Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista de 6 de julio de 2022, por el que revocó ilegalmente la resolución apelada que le concedió la cesación de su detención preventiva, sustentado su decisión en que no desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización, siendo así que su petición la fundamentó en que se tornaba conveniente sustituir la medida extrema por medidas cautelares menos gravosas, en protección de sus hijos menores de edad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 054/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 88 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2024-S3 Sucre, 5 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49429-2022-99-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 054/2022 de 29 de julio, cursante a fs. 88 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Ariel Gutiérrez Gómez y Abimael Llanos Callasuca en representación sin mandato de Martha Dorado Jalacuri contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 28 de julio de 2022, cursante de fs. 47 a 57 vta., la parte accionante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión el delito de suministro de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 31 de mayo de 2022, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, estableciendo la probabilidad de autoría del art. 233. 1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.3 del mismo Código adjetivo penal, decisión que fue ratificada en apelación que planteó por Auto de Vista de 7 de junio de igual año. Ante la situación presentada, solicitó la cesación de su detención preventiva de acuerdo al art. 239.1 segunda parte del CPP, buscando acceder a medidas cautelares con el objeto de proteger a sus cuatro hijos menores de edad, siendo resuelta a través del Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2022, por el Juez de la causa, quien aplicando principios de proporcionalidad, variabilidad, favorabilidad y precautelando el interés superior del niño, niña y adolescente, dispuso medidas cautelares contenidas en el art. 231 bis del Código adjetivo penal, resolución contra la que formuló apelación incidental el Ministerio Público en la misma audiencia pública; instancia en la cual, el ahora accionado Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, revocó ilegalmente la resolución apelada a través del Auto de Vista de 6 de julio del citado año, disponiendo su detención preventiva arguyendo circunstancias alejadas de la realidad y sin ninguna fundamentación ni motivación, además quitándole el valor legal a los elementos probatorios presentados y lejos de aplicar criterios de proporcionalidad y/o favorabilidad sustentó su decisión en una supuesta incongruencia, aceptando la nueva fundamentación del Ministerio Público que no la efectuó en la audiencia de apelación. La determinación asumida por el Tribunal de alzada no consideró lo dispuesto por el art. 239.1 segunda parte del CPP, al haber presentado prueba idónea que acreditaba que se tornaba en conveniente sustituir la medida extrema por medidas cautelares de carácter personal, así como documental consistente en varios informes psicológico, social, certificados de nacimientos de sus hijos menores, de antecedentes penales y policiales a ser tomados en cuenta por el interés superior de todo niño, niña y adolescente, que no fueron observados por el ente Fiscal, que reclamó que estaba utilizando a los menores para causar pena a la Autoridad jurisdiccional, ya que el caso era grave al estar inmerso el delito de sustancias controladas, aspecto que recién lo impugnó en la audiencia indicando que esa prueba fue valorada por el inferior y que la misma no desvirtuó el riesgo procesal establecido, argumento adoptado por el Vocal accionado, quien señaló que la resolución impugnada era incongruente, tomando en cuenta que la documental presentada era impertinente al no desvirtuar el riesgo de obstaculización; sin tener presente el accionado, que esos elementos probatorios los presentó demostrando la minoridad de sus hijos de nueve, siete, años y tres meses de edad, que están bajo su cuidado y que no fueron valorados por el Juez a quo, actuación que vulneró sus derechos fundamentales.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria, citando al efecto los arts. 7, 21.7, 22, 23, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); 9, 10, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 6 de julio; y, b) El Vocal accionado dentro de las setenta y dos horas, emita una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada, congruente y con la debida valoración de la prueba, aplicando los principios de favorabilidad, proporcionalidad, favor libertasti y el interés superior, del niño, niña y adolescente.
