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SCP 0767/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53504-2023-108-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que: i) Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandado-, al emitir Auto Interlocutorio 615/2022 de 26 de octubre, correspondiente al recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 271/222 de 16 de julio, mantuvo incólume su detención preventiva debido a los riesgos procesales, pese a que adjuntó las pruebas documentales para desvirtuar los mismos, empero, no fueron consideradas; asimismo, de manera dolosa realizó la modificación del fallo judicial, determinando la concurrencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, en virtud a encontrarse pendiente la recepción de las declaraciones de los testigos y peritos; y, ii) Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, al emitir Auto de Vista 653/2022 de 14 de noviembre, no realizó una debida valoración de las pruebas ofrecidas y la resolución carece de fundamentación y motivación en relación a los riesgos procesales de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP- y peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, que le fueron aplicados, en virtud a ello dispuso mantener la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 342 vta. a 344, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0767/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53504-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 28/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 342 vta. a 344, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ximena Lineth Zorena Daza en representación sin mandato de Felisa Martínez de Tirano contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 320 a 329, la accionante a través de su representante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, la misma fue señalada para el 26 de octubre de 2022 a horas 15:00 a efectuarse de manera virtual; en dicha audiencia, se rechazó dicha solicitud mediante Auto Interlocutorio 615/2022, al no desvirtuarse los riesgos procesales; planteó recurso de apelación, debido a que el Juez a quo cambió dolosamente el fallo judicial, incorporando valoraciones relacionadas al riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, la influencia hacia los testigos y peritos, los cuales aún no declararon en el Juicio Oral; ambos aspectos no estaban incorporados en la resolución primigenia agravando su situación jurídica. Dicha resolución fue impugnada, mediante sorteo radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; debido a que en la resolución impugnada se desvirtuó el peligro efectivo para la sociedad, su abogado por memorial de 11 de noviembre de 2022 solicitó la remisión de la copia de la grabación de la audiencia de 26 de octubre de 2022; empero, dicho petitorio hasta la fecha no fue resuelto. El 14 de noviembre de 2022 a horas 14:00, se realizó la audiencia de apelación y emitió Auto de Vista 653/2022 confirmando el Auto Interlocutorio 615/2022 de 26 de octubre, confirmando que el riesgo procesal de fuga fue activado al no existir arraigo natural y al no haberse acreditado el domicilio laboral; con relación al peligro efectivo para la sociedad lo dispuso como vigente ante la existencia de antecedentes policiales por delitos referentes a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; no obstante, en la etapa de complementación solicitó se pronuncie con respecto a la activación del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) peligro para la sociedad, en respuesta la autoridad demandada expresó que, se mantendrá el mismo debido a la afectación a la niñez y adolescencia, empero no explicó de qué manera se sustenta el mismo; con respecto al riesgo de fuga en su vertiente de riesgo para la sociedad, víctima o denunciante, mencionó que este extremo fue activado por el Juez de origen, debido a la naturaleza del delito, mismo que no fue apelado y quedó incólume con relación al peligro de obstaculización se expresó la misma conclusión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración del derecho a la libertad y demás derechos, principios y garantías, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) Nulidad del Auto Interlocutorio 615/2022 de 26 de octubre, referente al riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, y se restituya la fundamentación que enerva el peligro de obstaculización que en audiencia fue acreditado; b) Nulidad del Auto de Vista 653/2022 de 14 de noviembre y que se emita nuevo Auto de Vista de manera inmediata; y, c) Imposición de costas, calificación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 341 a 342, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo, manifestó que: 1) El 26 de octubre de 2022, fue celebrada la audiencia de cesación a la detención preventiva, con respecto al art. 234.7 del CPP, refirió que “el peligro para la sociedad queda desvirtuado” (sic) en virtud al certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), demostrando que no existe sentencia condenatoria ejecutoriada; 2) En grado de apelación pudo percatarse que la resolución del Juzgado de origen fue modificada en relación “al peligro efectivo para la sociedad”, que se mantuvo vigente, en consecuencia, presentó memorial solicitando que la autoridad judicial disponga la remisión de la copia de grabación de la audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual no fue atendida; empero, su Abogada logró obtener una copia de la grabación de dicha audiencia, de tal manera pudo establecer que el peligro efectivo para la sociedad fue desvirtuado, así también, que el Fiscal de Materia no planteó recurso de apelación; empero, al momento de pronunciarse el Auto Interlocutorio 615/2022 se activó el mencionado riesgo procesal en virtud a sus antecedentes policiales y en razón al razonamiento jurisprudencial de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0919/2017 -no se consignó Sala y fecha-; debido al actuar de la autoridad judicial se vulneró el debido proceso por la modificación de la resolución; esta actuación atentatoria fue puesta a conocimiento de la Sala Penal Segunda, sin embargo, la misma no fue considerada; y, 3) La problemática en la presente acción de libertad es que la autoridad demandada modificó la resolución, activando el “peligro efectivo para la sociedad”, en virtud a la jurisprudencia constitucional citada.

