Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la alimentación, a la salud y al acceso a la seguridad social; toda vez que los demandados, lo cesaron de sus funciones como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, a pesar que él hizo conocer oportunamente su condición de padre progenitor de un ser en gestación; motivo por el cual, se le habrían lesionado los precitados derechos. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 236 a 240, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a las asignaciones familiares y al seguro social para el hijo menor de un año del accionante, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional y los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela respecto a la inamovilidad laboral.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0774/2023-S2 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 48548-2022-98-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 048/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 236 a 240, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Jocsan Orellana Ortiz contra Elena Aine Espinoza, Francisco Otalora Ticona, Pedro Andrés Badran León y Julieta Veizaga Guevara, Presidenta, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Primera Secretaria respectivamente de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 20 y 30 de mayo, y 6 de junio, todos de 2022, cursantes de fs. 37 a 46; 118 a 123; y, 164 a 165 vta., el accionante expresó:
Por Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022 de 5 de octubre de 2021, fue designado como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba; asimismo, refirió que antes del mencionado mes y año, cumplió las funciones de Director Legislativo en la misma entidad; sin embargo, el 6 de mayo de 2022 por Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/“002”/2022-2023 -siendo lo correcto 001-, fue destituido de su cargo, pese que de manera anticipada y de forma oportuna, mediante oficios CITE: OFM/372/2021-2022 de 21 de abril y CITE: OFM/001/2022-2023 de 4 de mayo, ambos de 2022, informó sobre la gestación de su hijo a quien reconoció ad vientre en el Servicio de Registro Cívico (SERECI), siendo padre progenitor. En esas circunstancias, se vio obligado a recurrir a la acción de amparo constitucional, por haberse vulnerado ipso facto su derecho de inamovilidad laboral previsto en el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009; consecuentemente, se transgredió el interés superior de su hijo en cuanto a los subsidios o asignaciones familiares que por ley le corresponden, quien además se encuentra con protección reforzada por el Estado de acuerdo al art. 60 de la CPE, las leyes y demás Convenios Internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Como consecuencia de la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral, se quebrantó también el interés superior de su hijo por nacer, hasta que cumpla un año de vida; motivo por el cual al estar involucrado el derecho de un “menor” no es necesario agotar instancia alguna, sea administrativa o jurisdiccional por la naturaleza del caso, habida cuenta que el mismo goza de protección reforzada del Estado y las leyes; por lo que, el juzgador está obligado a adoptar aquellas medidas que aseguren la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y la mínima restricción. En caso de existir conflicto de valores y derechos entre un menor y una institución, deberá realizarse su ponderación, en el cual deberá prevalecer siempre el interés superior del niño(a) y sus derechos, frente a los de cualquier otra persona natural o jurídica, por tratarse de un sector vulnerable de la sociedad. La Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/“002”/2022-2023 de 6 de mayo de 2022, vulneró su derecho a la inamovilidad laboral y como consecuencia, conculcó los derechos de su hijo en gestación, en total perjuicio del interés superior del niño, al coartarle sus derechos de asignaciones familiares -pre natal, natal y post natal-, que por ley le corresponden hasta que cumpla un año de vida. Así, alegó que la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que la inamovilidad laboral es un derecho constitucional en favor de los progenitores de un niño(a) menor de un año de edad. Protección reforzada constitucional que abarca desde la concepción, gestación, parto, post parto y neonato, hasta que cumpla un año de edad. Dicho de otra manera, los niños gozan de protección reforzada por parte del Estado por intermedio de sus progenitores, a quienes se les garantiza la inamovilidad laboral y las asignaciones familiares como medios de subsistencia para el resguardo del interés superior del niño, independientemente que los padres sean servidores públicos de carrera, provisorios o de libre nombramiento. Si bien los servidores públicos de libre nombramiento no gozan de estabilidad laboral; empero, por excepción constitucional, establecida en la SCP 1424/2015-S2 de 23 de diciembre- en equidad y justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe aplicar el estándar más alto en beneficio del interés superior del niño, quien goza de protección reforzada del Estado en consideración del principio constitucional pro homine.
