Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada, por providencia de 7 de junio de 2021 condicionó el trámite de constitución de fiadores hasta la devolución del legajo de apelación del Auto de cesación de detención preventiva, sin tomar en cuenta, que el recurso de apelación incidental que interpuso no tiene efecto suspensivo; y, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no resolvió el recurso de reposición planteado el 8 del mismo mes y año, en contra de la indicada providencia; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga que la Jueza demanda resuelva el recurso de reposición presentado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad innovativa; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y la dilación indebida; iii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iv) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 47/2021 de 16 de junio, cursante de fs. 34 a 41, pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad demandada a cumplir con el procedimiento y los plazos legales en la tramitación de las causas que se encuentran a su cargo. 3° Disponer que, a través de la Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se notifique con el presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura para la investigación sobre la fecha de la emisión del Auto que resuelve el recurso de reposición.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0774/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 40993-2021-82-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 47/2021 de 16 de junio, cursante de fs. 34 al 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Manuel Antonio Ajno Miranda contra Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital, ambos de departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 15 de junio de 2021, cursante de fs. 3 a 4, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 8 de junio de 2021 planteó un recurso de reposición contra la providencia de “4” del mismo mes y año, emitida por la autoridad demandada, a través de la cual rechazó la constitución de fiadores personales como medida cautelar impuesta, alegando que aún no se había remitido el cuaderno de apelación, lo cual constituiría un impedimento para el señalamiento de la audiencia, sin considerar que dicho recurso tiene un efecto “no suspensivo”, y que se trata de una persona con detención preventiva internado en un nosocomio. Contra la decisión presentó recurso de reposición, mismo que no fue resuelto en el plazo de veinticuatro horas establecido por ley, ocasionando dilación indebida, máxime si necesita cuidados médicos especializados.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, y al debido proceso en su componente de principio de celeridad, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se conmine a la Jueza demandada, resuelva el recurso de reposición planteado el 8 de junio de 2021.
Efectuada la audiencia pública el 16 de junio de 2021, según acta de fs. 30 a 33 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado patrocinante, ratificó el contenido de la acción presentada y complementando señaló lo siguiente: Del informe del secretario, leído en audiencia, se tiene que la autoridad accionada, después de una semana, recién habría señalado audiencia de constitución de fianza personal, ya que hasta el momento de presentación de la acción de libertad el día 15 de junio de 2021, la Jueza demandada no emitió la resolución correspondiente; en consecuencia, solicita se conceda la tutela.
Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Poopó, en suplencia legal de su similar Quinto de la Capital, ambos del departamento de Oruro, mediante informe escrito, cursante a fs. 11 a 12, informó lo siguiente: a) Mediante Auto de 20 de mayo de 2021 se dispuso la cesación a la detención preventiva del imputado y se le otorgó medidas cautelares de carácter personal; b) El accionante planteó apelación incidental el 21 del mismo mes y año; posteriormente, el 4 de junio del indicado año, solicitó señalamiento de audiencia de constitución de garantes, y mediante providencia de 7 del referido mes y año -demostrando deslealtad procesal y evidente intención de hacer incurrir en error a la autoridad jurisdiccional, provocando además pronunciamientos eventualmente cruzados y doble costo al órgano judicial- (sic), resolvió posponer el tratamiento de lo pedido a la devolución del testimonio de apelación; y, c) El accionante el 8 de junio de 2021, interpuso recurso de reposición contra la providencia citada y el 9 del referido mes y año, se emitió el Auto Interlocutorio debidamente motivado, por el cual dispuso la revocatoria de la providencia recurrida en reposición, señalándose al efecto la audiencia conforme a lo previsto en el art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 47/2021 de 16 de junio, cursante de fs. 34 a 41, concedió la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Por Auto Interlocutorio 342/2021 de 20 de mayo, se dispuso la cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela, otorgándole otras medidas cautelares, entre ellas la fianza personal de dos garantes fiables y abonables a constituirse en audiencia; decisión contra la cual, el accionante activó el recurso de apelación incidental. Estando radicada la alzada ante Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el impetrante de tutela, el 4 de junio de 2021, solicitó a la Jueza demandada la fijación de la audiencia de constitución de fiadores; en respuesta a dicho pedido, por decreto de 7 del mismo mes y año, la autoridad demandada pospuso el trámite hasta la devolución del testimonio de apelación. El accionante reclamó el cumplimiento del efecto no suspensivo del recurso de apelación y que el recurso de reposición que interpuso no fue resuelto dentro de las veinticuatro horas establecidas por Ley; 2) Respecto al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional reiterada exige: 2.i.) Que para activar la acción de libertad el acto lesivo debe estar vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción; elemento que en el presente caso concurre, puesto que