Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades que constituyen objeto procesal en esta acción de defensa: a) Omitieron valorar el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022, que contradijo el primer estudio psicológico realizado a la víctima; b) No consideraron el informe emitido por la Dirección Distrital de Educación de 5 de julio de 2022, que sostenía que la víctima cambio de unidad educativa; y, c) No efectuaron un análisis respecto a las declaraciones testificales de Rubén Calle Chambi y Mauricio Flores Terrazas, ambos testigos de descargo; por lo cual, decidieron declarar subsistente el riesgo procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo a la víctima-. El Vocal demandado, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte en parte la Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 70 a 73 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral de los nuevos elementos de convicción, vinculados con el derecho a la libertad, únicamente con relación a los puntos identificados en los incisos a) y b) del análisis del caso concreto, referidos a:
a) La omisión de valoración y pronunciamiento fundamentado respecto al informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022. b) La ausencia de pronunciamiento respecto al informe de la Dirección Distrital de Educación de 5 de julio de 2022. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 201/2022 de 28 de julio, pronunciado por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo dicha autoridad emitir una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente, resolviendo los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 444/2022 de 12 de julio, emitiendo un nuevo pronunciamiento fundamentado y congruente respecto a los elementos introducidos en la solicitud de cesación de la detención preventiva, salvo que la situación de la parte accionante se hubiese modificado por una resolución posterior. 3° DENEGAR la tutela respecto al punto identificado en el inciso c) del análisis del caso concreto, relativo a las declaraciones testificales de Rubén Calle Chambi y Mauricio Flores Terrazas.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 49959-2022-100-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 70 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Eufrocino Calle Villegas contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del citado departamento.
Por memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 y 49 a 53, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, Salva July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 320/2022 de 3 de junio, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, al considerar concurrente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), relativo al peligro efectivo para la víctima. La referida autoridad judicial sustentó dicha decisión principalmente en la declaración de la víctima -una menor de seis años- y en el temor que ésta manifestó respecto a su persona, como profesor.
Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, emitiéndose en respuesta el Auto Interlocutorio 444/2022 de 12 de julio, mediante el cual, la Jueza codemandada, declaró infundada la solicitud, sosteniendo que el Informe de la Dirección Distrital no desvirtuaba el temor de la víctima y que el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022, no podía ser valorado, porque ello implicaría adelantar criterio sobre el fondo de la investigación, añadiendo además que dicho informe debía ser previamente analizado por el Ministerio Público. Contra esa decisión, se interpuso recurso de apelación incidental, denunciando ausencia de fundamentación, motivación y valoración individual y conjunta de la prueba; no obstante, mediante Auto de Vista 201/2022 de 28 de julio, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento -hoy demandado-, declaró improcedente el recurso y confirmó el Auto Interlocutorio 444/2022, compartiendo el criterio de la Jueza codemandada respecto a que el Ministerio Público debía pronunciarse previamente sobre el informe psicológico complementario; asimismo, observó que las entrevistas testificales carecían de firma policial y señaló que aún no se contaba con la declaración de la víctima en cámara Gesell, concluyendo que la documentación presentada resultaba insuficiente para desvirtuar la probable participación del imputado en la causa atribuida. Las autoridades judiciales demandadas incumplieron el deber de valoración integral de los nuevos elementos de convicción, previstos en el art. 239.1 del CPP y desarrollados por la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en las SSCC 0320/2004-R, 1249/2005-R, 0012/2006-R, 1147/2006-R, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, omitiendo valorar integralmente el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022, pese a que el mismo fue presentado precisamente para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, incurriendo así en una actuación contradictoria, pues para imponer la medida cautelar de detención preventiva, se otorgó valor a un informe psicológico previo; asimismo, las resoluciones impugnadas incumplieron los estándares desarrollados por la jurisprudencia constitucional, particularmente las SSCC 0012/2006-R, 0089/2010-R, 0782/2005-R y la SCP 0077/2012, que establecen que tanto los jueces cautelares como los tribunales de apelación tienen la obligación de fundamentar de manera expresa, objetiva e integral las razones jurídicas y probatorias que sustentan sus decisiones en materia cautelar.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y, valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 201/2022 y el Auto Interlocutorio 444/2022; asimismo, se ordene a las autoridades judiciales demandadas la emisión de una nueva resolución, respetando los estándares de valoración de la prueba, como el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022.
