Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos la libertad, a ser juzgado dentro un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad y omisión de valoración de la prueba; puesto que, la Jueza hoy accionada a pesar que transcurrieron trece días desde el 28 de octubre de 2022, que formuló el recurso de reposición contra el decreto de 17 de igual mes y año, que negó su pedido de redención, no mereció respuesta alguna, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas determinado para resolver su petición. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La tutela del indebido procesamiento en trámites de beneficios penitenciarios, su tutela mediante la acción de libertad; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela respecto a los derechos a la libertad, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, sin disponer nada adicional, debido a que ya se emitió el Auto 180/2022 de 1 de noviembre, que resolvió el recurso de reposición, formulado por Giovany Melgar Melgar a través del memorial presentado el 28 de octubre de 2022. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación del derecho al debido proceso en su elemento de omisión de valoración de la prueba, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención a Katherine Carballo Jiménez, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, que actuó como Jueza de garantías, para que en lo posterior cumpla a cabalidad lo establecido por el art. 38 del Código Procesal Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0774/2025-S1 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53330-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 24/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mariano Medina Calderon en representación sin mandato de Giovany Melgar Melgar contra Gabriela Suarez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 16 a 21, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Giovany Melgar Melgar -accionante- por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP); encontrándose con sentencia ejecutoriada, con una pena de tres años y seis meses, encontrándose detenido por un año, dos meses y diecinueve días; con la finalidad de beneficiarse de la redención de la pena solicitó a la Jueza ahora accionada considere el tiempo transcurrido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz y la actividad laboral que desarrolló. En mérito a lo cual, la Jueza ahora accionada emitió el decreto de 17 de octubre de 2022, indicando que no cumplió con las 2/5 partes del cumplimiento de la pena; por lo que, no le corresponde la redención, sin considerar la certificación emitida por la Junta de Trabajo del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz que establece que su persona se encuentra trabajando en ese Centro Penitenciario desde el 20 de septiembre de 2021. Contra el decreto de 17 de octubre de 2022, presentó recurso de reposición el 28 de ese mes y año, del cual a pesar que transcurrieron trece días “hasta el momento” no existe respuesta alguna, transcurriendo más de las veinticuatro horas, que es el plazo para resolver su petición, dilatando y retardando la justicia; por lo cual la Jueza ahora accionada de manera arbitraria e ilegal y a pesar de los ruegos de su familia hasta el momento no tuvo la delicadeza de cumplir con el mandato constitucional y menos resolver su petición al tratarse de su libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos la libertad, a ser juzgado dentro un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad y omisión de valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) “Constatar que EXISTE UN RECURSO DE REPOSICION SIN RESOLVER” (sic); b) “…al dictar la providencia de fecha 17 de octubre de 2022, no tomó en cuenta el certificado de trabajo emitido por la Junta” (sic); y, c) Que la Jueza hoy accionada emita resolución de manera oportuna y considerando la prueba de certificado de la junta de trabajo con relación a la redención.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Le resulta extraño que la Jueza hoy accionada en su informe -presentado en la acción de libertad- indique que fue resuelto -se entiende su recurso de reposición-, cuando al no ser notificado desconoce algún auto; por lo tanto, la referida Jueza debió resolver su solicitud en el plazo de veinticuatro horas; y, 2) El acto indebido consiste en dos aspectos, previamente vencido el principio de subsidiariedad, que la Jueza hoy accionada señala que no demostró de que precisamente resolvió su recurso de reposición en el plazo que establecido por los arts. 132 y 402 del Código Procedimiento Penal (CPP), y que estuviese notificado con ese acto; por lo que se debe ingresar al análisis de fondo de la pretensión.
