Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de septiembre de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, la tutela efectiva, la celeridad en privados de libertad y al principio de presunción de inocencia; refiriendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, estando ya más de quince meses guardando detención preventiva, solicitó en reiteradas oportunidades la cesación a su detención preventiva no obstante, le fueron negadas; por lo que, mediante recurso de apelación interpuesto, logró que se le desvirtué el riesgo procesal de fuga manteniéndose el riego de obstaculización; en tal sentido, es que a fin de recabar documentación que sea valorada por la autoridad jurisdiccional, solicitó al Fiscal asignado, la extensión de requerimientos fiscales, los cuales le fueron negados; por lo que, interpuso un recurso de reposición, a lo cual el Fiscal accionado, resolvió no dando lugar a lo peticionado, por no ser facultad del asignado al caso realizar los informes solicitados y por encontrarse la etapa preparatoria concluida, sin actos investigativos que realizar y con acusación formal, refiriendo que debía dirigir su solicitud ante la autoridad jurisdiccional. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° CONFIRMAR la Resolución 13 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 67 vta., a 69, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías y los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2º Notificar al Fiscal General del Estado para que supervise al Fiscal de Materia Meizon Mamani Rivero, dentro del caso signado como FELCN-SC-S- 504/2021, seguido por el Ministerio Público contra Víctor Hugo Fernández Ribera y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; así mismo, conforme a sus atribuciones previstas en el art. 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y las consideraciones expuestas en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Llamar severamente la atención a Meizon Mamani Rivero, Fiscal de Materia, por apartarse de la normativa vigente en su Resolución de 14 de marzo de 2022, inclusive con ausencia de fundamentos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0765/2024-S3 Sucre, 5 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49379-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 67 vta., a 69, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Fernández Ribera contra Meizon Mamani Rivero, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 20 de julio de 2022, cursante de fs. 54 a 59, el accionante expresó lo siguiente:
En audiencia de aplicación de medidas cautelares, realizada el 23 de abril del 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Hugo Salvatierra Solís, Fernando Soruco Urapuca, María Jesús Salvatierra Méndez y su persona, por la presunta comisión del ilícito penal de tráfico de sustancias controladas; la autoridad jurisdiccional de la causa dispuso la medida extrema de su detención preventiva conjuntamente a los otros dos imputados en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, encontrándose privado de su libertad por más de quince meses, sin que se lo hubiera notificado con el requerimiento conclusivo de acusación formal.
Posterior a su audiencia de medida cautelar, solicitó en dos oportunidades cesación a su detención preventiva; sin embargo, las mismas fueron negadas y pese a interponer recurso de apelación incidental y una acción de libertad, el mismo no recobró su libertad.
Es así que, el 2 de diciembre de 2021 en audiencia de cesación a la detención preventiva logró desvirtuar algunos riesgos procesales, permaneciendo latente los riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.2 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); determinación que en apelación fue revocada parcialmente por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de vista 122 de 2 de febrero de 2022, que desvirtuó por completo el riesgo de fuga y mantuvo latente el riesgo de obstaculización, previsto en el art. 235.1 y 2 de CPP.
En ese sentido y a fin de recabar documentación que desvirtúe el riesgo procesal que mantuvo latente la autoridad jurisdiccional, el 23 de febrero de 2022, solicitó al Fiscal de Materia que ejercía el cargo en ese entonces -Nelson Illanes Almanza- la extensión de diversos requerimiento fiscales; empero, la referida autoridad Fiscal mediante providencia de 24 del mismo mes y año, resolvió “no ha lugar” a lo solicitado, en virtud a la conclusión de la etapa preparatoria, a la no existencia de actos investigativos que realizar, y a la presentación de la acusación formal, estableciendo que el impetrante de tutela debía dirigirse ante la autoridad jurisdiccional; Resolución que, mereció el planteamiento del recurso de reposición el 11 de marzo de igual año, reiterando la extensión de los referidos requerimientos, la misma que fue realizada ante el Fiscal accionado, en virtud de haber asumido nuevas funciones en el asiento Fiscal de San Ignacio de Velasco.
Finalmente, y muy por el contrario a enmendar el error cometido por su antecesor por Resolución de 14 de marzo de 2022, negó la extensión de los requerimientos peticionados, estableciendo que el asignado al caso no tiene la facultad de elevar informes de ninguna naturaleza, mucho menos cuando los extremos solicitados no son de su conocimiento, basando su determinación en las Sentencias Constitucionales “1399/13 y 1206/17”, y ratificando los argumentos de la resolución impugnada.