Celebrada la audiencia pública el 24 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 69 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogada, ratifico in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) Las autoridades judiciales demandadas se rehusaron a valorar nuevos elementos de prueba, consistentes en el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022, elaborado por Dennise Raysa Cornejo Torrez, Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como, el informe emitido por el Director Distrital de Educación, Freddy Yucra León, y las declaraciones testificales -se entiende de Rubén Calle Chambi y Mauricio Flores Terrazas-; y, b) Los arts. 124 y 173 del CPP, sostienen que las autoridades judiciales tienen la obligación de valorar la prueba de manera individual, más aún, si tiene la finalidad de desvirtuar un riesgo procesal de fuga.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación, cursante a fs. 57. Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, por informe escrito, cursante de fs. 62 a 65, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) El estudio psicológico complementario y el informe de la Dirección Distrital de Educación, están vinculados con el hecho investigado, por ello, deben ser debatidos en juicio oral, público y contradictorio; 2) No tiene competencia para asumir decisiones sobre actuados investigativos, pues dichos elementos debieron ser solicitados y producidos por el Ministerio Público a efecto de enervar el riesgo proceso del art. 234.7 del CPP; 3) Es necesario razonar sobre el peligro efectivo para la víctima, dado que, en el primer informe psicológico dio cuenta que la misma tenía miedo al accionante -su profesor- y, no quería asistir al colegio, aspecto que puso en evidencia al informe de dirección distrital de educación; por ello, no podría enervar el citado riesgo procesal; 4) La primera declaración de la víctima gozaba de presunción de veracidad, ello en resguardo a una posible obstaculización o influencia negativa sobre la nombrada, quien eventualmente podía modificar su versión sobre el hecho, aspecto que deber ser analizados por los órganos encargados de persecución penal a efecto de evitar revictimizarla; y, 5) La justicia constitucional no puede valorar la prueba, mucho menos dejar sin efecto las resoluciones emitidas por la instancia ordinaria, por lo que, el petitorio del impetrante de tutela contraviene preceptos legales, lo contrario, generaría caos intraprocesal en desmedro de los derechos de la víctima.
El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 70 a 73 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Las autoridades demandadas de forma precisa explicaron que el informe psicológico complementario sería analizado en el “litigio”, además, el mismo debió ser de conocimiento y pronunciamiento del Fiscal de Materia al encontrarse en etapa investigativa; ii) No es pertinente acoger el petitorio del accionante, como anular de forma simultánea el Auto Interlocutorio 444/20222 y el Auto de Vista 201/2022, debido a que son resoluciones independientes y con criterio legal diferentes; y, iii) El art. 60 de la CPE, sostiene que, es deber del Estado garantizar el interés superior de la niña, niño y adolescente, la preeminencia de sus derechos, recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado; por otra parte, el art. 47 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, indica la aplicación preferente de derechos en caso de conflicto o colisión de derechos individuales o colectivos, dando preferencia a derechos de las mujeres reconocidos en los tratados internaciones de derechos humanos. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el accionante a través de su abogada sostuvo que, no solicitó actos investigativos, sino valorar el informe psicológico complementario con base en el art. 239.1 del CPP -cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos de la detención, las medidas cautelares cesaran-. Al respecto, el Juez de garantías ratificó in extenso la Resolución emitida, indicando que los argumentos eran reiterativos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 80 a 82); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 444/2022 de 12 de julio, Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -codemandada-, declaró infundada la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por Eufrocino Calle Vargas -accionante- (fs. 29 a 31). II.2. Cursa Acta de Registro de Audiencia Pública de Apelación Incidental de carácter Personal y Auto de Vista 201/2022 de 28 de julio, por el cual, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, declaró improcedente el recurso de apelación deducido por el impetrante de tutela; y, en consecuencia, conformó el citado Auto Interlocutorio 444/2022 (fs. 32 a 38).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades que constituyen objeto procesal en esta acción de defensa: a) Omitieron valorar el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022, que contradijo el primer estudio psicológico realizado a la víctima; b) No consideraron el informe emitido por la Dirección Distrital de Educación de 5 de julio de 2022, que sostenía que la víctima cambio de unidad educativa; y, c) No efectuaron un análisis respecto a las declaraciones testificales de Rubén Calle Chambi y Mauricio Flores Terrazas, ambos testigos de descargo; por lo cual, decidieron declarar subsistente el riesgo procesal inmerso en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo a la víctima-. El Vocal demandado, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías.
