Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la defensa y a “ejercer la dirigencia vecinal”; puesto que, mediante Nota de 17 de enero de 2022, emitida por el Comité Electoral ahora accionado, fue inhabilitado para postular al cargo de Presidente de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes por el Frente PSL, en virtud a que contaba con una denuncia escrita, sin que se le permitiera subsanar dicha observación, a pesar de sus reclamos efectuados ante dicho Comité y ante la FEDJUVE Tarija no obtuvo respuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 164 a 169, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y al sufragio pasivo del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Nota de 17 de enero de 2022, y que el Comité Electoral del Barrio Lourdes, restituya el derecho a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y al sufragio pasivo del accionante, debiendo cumplir con lo establecido por la Cláusula Novena punto seis de la Convocatoria a “ELECCIONES DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO LOURDES” (sic) para el periodo 2022 a 2023.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0770/2023-S3 Sucre, 19 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48125-2022-97-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 27/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 164 a 169, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilfredo Vicente Luis contra Miriam Ruiloba, Presidenta, Iván Medina Castillo, Vicepresidente, Rosa Flores, Secretaria de Actas; y, Oscar Gregorio Matías Huarachi e Inés Saucani, Vocales, todos miembros del Comité Electoral del Barrio Lourdes.
El accionante por memorial presentado el 31 de mayo de 2022, cursante de fs. 84 a 93, manifestó lo siguiente:
El 7 de enero de 2022, el Comité Electoral ahora accionado emitió la Convocatoria a Elecciones de la Directiva de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes, para el periodo 2022 a 2023, de conformidad al Estatuto Orgánico de la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE) Tarija. El 14 de igual mes y año, de acuerdo al calendario aprobado, mediante Nota con CITE: P.S.L/WVL/006/2022, su persona presentó su postulación como candidato a Presidente por el Frente “POR SIEMPRE LOURDES” (PSL); así como también la “…postulación correspondiente de toda la plancha…” (sic) ante el señalado Comité. En la misma fecha, por Nota con CITE: P.S.L./WVL/007/2022 pidió al citado Comité que sea imparcial en las elecciones; puesto que, existían rumores de que sus miembros pretendían perjudicar su postulación; por lo que, solicitó que FEDJUVE Tarija participe como veedor en las elecciones; sin embargo, ese requerimiento no fue atendido.
El 15 de enero de 2022, por Nota con CITE: “P.S.L./WVL/Nro.006/2022” solicitó al Comité Electoral que la apertura de sobres de postulación se efectúe de manera transparente y pública, de acuerdo a lo determinado por la Cláusula Segunda, punto 2, inc. n) de la Convocatoria a Elecciones de la Directiva de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes para el periodo 2022 a 2023; es decir, que cada Frente acredite un delegado que acompañe al Comité Electoral ahora accionado durante la apertura de sobres y los actos de sufragio y escrutinio; empero, sin darle la oportunidad de defenderse ni responder a la denuncia se reunieron a puertas cerradas para luego inhabilitarlo como candidato a Presidente ante la presentación de una denuncia escrita contra su persona; aspecto que fue plasmado en la Nota de 17 de enero de 2022, con la que fue notificada la Delegada del Frente PSL -Gabriela Casilda Ocampo Mollo, hoy tercera interesada- el 18 de ese mes y año a las 7:45 horas, por lo cual, mediante Nota con CITE: /WVL/0010/2022 de 19 de igual mes, reclamó la vulneración de su derecho a la defensa al dejarlo en absoluta indefensión, sin darle la oportunidad de responder a la mencionada denuncia; puesto que, el Comité Electoral hoy accionado debía publicar las observaciones a las candidaturas hasta el 17 del señalado mes y año, debiendo presentarse las subsanaciones hasta el 19 del indicado mes y año; sin embargo, no publicaron ninguna observación en su caso, procediendo a inhabilitarlo directamente, al margen de que únicamente dos de los cinco miembros del mencionado Comité firmaron la determinación de su inhabilitación; por lo que, ni siquiera hubo mayoría simple para inhabilitarlo. En cumplimiento al Calendario Electoral, el 19 de enero de 2022, procedió a presentar su reclamo e impugnación, y adjuntó documentación que demostraba que la denuncia efectuada contra su persona no era evidente; empero, no obtuvo ningún pronunciamiento por parte del Comité Electoral ahora accionado vulnerando sus derechos a la defensa y a obtener resoluciones fundamentadas y motivadas en respuesta a sus reclamos, obviando el señalado Comité que el art. 129 del Estatuto Orgánico de la FEDJUVE Tarija establece el derecho a asumir su defensa y no ser declarado culpable, manteniéndose su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Por su parte, el ente competente para ordenar la restricción de derechos de los vecinos o de sus Dirigentes sería el Tribunal de Honor y Disciplinario de FEDJUVE de Tarija, a través de un debido proceso, de conformidad a lo dispuesto por el art. 128 de su Estatuto Orgánico, resultando que la denuncia que pesaba contra su persona fue efectuada en la gestión 2021 como Dirigente Vecinal, por lo cual debió demostrarse mínimamente que fue sancionado por el mencionado Tribunal de Honor y Disciplinario, lo que no aconteció en el presente caso; por lo tanto, no podría afectarse arbitrariamente sus derechos como vecino y candidato al no tener ninguna denuncia comprobada que fuera emitida dentro de un debido proceso. Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante “SCP 106/2018-S2” en un caso similar determinó que un dirigente tenía derecho a asumir su defensa irrestricta ante el Tribunal de Honor y Disciplinario, ya que esa instancia conoce todos los asuntos relativos a los Dirigentes, previo proceso interno; por consiguiente, se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa al no aplicarse el Estatuto Orgánico de la FEDJUVE Tarija. En ese sentido, se advierte que en el presente caso también se vulneraron sus derechos fundamentales ante la negativa del Comité Electoral ahora accionado de corregir sus acciones, designándose como “junta barrial” a las personas del Frente PSL, quedando Gabriela Casilda Ocampo Mollo hoy tercera interesada en calidad de Presidenta; es decir, que su inhabilitación no devino en la inhabilitación de todo el Frente PSL sino que se modificó carteras, lo que afectó sus derechos a la defensa y al debido proceso, cuando el Comité Electoral hoy accionado, “…al formar parte de una entidad de la sociedad civil como es una junta vecinal…” (sic), se encontraba compelido a respetarlos.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la defensa y a “ejercer la dirigencia vecinal”; citando al efecto los arts. 9, 13, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda tutela, y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto la Nota de 17 de enero de 2022, emitida por el Comité Electoral ahora accionado.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 161 a 163 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) La intervención de los accionados y la prueba por ellos presentada ratifica la existencia de vulneración de derechos; puesto que, únicamente señalaron que se basaron en el Estatuto del Barrio Lourdes, sin dar a conocer la oportunidad que se otorgó a su persona de asumir defensa respecto a la denuncia interpuesta en su contra; b) En cuanto a la prueba relacionada al “Politécnico”, además de problemas barriales y a solicitudes que le hicieron llegar, no tienen relación con la acción tutelar; sin embargo, las Actas de la elección y la Nota de 17 de enero de 2022, denotan que se incurrió en la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a ejercer la dirigencia; empero, se extraña que en la copia de la citada Nota estén las cuatro firmas de los miembros del Comité Electoral hoy accionado, cuando se lo notificó únicamente con la que tiene dos; y, c) La actual Presidenta de la Junta Vecinal fue citada para “…que este a derecho y no hemos cuestionado (…) el ejercicio que ella está manteniendo como Presidenta actual del barrio…” (sic).
