hacerlo generaría un doble trámite contradictorio, afectando la seguridad jurídica; y, la demora en resolver el recurso de apelación no es responsabilidad de su autoridad, sino de los Vocales de la referida Sala Penal; y, 7) Por lo mencionado, la acción de libertad presentada por el accionante busca confundir al Juez de garantías; ya que, hay un recurso de apelación incidental pendiente que debe ser resuelto por los Vocales de la señalada Sala Penal y no se evidencia vulneración de derechos constitucionales, correspondiendo en consecuencia denegar de la tutela solicitada. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaría del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 22 de octubre de 2022, cursante a fs. 47 y vta., manifestó que: i) El 29 de marzo de igual año, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares que concluyó con la detención preventiva del accionante, dispuesta mediante el Auto Interlocutorio 110/2022, fundamentándose un presunto peligro para la víctima y la sociedad, antecedentes penales por el delito de robo agravado y presuntos actos reiterados de violencia física contra su pareja; ii) El 1 de julio del referido año, se realizó audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante, ampliándose la detención preventiva inicialmente fijada por otros tres meses; iii) Esa ampliación fue apelada por la defensa del nombrado y confirmada por el Tribunal de alzada; iv) El accionante solicitó cesación de su detención preventiva, que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 492/2022, por no desvirtuar los riesgos procesales; v) El mencionado Auto Interlocutorio fue objeto de apelación, y se remitieron obrados en originales a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a que el mencionado Juzgado no contaba con fotocopias suficientes y que SEPDEP está exento de pagos; sin embargo, dicho Juzgado carece de recursos y de personal para sacar fotocopias, amparándose en el art. 51 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública -Ley 463 de 19 de diciembre de 2013-; vi) Asimismo, se debe considerar que la acción presentada no precisa con claridad cuál fue el derecho vulnerado por su despacho; vii) El recurso de apelación incidental formulado por el accionante está pendiente de resolución ante el Tribunal de alzada, y que le corresponde a esa instancia resolver el fondo de lo planteado; y, viii) Por lo anterior, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 302/2022 de 23 de octubre, cursante de fs. 55 a 58, concedió -en parte- la tutela solicitada, respecto al accionar de la Secretaria hoy coaccionada, a quien llamó severamente la atención; ya que, tenía la obligación de realizar los actos correspondientes para formar el cuaderno de apelación y en caso de no existir las fotocopias respectivas, poner a conocimiento del Juez que conoce la causa, bajo los siguientes fundamentos: a) La detención preventiva del accionante fue dispuesta con base a lo solicitado por la víctima, lo cual es legal según el art. 233 del CPP, al no presentarse recurso de apelación incidental contra esa determinación, y además, se considera que el accionante aceptó la medida; por lo que, no se evidencia vulneración de derechos; b) Aunque el accionante alegó que no se valoraron ciertos aspectos, esa decisión fue apelada y ese recurso de apelación fue rechazado por inasistencia de las partes; c) Considerando que el referido recurso fue resuelto por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento como Tribunal de alzada, no corresponde al Juez de garantías volver a analizarlo; d) Se evidenció que la Secretaria ahora coaccionada no sacó fotocopias necesarias para remitir el indicado recurso de apelación, vulnerando el principio de celeridad procesal, lo que efectivamente afectó el derecho al debido proceso del accionante, especialmente al tratarse de un caso patrocinado por el SEPDEP; e) No se puede fijar audiencia mientras exista una apelación pendiente, según la jurisprudencia constitucional, específicamente, la SCP “256/2017-S3”, para evitar contradicciones entre decisiones judiciales; f) La acción de libertad se interpuso contra los Vocales de la citada Sala Penal sin individualizar a los vocales responsables, lo cual impide al Juez de garantías pronunciarse; y, g) Además, se notificó que ya existe una fecha para la audiencia del recurso de apelación incidental; por lo que, no se evidencia vulneración del derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 110/2022 de 29 de marzo, emitido por William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, dispuso la detención preventiva de César Claudio Rocha Mayer -hoy accionante-; en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de tres meses, es decir, hasta el 29 de junio de 2022, debiendo considerarse su situación jurídica en igual fecha, a las 10:00 horas (fs. 1 a 3). II.2. Consta Auto Interlocutorio 357/2022 de 1 de julio, pronunciado por el Juez ahora accionado; mediante el cual amplió la detención preventiva del accionante, por un periodo de tres meses, a efectos de que el Fiscal de Materia pueda cumplir con todos los actos de investigación pendientes, fijándose audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado para el 3 de octubre de 2022; asimismo, dicha determinación fue objeto de complementación y enmienda por parte de la defensa del accionante; empero, la solicitud fue declarada no ha lugar, y finalmente en ese mismo acto procesal formuló recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP; por lo que, se ordenó la remisión de obrados a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 4 a 6). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 492/2022 de 31 de agosto, emitido por el Juez hoy accionado, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante. Contra esa determinación la abogada del accionante planteó recurso de apelación incidental (fs. 19 a 21). II.4. Cursa Oficio con Cite TDJ/JAV5/OFI 843/2022 de 27 de septiembre, emitido por Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionada-; mediante el cual se remitieron actuados procesales en expediente original en grado de apelación incidental dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante. Constando el sello de recepción de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, de 29 de igual mes de 2022, a las 11:40 horas (fs. 30). II.5. A través de memorial presentado el 6 de octubre de 2022, ante el Juez hoy accionado, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP (fs. 8 a 9); petición que reiteró por segunda vez, por memorial presentando el 14 de igual mes y año (fs. 10). II.6. Por memorial presentando el 19 de octubre de 2022, ante el Juez ahora accionado, el accionante planteó recurso de reposición contra el decreto de 14 del mismo mes y año, que indicaba que en virtud al recurso de apelación incidental que formuló el nombrado y que no dejó las respectivas fotocopias; por lo cual, el expediente fue remitido en original a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, por su propia “negligencia” dispuso estar a lo resuelto por el Tribunal de alzada y a la devolución de obrados (fs. 11 a 12) II.7. Mediante decreto de 19 de octubre de 2022, el Juez hoy accionado atendiendo al memorial del accionante -se entiende la solicitud de cesación de su detención preventiva-, dispuso no ha lugar a lo solicitado, debiendo estar a lo que dispongan los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin perjuicio de que dicho decreto sea remitido al Tribunal de alzada (fs. 35)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de “inocencia” y pro homine; puesto que, el 6 y 14 de octubre de 2022, solicitó al Juez hoy accionado la cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP; sin embargo, dicho Juez no resolvió el fondo de su petición alegando que existe un recurso de apelación incidental pendiente de resolución por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y que esté a lo resuelto por la misma, haciendo constar que la Secretaria ahora coaccionada remitió con dilación el expediente original por no contar con recursos económicos para las fotocopias de remisión del indicado recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria. Jurisprudencia reiterada; 2) De la apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada; 3) Dilación en la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada por falta de provisión de recaudos; 4) La acción de libertad innovativa; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 1052/2023-S3 de 26 de septiembre, establece que: [La jurisprudencia constitucional, ha desarrollado un entendimiento respecto a la posibilidad de solicitar la cesación de la detención preventiva estando pendiente de tramitación y resolución un recurso de apelación incidental de la medida cautelar, interpuesta por la propia parte imputada o acusada, así la SCP 0271/2019-S1 de 22 de mayo, recogiendo los razonamientos jurisprudenciales establecidos sobre este tópico, precisó que: «Sobre la posibilidad de solicitar cesación de la detención preventiva cuando la parte imputada tiene pendiente de resolución una apelación incidental de medida cautelar, la jurisprudencia contenida entre otras en la SCP 1902/2014 de25 de septiembre, que cita a su vez a la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, precisó: “ʽ…cuando la autoridad jurisdiccional, en uso de la atribución conferida por el art. 250 del CPP, rechaza un petitorio de cesación a la detención preventiva, al afectado le queda expedito el recurso de apelación incidental, lo que implica la exteriorización irrefutable de su desacuerdo con la decisión del aquo y, precisamente por ello, acude a una instancia superior del órgano jurisdiccional para solicitar la revisión de la ponderación realizada por el inferior; por