Por su parte, la Jueza codemandada, niega la lesión a derechos alegada, sosteniendo que: 1) El estudio psicológico complementario y el informe de la Dirección Distrital de Educación, están vinculados con el hecho, por ello, deben ser considerados y debatidos en juicio oral, público y contradictorio; 2) No tiene competencia para asumir decisiones sobre actuados investigativos, pues dichos elementos debieron ser solicitados y producidos por el Ministerio Público a efecto de enervar el riesgo proceso del art. 234.7 del CPP; 3) Es necesario razonar sobre el peligro efectivo para la víctima, dado que, en el primer informe psicológico dio cuenta que la víctima tiene miedo al accionante -su profesor- y, no quiere asistir al colegio, aspecto que pone en evidencia al informe de dirección distrital de educación; por ello, no podría enervar el citado riesgo procesal; y, 4) La primera declaración de la víctima goza de presunción de veracidad, ello en resguardo a una posible obstaculización o influencia negativa sobre la nombrada, quien eventualmente pueda modificar su versión sobre el hecho, aspecto que deber ser analizados por los órganos encargados de persecución penal a efecto de evitar revictimizarla. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tema, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que:
“…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. (…) Conforme a lo anotado, resulta evidente que los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas son añadidas).
Identificado el objeto procesal que motiva la presente acción de libertad, corresponde determinar si Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del citado departamento -autoridades demandadas-, vulneraron los derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración integral de la prueba, vinculados con el derecho a la libertad de Eufrocino Calle Villegas -hoy accionante-, al declarar subsistente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, relativo al peligro efectivo para la víctima, sin efectuar una valoración suficiente e integral de los nuevos elementos de convicción presentados en la solicitud de cesación de la detención preventiva. Antes de ingresar al análisis de fondo, corresponde precisar que este Tribunal no efectuará control constitucional respecto al Auto Interlocutorio 444/2022 de 12 de julio, emitido por la Jueza cautelar codemandada, toda vez que dicha resolución fue impugnada mediante recurso de apelación incidental y posteriormente revisada a través del Auto de Vista 201/2022 de 28 de julio, constituyendo esta última resolución el acto jurisdiccional definitivo llamado a reparar, confirmar o subsanar las presuntas vulneraciones denunciadas, sin perjuicio de que los fundamentos expuestos por la Jueza cautelar puedan ser considerados únicamente en la medida en que fueron asumidos, compartidos o convalidados por la autoridad de apelación. En consecuencia, el control constitucional se circunscribirá únicamente al Auto de Vista 201/2022, correspondiendo denegar la tutela respecto a Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, por carecer de legitimación pasiva en la presente acción tutelar. En ese contexto, corresponde efectuar el análisis individualizado de los agravios denunciados: a) Respecto a la omisión de valoración del informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022
El accionante denuncia que tanto la Jueza cautelar como el Vocal demandado omitieron valorar el Informe Psicológico Complementario de 27 de junio de 2022, elaborado por Dennise Raysa Cornejo Torrez, presentado como nuevo elemento potencialmente relevante para el análisis de subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. Al respecto, el Vocal demandado sostuvo en el Auto de Vista 201/2022 (Conclusión II.2) que el Ministerio Público debía pronunciarse previamente sobre dicho informe y que otorgarle valor probatorio podría implicar un adelantamiento de criterio respecto al fondo del litigio penal, añadiendo que los aspectos vinculados al presunto hecho investigado debían esclarecerse en juicio oral, público y contradictorio. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en las SSCC 0320/2004-R, 1249/2005-R y 0012/2006-R, así como en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2012 de 16 de marzo, 0039/2017-S3 de 17 de febrero y 1153/2017-S2 de 9 de noviembre, las autoridades judiciales que conocen solicitudes de cesación de la detención preventiva tienen la obligación de efectuar una valoración integral, individual y conjunta de los nuevos elementos introducidos por el imputado, a efectos de determinar si subsisten o no los motivos que fundaron la medida cautelar. En ese marco, si bien la justicia constitucional no puede sustituir a las autoridades ordinarias en la valoración del mérito probatorio ni determinar si el informe psicológico complementario desvirtúa efectivamente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, sí corresponde verificar si el Vocal demandado cumplió con el deber constitucional de analizar dicho elemento de manera razonada y motivada. De la revisión de antecedentes se advierte que la imposición inicial de la detención preventiva fue sustentada, entre otros aspectos, en elementos psicológicos relacionados con el temor de la víctima hacia el accionante; por consiguiente, el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022 guardaba relación directa con el riesgo procesal que fundó la medida cautelar, razón por la cual no podía ser excluido de valoración bajo el argumento de evitar un adelantamiento de criterio sobre el fondo del proceso penal. En ese contexto, corresponde precisar que la valoración efectuada en sede cautelar, no tiene por finalidad determinar la responsabilidad penal del imputado ni efectuar un juicio definitivo sobre la veracidad de los hechos investigados, sino únicamente establecer con carácter provisional e instrumental la concurrencia o subsistencia de los presupuestos procesales que justifican la restricción excepcional del derecho a la libertad. Por ello, las autoridades jurisdiccionales que conocen solicitudes de cesación de la detención preventiva no pueden rechazar el análisis de elementos de convicción relevantes bajo el argumento de que los mismos deben ser reservados para juicio oral, pues ello implica confundir la instancia cautelar con el juicio de responsabilidad penal. Adicionalmente, resulta contradictorio sostener que determinados elementos de convicción no pueden ser valorados en sede cautelar por guardar relación con el fondo del proceso penal, cuando precisamente la imposición inicial de la detención preventiva fue sustentada sobre elementos de similar naturaleza valorados provisionalmente para acreditar la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. En consecuencia, la autoridad demandada no podía exigir, para el análisis de cesación de la medida cautelar de detención preventiva, un estándar de valoración propio del juicio oral, pues ello implica aplicar criterios incompatibles con la naturaleza provisional y mutable de las medidas cautelares personales. En efecto, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares personales exige una valoración provisional, dinámica y mutable de los elementos vinculados a los riesgos procesales, precisamente porque su finalidad constitucional no es anticipar sanción ni definir culpabilidad, sino garantizar la presencia del imputado en el proceso y evitar riesgos objetivamente verificables para el desarrollo de la investigación o para la víctima. Consecuentemente, cuando la autoridad demandada sostuvo que el informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022 no podía ser valorado por encontrarse vinculado al fondo de la investigación y por corresponder su análisis en juicio oral, trasladó indebidamente al escenario de debate probatorio definitivo un análisis que constitucional y legalmente debía efectuarse provisionalmente en sede cautelar, vaciando de contenido el derecho del imputado a cuestionar la subsistencia de los riesgos procesales mediante nuevos elementos de convicción, conforme prevé el art. 239.1 del CPP. En consecuencia, el razonamiento asumido por el Vocal demandado resulta insuficiente e incompatible con los estándares jurisprudenciales desarrollados respecto al art. 239.1 del CPP, pues omite exteriorizar de manera clara y motivada las razones por las cuales el nuevo elemento presentado carecería de aptitud para incidir sobre el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, limitándose a diferir su análisis a una etapa posterior del proceso penal, trasladando indebidamente al juicio oral un análisis que correspondía efectuar provisionalmente en sede cautelar. b) Respecto al informe de la Dirección Distrital de Educación de 5 de julio de 2022
