B.IA.LEGAL

SCP 0767/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
8 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
53382-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, seguridad jurídica y derecho a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, seguridad jurídica y derecho a la defensa, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz ahora demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional, señale audiencia de situación jurídica de los ahora impetrantes de tutela, salvo que por el transcurso del tiempo, se hubiera modificado la situación procesal de los ahora accionantes; y, 3° Llamar severamente la atención a Gabriela Salas Etcheverry, Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0767/2025-S1 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53382-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 23/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Seli Ortiz Velásquez y Alicia Analy Zapata Lino, Defensoras Públicas del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Nelson Flores Poma y Pura Soledad Rojas Segundo contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 11 a 12 vta., los accionantes a través de sus representantes sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nelson Flores Poma y Pura Soledad Rojas Segundo -ahora impetrantes de tutela-, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 332 y 132 del Código Penal (CP), la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- señaló audiencia de consideración de situación jurídica de los imputados -ahora demandantes de tutela- para el 6 de octubre de 2022; sin embargo, dicha audiencia fue suspendida por la inasistencia del Ministerio Público y de los imputados, pese a que se realizó los oficios para el traslado de los mismos a la sala de audiencia.

Instalada la referida audiencia de 6 de octubre de 2022, la Jueza ahora demandada señaló una nueva para el 14 de igual mes y año a horas 10:00, la cual se desarrollaría de forma virtual; razón por la cual, la defensa técnica de los ahora solicitantes de tutela se apersonaron ante el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del referido departamento, solicitando el enlace -link- de la audiencia; empero, revisado el libro de altas y bajas, el indicado Juzgado había remitido la causa a conocimiento del Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del citado departamento, sin llevar a cabo la audiencia de situación jurídica, lesionando el derecho al debido proceso en sus elementos de seguridad jurídica y derecho a la defensa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los peticionantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncian la transgresión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus componentes de celeridad, seguridad jurídica y derecho a la defensa, sin citar norma constitucional alguna que las contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) Al Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, devuelva la causa con Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 701102012203339, al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz y/o se remitan fotocopias legalizadas de las piezas principales del cuaderno procesal a efectos de que la Jueza de origen -ahora demandada- pueda celebrar la audiencia de situación jurídica de los ahora accionantes; y, b) Que la Jueza ahora demandada señale “día y hora” de audiencia de situación jurídica de los ahora impetrantes de tutela.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los solicitantes de tutela, a través de sus representantes sin mandato, en la audiencia virtual se ratificaron en los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando los mismos, señalaron que: 1) Dentro del proceso penal seguido en su contra, se fijó audiencia de situación jurídica para el 6 de octubre de 2022, la cual fue suspendida porque el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se habría elaborado los mandamientos de conducción de los detenidos -ahora accionantes- a la sala de audiencia; en consecuencia, se fijó nueva audiencia para el 14 de igual mes y año a horas 10:00 de manera virtual; 2) El día señalado, las defensoras públicas se presentaron ante el Juzgado citado, para solicitar el enlace de acceso -link- para dicha audiencia; sin embargo, les informaron que el expediente de la causa fue remitido ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del citado departamento, debido a que el Ministerio Público presentó la acusación formal, lo que ocasionó que la audiencia de situación jurídica de los procesados -ahora demandantes de tutela- no se instale ni se celebre; lo referido, resulta ser contrario a la jurisprudencia, que a través de la SCP “348/2020-S2” estableció que cuando se señala una audiencia de situación jurídica de una persona privada de libertad con anterioridad a la presentación de un requerimiento conclusivo de acusación formal, la misma debe celebrarse por tratarse de una persona detenida; empero, al no llevarse a cabo dicha audiencia, resulta que los ahora accionantes se encuentran ilegalmente detenidos, puesto que no existe orden expresa de ampliación de dicha medida cautelar; 3) Los ahora peticionantes de tutela, continúan detenidos sin que exista orden expresa de ampliación de su detención preventiva, la cual había sido fijada en ciento veinte días y venció el 6 de octubre de 2022; asimismo, se advierte que el Ministerio Público no presentó ninguna solicitud de ampliación; en consecuencia, la omisión de la Jueza ahora demandada generó una detención ilegal y la vulneración de los derechos y garantías constitucionales de los imputados -ahora demandantes de tutela-, en particular el derecho a la libertad; 4) Existe una falta de lealtad de los funcionarios del Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del citado departamento, ya que en los días previos a la audiencia no se informó sobre la acusación formal presentada por el Ministerio Público, y recién se comunicó esta situación el mismo día de la audiencia, cuando se solicitó el enlace de acceso -link- para la audiencia virtual; 5) Por otra parte, la SCP “643/2012 de 23 de julio”, establece que cuando una persona se encuentra privada de libertad, las solicitudes y trámites deben ser atendidos con la mayor celeridad, dado que está en juego la libertad personal; en este caso, la autoridad judicial ahora demandada, vulneró dicho principio al no celebrar la audiencia de situación jurídica de los procesados -ahora peticionantes de tutela-, lo que los dejó en indefensión y ocasionó que permanezcan indebidamente detenidos, pese a que el plazo de la detención preventiva ya venció y sin que exista solicitud expresa de ampliación por parte del Ministerio Público, como exige el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 6) Asimismo, denunció la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de celeridad procesal y prohibición de dilaciones indebidas, derechos garantizados por los arts. 21.7, 22, 23.1 y 3, y 115.2 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordantes con los arts. 7.3 y 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; y, 7) Por los motivos expuestos, presentaron la acción de libertad, solicitando que se restituyan los derechos vulnerados; y que de manera inmediata, se disponga que el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del referido departamento, devuelva la causa a la Jueza ahora demandada; en su defecto, remita fotocopias legalizadas de las piezas principales para que se celebre la audiencia de situación jurídica; y, que el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del indicado departamento, señale día y hora para dicha audiencia, practicando de oficio las diligencias de notificación al Ministerio Público y a la parte civil, conforme lo establece el art. 108 del CPP.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 14.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución de 23/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, sea el que resuelva la situación jurídica de los ahora accionantes, en base a los siguientes fundamentos: i) Considerando la SCP “681/2018-S1” y la SC “487/2005-R”, establecen que aun cuando se haya presentado acusación, el Juez de instrucción mantiene competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares mientras la causa no haya sido radicada en el Juzgado o Tribunal de Sentencia; ii) Si bien se señaló audiencia para resolver la situación jurídica de los ahora demandantes de tutela y también existía una ampliación a la detención preventiva señalada para el mismo día -14 de octubre de 2022 a horas 10:00-, al presentarse la acusación, la Jueza ahora demandada podía llevar adelante la audiencia, pues todavía ejercía el control jurisdiccional y no había radicatoria; y una vez resuelta la situación jurídica de los ahora solicitantes de tutela, remitir el expediente al Juzgado de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del referido departamento, para que dicha autoridad revise los antecedentes, realice la radicatoria y pueda notificar con el señalamiento de audiencia, lo que generaría demora; por ello, la Jueza ahora demandada debió llevar a cabo la audiencia que se encontraba señalada, previo a remitir los antecedentes por la presentación de la acusación formal ante el indicado Juez de Sentencia; iii) Respecto a la solicitud de devolver el expediente a la Jueza -ahora demandada- o remitir fotocopias legalizadas, se considera que ello también causaría la misma causaría demora que generó dicha Jueza y retardaría más el acceso a la justicia de los detenidos -ahora peticionantes de tutela-; y, iv) En ese sentido, si bien hubo lesión por parte de la autoridad judicial ahora demandada al no resolver de inmediato la audiencia de consideración de situación jurídica y ampliación de la detención preventiva, corresponde que sea el Juez de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del citado departamento, quien atienda directamente ambas solicitudes, dado que ya tiene bajo su cargo la acusación y el control jurisdiccional, a efectos de que se resuelva de manera inmediata el acceso a la justicia de los ahora accionantes.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 6 de junio de 2022, celebrada por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- (fs. 3 a 6 vta.) II.2. Se tiene Auto Interlocutorio 86/2022 de 6 de junio, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del citado departamento -ahora demandada-, mediante el cual resolvió lo siguiente:

“POR TANTO: La suscrita Juez 8vo de Instrucción en lo Penal de la Capital, en virtud a la jurisdicción y competencia que por ley ejerce en aplicación de los Art. 234 Núm. 1), 2), 5), 6) y 7), Art. 235 Num. 1) y 2) de la Ley 1970, RESUELVE: Primero: disponer para KAREN FELI MIRANDA, VERONICA MERCEDES BARCO QUISPE, CARLA TATIANA ORTEGA MONTAÑO, ANGELA VIVIANA RAMOS BASTOS, PURA SOLEDAD ROJAS SEGUNDO y NELSON FLORES POMA, la DETENCION PREVENTIVA debiendo guardar detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Cárcel Pública de Palmasola) quedando bajo responsabilidad del Sr. Gobernador de Palmasola la seguridad del mismo, emítase el correspondiente mandamiento de detención preventiva. Segundo: De conformidad al Art. 233 Núm. 3) de la ley 1970 modificado por la Ley 1173 el plazo de la duración de la detención preventiva será de CIENTO VEINTE (120) días a objeto de que el Ministerio Publico realice todos los actos para llegar a la averiguación de la verdad. Así mismo de conformidad al Art. 235 TER del C.P.P. se va a señalar audiencia a objeto de considerar la situación jurídica del imputado para el día Jueves 06 de Octubre de 2022 a Hrs. 09:30 A.M. quedando las partes legalmente notificadas en audiencia. Tercero: El plazo de la investigación será de (6) Seis meses de conformidad al Art. 134 del C.P.P. La parte que no se encuentre de acuerdo con la presente resolución tiene el término de ley para interponer el recurso de apelación de acuerdo al Art. 251 del CPP. las partes quedan legalmente notificadas en audiencia el día de hoy Lunes 06 de Junio del presente año en curso a hrs. 14:45 p.m. Para fines procesales de Ley las partes al estar presentes quedan legalmente notificadas en audiencia. ” (sic [fs. 6 vta. a 8]). II.3. Cursa Resolución 23/22 de 15 de octubre de 2022, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz constituida en Jueza de garantías, en la cual haciendo revisión de los actuados remitidos ante su autoridad y el informe del Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló lo siguiente:

“Que, Al haberse remitido el cuaderno de control jurisdiccional en el cual también se remite un informe realizado por el secretario del juzgado 14vo de sentencia penal en el que establece que hace conocer que el presente cuaderno procesal fue recepcionado por el juzgado en fecha viernes 14 de octubre a horas 8 de la mañana con el informe que esta emitido por el auxiliar del juzgado haciendo conocer que el proceso se encuentra con señalamiento de audiencia para el día 14 de octubre sin que ninguna de las partes hayan comparecido ante el juzgado para dicha audiencia, también menciona que la juez 14vo de sentencia se encuentra con baja médica desde fecha 13 de octubre. En el cuaderno de control jurisdiccional se tiene el acta de audiencia de medidas cautelares la cual señala audiencia a efectos de resolver la situación jurídica para el día 06 de octubre del 2022, así mismo se tiene en el acta de audiencia suspendida de fecha 06 de octubre ya que informa que las partes fueron legalmente notificadas y no se encontraba presente el Ministerio Público ni la víctima ni su abogado, no se encuentra presente en sala los imputados, solo se encuentra los abogados, así que no han sido trasladado los imputados por lo que no se recepciono el oficio para tal efecto y la juez señala nuevo día y hora para el día viernes 14 de octubre a horas 10 de la mañana. También se tiene de la revisión el memorial del representante del Ministerio Público el cual solicita la ampliación de la detención preventiva, misma que se encuentra señalada para el día viernes 14 de octubre a horas 10 de la mañana, es decir para la misma hora de la situación jurídica a efectos que se resuelvan ambas solicitudes, la ampliación a la detención preventiva como también la situación jurídica de los hoy accionantes.” (sic [fs. 16 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, seguridad jurídica y derecho a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 332 y 132 del CP, la Jueza ahora demandada señaló audiencia de consideración de la situación jurídica de los imputados -ahora accionantes- para el 6 de octubre de 2022 -a horas 09:30-, misma que fue suspendida por la inasistencia tanto del Ministerio Público como de los imputados, señalando nueva audiencia virtual para el 14 del mismo mes y año a horas 10:00; sin embargo, cuando las representantes de los ahora accionantes se apersonaron ante el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para solicitar el enlace de acceso -link-a dicha audiencia, fueron informados de la remisión de la causa a conocimiento del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del referido departamento, sin haberse llevado a cabo la referida audiencia de situación jurídica programada con anterioridad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; c) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; d) Análisis del caso concreto; y, e) Otras consideraciones.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo, asumió en siguiente entendimiento: La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril y 0478/2011-R de 18 de abril; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, establece que:“…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus [ahora acción de libertad] y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, reiterada por la SC 0038/2011-R de 7 de febrero; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras, señala que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley” (las negrillas nos corresponden).

