Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 8 de julio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; puesto que, habiendo cumplido su condena solicitó al Juez ahora demandado, libre mandamiento de libertad definitiva a su favor; sin embargo, éste no emitió respuesta alguna, incumpliendo el art. 39 de la LEPS, encontrándose ilegalmente privado de su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por la Jueza de Sentencia Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, y de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se llama severamente la atención al Juez ahora demandado y en caso de incurrir nuevamente en actos dilatorios en el trámite de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2025-S1 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53381-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Seli Ortiz Velásquez Defensora auxiliar pública dependiente del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Osvaldo Padilla Perón contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 9 a 11 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, abandono de familia y violencia familiar o doméstica, previstos y sancionados en los arts. 199, 248 y 272 Bis del Código Penal (CP); el 29 de mayo de 2020, se celebró audiencia de salida alternativa de procedimiento abreviado, en la cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, le impuso una condena de tres años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, “…Dicha Condena se debía cumplir hasta el 11 de enero del 2022” (sic); sin embargo, ejecutoriada la sentencia, el Juzgado a cargo de la autoridad demandada no remitió los actuados correspondientes al Juzgado de Ejecución Penal, incumpliendo lo establecido por el art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Así, el 24 de agosto del 2022, presentó un memorial ante el Juez ahora demandado, y al amparo del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- por el que “…SOLICITA ‘LIBRE MANDAMIENTO DE LIBERTAD DEFINITIVA POR CUMPLIMIENTO DE CONDENA’…” (sic); a pesar de ello, la autoridad previamente referida no ha emitido respuesta alguna; es decir, no ha dado cumplimiento al mencionado artículo. Finalmente manifiesta que se encuentra ilegalmente detenido pese a que su condena “…se ha cumplido en fecha 11 de enero del 2022…” (sic), situación que vulnera sus derechos y garantías constitucionales.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.1 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se conmine a la autoridad demandada que de forma inmediata y sin mayor trámite se libre el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena.
La audiencia púbica virtual de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el 22 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos de la acción tutelar presentada y ampliando los mismos refirió que: a) Ha existido dilación, si bien el Juez demandado reconoce que su juzgado ha sufrido un reordenamiento interno eso no disminuye que se ha transgredido su derecho a la libertad del ahora impetrante de tutela; puesto que sigue detenido de manera ilegal, ya que su condena la cumplió el 11 de enero de 2022 y sin embargo ha transcurrido nueves meses sin que se lo haya puesto en libertad; y, b) El Juez demandado una vez ejecutoriada la sentencia debió haber remitido al Juez de Ejecución Penal de turno, es decir el año “2022” a efectos que esa autoridad de cumplimiento al art. 430 del CPP, en entendido no se han remitido los actuados correspondientes lo que ha ocasionado que el accionante se encuentre privado de su libertad ilegalmente.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito, mismo que no cursa en el expediente remitido a revisión; sin embargo, de la lectura de la Resolución constitucional, se tiene que dicha autoridad habría mencionado que, al haberse creado otro Juzgado de Sentencia, tuvieron que trasladarse, extremo que ocasionó que no pudiera resolver dicha causa.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 25/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 14 a 15, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado, de manera inmediata libre mandamiento de libertad en favor de Osvaldo Padilla Perón -ahora accionante-, determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Cursa el mandamiento de condena de tres años de reclusión ordenado por el Juez ahora demandado contra el impetrante de tutela y una certificación emitida el 6 de abril de 2022, en la cual se establece el tiempo de permanencia de “…3 años 2 meses y 22 días…” (sic) del prenombrado en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, también se tiene que se ha presentado una captura del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), donde no se encuentra el nombre de “Osvaldo Padilla” -ahora peticionante de tutela-; 2) Al revisar el sistema anteriormente citado se evidencia que no ha sido remitido al Juez de ejecución y con la documental aparejada se acredita que el accionante habría sobrepasado el cumplimiento de su condena; y, 3) Habiendo sido demostrado que el peticionante de tutela tendría que obtener su libertad y al no haberse dado una respuesta pronta para que se pueda librar el mandamiento de libertad, corresponde conceder la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Mandamiento de condena librado el 1 de junio de 2020, contra Osvaldo Padilla Perón -ahora accionante- emitido por Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada- en el que se establece que el prenombrado debería cumplir condena hasta 11 de enero de 2022 (fs. 4). II.2. Cursa Certificado de Permanencia y Conducta de 6 de abril de 2022, emitido por el encargado de la División de Filiación y el Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, quien informó que previa revisión de los antecedentes y registros que cursan en el indicado Centro, se tiene que el tiempo de permanencia del ahora peticionante accionante- es de tres años, dos meses y veintiún días (fs. 3). II.3. Cursa memorial presentado el 24 agosto de 2022, por el impetrante de tutela, por el que solicitó a la autoridad demandada se libre mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena (fs. 2 y vta.). II.4. Se tiene captura del SIREJ donde no se encuentra el nombre de Osvaldo Padilla Perón -ahora peticionante- en el citado sistema (fs. 7).