Señaló como lesionados su derecho a la libertad, el debido proceso, a la seguridad jurídica, la tutela efectiva, la celeridad en privados de libertad y al principio de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 24, 115, 116, 117.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, ordenar: que en el plazo de veinticuatro horas, se extiendan los requerimientos solicitados.
Celebrada la audiencia pública el 21 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 67 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos de su demanda tutelar, añadiendo que: a) Se encuentra privado de su libertad desde el 23 de abril de 2021, por la subsistencia de los riesgos procesales previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP; siendo el único de todos los imputados en su caso, que aún guarda detención preventiva, ya que los otros tres recobraron su libertad; b) Los requerimientos solicitados a la autoridad Fiscal, responden a la fundamentación realizada por el Juez del control jurisdiccional que rechazo sus cesaciones, estableciendo que a través de estos podía demostrar si el imputado obstaculizó o no la investigación, criterios que también fueron emitidos por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que resolvió su apelación; por lo que se pretende recabar documentación para una cesación y no como actos investigativos; y, c) La SCP 134/2018 y 0775/2018 -siendo lo correcto 0134/2018-S4 de 16 de abril y 0775/2018-S4 de 14 de noviembre-, determinaron que los fiscales de materia tienen competencia para emitir los requerimientos fiscales, aun cuando se haya emitido la acusación formal, siendo errada la fundamentación realizada por el Fiscal accionado.
Meizon Mamani Rivero, Fiscal de materia; no obstante, que el Tribunal de garantías mediante acta de 21 de julio de 2022 estableció darse lectura al informe adjunto en “pdf, formato digital” presentado por el accionado, se evidenció que el mismo no se encuentra adjunto al expediente constitucional; empero, al momento de su intervención en la audiencia; solicitó se deniegue la tutela, informando al efecto que: 1) La acción de libertad presentó una serie de incongruencias, en el entendido que el peticionante de tutela manifestó que le había negado la extensión de requerimientos; sin embargo, solicitó que sea el asignado al caso quien verifique si él realizo actos de obstaculización en la investigación; 2) La SC 242/2011 de 16 de marzo -siendo lo correcto 0242/2011-R de 16 de marzo-, estableció en su ratio decidendi, que al momento del planteamiento de la acción tutelar, debe identificarse de manera precisa los derechos vulnerados, lo cual no fue cumplido por el accionante; 3) El impetrante de tutela no estableció de manera clara si la acción tutelar estaba dirigida contra su persona o del Fiscal que antecedió; toda vez que, también hizo referencia a la omisión del referido Fiscal; 4) Se negó lo solicitado por el demandante de tutela, en aplicación del criterio del principio de objetividad previsto en el art. 72 del CPP, como lo determinado en la SC 1399/2013 -siendo lo correcto SCP 1399/2013 de 16 de agosto-, que establece que, el policía asignado al caso no tiene la facultad necesaria para realizar y poder desvirtuar un riesgo procesal; 5) Conforme los entendimientos de la “SC 025/2004”, se dispuso que la obstaculización “inicia con la citación de la imputación formal y culmina con la ejecutoria del proceso” (sic); y, 6) Si el accionante consideró que la Resolución carecía de fundamentación, debió interponer un recurso de apelación contra la misma, para que un Tribunal de alzada, sea quien resuelva negando o concediendo lo peticionado y no acudir de manera directa a la vía constitucional a través de la acción de libertad, evidenciándose que no se agotó instancia.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 13 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 67 vta., a 69, concedió la tutela, en base a los siguientes fundamentos: i) Se evidencio de acuerdo a la revisión de obrados que, la defensa técnica del peticionante de tutela, solicitó requerimientos al Fiscal antecesor, los cuales fueron rechazados mediante providencia de 24 de febrero de 2022, en base a que la causa se encontraba en etapa conclusiva, con acusación formal; por lo que, el privado de libertad debía acudir a la autoridad jurisdiccional, y ante el planteamiento del recurso de reposición, el Fiscal accionado respondió que, el asignado al caso no tiene la facultad de elevar informes de ninguna naturaleza, mencionando la SCP SCP 1399/2013 de 16 de agosto “SCP 1206/2017” y ratificando que la etapa preparatoria se encuentra concluida, no existiendo ningún acto investigativo más por realizar; ii) Conforme a la basta jurisprudencia constitucional, principalmente de la SCP 0505/2019-S3 de 26 de agosto, que establece que, el Ministerio Público debe atender a las solicitudes de las partes, en cuanto a los trámites de consideración de incidentes de cesación a la detención preventiva que no impliquen actos investigativos; siendo los peritos o testigos quienes una vez notificados con el requerimiento, informen positiva o negativamente de acuerdo a sus facultades o fundamentos y las normas que rigen su actividad; ya que es la autoridad jurisdiccional quien conocerá y valorará la documentación que se presente a fin de enervar los riesgos procesales latentes; y, iii) Respecto al requerimiento solicitado para que la Secretaria del Tribunal de Sentencia de Concepción del departamento de Santa Cruz informe, aclaró que debe realizarse la solicitud ante el mismo Tribunal, como autoridad competente con tuición sobre la funcionaria de apoyo judicial.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1 Cursa Acta y Auto Interlocutorio 136/21 de 2 de diciembre de 2021, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Hugo Fernández Ribera -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; dictado en audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva; por el cual, la autoridad jurisdiccional, rechazó la misma y mantuvo los riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP (fs. 34 a 39 y vta.); así mismo, el Acta y Auto de Vista de 2 de febrero de 2022, emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de justicia de Santa Cruz, mediante el cual “DECLARA ADMISIBLE Y PROCEDENTE PARCIALMENTE” el recurso de apelación revocando el Auto Interlocutorio referido, enervando el riego procesal de fuga y manteniendo latente el riesgo de obstaculización (fs. 40 a 42). II.2 A través de memorial de 23 de febrero de 2022, presentado por el impetrante de tutela, ante Nelson Illanes Almanza -Fiscal de Materia-, dentro del caso FELCN-SC 504/2021; mediante el cual, solicitó la extensión de siete requerimientos fiscales a efecto de recabar documentación para enervar el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2 de CPP (fs. 43 y 44 y vlta.); y su respectiva respuesta emitida por la autoridad Fiscal, el 24 del mismo mes y año, resolviendo el mismo, “…no ha lugar a lo solicitado…” (sic), por la conclusión de la etapa preparatoria, la inexistencia de actos investigativos pendientes y por cursar requerimiento conclusivo de acusación formal (fs. 45). II.3 Consta memorial de “reposición”, presentado por el peticionante de tutela, con cargo de recepción de 11 de marzo de 2022, ante el Ministerio Público, dentro del caso FELCN-SC-S-504/2021, mediante el cual solicitó la reposición de la providencia de 24 de febrero del mismo año, y pide la extensión de los requerimientos fiscales solicitados (fs. 46 y 47 vta.); y, su respectiva respuesta mediante resolución fiscal de 14 de marzo de 2022, emitida por Meizon Mamani Rivero, Fiscal de Materia -hoy accionado- dentro del caso FELCN-SC-S-504/2021, en respuesta al recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 24 de febrero de igual año; por el cual, declaró “no ha lugar” a lo solicitado; toda vez que, el funcionario policial tiene como único objeto, el realizar actos investigativos y colectar elementos de convicción conforme los arts. 293, 295 y 297 del CPP; en consecuencia, no tiene facultad de elevar informes de ninguna naturaleza, mucho menos cuando los extremos solicitados no son de su conocimiento; tomando en cuenta que la etapa preparatoria se encuentra concluida y con acusación formal, debe acudir ante la autoridad jurisdiccional (fs. 48).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, la tutela efectiva, la celeridad en privados de libertad y al principio de presunción de inocencia; refiriendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, estando ya más de quince meses guardando detención preventiva, solicitó en reiteradas oportunidades la cesación a su detención preventiva no obstante, le fueron negadas; por lo que, mediante recurso de apelación interpuesto, logró que se le desvirtué el riesgo procesal de fuga manteniéndose el riego de obstaculización; en tal sentido, es que a fin de recabar documentación que sea valorada por la autoridad jurisdiccional, solicitó al Fiscal asignado, la extensión de requerimientos fiscales, los cuales le fueron negados; por lo que, interpuso un recurso de reposición, a lo cual el Fiscal accionado, resolvió no dando lugar a lo peticionado, por no ser facultad del asignado al caso realizar los informes solicitados y por encontrarse la etapa preparatoria concluida, sin actos investigativos que realizar y con acusación formal, refiriendo que debía dirigir su solicitud ante la autoridad jurisdiccional. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, a partir del análisis de la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, moduló la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: “En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló: ‘Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que:
1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado;
(…)'.
De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales.
En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art. 225 establece que: I. ‘El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.
II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’.
La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: ‘El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (…) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (…) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’.
La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia.
A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.
Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución…’.
Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, la tutela efectiva, la celeridad en privados de libertad y al principio de presunción de inocencia; refiriendo que, la autoridad Fiscal accionada, rechazó el recurso de reposición que interpuso contra la providencia de 24 de febrero de 2022, que le negó la extensión de requerimientos fiscales, a fin de recabar documentación a ser valorada en audiencia de cesación a la detención preventiva, bajo el fundamento que no era facultad del asignado al caso realizar los informes peticionados y por encontrarse la etapa preparatoria concluida, sin actos investigativos que realizar y con acusación formal, refiriendo que debía dirigir su solicitud ante la autoridad jurisdiccional, fundamentos que lesionan sus derechos demandados. Bajo ese contexto; toda vez que, el accionante identifica el acto lesivo, traducido en la providencia de 24 de febrero y 14 de marzo ambas de 2022, emitidas, si bien la primera por un Fiscal distinto al hoy accionado, no obstante a ello, fue ratificada por la autoridad Fiscal accionada, y de la verificación de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional; se evidencia la Resolución 45/21 de 23 de abril de 2021, de aplicación de medida cautelar; por la cual, la autoridad jurisdiccional del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, -actualmente Juez de Familia, Niñez y Adolescencia, Anticorrupción, Violencia contra la Mujer y Penal Primero-, estableciendo la activación de los riegos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.1,2 y 7; y, 235. 1 y 2 del CPP, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, por el plazo de ciento veinte días, posterior a ello y durante el transcurso de la etapa preparatoria se tiene que el imputado tramitó en reiteradas oportunidades la cesación a su detención preventiva, desvirtuando entre ellas, alguno de los riesgos impuestos, teniéndose como última audiencia de consideración de cesación, la realizada el 2 de diciembre de 2022, la misma que también fue rechazada, manteniéndose latente el riesgo de fuga respecto al art. 234.2 y 235.2 del CPP; también, se ha evidenciado que en atención a su legítimo derecho a la impugnación, el accionante interpuso recurso de apelación contra esa determinación; siendo la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien dentro de sus atribuciones, mediante Auto de Vista 122 de 2 de febrero de 2022,
“REVOCÓ EN PARTE” la Resolución 136/21 de 2 de diciembre de 2021, enervando el riego procesal de fuga, y manteniendo latente el riesgo de obstaculización; por lo que, a efecto de recabar documentación a ser valorada en una nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, mediante memorial de 23 de febrero de 2022, solicitó una serie de requerimientos fiscales, para obtener certificación y/o informe del investigador asignado al caso a efecto enervar el riego de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2. del CPP; empero, estos fueron rechazados bajo el entendimiento del Fiscal en turno, que la etapa preparatoria había concluido, que no existían actos investigativos por realizar, además de haber requerimiento de acusación formal; por lo que, debía acudir ante la autoridad jurisdiccional, fundamentos que fueron ratificados por el Fiscal hoy accionado, al momento de resolver la reposición planteada por el impetrante de tutela, ante la negativa de la extensión de los requerimientos, quien a su vez fundamento su determinación, en que el asignado al caso carece de facultad para emitir informes de cualquier naturaleza, mucho menos cuando este desconoce de los extremos de los cuales se solicita que informe; siendo los únicos informes que puede elaborar, lo referente a sus actuaciones e investigaciones. Ahora bien, partiendo de los fundamentos expuestos en el primer memorial de solicitud de los requerimientos fiscales, el 23 de febrero del 2022 (Conclusión II.2), se aprecia que claramente la defensa del imputado, solicitó la extensión de los mismos a efecto de recabar documentación a ser valorada en una nueva audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, y que enerve el peligro procesal de obstaculización del art. 235.1 y 2 del CPP., en el entendido que este refirió: “…toda vez que en la audiencia de cesación a la detención preventiva de fecha 02 de diciembre de 2021, la autoridad jurisdiccional fundamentó que mi persona debería presentar una certificación y/o informe del investigador asignado al caso para poder enervar el riesgo procesal 235 núm. 1 y 2 de la ley 1970…” (sic); lo que guarda relación con la petición precisa de los informes, entre los que se tiene el requerimiento fiscal para el investigador asignado al caso “FELCN-S.C.S 504/2021, para que informe si el hoy accionante “colaboró o entorpeció la investigación”, como también se informe respecto a la “conducta de este durante la tramitación del proceso”, “si influenció negativamente sobre su persona en su condición de funcionario público”; “si en el cuadernillo de investigación cursaba un memorial de queja respecto a una interferencia u obstaculización en la investigación desde su detención preventiva”; así como otros requerimientos a peritos, funcionarios policiales que intervinieron en la causa y la secretaria del Tribunal de Sentencia de Concepción del departamento de Santa Cruz; guardando relación también, con los fundamentos expuestos por la autoridad jurisdiccional que resolvió su última solicitud de cesación a la detención preventiva el 2 de diciembre de 2021 y el Tribunal de alzada que resolvió el recurso de apelación que revocó en parte la Resolución del Juez de la causa, quienes coincidieron en sus fundamentos; inicialmente, la autoridad jurisdiccional al referir que: “… pese que el imputado no ha presentado ninguna certificación de que el imputado no haya obstaculizado o esté realizando actos preparativos de fuga o que este influenciando negativamente en contra de otras personas, no existe ninguna certificación, debería presentarse ante este Juez..:” (sic); y posteriormente el Tribunal de alzada que refirió: “… para que bajo ese parámetro mi autoridad razonar de que el imputado ya no podría destruir, modificar, falsificar elementos de prueba, pero dicho efecto no consta para mi autoridad, por lo tanto no hay elemento de prueba que haga constar de que el imputado ya no obstaculizara la averiguación de la verdad…”; fundamentos que, sirvieron para mantener latente el riego procesal de obstaculización; de lo que se concluye, que el peticionante de tutela, no perseguía realizar actos investigativos como tal, sino más bien recolectar elementos de prueba que le permitan desvirtuar el riesgo aún latente y poder beneficiarse con una medida no privativa de libertad; lo que, de ninguna manera afecta a la causa principal, ya que este instituto jurídico es accesorio a la misma. Consecuentemente, al haber rechazado el Fiscal accionado esta solicitud a través de su Resolución de 14 de marzo de 2022 (Conclusión II.3), no solamente obstaculizó con la pretensión del accionante, quien se encuentra privado de libertad, sino también dilató injustificadamente la obtención de la documentación; toda vez que, se evidencia que el imputado viene solicitando la extensión de los referidos requerimientos desde el 23 de febrero del mismo año y hasta la realización incluso de la audiencia de acción de libertad, los mismos no le fueron proporcionados, incumpliendo su rol de velar por los derechos y garantías constitucionales, como el realizar una debida fundamentación a la que se encuentra obligado, esto siempre en apego a las normas nacionales e internacionales vigentes; ya que, el imputado no solicitó actuados relativos a los hechos investigados, sino requerimientos para adquirir documentación a ser valorada en una eventual revocatoria de medida cautelar, vinculada al derecho a la libertad; actuaciones del Fiscal de Materia accionado que denotan contrariedad a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde conceder la tutela peticionada. Finalmente, en relación a la vulneración de la presunción de inocencia, se debe precisar, que estando el proceso aún en desarrollo y contando el imputado con una medida cautelar provisional, esta no se debe entender como un anticipo de sentencia, precisamente por su carácter provisorio, siendo la detención preventiva una medida excepcional y temporal, modificable en cualquier momento; además, de establecerse que el impetrante de tutela en su demanda de acción tutelar, como en su fundamentación oral, no desarrolló, ni precisó las actuaciones u omisiones del Fiscal accionado, que conllevaron a la lesión de su derecho, habiendo realizado una simple y llana enunciación; por lo que, no corresponde un pronunciamiento al respecto. Otras Consideraciones Llama severamente la atención a esta Sala, la inobservancia y desconocimiento de la jurisprudencia constitucional vigente por parte de la autoridad Fiscal accionada; toda vez que, el mismo en su rol de defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, debe actuar bajo los principios rectores de legalidad, objetividad y razonabilidad; por lo cual, mediante la instancia superior jerárquica del Ministerio Público, se debe reforzar la actualización de las normas nacionales e internacionales vigentes. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° CONFIRMAR la Resolución 13 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 67 vta., a 69, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Tribunal de garantías y los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2º Notificar al Fiscal General del Estado para que supervise al Fiscal de Materia Meizon Mamani Rivero, dentro del caso signado como FELCN-SC-S- 504/2021, seguido por el Ministerio Público contra Víctor Hugo Fernández Ribera y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; así mismo, conforme a sus atribuciones previstas en el art. 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y las consideraciones expuestas en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Llamar severamente la atención a Meizon Mamani Rivero, Fiscal de Materia, por apartarse de la normativa vigente en su Resolución de 14 de marzo de 2022, inclusive con ausencia de fundamentos.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0765_2024-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): d66c08b844f524bb53e303cbf0cb198c0a931938b8bb70f550342fa1d442014f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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