si bien es cierto que se otorgó cesación a la detención preventiva del imputado, esta se encontraba supeditada al cumplimiento de requisitos entre ellos la fianza, por lo que se evidenció que la Jueza demandada no aplicó correctamente el Código de Procedimiento Penal, ya que la competencia del juez no se encuentra condicionada hasta los resultados del Auto de Vista, por lo que concurre la primera causal de la restricción del derecho a la libertad; 2.ii) Respecto al segundo requisito que exige un estado absoluto de indefensión, es decir que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso penal. Evidentemente, el accionante presentó un recurso de reposición que debió haber sido resuelto dentro de las veinticuatro horas; lo que hubiera permitido reconducir a la legalidad o mantener la decisión, empero mediante una resolución fundamentada; lo cual hubiera otorgado el derecho al accionante de impugnar esa resolución a objeto de que una Sala del Tribunal Departamental de Justicia, determine si el razonamiento de la Jueza de primera instancia era o no el correcto; empero, al no existir esta resolución y al no habérsela emitido dentro del plazo legal, no solo se vulneró el principio de celeridad, prontitud y oportunidad, como componentes del debido proceso sino, que se ha sometido al accionante a un estado absoluto de indefensión; impidiéndole acudir a la justicia a objeto de obtener un pronunciamiento idóneo, adecuado y legal sobre su pedido de reposición, por lo que el único medio que tiene el accionante es la acción de libertad que se está analizando; 3) Si bien la autoridad judicial hace conocer en su informe que se emitió el Auto de 9 de junio del 2021 mediante el cual se revocó la providencia recurrida, señalándose audiencia, empero ello no configura el hecho superado, dado que si bien se ha establecido que en el cuaderno de control jurisdiccional cursa el mismo aparentemente realizado la fecha indicada, que se halla registrada a fs. 1058 en el libro de Tomas de Razón, y que cursan en el cuaderno procesal las notificaciones; empero se puede observar los siguientes elementos que hacen dudosa y cuestionable, por no decir indebida o ilegal el accionar de la autoridad demandada. No existe las notificaciones mediante ciudadanía digital con el referido Auto, siendo que las notificaciones se refieren al Auto de 15 de junio del 2021, el cual no existe físicamente en el cuaderno de control jurisdiccional. Si se quisiera entender que se trata de la misma resolución, esta fue notificada a Manuel Antonio Ajno Miranda el 15 de junio del 2021, a horas 14:40; y la Jueza demandada fue notificada con la presente acción de tutela en la misma fecha, a horas 12:22; es decir con anterioridad a la presunta notificación con el Auto que resuelve el recurso; por lo que al no haberse notificado con dicha decisión con anterioridad a la notificación de la acción de libertad, no concurre la doctrina del acto superado en este caso. En función al principio de verdad material, se ha recurrido al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) a objeto de verificar la secuencia de los actos procesales, habiéndose advertido las siguientes irregularidades o incoherencias: De acuerdo al reporte remitido por el SIREJ, el 8 de junio a horas 11:25 fue recibido el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; posteriormente dicho memorial fue remitido al despacho judicial el mismo día a horas 18:12. Luego se han dado actuados judiciales que han derivado en la emisión del Auto de Vista emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y sin otro actuado previo, aparece el 15 de junio del 2021, a horas 12:31, el registro de un Auto por el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; llamando la atención del Tribunal, que dicho Auto haya sido generado por la cuenta de usuario del Juez titular de este despacho, WGR01, es decir William García Ríos, cuando quisieran entender que esta resolución ha sido emitida por la ahora Jueza demandada con la cuenta que le ha sido otorgada a dicha funcionaria para justificar la suplencia legal. Además, el Auto de la referida fecha fue emitido sin que el expediente hubiera sido remitido a despacho por secretaría de este juzgado. Tanto las notificaciones a las partes, como la emisión de la orden de salida, y el Auto que aparentemente fue emitido el 15 de junio del 2021 y no así del 9 del mismo mes y año, fueron emitidos sin que previamente se hubiera remitido al despacho del Juez por parte del Secretario del juzgado. No existe constancia en el reporte sobre la emisión del Auto de 9 de junio del referido año, y resulta incomprensible que el Auto que data del 15 del mismo mes y año, se halle suscrito por la autoridad demandada, no obstante que la suplencia cesó el 14 del indicado mes y año; lo que hace cuestionable la competencia y legalidad de ese actuado; 4) La Jueza demandada no ha acreditado que no vulneró el derecho a la libertad “en su componente del debido proceso” (sic) por no haber emitido la resolución dentro del plazo de Ley, lesionando ese derecho ya que su actuación debió haber sido pronta y oportuna; habiéndose lesionando también el derecho a la defensa, al no permitir al accionante activar otra vía, acreditándose la dilación en la omisión de la resolución, por lo que los argumentos de la presente acción de libertad son tutelables; y, 5) La SCP 0995/2019, establece la falta de competencia del Tribunal para cuestionar la legalidad de la resolución judicial que revoca la providencia que ha sido observada de ilegal, sin embargo en cuanto a la acción de libertad innovativa el Tribunal Constitucional ha establecido que el propósito no solo es reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino, evitar y advertir a las autoridades y sociedad en su conjunto que contravienen el orden constitucional, por lo que es aplicable en el presente caso, para exhortar a las autoridades judiciales y al titular del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, como a la autoridad demandada para no reiterar conductas que atentan contra los derechos y las garantías constitucionales de los justiciables.