Miriam Ruiloba, Presidenta e Iván Medina Castillo, Vicepresidente, ambos del Comité Electoral del Barrio Lourdes, mediante informe presentado el 3 de junio de 2022, cursante a fs. 154, señalaron que remitieron documentación y que la inhabilitación del accionante se encontraba respaldada en el Estatuto del Barrio Lourdes. En audiencia, Miriam Ruiloba, Presidenta del Comité Electoral del Barrio Lourdes, indicó no contar con un abogado, para posteriormente alegar que según el Estatuto del Barrio Lourdes los vecinos deben tener una buena representación y no tener antecedentes para ser elegido en las tres primeras carteras; por lo tanto, tomaron la determinación -de inhabilitar al accionante- al recibir una demanda de la “señora Norma”, manifestándole al accionante que debía efectuar su representación ante la nueva mesa directiva posesionada, al no existir ninguna documentación que pueda habilitar al accionante, tomándose la determinación en Pleno para que este pueda regular su documentación y postular en la siguiente elección. Argumento al cual se adhirieron Iván Medina Castillo, Vicepresidente y Rosa Flores, Secretaria de Actas, ambos del citado Comité. Oscar Gregorio Matías Huarachi e Inés Saucani, Vocales del Comité Electoral del Barrio Lourdes estuvieron presentes en la audiencia de amparo constitucional; sin embargo, no expusieron alegato alguno.
Gabriela Casilda Ocampo Mollo, mediante memorial presentado el 3 de junio de 2022, cursante a fs. 160 y vta., refirió adjuntar prueba en fotocopias simples, aclarando que los originales se encontraban en Despacho de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes. En audiencia, manifestó ser la actual Presidenta del Barrio Lourdes y que la prueba que adjuntó demostraba que en ningún momento se hizo a un lado al accionante, quien participó y tuvo conocimiento de todo lo actuado, habiendo postulado su persona a la Presidencia del Barrio bajo la misma sigla -PSL-; sin embargo, presentó prueba que acreditaba que el nombrado rechazó la propuesta de participar en la mesa directiva al no habérsele ofrecido la cartera que él quería. Asimismo, el accionante estuvo presente en la posesión, avalándola con su firma; es decir, que en ningún momento se vulneraron sus derechos, por consiguiente, solicitó que se valore la documental que adjuntó. Cecilio Pimentel Cabezas, Presidente de la FEDJUVE Tarija no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 98 vta.
Ivonne López Durán, Fiscal de turno y representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 98 vta., determinándose en audiencia que su incomparecencia no era motivo de suspensión de ese actuado procesal.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 27/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 164 a 169, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Nota de 17 de enero de 2022, disponiendo la restitución de los derechos fundamentales vulnerados; bajo los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0106/2018-S2 de 11 de abril en un caso similar referido a elecciones de una junta vecinal, efectuó un análisis jurisprudencial respecto a los derechos al debido proceso y a la defensa en los procesos desarrollados en asociaciones o cooperativas, para después brindar una definición general de lo que se entiende por debido proceso para concluir que ese es aplicable a la esfera pública o privada donde se vaya a determinar o privar derechos fundamentales de las personas por conductas presuntamente vulneratorias de la normativa; 2) En el marco de la Convocatoria a Elecciones para ser miembro de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes por el periodo 2022 a 2023, se siguió una determinada secuencia procesal; sin embargo, mediante una simple Nota emitida el 17 de enero de 2022, firmada por dos de los cinco miembros del Comité Electoral ahora accionados, se puso en conocimiento del Frente PSL las observaciones a la postulación de la cartera que presentaron, entre ellas, que el accionante quedaba inhabilitado por tener una denuncia escrita. De ello, se evidencia que los miembros el citado Comité Electoral asumieron una posición unilateral de inhabilitar al accionante por tener una denuncia, cuando el art. 127 del Estatuto Orgánico de la FEDJUVE Tarija determina que el ente encargado de conocer y sancionar los actos de vecinos y juntas vecinales que desvirtúen los fines y objetivos de esa Federación y que atenten contra los principios y coadyuven a la división de la misma, será el Tribunal de Honor y Disciplinario; asimismo, dicha norma en su art. 128 establece que el indicado Tribunal conocerá los asuntos relacionados con los dirigentes que infrinjan e incumplan ese Estatuto y su Reglamento, entre otros, y que en su caso podrá determinar la separación del cargo directivo parcial, previo proceso interno hasta que se determine su expulsión o reincorporación a su cargo; además, el art. 129 del citado Estatuto prevé que todo dirigente vecinal denunciado, tiene derecho a asumir su defensa irrestricta, y no será declarado culpable manteniendo su inocencia hasta demostrarse lo contrario; 3) De lo anterior, se establece que si algún dirigente vecinal es acusado por un hecho irregular, resulta imprescindible que el mismo sea comprobado por el Tribunal de Honor y Disciplinario, a efectos restrictivos de derechos, primando en todo caso el principio de presunción de inocencia consagrado en la Ley