Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008; el 28 de octubre de 2022, conforme el art. 239.1 del CPP, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, la modificación de la medida cautelar de detención preventiva; dicha petición fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre del mismo año, a pesar de haberse identificado un solo riesgo procesal; frente a dicha Resolución, el mencionado -ahora impetrante de tutela- interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 02/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 23 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada con relación a las autoridades judiciales del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí -ahora demandadas-, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la Secretaria del Juzgado Civil Comercial Primero de Uyuni del departamento de Potosí -ahora demandada-, en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del citado departamento, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0768/2025-S1 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53411-2023-107-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 02/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 23 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darwin Cristian Hualca Calani contra Celia Monzón Orellana, Sabina Abal Oña y Gloria Maribel Canaviri Huertas, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Primero; y, Lizzet Paola Mamani Mendoza, Secretaria del Juzgado Civil y Comercial Primero, en suplencia legal de su similar del citado Tribunal, todas de Uyuni del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 7 a 9, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, el 28 de octubre de 2022, conforme el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó ante las Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí -ahora demandadas- la modificación de la medida cautelar de detención preventiva; dicha petición fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre del mismo año, a pesar de haberse identificado un solo riesgo procesal. A la conclusión de la referida audiencia, de manera oral interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, conforme a lo previsto en el art. 251 del CPP, reservándose la fundamentación de los agravios para la audiencia a señalarse; asimismo, solicitó que se remita el anexo de apelación dentro del plazo establecido por ley; o en su defecto, en un tiempo razonable; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad no se remitieron los antecedentes del recurso interpuesto, transcurriendo un mes y cuatro días hábiles desde su interposición, sin considerar el período de vacación judicial.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se ordene el cese de la dilación indebida remitiendo el anexo de apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en el plazo de veinticuatro horas, a efectos de su consideración, sea con la debida nota de atención; y, b) Se remita ante la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de la Representación Distrital de Potosí a efectos de establecer responsabilidad disciplinaria en contra de la Secretaria del Juzgado Civil y Comercial Primero -ahora demandada-, en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero, ambas de Uyuni del departamento de Potosí.
Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de enero 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en la audiencia pública virtual ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando los mismos, señaló que: 1) La acción de libertad es el mecanismo idóneo para restituir derechos vulnerados relacionados con la libertad personal, especialmente cuando se presentan acciones indebidas que afectan la situación jurídica de una persona privada de libertad; en ese entendido, mencionó que el ahora impetrante de tutela se encuentra con detención preventiva y solicitó la modificación de dicha medida cautelar por una menos gravosa; 2) La falta de remisión del acta y demás antecedentes del recurso de apelación al Tribunal de alzada, constituiría una omisión procesal injustificada que impide la revisión de la medida cautelar, habiendo transcurrido más de dos meses desde la audiencia del 8 de noviembre de 2022, por lo que se configuraría una dilación procesal inaceptable; y, 3) En consecuencia, pide se conceda la tutela, ordenando que en el plazo de veinticuatro horas se remita el anexo de apelación al Tribunal de alzada para que se dé curso al recurso pendiente; además, solicita se remitan antecedentes a la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de la Representación Distrital de Potosí, a fin de que se determine si corresponde iniciar un proceso disciplinario por la demora injustificada.