El impetrante de tutela señala que el Vocal demandado omitió pronunciarse respecto al informe emitido por la Dirección Distrital de Educación de 5 de julio de 2022, mediante el cual se habría acreditado que la víctima cambió de unidad educativa. De la revisión del Auto de Vista 201/2022, se advierte que la autoridad judicial demandada no emitió un pronunciamiento concreto, expreso ni individualizado respecto a dicho agravio, pese a que el referido elemento se encontraba directamente vinculado con el riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima previsto en el art. 234.7 del CPP. En consecuencia, el Vocal demandado incurrió en incongruencia omisiva y vulneró el derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, al no otorgar una respuesta motivada a uno de los agravios formulados en apelación incidental, incumpliendo los estándares establecidos en las SSCC 1147/2006-R, 0782/2005-R y 0089/2010-R, así como en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0077/2012 de 16 de abril y 0748/2019-S2 de 28 de agosto (Fundamento Jurídico III.1), que obligan a los tribunales de apelación a emitir resoluciones debidamente fundamentadas y congruentes en materia cautelar. c) Respecto a las declaraciones testificales de Rubén Calle Chambi y Mauricio Flores Terrazas Con relación a las declaraciones testificales de Rubén Calle Chambi y Mauricio Flores Terrazas -testigos de descargo-, el Vocal demandado sostuvo expresamente que las mismas carecían de la firma del funcionario policial que hubiese recepcionado dichas declaraciones, cursando únicamente la firma de los declarantes; razón por la cual consideró que dichos elementos carecían de aptitud formal suficiente para ser valorados. En ese sentido, se advierte que la autoridad demandada exteriorizó razones objetivas, concretas y comprensibles respecto a este punto, existiendo pronunciamiento expreso y motivado sobre el agravio formulado por el accionante, sin que corresponda a esta jurisdicción constitucional revisar el acierto o desacierto de dicha conclusión desde una perspectiva de mera legalidad ordinaria; por lo que, no se evidencia vulneración del derecho al debido proceso respecto a este reclamo específico, por lo que sobre el particular amerita denegar la tutela.
Por todo lo expuesto, corresponde conceder parcialmente la tutela solicitada únicamente respecto a los incisos a) y b) del objeto procesal, aclarando que la presente concesión de tutela no implica pronunciamiento alguno sobre la procedencia o improcedencia de la cesación de la detención preventiva del accionante ni supone valoración sobre el fondo del proceso penal o sobre la existencia o inexistencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, aspectos cuya determinación corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte en parte la Resolución 01/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 70 a 73 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral de los nuevos elementos de convicción, vinculados con el derecho a la libertad, únicamente con relación a los puntos identificados en los incisos a) y b) del análisis del caso concreto, referidos a:
a) La omisión de valoración y pronunciamiento fundamentado respecto al informe psicológico complementario de 27 de junio de 2022. b) La ausencia de pronunciamiento respecto al informe de la Dirección Distrital de Educación de 5 de julio de 2022. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 201/2022 de 28 de julio, pronunciado por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo dicha autoridad emitir una nueva resolución fundamentada, motivada y congruente, resolviendo los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 444/2022 de 12 de julio, emitiendo un nuevo pronunciamiento fundamentado y congruente respecto a los elementos introducidos en la solicitud de cesación de la detención preventiva, salvo que la situación de la parte accionante se hubiese modificado por una resolución posterior. 3° DENEGAR la tutela respecto al punto identificado en el inciso c) del análisis del caso concreto, relativo a las declaraciones testificales de Rubén Calle Chambi y Mauricio Flores Terrazas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0766_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d89daf1bc73997fda774dfc17410adc528619bc27e397934e555f444018d3cb
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →