Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 6 de septiembre de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la CNS Regional La Paz, incumplió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, en la que se conminó a la referida CNS, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Auxiliar de Oficina Médica I Nivel 22, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 266/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sea de manera provisional, debiendo el Administrador de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz dar cumplimiento de manera inmediata e íntegra a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0775/2024-S3 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52205-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 266/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paulina Ichuta Tarqui contra Aparicio Flores Lucas, Administrador de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional La Paz.
La accionante por memorial presentado el 6 de octubre de 2022, cursante de fs. 18 a 28, manifestó lo siguiente:
Ingresó a trabajar a la Administración de la CNS Regional La Paz como Auxiliar de Oficina Médica I Nivel 22 dependiente del “HODE” Materno Infantil de la Administración Regional La Paz, con un Contrato del 2 de agosto al 31 de diciembre de 2021, suscribiendo un segundo Contrato desde el 7 de enero hasta el 30 de junio de 2022, desempeñando funciones en tareas propias y permanentes de la citada CNS; empero, los contratos no fueron visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Puso en conocimiento del Administrador hoy accionado, su estado de embarazo; empero, a la conclusión de su contrato de trabajo no fue tomado en cuenta su estado ni las tareas propias y permanentes que desempeñaba. Acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad administrativa que mediante la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, que conminó al Administrador ahora accionado a su reincorporación laboral por inamovilidad laboral inmediata a su fuente laboral al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación laboral, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, decisión que no fue cumplida -subsistente hasta la fecha- por la entidad contratante según el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-310/2022 de 28 de septiembre, a pesar de su notificación de 25 de agosto de 2022, con la referida Conminatoria. Incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022, que le impide contar con su trabajo e ingresos económicos como trabajadora para cubrir los gastos familiares -hijos-, servicios básicos, alimentación, además de encontrarse privada de los subsidios de lactancia que le corresponden. Además, que no recibió ningún pago de beneficios sociales.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 15, 46.I y 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga el cumplimiento íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, con la reincorporación laboral al mismo puesto de trabajo como Auxiliar de Oficina Médica I Nivel 22, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su reincorporación laboral efectiva.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 77 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) Fue convocada dos o tres veces por el abogado de Recursos Humanos (RR.HH.) de la CNS Regional La Paz para firmar su contrato laboral, cuando preguntó respecto al pago de sus sueldos devengados, y de los subsidios que son parte integrante de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022, como respuesta recibió “…olvídate de esos dineros…” (sic) que cuando menos estaba entrando a trabajar; y, la última ocasión que fue convocada se le hizo esperar por más de dos horas sin considerar su estado; y, b) En ese entendido, se le negó el cumplimiento íntegro de la citada Conminatoria; puesto que, no solo comprende el pago de sueldos devengados, sino aspectos referidos a la seguridad social, seguro médico, subsidios familiares para las condiciones mínimas de cuidado en el estado de embarazo.
Aparicio Flores Lucas, Administrador de la CNS Regional La Paz, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 25 de octubre de 2022, cursante de fs. 66 a 69 vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) Instruyó a la Unidad de RR.HH. de la citada CNS el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022, elaborándose el contrato de la accionante “…a partir del 4 de octubre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022…” (sic) al mismo puesto de trabajo, la que fue comunicada a la accionante mediante WhatsApp; al efecto se encuentra a la espera de la suscripción del contrato que activará otros temas relacionados a su salud, no por voluntad de la CNS, sino, por voluntad de la accionante; 2) Respecto al maltrato recibido por el personal de RR.HH., la accionante no presentó denuncia escrita contra el funcionario, para que se efectúen los trámites internos si corresponden; y, 3) Por los hechos descritos, estamos ante un hecho superado, porque contamos con los contratos, cumpliendo a cabalidad la referida Conminatoria de reincorporación laboral.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 266/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 78 a 82, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Que el Administrador hoy accionado cumpla de manera íntegra la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022, sea en el plazo de cinco días hábiles a partir de la “presente fecha”; y, ii) El cumplimiento de las asignaciones familiares que tendrá que establecer la Oficina de RR.HH. -de la CNS Regional La Paz- desde la fecha de despido hasta el año de edad de la hija o hijo de la accionante; así como el cumplimiento íntegro de la citada Conminatoria, no sujeto al contrato que señaló el Administrador hoy accionado sino a que se active el seguro a corto plazo dado el tiempo de gestación de la accionante que en cualquier momento puede dar a luz, los cargos por dicho concepto tendrán que correr por cuenta de la autoridad en caso de que los mismos no se den cumplimiento de manera estricta; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto al hecho superado alegado en el informe del Administrador ahora accionado, porque se dio cumplimiento en la suscripción del contrato de trabajo ante la ausencia de la accionante, es necesario tomar en cuenta que se tiene la verificación realizada el 21 de septiembre de 2022; por lo que, se acredita el incumplimiento de la referida Conminatoria; b) A la jurisdicción constitucional no le corresponde analizar la determinación asumida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo; puesto que, solo le corresponde determinar el cumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral emitidas; c) Tampoco le corresponde a la jurisdicción constitucional, determinar la naturaleza de los contratos de trabajo, si es a plazo fijo, eventual, ese análisis corresponde realizar a las autoridades jurisdiccionales laborales; y, d) Por el certificado prenatal se tiene la habilitación del subsidio prenatal desde el 13 de junio de igual año, extremos respecto a los cuales no fueron debatidos ni desvirtuados en la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, tampoco el cumplimiento de la Ley de Administración Presupuestaria es obstáculo para el cumplimiento o para el retraso en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de los Contratos: 1) De Prestación de Servicios (Trabajador Eventual-Primer Contrato) C-5936/21 de 30 de junio de 2021, con vigencia a partir del 2 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021; y, 2) De Prestación de Servicios C-1279/22 Segundo Contrato de 20 de enero de 2022, con vigencia a partir del 7 de enero hasta el 30 de junio del igual año. Ambos Contratos suscritos entre la CNS y Paulina Ichuta Tarqui -hoy accionante- de prestación de servicios como Auxiliar de Oficina Médica I Nivel 22 dependiente del “HODE” Materno Infantil de la Administración Regional La Paz (fs. 12 a 15). II.2. Por Certificado de Atención Prenatal de 13 de junio de 2022, emitido por Luz Aranda Gutiérrez y Rafael Castillo Retamozo, Médicos de la CNS Regional La Paz, en favor de la accionante para el subsidio prenatal a partir de esa fecha (fs. 17). II.3. Mediante Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, emitida por el Jefe Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se conminó a la inmediata reincorporación laboral por inamovilidad laboral de la accionante al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (fs. 6 a 9), decisión que no fue cumplida por la CNS Regional La Paz según el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-310/2022 de 28 de septiembre pronunciado por el Inspector de la citada Jefatura (fs. 11 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la CNS Regional La Paz, incumplió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, en la que se conminó a la referida CNS, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Auxiliar de Oficina Médica I Nivel 22, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Norma Fundamental, impone al Estado el deber de proteger el trabajo en todas sus formas, en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social del Órgano Ejecutivo tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme a lo establecido por el art. 86 inc. g) del Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -Decretos Supremos (DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: i) El pago de beneficios sociales; o, ii) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobado el despido injustificado, emitan la Conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha Conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la Conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la Conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. El DS 0495 establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la Conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral. En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la Conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la Conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción al principio de subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la Conminatoria de reincorporación 3 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 0495, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones.
“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:
‘III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo’.
II. Se incluyen los Parágrafos IV y V por el Artículo 10 del DS 28699, con los siguientes textos:
‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas nos corresponde). La SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como lo estableció la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra posición concluyó que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, es decir, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo refirió la SCP 0900/2013 de 20 de junio.
laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la Conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia constitucional también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, indicó que: “…la efectivización de la Conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto 6 Con relación a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras). 7 En lo que se refiere a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, estableció que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen). 8 La jurisprudencia establecida en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2015-S2 de 12 de junio, 0877/2015-S2 de 27 de agosto, 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otras. 9 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0591/2012 de 20 de julio, estableció que: “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos corresponden).
devolutivo, por ende la Conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras). La citada jurisprudencia expresó que la Conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la Conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de junio, al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, refirió textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la Conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le 10 Cita jurisprudencial que fue señalada textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0088/2014-S3;
1500/2014; 1760/2014; 0240/2015-S2; 0510/2015-S1; 0203/2017-S3 y 0594/2017-S2, entre otras. 11 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, -citando a su vez a la SCP 0591/2012 de 20 de junio-, refirió que: “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas nos corresponden). Esa misma jurisprudencia, estableció que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la Conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta la fuente laboral que constituye en el medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada Conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esa posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual estableció que: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la Conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la Conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas nos corresponden).
Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunido en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la Conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva que: “1° En cuanto al alcance de la Conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la Conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Debido al objeto de protección en la Conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatoria y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad laboral, al salario digno, a la seguridad social, a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la CNS Regional La Paz incumplió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, en la que se conminó a la referida CNS, a su inmediata reincorporación por inamovilidad laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido; es decir, como Auxiliar de Oficina Médica I Nivel 22, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación. De la revisión de los antecedentes se concluye a través de los Contratos: i) De Prestación de Servicios (Trabajador Eventual-Primer Contrato) C-5936/21 de 30 de junio de 2021, con vigencia a partir del 2 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021; y, ii) De Prestación de Servicios C-1279/22 Segundo Contrato de 20 de enero de 2022, con vigencia a partir del 7 de enero hasta el 30 de junio del igual año. Ambos Contratos suscritos entre la CNS y la accionante de prestación de servicios como Auxiliar de Oficina Médica I Nivel 22 dependiente del “HODE” Materno Infantil de la Administración Regional La Paz (Conclusión II.1.). En vigencia de su relación laboral, por Certificado de Atención Prenatal de 13 de junio de 2022, emitido por los Médicos de la CNS, la accionante dio a conocer su estado de embarazo, beneficiándose con el subsidio prenatal a partir de esa fecha (Conclusión II.2.). Como emergencia de un proceso administrativo promovido por la accionante por despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, el Jefe Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022, que conminó al Administrador hoy accionado a la inmediata reincorporación laboral inmediata por inamovilidad laboral de la accionante, al mismo puesto que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, decisión que no fue cumplida por la entidad contratante según el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-310/2022 (Conclusión II.3.). Ahora bien, de acuerdo a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, ante el incumplimiento de una Conminatoria de reincorporación laboral, se puede interponer directamente la acción de amparo constitucional; asimismo, se tiene que dicha Conminatoria no constituye una resolución definitiva en cuanto a la situación laboral del trabajador, sino provisional; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador. En ese entendido, el empleador tiene el deber de dar cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de reincorporación laboral, aún se interpongan los recursos en sede administrativa mediante el recurso de revocatoria y jerárquico o se promueva su revisión en la vía judicial; por consiguiente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar aspectos relacionados a la fundamentación de la Conminatoria y resoluciones, la valoración de las pruebas aportadas por las partes; puesto que, esa labor corresponde a las autoridades en sede administrativa o judicial, previa activación de los medios o recursos intraprocesales o previa demanda que promueva su revisión judicial. En ese marco, en el presente caso, es necesario efectuar algunas precisiones. Por una parte, el Administrador ahora accionado afirmó convocar a la accionante para la suscripción de un contrato de trabajo, de la cual derivaría el cumplimiento de las otras obligaciones, en ejecución a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022; empero, por voluntad de la misma no se suscribió el contrato; por lo que, de su parte se habría cumplido la citada Conminatoria; por lo que se trataría de un hecho superado que no amerita un pronunciamiento de fondo. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que, en la acción de amparo constitucional, el objeto de protección es el cumplimiento inmediato e íntegro de la referida Conminatoria y las obligaciones que impone se encuentran vinculadas a la inamovilidad laboral, por el estado de embarazo en la que está la accionante y si bien el Administrador hoy accionado dio referencia a la suscripción de un contrato, las otras obligaciones que conciernen a la garantía de inamovilidad laboral -los subsidios por ejemplo- no fueron referidas menos cumplidas, lo que implica que no se advierte el cumplimiento íntegro de la mencionada Conminatoria. En esa comprensión, resulta evidente el incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022; y como efecto lógico de ese incumplimiento, se tiene la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, estabilidad laboral, salario digno y seguridad social, denunciados por la accionante como trabajadora y de su entorno familiar; además, en el presente caso la accionante que se encontraba embarazada, ya es madre de un hijo o hija menor de edad; por lo que goza de la garantía reforzada de la inamovilidad laboral, reconocida constitucionalmente con la finalidad de brindar protección al hijo o hija menor a un año de edad, para proporcionarle estabilidad económica y emocional, atención médica, evitando la generación de zozobra, incertidumbre y preocupación y debido a la cualidad de interdependencia de los derechos fundamentales reconocida por mandato constitucional. En ese contexto, en protección de los derechos fundamentales alegados precedentemente, a la jurisdicción constitucional le corresponde conceder la tutela solicitada por la accionante y ordenar el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022; empero, sin perjuicio del cumplimiento de la citada Conminatoria, la CNS Regional La Paz tiene la facultad de presentar los recursos en sede administrativa como el de revocatoria y jerárquico o promover su revisión en sede judicial, instancias en las cuales se deben desplegar los cuestionamientos y aportar la carga probatoria para que sean consideradas y resueltas de manera definitiva y definir la situación jurídica laboral de la accionante; en consecuencia, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar las consideraciones de esos aspectos, limitando su intervención en la revisión del cumplimiento o no de la señalada Conminatoria, para la concesión de tutela solicitada. Otro aspecto que se debe destacar es la tutela provisional que otorga la jurisdicción constitucional, precisamente porque es la autoridad en sede administrativa o judicial, la que debe resolver en forma definitiva la situación jurídico laboral de la accionante; empero, sin suspender el cumplimiento íntegro e inmediato de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022. En ese entendido, la jurisdicción constitucional se encuentra impelida para disponer el cumplimiento de la citada Conminatoria, de manera inmediata y en su integridad, sin omitir ninguna de sus determinaciones, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 266/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sea de manera provisional, debiendo el Administrador de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz dar cumplimiento de manera inmediata e íntegra a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/ 305/2022 de 15 de agosto, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 El art. 50 de la CPE establece que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”. 2 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 establece que: “(BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN). I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas por el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley. III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras).
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12 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
13 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.
14 El alcance de la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores se encuentra desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 0264/2023-S3 de 17 de abril.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0775_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 15d3a26c5b893ff96debac5289a24cec7b4ad93bb058138551522ad2ed092629
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