Celia Monzón Orellana y Gloria Maribel Canaviri Huertas, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante a fs. 17, manifestaron lo siguiente: i) Durante la gestión 2022, el precitado Tribunal de Sentencia, contó con un Secretario por aproximadamente dos meses y medio (abril, mayo y junio); y debido a la elevada carga procesal que soporta el Tribunal, que también abarca funciones en materia Penal, de Niñez y Adolescencia, y de Trabajo y Seguridad Social; en ese entendido, el referido Secretario no pudo cumplir adecuadamente con sus funciones, a pesar de trabajar incluso en horas y días inhábiles, por lo que finalmente presentó su renuncia; ii) Durante ese periodo, se designó en suplencia legal a Lizzet Paola Mamani Mendoza como Secretaria, quien no asistía a las audiencias, lo que obligó al mencionado Tribunal a habilitar al Oficial de Diligencias para colaborar con la elaboración de actas; a pesar de ello, las Juezas -ahora demandadas- asumieron tareas propias de Secretaría, como la redacción de actas, emisión de comisiones, edictos y otros documentos, de acuerdo con el tiempo disponible entre audiencias y otras obligaciones urgentes, especialmente en procesos de niñez, trabajo y casos en flagrancia; iii) No se presentó denuncia contra la Secretaria suplente -ahora demandada- para no perjudicar al Juzgado de origen ni sobrecargar al futuro Secretario, ya que se esperaba una nueva designación; sin embargo, al ser convocada la Secretaria -ahora demandada- alegó falta de tiempo y que justificaría su ausencia; iv) Adjuntan la agenda de audiencias, que evidenciaría la sobrecarga laboral del referido Tribunal, lo cual impidió cumplir a cabalidad con las funciones de Secretaría; en ese marco, se reconoce que debido a esta situación, se omitió la elaboración de actas en el proceso correspondiente a Darwin Cristian Hualca Calani -ahora accionante-, aunque dicho proceso ya se encuentra próximo a su conclusión, habiéndose incluso designado un defensor de oficio para el ahora accionante. Sabina Abal Oña, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, no remitió informe escrito alguno ni se hizo presente en la audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 13. Lizzet Paola Mamani Mendoza, Secretaria del Juzgado Civil y Comercial Primero, en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero, ambas de Uyuni del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante a fs. 21, manifestó lo siguiente: a) Al ser la única Secretaria disponible para suplencias, pese a ser titular del precitado Juzgado, las autoridades judiciales ahora demandadas le ordenaron la elaboración de actas de audiencias en las que no participó, debido a que se encontraba cumpliendo funciones en su propio Juzgado; asimismo, señaló que dichas actas: “…NO realiza tomando en cuenta que no puedo dar fe de actos donde (…) no es participe, además de que estaría faltando a la verdad dando fe de algo que no vi” (sic); por otra parte, denuncia que ante la ausencia de personal, las Juezas -ahora demandadas-adoptaron la práctica de instalar audiencias sin Secretaria, a veces grabándolas ellas mismas o incluso sin grabación alguna; pese a esto, señaló que se la responsabiliza por la omisión de elaboración de actas y hasta sorprendiéndola con la presente acción de libertad en su contra, cuando no tuvo participación alguna en el referido acto procesal; b) El 8 de noviembre de 2022, fecha de celebración de la audiencia de cesación a la detención preventiva del imputado -ahora accionante-, se encontraba en una audiencia de inspección judicial desde horas 11:30, la cual requería un traslado de entre veinte y treinta minutos, por lo que era imposible asistir a la audiencia señalada para las 12:00; este extremo, puede ser verificado en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), y tanto las Juezas ahora demandadas como el abogado del impetrante de tutela, conocían esa situación; c) Actualmente el precitado Tribunal de Sentencia, ya cuenta con personal de apoyo completo (Secretario y Oficial de Diligencias); razón por la que, no correspondería atribuirle responsabilidades fuera de su jurisdicción; y, d) Adjuntó como pruebas, copia del Auto de señalamiento de audiencia y acta respectiva del Juzgado Civil y Comercial Primero de Uyuni del departamento de Potosí, donde ejerce funciones como Secretaria titular.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, a través de la Resolución 02/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 23 a 26 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que previa la elaboración del acta de audiencia, se remitan antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del plazo de veinticuatro horas, exhortando que en el futuro, se cumplan los plazos de remisión de antecedentes a las instancias que correspondan; en base a los siguientes fundamentos: 1) Según la jurisprudencia constitucional, cuando una solicitud está vinculada al derecho a la libertad, toda autoridad tiene el deber de tramitarla con celeridad, o al menos dentro de plazos razonables, para evitar una restricción indebida; en caso de demora, el afectado puede plantear una acción de libertad de pronto despacho o innovativa, que incluso procede si la dilación cesó a raíz de la acción, pero el daño ya se produjo; en ese entendido, se deben cumplir los plazos previstos por el art. 251 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que establece la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada en veinticuatro horas, y la emisión de resolución por la Sala Penal en los tres días siguientes; 2) Si bien en el informe de la autoridad demandada, se argumentó que no existió dilación maliciosa, señalando que la sobrecarga laboral y la falta de personal de apoyo jurisdiccional serían las causas que imposibilitaron el