Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; y al debido proceso vinculados a los principios de celeridad y ético-morales de ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón); toda vez que, los demandados a pesar de haber transcurrido diecinueve días desde el pronunciamiento del Auto de Vista 494/2021 que resuelve la apelación incidental interpuesta, no devolvierón los antecedentes del caso al Juzgado de origen, lo cual le impide a solicitar su cesación a la detención preventiva. Por lo que, solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) Que se proceda en el día a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, b) Se llame severamente la atención por la dilación incurrida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 4) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe de devolver los antecedentes ante el juez de origen; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2021 de 28 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela solicitada, respecto a la autoridad jurisdiccional y funcionario demandados, por la lesión del derecho al debido proceso y principio de celeridad conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Exhortar al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuma sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0773/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 41805-2021-84-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2021 de 28 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elián Alberto Barra Ramírez contra Henry David Sánchez Camacho y Hernán Kiffer Aranda, Vocal y Secretario, respectivamente, de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de julio de 2021, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se determinó su detención preventiva por Auto Interlocutorio 236/2021 de 24 de junio, emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz. Determinación judicial que fue apelada y resuelta mediante Auto de Vista 494/2021 de 9 de julio, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dispuso declarar la procedencia en parte de las cuestiones planteadas en su impugnación incidental. A la fecha de la presentación de esta acción tutelar no se remitió el cuaderno de apelación al Juzgado de origen, por lo que se ve impedido de solicitar fecha y hora de audiencia de cesación de detención preventiva.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad; al debido proceso vinculados a los principios de celeridad y ético-morales de ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón); citando al efecto los arts. 8, 22, 115, 117 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene: a) Que se proceda en el día a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, b) Se llame severamente la atención por la dilación incurrida.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 28 de julio de 2021; según consta en acta cursante de fs. 14 a 15; produciéndose los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar presentado.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 28 de julio de 2021, cursante a fs. 11 y vta., señaló: 1) Mediante Auto de Vista 494/2021 confirmó en parte la Resolución 236/2021; entendiéndose que la denuncia constitucional se encuentra dirigida contra el Secretario de Cámara, quien debió remitir la resolución que resolvió la apelación al juzgado de origen, por lo que carece de legitimación pasiva en la presente acción tutelar; 2) De acuerdo al informe de Secretaría de Cámara el legajo de apelación fue remitido el 26 de julio de 2021, según oficio cursante en obrados; es decir antes de la presentación de la acción tutelar; y, 3) El accionante al constatar que los antecedentes no fueron devueltos debió presentar un memorial haciendo conocer su reclamo demostrándose que no se agotó la subsidiariedad. Hernán Kiffer Aranda, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 28 de julio de 2021, cursante a fs. 13 y vta., señaló que el cuaderno de apelación incidental extrañado fue devuelto al despacho judicial de origen el 26 de julio de 2021, antes de la notificación con la presente acción de libertad, consecuentemente, la parte imputada a través de su defensa técnica debió cumplir con el seguimiento respectivo.
El Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2019 de 28 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., concedió en parte la tutela solicitada en relación a Hernán Kiffer Aranda, Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, exhortándole que el cuaderno de control jurisdiccional debe ser devuelto en un plazo razonable y no así en el plazo de diez días calendario; y, denegó con relación a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en base a los siguientes fundamentos: i) Habiéndose resuelto la apelación incidental interpuesta por el ahora solicitante de tutela mediante Auto de Vista 494/2021, siendo devueltos los antecedentes al juzgado de origen el 26 de julio de 2021, transcurriendo un plazo de diez días hábiles, se evidencia una demora excesiva e injustificada en la devolución del legajo, constituyéndose en una dilación indebida de parte del funcionario de apoyo jurisdiccional codemandado; y, ii) Respecto al Vocal codemandado se verificó que resolvió el recurso de apelación incidental planteado en el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), momento desde cual el personal de apoyo debió tramitar la devolución del legajo de apelación al juzgado de origen.
Mediante decreto constitucional de 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 25, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, reanudándose el cómputo del mismo, a partir del día siguiente de su notificación con el decreto constitucional de 3 de julio de 2023 a fs. 44; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del Auto de Vista 494/2021 de 9 de julio, dictado por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, admite el recurso de apelación incidental interpuesto por Elián Alberto Barra Ramírez y determina la procedencia en parte de la Resolución apelada 236/2021 de 24 de junio (fs. 7 a 9 vta.). II.2. Cursa Oficio CITE: 1103/2021, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, con cargo de recepción de 26 de julio de 2021 a horas 16:20, remitido por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 10 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; y al debido proceso vinculados a los principios de celeridad y ético-morales de ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón); toda vez que, los demandados a pesar de haber transcurrido diecinueve días desde el pronunciamiento del Auto de Vista 494/2021 que resuelve la apelación incidental interpuesta, no devolvierón los antecedentes del caso al Juzgado de origen, lo cual le impide a solicitar su cesación a la detención preventiva. Por lo que, solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) Que se proceda en el día a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, b) Se llame severamente la atención por la dilación incurrida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; 4) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe de devolver los antecedentes ante el juez de origen; y, 5) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:
Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento 2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.