I.2.2. Informe de los demandados

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 339 a 340 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) Resolvió los agravios expuestos en la audiencia de apelación, en virtud a las alegaciones de la imputada -ahora accionante- y el Ministerio Público conforme dispone el art. 235 ter. del CPP; de la misma manera, se valoró los elementos probatorios arrimados por la parte apelante para emitir la resolución respectiva conforme dispone el art. 124 del CPP; ii) Asumido el conocimiento del Auto Interlocutorio 615/2022 impugnado, se realizó la consideración de la carga argumentativa y probatoria formulada por la impetrante de tutela, en aplicación del art. 239.1 del CPP; iii) Conforme al Auto de Vista 653/2022 emitido, no hubo objeción de la parte apelante en relación a la falta de valoración de una supuesta prueba, así también con respecto al tiempo de ejercer el derecho a la palabra; iv) Desde que se efectuó la audiencia de apelación, vale decir, el 14 de noviembre de 2022 hasta la fecha, la parte imputada -ahora accionante- no reclamó en ningún momento, lo que hace entender que los fundamentos de la acción tutelar son falsos y temerarios; v) Se encuentra en vacaciones judiciales, motivo por el cual no concurrió a la audiencia; y, vi) El proceso penal se encuentra con acusación formal. Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe oral en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) Resolvió el incidente de cesación a la detención preventiva de la imputada -ahora accionante-, emitiendo Auto Interlocutorio 615/2022 debidamente motivado, reconociendo su domicilio particular, y con relación a su fuente laboral no fue desvirtuada debido a que no se realizó su verificación; en relación al peligro efectivo para la sociedad, presentó certificado REJAP, en la cual no existe registrada sentencia condenatoria ejecutoriada; así también, estableció que en obrados constaban certificados de antecedentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) correspondiente a la imputada -ahora accionante-; debido a las documentales adjuntas realizó la interpretación y fundamentación respectivamente, determinando mantener el riesgo procesal; y, b) En el grado de apelación el Tribunal de alzada confirmó el Auto Interlocutorio 615/2022 de 26 de octubre, empero, la situación jurídica de la imputada no causa estado, por lo que, puede interponer cesación a la detención preventiva amparado en el art. 239.1 del CPP.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 28/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 342 vta. a 344, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La accionante tiene un proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, a la fecha de la presentación de la acción tutelar se encontraba con acusación formal; 2) El proceso penal se encuentra bajo el control jurisdiccional de la autoridad competente, la cual viene cumpliendo con las formalidades y actuados procesales, y la detención preventiva de la accionante es debido a una resolución judicial, motivo por el cual no existe una indebida privación de su libertad; 3) El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto, mencionó que no se había desvirtuado el riesgo procesal establecido en el art. 234.7, toda vez que constituye un peligro y amenaza para la sociedad; y, 4) El petitorio interpuesto por la accionante, no resultó procedente, puesto que no guarda relación con los presupuestos previstos en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 615/2022 de 26 de octubre, emitido por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo el rechazo de “LA SOLICITUD DE CESACIÓN A LA DETENCION PREVENTIVA” (sic [fs. 122 a 123 vta.]). II.2. Mediante Auto de Vista 653/2022 de 14 de noviembre, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró “ADMISIBLE E IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL (…); EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA EL AUTO INTERLOCUTORIO Nº 615/2022 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2022” (sic [fs. 131 a 133 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que: i) Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandado-, al emitir Auto Interlocutorio 615/2022 de 26 de octubre, correspondiente al recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 271/222 de 16 de julio, mantuvo incólume su detención preventiva debido a los riesgos procesales, pese a que adjuntó las pruebas documentales para desvirtuar los mismos, empero, no fueron consideradas; asimismo, de manera dolosa realizó la modificación del fallo judicial, determinando la concurrencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, en virtud a encontrarse pendiente la recepción de las declaraciones de los testigos y peritos; y, ii) Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, al emitir Auto de Vista 653/2022 de 14 de noviembre, no realizó una debida valoración de las pruebas ofrecidas y la resolución carece de fundamentación y motivación en relación a los riesgos procesales de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP- y peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, que le fueron aplicados, en virtud a ello dispuso mantener la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el deber de motivar y fundamentar las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares.

