Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de noviembre de 2024
Deniega la tutela
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; toda vez, que la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, incurrió en las siguientes ilegalidades: 1) Fundó su decisión en elementos subjetivos, pues sostuvo la concurrencia del peligro efectivo para la víctima basado en sesgos de género, desnaturalizando la SCP 0001/2019-S2 de 15 d enero y SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto; y, 2) Pese que solicitó en su apelación, se aplique el test de proporcionalidad, considerando que existen otras medidas cautelares como la detención domiciliaria, presentación ante el Ministerio Publico, fianza personal, etc., que cumplen con la finalidad del art. 221 del CPP; no mereció pronunciamiento al respecto. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 AL de 16 de julio, cursante de fs. 43 a 48, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0773/2024-S4 Sucre, 12 de noviembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49070-2022-99-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 30/2022 AL de 16 de julio, cursante de fs. 43 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Anthony Herrera Marca, Abimael Llanos Callasuca y Luis Ariel Gutiérrez Gómez en representación sin mandato de Anselmo Marcani Choque contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 15 de julio de 2022, cursante de fs. 1 a 10, el accionante a través de sus representantes sin mandato manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito violación en grado de tentativa, fue dispuesta su detención preventiva, determinación que fue objeto de apelación, mereciendo el Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, emitido por la autoridad –ahora demanda–, quién confirmó el fallo apelado manteniendo de forma arbitraria su detención preventiva, con argumentos subjetivos, pues sostuvo la concurrencia del peligro efectivo para la víctima, estableciendo que por el simple hecho de ser hombre y la presunta víctima mujer y menor de edad, automáticamente existe vulnerabilidad y desventaja por lo que debía guardar detención preventiva, sin identificar razonablemente ningún elemento de convicción que acreditó su concurrencia, realizando sólo una invocación del relato de la víctima, que ya fue utilizada para acreditar la probabilidad de autoría. Añadió que, el fundamento de la construcción de dicho riesgo resulta de imposible enervación pues para ello tendría que demostrar haber dejado de ser hombre o la presunta víctima menor de edad, aspectos que no son concebidos en un estado de derecho; máxime, cuando tampoco se aplicó el principio de proporcionalidad a fines de ponderar la aplicación de otra medida menos gravosa, como fue solicitado en su apelación, razones por las cuales considera que el fallo confutado incurre en motivación arbitraria al sostenerse en fundamentos retóricos; asimismo, señaló que la autoridad demandada desnaturalizó lo dispuesto en la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, pues el razonamiento del máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, no establece que la condición de género resulta fundamental para determinar la concurrencia del aludido riesgo procesal, sino que al tratarse de victimas mujeres aplicando el enfoque interseccional, perspectiva de género y protección reforzada es que la autoridad jurisdiccional debe realizar una ponderación del comportamiento del presunto agresor antes y después de cometer el presunto delito, si medió alguna situación de ventaja sobre la voluntad de la víctima, a fines de determinar si dichos extremos ponen en situación de vulnerabilidad y desventaja a la misma, para en consecuencia tomar las medidas necesarias para evitar hostigamientos o nuevos ataques hacia ésta o sus familiares, pues el motivo de la resolución de fondo del citado fallo constitucional, es sostenido en situaciones concretas, no simplemente porque la víctima es mujer, menor de edad, persona gestante y el imputado varón, "que no es lo mismo la fuerza de un hombre con la fuerza de una mujer", dejando en absoluta indefensión al imputado ya que de permanecer así, nunca podría mejorar su situación jurídica salvo demuestre su inocencia. Por lo que quedaba claro que en base a la sentencia de referencia, el juzgador al momento de determinar la detención preventiva, está obligada a realizar una ponderación a través del principio o test de proporcionalidad, analizando el caso de fondo a fines de determinar si es justificable y necesaria la restricción del derecho a la libertad, que debe tener carácter excepcional, ya que en ningún momento se estableció que la regla para garantizar la protección priorizada a la víctima sea la detención preventiva y la libertad como excepción, más al contrario indican que se deben adoptar las medidas que sean necesarias a fines de evitar posibles hostigamientos o nuevos ataques, por lo que por más que se trate de un delito de agresión sexual y de silencio como lo hizo notar la autoridad demandada, ello no implica un óbice para que se realice el test de proporcionalidad, considerando que existen otras medidas cautelares como la detención domiciliaria, presentación ante el Ministerio Publico, fianza personal, etc., que cumplen con la finalidad del art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, el mismo no fue cumplido por el demandando, pese a que expresamente solicitó ello. Finalizó señalando que lo obrado se traduce en un indebido procesamiento vinculado con la indebida restricción de su derecho a la libertad, al carecer el Auto de Vista confutado de motivación y fundamentación, aspecto tutelable por medio de esta acción de defensa.