Gabriela Suarez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 11 de noviembre de 2022, cursante de fs. 31 a 32 vta., señaló que: i) El accionante por memorial de 6 de octubre de ese año, formuló incidente de redención, lo que mereció el decreto de 7 de igual mes y año, que ordenó que por Secretaría de su Juzgado se eleve un informe sobre el cómputo de la condena del accionante respecto al cumplimiento de las 2/5 partes de su condena como establece el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS); ii) El 14 de ese mes y año, el Secretario de su Juzgado, emitió su informe del cómputo señalando que el accionante no cumplió con las 2/5 partes de su condena; en consecuencia, se pronunció el decreto de 17 de octubre de 2022, declarando no ha lugar a la solicitud del incidente; iii) Contra el referido decreto el “31” del señalado mes y año, el accionante formuló recurso de reposición, mereciendo; en consecuencia, el Auto 180/2022 de 1 de noviembre; por el que, de la revisión de los requisitos el “2)” se establece que las 2/5 partes de su condena de “03 años y 06 meses”, son “01 AÑO, 04 MESES Y 24 DÍAS” (sic), y el accionante lleva recluido desde su detención hasta la fecha “…del informe 01 AÑO, 01 MES Y 23 DÍAS…” (sic), no cumpliendo con ese tiempo, debido a lo cual se llegó a la conclusión de que el accionante no se adecuó a derecho sin entrar en revisión de los demás incisos que son de carácter inexcusable bajo el principio de legalidad; y, iv) No corresponde conceder la tutela en razón al principio de subsidiariedad; ya que, la vía ordinaria es la idónea y eficaz para que su derecho sea precautelado.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 24/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Llama la atención que el accionante refiera que pasaron trece días sin resolverse su recurso de reposición, en los que peregrinó para obtener una respuesta a pesar que los arts. 403 y 404 del CPP, establecen el plazo de veinticuatro horas para resolver el citado recurso; b) El cuaderno procesal “a fojas 40” contiene el Auto 180/2022 de 1 de noviembre, emitido por la Jueza hoy accionada, que hizo conocer que ante el recurso de reposición formulado y el decreto de 17 de octubre de 2022, que denegó dicha solicitud, solo se tomó en cuenta el tiempo transcurrido con base al “informe” pronunciado por el Régimen Penitenciario respecto al art. 138 de la LEPS, no se cumplió con el plazo establecido por el inc. 2) del citado artículo; por lo tanto, la nombrada Jueza dispuso la improcedencia del recurso de reposición formulado por el accionante; c) El Auto 180/2022 de 1 de noviembre ya se encontraba resuelto y el impulso procesal también debe ser realizado por las partes procesales; en ese sentido, la valoración del certificado de trabajo el art. 138 de la señalada Ley, es claro respecto a los requisitos y la competencia, como también lo es el Código de Procedimiento Penal, con relación al Juez de ejecución tiene la competencia de realizar los cómputos pertinentes; por lo cual la Jueza ahora accionada refirió que no se cumplieron las 2/5 partes, debiendo el accionante acudir ante la referida Jueza para verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley de Ejecución Penal; y, d) la acción de libertad interpuesta resulta improcedente; ya que, no se evidenció y verificó lo manifestado por el accionante de que no fue resuelto su recurso de reposición, cuando de la revisión y verificación del “expediente” se tiene que cursa el Auto 180/2022, que resolvió el mencionado recurso debidamente fundamentado y motivado. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó a la Jueza de garantías respecto a que ya se había emitido -se entiende el Auto 180/2022- dentro del plazo legal, la cual no es cierto ni correcto debiendo aclararse si se encuentra notificada su persona; puesto que, tiene su correo, número telefónico; y, si la jueza valoró o no la prueba presentada. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías señaló que, del “expediente” remitido a su Juzgado se evidencia que ya se tiene el Auto 180/2022, que resolvió el recurso de reposición, adjuntado “en fojas 40-41”. Respecto a que se notificó o no, como se indicó el impulso procesal también lo deben realizar las partes al acudir al Juzgado a verificar sobre su solicitud, y notificarse y verificar que el “expediente” esté efectivamente “a fuera”. Con relación a la valoración de la prueba tiene competencia de aquello la Jueza hoy accionada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 6 de octubre de 2022, ante Gabriela Suarez Vaca, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-; Giovany Melgar Melgar -hoy accionante- formuló el incidente de redención de la pena privativa de libertad (fs. 4 a 5 vta.). Memorial que mereció el decreto de 7 de igual mes y año, emitido por la referida Jueza, determinó que por Secretaría de su Juzgado eleve informe sobre el cómputo