Por decreto constitucional de 20 de julio de 2022, cursante a fs. 48, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio de 2023, cursante a fs. 53; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.
II.1. Cursa memorial de 4 de junio de 2021, presentado por Manuel Antonio Ajno Miranda, por el cual solicita señalamiento de audiencia de constitución de fianza en virtud a lo establecido por el art. 243 de la Ley 1970- Código de Procedimiento Penal- (Fs. 19). II.2. Mediante decreto de 7 del mismo mes y año, la Jueza demandada señala:
“que con carácter previo a resolver lo que en derecho corresponda la parte debe aguardar a la devolución del testimonio de apelación” (Fs. 20). II.3. Por escrito de 8 de junio de 2021 presentado por Manuel Antonio Ajno Miranda, se interpone recurso de reposición en contra de la providencia de 7 del referido mes y año, emitida por la autoridad demandada (Fs. 2 vta.). II.4. A través Auto Interlocutorio 411/2021 de 9 de junio, se resuelve el recurso de reposición, presentado por el accionante y dispone revocar la providencia de 7 de junio de 2021, señalando al efecto audiencia de consideración de constitución de garantía personal para el día 16 del señalado mes y año a horas 09:50 (Fs. 23 y vta.). II.5. Cursa captura de pantalla del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) con código único 401502012101015 por el ilícito de Homicidio en accidente de Tránsito, por el cual se evidencia una notificación de partes de 15 de junio de 2021 con Auto no identificado (Fs. 24).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada, por providencia de 7 de junio de 2021 condicionó el trámite de constitución de fiadores hasta la devolución del legajo de apelación del Auto de cesación de detención preventiva, sin tomar en cuenta, que el recurso de apelación incidental que interpuso no tiene efecto suspensivo; y, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no resolvió el recurso de reposición planteado el 8 del mismo mes y año, en contra de la indicada providencia; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga que la Jueza demanda resuelva el recurso de reposición presentado. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad innovativa; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y la dilación indebida; iii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iv) Análisis del caso en concreto.
La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:
El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubreestableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras.
Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales:
Primero. - Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo. - En los casos, en que, presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero. - En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma.
La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.
En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.
Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio-con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas 6El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 7El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-pues, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la detención preventiva es dispuesta por una autoridad judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y debido proceso; toda vez que, la autoridad demandada, por providencia de 7 de junio de 2021 condicionó el trámite de constitución de fiadores hasta la devolución del legajo de apelación del Auto de cesación de detención preventiva, sin tomar en cuenta, que el recurso de apelación incidental que interpuso no tiene efecto suspensivo; y, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no resolvió el recurso de reposición interpuesto el 8 del mismo mes y año, en contra de la indicada providencia. Conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional procede la acción de libertad -en la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; si bien, el propósito de la acción de libertad innovativa, está, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; y en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; por lo cual, la autoridad demanda en lo posterior debe tomar las medidas necesarias para que no ocurra privaciones de libertad ilegales. Dicho entendimiento resulta aplicable en el caso que se examina, puesto que si bien la autoridad demandada, por Auto Interlocutorio 411/2021, ya señaló audiencia de consideración de constitución de garantía personal y así mismo resolvió el recurso de reposición interpuesto por el peticionante de tutela contra la providencia de 7 de junio del 2021; con lo cual ya se habría cumplido lo reclamado en la presente acción de tutela; corresponde examinar el fondo de la denuncia, por medio de la acción innovativa. Ingresando al fondo respecto a la denuncia de que la Jueza demandada por providencia de 7 de junio de 2021 condicionó el trámite de constitución de fiadores hasta la devolución del legajo de apelación del Auto de cesación de detención preventiva, cabe precisar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales ante dilaciones indebidas protegiendo los principios de celeridad y respeto a los derechos, puesto que cuando se tiene una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, toda autoridad o funcionario tiene el deber de tramitarlo con la celeridad debida o cuando menos dentro del plazo razonable. En ese marco, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, cuando se tiene una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar el pedido con la celeridad debida o cuando menos dentro del plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva. En el caso en examen, tal como se precisa en las conclusiones del presente fallo constitucional, mediante memorial de presentado 4 de junio de 2021, el imputado Manuel Antonio Ajno Miranda, ahora peticionante de tutela, solicitó el señalamiento de audiencia de constitución de fianza en virtud a lo establecido por el art. 243 de la Ley 1970 (Conclusión II.1). Respondiendo a dicho pedido, la Jueza demandada, mediante decreto de 7 del mismo mes y año, determinó: “que con carácter previo a resolver lo que en derecho corresponda la parte debe aguardar a la devolución del testimonio de apelación” (Conclusión II.2). Dicha determinación, vulnera el derecho al debido proceso en su componente de principio de celeridad, puesto que dilata indebidamente el pronunciamiento del pedido de señalamiento de audiencia formulado por el imputado, ahora accionante, ya que desconoce que la apelación incidental contra las resoluciones sobre medidas cautelares tiene efecto no suspensivo, tal como lo prevé el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que establece:
La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. (el resaltado es añadido)
Lo cual implica que la resolución impugnada puede ser ejecutada inmediatamente sin esperar las resultas de la alzada. Por consiguiente, es evidente la dilación indebida en la que incurrió la autoridad judicial demandada, en razón a que no es legalmente válida la justificación esgrimida para no considerar la solicitud del impetrante de tutela y efectivizar la nueva medida cautelar dispuesta con la consiguiente cesación a la detención preventiva. Consecuentemente, la demora advertida vulnera el derecho al debido proceso en su componente de principio de celeridad; así como el derecho a la libertad personal del imputado; razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada; empero a través de la acción de libertad innovativa, puesto que –se reitera- que ya se ha producido el señalamiento impetrado por el peticionante de tutela. Respecto, a la denuncia sobre falta de pronunciamiento sobre el recurso de reposición contra la providencia de 7 de junio del 2021, cabe precisar que, en cuanto al trámite y resolución del recurso de reposición, el art. 402 del CPP, establece:
Este recurso se interpondrá fundamentadamente, por escrito, dentro de veinticuatro horas de notificada la providencia al recurrente y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias. El juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, sin recurso ulterior. En el caso que se examina, conforme se da cuenta en la Conclusión III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el imputado, ahora accionante, planteó recurso de reposición contra la providencia de 7 de junio del 2021, mediante escrito presentado el 8 del indicado mes y año. Si bien es cierto que la autoridad demandada, en su informe da cuenta que el 9 del referido mes y año se emitió el Auto Interlocutorio que dispuso la revocatoria de la providencia recurrida en reposición y que se ha señalado audiencia pública (Conclusión II.4); empero, existen incoherencias en los actuados que no permiten dar por desvirtuada la denuncia formulada por el accionante; ya que, del reporte del sistema SIREJ (Conclusión II.5), se advierte que la referida fecha, no figura ninguna resolución; y que es el 15 del mismo mes y año, a horas 12:31, que se registra un Auto, sin especificación; y asimismo que la notificación por ciudadanía digital, fue efectuada a horas 14:40 del mismo día, con el Auto de esa fecha. Consecuentemente, al no estar acreditado fehacientemente que la autoridad demandada efectivamente hubiera resuelto el recurso de reposición dentro de las veinticuatro horas que prevé la norma procesal penal precitada, puesto que con dicha determinación ha sido notificado el peticionante de tutela a los siete días de haber interpuesto su recurso; resulta evidente que la Jueza demanda, ha incurrido en dilación indebida que vulnera el derecho al debido proceso en su componente de principio de celeridad, toda vez que ha demorado indebidamente la revisión de su decisión de no señalar la audiencia de constitución de fianza; acto lesivo que asimismo vulnera el derecho a la libertad, puesto que con dicha dilación se ha retardado indebidamente la materialización de libertad del accionante; razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada; igualmente por medio de la acción de libertad innovativa. Finalmente, dadas las incoherencias advertidas respecto a la fecha de emisión del Auto que resuelve el recurso de reposición, corresponde que ese hecho sea investigado en la vía disciplinaria del Consejo de la Magistratura. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, aun cuando con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 47/2021 de 16 de junio, cursante de fs. 34 a 41, pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad demandada a cumplir con el procedimiento y los plazos legales en la tramitación de las causas que se encuentran a su cargo. 3° Disponer que, a través de la Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se notifique con el presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura para la investigación sobre la fecha de la emisión del Auto que resuelve el recurso de reposición. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 2El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
8 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0774_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebcf332862976bf306f8c9c8f5a419a477c1ba89cfb3147d152e3f06f9f3f2f4
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