Al momento de emitirse la Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/“002”/2022-2023 se lesionó su derecho a la inamovilidad laboral como elemento del derecho al trabajo, puesto que, en conocimiento de la gestación de su hijo, dejaron sin efecto su designación como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, disponiendo en consecuencia, su destitución; teniendo como efecto, que se encuentren afectados esencialmente los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social de su hijo por nacer, puesto que se lo privó de los subsidios y del seguro social a corto plazo que garantiza su salud y por ende, su vida. En el caso de autos no es aplicable el principio de subsidiariedad, habida cuenta que esta acción tutelar es un medio eficaz para asegurar el goce de los derechos fundamentales de su hijo por nacer; en tal sentido, dicho menor se encuentra dentro de un grupo de atención prioritaria; y, conforme la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, considerando la naturaleza jurídica del caso en cuestión, no es menester agotar todas las vías -jurisdiccionales o administrativas- a fin de acudir a la acción de amparo constitucional. Por otra parte, alegó que al momento de interponer esta acción de defensa, tuvo conocimiento de la respuesta a su primer oficio CITE: OFM/372/2021-2022, el cual fue en sentido favorable, ya que se le brindó una respuesta mediante la Unidad de Dirección Legislativa, cuyo Director, Dennys Ronald Tordoya Reinaga, dispuso que el abogado de asuntos legislativos de esa Dirección emita un informe legal; consecuentemente, se elaboró el Informe Legal ALDC/DL 131/2021-2022 de 22 de abril de 2022 que reconoció el interés superior de su hijo, y en conclusiones recomendó la remisión de antecedentes a la Dirección Administrativa Financiera y Recursos Humanos (RR.HH.) de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, a fin de prever las asignaciones familiares que le corresponden por ley a su hijo en gestación. Con relación al segundo oficio CITE: OFM/001/2022-2023 -presentado cuando estaba en ejercicio la nueva directiva, ahora demandada- a través de la misma Dirección Legislativa, Dennys Ronald Tordoya Reinaga, emitió otro informe legal totalmente contradictorio, documento con el que lo notificaron recientemente -el 26 de mayo de 2022-, posterior a la presentación de la acción de amparo constitucional, cuyos argumentos interpretan que ante un conflicto entre el interés superior de su hijo versus el interés de la Asamblea Legislativa, debe primar el interés de la institución, puesto que hubiera jurisprudencia anacrónica con diferentes supuestos fácticos, forzando la subsunción a casos totalmente diferentes al presente y en total perjuicio del interés superior de su hijo en gestación; por lo que, ese segundo informe carece de fundamentación y motivación.
Señaló como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la alimentación, a la salud y al acceso a la seguridad social; citando al efecto los arts. 15, 16, 18, 35, 45, 46, 48.VI, 49.III y 60 de la CPE; 3, 23.1 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 1, 3 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Dejar sin efecto la Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/“002”/2022-2023 de 6 de mayo de 2022; b) Su inmediata reincorporación a su misma fuente laboral como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba con el mismo nivel salarial; c) Por el interés superior de su hijo, se le otorguen las asignaciones familiares de subsidios prenatal, natal y post natal que por ley le corresponde, previa inscripción del Seguro Social a Corto Plazo (Caja CORDES); y, d) El pago de salarios de todo el tiempo cesante (sueldos devengados) a causa de la indebida desvinculación laboral, lo cual también conllevará a un daño económico al Estado por la sesgada decisión del Directorio en aplicación del art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 233 a 235 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliando la misma refirió que: 1) Mediante oficios CITE: OFM/372/2021-2022 y CITE: OFM/001/2022-2023, hizo conocer que era padre progenitor de un ser en gestación; 2) Cumplió funciones de Oficial Mayor en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba; sin embargo, antes de ejercer dicha labor, desempeñó el cargo de Director Legislativo en la misma entidad; motivo por el cual, adujo que se debe tener presente que de conformidad a los arts. 82, 188 y 288 -no especificó de qué norma- el mandato de los integrantes del “…Consejo de la Asamblea de los Gobiernos…” (sic) será de cinco años, pudiendo ser reelecto, de lo que se podría advertir que la Asamblea estaría constituida por ese tiempo; 3) Como Oficial Mayor de dicha Asamblea tenía el derecho a la estabilidad laboral, por ser padre progenitor, inamovilidad en el entendido “…que puede ser los cargos directivos, ser nuevamente seleccionado – elegido como oficial mayor…” (sic), porque la norma establece que cada año pueden los directivos modificar, pero dar su aceptación ratificando al Oficial Mayor, no encontrándose prohibida su ratificación en ese cargo, y lo no prohibido estaría permitido por aforismo constitucional; por lo que, tampoco se constituye en una condición de ser personal de confianza, correspondiendo disponer su reincorporación a su fuente laboral, al mismo cargo y funciones que venía desempeñando hasta que su hijo tenga un año de edad, ya que estaría por nacer entre junio y julio del indicado año; y, 4) Conforme al art. 48.VI de la CPE, toda madre gestante o padre progenitor goza de inamovilidad laboral; asimismo, el DS 0012 no establece una selección de funcionario de carrera administrativa, de libre nombramiento o en su caso de libre elección, entonces sería una discriminación a la referida normas constitucional y a los Decretos Supremos “009” y 0012; por lo que, se ratificó en su petitorio. Posterior a la intervención de los demandados, la abogada del accionante, refirió que: i) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales adjuntadas respaldan -la excepción- al principio de subsidiariedad y el bien superior; ii) La documentación referida por los hoy demandados consiste en un mero formalismo, ya que cuando nazca el bebé se adjuntará dicha documental, no pudiendo privar del derecho a los subsidios correspondientes a un ser que está por venir; y, iii) Respecto a la elección de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, el abogado señaló que la misma es elegida anualmente, por lo cual siendo una excepción la circunstancia de su cliente, de ser padre progenitor, pudo haber sido ratificado hasta que el menor cumpla un año, ya que no estaría prohibido y que el cargo no iría a la confianza establecida, porque son asuntos que se plantean a nivel de administración de la mencionada Asamblea.
