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SCP 0769/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53576-2023-108-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso en su elemento de “…derecho de acceso a la justicia…” (sic); y, el principio de celeridad; toda vez que, ante la solicitud de consideración de modificación de medidas cautelares personales de 25 de enero de 2023, la autoridad demandada: a) Emitió providencia de 30 de igual mes y año, alegando que aún no fue devuelto el cuaderno de apelación incidental pendiente; y, b) Ante la presentación de la acusación fiscal en su contra el 2 de febrero del mismo año por parte del Ministerio Público, se dispuso la remisión del proceso al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de la Capital del departamento de Cochabamba, por haber concluido la etapa preparatoria; empero, sin resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares personales. Ante ello, la autoridad demandada refiere que el impetrante de tutela no realizó ningún acto procesal de oposición ante el proveído de 30 de enero de 2023, donde respondió a su solicitud de consideración de modificación de medidas cautelares personales, pues el cuaderno de apelación incidental y el Auto Interlocutorio que resolvería su situación jurídica respecto a la imposición de dichas medidas aún se encontraba con el Juez ad quem; y que, por tal razón, aún tenía mecanismos recursivos para reconducir su determinación, no habiendo agotado esa vía, correspondiendo denegar por subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela soli…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 002/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, ordenado que la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en el plazo de veinticuatro horas de conocer el presente fallo constitucional señale audiencia, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación del accionante ya se encuentre determinada conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo). 2º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente, respecto a la imposibilidad de presentar de manera simultánea un recurso de apelación incidental y alternativamente una solicitud de modificación de la medida cautelar de carácter personal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0769/2025-S2 Sucre, 16 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53576-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 002/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Omar Humberto Terrazas Morales contra Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 16 a 18 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa y a instancia de múltiples víctimas, se le impusieron medidas cautelares distintas a la detención preventiva. En ese contexto, el 25 de enero de 2023 solicitó a Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad demandada- audiencia de modificación de medidas cautelares personales, mismo que fue respondido mediante decreto de 30 de igual mes y año, en el cual no señaló audiencia, incurriendo así en una dilación indebida, pese a que dicho actuado se encontraba vinculado a su derecho a la libertad; por el contrario, la autoridad demandada, mediante el “…AUTO DE REMISIÓN A SENTENCIA DE FECHA 2 DE FEBRERO…” (sic), remitió el expediente al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de igual Capital y departamento, tras la presentación de acusación fiscal en su contra por parte de la Fiscalía, sin resolver previamente la solicitud de modificación de la medida cautelar y omitiendo el cumplimiento de los plazos establecidos en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso en su elemento de “…derecho de acceso a la justicia…” (sic); y, el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) “SE DEJE SIN EFECTO DECRETO DE 30 DE ENERO DE 2023 A MI SOLICITUD DE AUDIENCIA DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y AUTO DE REMISIÓN DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2023” (sic); b) En el día se señale audiencia de modificación de medida cautelar personal, solicitada el 25 de enero de 2023; y, c) De concederse la tutela, se remita una copia de la resolución constitucional a Recursos Humanos de la Fiscalía para el file personal de la demandada, multándola con Bs21 000.- (veintiún mil bolivianos) a razón de los gastos incurridos en la presente acción de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 153 a 154, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 31 y, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) El accionante afirmó que se encuentra con detención domiciliaria; empero, contrariamente funda su pretensión haciendo referencia a una solicitud de cesación como persona detenida, sin mencionar si conocía o no el resultado del Tribunal de alzada; 2) El memorial de cesación mereció el decreto de 30 de enero de 2023, el cual fue recepcionado por la Oficina Gestora de procesos en la misma fecha según reporte general de notificación acompañado en fotocopia simple; 3) Consta nota de remisión de legajo de apelación incidental de 30 de enero de 2023 a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; es decir, que el mismo fue devuelto posteriormente; y, 4) El impetrante de tutela no realizó ningún acto para contradecir o cuestionar al proveído objeto de la presente acción tutelar, habiendo mecanismos recursivos a efecto de reconducir la decisión, recayendo dicha figura en una subsidiariedad excepcional.