En consecuencia, las autoridades demandadas en una acción de libertad, tienen la carga de la prueba y se hallan constreñidas a desvirtuar la lesión o amenaza de lesión del derecho, que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por Ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad

III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.

3El FJ III.2, señala: “…de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”.

4El FJ III.2, refiere: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”.

5El FJ III.2, determina: “…conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: ʽ…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”.

Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.

Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.

Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares.

6El FJ III.4, refiere que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…)

….cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…)”.

7El FJ III.2, rige: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:

Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.

Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”.

En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-Ra lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:

8El FJ III.3, refiere: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.

De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”.

9El FJ III.2, señala: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…) [las negrillas y el subrayado son nuestros]. Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.

Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.

Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva.

Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente.

En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

III.4. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, seguridad jurídica y derecho a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 332 y 132 del CP, la Jueza ahora demandada señaló audiencia de consideración de la situación jurídica de los imputados -ahora accionantes- para el 6 de octubre de 2022 -a horas 09:30-, misma que fue suspendida por la inasistencia tanto del Ministerio Público como de los imputados, señalando nueva audiencia virtual para el 14 del mismo mes y año a horas 10:00; sin embargo, cuando las representantes de los ahora accionantes se apersonaron ante el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para solicitar el enlace de acceso -link- a dicha audiencia, fueron informados de la remisión de la causa a conocimiento del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Cuarto de la Capital del referido departamento, sin haberse llevado a cabo la referida audiencia de situación jurídica programada con anterioridad. Con carácter previo, cabe precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando la autoridad o persona demandada no comparece a la audiencia pública de fundamentación de la acción de libertad y tampoco presenta el informe respectivo, a fin de desvirtuar las denuncias efectuadas por la parte accionante, a pesar de haber sido legalmente citada, tal cual acontece en el presente caso (fs. 14); corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por los ahora accionantes en la presente acción tutelar, dado que su silencio será considerado como confesión de haber cometido los mismos. En ese entendido, precisada la problemática planteada, de la revisión de antecedentes se advierte que la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 6 de junio de 2022, emitió el Auto Interlocutorio de la misma fecha, mediante el cual dispuso la medida cautelar de detención preventiva de Nelson Flores Poma y Pura Soledad Rojas Segundo -ahora peticionantes de tutela- entre otros, por el plazo de ciento veinte días en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; asimismo, en aplicación del art. 235 ter del CPP, señaló audiencia de consideración de la situación jurídica de los imputados -ahora solicitantes de tutela- para el 6 de octubre del mismo año (Conclusiones II.1 y II.2). Al respecto, de la revisión del memorial de interposición de la presente acción de libertad y su ampliación en audiencia tutelar, se tiene que la audiencia de consideración de la situación jurídica de los ahora accionantes fue señalada para el 6 de octubre de 2022, y la misma se suspendió por la inasistencia tanto del Ministerio Público como de los imputados -ahora impetrantes de tutela- ya que la Jueza ahora demandada no elaboró el oficio de traslado de los detenidos -ahora demandantes de tutela- a la sala de audiencias; razón por la cual, señaló nueva audiencia virtual para el 14 del mismo mes y año a horas 10:00; sin embargo, cuando las representantes de los ahora accionantes se apersonaron ante el Juzgado de la Jueza -ahora demandada- para solicitar el enlace de acceso -link- a dicha audiencia, fueron informadas de la remisión de la causa al Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, debido a que el Ministerio Público presentó la acusación formal, lo que ocasionó que la audiencia de situación jurídica de los procesados -ahora peticionantes de tutela- no se instale ni se celebre, a pesar de que fue programada con anticipación, situación que se tiene por cierta bajo el principio de presunción de veracidad, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional Asimismo, se tiene que el expediente del proceso penal de referencia, fue remitido ante la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del citado departamento, constituida en Jueza de garantías, misma que verificó lo siguiente: 1) El expediente fue recibido por el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del mencionado departamento, el 14 de octubre de 2022 a horas 08:00; 2) Celebrada la audiencia de consideración de la situación jurídica de los procesados el 6 de octubre de 2022, la misma se suspendió por inasistencia de las partes, fijándose una nueva para el 14 de igual mes y año a horas 10:00; y, 3) Cursa en el expediente del proceso penal de referencia, el memorial presentado por el Ministerio Público solicitando la ampliación de la detención preventiva, cuya audiencia también fue señalada para el 14 de octubre de 2022 a horas 10:00, coincidiendo con el señalamiento de audiencia de consideración de la situación jurídica de los demandantes de tutela (Conclusión II.3). Dichos extremos, demuestran que la Jueza ahora demandada, dispuso de forma innecesaria la remisión del expediente del proceso penal de referencia ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, omitiendo la instalación y celebración de la audiencia señalada para el 14 de octubre de 2022 a horas 10:00; con ello, dilató la consideración de la situación jurídica de los ahora accionantes, pese al vencimiento del plazo de ciento veinte días de su detención preventiva; máxime, si dicha audiencia había sido previamente fijada en audiencia de 6 de octubre de 2022, de acuerdo a la revisión del expediente remitido ante la Jueza de garantías (Conclusión II.3); es decir, mucho antes de la recepción del expediente, por el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del citado departamento, el 14 de octubre de 2022 a horas 08:00, debido a la Acusación Formal presentada por el Ministerio Público. Los actuados desplegados, se enmarcan en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; toda vez que, los jueces de instrucción penal mantienen su competencia para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva, así como las solicitudes de cesación -de la detención preventiva-que se hubieran presentado, hasta que la causa radique formalmente ante el juez o tribunal de sentencia penal; de igual modo, mantienen la facultad para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación. Por lo expuesto; en el presente caso, correspondía que la autoridad judicial ahora demandada instale y celebre la audiencia programada para el 14 de octubre de 2022 a horas 10:00, para definir la situación jurídica de los procesados -ahora accionantes-, garantizando su acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, pues todo trámite procesal vinculado a la libertad debe ser resuelto con la mayor celeridad posible; más aún, si el Ministerio Público presentó un memorial solicitando la ampliación de la detención preventiva de los imputados -ahora peticionantes de tutela-, cuya audiencia también fue señalada para el mismo día -14 de octubre de 2022- a horas 10:00, coincidiendo con el señalamiento de audiencia de consideración de la situación jurídica de los ahora accionantes (Conclusión II.3); en ese entendido, la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del mencionado departamento, sin realizar una verificación adecuada de los actuados procesales, generó dilaciones que afectaron los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, seguridad jurídica y derecho a la defensa de los ahora impetrantes de tutela; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada.