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, alegó como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23, 115.II y 117.I de la CPE; 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8,10, 11, 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se restituya su derecho a la libertad, presunción de inocencia, debido proceso, ya que no corresponde la detención preventiva al no encontrarse debidamente acreditado el peligro de fuga del art. 234.7 del CPP, y por no aplicarse el test de proporcionalidad como manda la SCP 0340/2019-S3; y, b) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, y se disponga la emisión de nuevo fallo que deje sin efecto su detención.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 42, presente el accionante asistido de su abogado y los terceros interesados, ausente la autoridad demandada y el Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos esgrimidos en el memorial de acción de libertad, y ampliándola señaló que: 1) “si bien se han identificado como agravios como respecto a la probabilidad de autoría, sin embargo ahora haciendo una revisión del Auto de Vista identificamos aspectos que realmente inciden en una indebida motivación y fundamentación” (sic), pues en cuanto al peligro efectivo para la víctima utilizó como base la SCP 0001/2019- S2 de 15 de enero, como también la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, haciendo simplemente mención a un enfoque interseccional, protección especial en casos donde se identifique una víctima mujer; por lo que si bien de ninguna forma desconoce dichos fallos constitucionales; sin embargo, el contenido de los fundamentos de la ratio decidendi no establece que deba aplicarse como regla la detención preventiva, como tampoco determina que que al identificarse que la víctima es mujer y menor de edad, éste sea un parámetro suficiente para determinar la vulnerabilidad o la desventaja, lo que incide precisamente en la diferencia de género, cuando la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero y la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, en el fondo disponen que en ese tipo de delitos, la autoridad no solamente puede exigir antecedentes penales o algún documento idóneo que determine que el imputado realmente representa un peligro, si no que permite incidir naturalmente en los antecedentes del caso, y también en el comportamiento del imputado antes y después de la comisión del presunto delito, efectuando una ponderación de medidas que garanticen de que la víctima de ninguna forma pueda ser revictimizada, en ningún momento se determina que la detención preventiva es la regla en este tipo de casos, incluso en el análisis de fondo de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, dispone que la actitud del imputado en su condición de profesor constituye verdaderamente un peligro para la sociedad y para la víctima por la influencia que tuvo con la menor en el momento que regentaba en su condición de profesor, lo que demuestra una situación en la que el imputado puede sacar ventaja; no establece que, por ser hombre ya representa una situación de vulnerabilidad ante la víctima, incluso este mismo fundamento jurídico respecto a este riesgo procesal fue contenido en la SCP 0950/2019-S2, que fue enriquecido a través de la interpretación del máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, indicando que se debe identificar y considerar la situación de vulnerabilidad y desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, debiendo identificar la concurrencia de engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de otra situación que saque ventaja de la vulnerabilidad con la que se configura el delito y la dependencia psicológica del agresor refiriéndose a la víctima; asimismo, la SCP 0608/2020-S4, usa como base el fallo fundador que radica en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que en el análisis de fondo establece que al haberse dispuesto la detención domiciliaria del imputado en el inmueble que se encontraba al lado del domicilio de la víctima, incidió en una medida revictimizadora; siendo ese el verdadero espíritu que se reclama, que la autoridad demandada tenía la obligación no solamente identificar el género sino analizar cuál la situación objetiva o materialmente demostrable a través de la que sacaría ventaja, lo que no sucedió; y, 2) Se tiene una decisión emitida que confirma la aplicación de la medida extrema de la detención preventiva que incide directamente en su derecho a la libertad en razón que no se fundamentó de forma objetiva porque concurriría el numeral 7 del art. 234 del CPP y también por la omisión de no aplicación del test de proporcionalidad; argumentos en torno a los cuales solicitó se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, disponiendo que la autoridad demandada emita nuevo fallo tomando en cuenta el razonamiento a desarrollar respecto a lo que establece el numeral 7 del art. 234 del adjetivo penal, además de haberse identificado que no se aplicó el test de proporcionalidad como manda la SCP 0340/2019, por lo que impetró también que se ordene que la emisión sea en el plazo de veinticuatro (24) horas.
Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe de 16 de julio de 2022, cursante de fs. 27 a 28 de obrados, manifestó que: i) Se dispuso la detención preventiva del imputado al haberse demostrado de manera simultánea la probabilidad de autoría y la concurrencia del riesgo de fuga, estableciéndose además el plazo de duración de la medida cautelar; ii) Conforme los alcances del art. 398 del CPP, hizo la revisión de la resolución del a quo, respecto a los agravios denunciados por el recurrente, referidos básicamente a la inadecuada valoración de los elementos de prueba consistentes en el certificado médico y la declaración de la víctima, así como una inadecuada fundamentación y valoración de los elementos de convicción en relación al riesgo de fuga del art. 234 del núm. 7 del citado código y finalmente a la desproporcionalidad del plazo de duración de la detención preventiva solicitando dos meses de detención, respondiendo fundadamente a cada uno de ellos, explicando didácticamente las razones de la decisión; iii) En esta acción tutelar el impetrante de tutela denuncia que el Auto de Vista en cuestión vulneró su derecho a la libertad; aseveración que resulta absolutamente irracional, pues el mismo se encuentra sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa, cuya situación procesal fue resuelta por autoridad competente en base al requerimiento del Ministerio Público, restringida provisionalmente dentro los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; iv) Conforme la jurisprudencia constitucional, el Juez o Tribunal de garantías sólo puede analizar la interpretación efectuada por jueces y tribunales ordinarios, cuando se impugna esa labor por irrazonable, siendo necesario que el recurrente al cuestionar tal interpretación, explique los motivos por los cuales considera que dicha labor resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, así como precisar los derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre estos y la interpretación impugnada, para adquirir relevancia constitucional; v) El accionante no acreditó ninguna de las causales de procedencia de la acción de libertad, pues no demostró que su vida esté en peligro o que esté indebidamente perseguido, preso, procesado o privado de libertad; y, vi) El Auto de Vista cuestionado, se encuentra debidamente fundamentado y de ninguna manera vulnera los derechos del impetrante de tutela, ya que en todo caso tiene a su disposición los mecanismos legales para cambiar su situación jurídica; argumentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Carlos Mamani en representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en audiencia manifestó que el impetrante de tutela a momento de interponer la presente acción de defensa no precisó si su vida se encuentra en peligro, si esta ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad personal; por otro lado, refirió que la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, fue basado en la protección reforzada que le asiste a la víctima, quien es mujer y menor de edad, conforme los parámetros establecidos en la SCP 0001/2019-S2 y los instrumentos internacionales como la Convención Belén Do Pará y CEDAW, habiéndose en ese marco realizado una correcta valoración de su concurrencia, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. Elizabeth Oyola Gutiérrez, abogada de la víctima, no se presentó informe ni se apersonó a audiencia pese a su notificación cursante de fs. 20 a 21 de obrados.
Cursa diligencia de notificación al Ministerio Público a fs. 19; no obstante, dicha entidad no participó de la audiencia dentro de esta acción de libertad, ni presentó informe escrito alguno.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 30/2022 AL de 16 de julio, cursante de fs. 43 a 48, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista18 de marzo de 2022, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, pues hizo referencia a la vulnerabilidad de la víctima que es mujer por lo que frente a esa situación debía aplicarse el control de convencionalidad y de constitucionalidad; y, b) La autoridad demandada hizo una correcta lectura de los antecedentes y lo que ocurrió, pues la víctima es mujer, menor, adolescente, en cuyo contexto las recomendaciones, tanto la Constitución como las Convenciones Internacionales como Belem Do Para, CEDAW, etc., hacen mención especial que se debe atender con prioridad a grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes, ancianos, gente en situación de calle, no habiéndose vulnerado ningún derecho como alegó el solicitante de tutela, pues se hizo un balance de proporcionalidad entre derechos y garantías de ambos, mereciendo la menor víctima atención especial.