Fundamental; 4) El accionante no fue sometido, o al menos no se demostró que hubiese sido sujeto a un proceso ante el Tribunal de Honor y Disciplinario concluyendo con una sanción que pueda privarlo de su derecho a postularse; aspecto que fue causante de su inhabilitación dentro del proceso eleccionario, alegando el Comité Electoral hoy accionado que el “Reglamento” prevé que las personas no deben tener antecedentes y ser probas; en ese sentido, “…la persona que esta compitiendo con otra y quiere inhabilitarlo, lo denuncia directamente y lo saca de la carrera eleccionaria, eso no es lógico” (sic); y, 5) Los miembros del Comité ahora accionado indicaron no tener tiempo para investigar; por lo que, inhabilitaron al accionante, al existir una denuncia escrita; empero, debieron respetar los mandatos constitucionales, entre ellos, la presunción de inocencia; puesto que, no se puede dar por cierta la denuncia y excluirlo del proceso eleccionario, privándolo de su derecho a la defensa, en virtud a que la Convocatoria determinaba dentro de su cronograma un periodo en el que debían publicarse las observaciones y dar la posibilidad a los postulantes de defenderse. En la presente causa, no existe una explicación de las razones de la inhabilitación, lo que evidentemente vulneró el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, truncando el derecho del accionante a ejercer un cargo dentro de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Convocatoria a “ELECCIONES DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO LOURDES” (sic) para el periodo 2022 a 2023 que en su Cláusula Segunda establece la documentación a ser presentada y en su Cláusula Novena punto seis señaló que la “Subsanación de Observaciones y recibimiento” se efectuaría el 19 de enero de 2022, hasta las 10:00 horas (fs. 26 a 30). II.2. Consta Nota con CITE: P.S.L/WVL/006/2022 presentada el 14 de enero de 2022, dirigida a Miriam Ruiloba, Presidenta del Comité Electoral del Barrio Lourdes -hoy accionada-; por Wilfredo Vicente Luis -ahora accionante-, mediante la cual hizo conocer la inscripción del Frente PSL adjuntando la nómina completa de “los componentes” de la misma (fs. 31 a 32). II.3. Mediante Nota presentada el 14 de enero de 2022, a las 11:00 horas, Norma Baldiviezo de Vargas denunció ante la Presidenta ahora accionada que el accionante efectuó acuerdos en beneficio propio, lo que devino en la adquisición de un lote de terreno en el asentamiento contiguo al “politécnico” y que además realizaba cobros por la utilización de una cancha con pasto sintético; por consiguiente, solicitó que se actúe con base en el Estatuto del Barrio Lourdes; puesto que, las tres primeras carteras debían ser ocupadas por personas de reconocida trayectoria y moral (fs. 35). II.4. Por Nota de 17 de enero de 2022, presentada el 18 de igual mes y año, dirigida al Frente PSL, recibida por Gabriela Casilda Ocampo Mollo -ahora tercera interesada- la Presidenta hoy accionada e Ivan Medina Castillo, Vicepresidente -hoy coaccionado-, ambos miembros del Comité Electoral del Barrio Lourdes, comunicaron la inhabilitación del accionante ante la presentación de una denuncia escrita contra el nombrado, entre otras observaciones (fs. 43). Asimismo, cursa Acta de entrega de observaciones al delegado del Frente PSL, de 18 de ese mes y año, en el que referente a la inhabilitación del accionante se indicó: “…no se pudo dar un tiempo o espacio a que lo pueda subsanar ya que la desición fue unánime en nuestra reunión de revisión (…) los postulantes no deben tener ningún antecedente de mal comportamiento ético, moral y las buenas costumbres (…) la determinación tomada no se puede retroceder, firman la derectiva del Comite Electoral del Barrio Lourdes, el presidente y la Vicepresidente por que los demas no pudieron presentarse y ya se encontraban un poco delicados de salud (sic [fs. 106]). II.5. A través de Nota con CITE: /WVL/0010/2022, presentada el 19 de enero de 2022, el accionante se dirigió a la Presidenta hoy accionada denunciando indefensión ante su inhabilitación dispuesta por el Comité Electoral ahora accionado, solicitando que se restituyan sus derechos (fs. 49 a 50). En ese orden, consta Acta de Subsanación de Observaciones por parte del Frente PSL de 19 de igual mes y año, en la que se indicó que: “…el señor Wilfredo nos entrego su documentacion que tenia por su denuncia presentada por lo que recibimos, pero le pusimos en conocimiento nosotros no somos quienes tienen que solucionar sino el Barrio con apoyo de los vecinos, puesto que el seria un Presidente del Barrio y no de las organizaciones externas y lo haga ese tramite para la siguiente gestión…” (sic [fs. 106 vta. a 107]). II.6. Cursa Nota con CITE: P.S.L./WVL/0012/2022 presentada el 19 de enero de 2022, dirigida a Cecilio Pimentel, Presidente de FEDJUVE Tarija; por el accionante, mediante la cual dio a conocer que el “Comité Electoral” del Barrio Lourdes lo inhabilitó sin revisar la documentación que presentó (fs. 44 a 45). II.7. Consta Acta de posesión de Mesa Directiva “2022-2025” de 26 de enero de 2022, la cual acredita que se procedió a la posesión y juramento de rigor por parte del Comité Electoral, FEDJUVE-Cercado, FEDJUVE Tarija y de Distrito al nuevo Directorio del Frente PSL (fs. 108 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la defensa y a “ejercer la dirigencia vecinal”; puesto que, mediante Nota de 17 de enero de 2022, emitida por el Comité Electoral ahora accionado, fue inhabilitado para postular al cargo de Presidente de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes por el Frente PSL, en virtud a que contaba con una denuncia escrita, sin que se le permitiera subsanar dicha observación, a pesar de sus reclamos efectuados ante dicho Comité y ante la FEDJUVE Tarija no obtuvo respuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1938/2012 de 12 de octubre señaló que: “…al constituir las vías de hecho actos contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes, los cuales afectan derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben ser tutelados a través de la acción de amparo constitucional, por ser éste un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho, corresponde ahora, en el marco del principio de favorabilidad plasmado en el art. 256.I de la CPE, interpretar el art. 129.II de la Constitución, como génesis constitucional para la tutela de actos lesivos continuos en vías de hecho. En efecto, para la tarea propuesta, es necesario utilizar pautas de interpretación constitucional como parámetros objetivos de legitimación de decisiones constitucionales, razón por la cual, en la especie, al amparo de los arts. 13.I, 13.III, 256. I y 256.II de la CPE y 29 del Pacto de San José de Costa Rica, se utilizará los principios pro-hómine, pro-actione y la interpretación teleológica para la labor hermenéutica a ser desarrollada en relación al art. 129.II de la CPE. De acuerdo a lo indicado, el tenor literal del art. 129.II de la CPE, señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. La realidad social, obliga al último y máximo intérprete de la Constitución, en base a pautas de interpretación constitucional, a realizar una labor hermenéutica en relación a la última parte del artículo 129.II de la CPE; en ese contexto, el principio de favorabilidad como pauta específica de interpretación de derechos fundamentales y garantías constitucionales, con génesis expresa en el art. 256.II de la CPE, asegura la consolidación del Estado Constitucional de Derecho en el cual prima la eficacia máxima de los derechos fundamentales, en ese orden, para este fin, es necesario interpretar la última parte del art. 129.II de la CPE, a la luz de los principios pro-hómine y pro-actione, para que en el marco de una interpretación extensiva y progresiva de la garantía constitucional de amparo constitucional en cuanto al plazo de caducidad, se procure un acceso eficaz a la tutela constitucional y en el marco de una interpretación teleológica, se asegure una interpretación según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien. Así, los actos lesivos a derechos fundamentales, pueden generar en contra de personas individuales o colectivas, una afectación inmediata o mediata en el tiempo, en ese orden, en el primer supuesto, el plazo de caducidad disciplinado en el art. 129.II de la CPE, se computará desde la notificación con la comisión vulneratoria alegada; por el contrario, en una interpretación que favorezca al acceso a la justicia constitucional y de acuerdo a una pauta teleológica de interpretación que asegure una interpretación según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, cuando los actos lesivos generen una afectación a derechos fundamentales mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, el plazo de caducidad para activar la acción de amparo constitucional, se computará de acuerdo a los postulados del último supuesto disciplinado por el art. 129.II de la CPE, es decir, desde la notificación de la última decisión jurisdiccional o administrativa. Ahora bien, también en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. En cuanto a la flexibilización del principio de subsidiariedad frente a vías de hecho, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre estableció que: “En primer lugar, debe precisarse que el Estado Plurinacional de Bolivia, en su diseño y postulados, responde a la ingeniería propia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cuya construcción dogmática e institucional, fue realizada en el marco de los alcances y preceptos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en ese orden, este instrumento supranacional inserto en el bloque de constitucionalidad boliviano, en su art. 25.1, establece: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…’. A partir de esta concepción, la Función Constituyente, como un mecanismo eficaz para la tutela de derechos fundamentales, disciplina la acción de amparo constitucional, diseñándola como un verdadero mecanismo idóneo, oportuno y eficaz para su tutela, estableciendo además de acuerdo a la teleología de la última parte del art. 129.I de la CPE, su idoneidad en casos en los cuales, no exista otros mecanismos de defensa o cuando la lesión pueda ser resguardada por otros mecanismos idóneos de tutela a los derechos fundamentales, configurándose así el principio de subsidiariedad aplicable a la acción de amparo constitucional. Sin embargo, el principio de subsidiariedad aplicable a la acción de amparo constitucional, frente a vías de hecho, dado que éstas, tal como se indicó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia, constituyen graves actos ilegales que atentan contra los pilares del Estado Constitucional de Derecho, para cumplir con el mandato del art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”.