de las 2/5 partes de su condena del accionante por la comisión del delito de robo agravado (fs. 6). II.2. Mediante Informe de 14 de octubre de 2022, dirigido a la Jueza hoy accionada; el Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, informó que el accionante cuenta con Sentencia ejecutoriada de 11 de agosto de 2022; por la cual, se le condenó a una pena privativa de libertad de tres años y seis meses de privación de libertad; desde la fecha de su detención preventiva el 22 de agosto de 2021, hasta el 7 de octubre de 2022, se hace un total de un año, un mes y veintitrés días. En cuanto a la solicitud de redención del accionante, las 2/5 partes de una condena de tres años y seis meses son: “01 AÑO, 04 MESES Y 24 DIAS” (sic [fs. 7]). II.3. Consta decreto de 17 de octubre de 2022, emitido por la Jueza ahora accionada; por la cual en virtud al Informe 14 de ese mes y año, realizado por el Secretario de su Juzgado, “NO HA LUGAR” a la solicitud de redención del accionante establecida por el art. 138 inc. 2) de la LEPS ‘“Haber cumplido las 2/5 partes de la condena”’ (sic [fs. 8]). II.4. A través de memorial presentado el 28 de octubre de 2022, ante la Jueza ahora accionada; el accionante planteó recurso de reposición contra el decreto de 17 de ese mes y año, solicitando su modificación (fs. 14).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos la libertad, a ser juzgado dentro un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad y omisión de valoración de la prueba; puesto que, la Jueza hoy accionada a pesar que transcurrieron trece días desde el 28 de octubre de 2022, que formuló el recurso de reposición contra el decreto de 17 de igual mes y año, que negó su pedido de redención, no mereció respuesta alguna, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas determinado para resolver su petición. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La tutela del indebido procesamiento en trámites de beneficios penitenciarios, su tutela mediante la acción de libertad; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 0230/2019-S3 de 1 de julio, señala que: “Conforme dispone la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, la finalidad del tratamiento penitenciario es la readaptación social del condenado, objetivo que pretende ser alcanzado por el Estado a través del sistema progresivo que comprende la secuencia de periodos de observación y clasificación iniciales, de readaptación social, de prueba y de libertad condicional; basados todos estos en la responsabilidad y aptitudes del privado de libertad.
Ahora bien, el sistema progresivo concibe además la posibilidad que el condenado privado de libertad adquiera determinados beneficios que por un lado permitan mejorar las condiciones de su permanencia en el recinto penitenciario -intramuro- y por otro acceder bajo determinadas condiciones al goce de su libertad, a la reducción de su condena o el desarrollo de actividades fuera del centro penitenciario -extramuro- encontrándose entre estas últimas la redención, las salidas prolongadas, extramuro y la libertad condicional. (…) Asimismo, la SCP 0579/2018-S4, indicó que: ʽ…si bien dichos beneficios no constituyen per se, en un derecho fundamental, sino más bien una opción político criminal, en determinados casos, dada su trascendental incidencia en el derecho a la libertad de las personas privadas de éste, pues su procedencia podría modificar sustancialmente su situación, en aplicación de los principios pro homine y reinserción social, se asume que éstos tienen una directa vinculación con el derecho a la libertad personal, de ahí que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad, cuya configuración constitucional tiene por la finalidad la protección y garantía del derecho a la libertad física y o de locomoción de las personas ante actos u omisiones que restrinjan o amenacen el pleno ejercicio de este derecho, –sin perjuicio de la tutela del derecho a la vida e integridad física–ʼ. En ese entendido, conforme a la configuración procesal de la presente acción, la tutela del procesamiento indebido en cuanto a la existencia de defectos procesales en la tramitación de una causa, es únicamente posible cuando estos tengan directa vinculatoriedad con el ejercicio de la libertad física y de locomoción del accionante, lo cual implica a contrario sensu que si el defecto advertido no tiene vinculación con la libertad del procesado, la acción de libertad no se constituye en el medio procesal idóneo para tutelar el procesamiento indebido. Ahora bien, conforme se tiene precisado supra, los beneficios penitenciarios en este caso el extramuro, son aplicables a personas cuya situación jurídica se encuentra definida a partir de la existencia de una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, lo cual supone que el privado de libertad que solicita dicho beneficio, procura a partir de este medio el goce de su libertad física.
