Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, al principio de celeridad, a la administración de justicia pronta y oportuna, por la autoridad demandada, quien hasta la interposición de la presente acción de defensa no remitió el cuaderno procesal a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con la apelación incidental presentada contra el Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0768/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53522-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Mérida Arenas en representación sin mandato de Yonatan Rai Pinto Romero contra Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Boris Bismark Ramos Ruíz, por el delito de lesiones graves y leves, mediante Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2022, el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -demadado-, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del mismo departamento, por el plazo de tres meses; cumplido el mismo el 1 de diciembre de igual año, se llevó adelante la audiencia señalada, en la que se le concedió la cesación a la detención preventiva, previa imposición de las siguientes medidas modificatorias: detención domiciliaria y fianza económica de Bs.20 000.- (veinte mil bolivianos) entre otras; medidas -a razón- de imposible cumplimiento, por lo que solicitó modificación de la medida cautelar impuesta; sin embargo, la misma fue rechazada por Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023. Decisión contra la cual planteó recurso de apelación incidental de forma oral en la misma audiencia, conforme al “art. 251 con relación” al art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
A la fecha -se entiende de presentación de la acción de defensa que se analiza- la Secretaria del referido Juzgado, no remitió el expediente a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, siendo que el art. 251 del CPP, establece de manera expresa, que interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas, en el término de veinticuatro horas, situación que en el presente caso no sucedió, vulnerándose su derecho a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad por ese retraso procedimental.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a los principios de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilación; citando al efecto los arts. 23 I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 7.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CASDH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se conmine al accionado para que realice el trámite correspondiente a la apelación interpuesta.
Celebrada la audiencia pública el 28 de enero de 2023, según consta en acta cursante a fs. 46 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.
Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 27 de enero de 2022, cursante de fs. 43 a 45, señaló que: a) La parte apelante se comprometió venir a recoger a una de las pasantes para remitir el cuaderno procesal hasta el “Palacio de Justicia” y radicar la apelación en la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, considerando que el Juzgado a cargo del suscrito Juzgador, es desconcentrado y no cuenta con personal de apoyo jurisdiccional, menos aún con un medio de transporte; y, b) La no remisión del cuaderno procesal en virtud al principio de lealtad procesal fue a negligencia e inercia propia de la defensa; es decir, de la parte accionante, consecuentemente corresponde denegar la tutela solicitada.
El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 47 a 48 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que de forma inmediata en el término de veinticuatro horas la autoridad accionada, ordene a la Secretaria remitir a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, los actuados con la debida nota de atención, en base a los siguientes fundamentos: 1) Llama la atención a este Tribunal que el Juez da a conocer, que es la parte apelante la causante de que no se hubiera remitido el cuaderno procesal al decir "…que se comprometió a venir a recoger a una de las pasantes a venir a recoger para remitir el cuaderno procesal hasta el palacio de justicia…” (sic); situación que no puede darse toda vez que una pasante no tiene la responsabilidad al no ser funcionaria y no siendo es su obligación llevar un cuaderno procesal; 2) EL Juez manifiesta que se debería remitir la apelación para que radique en la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz; sin embargo, no se tiene constancia en qué fecha y hora habría realizado el sorteo para que corresponda su remisión directa a la referida Sala Penal Segunda; y, 3) La libertad es uno de los derechos fundamentales de la persona, señalado en la Constitución Política del Estado, en sus arts. 73 y 23.1) y en el presente caso las gestiones realizadas con el objetivo de tramitar su libertad, las pruebas presentadas por la parte accionante, se ha podido evidenciar que el informe del Juez demandado no es valedero, al haberse corroborado que se desconoce la fecha del sorteo realizado a la mencionada Sala Penal Segunda; toda vez que, en la fotografía del sistema se evidencia que aún no se encuentra sorteada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 10 de enero de 2023, presentado por Yonatan Rai Pinto Romero, reiteró solicitud de modificación de medidas cautelares por imposible cumplimiento, con proveído de señalamiento de audiencia para el 19 de igual mes y año (fs. 42)
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, al principio de celeridad, a la administración de justicia pronta y oportuna, por la autoridad demandada, quien hasta la interposición de la presente acción de defensa no remitió el cuaderno procesal a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con la apelación incidental presentada contra el Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (el resaltado es nuestro).
Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (énfasis añadido).
En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad.
Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) – Ley 025 de 24 de junio de 2010, determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (énfasis añadido).
En relación al tema, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.
Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (el resaltado es agregado).
Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de igual mes.
En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras).
Entendimiento reiterado por la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio.
Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”.
Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema.
En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”.
Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
(…)
De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).
El accionante a través de su representante denunció la lesión a su derecho a la libertad y al debido proceso, al principio de celeridad, a la administración de justicia pronta y oportuna, por el demandado, quien hasta la interposición de la presente acción de defensa no remitió a la correspondiente Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 23/2023 de 19 de enero. En ese contexto, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del señalado derecho; en consecuencia, se impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas. Por otra parte, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En virtud al razonamiento jurisprudencial supra citado, en el caso que se analiza, una vez que el indicado Juez en audiencia de modificación de medidas cautelares, celebrada el 19 de enero de 2023, pronunció Auto Interlocutorio que dispuso el rechazo de lo solicitado; el peticionante de tutela en el mismo acto judicial interpuso recurso de apelación incidental oral, habiendo ordenado la remisión del cuaderno de apelación, siendo necesario resaltar que la orden de remisión no está en controversia, sino la efectiva remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada. De donde se puede inferir que, desde la celebración de la aludida audiencia y posterior emisión del Auto, transcurrió más de ocho días, desconociendo con ello lo previsto en el art. 251 del CPP, el cual establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo; y una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; en igual sentido, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determinó que cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia, las actuaciones pertinentes serán enviadas ante el citado Tribunal, en el plazo improrrogable señalado; lo contrario, significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad; en el presente caso es evidente que la remisión del cuaderno de apelación previo sorteo, no se efectivizó, dejando constancia que no obstante que el Juez demandado informó que la causa debía remitirse a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz como Tribunal de alzada, no demostró que el sorteo haya sido realizado, máxime si el Juez demandado en su informe pretendió responsabilizar la no remisión a costa del ahora accionante, cuando la norma impone dicha carga al operador de justicia. Consiguientemente, el Juez demandado vulneró el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, sobre el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, vinculada a la libertad del solicitante de tutela, el mismo que impone a los operadores de justicia, el deber jurídico e ineludible de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; toda vez que, al no supervisar que la remisión de los actuados pertinentes al superior en grado, se efectuará en el plazo previsto por la normativa legal pertinente, generó una demora injustificada e innecesaria, debiendo adoptar las medidas conducentes a objeto de cumplir con el envío correspondiente, dejando de lado toda actitud pasiva que implique demora en su tratamiento, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Por consiguiente, al ser evidente la vulneración del derecho a la libertad invocado por el impetrante de tutela respecto a la falta de celeridad en la remisión del cuaderno procesal, se hace viable otorgar la tutela solicitada. Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0768_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 522ceba61aedfddfe19394e64e08dcf39a656d2fdafe0b5478861f697c3f6d19
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