B.IA.LEGAL

SCP 0769/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 11 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
11 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47842-2022-96-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela alega que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a recurrir, al trabajo, a la defensa y al principio de impugnación; toda vez que, dentro del proceso disciplinario que se le siguió, se pronunció la RA 184/2015; mediante la cual, se declaró probada la comisión de la falta tipificada como deserción, disponiendo su retiro o baja definitiva de la Institución Policial sin derecho a su reincorporación; sin embargo, erróneamente se procedió a notificarlo por cedulón sin antes realizar la representación respectiva como requisito previo antes de disponer la notificación por cedulón; y, pese a que hizo notar este error mediante la interposición de un incidente de nulidad de notificación de 9 de marzo de 2021; por el cual, sostuvo que hubo una equivocada interpretación del art. 54 de la Ley 101, el Presidente a.i. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 49/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos dispuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0769/2023-S1 Sucre, 11 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47842-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 49/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Nicolás Avendaño Vásquez contra Juan Percy Frías Cardozo, Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 48 a 61, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, se pronunció la Resolución Administrativa (RA) “113/2015” siendo lo correcto 184/2015 de 17 de diciembre; la cual, fue directamente notificada por cedulón el 19 de febrero de 2016, sin antes realizar la representación respectiva que era un requisito previo antes de disponer la notificación por cedulón. Por otro lado, se emitió el Decreto de 2 de marzo de 2016; mediante el cual, se decretó la ejecutoria de la RA 184/2015; sin embargo, nunca tuvo conocimiento de la misma, siendo arbitrarias e ilegales las actuaciones del Oficial de Diligencias, pues las mismas contrariaron las previsiones contenidas en el art. 54 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; toda vez que, dicha norma refiere en cuanto a las citaciones y notificaciones, que las mismas deben ser realizadas de forma personal en el último destino laboral o el domicilio señalado en su archivo procesal, y en caso de no ser habido el funcionario sometido a proceso, se deberá realizar representación con la presencia de un testigo para recién con esta, disponer la citación o notificación por cedulón. Afirma que el oficial de diligencias nunca se apersonó al último destino laboral de su persona, como tampoco al domicilio señalado en su archivo personal; finalmente, tampoco se constató la comparecencia de testigo en el cedulón que supuestamente habría sido fijado. Consiente de la lesión de sus derechos, mediante Memorial de 9 de marzo del 2021, planteó incidente de nulidad de notificación, siendo resuelto mediante Decreto de 26 de igual mes y año; a través del cual, la autoridad demandada señaló que en la Ley 101 no se encontraba establecido la interposición del merituado incidente, “…en virtud que el proceso disciplinario instaurado a la fecha se encuentra debidamente ejecutoriado, lo que genera certeza jurídica de que a la fecha ha adquirido la calidad de cosa juzgada en razón de no existir ningún medio de impugnación que permita su modificación, por lo que no merece pronunciamiento alguno de esta instancia disciplinaria…” (sic); en ese sentido, por Memorial de 6 de abril del mismo año, interpuso recurso de reposición contra la providencia de 26 de marzo de 2021, solicitando se emita una resolución fundamentada bajo alternativa de apelación; sin embargo, nuevamente mediante Providencia de 15 de abril del citado año, el ahora demandado sostuvo que la Ley 101 no tenía establecido lo que se solicitaba en virtud a que el caso había adquirido calidad de cosa juzgada “…en razón de no existir ningún medio de impugnación que permita su modificación…” (sic) cuando el art. 75 de la mencionada norma refiere que este recurso (reposición) procede contra providencias de mero trámite a fin de que el mismo tribunal advertido de su error, las revoque o modifique; es decir, que al referir la autoridad demandada, que lo pedido no estaba en norma, realizó una incorrecta valoración y aplicación del art. 75 de la Ley 101.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a recurrir, al trabajo, a la defensa y al principio de impugnación, citando al efecto los arts. 46, 115, 116, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Se solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, ordene se deje sin efecto la providencia de 15 de abril de 2021, debiendo la autoridad ahora demandada resolver el recurso de reposición y el incidente de nulidad interpuesto.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 10 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 69 a 72 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado patrocinante, ratificó el contenido de la acción presentada, manifestando además lo que a continuación se detalla: a) Iniciado el proceso disciplinario contra su persona, se emitió la RA 184/2015; mediante la cual, se dispuso su baja definitiva sin derecho a su reincorporación, resolución que no pudo ser apelada, pues fue notificado directamente por cedulón sin seguir el procedimiento correcto; es decir, que jamás fue notificado de forma personal y mucho menos se siguió el procedimiento adecuado. previsto en la Ley 101, para notificarlo mediante cedulón y así poder así poder presentar los recursos que establece la Ley; pese a ello, mediante Decreto de 2 de marzo de 2016, se declaró la ejecutoria de la RA 184/2015, lo que sin lugar a dudas afecta sus derechos, pues ante la errónea aplicación de la Ley con relación al art. 54 en cuanto al procedimiento previo para disponer la notificación mediante cedulón, impidieron que pueda recurrir a la misma; y, b) Tratando de subsanar dichas lesiones, interpuso incidente de nulidad, pero recibió como respuesta que dentro de la merituada Ley no se establecía el incidente de nulidad de notificación; en ese sentido, planteó recurso de reposición; a ello, se le contestó refiriendo que dicho recurso tampoco se encontraba establecido en la Ley 101, cuando se tiene demostrado que el art. 75 de la señalada Ley, si lo tiene normado. En cuanto a las preguntas realizadas en audiencia por el Tribunal de garantías, señaló que: 1) Si se admitía el recurso de apelación, este debía ser resuelto por el Comandante General de la Policía Boliviana; 2) La omisión que se reclama, es la ocasionada por la parte demandada, al haber incumplido lo dispuesto por el art. 54 de la Ley 101, en lo referente a las citaciones y notificaciones, pues no se procedió a notificarlo en forma correcta con la resolución que dispuso la baja; y, 3) Lo que en realidad se solicita mediante el planteamiento de la presente acción tutelar, es que se deje sin efecto la Providencia de 15 de abril de 2021.

I.2.2. Informe de la autoridad policial demandada

Marcelo Flores López, actual Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, asistido de su abogado, se hicieron presentes a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar y en su defensa se sostuvo lo que sigue: i) El solicitante de tutela incurrió en la falta de deserción, pues el mismo hizo uso de sus vacaciones del 18 de febrero al 31 de marzo del 2015, “…y desde esa fecha el mismo conocedor de la normativa disciplinaria interna que rige la zona de todos los Servidores Policiales ha abandonado su fuente laboral…” (sic); en cuya razón, se le abrió el proceso disciplinario, habiéndose seguido todo el procedimiento investigativo y siendo notificado conforme el art. 54 de la Ley 101, tanto en su fuente laboral como en su domicilio real, pero el mismo no fue habido;

por ello, después de correr con todas las notificaciones, como establece la Ley 101, y una vez emitido el pliego acusatorio, que también se lo notificó mediante cédula, el ahora accionante no se apersonó en momento alguno; ii) Una vez pronunciado el Auto 184/2015, se notificó al impetrante de tutela mediante cédula el 19 de febrero de 2016, habiendo hasta la fecha, transcurrido más de seis años; por lo tanto, precluyó su derecho a recurrir en esta instancia; iii) Si bien se interpuso incidente de nulidad de notificación, el art. 52 de la Ley 101, establece dos clases de excepciones o incidentes, el primero el de prescripción y segundo el de cosa juzgada, que pueden ser presentadas a momento de la audiencia y resueltas de forma inmediata; por otro lado, y en cuanto al recurso de reposición planteado por el ahora solicitante de tutela, según el art. 73 de la misma Ley 101, este se presenta contra providencias de mero trámite, a fin de que el tribunal advertido de su error pueda modificarlas o revocarlas; pero se debe considerar que, solo puede ser presentados en primera instancia y no cuando el proceso se encuentra ejecutoriado, como ocurre en el presente caso; iv) En cuanto a la supuesta