Jurisprudencia reiterada La SCP 0274/2025-S3 de 21 de abril, menciona que: «Al respecto, el art. 124 del CPP establece: “…(Fundamentación). Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”. Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que la fundamentación y motivación que realice todo juez o tribunal a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese marco, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, precisó que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. Asimismo, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, estableció que: “…la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)…”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que: a) Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandado-, al emitir Auto Interlocutorio 615/2022 de 26 de octubre, correspondiente al recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 271/222 de 16 de julio, mantuvo incólume su detención preventiva debido a los riesgos procesales, pese a que adjuntó las pruebas documentales para desvirtuar los mismos, empero, no fueron consideradas; asimismo, de manera dolosa realizó la modificación del fallo judicial, determinando la concurrencia del riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, en virtud a encontrarse pendiente la recepción de las declaraciones de los testigos y peritos; y, b) Arminda Méndez Terrazas -ahora demandada-, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al emitir Auto de Vista 653/2022 de 14 de noviembre, no realizó una debida valoración de las pruebas ofrecidas y la resolución carece de fundamentación y motivación en relación a los riesgos procesales de peligro efectivo para la sociedad -art. 234.7 del CPP- y peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, que le fueron aplicados, en virtud a ello dispuso mantener la detención preventiva. El 26 de octubre de 2022, se emitió Auto Interlocutorio 615/2022, rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva, esta resolución fue impugnada por la accionante; la audiencia de apelación se efectuó el 14 de noviembre de ese año, la Vocal demandada, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental, disponiendo confirmar el Auto Interlocutorio 615/2022 (Conclusiones II.1 y 2). Ahora bien, sobre la supuesta falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 653/2022, resulta necesario extraer los motivos del recurso de apelación incidental planteado por la ahora solicitante de tutela, quien expuso los siguientes agravios: 1) El Juez a quo apartándose del principio de razonabilidad, objetividad y verdad material, rechazó simple y llanamente la prueba documental consistente en contrato de trabajo debidamente reconocido por Notaria de Fe Pública -art. 234.1 del CPP-; alegando que ante la falta de verificación del vínculo laboral, no se desvirtuó el riesgo procesal de domicilio laboral; 2) Omisión de pronunciamiento con respecto al peligro de fuga establecido en el art. 234.2 del CPP, pese a que proporcionó la documentación en relación a los flujos migratorios terrestres, ferroviarios y aéreos emitidos por la Dirección General de Migración (DIGEMIG), demostrando que no existe ausentismo de la imputada hoy peticionante de tutela, respaldando de igual manera su arraigo natural con relación a la familia, al domicilio real y laboral;

3) También señaló la falta de valoración probatoria del Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) con relación al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante establecido en el art. 234.7 del CPP; siendo que dicho documento certificó que la imputada -ahora accionante- no tiene antecedentes judiciales; sin embargo, la autoridad judicial respaldó su fallo en virtud a que la imputada –impetrante de tutela- tiene antecedentes policiales correspondiente a la gestión 2006, aspecto que no fue reflejado en el REJAP; y,

4) La autoridad judicial no realizó la debida fundamentación y motivación con relación al riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP que versa que la imputada amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos peligro; inclusive según el cuaderno de investigaciones, no consta la existencia de este tipo de amedrentamiento o influencia hacia las partes procesales.

En consideración a los agravios, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 653/2022, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por la accionante, con base en los siguientes fundamentos: i) Con relación al domicilio laboral (art. 234.1 del CPP): Debido a la falta de verificación notarial, dicho extremo no fue acreditado, lo cual fue expresado por el Juez a quo y que posteriormente, fue confirmado por la Vocal -ahora demandada-; ii) Con respecto al arraigo natural (art. 234.2 del CPP): De la documentación proporcionada por la imputada constituida por flujos migratorios terrestre y ferroviario, este riesgo procesal quedó latente, toda vez que, no se acreditó este extremo, por lo cual, se dispuso la concurrencia de la misma;

iii) Acerca del peligro efectivo para la sociedad (art. 234.7 del CPP):

Siendo un delito que afecta al conglomerado social, a la salud y a los sectores vulnerables -niñas, niños o adolescentes-, se activó este riesgo procesal; pese a que la imputada presentó el Certificado REJAP, este no constituyó un elemento transcendental y relevante que desvirtué esta disposición; y, iv) En cuanto al peligro de obstaculización referente a la prohibición de acercamiento a la víctima, testigos, peritos entre otros (art. 235.2 del CPP): Con la finalidad de llegar a la verdad de los hechos, así también la identificación de los involucrados en la actividad ilícita y a objeto de efectivizar la realización de las investigaciones por parte del Ministerio Público, estos actuados procesales pueden ser perjudicados o influenciados por la imputada; por lo que, al no ser desvirtuado este riesgo procesal por los fundamentos expuestos, el mismo fue confirmado por la autoridad demandada. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que, toda autoridad que asuma conocimiento de un reclamo, solicitud o emita resolución sobre una situación jurídica, deberá exponer los motivos que sustentan la misma, en virtud a los acontecimientos, a la problemática y a las normas aplicables al caso, rigiendo su pronunciamiento en base a los principios y valores en su función de autoridad judicial; por lo que, la fundamentación de los fallos judiciales constituye un elemento primordial para determinar la detención preventiva, así también para el rechazo de las solicitudes de cesación de la medida cautelar. Ahora bien, con relación al Auto Interlocutorio 615/2022 y a los agravios alegados por la accionante; dicha resolución ya fue sometida a examen por el Tribunal de alzada, para corregir, enmendar y/o anular las “supuestas irregularidades” incurridas por el Juez codemandado; por lo que, cabe mencionar que, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, la presente revisión constitucional se circunscribirá únicamente a lo resuelto en el Auto de Vista 653/2022 de 14 de noviembre. En ese contexto, identificada la problemática se procederá al análisis de manera separada, diferenciando las acciones que habría efectuado la autoridad judicial -Vocal-. De lo aseverado por la impetrante de tutela, se encuentra el “supuesto” incumplimiento por parte de la Vocal demandada, por no haber valorado debidamente la prueba documental proporcionada; de igual manera, surge la falta de fundamentación y motivación en la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga previstos en el art. 234.1, 2 y 7 del CPP, así también en el peligro de obstaculización incorporado en el art. 235.2 del mismo Código; ante estas supuestas omisiones por parte de la autoridad jurisdiccional demandada, que derivaron en mantener detención preventiva de la imputada -ahora accionante-. Ahora bien, en el marco de lo expuesto y efectuada la contrastación entre lo denunciado en esta acción tutelar, asimismo, de los agravios del recurso de apelación incidental y lo resuelto por la Vocal demandada; este Tribunal llega a la conclusión que la Vocal demandada, al emitir el Auto de Vista 653/2022, realizó una debida revisión y análisis del Auto Interlocutorio 615/2022; identificando los fundamentos valederos para mantener incólume la detención preventiva de la solicitante de tutela acorde a los riesgos procesales referente al peligro de fuga -art. 234.1, 2 y 7 del CPP- y de obstaculización -art. 235.2 del CPP-; los cuales se describirán seguidamente:

a) Con respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, la autoridad demandada determinó su concurrencia en virtud a que, el contrato de trabajo carecía de verificación notarial; toda vez que, la constatación por parte del funcionario notarial constituye un actuado de verificación de la existencia de la fuente laboral, respaldada con la declaración de testigos, con fotografías y croquis, los cuales otorgan la veracidad del mismo. En ese entendido, resulta razonable la ratificación del peligro de fuga en su elemento trabajo;

b) En cuanto al peligro procesal citado en el art. 234.2 del CPP, se estableció su aplicación al no acreditar su arraigo natural con la documentación idónea; si bien, la accionante presentó flujos migratorios, empero, los mismos no constituyen un elemento determinante para desvirtuar el citado riesgo procesal; en ese entendido, es acertado el pronunciamiento de la autoridad demandada con relación a este elemento;

c) Con relación al peligro de obstaculización establecido en el art. 234.7 del CPP, la impetrante de tutela alegó una carente valoración del Certificado REJAP, puesto que no registra antecedentes penales; no obstante, este documento no es suficiente para desvirtuar este peligro procesal; y, d) Respecto al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, fue determinado la concurrencia en virtud a que; está pendiente de realización la declaración de los testigos y peritos; asimismo, para que el Ministerio Público pueda realizar los actos investigativos sin ningún percance; debido a ello, el fallo emitido por la autoridad judicial -ahora demandada- en relación a este punto, contiene la debida fundamentación y motivación; por consiguiente, resulta correcto la aplicación de este riesgo procesal. Bajo los antecedentes y el razonamiento jurisprudencial citados supra, se advierte que, el planteamiento de la problemática formulada por la accionante, versa en la revisión de la resolución emitida por el Tribunal de alzada, alegando la carencia de fundamentación y motivación en la resolución judicial; por consiguiente, se establece que la Vocal demandada actuó debidamente al emitir su fallo, toda vez que, la misma está fundamentada y motivada en razón a los riesgos procesales expuestos en la problemática del caso; por consiguiente, no corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 342 vta. a 344, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0767_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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