Elena Aine Espinoza, Presidenta; Francisco Otalora Ticona, Primer Vicepresidente; Pedro Andrés Badran León, Segundo Vicepresidente; y, Julieta Veizaga Guevara, Primera Secretaria, todos de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, el 13 de junio de 2022 presentaron informe escrito, cursante de fs. 229 a 232 vta. y en audiencia a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) En el caso de autos se debe considerar la improcedencia de la acción de amparo constitucional por cumplimiento a las asignaciones familiares; en tal sentido, el accionante mediante memorial de 6 de igual mes y año hizo conocer lo siguiente: 1) Informe Legal ALDC/DL 131/2021-2022, emitido por Cesar Adbeel Fernández Martínez (abogado de asuntos legislativos) que en sus conclusiones y recomendaciones, indicó: “SE CONCLUYE QUE ES EVIDENTE EL ESTADO DE GESTACIÓN DE SU HIJO POR NACER, máxime si el mismo fue reconocido legalmente ante las instancias Estatales de bastante credibilidad como es SERECI, debiendo PONERSE EN CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS con copia a la DAF a fin de PREVEER LAS ASIGNACIONES FAMILIARES PRE-NATAL, NATAL Y POST NATAL conforme a ley” (sic); 2) El Informe Legal ALDC/DL/001/2022-2023 de 9 de mayo de 2022, emitido por Dennys Ronald Tordoya Reinaga, Director Legislativo, concluyó recomendando: i) Respecto al registro y cobro de lactancia prenatal, natal y post natal, de acuerdo al informe de René Borda Gómez -Jefe de RR.HH.-, no se cumplió con toda la documentación acreditada para dicho fin, como ser, fotocopia de carnet de identidad del asegurado, “…de la beneficiaria emitida por la Caja Cordes…” (sic), certificado de matrimonio y/o unión libre, y certificado de atención prenatal del agente gestor de salud emitida por la precitada Caja de Salud, documentos indispensables para la inscripción y pago de las asignaciones familiares prenatal, natal y post natal; y, ii) En cuanto a la inamovilidad funcionaria y restitución al cargo de Oficial Mayor del accionante de esa Asamblea, el Director Legislativo refirió que no corresponde por su condición de profesional de confianza, de libre nombramiento por autoridad electa, acorde a la abundante jurisprudencia constitucional, Decretos Supremos, Resolución Ministerial, Reglamento General de la mencionada Asamblea y la SCP 0049/2019-S1 de 3 de abril; y, 3) Mediante Informe ALDC/RRHH INF. 022/2022 de 21 de abril, el precitado Jefe de RR.HH., refirió que: “…Que revisado toda la documentación por el solicitante ahora accionante: NO SE TIENE FOTOCOPIA DE CARNET DE ASEGURADO DE LA BENEFICIARIA EMITIDA POR LA CAJA CORDES, Certificado de Matrimonio y/o Unión Libre emitida por autoridad competente y CERTIFICADO DE ATENCIÓN PRE-NATAL DE AGENTE GESTOR DE LA CAJA CORDES…, por lo que NO SE PRODRIA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE MIENTRAS LA BENEFICIARIA O ACCIONANTE NO CUMPLA CON ESTOS REQUISITOS” (sic). Aclaró que nunca se le negó al impetrante de tutela las asignaciones familiares que ahora reclama a través de esta acción tutelar; sino por el contrario, por “irresponsabilidad o descuido” no cumplió con dichos requisitos legales, que seguramente una vez presentados, el beneficiario se acogerá al cobro de la precitada asignación familiar; por lo que, debe denegarse la tutela respecto a ese tópico; b) Asimismo, esta acción de defensa es improcedente por la supuesta inamovilidad funcionaria del cargo de libre nombramiento por autoridad electa democráticamente, que podría entorpecer el normal desarrollo de la asamblea legislativa departamental, la gestión y los objetivos por la falta de confianza que se tiene en el impetrante de tutela; si bien, el art. 48.VI de la CPE establece la inamovilidad laboral de padres progenitores; sin embargo, la jurisprudencia constitucional estableció que ese aspecto no es absoluto para todo el ámbito de funcionarios públicos, sino que existen excepciones como se da en el presente caso; la jurisprudencia constitucional estableció que la inamovilidad funcionaria o estabilidad laboral no es absoluta, no alcanza a todos los funcionarios públicos, entre ellos, a los de libre nombramiento; que su designación es de manera directa, cumple funciones de confianza, asesoramiento técnico, cargo jerárquico, cumple las labores de iniciativa, decisión y mando. “…Que lo contrario mantener a éste funcionario en el cargo, SIGNIFICARÍA AFECTAR LA GESTIÓN PUBLICA, INEFICIENCIA EN EL CARGO Y FALTA DE CONFIANZA” (sic). Acorde al entendimiento desarrollado por la SCP 0062/2021-S2, la solicitud de reincorporación laboral debe ser denegada; en tanto que, respecto a las asignaciones familiares del beneficiario, nunca se le negó, motivo por el cual el demandante de tutela debe cumplir los requisitos para su inscripción y pago; empero, también debe ser denegado; c) La solicitud final consignada en el memorial de acción de amparo constitucional, así como lo referido en los escritos de “Cumple lo Ordenado” de 20 y 30 de mayo de 2022; y, 6 de junio del mismo año, versó sobre lo siguiente: “‘Por todo lo expuesto solicito…a) SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE DIRECTIVA ALDC/DIR/RD/002/2022-2023 de fecha 06 de mayo del 2022’” (sic); en tal sentido, se advierte que lo peticionado fue que se deje sin efecto la “…DESIGNACION DE OFICIAL MAYOR MAE del Abog. WILSON VILLA TARQUI…” (sic) y no así la Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/001/2022-2023 que dejó sin efecto el cargo del peticionante de tutela; y, d) Por lo precedentemente manifestado impetraron la denegatoria de la tutela requerida a través de esta acción de defensa.