afectación del derecho al trabajo, fue la falta a su fuente laboral que generó que el accionante sea procesado y desvinculado de la entidad policial; y, v) Debe tomarse en cuenta que el ahora impetrante de tutela, no justificó los motivos de su falta e inasistencia, habiendo demostrado su pasividad pues pretende una modificación de su retiro después de seis años de haberse ejecutoriado el proceso disciplinario en su contra. A las interrogantes formuladas por el Tribunal de garantías, señaló que: a) Fue notificado con la RA 184/2015; b) El recurso de reposición si bien está previsto en la Ley 101, solamente se plante en la etapa del proceso oral; es decir, en primera instancia, así lo refiere el capítulo 4 de la referida norma; y, c) No se dio curso a la apelación planteada pues este recurso solo procede contra las resoluciones de primera instancia, en ese entendido, lo que busca el solicitante de tutela es que se emita una resolución para que pueda apelar y abrir la vía constitucional. 1.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 49/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, denegó la tutela impetrada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes argumentos: 1) De inicio, el accionante falló en la identificación del acto de omisión, lo que implicaría una causa de denegatoria a la tutela presentada, sin embargo, aplicando el principio iura novit curia, y aplicando el principio de informalismo se supera tal déficit “postulatorio” (sic); 2) Existe otro elemento que el impetrante de tutela ha dejado pasar, que es la cosa juzgada y la imposibilidad de controvertir un efecto en sede que inhibió la mutación o modificación de la decisión; 3) El tercer elemento que impide que se conceda la tutela dentro del presente caso tiene relación con la regla de la caducidad, lo que implica que el derecho de accionar “ha perdido sus efectos postulatorios” (sic), ya que las normas procesales -Código Procesal Constitucional- determinan que esta acción tutelar puede ser presentada dentro de los seis meses de ocurrido el aparente acto lesivo, por la pregunta hecha por esta Sala, se tiene que el acto lesivo se produjo el 15 de abril de 2020, entonces el plazo vencía el 15 de octubre de igual año, el Amparo ha sido introducido el 21 del citado mes y año, seis días después del vencimiento de los seis meses, lo cual desde luego le inhabilita a esta Sala Constitucional ingresar al fondo de lo planteado; y, 4) Fueron esos los tres los elementos obviados en la presente acción, el primero referido a la ausencia del acto o la omisión; el segundo, la ausencia de la relación lógica entre los hechos y el petitorio; y, el tercero el principio o regla de la inmediatez; motivos por los cuales, corresponde denegar la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Consta formulario de apertura de caso de 19 de mayo de 2015, iniciada por la Dirección Departamental de Investigación de la Policía contra Ángel Nicolás Avendaño Vásquez –ahora impetrante de tutela– por la presunta transgresión al art. 14.9 de la Ley 101 (fs. 3). II.2. Consta Acta de Representación de 18 de mayo de 2015; por la cual, Cesar Omar Zeballos Ariñez, Oficial de la Policía, señaló que ese día no fue habido el solicitante de tutela en su fuente laboral, suscribiendo la misma junto al testigo de actuación (fs. 6). II.3. Cursa Informe de 18 de mayo de 2015, suscrito por el Oficial Investigador; mediante el cual, comunicó al Fiscal Policial, que habiéndose constituido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), a efectos de notificar y citar al accionante, el mismo no había sido habido, solicitando se ordene su citación por cedulón (fs. 5). II.4. Mediante Requerimiento Fiscal Policial de 18 de mayo de 2015, Valentín Sarzuri Sarzuri, Fiscal Policial, dispuso se proceda a la notificación y citación del impetrante de tutela con el inicio de investigación, mediante cedulón a ser exhibido en el Tablero de Informaciones de la Fiscalía Policial y Comando Policial de la zona sur, convocándolo a prestar su declaración informativa el 20 de dicho mes y año (fs. 7). II.5. Por acta de Actuación de 18 de mayo de 2015, consta el colocado del cedulón en el tablero de informaciones de la Direcciona Nacional de la FELCV, para que el solicitante de tutela se haga presente el Departamento de Investigación Policial Interna, el 20 de igual mes y año a horas 14:30 (fs. 8). De igual forma, consta la muestra fotográfica del pegado del cedulón (fs. 9). II.6. Consta citación al accionante, para que se haga presente el 19 de mayo de 2015 a horas 15:30 a efectos de presentar su declaración