B.IA.LEGAL

SCP 0774/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 6 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
52197-2022-105-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la seguridad social y a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la empresa ahora accionada, después de despedirlo injustificadamente sin considerar que es padre de una niña menor a un año de edad, no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo; por la cual, se conminó a su inmediata reincorporación a su fuente laboral, al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 263/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 81 a 85, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada de manera provisional en favor de Mauricio Andrés Chura Tapia, disponiendo el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo, por la empresa METATEL Sociedad de Responsabilidad Limitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la imposición de costas procesales, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0774/2024-S3 Sucre, 6 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52197-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 263/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 81 a 85, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mauricio Andrés Chura Tapia contra Guisela Cinthia Suarez Reinoso, en representación legal de la empresa METATEL Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 50 a 63 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Con un contrato verbal de 10 de marzo de 2011, empezó a trabajar en la empresa ahora accionada en el cargo de Mercaderista, con las funciones de distribuir y vender productos únicos como toallas femeninas marca “Nosotras”, pañales para niños y adultos marcas “Pequeñin” y “Tenna”, productos importados por la empresa “HANSA” y distribuidos por la empresa hoy accionada. Asimismo, hizo conocer que su esposa se encontraba en estado de gestación y que su hija nació el 24 de enero de 2022, requiriendo del seguro social; razón por la cual, el 31 de igual mes y año, fue desvinculado de su fuente laboral; empero, le indicaron que supuestamente hubiese concluido su contrato de trabajo, el cual nunca le fue entregado, porque señalaban que se encontraba en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para ser visado; en ese entendido, dejaron sin efecto el seguro médico sin considerar que su esposa e hija recién nacida requerían de protección, encontrándose totalmente vulnerables y desprotegidas.

En ese marco, acudió ante la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, denunciando la ilegalidad cometida por la empresa hoy accionada, emitiéndose en consecuencia la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo; por la que, se conminó a la citada empresa a su inmediata reincorporación laboral al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden a la fecha de su reincorporación, la cual fue notificada a la empresa ahora accionada el 15 de marzo de 2022; sin embargo, la citada empresa no dio cumplimiento con la recomendación conforme se tiene del Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR- 074/2022 de 28 de ese mes, el mismo que verificó el incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022; además, tampoco se interpuso recurso alguno en sede administrativa contra la citada Conminatoria.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo -digno-, a la estabilidad laboral, al salario “digno” -justo-, a la seguridad social y a la garantía de la inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 45.I, 46.I y 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) El cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo, emitida en su favor; b) El pago de salarios devengados, la reposición del seguro social de corto y largo plazo del derecho a la salud y otros derechos reconocidos por el art. 10 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; y, c) El pago de costas procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 80, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional. Ante la consulta de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el abogado del accionante señaló que niega totalmente las afirmaciones realizadas por la empresa ahora accionada respecto a que le hubiese ofrecido retornar a su fuente laboral; ya que, lo que le ofrecieron es realizar trabajos en “la oficina”, para que se canse y finalmente renuncie, tampoco es evidente que recibió el pago de sus haberes; sin embargo, verificando su cuenta bancaria de ahorro se tendrían efectuados dos depósitos bancarios de Bs1 964.-(mil novecientos sesenta y cuatro mil bolivianos) cada uno; empero, jamás recibió el sueldo de enero a mayo -no consta de que año- y los subsidios de las indicadas fechas de natalidad, entonces parece que dicha empresa faltó a la verdad.