Al iniciar la audiencia, el Vocal de la Sala Constitucional refirió que no era necesaria la intervención del tercero interesado -Wilson Villa Tarqui, quien estuvo en audiencia virtual- por tratarse de derechos y garantías constitucionales exclusivamente del accionante progenitor.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 048/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 236 a 240, concedió en parte la tutela solicitada únicamente con relación a los derechos del menor en gestación referidos al pago de las asignaciones familiares por maternidad hasta cumplido el año de edad; consiguientemente, la entidad demandada deberá correr con la asignación del subsidio prenatal, post natal y seguro social hasta que el mismo cumpla un año de edad; debiendo el accionante, así como la parte demandada, coadyuvar en el trámite a efectos de que el menor por nacer, de manera inmediata tenga la protección por parte del Estado; y, denegó la tutela con relación a la inamovilidad laboral alegada por el peticionante de tutela. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Revisada la Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022, se advierte que el impetrante de tutela fue designado el 5 de octubre de 2021 como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, ello significa que fue investido por el Presidente de esa Asamblea junto a los demás Directivos que lo componen, implicando con ello, que el mismo ejerció un cargo de confianza que le fue otorgado por autoridades públicas que también fueron designadas de manera electiva; b) De lo referido supra, se puede establecer que el ahora accionante no se encuentra dentro del ámbito de protección del cual podrían gozar aquellos funcionarios que tienen inamovilidad laboral, conforme a la carrera administrativa; c) Respecto a la designación y posterior destitución -esta última- efectuada mediante Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/001/2022-2023, dicho funcionario tuvo conocimiento del cargo para el cual fue designado, el mismo que correspondió a un periodo específico de duración con relación a las funciones mismas que iba a desempeñar; consiguientemente, en virtud a la línea jurisprudencial constitucional se advierte que éste no goza de inamovilidad laboral; por cuanto, fue designado de manera provisoria y en un cargo de confianza por las autoridades electas; no obstante haberse tenido conocimiento de que existe un ser en gestación del cual es progenitor; y, d) Por otra parte, con relación al ser en gestación, de conformidad a la línea jurisprudencial referida a la protección de sus derechos es clara y concreta, se debe proteger el interés superior del niño o niña, desde el momento de su concepción, motivo por el cual la jurisprudencia presentada por los demandados, es aplicable solo con relación a la protección que deba otorgarse al ser en gestación; consecuentemente, corresponde otorgarse en parte la tutela solicitada por la parte accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022 de 5 de octubre de 2021, por el que Renato Alanes Bazoaldo, Enrique Siles Montesinos, Mario Wilder Álvarez Rodríguez y Anna Pilar Lozano Laguna, ejerciendo las funciones de Presidente, Segundo Vicepresidente, Primer Secretario y Segunda Secretaria, respectivamente, todos de la entonces Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, nombraron a David Jocsan Orellana Ortiz -hoy accionante-, como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, para la Legislatura 2021-2022, cargo a ser ejercido a partir de la señalada fecha (fs. 2). II.2. Consta Testimonio de reconocimiento de hijo ad vientre, por el que se conoce que el impetrante de tutela, de conformidad a los arts. 195 y 201 del Código de Familia abrogado (CF abrg), manifestó su voluntad de reconocer a su hijo ad vientre, que concibió con Celinda Soliz Olarte; actuado realizado ante Mayden Anzaldo Zambrana, Oficial de Registro Civil de la Oficialía Colectiva Computarizada de Registro Civil C-Camiri-3, del departamento de Santa Cruz el 20 de abril de 2022 (fs. 4 a 5). II.3. Mediante oficios CITE: OFM/372/2021-2022 de 21 de abril y CITE: OFM/001/2022-2023 de 4 de mayo, ambos de 2022, el peticionante de tutela hizo conocer al Presidente de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, que su pareja se encontraba en estado de gravidez, llevando una gestación de veintinueve semanas; es decir, cuatro meses de embarazo; motivo por el cual solicitó la regularización y cobro de los subsidios en favor de su hijo en gestación; y, en el segundo oficio, a tenor del DS 0012, impetró la inamovilidad laboral en protección del interés superior del menor por por nacer (fs. 12 a 16).