Celebrada la audiencia pública el 29 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 79 a 87 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que: 1) Solicitó la cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP; es decir, por tornarse conveniente que su privación de libertad sea sustituida por otra menos gravosa, presentando prueba que demostraba la segunda vertiente de la citada disposición legal, más no así, ni haber enfatizado para desvirtuar el riesgo procesal que se encontraba vigente al momento de la petición, documental referida a certificados de nacimiento de sus hijos menores, informes psicológicos, sociales, de antecedentes penales y policiales que fueron valorados correctamente por el Juez de la causa, quien realizó una ponderación de derechos y aplicó los principios de proporcionalidad, favorabilidad, vulnerabilidad y temporalidad respecto de los menores, disponiendo la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en sustitución de su detención preventiva; 2) El Ministerio Público no observó la documental presentada en la audiencia de cesación, sino que lo hizo en la apelación e hizo incurrir en error al Vocal accionado, quien tampoco consideró que la petición de cesación no fue para desvirtuar el riesgo procesal, sino por la conveniencia de ser sustituida su detención preventiva por una medida menos gravosa; empero, la citada Autoridad judicial estableció que su persona pretendió desvirtuar el riesgo de obstaculización con la documental presentada que no era pertinente, lo que no fue evidente, incurriendo en incongruencia omisiva, ni tuvo presente que tampoco la valoró el Juez en la audiencia de medidas cautelares, al haber sido obtenidas después de ese actuado procesal donde no se conocía que dos de sus hijos se encontraban con la tía, otra con la prima y la lactante con ella; es decir, separados del núcleo familiar, siendo conocidos en la audiencia de cesación por el Juez de la causa, quien ponderó la prueba y dispuso medidas sustitutivas, y esa valoración legal fue quitada por el accionado; y, 3) En el Auto de Vista impugnado, no se explicó por qué no se aplicaron los principios de favorabilidad, proporcionalidad y los invocados anteriormente, para la aplicación de las medidas sustitutivas a la extrema, como lo hizo el inferior; puesto que, el Vocal accionado refirió que el Juez a quo observó situaciones sentimentales, y que los menores podían estar en un centro de acogida, sin tener presente que el lactante al encontrarse en una celda, no podía desarrollarse adecuadamente al requerir de cuidados especiales como dispone la Constitución Política del Estado; reiterando por lo expuesto, se conceda la tutela solicitada.
Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, remitió informe escrito de 29 de julio de 2022, cursante de fs. 77 a 78 vta., por el que peticionó se deniegue la tutela, con los siguientes argumentos: i) La situación procesal de la accionada fue resuelta por el Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de Potosí en la audiencia de medidas cautelares de 31 de mayo de 2022, cuya tramitación fue sometida al procedimiento inmediato para delitos flagrantes, disponiendo su detención preventiva por la concurrencia de los presupuestos procesales establecidos en los arts. 233.2 y 3; y 235.3 en relación al 393 ter-5, todos del CPP; ii) La cesación de la detención preventiva que solicitó la peticionante de tutela, estuvo amparada en el art. 239.1 segunda parte del Código adjetivo penal, adjuntando la documental por ella señalada, habiendo tomado en cuenta el inferior únicamente los informes psicológico, social y certificados de nacimiento de sus cuatro hijos y aplicando discrecionalmente el principio de favorabilidad, le concedió lo peticionado aplicándole medidas cautelares del art. 231 bis del CPP, de detención domiciliaria, presentación dos veces por semana, arraigo, prohibición de comunicarse con varias personas y dos garantes personales, decisión que fue objeto de apelación por el Ministerio Público en cuya audiencia efectuada el 6 de julio de 2022, denunció como agravios la vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, defectuosa valoración de la prueba e incongruencia en la resolución impugnada; por lo cual, la Resolución de alzada se circunscribió a lo dispuesto por el art. 398 del Código adjetivo penal, evidenciando que la misma no contenía los elementos cuestionados que justificaren en derecho la concesión de la cesación de la detención preventiva, por contener fundamentos subjetivos y discrecionales, cuando refirió: “Estos informes me hacen ver de que existe esa necesidad de que los otros hijos menores de edad se encuentren, no pueden ser acercados a la madre que se encuentra detenida preventivamente, es más tengo un informe psicológico que actualmente me hace ver a mi como autoridad jurisdiccional que su hija de 3 años también se encontraría ya inclusive con afectación y daño en su salud que recomendaría de forma inmediata se asegure esta figura materna, consecuentemente en base a estos informes que han sido presentados la autoridad jurisdiccional va hacer aplicación del principio de favorabilidad como su principal favor libertatis hacen mención que se pueden flexibilizar a las normas a favor de los imputados que se encuentran detenidos en aplicación a la normativa y considerando, en todo caso que la autoridad jurisdiccional “cree estar seguro” de que existe necesidad de modificar la detención preventiva de la ciudadana para que pueda defenderse en libertad, y acepta la cesación a la detención preventiva” (sic), notándose que ninguna de las pruebas eran pertinentes para desvirtuar el riesgo de obstaculización de art. 235.2 del