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SCP 0770/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
41286-2021-83-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en la presente demanda tutelar; toda vez que, interpuso excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y solicitud de desarraigo; sin embargo, dichas solicitudes no fueron resueltas por el Juez de control jurisdiccional ahora demandado debido a las suspensiones de audiencias fijadas al efecto pese a que se notificó al representante del Ministerio Público. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Del Trámite de incidentes con la modificación de la ley 1173 de 3 de mayo de 2019, -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres-; iii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/21 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 50 a 51, pronunciada por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; constituidos en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ratificando lo dispuesto por el Tribunal de garantías; y, 2° Se llama severamente la atención a Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no resolver la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso conforme al plazo y trámites establecidos en el Código de Procedimiento Penal; con la advertencia que, de volver a reincidir en la presente conducta, se remitirán antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Del Trámite de incidentes con la modificación de la ley 1173 de 3 de mayo de 2019, -Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños y adolescentes y mujeres-
  3. III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0770/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 41286-2021-83-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/21 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 50 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Menacho Heredia y Fabiola Suárez Brito en representación sin mandato de Ronnie Renán Fuentes Saucedo contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de junio de 2021, cursante a fs. 43 y vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de robo; el 12 de mayo del 2021 presentó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso con fundamento que la causa “Data del 2010” (sic). Asimismo, pidió su desarraigo que fue respondido mediante providencia de 14 de igual mes y año señalándose audiencia para el 19 del mismo mes y año. Sin embargo, la audiencia fue suspendida bajo el supuesto de no haberse notificado al Ministerio Público “…con el So pretexto de que el Fiscalía (Central de la FELCC) se rehusaron a Recibir la Notificación, porque dicho Proceso ya está Archivado y los Señores Fiscales de ese entonces ya Fueron Retirados (Jubilados) y unos que Otros se han Muerto por COVID-19” (sic).

Por tal motivo, ante su insistencia, la autoridad judicial demandada fijó nueva fecha para la celebración del acto para el 1 de junio del 2021. No obstante, nuevamente se suspendió con el mismo criterio anterior –falta de notificación al Ministerio Público-. Justificativo no valedero, por qué en los hechos, el 31 de mayo de similar año, la Oficial de Diligencias cumplió con la notificación extrañada, lo que denota una evidente dilación de parte de la autoridad judicial demandada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos; a la libertad de locomoción; y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 22, 23, 115, 116, 117, 180, 203 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) “…que en el plazo de 24 Horas, este Juez (Negligente) corrija el Procedimiento y de estricto Cumplimiento a los Arts. 133,134,315 del CPP y en consecuencia Extinga el presente Proceso Penal Instaurado en mi contra y por ende Levante todas las Medidas impuestas en mi contra como es el Arraigo y se Ordene en el plazo no Mayor a 72 horas señale Audiencia para Considerar y Resolver las Excepciones o Mínimamente Decrete tal como lo Establece el Art. 250 del CPP, y en consecuencia se Extinga el Presente Proceso…” (sic); y, b) El pago de costas y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura a fines disciplinarios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 2 de junio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 47 a 50, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela -a través de su abogado- ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando el mismo en audiencia señaló: 1) La dilación en la que se incurrió no fue atribuible a su persona; puesto que “…se presentó la imputación formal, la ampliación y no así la acusación ya que mi defendido no tiene ninguna participación, es mas no fue ni acusado y el juez en fecha 01 de junio suspende la audiencia pese a que se notificado al ministerio público en fecha 31 de mayo ya que la oficial se constituyó en la fiscalía departamental a dejar el oficio para que la fiscalía designara un fiscal en el presente proceso ya que el mismo data del 2010y según esta cartera estaría en acefalía pero esto no es atribuible a mi defendido…”(sic); y, 2) Su persona nunca fue declarada rebelde ya que compareció a todos los llamados de la autoridad jurisdiccional; por tal razón, se debió ordenar el desarraigo solicitado y la extinción del proceso en cumplimiento al art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) por el tiempo transcurrido de diez años, encontrándose arraigado hasta la fecha y por ende sin poder realizar sus tratamientos médicos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación conforme cursa la representación a fs. 46.