La SCP 0346/2013 de 18 de marzo determinó que: «Las sanciones administrativas tienen una génesis idéntica a la de las sanciones en el ámbito del Derecho Penal, es decir, aparecen también con aquella predisposición del Estado de castigar en miras a mantener el orden social “impuesto” en un momento histórico; sin embargo surgen distinciones doctrinarias entre injustos de policía y delitos como la planteada por von Feuerbach quien al final de su carrera como expresa el Profesor Cordero planteó la idea de que las infracciones de policía podrían significar la aplicación de auténticas penas; en ese mismo marco el Profesor Prieto Sanchis citando al ilustre jurista alemán Adolf Merkle, quien señalaba el mundo de las sanciones administrativas significa la mayor intromisión imaginable de la administración en la esfera de la justicia. Sin embargo, es el jurista alemán James Goldschmidt quien en definitiva plantea la distinción clara entre injusto administrativo e injusto penal. En esencia la distinción entre delitos e injustos administrativos no obedece a criterios ontológicos que determinen cuando una conducta debe ser considerada como delictiva y cuando como infracción administrativa, en ese marco el único parámetro distintivo que se ha conocido ha sido el cualitativo, es decir, que el legislador tiene la libertad de configuración de lo que considere debe ingresar dentro del ámbito penal así como de lo que considere debe ingresar dentro del ámbito sancionador administrativo, no obstante en ambos casos tiene limitaciones intrínsecas y sustanciales en el marco del Estado Constitucional de Derecho en el que se reconocen los derechos fundamentales. De la distinción entre ilícitos administrativos de ilícitos penales, tenemos que una diferencia importante es quien asume la decisión y en mérito a qué tipo de procedimiento, pues en el caso de los delitos se tiene un aparato judicial (con participación ciudadana) y un Ministerio Público, consagrados como instituciones destinadas a consolidar un mecanismo de averiguación de la verdad histórica de un hecho punible y por ende aplicar la sanción penal; por otra parte, tenemos las sanciones administrativas aplicadas por una entidad administrativa que tiene un procedimiento mucho más acotado, justamente, por la diferencia que tienen las sanciones y administrativas en el ser humano. Sin embargo de ello el proceso penal para garantizar un equilibrio entre la efectividad del ius puniendi y la dignidad del ser humano, ha “evolucionado” hasta consolidar un proceso irradiado por garantías judiciales que acompañan al procesado en todo momento, y que busca asegurar que éste tenga un juicio justo en igualdad de condiciones y cuya finalidad sea arribar a la verdad histórica de lo sucedido. Esta dinámica de juicio con garantías judiciales indispensables, por la gran influencia del Derecho Constitucional de los últimos sesenta años en el mundo ha contagiado también al Derecho Administrativo Sancionador, pues ontológicamente impone sanciones al igual que el Derecho Penal (o más específicamente el Derecho Procesal Penal). Este criterio mayoritario ha sido asumido por otros Tribunales, por ejemplo el Tribunal Constitucional de Chile en el Rol 1518-09, de 21 de octubre de 2010, en su parte considerativa señaló: “SEXTO: Que, de otra parte, atendida la circunstancia de que las sanciones administrativas participan de las características esenciales de las sanciones penales, al ser ambas emanaciones del ius puniendi estatal, por lo que debe aplicarse, con matices, similar estatuto, como lo ha señalado esta Magistratura (roles N°s. 244 y 479), los sujetos pasivos de las mismas sólo suelen serlo -por regla general- quienes aparezcan como directa y personalmente infractores…”. El Tribunal Constitucional de España en la SCT 164/1995 de 13 de noviembre, señaló que: “Así las cosas, ha de recordarse que en distintas ocasiones hemos advertido ya de la improcedencia de extender indebidamente el concepto de sanción con la finalidad de obtener la aplicación de las garantías constitucionales propias de este campo a medidas que no responden verdaderamente al ejercicio del ius puniendi del Estado. Así, en la STC 239/1988, dijimos que 'los postulados del art. 25 C.E. no pueden aplicarse a ámbitos que no sean los específicos del ilícito penal o administrativo, siendo improcedente su aplicación extensiva o analógica, como resulta de las SSTC 73/1982, 69/1983 y 96/1988, a supuestos distintos o a actos, por su mera condición de ser restrictivos de derechos, si no representan el efectivo ejercicio del ius puniendi del Estado o no tienen un verdadero sentido sancionador'. Se trata, pues, de averiguar si el recargo cuestionado tiene o no 'un verdadero sentido sancionador'. En esta línea, hay que dejar constancia, como primer dato relevante que es, aunque no decisivo, de la clara voluntad del legislador de excluir el recargo que contemplamos del ámbito de las sanciones”. La Corte Constitucional de Colombia al respecto ha mencionado en la Sentencia C-530 de 3 de julio 2003 que “…la potestad punitiva del Estado agrupa el conjunto de competencias asignadas a los diferentes órganos para imponer sanciones de variada naturaleza jurídica. Por ello, la actuación administrativa requerida para la aplicación de sanciones, en ejercicio de la potestad sancionadora de la administración -correctiva y disciplinaria-, está subordinada a las reglas del debido proceso que deben observarse en la aplicación de sanciones por la comisión de ilícitos penales (CP art. 29), con los matices apropiados de acuerdo con los bienes jurídicos afectados con la sanción”. El Tribunal Constitucional, también lo reflejó así en su uniforme jurisprudencia, habiendo establecido subreglas sobre el alcance, contenido y significado del respeto a la garantía del debido proceso, su reconocimiento como derecho fundamental y humano en un Estado de Derecho, así como su inexcusable observancia y exigibilidad en toda actividad sancionadora sea en el ámbito judicial o administrativo, estableciendo en la SC 0042/2004 de 22 de abril, entre otras, que: “...toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione [o] a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad. Además, cabe hacer notar que en la SC 136/2003-R, este Tribunal ha establecido (...) que el derecho a defensa debe ser interpretado conforme al principio de favorabilidad antes que restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina administrativa contemporánea”. Precisando el entendimiento anterior, respecto a la garantía del debido proceso, que persigue evitar la imposición de una sanción sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos y garantías consagrados por la Constitución y las leyes, constituyéndose, la motivación de los autos y sentencias en una de las exigencias básicas del debido proceso, por lo mismo las resoluciones deben señalar claramente las razones que le llevan a tomar una determinación. Así las SSCC 0752/2002-R, 1369/2001-R, entre otras, han establecido que: “...el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”. Complementando la jurisprudencia constitucional que precede, respecto al derecho a una Resolución judicial motivada, se estableció la subregla de que ésta garantía básica del debido proceso, es más relevante y de mayor exigibilidad en autos y resoluciones definitivas, así corresponde reiterar el razonamiento expuesto en la: SC 0577/2004 de 15 de abril, aplicable al presente caso, que señala que la: “…exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, tienen carácter definitivo y por lo mismo, es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le está permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, tal como acontece en este caso; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…”» (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
La SCP 0511/2015-S1 de 22 de mayo, estableció que: “La Asamblea Constituyente, dio lugar a un nuevo texto constitucional de contenido eminentemente inclusivo, rasgo esencial que necesariamente debe plasmarse en la nueva arquitectura del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo eje medular es la ‘plurinacionalidad como hecho fundante básico del Estado’, a partir de los valores superiores y principios de orden constitucional dirigidos a alcanzar el Vivir Bien. La Constitución Política del Estado, efectivamente es la manifestación plena de la voluntad popular, donde se reconocen los derechos entendidos como fundamentales, cuyo sostén en todos los casos son los valores y principios, insertos en su texto.