Por Decreto Constitucional de 2 de septiembre de 2024, cursante a fs. 53, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo con la finalidad de obtener documentación complementaria; en consecuencia, al haberse recibido la información solicitada, se dispuso la reanudación mediante decreto de 1 de noviembre del mismo año (fs. 73); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través de Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí compuesto por el Vocal ahora demandado, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por Anselmo Marcani Choque hoy accionante, en consecuencia, confirmó el fallo apelado (fs. 64 a 67).
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; toda vez, que la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, incurrió en las siguientes ilegalidades: 1) Fundó su decisión en elementos subjetivos, pues sostuvo la concurrencia del peligro efectivo para la víctima basado en sesgos de género, desnaturalizando la SCP 0001/2019-S2 de 15 d enero y SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto; y, 2) Pese que solicitó en su apelación, se aplique el test de proporcionalidad, considerando que existen otras medidas cautelares como la detención domiciliaria, presentación ante el Ministerio Publico, fianza personal, etc., que cumplen con la finalidad del art. 221 del CPP; no mereció pronunciamiento al respecto. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que: i) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, ii) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ésta –y no el imputado– la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia –Ley 348 de 9 de marzo de 2013–, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
El enfoque interseccional La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, ha establecido que: “El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: ‵…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...´. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: `…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…´. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (`Campo Algodonero´) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre: 139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como `reprochable o reprobable jurídicamente´, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción `tradicional´ sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual…´” (las negrillas son nuestras).
El accionante identifica como vulnerados los derechos invocados en esta acción tutelar, manifestando que, la autoridad ahora demandada al emitir el Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Fundó su decisión en elementos subjetivos, pues sostuvo la concurrencia del peligro efectivo para la víctima basado en sesgos de género desnaturalizando la SCP 0001/2018-S2 de 15 de enero y SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto; y, b) Pese que solicitó en su apelación, se aplique el test de proporcionalidad, considerando que existen otras medidas cautelares como la detención domiciliaria, presentación ante el Ministerio Publico, fianza personal, etc., que cumplen con la finalidad del art. 221 del CPP; no mereció pronunciamiento. De los antecedentes cursantes en obrados, consta la existencia del Auto de Vista de 18 de marzo de 2022, a través del cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí compuesto por el Vocal ahora demandado, declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el hoy impetrante de tutela, en consecuencia, confirmó el fallo apelado (Conclusión II.1). Ahora bien, teniendo presente el contexto en el que se desenvuelven las problemáticas traídas a materia, corresponde ingresar a conocer el contenido del fallo en cuestión; en cuyo marco, se tiene que la autoridad demandada: 1) En el primer Considerando, se refirió a la expresión de agravios deducida por el impetrante de tutela, consistente en: i) Inadecuada valoración de los elementos de prueba tanto del certificado médico como de la declaración de la víctima, incumpliéndose con el imperativo del art. 124 del CPP, respecto a una adecuada y debida fundamentación de la resolución del Juez a quo; ii) Inadecuada fundamentación y valoración de los elementos de convicción con relación al riesgo de fuga del art. 234 del núm.7 del citado cuerpo legal; y, iii) Finalmente en relación a la duración del tiempo de la detención preventiva, reclamó que es desproporcional; por lo que, debía ser determinado en dos meses, argumentos bajo los cuales solicitó se revoque la resolución apelada y en consecuencia se aplique medidas cautelares descritas en el art. 231 bis del adjetivo penal; 2) En cuanto al primer agravio, señaló que los delitos de agresión sexual contra mujeres, son