En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”. Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado. Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…).
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 de la norma constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina:
“Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/01-R de 9 de julio de 2001, definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, 6El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 7El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 8El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2:
9El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 10El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´.
Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.
En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).
Respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen; en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3. establece que:
…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas.
El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad; y al debido proceso vinculados a los principios de celeridad y ético-morales de ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón); por cuanto, la autoridad jurisdiccional y funcionario -ahora demandados- a pesar de haber transcurrido diecinueve días desde el pronunciamiento del Auto de Vista 494/2021 de 9 de julio que resuelve la apelación incidental interpuesta, no devolvió los antecedentes del caso al Juzgado de origen, lo cual le impide a solicitar su cesación a la detención preventiva. Por lo que, solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: i) Que se proceda en el día a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, ii) Se llame severamente la atención por la dilación incurrida. De acuerdo a los antecedentes y conclusiones que cursan en obrados, se tiene que el solicitante de tutela se encuentra sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. A tal efecto, mediante Auto Interlocutorio 236/2021 de 24 de junio se dispuso su detención preventiva que fue apelada, incidentalmente se resolvió por Auto de Vista de 494/2021, dictado por el Vocal ahora demandado (Conclusión II.1); devolviéndose -recién- el cuaderno de apelación el 26 de julio de 2021 al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del referido departamento (Conclusión II.2); es decir, un día antes de la presentación de esta acción tutelar, ocurrida el 27 del mismo mes y año.
Se advierte además que, el Vocal ahora demandado, en su informe escrito, reconoció la demora en la remisión de obrados, aunque atribuyó la responsabilidad de dicha dilación al Secretario de su Sala y a la carga procesal que soporta el despacho judicial. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, es oportuno indicar que, si bien es evidente que se remitieron los obrados pertinentes al Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -Juzgado de origen-, recién se lo hizo después de más de quince días de realizada la audiencia de apelación. Si bien existen circunstancias atípicas, como la sobre carga procesal, la autoridad jurisdiccional codemandada, no tomó en cuenta que la remisión de obrados, está vinculada a la libertad del peticionante de tutela, quien se encuentra detenido preventivamente; conforme se tiene en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o en su caso dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En ese marco, correspondía que una vez resuelta la apelación, el Tribunal de alzada remita los antecedentes, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, conforme establece el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Demora procesal que justamente son objeto de análisis y tutela por parte del hábeas corpus o acción de libertad innovativa, en aquellos casos en los que la violación al derecho fundamental, si bien ha cesado, en este caso el 26 de julio de 2021; empero, se identifica al responsable a los fines que en el futuro no se repitan este tipo de conductas. En este contexto, y por las razones anteriormente expuestas la autoridad jurisdiccional codemandada al no haber impartido instrucciones al personal de apoyo judicial y realizado el seguimiento correspondiente en la devolución del legajo de apelación al Juzgado de control jurisdiccional, asumió responsabilidad en la demora denunciada por ser finalmente quien tiene a su cargo el cumplimiento de los principios procesales establecidos en el art. 180. I de la CPE. Por otro lado, también se denunció como causante de dicha dilación al Secretario de Sala, el mismo que en su informe señaló que los antecedentes del caso fueron devueltos al Juzgado de origen el 26 de julio de 2021 antes de su notificación con la presente acción tutelar, argumento que de ninguna manera justifica el incumplimiento de su obligación de remitir los actuados en el que se evidenciaba la resolución de alzada de la apelación descrita, como manda el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, por cuanto ello afecta de manera directa la consideración de la situación jurídica del ahora peticionante de tutela quien en ese momento se encontraba con detención preventiva. Por lo expuesto, al ser evidente la demora injustificada corresponde conceder la tutela impetrada bajo la protección que brinda la acción de libertad innovativa, por cuanto, el hecho denunciado se encuentra dentro del ámbito de su tutela; y, en el marco del entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, en el marco de los razonamientos jurídicos expuestos precedentemente, corresponde conceder la tutela solicitada, con respecto a dicho servidor público. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2021 de 28 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER totalmente la tutela solicitada, respecto a la autoridad jurisdiccional y funcionario demandados, por la lesión del derecho al debido proceso y principio de celeridad conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Exhortar al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que, en futuras actuaciones análogas al presente caso, asuma sus funciones con responsabilidad y celeridad posible, evitando demora o dilación indebida; de acuerdo a los entendimientos asumidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
1 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0773_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8dca1770b905f31d42bdac2d0e64ece5e2f6f53c7ee1ab924346f10e4413ef06
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