CPP, incumpliendo con el imperativo del art. 239.1 del mismo Código adjetivo penal, más aún cuando los abogados de la defensa manifestaron no haber presentado ningún elemento para desvirtuar ese riesgo procesal subsistente, en cuyo mérito se declaró procedente el recurso planteado y se revocó el Auto Interlocutorio de 29 de junio, emitido por el inferior manteniendo la detención preventiva de la imputada, siendo la razón de la decisión la acreditación de la vulneración al debido proceso por la falta de fundamentación, mala valoración de la prueba y la incongruencia en la resolución apelada; iii) No es evidente lo sostenido en la acción tutelar que como Tribunal de alzada vulneró su derecho a la libertad; por cuanto, la accionante está sometida a un proceso penal por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas; es decir, que su libertad fue restringida provisionalmente dentro de los límites señalados por Ley; iv) De la misma manera, con relación a la lesión al debido proceso en sus elementos que lo componen, tampoco al encontrarse el Auto de Vista cuestionado debidamente fundamentado, motivado, congruente y con la valoración probatoria adecuada. Por otra parte, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el Juez o tribunal de garantías solo puede analizar la interpretación efectuada por los Jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna esa labor por irrazonable, siendo necesario que el recurrente al cuestionar tal interpretación explique los motivos por los cuales considera que dicha labor resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, así como precisar los derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre estos y la interpretación impugnada, para adquirir relevancia constitucional; y, v) La accionante no acreditó ninguna de las causales de procedencia de la acción de libertad que interpuso, al no demostrar que su vida esté en peligro, que está siendo indebidamente perseguida, procesada, presa o privada de libertad; puesto que, se evidenció el desarrollo investigativo de un hecho relacionado con el suministro de sustancias controladas en el que se encuentra involucrada y que motivó el Auto de Vista impugnado, dictado con la debida fundamentación y que no vulneró sus derechos fundamentales alegados, teniendo la impetrante de tutela en su caso, los mecanismos legales para mejorar su situación procesal y no confundir esta acción de defensa con una instancia legal ordinaria.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí mediante la Resolución 054/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 88 a 94 vta, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) En el Auto de Vista impugnado, se evidenció que el Vocal accionado señaló la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia constitucional a efectos de la realización de su fundamentación jurídica, existiendo la debida motivación y argumentación; puesto que, explicó los motivos por los cuales resolvió revocar el Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2022, manteniendo firme la detención preventiva de la accionante; b) La detención de la peticionante de tutela, fue dispuesta de acuerdo a lo establecido por Ley; es decir, que la causa de la pérdida de su libertad se debe al proceso penal que se sigue en su contra; y, c) En el Auto de Vista de 6 de julio de 2022, no existió vulneración al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia, así también la correcta valoración de la prueba, con relación al derecho a la libertad y que motivó el Auto de Vista en el cual se resaltó que no se desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización conforme se evidenció.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Martha Dorado Jalacuri -accionante-, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de Potosí, por Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2022, dispuso la cesación de su detención preventiva, sustituyéndola por la domiciliaria además otras cuatro medidas cautelares personales, decisión que fue objeto de apelación incidental, por parte del Ministerio Público en la misma audiencia pública (fs. 12 a 14). II.2. Resolviendo el Recurso de alzada planteado por el ente Fiscal, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -hoy accionado-, por Auto de Vista de 6 de julio de 2022, declaró procedentes las cuestiones planteadas, revocando el Auto Interlocutorio apelado, manteniendo firma la detención preventiva de la peticionante de tutela (fs. 15 a 19 vta.).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista de 6 de julio de 2022, por el que revocó ilegalmente la resolución apelada que le concedió la cesación de su detención preventiva, sustentado su decisión en que no desvirtuó el riesgo procesal de obstaculización, siendo así que su petición la fundamentó en que se tornaba conveniente sustituir la medida extrema por medidas cautelares menos gravosas, en protección de sus hijos menores de edad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, sistematizando los entendimientos jurisprudenciales referidos a la fundamentación y motivación de las resoluciones sean judiciales o administrativa, como elementos del debido proceso, señaló en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. (…) Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio[8], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. (…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”. Como se advierte de la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones sean judiciales o administrativas, como elementos componentes del debido proceso deben ser observadas y cumplidas tanto por los operadores de justicia, como también por toda autoridad administrativa que la emita.