denominados por la doctrina como delitos de silencio, pues en ese acto violatorio, interviene únicamente el sujeto activo que es el agresor y la víctima, siendo estos hechos excepcionalmente dados en concurrencia de testigos presenciales; en el caso la teoría fáctica de los hechos expuesta por el Ministerio Público, fue tomada en cuenta por el Juez de origen a momento de resolver la situación procesal, no habiendo existido entre el presunto agresor y la víctima ninguna relación ni amistad, pero aprovechando la soledad en la que se encontraba la víctima, ingreso furtivamente por la ventana rompiendo la ventana, apagó la luz y se lanzó inmediatamente sobre la víctima que se encontraba durmiendo. Siendo por ello importante tomar en cuenta que en los delitos contra la libertad sexual, al momento resolver la situación procesal, la probabilidad de autoría debe responder a la existencia de evidencia física y material que genere un mínimo de credibilidad que permita al juzgador inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la aludida autoridad funde su determinación en presunciones, tomándose básicamente en cuenta en estos delitos la declaración de la víctima sea mayor o menor edad. Además, los signos violatorios físicos a los que hizo referencia la víctima en su declaración, se encontrarían corroborados con el Certificado Médico Legal, que señala: "Al examen físico segmentario, rostro parpado inferior izquierdo con equimosis azulada tenue asociado a edema con hemorragia sub conjuntival' eso es por el golpe puño propinado por el imputado a la víctima (…) cuello sin lesiones traumáticas al exterior" (sic), concluyendo que las lesiones en el parpado inferior izquierdo son compatibles con percusión con elemento contundente, siendo compatible dicha lesión con la declaración de la víctima que refirió que el imputado le dio un puñete en el rostro, lo que se encontraría corroborado con el aludido certificado que otorgó cinco días de impedimento; por lo que si bien, la defensa señalaría que la declaración no tiene la presunción de veracidad; sin embargo, con relación a la concurrencia del primer elemento referido a la probabilidad de autoría y la participación del hecho punible en delitos contra la libertad sexual debe tomarse en cuenta que el proceso argumentativo adquiere otra connotación puesto que debe ajustarse a los estándares de protección normativa y jurisprudencial internacional y nacional generado con relación al derecho de mujeres a vivir una vida libre de violencia, específicamente de la violencia sexual que exige en los delitos de abuso sexual aplicar una perspectiva de género en sujeción de los valores principios y derechos consagrados en la Norma Fundamental, siendo la valoración de la prueba más compleja porque es donde se manifiesta en mayor medida el sesgo de género, consecuentemente el juez se encuentra obligado a aplicar la perspectiva de género considerando la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres, pero también efectuando un análisis de la situación concreta de la víctima, por lo que dada la naturaleza de esa forma de violencia no se puede esperar que dentro de un proceso penal se presenten pruebas gráficas o documentales, constituyendo por ello la declaración de la víctima prueba fundamental sobre los hechos, en cuyo marco hizo alusión al caso Espinoza Gonzales vs Perú, que citó que la declaración de la víctima constituye prueba fundamental, en el mismo sentido en casos donde se alegue agresiones sexuales la falta de evidencia medica no disminuye la veracidad de la declaración de la víctima, en tales casos no necesariamente se verá reflejada la concurrencia de violencia sexual en el examen médico ya que no todos los casos de violencia sexual ocasionan agresión de violencia física o enfermedades verificables a través de exámenes. Aspecto en torno al cual señaló que la declaración de la víctima en el caso de medidas cautelares constituye prueba indiciaria esencial para la acreditación del art. 233.1 del CPP, ante la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o participe del hecho punible; por lo que, para ese momento procesal, la declaración de la víctima sea mayor o menor de edad, tiene presunción de veracidad en virtud a los instrumentos internacionales que desarrollaron imperativos de protección especial y reforzada a víctimas de agresión sexual, que también la jurisdicción constitucional a través de la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero y SCP 394/2018-S2 de 3 de agosto, realizó un enfoque interseccional que conlleva protección especial efecto de los instrumentos nacionales e internacionales; 3) Toda resolución que emita una autoridad jurisdiccional, debe encontrarse bajo el imperativo del art. 