II.4. Cursa Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/001/2022-2023 de 6 de mayo de 2022, por el que Elena Aine Espinoza, Francisco Otalora Ticona, Pedro Andrés Badran León y Julieta Veizaga Guevara, fungiendo como Presidenta, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Primera Secretaria, respectivamente, de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, resolvieron dejar sin efecto la Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022 de 5 de octubre de 2021, de nombramiento del ahora impetrante de tutela, como Oficial Mayor de la citada Asamblea, de la legislatura 2021-2022, efectivizando la misma a partir del 6 de mayo de 2022 a horas 16:00 (fs. 3).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la alimentación, a la salud y al acceso a la seguridad social; toda vez que los demandados, lo cesaron de sus funciones como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, a pesar que él hizo conocer oportunamente su condición de padre progenitor de un ser en gestación; motivo por el cual, se le habrían lesionado los precitados derechos. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Respecto a la excepción del principio de subsidiariedad en los casos de mujeres embarazadas y de padre progenitor, la SCP 0062/2021-S2 de 20 de abril, refirió que la SC 0530/2010-R de 12 de julio, determinó que: “‘…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’ ; en similar sentido, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencial procesal hacia el padre progenitor con una hija o hijo menor de un año -que se integra a esta protección, a la luz de la Constitución Política del Estado- sostiene que: ‘…los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…”. En ese entendido, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, concluye que: ‘Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa’ . De la jurisprudencia desarrollada, se establece que en los casos de mujer embarazada o padre progenitor hasta que el niño o niña cumpla un año de edad, no es imprescindible que él o la accionante agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, por cuanto no puede exigirse el cumplimiento de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa cuando se encuentra de por medio derechos que merecen una tutela inmediata como son: la alimentación, salud y vida del nasciturus” .
Por otra parte, respecto a la inmovilidad laboral y las excepciones que se presentan en función al tipo de funcionario público, la referida SCP 0062/2021-S2, citó la SCP 0131/2016-S3 de 18 de enero, que a su vez reiteró lo señalado por la SCP 0587/2018-S3 de 26 de noviembre, que estableció: “El art. 5 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP), determina que: ‘Los servidores públicos se clasifican en:
a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto. b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto’. Al respecto, la SCP 1521/2012 de 24 de septiembre, citada por la SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio, concluyó que: ‘La CPE en su art. 233, señala que: «Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento». Esta norma crea dos regímenes distintos de servidores, de un lado aquellos que forman parte de un sistema de carrera administrativa y de otro lado aquellos que son elegidos por voto o son libremente designados. En ese marco y en términos generales los cargos electivos o de designación obedecen a criterios de jerarquía institucional y legitimidad democrática que no pueden ser vistos con la misma óptica que aquellos que forman parte del sistema de carrera administrativa. En ese orden de cosas, los cargos electivos tienen ciertas características, son: 1) Elegidos por un plazo determinado; 2) Son el producto de un proceso de elección donde interviene el ejercicio de la soberanía popular para su elección; 3) Realizan labores de dirección y alta gestión institucional en el Estado. Los cargos de designación, son aquellos en los que existe un proceso de intermediación democrática, es decir, son designados por quien fue elegido democráticamente y su naturaleza es la flexibilidad, debido al dinamismo institucional que requieren las altas funciones del Estado, en ese sentido, se tienen las siguientes características:
i) Designados directamente por una autoridad elegida democráticamente o por una autoridad elegida por intermediación democrática; ii) Son designados por sus cualidades personales y profesionales en beneficio de los intereses del Estado; iii) Realizan labores de dirección y coordinación con las autoridades elegidas democráticamente. De estas características se desprende que este tipo de servidores tienen características específicas que mal podrían ser equiparables a la generalidad de servidores públicos y trabajadores que gozan de la garantía de la inamovilidad en las condiciones establecidas por la Constitución y la Ley. En efecto, la naturaleza institucional del modelo democrático o democrático de intermediación utilizado para nombrar este tipo de autoridades obedece a las altas funciones en miras de satisfacer de la mejor manera la consecución de los fines para los cuales existe el Estado boliviano. En el marco que una autoridad que ejerce una alta función del Estado se encuentra con la responsabilidad del alto ejercicio de la función pública de jerarquía resulta que la inamovilidad funcionaria no es aplicable, porque tenemos de un extremo los derechos individuales de los funcionarios y del otro la generalidad de los derechos de los ciudadanos que sólo pueden satisfacerse de buena manera a través del ejercicio eficiente de las altas funciones del Estado. La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año, se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores. Sin embargo, al considerar esta garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral’ . La jurisprudencia de este Tribunal al referirse a la inamovilidad laboral y las excepciones que se presenta en función al tipo de funcionario público, en la SCP 1044/2013 de 27 junio, estableció que: ‘…por el principio de universalidad la garantía de la inamovilidad laboral alcanza tanto al sector privado como al sector público (SCP 1417/2012 de 20 de septiembre); sin embargo, debe reconocerse que tampoco es absoluto de forma que puede verse limitado por las necesidades instituciones que atañen al correcto funcionamiento del aparto público y el bienestar de la colectividad (…) aspecto que debe resultar de una ponderación de los supuestos y bienes en conflicto en cada caso concreto. En efecto, la interdependencia e indivisibilidad (art. 13.I de la CPE) de los derechos impele a procurar en cada caso concreto una solución que concilie, en lo posible, los principios y derechos en conflicto, más si ello no es posible debe resolverse a favor del bien jurídico que en el caso concreto cuente con el mayor interés de protección, cuando por ejemplo trasciende los alcances del caso concreto extendiéndose a una temática de relevancia institucional y, por ende, de interés general al estar relacionada con el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. En este mismo sentido, en un caso similar sobre la inamovilidad argüida por un Fiscal de