Con relación al intitulado precedentemente referido, la SCP 1410/2022-S2 de 31 de octubre establece: “Respecto a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.
Sobre la norma legal precedentemente referida, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó que: ‘…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir’.
Asimismo, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sostuvo que: ‘…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia’.
Por otra parte, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, precisó que: ‘…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’.
Entendimiento reiterado por la SCP 0005/2020-S3 de 2 de marzo, añadiendo que: ‘Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: ‘…la motivación «es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión». El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática’; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión”’.
En el caso de autos, cabe señalar que de la revisión de los antecedentes procesales, se constata que la accionante alega que se vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración probatoria; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, solicitó la cesación de su detención preventiva de acuerdo al art. 239.1 segunda parte del CPP, con el objeto de proteger a sus cuatro hijos menores de edad, siendo resuelta a través del Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2022, por el Juez de la causa, quien aplicando principios de proporcionalidad, variabilidad, favorabilidad y precautelando el interés superior del niño, niña y adolescente, dispuso medidas cautelares contenidas en el art. 231 bis del Código adjetivo penal, resolución contra la que formuló apelación incidental el Ministerio Público; instancia en la cual, el ahora accionado Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de Potosí, revocó ilegalmente la resolución apelada a través del Auto de Vista de 6 de julio del precitado año, disponiendo su detención preventiva arguyendo circunstancias alejadas de la realidad y sin ninguna fundamentación ni motivación, además quitándole el valor legal a los elementos probatorios presentados y lejos de aplicar criterios de proporcionalidad y/o favorabilidad sustentó su decisión en una supuesta incongruencia, aceptando la nueva fundamentación del Ministerio Público que no la efectuó en la audiencia de apelación. Planteada la problemática, se advierte que la peticionante de tutela cuestiona la falta de fundamentación, motivación y valoración probatoria en la Resolución dictada por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; en cuya virtud, se procederá a su análisis con el objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción tutelar. En efecto, se examinará el Auto de Vista de 6 de julio, emitido por el Vocal accionado, quien declaró procedentes las cuestiones planteadas por el apelante del Ministerio Público; en consecuencia, revocó la Resolución de 29 de junio, manteniendo firme la detención preventiva de la ahora accionante, con los siguientes fundamentos: 1) El apelante denunció tres agravios: vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, defectuosa valoración de la prueba y la incongruencia manifiesta de la resolución; y de la revisión de la resolución venida en apelación, se verificó que el Juez describió los elementos probatorios limitándose en su valoración a los informes sociales y psicológicos, que contrastada con el art. 239.1 del CPP, por el cual la solicitante tenía la obligación de presentar nuevos elementos para desvirtuar el riesgo procesal del art. 235.3 del Código adjetivo penal, con relación a la segunda parte de esa disposición legal de presentar nuevos elementos que tornen conveniente que la detención preventiva sea sustituida por otra medida, pertinentes a la situación jurídico procesal, en este caso desvirtuar el art. 235.3 del CPP como se refirió; 2) El art. 232.I.8 y 9 del cuerpo legal adjetivo, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-,establece la improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de madres durante la lactancia de menores de un año y cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado exclusivo a un niño, niña, menores de seis años o a una persona con grado de discapacidad; empero, como se señaló en la resolución impugnada, esta causal de improcedencia es aplicable en otros delitos y no así en el de sustancias controladas como lo establece la citada norma en su art. 232.III.5, como el presente caso; sin embargo, el inferior solo se basó en los referidos