124 del adjetivo penal, norma que establece que todos los fallos emitidos deben ser fundamentados expresando los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones, valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo la fundamentación ser remplazada por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; en cuyo margen, precisó que el Juez hizo una relación de todos los antecedentes facticos, y lo considerado por las partes en la audiencia de medidas cautelares y sus respectivos petitorios; posteriormente hizo una fundamentación en el orden jurídico legal haciendo la valoración de los elementos de prueba para acreditar si son concurrentes o no los riesgos procesales, explicando razonadamente en derecho la existencia del hecho, la existencia de elementos convicción suficientes para determinar la probabilidad de autoría de Anselmo Marcani Choque y también la valoración presentada por el Fiscal de Materia para demostrar la concurrencia de los riesgos procesales; 4) Precisó que el riesgo contenido en el numeral 7 del art. 234 del CPP, fue sostenido por el a quo bajo el siguiente fundamento: "el ministerio público ha mencionado que sería un peligro para la victima conforme a la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional para la concurrencia de este riesgo se debe considerar de forma integral los antecedes del proceso, los hechos si es en base a estos la autoridad jurisdiccional considerando los antecedentes del proceso, se tiene el ahora imputado aprovechando que existe una diferencia entre el hombre y la mujer, asimismo de quién es menor de edad de que se encontraba en su casa o cuarto sola, aprovechando el ingreso a dicho domicilio y provocando lesiones intentado proceder a una violación" (sic); habiendo en ese contexto, la Fiscal de la causa aclarado que se estableció y fundamentó el mismo por el estado de vulnerabilidad de la víctima, quien contaba con diez y seis años, era mujer y se encontraba embarazada de dos meses, quien se encontraba en el momento de los hechos sola, era de noche, por lo que el imputado burlando toda esa seguridad, ingresó rompiendo la ventana y salió por el mismo lugar “y lo ocurrido dentro de la habitación, ya fue mencionado anteriormente” (sic), circunstancia que a entender de la autoridad demandada fue acreditada de manera fehaciente al no encontrarse enmarcada solamente en la edad, sino además en relación al género, pues no era lo mismo la fuerza de un hombre con la fuerza de una mujer y también por el estado de gestación, motivos que decantaron en considerar que la víctima se encontraba en notorio estado de vulnerabilidad a momento del ataque del imputado, situación que fue razonada por el Juez de primera instancia, en base a la Norma Fundamental y conforme la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero; 5) En cuanto a la desproporción del tiempo establecido para la detención preventiva, señaló que deben realizarse actos de investigación importantes; y, 6) “Otro aspecto importante mencionado en esta audiencia, es el referido a que la víctima habría exagerado el hecho, y el Dr. Fuertes nos ilustra en el sentido de que por la idiosincrasia de la gente del área rural, se debió aplicar el art. 391 del CPP., debido a la diversidad cultural, del imputado el señor Anselmo Marcani Choque pertenece a una comunidad indígena originaria campesina que tienen una forma distinta de ver los casos como se ven en la ciudad y para resolver esa situación jurídica procesal, los fiscales debieron estar asesorados por sociólogos para entender su comportamiento” (sic); al respecto, fundamentó que el Estado Boliviano tiene diversidad cultural por eso es plurinacional, multiétnico, pero dicha circunstancia no puede ser tergiversada o erróneamente aplicada a un hecho de violencia sexual contra menores considerado por los Tratados y Convenios Internacionales como la forma más degradante de la dignidad de las mujeres, pues estos delitos, sea en una comunidad indígena o en una ciudad, son investigados y sancionados por la justicia ordinaria, por lo que de que serviría que los fiscales o las partes sean asesorados por los sociólogos para entender la idiosincrasia de la gente del campo, con lo que se hace entender que ese acto cometido por el imputado estaría naturalizado en la justicia indígena originaria campesina de acuerdo a la idiosincrasia de sus usos y costumbres, cuando resulta un delito contra la libertad sexual, por lo que si la víctima exageró o no su denuncia, será motivo de investigación, donde el imputado podrá aportar cuanto elemento vea por conveniente para acreditar esa aseveración, pero en lo sustancial la circunstancia alegada no tiene ningún asidero legal; argumentos en torno a los cuales concluyó