lo tanto, como se señaló, una vez activada la vía de impugnación ante el tribunal de alzada, deberá continuarse hasta obtener una resolución final, de otro modo, se estaría movilizando inútilmente todo el aparato judicial. Por lo tanto, mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aún no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora. En consecuencia, si bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1, las medidas cautelares tienen el carácter de modificables y por ende, pueden ser presentadas cuantas veces el imputado considere pertinente, ello no implica que sea posible activar dos vías en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y de darse, inviabilizaría la segunda solicitud al activar en forma paralela dos peticiones con idéntica finalidad, para que ambas conozcan y resuelvan en el fondo, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, dando lugar a la emisión de varias resoluciones relacionadas a la misma problemática y que podrían ser contrarias, lo que provocaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento…ʼ” (…) De lo anterior se concluye que por el carácter provisional de las medidas cautelares, una vez apelada la resolución que disponga detención preventiva por la parte imputada, ésta debe ser resuelta de manera oportuna por las autoridades de alzada; y, si en ese ínterin el imputado presenta una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva ante el Juez a quo, con argumentos que puedan contraponerse a la resolución anterior, éste se encontrará imposibilitado de resolverla, pues de hacerlo se daría un trámite paralelo a dos solicitudes impetradas por una misma persona y que persiguen un mismo fin; en ese sentido, se generarían disfunciones procesales innecesarias -v.gr. que los vocales, en apelación, revoquen la detención preventiva (disponiendo, por ende, la libertad del imputado) y, que el juez o tribunal de primera instancia emita resolución denegando la nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, en la cual incluso pudieron acompañarse nuevos elementos de convicción, resolución que también es apelable; es decir, en este hipotético caso, la presentación paralela de apelación y nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, le sería desfavorable al propio imputado y se generaría un conflicto respecto a cuál decisión debería de aplicarse» (entendimiento jurisprudencial que también fue asumido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0056/2015-S3 de 29 enero, 0117/2018-S4 de 10 de abril, entre otras)] (el subrayado nos pertenece).

III.2. De la apelación incidental prevista por el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada

La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras).

III.3. Dilación en la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada por falta de provisión de recaudos

La SCP 0435/2015-S3, establece que: «La Norma Suprema en su art. 180.I, expresamente establece que la jurisdicción ordinaria se basa en los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; constituyéndose el principio de gratuidad en uno de los pilares que sustenta la administración de justicia ordinaria en nuestro país. En relación al principio de gratuidad y al pago de recaudos de ley que el litigante debía cubrir con la compra de formularios, valores, timbres para las legalizaciones, entre otros; en aplicación del art. 7 de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, citando a la SCP 0286/2012 de 6 de junio, determinó que: “Sobre el principio de gratuidad en la administración de justicia y su desarrollo en la Ley del Órgano Judicial y la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional resaltó que: ‘De donde se infiere que, al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares’ . Ahora bien, en virtud de que el art. 7.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, determina expresamente: ‘A partir del 3 de enero de 2013, se suprime y elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de proceso’; dicha sentencia constitucional (SCP 0286/2012 de 6 de junio), concluyó, en esa fecha (6 de junio de 2012) que ‘…mientras tanto, las partes interesadas deberán continuar proveyendo los recaudos de ley para impulsar la continuidad del proceso…’, debido a que como se tiene anotado, la fecha de emisión de la sentencia constitucional, temporalmente otorgaba esa posibilidad; situación que a partir del 3 de enero de 2013, por imperio de la ley (art. 7.II de la Ley 212), constitucionalmente válida a la luz del principio de gratuidad (art. 178.I de la CPE) ya no puede sostenerse, debido a que la norma taxativamente, desde esa data, suprime y elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de proceso con cargo a las partes interesadas quienes ya no tienen la obligación de proveer los recaudos de ley para impulsar la continuidad del proceso…”» (las negrillas nos corresponden).