La participación de la sociedad civil en los asuntos de Estado, se encuentra íntimamente ligada a la esencia propiamente dicha de la democracia. La existencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los asuntos públicos, tiende a acercar el Estado al pueblo, anteriormente visto como un ente abstracto, intangible y ajeno a su realidad, cuando su principal función es la satisfacción de las demandas sociales, extremo únicamente viable si existen altos niveles de participación popular, hecho que impulsó a que el naciente orden constitucional, promueva el desarrollo de una democracia más participativa, con una mayor intervención de los actores sociales y comunales. El derecho de participación, se encuentra dentro de los Derechos Políticos consagrados en el Título II, Capítulo Tercero, Sección II, art. 26.I de la Constitución Política del Estado, disponiendo que: ‘Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres’. El derecho de participar como elector o elegible, es un derecho raíz, es base y sustento de otros derechos emergentes de aquél, cuya concepción filosófica se encuentra en la esencia misma de nuestra Constitución, se halla impregnado de la necesidad comunitaria de integrar a sus miembros sin exclusión alguna, es un matiz más del carácter plurinacional de nuestra Norma Suprema, que busca la inclusión de la totalidad de los componentes de una sociedad compleja como la boliviana. En ese orden, a la luz de la teoría de los Derechos Humanos, este derecho está comprendido en los llamados: ‘Derechos Políticos’, por cuanto el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: 'Todos los ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores'. Asimismo, el art. 23 en su numeral 1 inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que: ‘Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores’. De la misma forma, el art. 26.II de la CPE, en su numeral segundo, reconoce el derecho al sufragio.
Ahora bien, a través de la doctrina del bloque de constitucionalidad en sus compartimentos precedentemente desarrollados, se establece que dentro del contenido esencial o núcleo del derecho al sufragio se encuentran dos elementos esenciales: 1) El derecho al sufragio activo, es decir el derecho a elegir; y, 2) El derecho al sufragio pasivo, es decir el derecho a ser elegido. Asimismo, de acuerdo al último compartimento del bloque de constitucionalidad conformado por principios y valores de rango constitucional, se establece que a la luz del principio de razonabilidad, se encuentran también insertos en el contenido esencial de este derecho los valores de justicia e igualdad. Precisamente los elementos señalados que forman parte del contenido esencial del derecho al sufragio, caracterizan al Estado Constitucional y están directamente ligados con la vigencia de la cláusula democrática” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0790/2020-S3 de 25 de noviembre determina que: “…el derecho al sufragio pasivo o derecho a ser elegido, es un derecho individual subjetivo cuyo elemento esencial es la ‘condición de elegibilidad’, que interpretado teleológicamente constituye el presupuesto que asegura la formación de la voluntad de un grupo organizado; puesto que sin el individuo que pueda ser declarado electo, el derecho de votar carecería de sentido. El referido derecho en su núcleo central comprende la posibilidad que una persona pueda ser declarada electa, cuyo deber correlativo es el que tienen los Órganos que intervienen en el acto electoral de registrar a los candidatos y proceder de acuerdo con los preceptos de la ley, en especial, proclamar las candidaturas que no tengan ningún impedimento legal y deban ser conocidas por los electores. Conforme a ello, el derecho que una persona tiene de ser elegida implica que su candidatura sea recibida y evaluada por los correspondientes funcionarios electorales según las normas respectivas, en el marco de los valores de justicia e igualdad. En concordancia con lo señalado, una posible vulneración del derecho a ser elegido puede generarse a partir de una excesiva rigurosidad en la verificación de los requisitos de habilitación que sin justificación razonable impida que una persona legalmente hábil pueda postular a uno de los cargos objeto de la elección” (las negrillas fueron agregadas).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la defensa y a “ejercer la dirigencia vecinal”; puesto que, mediante Nota de 17 de enero de 2022, emitida por el Comité Electoral ahora accionado, fue inhabilitado para postular al cargo de Presidente de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes por el Frente PSL, en virtud a que contaba con una denuncia escrita, sin que se le permitiera subsanar dicha observación, a pesar de sus reclamos efectuados ante dicho Comité y ante la FEDJUVE Tarija no obtuvo respuesta. De la revisión de antecedentes, se tiene que, se emitió la Convocatoria a “ELECCIONES DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO LOURDES” (sic) para el periodo 2022 a 2023 que en su Cláusula Segunda establece la documentación a ser presentada y en su Cláusula Novena punto seis señaló que la “Subsanación de Observaciones y recibimiento” se efectuaría el 19 de enero de 2022 hasta las 10:00 horas (Conclusión II.1.). Bajo ese contexto, por Nota con CITE: P.S.L/WVL/006/2022 presentada el 14 de enero de 2022, dirigida a la Presidenta hoy accionada, el accionante hizo conocer la inscripción del Frente PSL adjuntando la nómina completa de “los componentes” de la misma (Conclusión II.2.).