que la resolución emitida por el Juez a quo, cumplió con lo que establece el art. 124 del CPP. Contrastados los fundamentos ilustrados con la primera problemática a través de la cual se denuncia que la autoridad demandada fundó su decisión en elementos subjetivos, pues sostuvo la concurrencia del peligro efectivo para la víctima basado en sesgos de género desnaturalizando la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero y SCP 0394/2018-S2 de 3 agosto; al respecto, de acuerdo a lo plasmado precedentemente, se tiene que la autoridad demandada al momento de efectuar su labor de revisión, trajo a colación lo sostenido por el Juez a quo, respecto a que el Ministerio Público, habría argumentado que la jurisprudencia constitucional en cuanto al peligro efectivo para la víctima, dispuso que para su concurrencia debía considerarse en su integralidad los antecedes del proceso; marco sobre el cual, la autoridad de origen sostuvo que, el imputado aprovechó su condición de hombre para someter a la víctima menor de edad, que se encontraba sola, habiendo ingresado a su domicilio, provocándole lesiones en el intento de violarla, fundando por tanto dicho riesgo procesal en la vulnerabilidad de la víctima; razonamiento con el cual la autoridad ahora demandada estuvo de acuerdo, entendiendo que su acreditación fue fehaciente, pues no sólo se ponderó la edad de la víctima –16 años–, sino la relación de poder ejercida, que denotó la desventaja de la víctima frente al agresor varón; sumando a ello su estado de gestación, aspectos en torno a los cuales arribó a la convicción de la clara vulnerabilidad en la que se hallaba la victima al momento del ataque.
Fundamentos que desvirtúan lo alegado por el impetrante de tutela, pues en el marco del análisis efectuado por la autoridad demandada, resultaba evidente la posición de vulnerabilidad en que se halló la víctima al momento del hecho, que jamás será equiparable a la condición que ostentó el agresor, en cuya virtud resultaba no sólo imperante sino necesario garantizar la protección de quienes deben ser protegidos, considerando la situación de debilidad o desvalimiento, habiendo primado en el caso la perspectiva de género y enfoque interseccional en observancia a los alcances contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, ya que al tratarse de una menor víctima, prepondera la protección reforzada conforme los estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, y el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que en los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de lesión sus derechos. Aspectos que fueron cumplidos por la autoridad demandada, habida cuenta que ponderó las circunstancias del hecho, que demostraron la vulnerabilidad de la víctima, por cuanto tampoco se desnaturalizó la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero y SCP 0394/2018-S2 de 3 agosto, como pretende hacer creer el impetrante de tutela, dado que cada caso conlleva su propia particularidad, por tanto el hecho que en dichos fallos constitucionales se haya sostenido el peligro efectivo para la victima por la condición del agresor como profesor de la víctima y en el otro, al tener su domicilio al lado de la misma, no invalida el análisis efectuado al presente, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. Con relación a la segunda problemática, a través de la cual reclama que no existió pronunciamiento en torno a su solicitud de aplicar el test de proporcionalidad, considerando que existen otras medidas cautelares como la detención domiciliaria, presentación ante el Ministerio Publico, fianza personal, etc., que cumplen con la finalidad del art. 221 del CPP; sobre ello, corresponde señalar que de los agravios extraídos del fallo en cuestión, no se evidencia que dicho aspecto haya constituido objeto de reclamo o solicitud; no obstante, del contenido del fallo en cuestión, es posible advertir que el Vocal demandado mantuvo vigente la detención preventiva, ante la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del adjetivo penal, relevando el estado de vulnerabilidad de la víctima, habiendo para ello ponderado su condición de mujer, menor de edad y en estado de gestación, cumpliendo así con la obligación de efectuar el juicio de proporcionalidad reclamado, cuya prevalencia fue enfocada en la protección reforzada y perspectiva de género, correspondiendo en tal efecto, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2022 AL de 16 de julio, cursante de fs. 43 a 48, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0773_2024-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 126d38c4c8737fc98242b0f6091484b9b42b7df5bc4954382e8be4d7161734bf
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