Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad; y, ”a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable”; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, solicitó al Juez -ahora demandado-, autorización de jornada laboral; Ello mereció el decreto de 5 de diciembre de igual año, disponiendo que el Juez en suplencia atienda su petición, -por la vacación judicial-. Posteriormente señaló audiencia de modificación de medidas cautelares para de 20 de enero 2023, misma que fue suspendida, para el 26 de igual mes y año. La autoridad demandada, instaló dicho acto. Sin embargo, el Ministerio Público, peticionó la suspensión, por no contar con el cuaderno de investigaciones; por lo que, reprogramó para el 2 de febrero del mismo año. La Secretaria codemandada, no hizo constar de su presencia en dicho acto. El Juez demandado, directamente dispuso la suspensión para el 13 de igual mes y año, mencionando que existían incidentes pendientes de resolución y una solicitud de revocatoria de medida cautelar peticionada por el Ministerio Público.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/23 de 3 de febrero de 2023, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Juan José Quiróz Crespo, Juez, Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el marco de lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo, lleve adelante la audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo de veinticuatro horas, salvo que, por el transcurso del tiempo, la misma ya se hubiera efectivizado; 2º DENEGAR la tutela en relación a Karen Roly Quiróz Peralta, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en mérito a los entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0771/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53612-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/23 de 3 de febrero 2023, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandra Lorena Nogales Rocha en representación sin mandato de Rubén Jaime Rejas Quispe contra Juan José Quiróz Crespo, Juez; y, Karen Roly Quiróz Peralta, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 2 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 42 a 48 y vta., el accionante, a través de su representante, manifestó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, solicitó al Juez -ahora demandado-, autorización de jornada laboral. Ello mereció el decreto de 5 de diciembre de igual año, disponiendo, que el Juez en suplencia sea quien atienda su petición, por la vacación judicial. Posteriormente señaló audiencia de modificación de medidas cautelares para de 20 de enero 2023, misma que fue suspendida, para el 26 de igual mes y año, por la inasistencia del Ministerio Público; y, que supuestamente, fue programado de manera mixta. Los recurrentes debieron ser notificados, aspecto que no fue controlado y verificado por la Secretaria -ahora codemandada.
La Autoridad demandada, instaló la audiencia de 26 de enero de 2023; sin embargo, el Ministerio Público, peticionó la suspensión, por no contar con el cuaderno de investigaciones y tener otra audiencia; por lo que, nuevamente suspendió ese actuado para el 2 de febrero del mismo año. El 2 de febrero de 2023, se constituyeron en audiencia virtual; sin embargo, la Secretaria codemandada, jamás hizo constar de su presencia en dicho acto. El Juez demandado directamente dispuso la suspensión para el 13 de igual mes y año, mencionó que existían incidentes pendientes de resolución y una solicitud de revocatoria de medida cautelar del Ministerio Público. Asimismo, informó que tenía otra audiencia con aprehendido. Es así que transcurrieron seis meses sin trabajar, ni cumplir con la manutención de su concubina e hija recién nacida.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad; y,” a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable”; citando al efecto, los arts. 115. y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “… LLEVE ACABO LA AUDIENCIA DE MODIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES IMPETRADA DESDE EL 29-11-2022, DENTRO LAS 24 HORAS…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 75 a 77, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar, y ampliándolos señaló que: a) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1166/2016-S2 de 7 de noviembre y la 0367/2018 de 3 de agosto, entienden que, la detención domiciliaria constituye en la segunda medida cautelar más gravosa dentro del ordenamiento jurídico, pues también limita el derecho a la libertad; b) Mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, adjuntó en calidad de prueba, certificado médico de embarazo de su esposa. Asimismo, expresó la necesidad de autorización de salida de trabajo y cubrir sus obligaciones de padre, citando los arts. 37, 73 y 78 de la CPE; c) El Juez demandado, vulneró el art. 125 de la citada Norma Suprema y los plazos previstos del art. 113 del Código de Procedimiento Penal (CPP); d) La Secretaria codemandada, dentro sus obligaciones previstas en el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no elaboró ninguna de las actas de audiencia, no diligenció las suspensiones de audiencias; ni supervisó la información contenida en los libros de registro; y, e) No hizo conocer en tiempo oportuno el Link de la audiencia virtual.
Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia virtual de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 50. Karen Quiroz Peralta, Secretaria del mismo Juzgado, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia virtual de garantías, a pesar de su citación cursante a fs. 51.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 02/23 de 3 de febrero de 2023, cursante de fs. 77 a 80, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Dentro el cuaderno de control jurisdiccional, consta el acta de suspensión de audiencia de modificación de medidas cautelares de 30 de diciembre de 2022, que fue reprogramada por el Juez en suplencia -por las vacaciones judiciales-, para el 20 de enero de 2023. Posteriormente, el Juez demandado, instaló dicho acto de carácter mixto; y, ante la ausencia de la abogada del accionante, nuevamente, señaló el acto para el 27 de igual mes y año; 2) El Ministerio Público solicitó la suspensión de la audiencia, alegando que debió reponer el cuaderno de investigaciones, por la quema de las instalaciones de la Fiscalía, por lo que se volvió a reprogramar, para el 2 de febrero de 2023; 3) El Juez ahora demandado, en audiencia virtual, informó que tenía otro acto de medidas cautelares con aprehendido, por lo que nuevamente fue reprogramado. Los Jueces deberían resolver la situación jurídica de los imputados dentro las veinticuatro horas, inclusive más que en las cesaciones y modificaciones de medidas cautelares; 4) El termino de las suspensiones de audiencias al quinto día hábil, de ninguna manera sería excesivo, inclusive beneficiaría a los aprehendidos, en relación a un señalamiento de tres días, que generalmente se suspende; 5) La autoridad demandada, se encontraba en suplencia legal de otro juzgado, pues no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. No fueron suspensiones arbitrarias, existió señalamiento de fecha y hora de audiencias y no son de su responsabilidad; y, 6) Con relación a la Secretaria codemandada, dentro el cuaderno de control jurisdiccional, se evidencia todas las actas de audiencia y también la creación del link; por lo que, no existió retardación de su parte. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su representante solicitó que: i) El señalamiento de audiencia de 2 de febrero de 2023, al 13 de igual mes y año, en el marco de los plazos previstos del art. 113.II del CPP, y la SCP 0528/2013 de 3 de mayo, son de cumplimiento obligatorio para las autoridades jurisdiccionales; y, ii) Peticionó aclarar la hora en el que llegó la imputación con aprehendido y el señalamiento de audiencia de horas 9:30, siendo que el Juez demandado, tenía el plazo de veinticuatro horas para llevar adelante dicho acto procesal.
En sustanciación y resolución de lo impetrado, la referida Jueza de garantías señaló que, con respecto al primer punto señaló que, fue clara en su resolución; sin embargo, reiteró que el Juez demandado, se encontraba en suplencia legal de otro juzgado; y, “…el señalamiento que se tiene para el 13 de febrero, es la misma figura que las anteriores…” (sic). En relación al segundo punto, refirió que no puede informar sobre los motivos de los señalamientos de audiencia con imputados, declaró no ha lugar a lo impetrado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, -ahora demandado-, Rubén Jaime Rejas Quispe -accionante-, solicitó autorización de jornada laboral. Mereciendo el decreto de 5 de diciembre de igual año, disponiendo que el Juez en suplencia sea quien atienda su petición, por la vacación judicial (fs. 5 a 8 y vta.). II.2. Cursa memorial de 13 de diciembre del mismo año, dirigido al Juez demandado, por el cual, el peticionante de tutela, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares (fs. 12 vta.). II.3. En mérito al escrito supra, por decreto de 14 de diciembre de 2022, el Juez en suplencia, señaló audiencia virtual para el 30 de igual mes y año a horas 15:45 (fs. 14). II.4. Consta el acta de suspensión de la precitada audiencia ante la inasistencia del impetrante de tutela. El juez en suplencia señaló nueva audiencia para el 20 de enero de 2023 (fs. 15 y vta.) II.5. A través de oficio 02/2023 de 3 de enero, dirigido al Juez demandado, el Juez en suplencia legal, devolvió los cuadernos procesales en originales que fueron remitidos por la vacación judicial (fs. 17). II.6. Cursa acta de suspensión de audiencia de modificación de medidas cautelares de 20 del referido mes y año. La autoridad judicial demandado, reprogramó dicho acto, para el 26 de similar mes y año (fs. 59 a 60). II.7. Consta acta de suspensión de audiencia de modificación de medidas cautelares de 26 de igual data. El Juez demandado, a petición del Ministerio Público, suspendió el mismo para el 2 de febrero de igual año (fs. 62 a 63 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad; y, ”a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable”; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, solicitó al Juez -ahora demandado-, autorización de jornada laboral; Ello mereció el decreto de 5 de diciembre de igual año, disponiendo que el Juez en suplencia atienda su petición, -por la vacación judicial-. Posteriormente señaló audiencia de modificación de medidas cautelares para de 20 de enero 2023, misma que fue suspendida, para el 26 de igual mes y año. La autoridad demandada, instaló dicho acto. Sin embargo, el Ministerio Público, peticionó la suspensión, por no contar con el cuaderno de investigaciones; por lo que, reprogramó para el 2 de febrero del mismo año. La Secretaria codemandada, no hizo constar de su presencia en dicho acto. El Juez demandado, directamente dispuso la suspensión para el 13 de igual mes y año, mencionando que existían incidentes pendientes de resolución y una solicitud de revocatoria de medida cautelar peticionada por el Ministerio Público.
La SCP 0645/2024-S4 de 24 de septiembre, señalo que: «…la SCP 0071/2012 de 12 de abril, ha señalado que: “El art. 178.I de CPE, establece que: 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'. En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental que determina: ‘ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones‘, de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'. Así, las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras. En el orden normativo, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia'”».