III.5. Otras consideraciones

Por último, de la revisión de la Resolución 23/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., se verifica que fue remitido ante la Jueza de garantías, el expediente de control jurisdiccional, como se evidencia de lo referido y compulsado por dicha autoridad judicial (Conclusión II.3), para la emisión de la correspondiente Resolución venida en revisión; sin embargo, dichos antecedentes no fueron remitidos a este Tribunal Constitucional Plurinacional, pues de la revisión del expediente éste no fue adjuntado al mismo; extremos por los que, corresponde llamar la atención a la Jueza de garantías, por cuanto dichos documentos constituyen piezas procesales importantes para la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente; habiéndose apartado de la obligación de remitir a esta instancia, todos los antecedentes de la acción de defensa planteada; aclarándose al respecto que, si bien podría solicitarse durante la tramitación de esta acción de defensa dichos antecedentes como documentación complementaria; no obstante, por celeridad y economía procesal, y al constar el contenido necesario en el acta de audiencia de garantías y la Resolución traída en revisión, no se procedió con dicha solicitud de documentación, a fin de no dilatar la resolución del presente caso. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, seguridad jurídica y derecho a la defensa, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz ahora demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional, señale audiencia de situación jurídica de los ahora impetrantes de tutela, salvo que por el transcurso del tiempo, se hubiera modificado la situación procesal de los ahora accionantes; y, 3° Llamar severamente la atención a Gabriela Salas Etcheverry, Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0767_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 861efaca7e857b56278259385887f958d26c56e478de5ebf0372c813d0c2d368

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