Distrito, la SCP 1521/2012, ha determinado que «…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni siquiera por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante. En casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio Público». Bajo el mismo razonamiento, ésta vez para el caso de una autoridad electa como Concejal Munícipe, la SCP 0853/2013 de 17 de junio, ratificando el entendimiento de la SC 1958/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: «…frente al reclamo de inamovilidad de mujer gestante hasta el año del menor nacido, es preciso puntualizar que los cargos electivos no gozan de la protección de la inamovilidad laboral, precisamente por la legitimidad electiva que a estos revisten, bajo este entendimiento la carrera administrativa y regímenes laborales previstos por el Estatuto del Funcionario Público, y la propia Ley General del Trabajo, no incluye a los funcionarios electos, tal cual reza el art. 5.A del Estatuto del Funcionario Público; por consiguiente, no existe el beneficio de la inamovilidad laboral para el estatus de cargos electivos; en la materia no puede la accionante alegar vulnerado tal derecho debido a su situación de Concejala suplente, además de encontrarse en la condición de Autoridad (suplente) electa»’. Es decir, que la jurisprudencia de este Tribunal si bien reconoció que el derecho a la inamovilidad laboral es universal ya que protege a trabajadores resguardados por la Ley General del Trabajo y a funcionarios públicos, reconoce también que el derecho no es absoluto en el ámbito administrativo, no es transversal a todos los servidores públicos, ya que puede verse limitado cuando se trata de servidores públicos de libre nombramiento, pues éstos no son reclutados con procesos previos sino de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico, que precisamente por las características de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea esta producto de un embarazo o discapacidad. La carencia de inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento, tiene por finalidad garantizar la eficacia y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional, aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva a reconocer en un puesto de libre nombramiento a personal que no cuenta con confianza o condiciones técnicas requeridas por la MAE, obligándole a asignar funciones de iniciativa, decisión y mando a personas que no cumplen con estas condiciones. Es por los motivos descritos de manera precedente que el entonces Tribunal Constitucional en la SC 1068/2011-R de 11 de julio, expresó de manera clara que las funciones que desempeñan los funcionarios de libre nombramiento son temporales y provisionales, entendiendo que: ‘…los funcionarios designados y los de libre nombramiento pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso a una entidad pública no es resultado de aquellos procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución, infiriéndose de ello que estas funciones son temporales o provisionales…’” .
La señalada SCP 0062/2021-S2, refiriéndose a la protección del ser en gestación y del niño o niña hasta el año de edad a través de la seguridad social, arguyó que: “Como se tiene desglosado precedentemente, el derecho a la inamovilidad laboral asiste a las trabajadoras en estado de gestación y hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; en ese sentido y además de lo expresado, también le asisten derechos y beneficios propios del ser en gestación y del niño o niña hasta cumplir con la edad señalada, al respecto se tiene el siguiente desarrollo normativo:
a) En la Constitución Política del Estado El art. 60 de la CPE, en relación a la protección prioritaria de los derechos de la niña, niño y adolescente establece que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’ (…) garantía que busca alcanzar materializar el principio constitucional del vivir bien de ese sector etario de la población; al respecto en el art. 59.I de la misma Norma Suprema preve que los mencionados tienen derecho a un desarrollo integral, que implica acceso a salud, educación, alimentación y que sus padres cuenten con una fuente de trabajo y salario digno, a través del cual se pueda materializar su adecuado desarrollo, lo que implica la garantía del Estado de procurar los medios para el ejercicio de esos derechos. En ese sentido, tomando en cuenta que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables y progresivos, el art. 45.V de la CPE, respecto a la protección que merece la madre gestante establece que: ‘Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.’ (…), en ese sentido, la maternidad segura y saludable implica el acceso a la salud y seguridad social, toda vez que la maternidad está, generalmente, asociada a riesgos económicos para la salud de la madre gestante y del ser en gestación, los cuales pueden ser mitigados por las prestaciones pecuniarias, en especie y médicas, que a su vez tienen directa relación con el bienestar de ambos y de forma indirecta con la construcción de una sociedad donde prime el vivir bien y la armonía. En ese sentido y en el marco del principio de la corresponsabilidad, el Estado garantiza el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley Fundamental, las leyes y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la seguridad social descrito en el art. 45.III de la Norma Suprema que instituye: ‘El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales’ … b) En las normas del bloque de constitucionalidad La maternidad segura, la atención de salud de la madre, del ser en gestación y la supervivencia del recién nacido forman parte esencial de la propia vida. El bienestar infantil y la protección de la maternidad son preocupaciones principales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La protección de la maternidad es un derecho laboral fundamental y ha quedado consagrado en Tratados Internacionales de Derechos Humanos cuyo ejercicio está garantizado por la Constitución Política del Estado, a través de su art. 14.III. En ese sentido la OIT desde su creación, ha adoptado varios convenios sobre la protección de la maternidad, entre ellos el más reciente es el Convenio sobre Protección de la Maternidad 183 de 7 de febrero de 2000, emitido en Ginebra y adoptado el 15 de junio de 2000. Este instrumento determina medidas de protección para las trabajadoras embarazadas y las que acaban de dar a luz; de igual manera también contiene una parte dirigida a la prevención de la exposición a riesgos de seguridad y salud durante el embarazo y después del mismo, del derecho a una licencia de maternidad, a servicios de salud materna e infantil y a interrupciones para la lactancia remuneradas, de la protección contra la discriminación y el despido en relación con la maternidad, y de un derecho garantizado a reincorporarse al trabajo tras la licencia de maternidad. En ese sentido, respecto a las prestaciones, el art. 6 del referido Convenio 183 establece que: ‘1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia en los artículos 4 o 5. 2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la mujer y a su hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado.