I.2.2. Informe de la empresa accionada

Guisela Cinthia Suarez Reinoso, representante legal de la empresa METATEL S.R.L., a través de su abogada manifestó que: 1) La citada empresa otorga los servicios de apoyo complementario y especializado de campañas de mercado, soporte operativo y/o comercial; por lo que, se debe al cliente con el que realiza contratos comerciales; 2) El accionante tenía un contrato a plazo fijo; ya que, su conclusión se operó con su desvinculación laboral el 31 de enero de 2022; empero, sorpresivamente hace conocer el estado de gestación de su esposa, actuando de mala fe, en razón de que su contrato de trabajo era a plazo fijo; 3) Por disposición legal, la garantía de la inamovilidad laboral alcanza solo hasta la vigencia del contrato a plazo fijo, y no corresponde la aplicación del proceso administrativo de reincorporación laboral para el accionante; además, no solo les parece poco ético, sino, desleal con la empresa METATEL S.R.L. que le dio trabajo y confió de buena fe en ese trabajador; 4) La indicada empresa cumple con la norma laboral y las disposiciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que conminaron con la reincorporación laboral del accionante a través de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022; puesto que, se cuenta con reiteradas cartas notariadas dirigidas al nombrado para que se presente en su fuente laboral de la señalada empresa y pueda prestar sus servicios, siendo la última carta notariada la del 7 de abril de citado año; por todo ello, el 24 de mayo de ese año se vieron en la necesidad de poner en conocimiento del referido Ministerio de Trabajo que el accionante realiza caso omiso de las reiteradas cartas notariadas que tienen como la finalidad la restitución a su fuente laboral; sin embargo, no recibieron respuesta, tampoco conocen del paradero del accionante y están en una situación de desesperación ante un fraude laboral, porque no dejaron de pagarle su remuneración hasta septiembre mediante depósitos en la cuenta bancaria del accionante, que no suma en nada a la misma empresa, además se enteraron de que trabaja en otro lugar y que recibe remuneración, hechos respecto a los cuales el indicado Ministerio de Trabajo no les otorgó solución; y, 5) El sueldo debe estar ganándoselo una persona que trabaje y aporte a la empresa que representa, porque a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) muchas empresas y trabajadores se vieron afectados en su fuente de trabajo y existen muchas personas que necesitan trabajar.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 263/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 81 a 85, concedió la tutela solicitada por el accionante, disponiendo que: i) La parte hoy accionada cumpla con la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022, sea en el plazo de cinco días hábiles de esa Resolución constitucional; ii) Con relación al pago de salarios devengados de los cuales no se tiene la certeza de cuanto se hubiese depositado y cuanto se cobró, se dará cumplimiento una vez que sea devuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, iii) El pago de los beneficios sociales por ser el accionante el progenitor, sobre los subsidios prenatal, natalidad y lactancia que faltan cumplir; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) A los Tribunales de garantías no les está permitido efectuar un análisis del contenido de las conminatorias de reincorporación laboral; ya que, las mismas deben cumplirse cuando fueron emitidas por las Jefaturas Departamentales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; b) Las decisiones asumidas en las conminatorias de reincorporación laboral tienen un carácter provisional y las partes procesales pueden interponer los recursos en sede administrativa en caso de estar en desacuerdo; y, c) En el informe presentado en audiencia por la empresa ahora accionada, no se adjuntó prueba documental alguna para su valoración.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Boleta de Sueldo en moneda nacional emitida por el Departamento de Recursos Humanos (RR.HH.) de la empresa METATEL S.R.L. -ahora accionada-, la cual acredita que Mauricio Andrés Chura Tapia -hoy accionante- trabajo en el cargo de Mercaderista en la indicada empresa con el pago del sueldo correspondiente a diciembre de 2021 (fs. 10). II.2. Por Certificado de Nacimiento 119937 perteneciente a la menor de edad AA, nacida el 24 de enero de 2022; registrando como sus padres al accionante y Marisol Santos Limachi (fs. 9). II.3. Consta Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo, emitida por la Jefa Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por la que, se conminó a la reincorporación inmediata del accionante a la empresa hoy accionada, al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación (fs. 30 a 32); la cual, no fue cumplida por la citada empresa conforme el Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR- 074/2022 de 28 de igual mes, emitido por la Inspectora de la mencionada Jefatura (fs. 46 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la seguridad social y a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la empresa ahora accionada, después de despedirlo injustificadamente sin considerar que es padre de una niña menor a un año de edad, no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo; por la cual, se conminó a su inmediata reincorporación a su fuente laboral, al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional

La Norma Fundamental, impone al Estado el deber de proteger el trabajo en todas sus formas, en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme a lo establecido por el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 495 de 1 de mayo de 2010-, disponen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas por el art. 16 de la LGT, el trabajador puede optar por: 1) El pago de beneficios sociales; o, 2) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobado el despido injustificado, se emita la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. El DS 495 establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral. En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo 3 Referente a la opción de reincorporación laboral, el DS 495 que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V, del art. 10 del DS 28699, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones:

“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

`III.En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’

II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

`IV.La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas son nuestras). 4 La SCP 0591/2012 de 20 de julio, declaró la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, Empleo y Previsión Social, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como lo estableció la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra posición concluyó que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento; es decir, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo señalo la SCP 0900/2013 de 20 de junio. Respecto a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, expresó que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en ese entendido, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, señaló que: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras). La jurisprudencia constitucional mencionada refirió que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas nos corresponden). 7 La SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral estableció que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen). 8 La SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citada por las Sentencia Constitucionales Plurinacionales 0610/2015-S2, 0877/2015-S2, 0963/2016-S2, entre otras. 9 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0591/2012 de 20 de julio, estableció que: “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen). 10 Cita jurisprudencial que fue señalada textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1500/2014, 1760/2014, 0088/2014-S3, 0240/2015-S2, 0510/2015-S1, 0203/2017-S3, 0594/2017-S2, entre otras.

vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria emerja de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de junio, al referir a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, concluyó que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas nos pertenecen). Esta misma jurisprudencia, estableció que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al 11 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, -cita la SCP 0591/2012 de 20 de junio-, refirió que: “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta la fuente laboral que constituye en el medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, estableciendo que: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas son nuestras). Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunido en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, sobre la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva que: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos; sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatoria y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la seguridad social y a la garantía de la inamovilidad laboral; puesto que, la empresa ahora accionada, después de despedirlo injustificadamente sin considerar que es padre de una niña menor a un año de edad, no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo; por la cual, se conminó a su inmediata reincorporación a su fuente laboral, al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene la Boleta de Sueldo en moneda nacional emitida por el Departamento de RR.HH. de la empresa ahora accionada, la cual acredita que el accionante trabajo en el cargo de Mercaderista en la indicada empresa con el pago del sueldo correspondiente a diciembre de 2021 (Conclusión II.1.); por lo que, el nombrado denunció despido injustificado solicitando su reincorporación laboral, ante la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia administrativa que emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022; por la que, se conminó a la reincorporación inmediata del accionante a la indicada empresa, al mismo cargo que ocupaba el momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación; la cual, no fue cumplida por la citada empresa conforme el Informe J.D.T.L.P.-NTLF-VR- 074/2022, emitido por la Inspectora de la mencionada Jefatura (Conclusión II.3.); es necesario tomar en cuenta también, que en vigencia de la relación laboral la esposa del accionante estuvo en estado de gestación, adjuntando el Certificado de Nacimiento 119937 perteneciente a la menor de edad AA, nacida el 24 de enero de 2022; registrando como sus padres el accionante y Marisol Santos Limachi (Conclusión II.2.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, se puede interponer directamente la acción de amparo constitucional; así como, se tiene que dicha conminatoria no constituye una resolución definitiva en cuanto a la situación laboral del trabajador, sino provisional; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivo la situación laboral del empleador como del trabajador. En esa comprensión, el empleador tiene el deber de dar cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, a pesar de que se interpongan los recursos en sede administrativa mediante los recursos de revocatoria y jerárquico o se promueva su revisión en la vía judicial; por consiguiente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar aspectos relacionados con la fundamentación de la conminatoria y resoluciones, la valoración de las pruebas aportadas por las partes procesales; ya que, esa labor le corresponde a las autoridades en sede administrativa o judicial, previa activación de los medios o recursos intraprocesales o previa demanda que promueva su revisión judicial. En ese marco, en la presente acción tutelar, es necesario efectuar algunas precisiones. Por una parte, la empresa hoy accionada afirma que realizó las gestiones para el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022, al comunicar al accionante la restitución de su fuente laboral y el pago de sueldos devengados mediante depósitos en su cuenta bancaria; empero, para respaldar sus afirmaciones, la citada empresa no adjuntó prueba documental alguna. Por otra parte, entre los hechos que conciernen a esta acción de defensa, están el estado de gestación de la esposa del accionante; así como, el nacimiento de su hija menor a un año de edad, vinculados con la garantía de la inamovilidad laboral; en ese entendido, entre las obligaciones que debió cumplir dicha empresa se encuentra la entrega de los subsidios, respecto a los cuales no existió pronunciamiento alguno por la misma.