I.2.3. Resolución

Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías mediante Resolución 13/21 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 50 a 51, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Juez ahora demandado, se pronuncie en relación a la excepción de extinción de duración máxima del proceso bajo los siguientes fundamentos: i) El peticionante de tutela planteó extinción de la acción penal por duración máxima del proceso fijándose audiencias para su conocimiento y resolución que fueron suspendidas, extremo que se considera como cierto al no haber asumido defensa la autoridad jurisdiccional defensa; y, ii) Las suspensiones supuestamente se dieron por falta de notificación al Ministerio Público, pero esto no era atribuible al ahora impetrante de tutela sino al Juez ahora demandado, que como director del proceso debió estar pendiente de que se cumplan con las diligencias dentro el plazo de ley “…y desde la presentación de la excepción han transcurrido 19 días y hasta la fecha no se ha notificado con ninguna actuación al ministerio público…” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 55, se dispuso la suspensión de plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria, para ello, se solicitó la remisión de una serie de documentos correspondientes al proceso en cuestión, a Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; sin embargo, y al no haber sido remitido lo requerido, nuevamente y bajo conminatoria de 28 de agosto del mismo año, se reiteró dicha solicitud, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha; por ello, y ante el perjuicio ocasionado por la merituada autoridad y a fin de evitar mayor dilación con la presente acción tutelar, el plazo siendo reanudado por decreto constitucional de 3 de julio de 2023; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSION

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta escrito de 10 de mayo de 2021 presentado por Ronnie Renán Fuentes Saucedo -ahora peticionante de tutela- interponiendo excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; asimismo solicita que se deje sin efecto el arraigo dispuesto contra su persona desde hace más de once años que mereció el proveído de 14 del mismo mes y año que señala audiencia para el 19 del citado mes y año (fs. 40 a 41)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en la presente demanda tutelar; toda vez que, interpuso excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y solicitud de desarraigo; sin embargo, dichas solicitudes no fueron resueltas por el Juez de control jurisdiccional ahora demandado debido a las suspensiones de audiencias fijadas al efecto pese a que se notificó al representante del Ministerio Público. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Del Trámite de incidentes con la modificación de la ley 1173 de 3 de mayo de 2019, -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres-; iii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-

…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento reiterado en la SCP 0112/2012 de 27 de abril. Con relación a la demora en la efectivización del mandamiento de libertad, en los casos que se dispuso la cesación de la detención preventiva con la consiguiente aplicación de medidas sustitutivas, la SC 0862/2005-R de 27 de julio señaló que sus solicitudes deben tener un trámite acelerado y oportuno; puesto que, si existe demora indebida, ya sea en su tramitación, consideración o cuando se entorpezca o impida que el beneficio concedido pueda ejecutarse de inmediato, se restringe el derecho a la libertad.

Posteriormente, la SC 0028/2010-R de 16 de abril puntualiza que la celeridad procesal como principio ético-moral de la sociedad plural, no solo tiene que imprimirse en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas al derecho a la libertad física o personal, sino también, en su efectivización; entendimiento confirmado por la SCP 1853/2012 de 12 de octubre, la que indica que, si bien debe acreditarse que se cumplieron con las medidas sustitutivas impuestas; empero, la materialización de la libertad del imputado o procesado, debe obedecer al principio de celeridad, cuya actuación contraria provoca dilación indebida; razonamiento reiterado en la SCP 0182/2014 de 30 de enero, en cuyo Fundamento Jurídico III.3, refiere:

…No siendo razonable ni lógico, que una vez determinada la cesación de la detención preventiva, el procesado no pueda efectivizar su derecho, por causas dilatorias atribuibles al juez cautelar, por actitudes de desidia o negligencia que provoquen la persistencia de la medida restrictiva de libertad.

De la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, se concluye que entre las modalidades de acción de libertad se encuentra la denominada traslativa o de pronto despacho; a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, que la autoridad judicial no solo está compelida a imprimir esa celeridad procesal en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas al derecho a la libertad física o personal, sino también, en su efectivización , ya que una actitud contraria constituye una dilación indebida que vulnera este derecho.

Entendimiento que fue asumido mediante la SCP 0384/2018-S2 de 24 de junio en su Fundamento Jurídico III.1.