(…) 7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización cuando sea necesario’ . Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (cuya suscripción fue aprobada por Bolivia a través de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990), en su art. 26 establece que: ‘1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional. 2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre’. De forma concordante el art. 27 del mismo Convenio establece que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, lo que implica que los padres u otras personas encargadas del niño tienen la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño; en ese sentido la Convención conmina a los Estados Partes a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. Al respecto, el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social y a la salud, forman parte del bloque de derechos reforzados que asisten a la madre gestante, el ser en gestación, el niño o niña hasta el año de edad, y al padre progenitor. c) En las normas infra constitucionales El Código Niño, Niña y Adolescente, establece: ARTÍCULO 16. (DERECHO A LA VIDA).
I. La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. II. El Estado en todos sus niveles, tiene la obligación de implementar políticas públicas que aseguren condiciones dignas para su nacimiento y desarrollo integral con igualdad y equidad. ARTÍCULO 17. (DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO). I. Las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y salud, y prevenga la mal nutrición; vestido apropiado al clima y que proteja la salud; vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esenciales. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno de este derecho. II. El Estado en todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio pleno de este derecho, respetando la pertenencia de la niña, niño y adolescente a una nación y pueblo indígena originario campesino, afroboliviano e intercultural. III. El Estado en todos sus niveles, a través de políticas públicas y programas, debe asegurar a favor de las niñas, niños y adolescentes, condiciones que permitan a madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, cumplir con las responsabilidades establecidas en el presente Artículo” . Este instrumento legal se basa en varios principios, entre los que destacan el interés superior del niño, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, desarrollo integral, corresponsabilidad y ejercicio progresivo de derechos. El DS 0012 de 19 de febrero de 2009 en su art. 2 establece que: ‘La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) ano de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo.’ Normativa que además de proteger a la madre gestante y después a los padres progenitores, tiene como prioridad garantizar el interés superior del niño, protección que comprende desde el vientre materno, durante su llegada al mundo y hasta que cumpla un año de vida, precautelando sus derechos a la vida, a la salud, al desarrollo integral, lo que implica que durante esos periodos (gestación y hasta que alcance el año de edad) tenga acceso a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad que prevenga la mal nutrición. d) En la jurisprudencia constitucional La jurisprudencia constitucional sobre la protección del ser en gestación y del niño o niña hasta el año de edad a través de la seguridad social, mediante de la SPC 0917/2013-L de 19 de agosto, concluye que: ‘«…se establece que los derechos del ser en gestación y de los niños, están protegidos por el Estado, toda vez que a través de las normas señaladas, se protegen el interés superior del niño, niña en su calidad de grupo más vulnerable». (…) …En este marco normativo, se concluye que todo trabajador del sector público o privado, tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad’” .
El accionante denuncia la vulneración de derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la alimentación, a la salud y al acceso a la seguridad social; toda vez que los demandados, lo cesaron de sus funciones como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, a pesar que él hizo conocer oportunamente su condición de padre progenitor de un ser en gestación; motivo por el cual, se le habrían lesionado los precitados derechos. Acorde a los antecedentes del expediente remitido en revisión, se conoce que Renato Alanes Bazoaldo, Enrique Siles Montesinos, Mario Wilder Álvarez Rodríguez y Anna Pilar Lozano Laguna, ejerciendo las funciones de Presidente, Segundo Vicepresidente, Primer Secretario y Segunda Secretaria, respectivamente, todos de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, mediante Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022 de 5 de octubre de 2021, nombraron al hoy accionante, como Oficial Mayor de la citada Asamblea, para la Legislatura 2021-2022, cargo que ejerció a partir de la señalada fecha (Conclusión II.1). Por otra parte, se constató que el impetrante de tutela, el 20 de abril de 2022, manifestó su voluntad de efectuar reconocimiento ad vientre de su hijo por nacer, siendo la madre Celinda Soliz Olarte, que consta en el Testimonio de reconocimiento de hijo efectuado ante Mayden Anzaldo Zambrana, Oficial de Registro Civil de la Oficialía Colectiva Computarizada de Registro Civil C-Camiri-3 del departamento de Santa Cruz, así como su inscripción en el SERECI (Conclusión II.2). Posteriormente, el ahora impetrante de tutela hizo conocer a la Presidencia de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, que su pareja llevaba un embarazo de veintinueve semanas, contando con “cuatro meses” de gestación; aspecto que fue puesto en conocimiento de la referida entidad mediante oficios CITE: OFM/372/2021-2022 de 21 de abril y CITE: OFM/001/2022-2023 de 4 de mayo, ambos de 2022, motivo por el cual solicitó la regularización y cobro de los subsidios en favor de su hijo por nacer; y, a través del segundo oficio, pidió que, en virtud del DS 0012, se aplique la inamovilidad laboral en protección del interés de dicho ser en gestación (Conclusión II.3). Finalmente, se constató que Elena Aine Espinoza, Francisco Otalora Ticona, Pedro Andrés Badran León y Julieta Veizaga