En ese entendido, se puede concluir que la empresa ahora accionada hasta la interposición de esta acción tutelar, no cumplió con la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022, que le conminó a la inmediata reincorporación del accionante a su fuente laboral, al mismo cargo que ocupaba al momento de su despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le corresponden, sin considerar que es padre de una niña menor a un año de edad. Como efecto lógico de este incumplimiento, se tiene la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, al salario justo, a la seguridad social y a la garantía de la inamovilidad laboral, denunciados por el accionante como trabajador y de su entorno familiar; además, en el presente caso el nombrado es padre de una hija menor a un año de edad, quien junto a su madre se encuentran bajo la dependencia del progenitor; por lo que, gozan de la referida garantía reforzada, reconocida constitucionalmente con la finalidad de brindar protección a esa menor de edad; asimismo, a la madre de familia, con la estabilidad económica y emocional, atención médica, evitando la generación de zozobra, incertidumbre y la preocupación; a causa de la cualidad de interdependencia de los derechos fundamentales reconocidos por mandato constitucional. Por consiguiente, en protección de los derechos fundamentales que fueron mencionados, a la jurisdicción constitucional le corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante y disponer el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022; que implica la inmediata reincorporación del accionante al cargo laboral que ocupaba, el pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan, y como efecto el acceso a la seguridad social pretendida por el nombrado. No obstante, sin perjuicio del cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022, la empresa ahora accionada tiene la facultad de presentar los recursos en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o promover su revisión en sede judicial, para que sean consideradas y resueltas en forma definitiva y definir la situación jurídica laboral del accionante. Por esa razón, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar consideraciones que cuestionen la indicada Conminatoria, limitando su intervención con la revisión del cumplimiento o no de la misma, para la otorgación de la tutela solicitada. Otro aspecto que se debe destacar es la tutela provisional que otorga la jurisdicción constitucional, precisamente porque es la autoridad en sede administrativa o judicial, la que debe resolver en forma definitiva la situación jurídico laboral del accionante; empero, sin suspender el cumplimiento íntegro e inmediato de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de reincorporación laboral. En ese entendido, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida para disponer el cumplimiento de la citada Conminatoria de manera inmediata e íntegra, sin omitir ninguna de sus determinaciones, hasta que no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto. Finalmente, respecto a la pretensión de la condenación del pago de costas procesales, esta no puede ser considerada en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 263/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 81 a 85, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada de manera provisional en favor de Mauricio Andrés Chura Tapia, disponiendo el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria J.D.T.L.P./NTLF/ 121/2022 de 11 de marzo, por la empresa METATEL Sociedad de Responsabilidad Limitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la imposición de costas procesales, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 50 de la CPE señaló que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”. 2 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699, establece que: “(BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN). I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley. III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras).

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12 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, bajo los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

13 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.

14 El alcance de la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores se encuentra desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 0264/2023-S3 de 17 de abril.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0774_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): bbd47a395c30623af7936f74c9aea3c82c3d89fafaaecf0a4073ea1459db7b4a

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