B.IA.LEGAL

SCP 0772/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
41039-2021-83-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, a la petición, a una justicia pronta y oportuna; toda vez que la autoridad judicial demandada, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no obstante que se le concedió la cesación a la detención preventiva, no dispuso el mandamiento de libertad, a pesar que se cumplieron con todas las medidas impuestas, incurriendo en dilaciones indebidas e ilegales; por lo que solicita se conceda la tutela; y, se ordene a la autoridad demandada resuelva su solicitud de extensión de mandamiento de libertad con su entrega dentro el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; 2) El principio de celeridad en las 5 actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2021 de 4 de mayo, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 11 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

1 SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0772/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 41039-2021-83-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2021 de 4 de mayo, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Ribera Avalos y José Ramiro Torres Llanos en representación sin mandato de Roly Chilo Justiniano contra Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Décimocuarta de la Capital del Departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de mayo de 2021, cursante de fs. 2 a 3, el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz mediante Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2021 le otorgó “medidas sustitutivas” a la detención preventiva, entre las que se encuentran la verificación domiciliaria, presentación de trabajo lícito, arraigo, dos garantes personales, entre otras. Posteriormente, vencido el plazo de la etapa preparatoria, el proceso penal fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Décimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante el cual se cumplieron dichas medidas cautelares de carácter personal. Sin embargo, la titular de dicho despacho judicial mediante providencia de 21 de abril de 2021 dispuso: “…A la fecha previo a 2 librar el correspondiente mandamiento de libertad los garantes deben tomar el acta de juramento y posesión de garante…” (sic), orden judicial cumplida el 27 de abril de 2021. En ese sentido, una vez que sus garantes prestaron juramento, mediante memorial de 28 del mismo mes y año solicitó se libre mandamiento de libertad, sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa, no se dio respuesta, bajo el argumento que la petición aún se encontraba en despacho de la Jueza demandada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, a la petición, a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto, los arts. 23 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7, 10 y 11-1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, se ordene a la autoridad demandada resuelva su solicitud de extensión de mandamiento de libertad, con su entrega dentro el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 4 de mayo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 42 a 44 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente la acción de libertad interpuesta, y ampliando la misma indicó: Las apelaciones de medidas cautelares no son en efecto suspensivo sino en efecto devolutivo, por lo que el proceso debió continuar, quedando en indefensión, al no tener respuesta alguna sobre su petición.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

La Jueza de Sentencia Penal Décimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz mediante informe escrito cursante a fs. 40 y vta. y en audiencia señaló: a) De la revisión de antecedentes se evidenció que tanto el Ministerio Público como el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) interpusieron apelación 3 incidental contra el Auto interlocutorio de 11 de febrero de 2021 que concedió la cesación a la detención preventiva al accionante; sin embargo, dicha impugnación no fue tramitada conforme a ley habiendo transcurrido más de dos meses de su remisión a la Sala Penal de turno; y, b) A través del sistema de interoperabilidad, el Ministerio Público presentó tres memoriales, uno de ellos solicitando que no se extienda el mandamiento de libertad reclamado, en virtud a que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz revocó en su totalidad el Auto Interlocutorio de “12” de febrero de 2021 apelado; a tal efecto, se dictó la providencia de 30 de abril del mismo año que dispuso dejar sin efecto su similar de 28 de igual mes y año, que disponía emitir el respectivo mandamiento de libertad.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 09/2021 de 4 de mayo cursante de fs. 45 a 47 vta. denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento que de forma paralela al beneficio de cesación a la detención preventiva, se tramitó la apelación incidental formulada por la acusación; por lo que, al momento del cumplimiento de las medidas cautelares personales impuestas en la resolución apelada, el Tribunal de alzada modificó dicha decisión judicial conforme lo establecido en el art. 250 del CPP, constatándose que lo reclamado por el accionante ya fue provisto por la autoridad jurisdiccional accionada.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 20 de julio de 2022, cursante a fs. 50, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo por Decreto Constitucional de 03 de julio del 2023, cursante a fs. 102; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal previsto por el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través del Auto interlocutorio de 11 de febrero de 2021 dictado por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, se otorgó la cesación a la detención preventiva de Roly Chilo Justiniano -ahora accionante- bajo la aplicación previa de medidas cautelares personales como verificación domiciliaria, trabajo lícito, arraigo entre otros 4 (fs. 8 a 12 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 20 de abril de 2021 por el solicitante de tutela, acompañando certificado de arraigo, solicitó se libre el mandamiento de libertad a la brevedad posible; en respuesta, la autoridad jurisdiccional accionada, mediante providencia de 21 del mismo mes y año, observó el incumplimiento de la constitución de garantes personales, supeditando la emisión del mandamiento de libertad a su observancia (fs. 22 y vta.; y, 23). II.3. Por escrito presentado el 28 de abril de 2021, Roly Chilo Justiniano, advirtiendo el cumplimiento de lo ordenado por providencia de 21 del referido mes y año, solicitó la extensión de mandamiento de libertad; a tal efecto, la Jueza demandada dictó resolución en la misma fecha, resolviendo que por Secretaría previa verificación de cumplimiento de las medidas sustitutivas otorgadas, recién se emita el mandamiento de libertad correspondiente (fs. 30 y vta.; y, 31). II.4. Mediante providencia de 30 de abril del referido año, se dejó sin efecto la orden de emisión de mandamiento de libertad a favor del demandante de tutela (Fs. 77 vta.). II.5. A través del Auto de Vista de 29 de abril de 2021, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se resuelve revocar totalmente el Auto apelado de 11 de febrero de 2021 que concedió la cesación de la detención preventiva a favor del accionante (fs. 80 a 81 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, a la petición, a una justicia pronta y oportuna; toda vez que la autoridad judicial demandada, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no obstante que se le concedió la cesación a la detención preventiva, no dispuso el mandamiento de libertad, a pesar que se cumplieron con todas las medidas impuestas, incurriendo en dilaciones indebidas e ilegales; por lo que solicita se conceda la tutela; y, se ordene a la autoridad demandada resuelva su solicitud de extensión de mandamiento de libertad con su entrega dentro el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; 2) El principio de celeridad en las 5 actuaciones procesales; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas

La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

6 ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -Sentencia Constitucional 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique 7 demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010 de 10 de agosto; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo.

Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que, cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y si el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, acceso a la justicia, a la petición, a una justicia pronta y oportuna; por cuanto la autoridad judicial demandada, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no obstante que le concedió la cesación a la detención 8 preventiva, no dispuso el mandamiento de libertad, a pesar que se cumplió con todas las medidas impuestas, incurriendo en dilaciones indebidas e ilegales, por ello, solicita se conceda la tutela; y, se ordene a la autoridad demandada resuelva su solicitud de extensión de mandamiento de libertad con su entrega dentro el plazo de veinticuatro horas. Conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través de la acción traslativa o de pronto despacho se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor de los principios de celeridad y respeto a los derechos fundamentales. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que, mediante Auto interlocutorio de 11 de febrero de 2021 dictado por el Juez de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz se otorgó la cesación a la detención preventiva de Roly Chilo Justiniano -ahora accionante- bajo la aplicación previa de medidas cautelares personales como verificación domiciliaria, trabajo lícito, arraigo, entre otros. Posteriormente, el prenombrado a través del memorial presentado el 20 de abril de 2021 acompañó certificado de arraigo y pidió se libre el mandamiento de libertad a la brevedad posible. En respuesta, la autoridad jurisdiccional accionada, mediante providencia de 21 del mismo mes y año, observó el incumplimiento de la constitución de garantes personales, supeditando la emisión del mandamiento de libertad a dicha observancia. Así, el 28 de abril de 2021 el solicitante de tutela advirtiendo el cumplimiento de lo ordenado por providencia de 21 del referido mes y año, reiteró la petición de extensión de mandamiento de libertad; a tal efecto, la Jueza demandada dictó resolución en la misma fecha ordenando que por Secretaría -previa verificación de cumplimiento de las medidas sustitutivas otorgadas- recién se emita el mandamiento de libertad correspondiente. Después, por Auto de Vista de 29 de abril de 2021 dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se resolvió revocar totalmente el Auto apelado de 11 de febrero de 2021 que concedió la cesación de la detención preventiva a favor del peticionante de tutela; en tal razón, por providencia de 30 de abril del mismo año se dejó sin efecto la orden de emisión de mandamiento de libertad a favor del demandante de tutela (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5).

9 Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes y conclusiones contenidos en el expediente se evidencia que la Jueza ahora accionada, actuó con la debida diligencia y en observancia del principio de celeridad, en cuanto a la petición de solicitud de extensión del mandamiento de libertad por el hoy impetrante de tutela, conclusión a la que se deriva, tomando en cuenta que el primer memorial de solicitud de expedición de mandamiento de libertad fue atendido por la autoridad judicial demandada dentro el plazo establecido por el art. 132.1 del CPP, de la misma manera ocurre con el segundo escrito que subsanaba lo ordenado mediante providencia 21 de abril de 2021 y reiteraba la petición de emisión del señalado mandamiento. En ese contexto, considerando que la resolución que concedió la cesación a la detención preventiva fue revocada totalmente por Auto de Vista de 29 de abril de 2021, resulta lógico que la Jueza ahora accionada no autorice la emisión del mandamiento de libertad reclamado, debido al resultado del pronunciamiento del Tribunal de alzada. Determinación que se materializó a través de la providencia de 30 de abril de 2021. Por todo lo expuesto, al no existir dilación en la atención de la solicitud realizada por el accionante, corresponde denegar la tutela respecto a los derechos invocados en la presente acción tutelar. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2021 de 4 de mayo, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

10 MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

IT

Notas al pie

3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0772_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 82674940eb83eee36a7c2a1c1d50f04f6e176b6558d42dd5af0f7f733c767dae

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →