Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de julio de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez (Sector Flota) de manera injustificada procedió a su desvinculación laboral, bajo el argumento que no podía continuar trabajando sin un contrato; ante lo cual, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo Riberalta del departamento de Beni, la que emitió la Conminatoria 01/2021, que dispuso su inmediata reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan actualizados a la fecha de su reincorporación; sin embargo, pese a su notificación con dicha Conminatoria, el indicado Sindicato no cumplió la misma. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 45 a 50 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos y aplicación de jurisprudencia en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo el cumplimiento de la Conminatoria 01/2021 de 19 de abril, incluyendo el pago de salarios devengados producto de la reincorporación y demás derechos sociales, si corresponden, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la Jueza de garantías, con base en los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3.1 de este fallo constitucional. 3° Llamar la atención a Raisa Falo Arellano Terán, Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0765/2023-S3 Sucre, 19 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 48246-2022-97-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 03/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 45 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Aura Luisa Loayza Aguirre contra Asgar Correa Pereira, representante legal del Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez.
Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 28 a 33 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
El 3 de marzo de 2013, fue contratada de forma verbal por el Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez -ahora accionado- para ejercer el cargo de Administradora de dicho Sindicato (Sector Flota) del departamento de La Paz, hasta el “16 de diciembre”, fecha en la que le indicaron que debía trasladarse a desempeñar sus funciones en la ciudad de Riberalta del departamento de Beni. Posteriormente, el 16 de marzo de 2021, Jaime Rodolfo Conde Choque, Secretario de Hacienda y Daniel Languidey Roca, junto al “Abogado”, le manifestaron que no podía continuar trabajando en el Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez, sin un contrato, prescindiendo de sus servicios, solicitándole la entrega del inventario de la oficina, señalando que no le correspondía el pago de ningún beneficio social, puesto que su persona habría trabajado por comisión, procediendo de ese modo con su despido injustificado. Señala que, al persistir la decisión de su despido por parte del representante legal del Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez, se apersonó ante la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia en la que a partir del Informe MTEPS/JRTR/JAP/DRL/89/21 -de 15 de abril-, emitido por el Inspector de Trabajo de dicha Jefatura, se pronunció la Conminatoria 01/2021 -de 19 de abril-, por la cual, se ordenó al prenombrado a que el plazo de cinco días a partir de su notificación proceda a su inmediata reincorporación, al mismo puesto que ocupaba más el pago de salarios devengados a partir de su ilegal despido, así como los derechos sociales que le correspondan a la fecha de su reincorporación, determinación que fue objeto de recurso de revocatoria, el cual fue resuelto mediante la Resolución de Revocatoria 001/2021 de 20 de mayo, que confirmó la Conminatoria 01/2021; decisión contra la cual la parte empleadora formuló recurso jerárquico, que mereció la Resolución de 18 de octubre de 2021, que desestimó el mismo de acuerdo al art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 14, 46.I y II, 48.I, II, III y IV, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene al accionado proceda a la restitución inmediata a su fuente laboral con “…TODOS LOS BENEFICIOS SOCIALES CON LOS QUE CONTABA HASTA ANTES DE MI DESPIDO…” (sic), sea con la imposición de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 23 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 44 vta., encontrándose presentes la parte accionante, así como el representante legal del Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez y el Jefe Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia señaló que: a) La parte accionada, en audiencia de reincorporación ante la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, reiteró que no le correspondía ningún beneficio, dado que su relación laboral no estaba regulada bajo la Ley General del Trabajo sino bajo una condición de comisión; sin embargo, la instancia administrativa previo análisis de su caso concluyó que se vulneraron sus derechos laborales; b) Pese a su notificación con la Conminatoria 01/2021, realizada el 20 de abril de igual año, la parte empleadora hizo caso omiso a la misma, interponiendo los recursos de revocatoria y jerárquico, siendo este último desestimado por su presentación extemporánea; y, c) En cumplimiento de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pide se disponga su inmediata reincorporación a su fuente laboral, así como el pago de salarios devengados y demás beneficios sociales y derechos laborales que le correspondan previa calificación de la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni de acuerdo a sus competencias y atribuciones.