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Fernando Luis, Milagros Ángela y Sandra Elvira, de apellidos Sillerico Salinas, a través de su abogada, en audiencia de garantías solicitaron se deniegue la tutela impetrada, expresando que, si el peticionante de tutela consideraba que lo resuelto por la Jueza demandada vulneró sus derechos, debió plantear recurso de reposición contra dicha determinación.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 002/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 155 a 158 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Mediante orden del Tribunal de alzada, la autoridad demandada impuso al accionante medidas cautelares distintas a la detención preventiva, consistentes en detención domiciliaria con custodio en su domicilio y derecho al trabajo; dicha determinación fue objeto de apelación incidental por ambas partes del proceso penal, disponiéndose en la misma audiencia la remisión de los antecedentes a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conforme consta en la nota de remisión de 9 de enero de 2023. Por su parte, la solicitud de modificación de medidas cautelares, presentada el 25 de enero del mismo año, fue respondida mediante proveído de 30 de igual mes y año, en el que la autoridad demandada rechazó señalar audiencia, alegando que debía estarse a lo resuelto por el Tribunal de alzada, toda vez que el cuaderno de apelación incidental no había sido devuelto a la fecha de la solicitud del impetrante de tutela; ii) En antecedentes, cursa también el requerimiento de formulación de acusación fiscal de 24 de enero de 2023 y Auto de 30 del mismo mes y año que declaró concluida la etapa preparatoria; paralelamente, consta una nota de devolución del cuaderno de apelación incidental emitida por la Sala Penal Tercera del referido Tribunal en la misma fecha, junto con el Auto de Vista 12/2023 de 17 de enero y el Auto Interlocutorio de 2 de febrero de igual año, mediante el cual se dispuso poner en conocimiento del Juzgado de Sentencia Penal de Turno de la Capital del referido departamento el contenido de la resolución; iii) El 17 de enero de 2023, al intervenir en audiencia de apelación incidental ante la mencionada Sala Penal Tercera, el peticionante de tutela tomó conocimiento de la resolución emitida por dicho Tribunal; por ello, era de su interés realizar un seguimiento de la devolución del expediente al Juez a quo, a fin de solicitar posteriormente la modificación de la medida cautelar. De los antecedentes se desprende que el cuaderno de apelación incidental fue devuelto el 30 del señalado mes y año; por lo que la autoridad demandada no podía resolver la solicitud de modificación sin conocer previamente lo resuelto por el Tribunal de alzada, siendo que la situación jurídica del peticionante de tutela estaba sujeta a confirmación. Una vez devuelto el cuadernillo, correspondía que el impetrante de tutela reiterara su petición de modificación de medida cautelar, en lugar de acudir directamente a la jurisdicción constitucional; iv) En consecuencia, correspondía que el accionante, antes de interponer la acción de libertad, reiterara su solicitud de modificación de medida cautelar una vez que el expediente de apelación hubiera sido devuelto al Juez a quo y antes de que se determinara la remisión de la causa al Juez de Sentencia Penal de Turno de la referida Capital y departamento, en virtud de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público; y, v) No obstante, no resultaba razonable que la autoridad demandada esperara a que el peticionante de tutela presentara nuevamente su solicitud para atenderla, lo que habría generado su propia indefensión; ello, considerando que sí tuvo acceso a la justicia, pudiendo presentar solicitudes de manera constante e impugnando las resoluciones judiciales que le fueron desfavorables.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares personales de 16 de diciembre de 2022, Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, impuso a Omar Humberto Terrazas Morales -ahora accionante- las medidas cautelares de prohibición de comunicarse con determinadas personas, fianza, arraigo y detención domiciliaria; determinación que en el mismo acto fue objeto de apelación incidental por ambas partes del proceso penal (fs. 83 vta. a 88 vta.). II.2. Cursa requerimiento conclusivo de acusación fiscal de 24 de enero de 2023 presentado por Claudia Rocío Paredes Olmos, Fiscal de Materia contra el ahora impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de estafa agravada (fs. 102 a 108). II.3. Mediante Auto de Vista 12/2023 de 17 de enero, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por las víctimas del proceso penal y el imputado -accionante- (fs. 125 a 132). II.4. A través de memorial de 25 de enero de 2023, el impetrante de tutela solicitó a Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, modificación de medidas cautelares (fs. 90 y vta.). II.5. En respuesta a la solicitud de modificación de medida cautelar impetrada por el accionante, por decreto de 30 de enero de 2023, la autoridad demandada señaló: “Estese a la resolución que vaya a emitir la Sala Penal Tercera del TDJ de Cbba…” (sic [fs. 92]).