Además de ello, debe tenerse presente que por su naturaleza el sistema progresivo persigue como finalidad la readaptación del condenado, estableciendo para ello el cumplimiento de una secuencia de etapas en las que se valora la responsabilidad y el esfuerzo del mismo a objeto de su reinserción social, siendo los beneficios penitenciarios un aliciente que permite una motivación intrínseca para que el privado de libertad cumpla adecuadamente su condena; toda vez que, ante la valoración de su rehabilitación es posible acceder mediante los beneficios penitenciarios al goce de su libertad. Por lo referido, se puede concluir que el trámite de los beneficios penitenciarios -extramuro- se encuentra directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física del encausado, aspecto que posibilita que la presunta lesión de derechos emergente del procesamiento indebido sea tutelada vía acción de libertad, como el mecanismo procesal idóneo para reparar la afectación de la libertad del condenado producto de la inobservancia de lo previsto para el acceso de dichos beneficios, siempre y cuando se hayan agotado los mecanismos intraprocesales previstos por ley a tal efecto. Asimismo, respecto al estado absoluto de indefensión exigido para tutelar el procesamiento indebido a través de este medio de defensa; corresponde señalar que en estos trámites donde existe una sentencia condenatoria ejecutoriada y consecuentemente están privadas de libertad en un recinto penitenciario, son los condenados quienes por su propia voluntad realizan solicitudes para adquirir un beneficio penitenciario; lo cual implica que en estos casos estamos ante un contexto manifiestamente diferente a la de aquella persona que aún no tiene su situación jurídica definida y por tanto sea sometido a un proceso penal, por lo que no es posible exigir que el condenado se encuentre en estado absoluto de indefensión en la tramitación de dichos beneficios” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 141/2018-S2 de 30 de abril, señala que: “...corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece: ...de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a ser juzgado dentro un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad y omisión de valoración de la prueba; puesto que, la Jueza hoy accionada a pesar que transcurrieron trece días desde el 28 de octubre de 2022, que formuló el recurso de reposición contra el decreto de 17 de igual mes y año, no mereció respuesta alguna, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas determinado para resolver su petición.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 6 de octubre de 2022, ante la Jueza ahora accionada; por la que, el accionante formuló el incidente de redención de la pena privativa de libertad, memorial que mereció el decreto de 7 de igual mes y año, emitido por la referida Jueza, determinó que por Secretaría de su Juzgado eleve informe sobre el computo de las 2/5 partes de su condena del accionante por la comisión del delito de robo agravado (Conclusión II.1); en consecuencia, mediante Informe de 14 de octubre de 2022, el Secretario del Juzgado de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, informó a la citada Jueza que el accionante cuenta con Sentencia ejecutoriada de 11 de agosto de 2022, que lo condenó a una pena privativa de libertad de tres años y seis meses de privación de libertad; además, que desde el 22 de agosto de 2021, que estuvo detenido preventivamente hasta el 7 de octubre de 2022, hace un total de un año, un mes y veintitrés días. En cuanto a la solicitud de redención del accionante, las 2/5 partes de una condena de tres años y seis meses son: “01 AÑO, 04 MESES Y 24 DIAS” (sic [Conclusión II.2.]). Debido a lo cual se pronunció el decreto de 17 de octubre de 2022, por la Jueza ahora accionada, que en virtud al Informe 14 de ese mes y año, realizado por el Secretario de su Juzgado, declaró “NO HA LUGAR” a la solicitud de redención del accionante establecida por el art. 138 inc. 2) de la LEPS ‘“Haber cumplido las 2/5 partes de la condena”’ (sic [Conclusión II.3.]); determinación que el accionante al no encontrarse de acuerdo por memorial presentado el 28 de octubre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, planteó recurso de reposición (Conclusión II.4.).
De acuerdo al Fundamento jurídico III.1. de este fallo constitucional, para la consideración de las denuncias a través de la acción de libertad no se limita a la existencia de indefensión absoluta, y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino que, cuando se trata de los beneficios penitenciarios, en el presente caso el de Redención de la Pena, tienen una directa vinculación con el derecho a la libertad aspecto que posibilita que la presunta vulneración del derecho al debido proceso sea tutelado vía acción de libertad; en ese sentido, es que se ingresará analizar la problemática planteada. El objeto procesal de la presente acción de defensa se encuentra determinado en la falta de respuesta oportuna del recurso de reposición presentado por el accionante el 28 de octubre de 2022, contra el decreto de 17 de igual mes y año, denunciando que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad transcurrieron trece días fuera de las veinticuatro horas establecidas para su resolución; sin embargo, de lo señalado por la Jueza ahora accionada y la Jueza de garantías quien tuvo acceso a los antecedentes, ya se tendría emitido el Auto 180/2022 “en fojas 40-41” que resolvió el referido recurso de reposición, señalando que su solicitud no se adecuó a derecho y al no cumplir con las 2/5 partes de su condena no se entró a la revisión de los demás incisos que son de carácter inexcusable bajo el principio constitucional de legalidad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, esta Sala Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, no constata en obrados la existencia del Auto 180/2022; empero, la Jueza de garantías advirtió la misma en los antecedentes que le remitieron, así también la Jueza ahora accionada hizo referencia a la emisión de dicho Auto, esa situación no es impedimento para que la jurisdicción constitucional pueda analizar