Mediante Nota presentada el 14 de enero de 2022, a las 11:00 horas, Norma Baldiviezo de Vargas denunció ante la Presidenta ahora accionada que el accionante efectuó acuerdos en beneficio propio, lo que devino en la adquisición de un lote de terreno en el asentamiento contiguo al “politécnico” y que además realizaba cobros por la utilización de una cancha con pasto sintético; por consiguiente, solicitó que se actúe con base en el Estatuto del Barrio Lourdes; puesto que, las tres primeras carteras debían ser ocupadas por personas de reconocida trayectoria y moral (Conclusión II.3.). Posteriormente, a través de Nota de 17 de enero de 2022, recepcionada por Gabriela Casilda Ocampo Mollo ahora tercera interesada el 18 de ese mes y año, la Presidenta y Vicepresidente hoy accionados comunicaron la inhabilitación del accionante ante la presentación de una denuncia escrita contra el nombrado, entre otras observaciones. Asimismo, cursa Acta de entrega de observaciones al delegado del frente PSL, del 18 de ese mes y año, en el que referente a la inhabilitación del accionante se indicó que “…no se pudo dar un tiempo o espacio a que lo pueda subsanar ya que la desición fue unánime en nuestra reunión de revisión (…) los postulantes no deben tener ningún antecedente de mal comportamiento ético, moral y las buenas costumbres (…) la determinación tomada no se puede retroceder, firman la derectiva del Comite Electoral del Barrio Lourdes, el presidente y la Vicepresidente por que los demas no pudieron presentarse y ya se encontraban un poco delicados de salud (sic [Conclusión II.4.]). Ante ello, por Nota con CITE: /WVL/0010/2022 presentada el 19 de enero de 2022, ante la Presidenta hoy accionada, el accionante denunció indefensión ante su inhabilitación dispuesta por el Comité Electoral ahora accionado, y solicitó se restituyan sus derechos. En ese orden, consta Acta de Subsanación de Observaciones por parte del Frente PSL de 19 de igual mes y año, en la que se indicó que: “…el señor Wilfredo nos entrego su documentacion que tenia por su denuncia presentada por lo que recibimos, pero le pusimos en conocimiento nosotros no somos quienes tienen que solucionar sino el Barrio con apoyo de los vecinos, puesto que el seria un Presidente del Barrio y no de las organizaciones externas y lo haga ese tramite para la siguiente gestión…” (sic [Conclusión II.5.]).
Asimismo, mediante Nota con CITE: P.S.L./WVL/0012/2022 presentada el 19 de ese mes y año, el accionante puso a conocimiento de Cecilio Pimentel, Presidente de la FEDJUVE Tarija, que el Comité Electoral ahora accionado lo inhabilitó sin revisar la documentación (Conclusión II.6.).
Posteriormente, en el Acta de posesión de Mesa Directiva “2022-2025” de 26 de enero de 2022, consta que se procedió a la posesión y juramento de rigor por parte del Comité Electoral, FEDJUVE-Cercado, FEDJUVE Tarija y de Distrito al nuevo Directorio del Frente PSL (Conclusión II.7.). Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, es pertinente referirse a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional respecto a las vías de hecho, el cómputo de plazo de caducidad para la activación del amparo constitucional y la flexibilización del principio de subsidiariedad. En ese sentido, las vías de hecho son actos cometidos por particulares o funcionarios públicos que con abuso de poder prescinden de manera absoluta de los mecanismos institucionales vigentes, afectando derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad; por lo que, deben ser tutelados de manera pronta, eficaz y oportuna a través de la acción de amparo constitucional; estos actos vulneratorios pueden generar una afectación inmediata o mediata en el tiempo, en el último caso, cuando a partir del acto inicial vulnerador de derechos fundamentales, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto vulneratorio se efectúen otros actos ulteriores lesivos, el plazo de caducidad para activar la acción de amparo constitucional se computará desde la notificación de la última decisión jurisdiccional o administrativa, pudiendo el accionante pedir la tutela desde el último acto vulneratorio; empero, al estar los actos denunciados en estricta conexidad y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surge de vías de hecho, y una vez que se verifique la transgresión de derechos fundamentales, deberán tutelarse los derechos hasta el primer acto que originó la vulneración. Asimismo, las vías de hecho se constituyen en una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, lo que implica que ante vías de hecho, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado.
Por consiguiente, al denunciarse vías de hecho administrativas, corresponde hacer una excepción al principio de subsidiariedad propia de la presente acción tutelar; puesto que, si bien no consta una respuesta de la FEDJUVE Tarija a la Nota con CITE: P.S.L./WVL/0012/2022 presentada por el accionante; sin embargo, en la presente acción de amparo constitucional se denuncian irregularidades fuera del debido proceso respecto al proceso eleccionario de la Junta Vecinal del Barrio Lourdes que generaron la indefensión del accionante, debiendo analizarse si en efecto las autoridades hoy accionadas prescindieron de los mecanismos establecidos por ley para inhabilitar al accionante como candidato a Presidente de la señalada Junta Vecinal, provocando la vulneración de sus derechos fundamentales. Respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa En el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se estableció que toda actividad sancionadora en el ámbito administrativo -entre otros- debe ser impuesta previo proceso en el que se respeten los derechos y la garantía del debido proceso, entre los que se encuentra el derecho a la defensa que implica la notificación legal con el hecho imputado, las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas que tiendan a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, los derechos a la impugnación, a la igualdad de las partes ante la ley, al juez natural y a la seguridad. De esa manera, la garantía del debido proceso tiene por objeto evitar la imposición de una sanción sin el cumplimiento de un proceso previo en el que se observen los derechos y garantías consagrados por la Norma Suprema y las leyes, por lo cual, la motivación de los fallos se convierte en una de las exigencias básicas del debido proceso, debiendo las resoluciones señalar las razones por las que se asume una determinación, exigiéndose asimismo que toda resolución esté debidamente fundamentada, exponiendo los hechos, la fundamentación legal y la cita de normas en las que sustenta su parte dispositiva; puesto que, si el juez omite la motivación de su fallo asume una decisión de hecho y no de derecho. En cuanto a las irregularidades denunciadas por el accionante respecto a que el Comité Electoral hoy