III.2. Del Trámite de incidentes con la modificación de la ley 1173 de 3 de mayo de 2019, -Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños y adolescentes y mujeres-

El art. 314 del CPP sufrió modificaciones a su texto original, a través de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 y posteriormente por Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, tanto respecto al procedimiento como a los plazos para su interposición, tramitación y resolución. El texto vigente de la norma en examen, es el siguiente: Artículo 314. (TRÁMITES).

I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.

Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.

Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.

El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.

II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se

considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código. Artículo 315. (RESOLUCIÓN).

I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.

II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite.

III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio.

IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos (las negrillas fueron añadidas).

De la norma precedentemente glosada, se concluye que, durante la etapa preparatoria, una vez interpuesto un incidente ante el juez de instrucción penal, éste, dentro de las veinticuatro horas, deberá señalar audiencia y notificar a las partes para presentar aprueba. Dicha audiencia, debe llevarse a cabo dentro de los tres días del interpuesto el incidente, donde el Juez debe resolverse el incidente mediante resolución fundamentada.

III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las Sentencias Constitucionales 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos; i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero[3], refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.4. Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela -a través de su representante sin mandato-denuncia que en el proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de robo agravado, se encuentra con arraigo por más de once años; por lo que, interpuso excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y se deje sin efecto dicha medida cautelar de carácter personal; empero, su solicitud no fue resuelta debido a las injustificadas suspensiones de las audiencias fijadas por la autoridad jurisdiccional ahora demandada. Bajo ese contexto fáctico que motivó la interposición de esta acción de defensa, con carácter previo corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando los servidores públicos no presentan el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela y tampoco asisten a la audiencia de consideración de una acción de defensa presentada en su contra, se presume la veracidad de los hechos denunciados. En consecuencia, el problema jurídico planteado se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, está destinada a agilizar los trámites que se encuentran vinculados con el derecho a la libertad física o personal; debiendo los servidores judiciales y administrativos cumplir con los plazos previstos en la ley, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado. Ahora bien, en base en los antecedentes del caso, se tiene que el impetrante de tutela por escrito de 10 de mayo de 2021 interpuso excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; además, solicitó se deje sin efecto el arraigo dispuesto contra su persona desde hace más de once años. Escrito que mereció el proveído de 14 del mismo mes y año que señala audiencia para el 19 del citado mes y año (Conclusión II.1) sin que hasta la presentación de la demanda de acción tutelar se haya resuelto su petición. Al respecto, queda claro que se demostró la dilación indebida del Juez de control jurisdiccional respecto a la tramitación de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, la cual sin duda alguna es de especial pronunciamiento dado que debe señalarse la audiencia correspondiente dentro del plazo de veinticuatro horas cuya celebración debe llevarse a cabo en el término de tres días en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. De este modo, conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo constitucional, debe ser resuelta de manera inmediata; razón por la que, no puede dilatarse su tratamiento de manera injustificada, pues sin duda alguna la resolución de dicha excepción se encuentra directamente vinculada a la libertad irrestricta del solicitante de tutela, por cuanto de ser declarada probada podría cesar la persecución penal y todas la medidas cautelares dispuestas en su contra como es el arraigo.

En ese marco, al haberse constatado la demora o dilación indebida en su atención se debe conceder la tutela solicitada a través de la presente acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Finalmente, se debe aclarar que la petición efectuada por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad no pueden ser conocidas ni ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal, dado que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de manifestarse en el fondo de una presunta irregularidad del debido proceso -falta de resolución de solicitud de extinción de la acción penal y desarraigo-, no implica ni conlleva de forma automática la libertad irrestricta del procesado, dado que, dicha excepción requiere de un trámite y despliegue procesal propio, en el que el Juez de la causa determinará lo que en derecho corresponda; decisión que a su vez tiene los recursos de impugnación previstos por la norma, en defensa de los derechos de las partes procesales. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/21 de 2 de junio de 2021, cursante de fs. 50 a 51, pronunciada por los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; constituidos en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ratificando lo dispuesto por el Tribunal de garantías; y, 2° Se llama severamente la atención a Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no resolver la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso conforme al plazo y trámites establecidos en el Código de Procedimiento Penal; con la advertencia que, de volver a reincidir en la presente conducta, se remitirán antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0770_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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