Guevara, fungiendo como Presidenta, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Primera Secretaria respectivamente, todos de la Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba ahora demandados, mediante Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/001/2022-2023 de 6 de mayo de 2022, resolvieron dejar sin efecto la Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022, de nombramiento del demandante de tutela como Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, de la legislatura 2021-2022, efectivizando la misma a partir de igual data -6 de mayo de 2022- a horas 16:00 (Conclusión II.4). En ese contexto, antes de ingresar al análisis de la problemática, es menester resaltar que en mérito a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la abstracción del principio de subsidiariedad en los casos de grupos vulnerables, se tiene que no es indispensable que el hoy peticionante de tutela -padre progenitor- con carácter previo agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como transgredidos, habida cuenta que al tratarse de aspectos formales que rigen esta acción de defensa, éstos merecen protección inmediata eludiendo esa exigencia procesal; consecuentemente, corresponde ingresar al examen de fondo del caso. Ahora bien, acorde al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se comprende que si bien las mujeres embarazadas, padres y madres progenitores gozan de inamovilidad hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, protección que alcanza a los funcionarios del sector público y privado; empero, dicha garantía no puede ser aplicada a todos los casos, pues no todos los funcionarios públicos cuentan con las mismas características, distinción expresada en el art. 233 de la CPE, cuando indica que: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”; en ese mismo orden, el art. 5 inc. b) del Estatuto del Funcionario Público (EFP), determinó que los: “Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto” (las negrillas fueron añadidas); al respecto, la SCP 1521/2012 de 24 de septiembre, precisó las características que rigen a este tipo de servidores públicos: “i) Designados directamente por una autoridad elegida democráticamente o por una autoridad elegida por intermediación democrática; ii) Son designados por sus cualidades personales y profesionales en beneficio de los intereses del Estado; iii) Realizan labores de dirección y coordinación con las autoridades elegidas democráticamente”; en dichas circunstancias, la naturaleza de ese sector de la función pública es la flexibilidad, traducida en la posibilidad de ser removidos libremente, a efectos de evitar el entorpecimiento del normal desarrollo de las instituciones estatales, que puedan verse afectadas cuando se mantiene en un cargo jerárquico a un funcionario que no goza de la confianza o no responde a las exigencias profesionales de la autoridad electa democráticamente o por intermediación democrática. Estos elementos constituyen un límite a la inamovilidad laboral en el caso descrito. Compulsando lo referido supra con los antecedentes anexados al expediente remitido en revisión, se advierte que el hoy impetrante de tutela a través de Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022 fue designado Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba; es decir, por autoridades electas democráticamente, para ejercer un cargo jerárquico por las cualidades personales y profesionales que poseía; bajo ese contexto, la nueva Directiva a la cabeza de Elena Aine Espinoza, mediante Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/001/2022-2023 determinó dejar sin efecto la precitada Resolución de Directiva ALDC/DIR/RD/036/2021-2022, siendo efectiva la cesación del accionante a partir de la fecha de su emisión -6 de mayo de 2022-; extremo que en virtud de lo referido precedentemente no se constituye en un elemento vulnerador de sus derechos como alega el solicitante de tutela, pues dadas las características que hacían al cargo que ocupaba -servidor público designado-, éste no gozaba de inamovilidad laboral por ser padre progenitor. Entendimiento asumido por este Tribunal de manera uniforme a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0587/2018-S3, 0385/2019-S2 y 0242/2021-S2, entre otras. A pesar de lo referido precedentemente, no es posible soslayar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referido a la protección del ser en gestación y de los niños hasta que cumplan un año de edad; pues la normativa -contenida en la Constitución Política del Estado, el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niña, Niño y Adolescente-, y jurisprudencia constitucional citada en dicho acápite, estatuye que sus derechos a la vida, a la salud, al desarrollo integral, a la seguridad social y a la alimentación, gozan de protección reforzada, lo que conlleva que durante los periodos de gestación y luego de nacido hasta que el menor cumpla el año de vida, con el propósito de efectivizar dichos derechos, el Estado deba estar alerta a que los derechos laborales de sus padres o progenitores, entre ellos, el de la inamovilidad, sean debidamente observados por el empleador, en cuya virtud accedan a los beneficios que les provee la seguridad social, como las asignaciones familiares; consiguientemente, en el presente caso corresponde la otorgación de dichas asignaciones, conforme a ley; pues como se tiene acreditado y ampliamente expuesto, el hoy solicitante de tutela fue destituido del cargo Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba cuando su pareja se encontraba en estado de gravidez. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 236 a 240, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a las asignaciones familiares y al seguro social para el hijo menor de un año del accionante, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional y los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela respecto a la inamovilidad laboral. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0774_2023-S2.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 831431c715e3cf44dffb268763688ff7c4f0ef89da626c717f60616a40aec8bf
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