II.6. Consta nota de 30 de enero de 2023, donde la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se dirigió a la Jueza demandada refiriendo la remisión del legajo procesal de apelación incidental de medida cautelar en cumplimiento del Auto Vista 12/2023 (fs. 134 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y el debido proceso en su elemento de “…derecho de acceso a la justicia…” (sic); y, el principio de celeridad; toda vez que, ante la solicitud de consideración de modificación de medidas cautelares personales de 25 de enero de 2023, la autoridad demandada: a) Emitió providencia de 30 de igual mes y año, alegando que aún no fue devuelto el cuaderno de apelación incidental pendiente; y, b) Ante la presentación de la acusación fiscal en su contra el 2 de febrero del mismo año por parte del Ministerio Público, se dispuso la remisión del proceso al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de la Capital del departamento de Cochabamba, por haber concluido la etapa preparatoria; empero, sin resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares personales. Ante ello, la autoridad demandada refiere que el impetrante de tutela no realizó ningún acto procesal de oposición ante el proveído de 30 de enero de 2023, donde respondió a su solicitud de consideración de modificación de medidas cautelares personales, pues el cuaderno de apelación incidental y el Auto Interlocutorio que resolvería su situación jurídica respecto a la imposición de dichas medidas aún se encontraba con el Juez ad quem; y que, por tal razón, aún tenía mecanismos recursivos para reconducir su determinación, no habiendo agotado esa vía, correspondiendo denegar por subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria

La SC 1500/2011-R de 11 de octubre, establece que: “De las características de la apelación incidental presentada contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, se establece que tiene un procedimiento ágil y despojado de formalismos, cuyo objeto es revisar si se valoró adecuadamente la concurrencia de los requisitos de validez para determinar su aplicación, modificación o cesación; recurso que una vez activado, por lealtad procesal, deberá tramitarse hasta su conclusión, a no ser que el apelante manifieste expresamente su voluntad de desistimiento; de lo contrario, la jurisdicción ordinaria presupone que éste acudió a esta vía de impugnación porque se encontraba en desacuerdo con la decisión asumida por la autoridad jurisdiccional de primera instancia, porque considera que dicha autoridad no ponderó adecuadamente los elementos de convicción para establecer la procedencia o improcedencia de la aplicación de la medida cautelar y, precisamente por ese motivo, acudió ante el tribunal superior reclamando las supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, en pos de una reparación inmediata. Aplicando el criterio precedente a las medidas cautelares de carácter personal, se debe precisar que cuando la autoridad jurisdiccional, en uso de la atribución conferida por el art. 250 del CPP, rechaza un petitorio de cesación a la detención preventiva, al afectado le queda expedito el recurso de apelación incidental, lo que implica la exteriorización irrefutable de su desacuerdo con la decisión del aquo y, precisamente por ello, acude a una instancia superior del órgano jurisdiccional para solicitar la revisión de la ponderación realizada por el inferior; por lo tanto, como se señaló, una vez activada la vía de impugnación ante el tribunal de alzada, deberá continuarse hasta obtener una resolución final, de otro modo, se estaría movilizando inútilmente todo el aparato judicial. Por lo tanto, mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aún no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora. En consecuencia, si bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1, las medidas cautelares tienen el carácter de modificables y por ende, pueden ser presentadas cuantas veces el imputado considere pertinente, ello no implica que sea posible activar dos vías en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y de darse, inviabilizaría la segunda solicitud al activar en forma paralela dos peticiones con idéntica finalidad, para que ambas conozcan y resuelvan en el fondo, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, dando lugar a la emisión de varias resoluciones relacionadas a la misma problemática y que podrían ser contrarias, lo que provocaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento”.