informativa como denunciado, dentro del proceso investigativo en su contra, por la supuesta falta tipificada en el Ley del Régimen Disciplinario de la Policía, debiendo asistir acompañado de su abogado (fs. 10) II.7. Mediante Requerimiento de Acusación de 23 de mayo de 2015, la Fiscalía Policial solicitó la apertura de Auto Inicial de proceso contra el impetrante de tutela, porque el mismo no hubiera asistido a su fuente laboral por más de tres días; toda vez que, se le había denegado su solicitud de licencia indefinida -de 11 de febrero de 2015-, ya que contaba con una investigación abierta en el sistema disciplinario, y quien después, también presentó una carta notariada de baja voluntaria -de 7 de abril del mismo año- para dejar de asistir a su fuente laboral; motivos por los cuales, solicitaba al Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental y Permanente de La Paz, día y hora de audiencia oral (fs. 12 a 14). II.8. Cursa Acta de Representación suscrita por el Notificador, de 25 de mayo de 2015; por el cual, se señaló que el solicitante de tutela seguía faltando a su fuente laboral, de manera tal que no fue habido (fs. 15). Asimismo, consta cedulón de igual fecha; mediante la cual, se notificó al accionante con el requerimiento de acusación, por la presunta comisión de deserción (fs. 16). II.9. Por RA 184/2015 de 17 de diciembre, se declaró probada la acusación contra el impetrante de tutela por la comisión de la falta tipificada en el art. 14.9 y 15 de la Ley 101 -deserción- disponiendo su retiro o baja definitiva de la Institución Policial sin derecho a su reincorporación (fs. 24 a 28). II.10. Consta Acta de Notificación de 19 de febrero de 2016, realizada mediante cedulón; por la cual, se puso a conocimiento del solicitante de tutela, la RA 184/2015, siendo la misma fijada en el tablero de informaciones de la FELCV con la colaboración de un testigo de actuación (fs. 29); de igual forma, cursa muestra fotográfica del cedulón referido precedentemente, colocado en tablero de informaciones de la FELCV de La Paz (fs. 30). II.11. Mediante Providencia de 2 de marzo de 2016, el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, dispuso que al no haber sido objeto de apelación la RA 184/2015, se declaraba ejecutoriada la misma, debiendo ser remitida al Comando General de la Policía Boliviana para su ejecución y cumplimiento (fs. 31). II.12. Consta Acta de Notificación dada el 8 de marzo de 2016, realizada al accionante, con la ejecutoria de la RA 184/2015, mediante cedulón fijado en tablero de informaciones del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, bajo testigo de actuación (fs. 32). De igual forma, cursa muestra fotográfica de la notificación realizada (fs. 33).

II.13. A través de Decreto de 28 de marzo de 2016, el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, declaró ejecutoriada la RA 174/2015, debiendo elevarse al Comando General de la Policía Boliviana para su ejecución y cumplimiento (fs. 35). II.14. Consta Memorial de 9 de marzo de 2021; mediante el cual, el impetrante de tutela planteó incidente de nulidad de la notificación practicada a su persona con la RA 174/2015, por haber sido practicada en desconocimiento del art. 54 de la Ley 101 (fs. 36 a 40). II.15. Consta Providencia de 26 de marzo de 2021; a través de la cual, el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana –ahora demandado–, refirió en cuanto a la solicitud de nulidad de notificación que, según la Ley 101 no se encontraba establecido el incidente de nulidad pretendido, en virtud a que la causa se encontraba ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada; por lo que, no merecía pronunciamiento alguno (fs. 41). II.16. Mediante Memorial presentado el 6 de abril de 2021, el solicitante de tutela planteó recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Decreto de “30 de marzo” cuando lo correcto era 26 de marzo de igual año, por supuesta errónea interpretación del art. 54 de la Ley 101 (fs. 43 a 44 vta.). II.17. Por Decreto de 15 de abril de 2021, el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana -ahora demandado-, señaló con relación al recurso de reposición con alternativa de apelación interpuesto por el accionante que, según la Ley 101 no se encontraba establecido lo requerido, en virtud a que la causa se encontraba ejecutoriado y con calidad de cosa juzgada en razón de no existir ningún medio de impugnación que permita su modificación (fs. 46).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela alega que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a recurrir, al trabajo, a la defensa y al principio de impugnación; toda vez que, dentro del proceso disciplinario que se le siguió, se pronunció la RA 184/2015; mediante la cual, se declaró probada la comisión de la falta tipificada como deserción, disponiendo su retiro o baja definitiva de la Institución Policial sin derecho a su reincorporación; sin embargo, erróneamente se procedió a notificarlo por cedulón sin antes realizar la representación respectiva como requisito previo antes de disponer la notificación por cedulón; y, pese a que hizo notar este error mediante la interposición de un incidente de nulidad de notificación de 9 de marzo de 2021; por el cual, sostuvo que hubo una equivocada interpretación del art. 54 de la Ley 101, el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana -autoridad ahora demandada- le respondió que en dicha norma no se encontraba establecido el incidente de nulidad pretendido, en virtud a que la causa se encontraba ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada; por lo que, no merecía pronunciamiento alguno; por otro lado, al Memorial presentado por su persona el 6 de abril del mismo año; mediante el cual se interpuso reposición con alternativa de apelación, la indicada autoridad le respondió de la misma manera, vulnerando de esa manera sus derechos fundamentales; por tal motivo, solicita que se le conceda la tutela impetrada y se ordene en consecuencia se deje sin efecto la providencia de 15 de igual mes y año, debiendo la autoridad ahora demandada resolver el recurso de reposición y el incidente de nulidad interpuesto. En consecuencia, corresponde establecer en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Jurisprudencia respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0345/2018-S2 de 18 de julio, asumió en siguiente razonamiento: El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el Auto Constitucional 112/99-R de 7 de septiembre de 1999, señalando que el recurrente -ahora accionante- pretendió dejar sin efecto a través del entonces recurso de amparo constitucional la Resolución 019/98 de 4 de junio, presentando recién el 26 de marzo de 1992, habiendo dejado transcurrir nueve meses y veintidós días, por lo que el citado recurso no cumplió con uno de los requisitos fundamentales como es la inmediatez; el citado entendimiento fue asumido por las SSCC 0252/2000-R, 091/01-R, 217/01-R, entre otras. Posteriormente, la SC 544/2002-R de 13 de mayo, aclaró con más precisión los seis meses para el plazo de caducidad y este criterio fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras.

La jurisprudencia constitucional también estableció en la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del recurso constitucional y luego se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. Finalmente, el art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable N a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del CPCo, refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela alega que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a recurrir, al trabajo, a la defensa y al principio de impugnación; toda vez que, dentro del proceso disciplinario que se le siguió, se pronunció la RA 184/2015; mediante la cual, se declaró probada la comisión de la falta tipificada como deserción, disponiendo su retiro o baja definitiva de la Institución Policial sin derecho a su reincorporación; sin embargo, erróneamente se procedió a notificarlo por cedulón sin antes realizar la representación respectiva como requisito previo antes de disponer la notificación por cedulón; y, pese a que hizo notar este error mediante la interposición de un incidente de nulidad de notificación de 9 de marzo de 2021; por el cual, sostuvo que hubo una equivocada interpretación del art. 54 de la Ley 101, el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana -autoridad ahora demandada- le respondió que en dicha norma no se encontraba establecido el incidente de nulidad pretendido, en virtud a que la causa se encontraba ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada; por lo que, no merecía pronunciamiento alguno; por otro lado, al Memorial presentado por su persona el 6 de abril del mismo año; mediante el cual se interpuso reposición con alternativa de apelación, la indicada autoridad le respondió de la misma manera, vulnerando de esa manera sus derechos fundamentales; por tal motivo, solicita que se le conceda la tutela impetrada y se ordene en consecuencia se deje sin efecto la providencia de 15 de igual mes y año, debiendo la autoridad ahora demandada resolver el recurso de reposición y el incidente de nulidad interpuesto.

Por su parte, la autoridad demandada, en su defensa sostuvo que el impetrante de tutela pese a ser conocedor de la normativa disciplinaria interna que rige a los servidores policiales, hizo abandono a su fuente laboral; en cuya razón, se aperturó un proceso disciplinario en su contra donde se siguió todo el procedimiento investigativo de forma correcta, habiéndosele siempre notificado conforme establece el art. 54 de la Ley 101 tanto en su fuente laboral como en su domicilio real, aclarando que el ahora solicitante de tutela nunca se apersonó a presentar ningún descargo; en cuya razón, una vez pronunciada la RA 184/2015; mediante la cual, se dispuso su retiro o baja definitiva de la Institución Policial, se le notificó mediante cédula el 19 de febrero de 2016, habiendo hasta la fecha transcurrido más de seis años; por lo tanto, precluyó su derecho a recurrir en esta instancia. Por otro lado, sostuvo que si bien el accionante interpuso un incidente de nulidad de notificación, el art. 52 de la Ley 101, establecía dos clases de excepciones o incidentes, el de prescripción y el de cosa juzgada, que pueden ser presentados a momento de la audiencia y resueltas de forma inmediata; por otro lado, y en cuanto al recurso de reposición planteado por el ahora impetrante de tutela, según el art. 73 de la misma Ley 101, este se presenta contra providencias de mero trámite a fin de que el tribunal advertido de su error pueda modificarlas o revocarlas; pero se debe considerar que, este recurso solo puede ser presentado en primera instancia y no cuando el proceso se encuentra ejecutoriado; finalmente, sostuvo que debía tomarse en cuenta que el ahora solicitante de tutela, no justificó los motivos de su falta e inasistencia, habiendo demostrado su pasividad, pretendiendo una modificación de su retiro después de seis años de haberse ejecutoriado el proceso disciplinario en su contra. En la especie, realizada la revisión de antecedentes, se puede verificar mediante formulario de 19 de mayo de 2015, que se inició un proceso disciplinario contra el accionante por la presunta transgresión al art. 14.9 de la Ley 101; por otro lado, mediante Requerimiento de Acusación de 23 del mismo mes y año, la Fiscalía Policial solicitó la apertura de Auto Inicial de proceso contra el impetrante de tutela, bajo el argumento de que no hubiera asistido a su fuente laboral por más de tres días; toda vez que, se le había denegado su solicitud de 11 de febrero de 2015, de licencia indefinida ya que contaba con una investigación abierta en el sistema disciplinario; y, que pese a ello, había presentado el 7 de abril del mismo año, una carta notariada de baja voluntaria, habiendo desde ese momento, dejado de asistir a su fuente laboral; motivos por los cuales, solicitaba al Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental y Permanente de La Paz, día y hora de audiencia oral; asimismo, cursa Acta de Representación suscrita por el Notificador policial, de 25 de mayo del mismo año; por el cual, señaló que habiéndose constituido en el puesto laboral del solicitante de tutela, le informaron que el mencionado seguía faltando a su fuente laboral, de manera tal que no fue habido; en cuya razón, fue notificado mediante cedulón de igual fecha. Por otro lado, se evidencia la emisión de la RA 184/2015, que declaró probada la acusación contra el accionante por la comisión de la falta tipificada en el art. 14.9 y 15 de la Ley 101 –deserción- disponiendo su retiro o baja definitiva de la Institución Policial sin derecho a su reincorporación; es así que, mediante cedulón de 19 de febrero de 2016, se puso a conocimiento del impetrante de tutela, la RA 184/2015, siendo la misma fijada en el tablero de informaciones de la FELCV con la colaboración de un testigo de actuación, para cuya corroboración, se adjuntó muestra fotográfica del cedulón referido precedentemente. Posteriormente, mediante Providencia de 2 de marzo de 2016, el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, declaró por ejecutoriada la RA 184/2015, misma que fue notificada el 8 de igual mes y año, mediante cedulón fijado en tablero de informaciones del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, bajo testigo de actuación; de igual forma, a través de Decreto de 28 del citado mes y año, el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, declaró ejecutoriada la RA 184/2015 y ordenó se eleve la misma al Comando General de la Policía Boliviana para su ejecución y cumplimiento; de esta manera, mediante Memorial de 9 del referido mes y año, el solicitante de tutela planteó incidente de nulidad de la notificación practicada a su persona con la RA 174/2015, por haber sido practicada en desconocimiento del art. 54 de la Ley 101; sin embargo, por Providencia de 26 de igual mes y año, el Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana –ahora demandado–, refirió que en la Ley 101 no se encontraba establecido el incidente de nulidad pretendido, en virtud a que la causa se encontraba ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada, por lo que no merecía pronunciamiento alguno; finalmente, el accionante mediante Memorial de 6 de abril del mismo año, planteó recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Decreto de “30 de marzo” cuando lo correcto era 26 de marzo, por supuesta errónea interpretación del art. 54 de la Ley 101, recurso que igualmente recibió como respuesta que el mismo no se encontraba establecido en la Ley 101 en virtud a que la causa se encontraba ejecutoriada y con calidad de cosa juzgada. En ese contexto, de la revisión de obrados se advierte que el impetrante de tutela inicialmente hubiera presentado una solicitud de licencia indefinida