cumplimiento del plazo establecido por el art. 251 del CPP, la jurisprudencia constitucional estableció que en casos excepcionales el plazo de veinticuatro horas puede ampliarse a un máximo de tres días, siempre que exista justificación debidamente acreditada; 3) Celebrada la audiencia el 8 de noviembre de 2022, donde se rechazó la cesación a la detención preventiva del ahora accionante, su defensa interpuso el recurso de apelación incidental; sin embargo, “hasta la fecha” la Secretaria en suplencia legal -ahora demandada-, no remitió los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, argumentando que no estuvo presente en la audiencia y que por ello, no podía elaborar el acta correspondiente; 4) El justificativo de la Secretaria -ahora demandada-es insuficiente, ya que conforme a los arts. 56 del CPP y 93 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los Secretarios están obligados a cumplir sus funciones durante las suplencias; en consecuencia, la falta de remisión oportuna de los actuados configura una dilación injustificada, vulnerando el principio de celeridad y el derecho a la libertad del ahora demandante de tutela; y, 5) Por ello, conforme a la acción de libertad bajo la “modalidad innovativa”, correspondería conceder la tutela solicitada, al haberse verificado la omisión procesal por parte de las autoridades demandadas y el incumplimiento de los plazos legales.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Memorial de 28 de octubre de 2022, presentado por Darwin Cristian Hualca Calani -ahora accionante-, por el que solicita nuevamente cesación a la detención preventiva, conforme el art. 239.1 del CPP, con cargo de recepción a despacho de 3 de noviembre de igual año (fs. 2); mismo que fue providenciado en la misma fecha -3 de noviembre de 2022-, señalando:
“Hacer constar que el dia 4 de noviembre 2022, el Tribunal y Juzgado Unipersonal tiene señalado audiencias en la Ciudad de Potosi, por lo que se trabajara en dicha Ciudad.
I. En merito a lo impetrado, para la consideración de CESACIÓN a la DETENCIÓN PREVENTIVA, por el co-acusado señor DARWIN CRISTIAN HUALCA CALANI, se señala audiencia para fecha MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 A HORAS 12.00 'medio día'
Asimismo por Secretaria en S/L, librese la ORDEN de TRASLADO, a objeto que el co- acusado señor Darwin Cristian Huayllca Calani, sea traslado al salón de debates del Tribunal de Sentencia Penal 1°-Uyuni” (sic [fs. 3]). II.2. Consta Nota Cite Of. 290/2022 de 7 de noviembre, suscrita por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, dirigida al Director y/o Alcaide del “Centro de Readaptación Productiva-Uyuni”, cuyo cargo de recepción consigna el 8 de igual mes y año a horas 08:30; con la referencia: “SOLICITA AUTORICE EL TRASLADO DE INTERNO CON DETENCIÓN PREVENTIVA HASTA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE UYUNI” (sic [fs. 6]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008; el 28 de octubre de 2022, conforme el art. 239.1 del CPP, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, la modificación de la medida cautelar de detención preventiva; dicha petición fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre del mismo año, a pesar de haberse identificado un solo riesgo procesal; frente a dicha Resolución, el mencionado -ahora impetrante de tutela- interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron los antecedentes del recurso interpuesto dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por ley, ni se elaboró el acta de audiencia correspondiente, habiendo transcurrido un mes y cuatro días desde su interposición, sin considerar el período de vacación judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; ii) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del (Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
7El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 8El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.
previsto y sancionado por el art. 48 en relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008; el 28 de octubre de 2022, conforme el art. 239.1 del CPP, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, la modificación de la medida cautelar de detención preventiva; dicha petición fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre del mismo año, a pesar de haberse identificado un solo riesgo procesal; frente a dicha Resolución, el mencionado -ahora impetrante de tutela- interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron los antecedentes del recurso interpuesto dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por ley, ni se elaboró el acta de audiencia correspondiente, habiendo transcurrido un mes y cuatro días desde su interposición, sin considerar el período de vacación judicial. De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante, por memorial de 28 de octubre de 2022, se solicitó la modificación de la medida cautelar de detención preventiva; cuya providencia de 3 de noviembre de igual año, señaló audiencia de consideración para el 8 del mismo mes y año a horas 12:00 (Conclusión II.1); asimismo, mediante Nota Cite Of. 290/2022 de 7 de noviembre, el precitado Tribunal de Sentencia Penal, solicitó la autorización de traslado de interno con detención preventiva hasta dicho Tribunal, para asistir a la audiencia de cesación a la detención preventiva programada (Conclusión II.2). Ahora bien, precisados los antecedentes, corresponde abordar la problemática planteada con relación a las autoridades judiciales del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí -ahora demandadas-. Al respecto, ingresando al análisis de la problemática planteada, se advierte que según lo manifestado por el ahora demandante de tutela, el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, fue objeto de