informes sociales, psicológicos y certificados de nacimiento que acreditaron la existencia de los cuatro hijos de la procesada, que los valoró con base al principio de favorabilidad y sin que tengan relación con la necesidad de cautela subsistente, le concedió la cesación de su detención preventiva aplicándole en su sustitución la domiciliaria y otras medidas, sin siquiera establecer cuáles los controles que supervisarían esa detención domiciliaria y sin considerar que se dispuso la medida extrema bajo el procedimiento de tramitación para delitos flagrantes, argumentando que los niños estaban lejos de la madre y que requerían de su acercamiento, más aún la menor de tres años que conforme al informe psicológico requería inmediatamente la cercanía con su progenitora; 3) El art. 239.1 del CPP, impone la carga procesal a la solicitante de la cesación de la detención preventiva presentar nuevos elementos, que tornen conveniente que sea sustituida la medida extrema por otra menos gravosa; y en este caso, la prueba valorada por el inferior no tuvo que ver con el marco normativo invocado; puesto que, la defensa tenía la obligación y la carga procesal invertida de desvirtuar el riesgo procesal y a pesar de ello, la Autoridad jurisdiccional apartándose de lo normado valoró favorablemente los informes sociales y psicológicos referidos a la existencia de los hijos menores; y, 4) Como Tribunal de alzada refirió que los presupuestos procesales del art. 233.3 de Código adjetivo penal están vigentes y que no se presentó elemento alguno que hubiere desvirtuado el riesgo procesal del art. 235.3 del CPP; por cual, concluyó que los agravios denunciados por el Ministerio Público fueron demostrados.
En efecto, revisado el Auto de Vista impugnado, se constata que la Autoridad judicial accionada, al emitir su Resolución, procedió correctamente; puesto que, se pronunció sobre los agravios expuestos por el apelante Ministerio Público, analizando el Auto Interlocutorio apelado, verificó que el inferior concedió la cesación de la detención preventiva de la ahora accionante, valorando con base al principio de favorabilidad, y sin que tengan relación con la necesidad de cautela subsistente, únicamente los informes psicológicos y sociales presentados que acreditaban la existencia de sus cuatro hijos menores de nueve, siete, tres años y un menor de cuatro meses de edad, documental que no constituyó un nuevo elemento que desvirtúe el riesgo procesal de obstaculización, como también que demuestren la necesidad de modificar la medida extrema por otra menos gravosa. Asimismo, se refirió al art. 232. 8 y 9 del CPP, modificado por la Ley 1173, que establece la improcedencia de la detención preventiva cuando se trata de madres durante la lactancia de menores de un año y cuando sea la única que tenga la guarda, custodia o cuidado a un niño, niña, menores de seis años o a una persona con grado de discapacidad; empero, cuando se trate de otros delitos y no de sustancias controladas por lo dispuesto por el art. III.5 del citado artículo, como el caso presente, aludiendo además que los menores se encuentran con la tía paterna y que también podrían ser derivados a un centro de acogida donde tendrían atención alimenticia y médica, señalando además que la Autoridad jurisdiccional actuó sentimentalmente por la situación en que se encuentran los menores. Consiguientemente, lo denunciado por la peticionante de tutela en sentido que el Vocal accionado, pronunció el Auto de Vista impugnado, sin fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; no es evidente, por haberse constatado que actuó con la facultad que la Ley le atribuye, resolviendo el recurso de apelación incidental planteado, efectuando la compulsa de los antecedentes procesales, y cumpliendo con las reglas del debido proceso en la emisión de la Resolución cuestionada, si bien no de forma ampulosa, sino de manera concreta, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no siendo veraz que hubiere vulnerado los derechos de la accionante a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; lo que determina, no se abra el ámbito de protección de la acción de libertad, correspondiendo por ello, se deniegue la tutela impetrada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 054/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 88 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0766_2024-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): a84e83176f0ff860aca121680ce12d6f70a547c124e30d9e7f31ec0c543249b8
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