el 11 de febrero de 2015, que le fue denegada bajo el argumento de que tenía investigación abierta en el sistema disciplinario; y pese a ello, nuevamente mediante memorial de 7 de abril del mismo año, comunicó mediante carta notariada su baja voluntaria, habiendo desde ese momento, dejado de asistir a su fuente laboral; en cuya razón, se le inició un proceso disciplinario que concluyó con la emisión de la RA 184/2015 de 17 de diciembre que dispuso su retiro o baja definitiva de la Institución Policial y posteriormente fue declarada ejecutoria y con calidad de cosa juzgada. Ahora bien, el solicitante de tutela reclama en esta vía que nunca tomó conocimiento de esta Resolución pues la notificación no hubiera sido realizada conforme a derecho y que previamente a pegarse cedulón, debía haberse realizado la representación respectiva para luego ordenarse su notificación mediante la cédula respectiva; al respecto debe tomarse en cuenta dos extremos, el primero que efectivamente no hubiera tomado conocimiento de la referida resolución de retiro por un procedimiento mal llevado; y, el segundo, relacionado al tiempo transcurrido para alegar desconocimiento y presentar memoriales solicitando nulidades de notificaciones. En este sentido, con relación a que no se hubiera conducido correctamente el procedimiento a momento de notificarlo con la RA 184/2015 y que por ende no hubiera tomado conocimiento de la misma, el accionante no puede pretender que este tribunal considere siquiera que su persona evidentemente no tuvo conocimiento de la referida resolución, que dispuso su retiro ni del proceso que se llevó en su contra, pues como funcionario policial, conocía perfectamente que ante la negativa de su licencia indefinida y posteriormente la presentación de su baja voluntaria mediante carta notariada, la institución policial, quedaría de manos cruzadas ante ese retiro unilateral y sin mayor justificación, como tampoco resulta creíble que una vez se retiró, lo haya hecho sin esperar una respuesta de la institución que lo tenía acogido y no regresar hasta después de pasados los cinco años para recién encontrarse con todo un proceso llevado en su contra y una resolución que dispuso su retiro. Por otro lado, se debe analizar si la acción de amparo constitucional planteada superó los requisitos de improcedencia, en lo que respecta a la existencia eventual de motivos que excluyan la posibilidad de analizar en fondo del caso concreto; en cuya virtud, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que la acción de amparo constitucional sólo podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; por ende, no puede obviarse que quien recurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución Política del Estado y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio impetrante de tutela, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, no puede argumentarse en beneficio propio. En ese sentido, el principio de inmediatez del amparo constitucional, referido al planteamiento de dicha acción dentro de los seis meses, tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que es propio de la administración de la justicia, dado que, al permitirse aperturar la jurisdicción constitucional por un tiempo ilimitado e indefinido, sin la menor duda, provocaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables, a cuyo fin, la sabiduría del constituyente boliviano, estableció categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la presente acción de defensa.

Ahora bien, de los antecedentes procesales descritos en Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, así como la jurisprudencia sistematizada en el punto anterior; y, una vez aclarados los aspectos que configuran el principio de inmediatez, debe analizarse, si la presente acción tutelar se interpuso dentro de los seis meses otorgados por la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia constitucional, o si por el contrario la acción intentada resultó extemporánea; en este sentido, se tiene que entre el Decreto de 28 de marzo de 2016, emitido por el demandado que declaró ejecutoriada la RA 184/2015; por la que, se retiró al solicitante de tutela y el Memorial de 9 de igual mes de 2021; mediante el cual, el accionante planteó incidente de nulidad de la notificación con la referida Resolución, transcurrieron casi cinco años que la causa estuvo sin movimiento alguno, no siendo un justificativo lo argumentado por el impetrante de tutela, pues como se dijo, no resulta lógico ni creíble que el mismo presente una carta notariada dando aviso de su baja voluntaria y no se apersone más por la institución todo ese tiempo y sin temor a que sus actos no tengan repercusión alguna, pues en la calidad de funciones que tenía y por su propia profesión, el conocía el procedimiento en estos casos. Por consiguiente, la activación del amparo constitucional no es procedente, pues existió negligencia del solicitante de tutela en el reclamo de sus derechos supuestamente vulnerados no pudiendo pretender que la justicia constitucional esté a su disposición de manera indefinida, cuando fue el propio accionante que permitió de manera voluntaria el transcurso de más de seis meses desde que tuvo conocimiento del supuesto acto lesivo, omisión que impide a este Tribunal Constitucional, analizar el fondo de las pretensiones expuestas. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 49/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos dispuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0769_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): cec3de5ae93d876820ea09d904e172b97e47160100e23639bedac0148999f109

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