III.2. Análisis del caso concreto

Habiendo el accionante planteado, en el caso concreto, apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares personales de 16 de diciembre de 2022 que dispuso su detención domiciliaria con custodio, se tiene que el 9 de enero de 2023 se remitió el cuaderno procesal en alzada; en ese ínterin, el citado impetrante de tutela presentó una solicitud de modificación de medida cautelar personal, la cual fue respondida por la Jueza demandada mediante decreto de 30 de igual mes y año, en el que dispuso: “Estese a la resolución que vaya a emitir la Sala Penal Tercera del TDJ de Cbba…” (sic). Ese mismo día, a horas 16:00, se devolvió el legajo de la apelación incidental; sin embargo, la documentación ingresó a despacho para su consideración recién al día siguiente; por lo que, a tiempo presentarse la solicitud de cesación a la detención preventiva, aun no se conocía oficialmente el resultado de la apelación incidental anterior. Así, de lo manifestado por la Jueza demandada, se desprende que, al momento de resolver la solicitud de modificación de medida cautelar personal presentada por el accionante, no tenía aún conocimiento de lo resuelto por el Tribunal de alzada. Aquello evidencia una activación paralela, consistente en promover una nueva solicitud de audiencia de modificación de medida cautelar sin esperar la determinación de la apelación incidental pendiente que el mismo impetrante de tutela habría formulado el 9 de enero de 2023. Este hecho resulta relevante, pues se trata del mismo sujeto procesal que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la modificación de su medida cautelar, simultáneamente solicitó una nueva audiencia sobre el mismo extremo, lo que podía dar lugar a decisiones contradictorias dentro de la jurisdicción ordinaria, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, no se evidencia vulneración al derecho fundamental a la libertad ni de la garantía del debido proceso, toda vez que la solicitud de modificación de medida cautelar fue presentada por el accionante cuando aún existía una apelación incidental pendiente también promovida por el mismo impetrante de tutela, a ser devuelta y puesta en conocimiento de la Jueza demandada. En tal circunstancia, la autoridad demandada obró conforme a la jurisprudencia aplicable, absteniéndose de pronunciarse hasta contar con la resolución del Tribunal de alzada, preservando la coherencia procesal que deben tener las resoluciones en la jurisdicción ordinaria y evitando una eventual contradicción. En ese contexto, lo que correspondía al peticionante de tutela en ese momento procesal, era esperar la decisión del Tribunal de alzada, habiéndose activado de manera paralela los mecanismos ordinarios, sin que se evidencie una actuación arbitraria que afecte de manera directa su derecho a la libertad; por lo tanto, respecto a este agravio, corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto al segundo punto, si bien inicialmente la autoridad demandada se vio impedida de señalar audiencia de modificación de medida cautelar personal conforme lo expuesto precedentemente, se tiene que el cuaderno de control jurisdiccional, junto con el Auto de Vista 12/2023 de 17 de enero, le fue devuelto el 30 de igual mes y año; y, siendo que a esa fecha ya existía acusación fiscal presentada por el Ministerio Público contra el accionante, el 2 de febrero del mismo año, dicha autoridad demandada remitió el expediente al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de la Capital del departamento de Cochabamba, sin haber señalado ni resuelto la audiencia solicitada por el peticionante de tutela. Sobre este extremo, la SCP 0554/2020-S1 de 5 de octubre, que cita a la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, la cual estableció que: “…el Juez de Instrucción Penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica”. En este sentido, una vez devueltos los antecedentes y teniendo la autoridad demandada conocimiento de la solicitud pendiente de consideración de modificación de la medida cautelar personal formulada por el accionante, no existía ningún impedimento para que la misma fuera resuelta antes de remitir el expediente al Juzgado de Sentencia Penal de Turno de la señalada Capital y departamento; incluso, este último podría haber devuelto el expediente en caso de advertir la existencia de un incidente pendiente a resolver, lo que habría generado mayor dilación. Por tanto, la Jueza demandada no podía asumir una postura pasiva frente a dicha solicitud, ya que ello -conforme se extrae de la propia acción de libertad- puso al peticionante de tutela en un estado de incertidumbre jurídica, situación por la cual corresponde conceder la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 002/2023 de 3 de febrero, cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, ordenado que la autoridad demandada o la que se encuentre en ejercicio del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en el plazo de veinticuatro horas de conocer el presente fallo constitucional señale audiencia, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación del accionante ya se encuentre determinada conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo). 2º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente, respecto a la imposibilidad de presentar de manera simultánea un recurso de apelación incidental y alternativamente una solicitud de modificación de la medida cautelar de carácter personal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0769_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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