la problemática planteada; puesto que, es posible activar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, se ingresará a examinar las actuaciones efectuadas en el presente caso. En ese sentido, no se debe dejar de lado que para la emisión de la resolución que resuelve el recurso de reposición, se debe tomar en cuenta que el art. 402 del CPP señala claramente que: “El juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, sin recurso ulterior”; en ese orden, el recurso de reposición, fue presentado el 28 de octubre de 2022, y el Auto 180/2022, data del 1 de noviembre de ese año; en ese entendido, contabilizando el plazo de las veinticuatro horas, para la emisión del referido Auto se tenía hasta el 31 de octubre de ese año -descontando sábado y domingo-; es decir, se pronunció fuera del plazo establecido en el Código de Procedimiento Penal, vulnerando los derechos a ser juzgado dentro un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad. Por otra parte, el accionante en audiencia de consideración de la acción de libertad, haciendo referencia al informe de la Jueza hoy accionada respecto a que su recurso de reposición se había resuelto; refirió que no fue notificado con tal determinación, aspecto que le resultó extraño y fue reiterado en la vía de aclaración de la Resolución 24/2022. En ese marco, se debe precisar lo señalado por la referida Jueza en su Informe de 11 de noviembre de 2022, presentado en esta acción de defensa; en el cual si bien se hizo mención a que se emitió el respectivo “AUTO N° 180/2022 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022” (sic), en ninguna parte de ese Informe se constata que se hubiese hecho alusión a la notificación con dicha determinación al accionante. De igual manera, la Jueza de garantías en la Resolución 24/2022, tampoco pudo evidenciar notificación al accionante, advirtiendo únicamente la existencia del referido Auto "en fojas 40-41”, sin que conste su notificación; empero, indicó que el impulso procesal también les corresponde a las partes procesales, debiendo acudirse al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, para su notificación; aseveración que no tomó en cuenta que el accionante se encuentra dentro de un proceso penal en el cual se conoce su domicilio procesal o algún medio alternativo para su notificación, lo que debió ser utilizado a efectos de conocimiento del Auto 180/2022, debido a lo cual el accionante alegó su desconocimiento y fue el motivo de la interposición de la acción de libertad. Debido a lo cual, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional asume que el accionante al no ser notificado con esa determinación no tuvo conocimiento del mismo. En ese contexto, las peticiones de beneficios penitenciarios entre ellos el de redención están directamente vinculados con el ejercicio de la libertad física de los condenados, aspecto que en el presente caso hace posible la consideración del Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional en virtud del cual las solicitudes que se encuentren relacionadas con el ejercicio de la libertad física deben ser atendidas de manera oportuna y expedita, aspecto que no fue observado por la Jueza ahora accionada, advirtiéndose una demora en la emisión del Auto 180/2022, que si bien se hubiese pronunciado, este fue al margen del plazo establecido por el art. 402 del CPP y sin efectuarse la notificación al accionante; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada por la demora en la tramitación de los beneficios penitenciarios, en virtud de la acción de libertad de pronto despacho; por lo que, con esa actuación se vulneraron los derechos a la libertad, a ser juzgado dentro un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad. En cuanto a la denuncia de que la resolución emitida tome en cuenta la prueba de certificado de la junta de trabajo con relación al beneficio de la redención, son aspectos que fueron considerados por la jurisdicción ordinaria mediante el Auto 180/2022, de acuerdo a las pruebas que se obtuvieron, y que fueron cuestionadas a través de su recurso de reposición; por lo que, respecto del derecho al debido proceso en su elemento de omisión de valoración de la prueba, corresponde denegar la tutela solicitada. Otras consideraciones De la Resolución 24/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta. objeto de revisión, se advierte que la Jueza de garantías tuvo acceso a los antecedentes del proceso penal que generó la presente acción de defensa, con base a los cuales resolvió la causa; sin embargo, no remitieron los antecedentes procesales pertinentes para su revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, omitiendo cumplir con lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), lo que implica que las autoridades judiciales que ejercen como Juez o Tribunal de garantías no estén exentas de cumplir con la norma referida, sino que deben necesariamente remitir toda la documentación que fue de su conocimiento y sustentó su fallo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2022 de 11 de noviembre, cursante de fs. 35 a 37 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela respecto a los derechos a la libertad, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso en su elemento de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, sin disponer nada adicional, debido a que ya se emitió el Auto 180/2022 de 1 de noviembre, que resolvió el recurso de reposición, formulado por Giovany Melgar Melgar a través del memorial presentado el 28 de octubre de 2022. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación del derecho al debido proceso en su elemento de omisión de valoración de la prueba, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención a Katherine Carballo Jiménez, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, que actuó como Jueza de garantías, para que en lo posterior cumpla a cabalidad lo establecido por el art. 38 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0774_2025-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): a67a7e95710cf34a49fbac2335565bf20f13ddc0001a0a0320e3aa27b9f01782
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