Asgar Correa Pereira, representante legal del Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez, por informe presentado en audiencia a través de su abogado, señaló que: 1) De acuerdo a la demanda constitucional, la accionante identifica a Jaime Rodolfo Conde Choque, Secretario de Hacienda y Daniel Languidey Roca, junto al “Abogado” como las personas que suprimieron sus derechos invocados como lesionados; sin embargo, atribuyen la legitimación pasiva a su persona en su condición de representante legal del mencionado Sindicato, lo cual constituye una contradicción; por cuanto, no dispuso su despido; por lo que, considera que carece de dicha legitimación; 2) El 29 de octubre y 27 de noviembre, ambos de 2020, Jaime Rodolfo Conde Choque, Secretario de Hacienda y Lucio Cayo Rojas, Secretario de Relaciones, mediante dos cartas comunicaron “como preaviso” a la impetrante de tutela la conclusión de su contrato de prestación de servicios por concesión, debiendo interponer esta acción de defensa contra los mismos; 3) Desconoce las razones por las cuales la peticionante de tutela jamás quiso firmar el contrato de prestación de servicios por concesión, indicando al presente que hubiera existido una relación obrero patronal que hizo reconocer ante la vía administrativa; no obstante, desde el 2018, se le insinuó que debía firmar el referido contrato; y, 4) De acuerdo a la SCP 0642/2017-S1 de 27 de junio, la accionante debió acudir ante la máxima instancia ejecutiva que se encuentra en el departamento de La Paz, para exigir el cumplimiento de la Conminatoria 01/2021, por ello correspondía dirigir cualquier acción, ya sea en la vía administrativa o constitucional contra las personas que vulneraron las garantías constitucionales en materia laboral que le asiste.
Victor Hugo Vargas Mancilla, Jefe Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, en audiencia manifestó que: i) De acuerdo a la competencia para resolver los conflictos laborales prevista por el art. 50 de la CPE, se emitió la Conminatoria 01/2021, habiéndose establecido la existencia de la relación laboral de la accionante y el Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez, identificando las características como la subordinación y dependencia del trabajador y la remuneración, pues la mencionada estaba sometida a una jornada laboral y le pagaban por porcentaje y conforme el art. 2 de la Ley General del Trabajo (LGT), el empleador es toda persona natural o jurídica que otorga empleo al trabajador constituyendo en este caso el referido Sindicato; y, ii) Ante la notificación a la parte empleadora -con la denuncia laboral-, se hicieron presentes en la audiencia programada el ahora accionado y “Daniel Languidey Roca”, quienes presentaron sus pruebas; empero, no se demostró que la trabajadora -hoy accionante- haya incurrido en las causales de despido, tampoco que haya existido un proceso administrativo de desvinculación laboral o en su defecto un proceso laboral de despido, habiéndose cumplido con el procedimiento de ley; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada.
La Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni, mediante Resolución 03/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 45 a 50 vta. concedió la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento inmediato de la Conminatoria 01/2021, incluyendo el pago de salarios devengados producto de la reincorporación y demás derechos sociales, si corresponden, los cuales deberán ser calificados por la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, “…y se le haga conocer al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta” (sic); determinación asumida, bajo los siguientes fundamentos: a) Sobre la reincorporación laboral y sus alcances a través de la Resolución de Doctrina Constitucional 001/2021, se estableció que: “…en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo”; b) En ese sentido, la jurisprudencia constitucional moduló la posibilidad de acudir a la vía constitucional para el cumplimiento de las resoluciones o conminatorias de reincorporación laboral prescindiendo del cumplimiento del principio de subsidiariedad en razón a que los derechos fundamentales del trabajador deben ser protegidos de forma oportuna e inmediata, ya que la fuente laboral es el medio por el cual, el trabajador obtiene ingresos económicos para su subsistencia digna, ello aun de la interposición de los recursos de impugnación, teniéndose en el caso que los recursos de revocatoria y jerárquicos ya fueron resueltos, donde se ratificó la Conminatoria 01/2021; por lo que, no existe ningún óbice para su cumplimiento; y, c) Los argumentos expuestos en la referida Conminatoria, obedecen a los principios de continuidad de la estabilidad laboral y a que las normas laborales deben ser interpretadas de manera favorable al trabajador, motivo por el cual, se dispuso conminar e instruir a la parte empleadora a la reincorporación de la accionante dentro el plazo de cinco días a partir de su notificación, más el pago de sus salarios devengados y otros derechos sociales; por lo que, su incumplimiento constituiría un desacato; empero, pese a su notificación al Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez “a la fecha” no dio cumplimiento a dicha determinación, lesionando el derecho al trabajo de la impetrante de tutela. En vía de enmienda y complementación, mediante memorial presentado el 24 de noviembre de 2021, cursante a fs. 51, la accionante solicitó que se complemente en relación a la imposición de costas, daños y perjuicios contra la parte accionada. Ante lo cual, el Juez de garantías, por Auto de la misma fecha, señaló que, existiendo una evidente negativa a la reincorporación de la impetrante de tutela, se complementa la Resolución -03/2021- respecto a la imposición del pago de costas y costos por la parte accionada, manteniéndose incólume el resto de dicho fallo; asimismo, declaró no ha lugar al pago de daños y perjuicios por no haberse demostrado los mismos, considerando que fueron dispuestos también los sueldos devengados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Conminatoria 01/2021 de 19 de abril, el Jefe Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó al Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez, representado legalmente por Asgar Correa Pereira -ahora accionado- a la inmediata reincorporación laboral de Aura Luisa Loayza Aguirre -hoy accionante- al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan actualizados a la fecha de su reincorporación; siendo notificado el referido Sindicato con dicha conminatoria, el 20 del citado mes y año (fs. 12 a 19). II.2. Por Resolución de Revocatoria 001/2021 de 20 de mayo, el Jefe Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, determinó confirmar la Conminatoria 01/2021, decisión con la cual ambas partes procesales fueron notificadas el 25 de mayo de igual año (fs. 21 a 25). II.3. Mediante Resolución de 18 de octubre de 2021, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, desestimó el recurso jerárquico interpuesto por la parte accionada contra la Resolución de Revocatoria 001/2021 (fs. 27 y vta).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez (Sector Flota) de manera injustificada procedió a su desvinculación laboral, bajo el argumento que no podía continuar trabajando sin un contrato; ante lo cual, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo Riberalta del departamento de Beni, la que emitió la Conminatoria 01/2021, que dispuso su inmediata reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan actualizados a la fecha de su reincorporación; sin embargo, pese a su notificación con dicha Conminatoria, el indicado Sindicato no cumplió la misma. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, reiterada por muchas otras, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre este tópico de connotación procesal constitucional, sostuvo que: «El art. 129.II de la CPE, en relación a la inmediatez establece que: “La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: “La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida. En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio `pacta sunt servanda’. Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”. Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”» (las negrillas nos pertenecen).
Con relación a la temática, la SCP 1563/2022-S3 de 2 de diciembre, citando a su vez a la SCP 0076/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo que: «El art. 10 del Decreto Supremo (DS) 28699, modificado por el Artículo Único II del DS 0495, establece que: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (…) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral” -se aclara que la palabra “únicamente” del parágrafo IV, fue declarada inconstitucional por SCP 0591/2012 de 20 de julio-; ello, es concordante con lo determinado en el art. 2 de la Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre de 2010, que estipula lo siguiente: “IX. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y no admite recurso ulterior alguno, pudiendo únicamente ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la suspensión de la reincorporación”, esa misma norma en su art. 3, prevé que: “Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”.
Bajo ese contexto, cabe reiterar lo establecido en la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, la cual concluyó que: “En la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, se estableció que el plazo comienza a computarse desde la notificación con la conminatoria de reincorporación, señalando: ‘EPSA BUSTILLO Mancomunitaria Social, fue notificada con la Resolución 9 Administrativa de conminatoria de reincorporación el 13 de octubre de 2011, conforme se evidencia por el sello de recepción que cursa en la parte superior de fs. 4, y la acción de amparo constitucional fue presentada el 2 de mayo de 2012, conforme el cargo de recepción de fs. 16 vta., advirtiéndose que la presentación estuvo fuera del plazo de seis meses para cumplir el principio de inmediatez, establecido en la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional (…) por lo que la accionante no puede pretender que se active la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos, luego de haber precluido su derecho para accionar en esta vía, lo contrario implicaría, desconocer la naturaleza y los principios rectores de esta acción’. Por otro lado la SCP 1511/2013 de 30 de agosto, entendió que el plazo de los seis meses deberá ser computado desde el momento en que la conminatoria adquiere ejecutoria; es decir, desde el agotamiento de la vía administrativa, señalando: ‘En el caso analizado, se constata que la accionante formuló recurso jerárquico, solicitando se hagan respetar sus derechos, el cual fue desestimado por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de RM 068/13 de 30 de enero; consecuentemente, el plazo de caducidad previsto en el art. 129 de la CPE, debe ser computado desde la notificación a la accionante con dicha determinación, actuación que si bien no consta en obrados, aun contando dicho plazo a partir de la fecha de esa Resolución (30 de enero de 2013), se constata que la acción de amparo constitucional fue presentado el 26 de marzo del mismo año; es decir, dentro de los seis meses señalados en el art. 129 de la Norma Suprema’. Al respecto de la jurisprudencia glosada, habrá que considerar que la vía administrativa quedará agotada con la emisión de la Resolución que pone término a todo el proceso de reincorporación; es decir, eventualmente el recurso jerárquico; sin embargo, ante la noción de ejecución inmediata de la conminatoria se plantea una situación sui géneris; puesto que por una parte la conminatoria debe efectivizarse inmediatamente, pero de otro lado es posible que se hayan activado mecanismos de impugnación que se encuentran pendientes de resolución. Por todo lo relatado, corresponde precisar que ante la negativa por parte del empleador de dar cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura del Trabajo abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no siendo necesario esperar hasta que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria. De ahí que corresponde establecer la reconducción del entendimiento a la SCP 0809/2012, que el cómputo del plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; es decir, posteriormente a su legal notificación el empleador renuente abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se deberá computar desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria”» (el resaltado nos corresponden).
La accionante alega que, el Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez (Sector Flota) -ahora accionado-, de manera injustificada procedió a su desvinculación laboral, bajo el argumento que no podía continuar trabajando sin un contrato; ante lo cual, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la que emitió la Conminatoria 01/2021 de 19 de abril, que dispuso su inmediata reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan actualizados a la fecha de su reincorporación; sin embargo, pese a su notificación con dicha Conminatoria, el indicado Sindicato no cumplió la misma.
Identificado así el objeto procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa, corresponde previamente determinar si en la presente causa concurre una causal reglada de improcedencia, concretamente la inactivación de la acción de amparo constitucional, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta fallo constitucional, concerniente al plazo máximo para la interposición de la presente acción tutelar, siendo este de seis meses computables desde la comisión de la vulneración alegada o a partir de la notificación con la última decisión administrativa o judicial, término que se fundamenta considerando que se trata de un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de derechos fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, criterio a partir del cual se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de esta acción tutelar, fuera del citado plazo caduca, no siendo posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Al respecto, de los antecedentes acompañados a la presente acción tutelar y de lo manifestado por la propia impetrante de tutela, se tiene que a partir de su desvinculación laboral suscitada el 16 de marzo de 2021, la prenombrada, el 18 de igual mes y año, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta, denunciando su despido injustificado y solicitando su reincorporación laboral; instancia administrativa que luego del trámite respectivo emitió la Conminatoria 01/2021, por la que, conminó al Sindicato de Transporte Mixto Vaca Diez, representado legalmente por Asgar Correa Pereira -ahora accionado- a la inmediata reincorporación laboral de la accionante al mismo puesto que ocupaba, más el pago de salarios devengados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan actualizados a la fecha de su reincorporación, con la cual se notificó al referido Sindicato el 20 de abril del mismo año (Conclusión II.1). No obstante, la impetrante de tutela denuncia que la parte empleadora hizo caso omiso a dicha determinación, y por el contrario interpuso el recurso de revocatoria, que en revisión mereció la Resolución de Revocatoria 001/2021 de 20 de mayo, por la cual, el Jefe Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, confirmó la referida Conminatoria, decisión con la cual ambas partes procesales fueron notificadas el 25 de mayo de igual año; y, posteriormente ante la formulación del recurso jerárquico por Resolución de 18 de octubre de 2021, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se desestimó el recurso de jerárquico interpuesto por la parte accionada contra la Resolución de Revocatoria 001/2021 (Conclusiones II.2 y II.3). Bajo ese contexto, se advierte que en la interposición de la presente acción tutelar, no fueron cumplidos los presupuestos establecidos por los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que prevén que esta acción tutelar, debe ser presentada dentro del plazo de seis meses, y en el caso específico de conminatorias de reincorporación laboral, de acuerdo a lo desarrollado por la jurisprudencia asumida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, comenzará a computarse desde el primer acto manifiesto por el cual el empleador demuestra su falta de voluntad de cumplir con la conminatoria; es decir, posterior a la legal notificación del empleador renuente, se abre la posibilidad para que el trabajador accione la vía constitucional y por tanto el plazo de inmediatez se debe computar a partir de dicho momento, ello en virtud a que los casos de reincorporación laboral, en los que está en riesgo el derecho al trabajo, que a su vez involucra la afectación de otros derechos fundamentales, y que exigen su protección inmediata, no aplica la subsidiariedad, no siendo necesario agotar las vías administrativas u ordinarias para la apertura de la competencia de la jurisdicción constitucional. En ese sentido, siendo evidente la existencia de la Conminatoria 01/2021, emitida por la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, que fue de conocimiento de la parte accionada el 20 de abril de 2021, el cómputo de los seis meses para interponer la acción de amparo constitucional debe realizarse a partir de esa fecha; es decir, que la ahora impetrante de tutela debió interponer la presente acción tutelar hasta el 20 de octubre de igual año; sin embargo, considerando que la misma fue interpuesta el 16 de noviembre de ese año, se concluye y evidencia que su activación fue extemporánea, dado que a pesar que el empleador no dio cumplimiento a la referida Conminatoria, demostrando su renuencia para ello, la accionante tuvo una actuación omisiva después de la notificación correspondiente al mismo con la aludida Conminatoria, y que incluso fue de propio conocimiento de la nombrada el mismo día -20 de abril de 2021-ante su notificación personal, dejando transcurrir el tiempo de manera pasiva, actuando con negligencia en su propia causa, permitiendo inactivamente transcurrir el plazo de los seis meses que rige el principio de inmediatez; sin considerar que la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico no implicaban que se tuviera la necesidad de esperar el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social respecto a los mismos, dado que dentro de los lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional precitada, la negativa del empleador de dar cumplimiento a la Conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, abre inmediatamente la posibilidad de activar la acción de amparo constitucional, no siendo preciso aguardar hasta que la vía administrativa se encuentre en estado de ejecutoria.
En mérito a lo expuesto, no corresponde a este Tribunal analizar la acción tutelar presentada, al haberse constatado la inobservancia del principio de inmediatez para la activación de la acción de amparo constitucional, correspondiendo a partir de ello, denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al examen de fondo de la problemática planteada.
Este Tribunal no puede soslayar la situación fáctica presentada en esta acción de defensa a partir de la concesión de tutela inicialmente otorgada por la Jueza de garantías y que habría provocado efectos jurídicos con relación a la reincorporación de la accionante y el pago de salarios devengados y demás derechos sociales, en el entendido de que su resolución es de ejecución y cumplimiento inmediato -art. 40.I del CPCo-. Al efecto, es necesario remitirse a lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia Constitucional determinando, que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica” (las negrillas son nuestras). A partir de ello, en el presente caso de forma excepcional corresponde dimensionar los efectos del presente fallo constitucional con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica; en ese sentido se dispone que si como consecuencia de la decisión asumida mediante la Resolución 03/2021 de 23 de noviembre, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni -que dispuso el cumplimiento inmediato de la Conminatoria 01/2021, incluyendo el pago de salarios devengados producto de la reincorporación y demás derechos sociales, si corresponden, los cuales deberán ser calificados por la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni-, ya se hubiese procedido a dicha reincorporación y el pago de salarios devengados y beneficios sociales, dichos efectos quedan válidos y subsistentes; en razón a que retrotraer esta inicial determinación, agravaría la consecución de la finalidad del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación y los efectos surtidos en cuanto a los derechos adquiridos por la trabajadora en función a dicha concesión.
Resuelta por la referida causal reglada de improcedencia la problemática traída en revisión, se advierte que habiéndose resuelto la presente acción de defensa el 23 de noviembre de 2021; sin embargo, recién fue remitida a este Tribunal el 8 de junio de 2022 y recibida en esta instancia constitucional el 13 de igual mes y año, conforme -constancia de courier cursante a fs. 55; es decir, después de más de seis meses de emitida la Resolución de garantías, resultando evidente el incumplimiento del plazo señalado por el art. 38 del CPCo, que dispone: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución…”, plazo normativo procesal que se tiene por inobservado e incumplido; consecuentemente, corresponde llamar la atención a la Jueza de garantías por la demora en la remisión de los antecedentes y causa constitucional, a objeto de que en lo posterior observe y cumpla los plazos procesales insertos en el Código de la materia. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2021 de 23 de noviembre, cursante de fs. 45 a 50 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos y aplicación de jurisprudencia en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2º Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo el cumplimiento de la Conminatoria 01/2021 de 19 de abril, incluyendo el pago de salarios devengados producto de la reincorporación y demás derechos sociales, si corresponden, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por la Jueza de garantías, con base en los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3.1 de este fallo constitucional. 3° Llamar la atención a Raisa Falo Arellano Terán, Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Cuarta de Riberalta del departamento de Beni, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0765_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 260641461fe17851bd648681cc38c3a47d8489bbc4fd3b0137bb49458b700f99
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