Al respecto, la SCP 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, sostuvo que: “…la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: ‘…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE´” . En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´” (las negrillas son nuestras).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra el accionante, mediante memorial de 29 de noviembre de 2022, dirigido al Juez ahora demandado, solicitó autorización de jornada laboral, mereciendo el decreto de 5 de diciembre de igual año, disponiendo que el Juez en suplencia sea quien atienda su petición, -por la vacación judicial- (Conclusión II.1). Por memorial de 13 de igual mes y año, el peticionante de tutela, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares (Conclusión II.2). Ante ello, señaló dicho acto para el 30 de igual data; y, por la inasistencia del prenombrado, reprogramó para el 20 de enero de 2023 (Conclusión II.3 y II.4). La Autoridad demandada, habiendo retomado sus funciones; y, una vez devuelto el cuaderno procesal, instaló el referido acto; sin embargo, suspendió el mismo para el 26 de igual mes y año (Conclusión II. 5 y II. 6) El Ministerio Público, peticionó la suspensión de la referida audiencia, al no contar con el cuaderno de investigaciones; por lo que, nuevamente señaló para el 2 de febrero del mismo año (Conclusión II. 7). Se constituyeron en audiencia virtual; pero, la Secretaria codemandada, no hizo constatar su presencia en dicho actuado. El Juez demandado, directamente dispuso la suspensión para el 13 del señalado mes y año, mencionando que existían incidentes pendientes de resolución y una solicitud de revocatoria de medida cautelar invocadas por el Ministerio Público.
Conforme al entendimiento del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional de los administradores de justicia están en el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal; toda vez que, tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata. Es así que, dentro del contexto señalado precedentemente, se tiene que el impetrante de tutela el 29 de noviembre de 2022, solicitó a la autoridad demandada autorización de jornada laboral. Posteriormente, el 13 de diciembre de igual año, peticionó modificación de medidas cautelares. El Juez en suplencia legal -por la vacación judicial-, señaló audiencia virtual para el 30 del merecido mes y año; y ante la inasistencia del accionante, fijó para el 20 de enero de 2023. El Juez demandado, habiendo retomado sus funciones, instaló el referido acto; sin embargo, suspendió para el 26 del citado mes y año, en dicha audiencia el Ministerio Público, peticionó la suspensión del misma, por no contar con el cuaderno de investigaciones y nuevamente reprogramó para el 2 de febrero del mismo año. Al constituirse en audiencia virtual, directamente dispuso la suspensión para el 13 de igual mes y año, mencionando que existían incidentes pendientes de resolución y una solicitud de revocatoria de medida cautelar invocada por el Ministerio Público. En tal sentido, si bien el art. 113 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres- prevé la posibilidad excepcional de suspender la audiencia por causa de fuerza mayor o caso fortuito, no obstante, es evidente que al hacerlo es obligación del juzgador, señalar audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho horas debiendo incluso habilitar horas inhábiles. Siendo que, en el caso en análisis, el Juez demandado, reprogramó cuatro audiencias, transgrediendo el plazo legal y causando dilación indebida, en la solicitud de modificación de medidas cautelares del accionate, quien se encuentra privado de su libertad, cumplimiento la medida cautelar personal de detención domiciliaria, al no cumplirse el plazo previsto en el 113.II del CPP.
Las justificaciones expuestas por el Juez demandado en las reiteradas suspensiones del acto de modificación de medidas cautelares, corroborables en las actas de suspensión de audiencias (Conclusión II.6 y II.7), implican la falta de atención oportuna a una petición vinculada con la libertad del peticionante de tutela, el cual merecía una atención prioritaria de su parte. Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho pretende acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, dilación que ha ocurrido en el presente caso.
Entonces, de lo manifestado es posible concluir que la autoridad judicial demandanda, incumplió con la normativa procesal aplicable al presente caso, incurriendo en una dilación indebida en la suspensión de la audiencia y la resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela lo que vulneró el debido proceso vinculado directamente con su derecho a la libertad; por ello corresponde conceder la tutela.
Con relación a la Secretaria ahora codemandada, dentro el marco de sus funciones y obligaciones de servidor de apoyo judicial, no se demostró que haya cometido algún exceso o desobedecido alguna orden que afecte directamente a los derechos fundamentales invocados por el accionante, aspecto por el cual, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/23 de 3 de febrero de 2023, cursante de fs. 77 a 80, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Juan José Quiróz Crespo, Juez, Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el marco de lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo, lleve adelante la audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo de veinticuatro horas, salvo que, por el transcurso del tiempo, la misma ya se hubiera efectivizado; 2º DENEGAR la tutela en relación a Karen Roly Quiróz Peralta, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en mérito a los entendimientos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayo o caso fortuito, la notificación para asistir a otro acto procesal recibida con posterioridad.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0771_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): e1d18fc0316299378ce883dce9c89ae6b7c0f05f1014b5a40d58c07feb6966a2
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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