III.4. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señala que: “...la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como a los principios de “inocencia” y pro homine; puesto que, el 6 y 14 de octubre de 2022, solicitó al Juez hoy accionado la cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP; sin embargo, dicho Juez no resolvió el fondo de su petición alegando que existe un recurso de apelación incidental pendiente de resolución por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y que esté a lo resuelto por la misma, haciendo constar que la Secretaria ahora coaccionada remitió con dilación el expediente original por no contar con recursos económicos para las fotocopias de remisión del indicado recurso de apelación.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes remitidos en el cuaderno procesal, se tiene que cursa Auto Interlocutorio 110/2022 emitido por el Juez ahora accionado, mediante el cual dispuso la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de tres meses, es decir, hasta el 29 de junio de 2022, debiendo considerarse su situación jurídica en igual fecha, a las 10:00 horas (Conclusión II.1.). Asimismo, consta Auto Interlocutorio 357/2022, pronunciado por el Juez ahora accionado, mediante el cual amplió la detención preventiva del accionante, por un periodo de tres meses, a efectos de que el Fiscal de Materia pueda cumplir con todos los actos de investigación pendientes, fijándose audiencia de consideración de la situación jurídica del nombrado para el 3 de octubre de 2022; asimismo, dicha determinación fue objeto de complementación y enmienda por parte de la defensa del accionante; empero, la solicitud fue declarada no ha lugar, y finalmente en ese mismo acto procesal formuló recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP; por lo que, se ordenó la remisión de obrados a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2.).

Además, a través del Auto Interlocutorio 492/2022 emitido por el Juez hoy accionado, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante. Contra esa determinación el abogado del accionante planteó recurso de apelación incidental (Conclusión II.3.). Asimismo, cursa Oficio con Cite TDJ/JAV5/OFI 843/2022, emitido por la Secretaría ahora coaccionada, mediante el cual se remitieron actuados procesales en expediente original en grado de apelación incidental dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante. Constando el sello de recepción de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de 29 de septiembre de 2022, a las 11:40 horas (Conclusión II.4.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2022, ante el Juez hoy accionado, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP; petición que reiteró por segunda vez, a través del memorial presentando el 14 de igual mes y año (Conclusión II.5.). Asimismo, por memorial presentando el 19 de octubre de 2022, ante el Juez ahora accionado, el accionante planteó recurso de reposición contra el decreto de 14 del mismo mes y año, que indicaba que en virtud al recurso de apelación incidental que formuló el nombrado y que no dejó las respectivas fotocopias; por lo cual, el expediente fue remitido en original a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, por su propia “negligencia” estése a lo resuelto por el Tribunal de alzada y a la devolución de obrados (Conclusión II.6.). Finalmente, mediante decreto de 19 de octubre de 2022, el Juez hoy accionado atendiendo al memorial del accionante -se entiende la solicitud de cesación de su detención preventiva-, dispuso no ha lugar a lo solicitado, debiendo estar a lo que dispongan los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin perjuicio de que dicho decreto sea remitido al Tribunal de alzada (Conclusión II.7.). Delimitado el objeto procesal y conocidos los antecedentes fácticos procesales, corresponde considerar lo siguiente: Con relación a la solicitud de cesación de la detención preventiva Al respecto, el accionante cuestiona que el 6 y 14 de octubre de 2022, solicitó al Juez hoy accionado la cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP; sin embargo, dicho Juez no resolvió el fondo de su petición alegando que existe un recurso de apelación incidental pendiente de resolución por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en ese entendido, considerando la problemática planteada mediante la acción de libertad objeto de autos y de los antecedentes citados precedentemente, se debe tomar en cuenta, que si bien el art. 250 del CPP, establece que por el carácter provisional de las medidas cautelares, la resolución mediante la cual imponga una medida cautelar o la rechace, es revocable o modificable, aún de oficio, pudiendo al efecto el imputado o acusado pedir su modificación o cesación cuantas veces considere necesario con el fin de obtener su libertad; no obstante, con la finalidad de evitar una disfunción procesal innecesaria, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que si el detenido preventivo interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución de aplicación de dicha medida cautelar de carácter personal, y si el mismo recurso se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de alzada, en cuyo ínterin el nombrado presenta una nueva petición de cesación de la detención preventiva ante el Juez de primera instancia, dicho Juez no podrá resolverla; puesto que, de hacerlo se generaría un trámite paralelo a dos solicitudes efectuadas por una misma persona, que persiguen un mismo fin; por lo que, se provocaría una disfunción procesal y se generaría una inseguridad jurídica; por cuanto, será el Tribunal de alzada el que determine la revocatoria, modificación o confirmación del primigenio Auto Interlocutorio 492/2022, circunstancia que en los hechos incidiría en la medida cautelar determinada y consiguientemente podría afectar a la resolución de la cesación de la detención preventiva que eventualmente se resolvería. Dicho entendimiento jurisprudencial es aplicable al caso que se analiza; puesto que, de los antecedentes precedentemente citados, el accionante al solicitar la cesación de su detención preventiva, activó un trámite paralelo a las dos solicitudes con la finalidad del cese de la medida cautelar de carácter personal; ya que, desde el 1 de julio de 2022, se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación incidental que planteó contra el Auto Interlocutorio 357/2022 anterior, que dilucidó su situación jurídica, sin que se advierta de antecedentes ni de lo referido por las partes procesales que el nombrado desistió del recurso de apelación incidental formulado a objeto de que dicha solicitud de cesación de la medida extrema sea considerada. Bajo ese contexto, si el Juez ahora accionado de manera paralela al recurso de apelación incidental formulado por el accionante, mismo que se encuentra pendiente de resolución, resolviese la nueva petición de cesación de la detención preventiva, correría el riesgo de que se emitan resoluciones contradictorias respecto al mismo objeto, siendo ello el dejar sin efecto la detención preventiva, con lo que ocasionaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento.

Consecuentemente, la determinación asumida por el Juez hoy accionado mediante decretos de 14 y 19 de octubre de 2022, no vulneró los derechos del accionante; por cuanto, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el desarrollo de una audiencia de cesación de la detención preventiva y su consiguiente resolución, mientras esté pendiente de trámite el recurso de apelación incidental formulado por el accionante impugnando el Auto Interlocutorio 110/2022, que determinó su detención preventiva, generaría una disfunción procesal, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada, en cuanto a ese punto específico. Con relación a la dilación en la remisión del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada Al respecto, el accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que la solicitud de cesación de su detención preventiva formulada conforme al art. 239.2 del CPP, no fue resuelta por el Juez hoy accionado porque existe un recurso de apelación incidental pendiente de resolución por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispuso estar a lo resuelto por el Tribunal de alzada, haciendo constar que la Secretaria ahora coaccionada remitió con dilación el expediente original por no contar con recursos económicos para las fotocopias de remisión del indicado recurso de apelación. A partir de ese reclamo constitucional, de la revisión de la actuación del Juez y la Secretaria ahora accionados, se advierte que evidentemente el accionante planteó recurso de apelación incidental el 10 de julio de 2022, y en esa misma fecha, se dispuso la remisión de antecedentes ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, también consta que esa labor de envío de antecedentes se cumplió el 29 de septiembre de 2022, a través del oficio firmado por la Secretaría hoy coaccionada (Conclusión II.4.); toda vez que, conforme a lo informado por el Juez y Secretaría hoy accionados en sus respectivos informes, el accionante no dejó los recursos necesarios consistentes en fotocopias para poder concretar la remisión, lo cual ocasionó dilación. Sumado a ello, en la particularidad del presente caso, se advierte que en el decreto de 14 de octubre de 2022, en respuesta a uno de los memoriales de cesación de la detención preventiva del accionante, el Juez ahora accionado de manera expresa indicó que: “…En atención al memorial que antecedente se evidencia que se habría remitido en obrados originales apelación incidental, toda vez que es de conocimiento del ahora solicitante que no ha provisto para el sacado de copias y que el mismo habría apelado, causando su propia negligencia, por lo tanto, estese a la resulta por el tribunal de alzada y a la devolución de obrados” (sic [fs. 14]). Ahora bien, identificada dicha problemática, así como lo referido por el Juez y la Secretaria hoy accionados, en sus Informes, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual refiere que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos. En ese entendido, en el presente caso se advierte que el Juez y la Secretaria hoy accionados, a su turno, como director del Juzgado responsable de supervisar las labores de sus funcionarios de apoyo jurisdiccional y como encargada del cumplimiento de la remisión en el marco de sus atribuciones, no efectivizaron la remisión de las actuaciones pertinentes ante el superior en grado, dentro del plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP y es más justificaron dicha omisión expresamente en sus respectivos informes; consecuentemente, los nombrados no consideraron el plazo legal señalado, y además, se apartaron de lo indicado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, ocasionando una dilación innecesaria e injustificada en la tramitación del citado recurso planteado; situación que por la particularidad del caso concreto es sumamente notoria al transcurrir desde el 10 de julio hasta el 29 de septiembre de 2022, más de dos meses para concretar la remisión; tiempo que incluso se aproxima a los tres meses de ampliación de la detención preventiva del accionante. Sumado a ello, del informe del Juez y de la Secretaria ahora accionados, el recurso de apelación incidental no fue remitido oportunamente por falta de provisión de recursos por parte del apelante -accionante-; por lo que, a criterio del Juez hoy accionado, el accionante por su propia negligencia ocasionó la dilación; y al respecto, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en todo tipo y clase de proceso con cargo a las partes interesadas, las mismas ya no tienen la obligación de proveer los recaudos de ley para impulsar la continuidad del proceso; ello, en consideración a que el art. 180 de la CPE, refiere que la jurisdicción ordinaria se basa entre otros principios, en el de gratuidad; por lo que, la otorgación de los recaudos ya no es necesaria. Por lo mencionado, el Juez y la Secretaria ahora accionados, al actuar de la manera concluida precedentemente, ocasionaron una dilación indebida e innecesaria en la tramitación del recurso de apelación incidental planteado, provocando la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante; a pesar de que, si bien como informaron los mencionados, se procedió a la remisión del indicado recurso de apelación al Tribunal de alzada, de manera anterior a la interposición de la presente acción de libertad; sin embargo, dicha remisión, no desvirtúa que se incumplió el plazo procesal de veinticuatro horas previsto por la norma -art. 251 del CPP-; correspondiendo conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, con la finalidad de que esa conducta dilatoria en el futuro no vuelva a repetirse. En ese sentido, con relación a la denuncia de vulneración de los principios de “inocencia” y pro homine, se aclara que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no tutela principios de manera directa a no ser que estén vinculados con derechos y garantías constitucionales, lo que en el caso que se analiza no ocurre; por lo que, no corresponde emitir mayor pronunciamiento. Respecto a la actuación del Juez de garantías Estando resuelta la problemática planteada, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pasar por alto la actuación del Juez de garantías en la tramitación de esta acción de libertad; toda vez que, en el memorial de acción de defensa, el accionante indicó que la referida acción se dirige contra “…LA SALA PENAL TERCERA CIUDAD DE LA PAZ…” (sic); por consiguiente el Auto de admisión no hace mención a Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, no cursa ninguna “notificación” -citación- a los Vocales de la mencionada Sala Penal; sin embargo, en el acta de audiencia de esta acción de libertad, el Secretario indicó que “…se a procedido a la legal notificación de la Sala Penal Tercera…” (sic), y, el Juez de garantías en la Resolución 302/2022 precisó que “Con respecto a la actuación específica de la Sala Penal Tercera, la acción de libertad debe dirigirse necesariamente contra una Autoridad Jurisdiccional y la acción de libertad que aquí se ha interpuesto, es en contra de la Sala Penal Tercera, sin especificar si uno de los vocales o los dos vocales estarían realizando alguna actividad (…) situación que, imposibilita a la Autoridad Jurisdiccional constituida en Juez de Garantías Constitucionales manifestarse sobre esta situación, máxime teniendo en cuenta que sí, evidentemente, en el caso de que exista alguna observación con respecto a la remisión del cuaderno de apelaciones, la misma tiene que ser absuelta de manera inmediata…” (sic). Al respecto, al evidenciarse que se mencionó la realización de la “notificación” -citación-; empero, que la misma diligencia no cursa en el cuaderno procesal, corresponde hacer notar que dicha omisión que no fue justificada de ninguna manera por el Juez de garantías, lo cual eventualmente podría haber ocasionado la nulidad de obrados; sin embargo, por economía y celeridad procesal, y en consideración a que el acto vulnerado gira en torno a las actuaciones del Juez y la Secretaria ahora accionados, conforme a lo desarrollado precedentemente, no se procede de esa manera, al ser aquello innecesario. Sin perjuicio de realizar la exhortación respectiva sobre la irregularidad procesal advertida. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 302/2022 de 23 de octubre, cursante de fs. 55 a 58, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, con la finalidad de que el Juez y la Secretaría ahora accionados, no vuelvan a incurrir en una conducta dilatoria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, por la activación simultánea del recurso de apelación incidental y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria formulada por el accionante; y, respecto a los principios de “inocencia” y pro homine, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 3º Exhortar a Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, a cumplir con el debido proceso, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0775_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3bf3c38351dffc373fc527f40e3794c8b48387c946968964eb09b2f705bdedc2

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