recurso de apelación incidental conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP; este extremo, no fue refutado por las autoridades judiciales del Tribunal de Sentencia Penal ahora demandadas, por lo que corresponde tener dicha afirmación por cierta. Asimismo, del informe presentado por las Juezas ahora demandadas, se advierte que las mismas reconocen que debido a la renuncia del Secretario titular y a la sobrecarga laboral del referido Tribunal de Sentencia Penal, se designó en suplencia legal a la Secretaria ahora demandada; sin embargo, al no asistir esta última a las audiencias, se procedió a habilitar al Oficial de Diligencias para colaborar con la elaboración de actas. No obstante, las autoridades judiciales demandadas admiten que se omitió la elaboración del acta correspondiente a la solicitud de modificación de la medida cautelar de detención preventiva, planteada por el ahora accionante y considerada en audiencia de 8 de noviembre de 2022. En esa línea, una vez emitido el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022 por el indicado Tribunal de Sentencia Penal y presentado el recurso de apelación incidental por parte del ahora peticionante de tutela, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad; es decir, el 30 de enero de 2023 -considerando la duración de la vacación judicial 2022-transcurrieron -aproximadamente- un mes y veinticinco días sin que se hubiera remitido los antecedentes de dicho recurso ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; lo cual, provocó una dilación indebida en perjuicio de los derechos fundamentales del ahora accionante. Por otra parte, si bien las autoridades judiciales demandadas señalaron que se omitió la remisión del recurso de apelación debido a la renuncia del Secretario titular y a la sobrecarga laboral del precitado Tribunal de Sentencia Penal, dicha situación no justifica de manera alguna la dilación de aproximadamente un mes y veinticinco días en la que incurrieron; lo que imposibilita que se pueda aplicar la flexibilización señalada en una de las sub reglas anotadas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, según la cual es posible la flexibilización de dicho plazo, de manera excepcional y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, ya que dicha flexibilización se realiza por el plazo de tres días, pasados los cuales la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. En ese contexto, se evidencia la vulneración en la que incurrieron las autoridades judiciales del Tribunal de Sentencia Penal -ahora demandadas-, puesto que si bien el recurso de apelación incidental fue efectivamente interpuesto por el ahora impetrante de tutela en contra del Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, no se elaboró el acta de audiencia ni se remitieron los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, provocando una demora excesiva e injustificada en la tramitación de un recurso directamente vinculado con el ejercicio de la libertad física o personal del peticionante de tutela, que debe ser tramitado con la debida celeridad procesal, incurriendo en una dilación indebida; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada al respecto, bajo la modalidad de pronto despacho.
Por otra parte, con relación a la Secretaria -ahora demandada-, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, puesto que es imprescindible que la misma esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, ya que su inobservancia impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese entendido, del informe presentado por las autoridades judiciales -ahora demandadas-, se establece que ante la renuncia del Secretario titular del indicado Tribunal de Sentencia Penal, se designó en suplencia legal a la Secretaria ahora demandada; sin embargo, debido a su inasistencia a diferentes audiencias, se procedió a habilitar al Oficial de Diligencias para colaborar con la elaboración de actas. Por su parte, la Secretaria demandada informó que las autoridades judiciales del Tribunal de Sentencia Penal ahora demandadas le ordenaron elaborar actas de audiencias en las que no había participado, señalando que el hacerlo implicaría faltar a la verdad (fs. 21). En ese contexto, se advierte que si bien la Secretaria -ahora demandada-, fue formalmente designada por las autoridades judiciales igualmente demandadas, la misma no asistió a la audiencia celebrada el 8 de noviembre de 2022; razón por la cual, se habilitó al Oficial de Diligencias para colaborar con la elaboración de actas, en cumplimiento de lo previsto por el art. 93.II de la LOJ; no obstante, dicha situación pone de manifiesto que la Secretaria demandada, carece de legitimación pasiva con relación a la denuncia formulada por el solicitante de tutela; toda vez que, no participó en la audiencia de la citada fecha, que es el acto ilegal o indebido identificado por el ahora accionante; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 02/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 23 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada con relación a las autoridades judiciales del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí -ahora demandadas-, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la Secretaria del Juzgado Civil Comercial Primero de Uyuni del departamento de Potosí -ahora demandada-, en suplencia legal de su similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Uyuni del citado departamento, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
4 En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 5El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0768_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): d783b764d8badb6c65e1c8832cb0df56fdb5ecbd14c98d76f940714971c3e36f
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