accionado no le dio la oportunidad de defenderse ni responder a la denuncia que pesaba contra el nombrado, omitiendo que debieron presentarse las subsanaciones y observaciones hasta el 19 de enero de 2022, para posteriormente inhabilitarlo como candidato a Presidente; estas denuncias se comprueban de la Conclusión II.1., en virtud a que en ninguno de los requisitos exigidos en la Convocatoria a “ELECCIONES DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO LOURDES” (sic) para el periodo 2022 a 2023, consta que el candidato o candidatos no deban tener denuncias escritas o que estas se constituyan como antecedentes de mal comportamiento ético, moral y las buenas costumbres que impidan la participación del postulante a las elecciones; en segundo lugar, la Cláusula Quinta punto seis de la mencionada Convocatoria establecía que la subsanación de observaciones y recibimiento se realizaría el 19 de enero de 2022 a las 10:00 horas; sin embargo, de la Conclusión II.4., se advierte que fueron las mismas autoridades hoy accionadas quienes afirmaron que no dieron tiempo al accionante para que pueda subsanar su observación porque la determinación de inhabilitación fue unánime y los postulantes no deben tener ningún antecedente de mal comportamiento ético, moral y las buenas costumbres. Por consiguiente, se advierte que el Comité Electoral ahora accionado no se enmarcó en lo determinado por la mencionada Convocatoria, omitiendo arbitrariamente la fase de subsanación de observaciones vulnerando de esa manera el derecho del accionante a la defensa, por lo cual corresponde conceder la tutela sobre este punto. Asimismo, el accionante denunció que el 19 de enero de 2022, procedió a presentar su reclamo e impugnación, y adjuntó documentación que demostraba que la denuncia efectuada contra su persona no era evidente; empero, no obtuvo ningún pronunciamiento al respecto. En ese sentido, conforme se advierte de la Conclusión II.5., el Comité Electoral ahora accionado afirmó que el accionante entregó documentación; sin embargo, que no eran “quienes tienen que solucionar” -la denuncia- sino el Barrio Lourdes con apoyo de los vecinos y que “…haga ese tramite para la siguiente gestión…” (sic), para posteriormente determinar la inhabilitación del accionante como candidato a Presidente de la nombrada Junta Vecinal a simple denuncia de Norma Baldiviezo de Vargas, soslayando lo determinado por el art. 54 del Estatuto Orgánico de la FEDJUVE Tarija que establece: “Las Directivas de las FEJUVEs Provinciales y Juntas Vecinales estarán constituidas según los Estatutos y Reglamentos de su Barrio, respetando, cumpliendo y acatando siempre por delante de cualquier norma el Estatuto y Reglamento de la FEDJUVE…” (las negrillas son nuestras); bajo ese contexto, el mencionado Estatuto en su art. 129 prevé que: “Todo Dirigente Vecinal, que sea denunciado por cualquier causa o hecho, tiene derecho a asumir su defensa irrestricta, y no será declarado culpable y mantendrá su inocencia, hasta que se demuestre lo contrario” (las negrillas fueron añadidas), siendo el Tribunal de Honor y Disciplinario el que tiene la facultad de conocer todos los asuntos vinculados a los dirigentes que infrinjan e incumplan ese Estatuto y su Reglamento -entre otros- previo proceso interno -art. 128-. Por consiguiente, se advierte que al margen de no enmarcarse en lo establecido en la Convocatoria e inhabilitar al accionante con una simple Nota -17 de enero de 2022-, el Comité Electoral hoy accionado no consideró que conforme a la citado Estatuto debió existir un proceso previo tramitado ante el Tribunal de Honor y Disciplinario que culmine con la suspensión de sus derechos hasta su expulsión o reincorporación de su cargo de las Juntas Vecinales y de la FEDJUVE Tarija, para así determinar la inhabilitación del accionante; aspecto que no fue acreditado, por lo cual, se evidencia que la determinación asumida por los miembros del Comité Electoral ahora accionado fue asumido de manera arbitraria y sin la debida fundamentación ni motivación, asumiendo entonces una determinación de hecho y no de derecho; en consecuencia corresponde conceder la tutela solicitada con relación a este punto. En cuanto a la vulneración del derecho a “ejercer la dirigencia vecinal” En el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional se estableció que el derecho al sufragio pasivo o a ser elegido implica que una persona tiene derecho a ser elegida; por lo que, su candidatura debe ser recibida y evaluada por los funcionarios electorales según las normas correspondientes en el marco de los valores de justicia e igualdad; en ese sentido, este derecho será vulnerado si en la verificación de los requisitos de habilitación existe una excesiva rigurosidad sin justificación razonable; lo cual, impide a una persona legalmente hábil a que postule a uno de los cargos de la elección. En ese orden, el accionante reclama que vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, posesionaron a la Junta Vecinal del Barrio Lourdes, quedando Gabriela Casilda Ocampo Mollo hoy tercera interesada como Presidenta, cuando el Comité Electoral ahora accionado, al formar parte de una entidad de la sociedad civil como es la Junta Vecinal, se encontraba compelido a respetar los citados derechos, considerando además que las Actas de las elecciones, las Asambleas y la Nota de 17 de enero de 2022, denotan la vulneración de su derecho a ejercer la dirigencia; es decir, al sufragio pasivo; aspecto que es evidente; puesto que, no se dio la oportunidad al accionante de subsanar las observaciones efectuadas antes de proceder a su inhabilitación conforme se establecía en el cronograma de la Convocatoria a “ELECCIONES DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO LOURDES” (sic) para el periodo 2022 a 2023, emitiéndose la Nota de 17 de enero de 2022, de inhabilitación de manera arbitraria vulnerando su derecho al sufragio pasivo; por lo que, se concede la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, con similares fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2022 de 3 de junio, cursante de fs. 164 a 169, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y al sufragio pasivo del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Nota de 17 de enero de 2022, y que el Comité Electoral del Barrio Lourdes, restituya el derecho a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y al sufragio pasivo del accionante, debiendo cumplir con lo establecido por la Cláusula Novena punto seis de la Convocatoria a “ELECCIONES DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO LOURDES” (sic) para el periodo 2022 a 2023. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0770_2023-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): aa2c82117599794f1789ab6d1e15425b16afab1d91867568073e70aadb0d1fbc
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