B.IA.LEGAL

SCP 0765/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53524-2023-108-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso en su vertiente “defensa material”, los principios de impugnación, seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, eficacia y eficiencia; toda vez que, en la audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva efectuada el 27 de enero de 2023, mediante Auto de Vista de igual fecha, el Vocal demandado confirmó el Auto Interlocutorio 01/23 refiriendo inasistencia de su persona como imputado, sin considerar que no se emitió la orden correspondiente para su conducción a la audiencia y que la demora de sus abogados al momento de ingresar al recinto se debió a una circunstancia distinta, situación que impidió el ejercicio de su derecho a la defensa. La autoridad demandada no presentó ningún informe, ni concurrió a la audiencia de acción de libertad para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite del recurso de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173, y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0765/2025-S2 Sucre, 14 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53524-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilfor Alex Callahuara Calahuana y Darwin Vásquez Moreno en representación sin mandato de Lorgio Alejandro Aguilar Pérez contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, identificado con el Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102012205277 y sometido a control jurisdiccional de la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, se impuso la medida cautelar de detención preventiva. El 17 de enero de 2023, se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva ante la autoridad de control jurisdiccional, quien rechazó la solicitud planteada por su defensa; en respuesta a dicha decisión, interpuso recurso de apelación incidental, señalándose audiencia para su consideración el 27 de igual mes y año a horas 8:05.

Durante la audiencia de apelación, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, confirmó la decisión de la Jueza a quo, bajo el argumento de que sus abogados defensores no se presentaron a la hora señalada, sin considerar que las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se abrieron a horas 8:12, e ingresaron los sujetos procesales a las 8:14, justificativo que no fue tomado en cuenta por dicha autoridad demandada. En ese sentido, la resolución -siendo lo correcto y en adelante Auto de Vista-resulta contrario al debido proceso, ya que dicha determinación no podía confirmarse al no haberse remitido el oficio correspondiente para garantizar su presencia en la señalada audiencia, vulnerando su derecho a la defensa material en tanto se le impidió ejercer activamente su derecho a ser oído. Finalmente, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “2200/2013” y “0756/2015-S3”, marcan una línea jurisprudencial sobre la vulneración del derecho a la defensa material cuando la inasistencia del imputado a la audiencia de apelación de medidas cautelares no sea atribuible a su persona y que la misma deriva en la falta de fundamentación de agravios por la inasistencia involuntaria.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso en su vertiente “defensa material”; y, los principios de impugnación, seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, eficacia y eficiencia; citando al efecto los arts. 22, 178 y 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 27 de enero de 2023; b) Se señale audiencia de apelación incidental dentro de las veinticuatro horas; y, c) Se disponga las medidas necesarias para la conducción a estrados judiciales a fines de que ejerza su defensa material.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de sus abogados, ratificaron in extenso el contenido de su acción de libertad, aclarando que el Ministerio Público, la parte civil y sus personas ingresaron en conjunto al salón de audiencias a horas 8:14.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó ningún informe ni tampoco se hizo presente a la audiencia de la acción tutelar, limitándose a remitir el cuaderno procesal.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 04/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 46 a 47 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, el Vocal demandado señale nueva fecha y hora de audiencia para la consideración de la apelación incidental del Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 27 de enero de 2023 no tiene valor legal al no encontrarse firmada por el Vocal ni por la Secretaria; sin embargo, de su contenido se puede evidenciar que se dio por confirmado el Auto Interlocutorio 01/23, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; 2) La afirmación realizada por los representantes del accionante en sentido que el retraso a la audiencia programada se debió a factores ajenos a su voluntad, debe ser tomada por cierta ya que no cursa un informe de la autoridad demandada; y, 3) No se cumplió con la legal notificación para el traslado del impetrante de tutela al acto procesal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de enero de 2023, emitido por Ana Gloria Rojas Flores, Jueza de Instrucción Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, que resolvió mantener la detención preventiva de Lorgio Alejandro Aguilar Pérez -hoy accionante-; decisión que fue apelada por el mismo y remitido el expediente al Tribunal de alzada (fs. 24 a 26).

II.2. Por providencia de 20 de enero de 2023, Gladys Alba Franco, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, señaló audiencia presencial de apelación incidental para el 27 del mismo mes y año a horas 8:05 (fs. 35), mismo que fue notificado a todas las partes entre el 25 y 26 del citado mes y año (fs. 36 a 42). II.3. Consta Acta de Audiencia y Auto de Vista de 27 de enero de 2022 -lo correcto es 2023-, en la que la Auxiliar habilitada de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz informó la ausencia de todos los sujetos procesales pese a su legal notificación, con cuya base, el Vocal demandado, resolvió confirmar el Auto Interlocutorio 01/23 ante la inasistencia de la parte apelante (fs. 43 a 44).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, a la garantía del debido proceso en su vertiente “defensa material”, los principios de impugnación, seguridad jurídica, probidad, celeridad, equidad, eficacia y eficiencia; toda vez que, en la audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva efectuada el 27 de enero de 2023, mediante Auto de Vista de igual fecha, el Vocal demandado confirmó el Auto Interlocutorio 01/23 refiriendo inasistencia de su persona como imputado, sin considerar que no se emitió la orden correspondiente para su conducción a la audiencia y que la demora de sus abogados al momento de ingresar al recinto se debió a una circunstancia distinta, situación que impidió el ejercicio de su derecho a la defensa. La autoridad demandada no presentó ningún informe, ni concurrió a la audiencia de acción de libertad para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el trámite del recurso de apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173, y la inasistencia o demora del imputado o su abogado a la audiencia programada

La SCP 0689/2023-S1 de 27 de junio, en cuanto al tópico señaló: “Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia ininterrumpida de las partes, pero además toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes:

i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia. ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso)[1], posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, unicamente para fines de registro. (…) En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia despues o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez. (…) Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado ‘Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal’, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA)…

(…) Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejericicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; puesto que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de ‘“…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”’. En cuanto a la inasistencia del accionante a la audiencia de apelación de medidas cautelares, cuando se encuentra privado de libertad, la SC 1698/2005-R de 19 de diciembre, precisó lo siguiente: “…debe recordarse que el representado impugnó de la resolución que dispuso su detención preventiva, la cual supone que se encuentra detenido; consiguientemente su concurrencia a la audiencia no dependerá de él únicamente sino de la orden que emita el Tribunal ad quem y del cumplimento a dicha orden de parte de los funcionarios del recinto donde se encuentre detenido el imputado, situación que debe considerar dicho Tribunal para celebrar la audiencia y para determinar el rechazo si el apelante no concurriera”; así también, la SCP 0074/2018-S3 de 23 de marzo, sostuvo que: “…referente a la ausencia del imputado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación en sentido que el accionante no pudo ejercer su derecho constitucional a la legítima defensa en la sustanciación de dicha audiencia por haber llegado demorado debido a que se encontraba con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de San Antonio del departamento de Cochabamba, no fue considerado por la autoridad demandada, quién se limitó a declarar improcedente la apelación planteada (…) vulnerando de esta manera el derecho a la defensa del ahora accionante” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Rechazada la solicitud de cesación a la detención preventiva y apelada dicha decisión, el expediente pasó a conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde la Vocal Gladys Alba Franco, mediante providencia de 20 de enero de 2023 señaló audiencia para el viernes 27 del mismo mes y año a horas 8:05, aclarando que sería desarrollada de manera presencial. A tal efecto, se emitieron las notificaciones a todos los sujetos procesales (Conclusión II.2), pese a ello no se hicieron presentes ninguno de los sujetos procesales, en cuya razón el Vocal Ever Álvarez Orellana -ahora demandado- a través de Auto de Vista de 27 de enero de 2023 confirmó el Auto Interlocutorio 01/23 de 17 de igual mes por la ausencia de la parte apelante, -tanto del imputado como de sus abogados- (Conclusión II.3). Ahora bien, consta en antecedentes la providencia para la realización de la audiencia y que las partes fueron notificadas; sin embargo, no se evidencia la orden dirigida al responsable del Centro Penitenciario para el traslado del accionante a dicho actuado de apelación. Al respecto, el Vocal demandado, no presentó informe, ni asistió a la audiencia de la acción tutelar y tampoco presentó prueba alguna que evidencie la emisión de la orden de traslado del recinto penitenciario, por lo cual corresponde presumir la veracidad de lo afirmado por el impetrante de tutela; por ende, dentro del entendimiento de la SC en 1698/2005-R de 19 de diciembre, cuando la inconcurrencia a la audiencia de apelación por parte del peticionante de tutela no dependa únicamente de su voluntad sino más bien de la emisión de una orden, tal aspecto debe ser considerado por el Vocal demandado antes de emitir una decisión en cuanto a su situación. Por consiguiente, la no emisión de la orden de traslado en incumplimiento de lo establecido por el art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no solo representa una falla en la gestión de las formalidades procesales, pues también vulnera el derecho del imputado a ser oído y a ejercer su defensa material de manera efectiva; además, esta situación pone de manifiesto que la indicada autoridad demandada no actuó con la debida diligencia para facilitar la comparecencia del imputado. En consecuencia, el Auto de Vista emitido sin la participación del imputado se tomó en condiciones que no permitieron al accionante hacer uso de su derecho a la defensa, aspecto que es imputable a la parte demandada y que, por ende, obliga a conceder la tutela. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se debe señalar que el impetrante de tutela tenía el derecho de ser asistido por un profesional elegido para su defensa, en caso de ausencia -cualquiera sea la circunstancia-. En ese sentido, el Vocal demandado tenía el deber de suplir esa ausencia con el nombramiento de un defensor de oficio y en su caso suspender la audiencia, y señalar una nueva dentro de las cuarenta y ocho horas; por consiguiente, la audiencia celebrada sin la presencia de un defensor afectó el ejercicio de su derecho a la defensa efectiva vinculada con el derecho a la libertad personal y a la materialización de garantías procesales. Por lo fundamentado, el Auto de Vista cuestionado que confirmó el rechazo a la cesación de la detención preventiva, sin asegurar la presencia del accionante ni garantizar la asistencia de un defensor, lesionó su derecho a la defensa técnica vinculado con su derecho a la libertad personal, lo que justifica se conceda la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 28 de enero, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0765_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1ccbb8c70d9617c65c7dc5e9da5e73ba110b8622b07548cd126608bd2f12ede0

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