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; puesto que, habiendo cumplido su condena solicitó al Juez ahora demandado, libre mandamiento de libertad definitiva a su favor; sin embargo, éste no emitió respuesta alguna, incumpliendo el art. 39 de la LEPS, encontrándose ilegalmente privado de su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad; puesto que, habiendo cumplido su condena solicitó al Juez ahora demandado, libre mandamiento de libertad definitiva a su favor; sin embargo, éste no emitió respuesta alguna, incumpliendo el art. 39 de la LEPS, encontrándose ilegalmente privado de su libertad. De los antecedentes del caso, se verifica que el accionante se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, dictándose el 29 de mayo de 2022, en su contra la Sentencia que le impuso una pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, la cual ya ha sido cumplida en su totalidad. Conforme a la certificación de permanencia y conducta de 6 de abril de 2022, emitida por la Dirección del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, se acredita que el accionante ha permanecido en reclusión por tres años, dos meses y veintiún días (Conclusión II.2). En consecuencia, por memorial presentado el 24 de agosto de ese mismo año, solicitó se libre mandamiento de libertad a su favor, al haber cumplido la pena impuesta (Conclusión II.3).
De lo que se tiene que, el accionante solicitó la emisión del mandamiento de libertad, respaldando su petición con el certificado de permanencia; no obstante, el Juez demandado, no emitió proveído alguno en respuesta a la solicitud del demandante de tutela; asimismo, se encuentra aparejado al expediente remitido a revisión, captura del SIREJ donde se evidencia que una vez ejecutoriada la sentencia contra el accionante, la autoridad ahora demandada no remitió el expediente ante el Juez de Ejecución Penal de turno, evidenciándose la negligencia de la autoridad demandada, quien vulneró el derecho a la libertad del peticionante de tutela. Asimismo, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional reafirma que cualquier trámite vinculado a la libertad debe resolverse con celeridad, ya que constituye un elemento esencial del debido proceso. En este sentido, las autoridades judiciales tienen el deber de actuar sin dilaciones indebidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, en el presente caso podemos establecer que la autoridad demandada no actuó de forma pronta y oportuna, dilatando de forma arbitraria la libertad del accionante. En el presente caso, se constata que el demandante de tutela cumplió íntegramente la pena de tres años impuesta y presentó el certificado de permanencia que acreditaba su reclusión en el Centro Penitenciario de Palmasola. No obstante, a pesar de haber cumplido su condena, el Juez demandado no actuó con la debida diligencia, ya que no emitió el mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, infringiendo lo previsto por el art. 39 de la LEPS, que establece que una vez cumplida la pena, concedida la libertad condicional o cesada la detención preventiva, el interno debe ser liberado el mismo día, sin necesidad de trámite alguno, esta disposición garantiza que la libertad no dependa de formalidades que puedan generar demoras indebidas. Esta omisión generó una retención arbitraria del accionante, quien pese a haber cumplido su condena, permaneció privado de libertad por más tiempo del que se le impuso. Esta situación vulnera su derecho fundamental a la libertad, que no solo puede originarse en una decisión judicial ilegítima, sino también en una demora injustificada en su ejecución. En este contexto, la falta de celeridad de la autoridad demandada constituyó una dilación innecesaria y contraria al art. 39 de la LEPS, que ordena la liberación inmediata tras el cumplimiento de la pena, causando una demora en la tramitación de la solicitud, transgrediendo el debido proceso en su elemento de celeridad y privando indebidamente de su libertad al peticionante de tutela; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por la Jueza de Sentencia Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, y de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se llama severamente la atención al Juez ahora demandado y en caso de incurrir nuevamente en actos dilatorios en el trámite de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”
4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros
principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0766_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): fb720e4527e0758bae57063158112d470fb5c7fde7216467139695853653cc3e
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