Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 4 de septiembre de 2024
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, al interés superior de la niña, niño y adolescente, a contar con una pensión alimenticia y al debido proceso; puesto que, a pesar que el menor de edad AA -beneficiario- en el proceso de homologación de la asistencia familiar, se encontraba hospitalizado: 1) El Juez ahora coaccionado concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandado del proceso familiar, remitiendo obrados en original ante el Tribunal de alzada, cuando no debía hacerlo conforme con el art. 447 del CFPF; 2) El Vocal hoy accionado al recibir los obrados originales emitió el Auto de 13 de junio de 2024, disponiendo la devolución de actuados al citado Juez, señalando que tenía que remitir fotocopias legalizadas, cuando tuvo que pronunciarse sobre la inadmisible interposición de dicho recurso de acuerdo al referido artículo; y, 3) El Vocal ahora accionado al emitir el decreto de 22 de julio de igual año, observó la remisión de ciertas piezas; empero, no se pronunció sobre el ilegal recurso de apelación interpuesto por Jesús Luis Vera Urquizo -demandado en el proceso familiar de referencia-, cuando únicamente debió cumplir el art. 447 del CFPF, que determina que ese recurso es inadmisible. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, al interés superior de la niña, niño y adolescente, a contar con una pensión alimenticia y al debido proceso, respecto al Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del referido departamento, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que:
a) El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, continúe con la tramitación de pago de asistencia familiar devengada. b) El Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se pronuncie inmediatamente sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por Jesús Luis Vera Urquizo -parte demandada en el proceso de asistencia familiar-.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0763/2024-S3 Sucre, 4 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 66621-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Isabel Carvajal Avalos en representación sin mandato de su hijo menor de edad AA contra Pedro Rolando Cusi Chambi, Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Clemente Márquez Laura, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del referido departamento.
La parte accionante, por memorial presentado el 1 de agosto de 2024, cursante de fs. 10 a 17 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso de resolución inmediata de homologación de asistencia familiar seguido por Rosario Isabel Carvajal Avalos contra Jesús Luis Vera Urquizo -demandado- para el pago de asistencia familiar en favor del menor de edad AA -accionante-, se emitió la Sentencia 020/2024 de 22 de marzo, en la que se dispuso acoger la demanda para su ejecución inmediata desde el 17 de julio de 2015, fecha de suscripción del Acuerdo Transaccional, el cual fue ratificado por el Acuerdo Transaccional de 6 de enero de 2024; en consecuencia, se homologó el mismo en todos sus términos, estableciendo que el demandado pague una asistencia familiar de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) de manera mensual, montó que fue modificado y reajustado a Bs472.-(cuatrocientos setenta y dos bolivianos) a partir de esa fecha y para futuras liquidaciones; empero, “a los fines” del art. 116.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, fue presentada la planilla liquidación de asistencia familiar por Bs500.- (quinientos bolivianos); en razón, al salario mínimo nacional reajustado, más gastos adicionales en el 50%, una muda de ropa de forma trimestral y un tarro de leche mensual en favor del menor de edad AA, determinación que solo admite excepciones de acuerdo con el art. 448 del citado Código, las cuales no fueron planteadas; sin embargo, el Juez ahora coaccionado ante la interposición del recurso de apelación por el demandado, corrió el trámite de dicho recurso sin considerar el art.. 447 del CFPF, que no admite ese recurso, remitiendo obrados originales al Tribunal de alzada, accionar que puso en peligro la vida y salud del menor de edad AA, quien se encuentra internado en el Hospital Arco Iris. El Vocal hoy accionado al recibir los obrados originales emitió el Auto de 13 de junio de 2024, señalando que el Juez ahora coaccionado concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo, ordenando se eleven ante el superior en grado, obrados en originales y evidenciando que el “auto de concesión” incumple con lo previsto por el art. 443.II del CFPF, siendo que por la naturaleza del proceso e importancia del cumplimiento oportuno de la asistencia familiar en favor del beneficiario -menor de edad AA-, de manera inmediata se debe ingresar en ejecución, a pesar del recurso de apelación interpuesto, debiendo ser concedida con la indicación de las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse; siendo legalizadas y disponer su remisión, el cual permite la continuación del trámite en lo principal, sin perjuicio de la alzada; en consecuencia, ese extremo imposibilitó la radicatoria del recurso de apelación, subsanándose ese aspecto de forma inmediata; por lo que, el Vocal hoy accionado dispuso que en el día se devuelvan obrados al Juez ahora coaccionado para que a la brevedad subsane lo observado y remita el proceso a la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuando debió pronunciarse sobre la ilegal interposición del referido recurso, disponiendo su inadmisibilidad en aplicación al art. 447 del CFPF, extremo que no hizo dejando al menor de edad AA sin recibir asistencia familiar, poniendo en riesgo su vida e integridad, considerando que se encontraba hospitalizado y al no contar con seguro médico correspondía correr con todos los gastos, cuando la “Sentencia de homologación” -020/2024- acoge un beneficio que data de 2015. Posteriormente de la devolución dispuesta, el Juez hoy coaccionado no cumplió con el Auto de 13 de junio de 2024, al remitir fotocopias legalizadas incompletas, a pesar que su persona canceló los recaudos de ley, incumpliendo lo ordenado por el Vocal ahora accionado, extremo que fue observado por la citada autoridad judicial de alzada, quien emitió el decreto de 22 de julio de ese año, disponiendo la devolución de obrados al nombrado Juez para que subsane las piezas extrañadas, cuando no existía razón para exigir las piezas faltantes en aplicación del art. 447 del CFPF; es decir, al ser inadmisible el recurso de apelación planteado.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, al interés superior de la niña, niño y adolescente, a contar con una pensión alimenticia y al debido proceso; citando al efecto el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) la inadmisibilidad del recurso de apelación a la Sentencia de homologación de asistencia familiar; b) La aprobación de la liquidación; y, c) La ejecución del pago devengado desde el 17 de julio de 2015, siendo encomendado su cumplimiento al Vocal ahora accionado, quien tiene la facultad de declarar inadmisible la decisión del Juez de primera instancia de conformidad con el art. 447 del CFPF y así enmendar y corregir el error cometido por el Juez ahora coaccionado.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 38 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) La Sentencia 020/2024 fue notificada al demandado con mucho retraso; empero, lo que correspondía era que se presente una excepción; sin embargo, el nombrado presentó recurso de apelación, cuando no corresponde en ese tipo de resoluciones inmediatas que velan el derecho a la celeridad en el tipo de procesos que tiene que ver con la asistencia familiar; 2) Su persona presentó planilla de liquidación de asistencia familiar el 9 de mayo de 2024, la cual fue notificada; 3) La asistencia familiar que es necesaria para el menor de edad AA, quien se encuentra postrado en una cama de hospital, con una cirugía; es decir, que la necesidad emerge de una situación delicada de salud; 4) No existe procedimiento para paralizar la ejecución de la asistencia familiar, que es de carácter social y obligatorio; y, 5) Solicita la remisión de obrados al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura para la investigación y activación de procesos, con relación al Juez ahora coaccionado.
Pedro Rolando Cusi Chambi, Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 25 a 26 vta., manifestó que: i) La acción de libertad no corresponde que sea interpuesta contra su persona considerando el art. 125 del CPE concordado con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), si bien emitió observaciones a la radicatoria del recurso de apelación interpuesto, no existe ningún pronunciamiento emitido por ese Tribunal que dé lugar a la acción tutelar, al no ser restringida la libertad de la parte accionante;
ii) El Juez ahora coaccionado remitió en grado de apelación la demanda de homologación de asistencia familiar del caso de referencia, y su autoridad dispuso mediante Auto de 13 de junio de igual año, que el “Juzgado” complemente las piezas faltantes en resguardo del derecho al debido proceso, lo que debió ser subsanado de manera inmediata, disponiendo que en el día se devuelva obrados al citado Juez de conformidad al art. 388.I del CFPF; iii) La parte accionante presentó esa acción tutelar manifestando que se vulneraron los derechos a la vida, a la “…prioridad de un menor de edad…” (sic) y al debido proceso; empero, no fundamentó de qué forma objetiva fueron vulnerados dichos derechos; iv) El Juez hoy coaccionado al ordenar la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada dispuso que se remitan obrados originales; por lo que, evidenció que dicha disposición incumplía con el art. 443.II del CFPF “…la apelación procederá en el efecto devolutivo…” (sic); es decir, que por la naturaleza del proceso y por la importancia del cumplimiento oportuno de la asistencia familiar en favor del beneficiario -menor de edad AA-, el Juez de la causa de manera inmediata debió ingresar a la ejecución del fallo emitido a pesar del referido recurso interpuesto, situación que se vio obstaculizado con la remisión de obrados en original al Tribunal de alzada, hecho que no está permitido por norma; v) El recurso de apelación concedido en efecto devolutivo no cumplió con el art. 388 del CFPF, extremo que imposibilitó la radicatoria del mismo; vi) Devuelto el proceso familiar luego de la observación realizada, se tiene que nuevamente se incurrió en la remisión del recurso de apelación con la falta de piezas procesales necesarias; por lo que, nuevamente se procedió a la devolución del cuaderno procesal ante el juzgado de origen; y, vii) Las observaciones que realizó no implica que la autoridad de primera instancia ingrese a la ejecución del fallo emitido; es decir, que el recurso de apelación concedido en efecto devolutivo no impide la ejecución de la asistencia familiar. Complementando el informe manifestó que el “expediente” fue devuelto al juzgado de origen a través de presidencia. Clemente Márquez Laura, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, mediante informe de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 23 a 24, manifestó que: a) Se emitió la Sentencia 020/2024 de resolución inmediata, en la que se dispuso “…se homologa el acuerdo transaccional desde fecha 17 de julio el mismo ratificado mediante acuerdo de 6 de marzo de 2024, otorgando una asistencia familiar de 400 bs…” (sic) la misma que fue recurrida en recurso de apelación por “la parte demandante” a través del memorial de 14 de mayo de igual año, que mereció el decreto de 15 de ese mes y año, disponiendo su traslado a la parte demandante, extremo que fue cuestionado por la parte accionante que indicó que no es viable el recurso de apelación de conformidad con el art. 447 del CFPF; empero, no es menos cierto que el art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación, que por primacía normativa está por encima del Código de las Familias y del Proceso Familiar, lo que implica que todo ciudadano puede impugnar cualquier resolución; b) Por Auto de 13 de junio de 2024, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió devolver obrados; ya que, debió ser remitido en copias legalizadas las piezas pertinentes, determinación que fue cumplida y remitida el 10 de julio del mencionado año; sin embargo, tiene la información extraordinaria que el cuaderno de apelación fue nuevamente observado; debido a que, no tendría ciertas piezas procesales, el cual no pudo ser recogido por el personal de apoyo jurisdiccional de su Juzgado al contar únicamente con el Secretario, al renunciar el Oficial de Diligencias; puesto que, en provincia no existe Auxiliar, aspecto que imposibilitó se continúe con el trámite correspondiente; c) Su Juzgado se encuentra distante de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, solicitó que la devolución se realice vía Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; d) No se puede pasar por alto las determinaciones y observaciones de la autoridad que dirimirá si el objeto de la apelación corresponde o no; y, e) Respecto a la solicitud de aprobación de la planilla de liquidación devengada realizada por la parte accionante, evidentemente cursa memorial de 9 de mayo de 2024, que mereció el decreto de 10 de ese mes y año, disponiendo que se ponga en conocimiento de la parte contraria; ya que, se debe tener presente que al estar en apelación el proceso no se puede considerar hasta que se resuelva la misma, por un mandato de seguridad jurídica que se le debe otorgar al proceso, y una vez emitida la disposición por la autoridad de alzada, inmediatamente se tramitará la planilla liquidación de asistencia familiar hasta llegar a su cumplimiento, por ese motivo no corresponde su pronunciamiento, pidiendo se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 21/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente respecto al Juez ahora coaccionado, para que: 1) Continue con la tramitación de la solicitud de aprobación de la planilla liquidación de asistencia familiar devengada en el proceso de resolución inmediata de homologación de asistencia familiar, sea con la ejecución de la asistencia familiar determinada en la Sentencia 020/2024; 2) Se proceda en el plazo de cuarenta y ocho horas al recojo del “legajo de apelación” de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, salvo que se hubiesen remitido de oficio a la localidad de Guanay, debiendo subsanarse inmediatamente las observaciones realizadas; 3) Advertida la dilación en el trámite del proceso familiar, se exhorta al Juez ahora coaccionado realice con celeridad todos los procesos judiciales sometidos a su conocimiento, poniendo mayor atención a los casos que tengan que ver con la protección de las niñas, niños y adolescentes; y, 4) Con relación a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y Ministerio Público; además, del pago de daños y perjuicios, debe acudirse de manera directa al Tribunal Constitucional Plurinacional al encontrarse pendiente la revisión de la resolución por dicha instancia; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez hoy coaccionado emitió “resolución” determinando asistencia familiar y su aprobación fue solicitada conforme establece el art. 447 del CFPF, concediendo la referida autoridad judicial el recurso de apelación contra la “resolución de aprobación” de la asistencia familiar en el efecto devolutivo; ii) Si bien el citado artículo determina que no existe recurso ulterior; empero, de acuerdo a lo señalado por el art. 180 del CPE el derecho a la doble instancia está consagrado y reconocido constitucionalmente, aspecto que no puede ser desconocido; sin embargo, de acuerdo al efecto que se concedió el recurso de apelación en ese caso, el trámite de la causa principal no podía tener ningún tipo de suspensión, debiendo continuar; iii) Ante la remisión de actuados originales se impidió la continuación del trámite principal respecto a la ejecución de la asistencia familiar solicitada por la accionante, causando retardación en el proceso familiar, si bien esa labor no está a cargo del Juez ahora coaccionado; no obstante, éste debe ejercer el control necesario y velar por las actuaciones de su personal subalterno para que sean realizadas correctamente; iv) La remisión de actuados originales impidieron la tramitación posterior de proceso familiar, lo que vulneró los derechos del beneficiario de la asistencia familiar que es menor de edad, aspecto que fue considerado por el Vocal hoy accionado que observó la remisión del “expediente” original, disponiendo su remisión al Juzgado de origen, salvando la tramitación en lo principal, accionar en el que no se advierte vulneración directa de los derechos de la parte accionante; v) Interpuesto el recurso de apelación, la única autoridad facultada para disponer su inadmisibilidad es el Tribunal de alzada, la autoridad judicial de origen solo tiene el deber de tramitarla; ya que, esa determinación no es óbice para la ejecución y trámite de lo principal de la asistencia familiar, al estar concedida el recurso de apelación en efecto devolutivo; y, vi) No se encuentra correctamente asimilado por el Juez ahora coaccionado que podía continuar con el trámite, al señalar en su informe y de manera oral que se encontraba impedido de continuar con el trámite posterior hasta que no exista pronunciamiento de un Tribunal de alzada, lo que demuestra la vulneración al derecho a la asistencia familiar en favor del menor de edad AA, considerando su estado de salud, que implica gastos médicos que fue agravado con la imposibilidad de recibir asistencia familiar, que supone el peligro en la vida del beneficiario -menor de edad AA-, el cual cuenta con protección reforzada.
Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Oficio de 31 de julio de 2024, dirigido al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; Fabiola Merced Alvarez Apaza, Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz remitió obrados del proceso familiar de asistencia familiar seguido por Rosario Isabel Carvajal Avalos contra Jesús Luis Vera Urquizo (fs. 27 y vta.); asimismo, cursa copia del libro de la citada Sala (fs. 28). II.2. Cursan documentales: a) Hoja de Solicitud de Cirugía correspondiente al menor AA de nueve años de edad -hoy accionante- con diagnóstico de fractura de “HPN” (huesos propios de la nariz); b) Liquidación del Paciente de los servicios de quirófano, farmacia, cardiología, cuidados y otorrinolaringología; y, c) Facturas por el servicio de análisis, laboratorios, especialistas, hospitalarios y medicamentos, todos del Hospital Arco Iris (fs. 2 a 9).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, al interés superior de la niña, niño y adolescente, a contar con una pensión alimenticia y al debido proceso; puesto que, a pesar que el menor de edad AA -beneficiario- en el proceso de homologación de la asistencia familiar, se encontraba hospitalizado: 1) El Juez ahora coaccionado concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandado del proceso familiar, remitiendo obrados en original ante el Tribunal de alzada, cuando no debía hacerlo conforme con el art. 447 del CFPF; 2) El Vocal hoy accionado al recibir los obrados originales emitió el Auto de 13 de junio de 2024, disponiendo la devolución de actuados al citado Juez, señalando que tenía que remitir fotocopias legalizadas, cuando tuvo que pronunciarse sobre la inadmisible interposición de dicho recurso de acuerdo al referido artículo; y, 3) El Vocal ahora accionado al emitir el decreto de 22 de julio de igual año, observó la remisión de ciertas piezas; empero, no se pronunció sobre el ilegal recurso de apelación interpuesto por Jesús Luis Vera Urquizo -demandado en el proceso familiar de referencia-, cuando únicamente debió cumplir el art. 447 del CFPF, que determina que ese recurso es inadmisible. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0530/2021-S3 de 18 de agosto, establece que: “Respecto al régimen de especial protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el art. 60 de la CPE, expresa: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’ (…).
Por su parte, el art. 64.I de la Norma Suprema, establece que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad.
En concordancia con esta disposición constitucional, el art. 6 inc. i) del CFPF establece como principio rector, el interés superior de la niña, niño y adolescente, señalando que es deber del Estado, las familias y la sociedad, garantizar la prioridad de dicho principio que: ‘…comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar’. La asistencia familiar consiste en la obligación de los progenitores -padre y madre- de contribuir con lo indispensable para el nacimiento, sustento, habitación, vestido, educación y atención médica de las hijas y los hijos, lo que está claramente vinculado a su vida y subsistencia y al interés superior de la niña, niño y adolescente; así, lo señala la previsión contenida en el art. 109.I CFPF cuando determina que: ‘La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes’.
En coherencia con ese mandato, el Código de las Familias y del Proceso Familiar consideró el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, al disponer en sus arts. 127.I y 415.VII, que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial” (las negrillas son nuestras).
En ese mismo sentido, la SCP 0331/2018-S1 de 16 de julio, señala que: «Con la finalidad de abordar este elemento esencial de materialización de la asistencia familiar, adquiere particular importancia el precisar el marco contextual, contenido y extensivo de la asistencia familiar, en este sentido corresponder remitirnos al art. 109 del CF -Ley 603-, que determina:
“ARTÍCULO 109. (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).
los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.
Bajo este marco normativo, el mismo Código, a tiempo de normar el instituto de la asistencia familiar, en cuanto a su cumplimiento -coercitivo-y ejecución, estableció:
“ARTÍCULO 127. (APREMIO CORPORAL E HIPOTECA LEGAL).
(…)”.
“ARTÍCULO 415. (EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).
I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día.
(…)
Ahora bien, realizando una precisión normativa constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece:
‘Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’.
‘Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’. La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el ‘interés superior del niño’, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial.
La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-
‘Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’.
(...)
Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece:
‘ARTÍCULO 19
Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’”.
Bajo este paraguas jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, que se constituye en principio rector y básico que fue gradualmente incorporado, y que es considerado esencialmente como principio interpretativo de las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a los niños, niñas o adolescentes; postulado del cual se denota su prevalencia a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, cuando el mandato constitucional es imperativo al establecer el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que abarca la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE- y la normativa que regula el instituto de la asistencia familiar cuando, taxativamente establece su contenido y garantiza la provisión de este derecho de los niños, niñas y adolescentes, determinando la observancia coercitiva de dicho derecho y obligación, con la posibilidad de que opere el apremio corporal en caso de incumplimiento y precisamente por su trascendencia vital, al comprender los recursos que garanticen lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del beneficiario -art.109.I del CF-.
A partir de la connotación e importancia social del oportuno suministro de la asistencia familiar, la normativa especial familiar concordante con el plexo jurídico constitucional y convencional, expresamente estableció que el cumplimiento de dicha obligación “...no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial” (…), -arts. 127.I y 415.VII del CF-, razonamiento normativo por el que se afianza el principio del interés superior del niño, a través de esta medida concerniente y atingente a la preminencia y garantía de sus derechos, esencialmente al oportuno suministro de la asistencia familiar, ante la imposibilidad de proveer para sí mismo los medios necesarios para su subsistencia y desarrollo integral» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0239/2021-S1 de19 de julio, reiterando el entendimiento de la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, establece que: “…La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento. El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0251/2012 de 29 de mayo, reiterando los entendimientos contenidos en las SSCC 0653/2010-R y 1294/2004-R, señaló que: ‘El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento’.
(…)
En este marco, dicho fallo abordó las diferentes dimensiones de protección del derecho a la vida, que derivan de la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos que tiene el Estado, vinculándolas con el valor y principio del ‘vivir bien’ previsto en el art. 8 de la CPE, siendo esas dimensiones: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, 3) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).
Así en el citado fallo constitucional se señaló:
(…)
2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.
(…)
…Sobre el derecho a la integridad física, el artículo 15.I de nuestra Norma Suprema establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes’. El segundo parágrafo señala que: ‘Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad’, y finalmente el parágrafo tercero: ‘El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado’, delimitando así la Norma Suprema que el derecho a la integridad personal, está compuesto por tres vertientes: física, psicológica y sexual. Estas vertientes fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional en la SC 1891/2011-R del 7 de noviembre, expresando que la integridad personal es un derecho inherente a la persona; implica su preservación física, psíquica y sexual, e incluye el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, y, por lo tanto, se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o agresión sexual; (…):
(…)
Es necesario tener presente que este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, estableció que el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud’.
En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales” (las negrillas nos pertenecen).
Asimismo, se tiene que la SCP 0023/2019-S2 de 15 de marzo, establece que: «“…la Comisión Internacional de Derechos Humanos, manifestó que ‘el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, por lo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos. Además, enfatizó que, en esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna’ (Sentencia de 19 de noviembre de 1999; caso Villagrán Morales y otros contra el Estado de Guatemala)”.
Más adelante la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, determinó que en los casos que se denuncie la lesión del derecho a la vida, el accionante puede decidir plantear una acción de libertad o de amparo constitucional para la protección del enunciado derecho fundamental, habida cuenta que: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
(…)”.
Por otra parte, la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, respecto a la posibilidad de tutelar vía acción de libertad otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentren dentro de su esfera de protección indicó que: “…si bien dentro del ámbito de protección de la acción de libertad se encuentran previstos determinados derechos; empero, es posible efectuar el análisis de otros cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos que se encuentra prevista en el art. 13.I de la CPE, que señala: ‘Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos…’.
Efectivamente, la interdependencia es una de las características de los derechos fundamentales, que significa que éstos se encuentran conectados unos con otros, dependen unos de otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; en sentido contrario, la vulneración de un derecho, implica que se lesionen otros derechos que se hallan relacionados con él”» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, señala que: «Por disposición del art. 58 de la CPE: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone:
“I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.
(…)
III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley”.
Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema.
En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres.
Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos.
Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar al niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: “Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales”.
La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: “…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado.
En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’.
En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…”» (las negrillas nos corresponden).
El Título III del Código de las Familias y del Proceso Familiar, dispone que, el sistema de procesos en materia familiar está constituido por el proceso ordinario, extraordinario y de resolución inmediata (art. 420), este último tipo de proceso se encuentra desarrollado en el Capítulo Tercero, donde se determina que:
“ARTÍCULO 445. (ALCANCE). Se tramitarán por resolución inmediata las pretensiones siguientes:
(…)
g) Asistencia familiar cuando exista acuerdo.
(…)
ARTÍCULO 447. (APROBACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR O DISPENSA JUDICIAL). Presentada la solicitud de aprobación de asistencia familiar o dispensa judicial, y previo cumplimiento de los requisitos generales y adjuntados los documentos o títulos que fundamenten la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución dentro de los siguientes cinco (5) días, sin recurso ulterior.
La notificación con la liquidación de pago de asistencia familiar se practicará en secretaría de juzgado.
ARTÍCULO 448. (DETERMINACIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR).I. Cuando exista determinación de asistencia familiar mediante documento público o reconocido ante Notario de Fe Pública o ante el conciliador judicial, que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales, capacidad y legitimación, acogerá la demanda mediante sentencia para su ejecución inmediata.
Código, con excepción del inciso g).
III. Tratándose de acuerdo sobre asistencia familiar celebrado entre las partes y si no existiere reconocimiento de firma y rúbrica, se podrá solicitar a la autoridad judicial intimación a la parte requerida para que cumpla la obligación asumida, previa su citación. Dentro del plazo de cinco (5) días el citado podrá presentar oposición, en cuyo caso el proceso se someterá al régimen extraordinario. En caso de no pronunciarse se aplicará lo previsto en el Parágrafo I del presente Artículo” (las negrillas nos pertenecen).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, al interés superior de la niña, niño y adolescente, a contar con una pensión alimenticia y al debido proceso; puesto que, a pesar que el menor de edad AA -beneficiario- en el proceso de homologación de la asistencia familiar, se encontraba hospitalizado: i) El Juez ahora coaccionado concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandado del proceso familiar, remitiendo obrados en original ante el Tribunal de alzada, cuando no debía hacerlo conforme con el art. 447 del CFPF; ii) El Vocal hoy accionado al recibir los obrados originales emitió el Auto de 13 de junio de 2024, disponiendo la devolución de actuados al citado Juez, señalando que tenía que remitir fotocopias legalizadas, cuando tuvo que pronunciarse sobre la inadmisible interposición de dicho recurso de acuerdo al referido artículo; y, iii) El Vocal ahora accionado al emitir el decreto de 22 de julio de igual año, observó la remisión de ciertas piezas; empero, no se pronunció sobre el ilegal recurso de apelación interpuesto por Jesús Luis Vera Urquizo -demandado en el proceso familiar de referencia-, cuando únicamente debió cumplir el art. 447 del CFPF, que determina que ese recurso es inadmisible. Con relación a la problemática establecida en el inc. i)
De lo manifestado -de forma textual- por la parte accionante en su memorial de interposición de esta acción de defensa, se tiene que no fueron controvertidos ni cuestionados por el Vocal y el Juez hoy accionados, más bien corroborados por los mismos, que el citado Juez emitió en el proceso de resolución inmediata de homologación de asistencia familiar seguido por Rosario Isabel Carvajal Avalos contra Jesús Luis Vera Urquizo -demandado-, la Sentencia 020/2024, en la que se dispuso acoger la demanda para ejecución inmediata desde el 17 de julio de 2015, fecha de suscripción del Acuerdo Transaccional, el cual fue ratificado por el Acuerdo Transaccional de 6 de enero de 2024; en consecuencia, se homologó el mismo en todos sus términos, estableciendo que el demandado pague una asistencia familiar de Bs400.- de manera mensual, monto que fue modificado y reajustado a Bs472.- a partir de esa fecha y para futuras liquidaciones; empero, “a los fines” del art. 116.IV del CFPF fue presentada la planilla de liquidación de asistencia familiar por Bs500.-; en razón, al salario mínimo nacional reajustado, más gastos adicionales en el 50%, una muda de ropa de forma trimestral y un tarro de leche mensual en favor del menor de edad AA; a cuya consecuencia, el 9 de mayo de 2024 la parte accionante solicitó, la “…aprobación de la liquidación devengada…” (sic), mereciendo, conforme el propio Juez hoy coaccionado manifiesta en su informe emitido como efecto de esta acción de libertad, el decreto de 10 de igual mes y año, donde dispuso que se ponga en conocimiento de la parte contraria; asimismo, el referido Juez reconoce que dicho trámite no concluyó; debido a que, consideró que al ser interpuesto el recurso de apelación el 14 del mismo mes y año por el demandado del proceso familiar, y no resolverse aún el mismo, no podía tramitar la planilla de liquidación de asistencia familiar solicitada hasta que ese recurso concluya.
Bajo esos antecedentes, la parte accionante denuncia que el recurso de apelación que paralizó el trámite de pago de asistencia familiar devengada, era ilegal, al admitir únicamente la interposición de excepciones de acuerdo al art. 448 del CFPF y que conforme al art. 447 del citado Código no admite recurso de apelación al disponer “sin recurso ulterior”, siendo la pretensión de la parte accionante con la interposición de esta acción de defensa que se declare la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 020/2024 y la aprobación de la planilla liquidación de asistencia familiar; además, de la ejecución del pago devengado desde el 17 de julio de 2015, exigencia que se torna en apremiante; debido a que, el menor de edad AA -beneficiario- se encontraría internado en el Hospital Arco Iris, donde debía ser intervenido quirúrgicamente (Conclusión II.2.).
En ese contexto, corresponde referir que la asistencia familiar es un derecho de los menores de edad quienes son beneficiarios y una obligación de los progenitores, que comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, vestimenta y atención médica, lo que claramente está vinculado a la vida digna y el desarrollo integral del menor de edad que lo recibe, que por el carácter informal de esta acción de libertad puede ser protegida al estar relacionado con el derecho a la vida, que se encuentra bajo su tutela (Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional), en coherencia con el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que implica la preeminencia de los derechos de dicho grupo etario, la prioridad en recibir socorro y atención; además, del acceso a una administración de justicia pronta y oportuna, por constituirse en un grupo vulnerable que cuenta con un tratamiento jurídico proteccionista, obligando a que las decisiones que deban tomar las autoridades con referencia a los nombrados sean velando siempre por su interés superior y aplicando un grado especial de diligencia y cuidado al momento de adoptar sus decisiones (Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional). Ahora bien, la asistencia familiar puede ser tramitada a través del proceso extraordinario o del proceso de resolución inmediata, que forman parte del sistema de procesos en materia familiar, en el presente caso se siguió el procedimiento del proceso de resolución inmediata, donde se exige en el caso de la asistencia familiar, deba existir un acuerdo; es así que, dicho trámite únicamente consiste en homologar el arreglo voluntario arribado entre las partes sobre la asistencia familiar; es decir, que no implica la existencia de hechos controvertidos que discutir; por lo tanto, la naturaleza de este nuevo tipo de proceso familiar es de resolución rápida y expedita; puesto que, al existir consentimiento de las partes intervinientes no queda más que su aprobación para su cumplimiento inmediato, siendo en esa lógica impertinente un mecanismo de impugnación en dicho proceso de resolución inmediata, el cual tampoco se encuentra establecido expresamente en la normativa familiar, contrariamente a lo normado para el proceso ordinario y extraordinario, que si prevén expresamente un procedimiento de impugnación; en ese sentido, el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar específicamente el proceso de resolución inmediata, establece en su art. 448, de determinación de la asistencia familiar, en su parágrafo II, que una vez emita la sentencia para su ejecución inmediata, la parte obligada tendrá el plazo de cinco días para oponer las excepciones previstas por el art. 252 del citado Código; siendo ese medio el único permitido para ser interpuesto por el obligado; es más tratándose en la aprobación de la asistencia familiar dentro este tipo de proceso, se emite resolución dentro los cinco días siguientes sin recurso ulterior, conforme con el art. 447 del CFPF; por consiguiente, no existe ningún recurso ordinario dentro el proceso de resolución inmediata en consideración a la naturaleza rápida con la que fue concebido ese procedimiento.
En ese entendido, y al ser una verdad material que el trámite de pago de la asistencia familiar devengado en favor del menor de edad AA, se encuentra paralizado, a pesar de existir la Sentencia 020/2024 que homologó el Acuerdo Transaccional de 17 de julio de 2015 ratificado por el Acuerdo Transaccional de 6 de enero de 2024, disponiendo la ejecución de la asistencia familiar desde el 17 de julio de 2015, circunstancia que derivó del accionar del Juez hoy coaccionado -que se encuentra plenamente confirmado a través de su informe- que no fue asumido en apegó a la normativa familiar en actual vigencia ni en consideración a la jurisprudencia constitucional citada; debido a que, ante la interposición del recurso de apelación por parte del demandado en el proceso familiar en el ejercicio de su atribución establecida por el art. 380.II CFPF, la referida autoridad judicial observando el marco normativo del proceso de resolución inmediata, que no determina un procedimiento de impugnación al emitir Sentencia, como al momento de solicitud de aprobación de asistencia familiar, debió negar la concesión de ese recurso, incluso al conceder erróneamente el recurso de apelación en efecto devolutivo como si se tratara de una apelación dentro del proceso ordinario o extraordinario, el Juez ahora accionado ordenó la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada en originales, cuando las apelaciones concedidas en dicho efecto disponen que sean remitidas las piezas estrictamente necesarias en fotocopias legalizadas para que continúe el trámite -art. 388.I del CFPF-, y únicamente permite la remisión del “expediente” en original cuando no se tenga nada que tramitar o ejecutar -art. 389.II del CFPF-, situación que no se da en el caso concreto; puesto que, se encontraba sustanciando la planilla liquidación del monto de asistencia familiar devengado, trámite que conforme con los arts. 127.I y 415.VII del CFPF, no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, al constituirse la asistencia familiar en un suministro que representa de interés para el beneficiario menor de edad como ya se expuso más adelante, que no puede ser paralizado de acuerdo establece la normativa legal vigente y la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, por la urgencia de satisfacción de las necesidades del beneficiario; es decir, que el Juez hoy coaccionado desplegó un accionar groseramente negligentemente en el presente caso; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada respecto al mismo.
Respecto a las problemáticas de los incs. ii) y iii)
En el marco determinado precedentemente, se concluye que el actuar del Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de 13 de junio de 2024 y el decreto de 22 de julio de ese año, no fue asumido considerando la naturaleza del proceso de resolución inmediata, que no establece ningún tipo de impugnación, ya que aceptar aquello, desnaturalizaría este tipo de proceso rápido y expedito, si bien observó la remisión de los antecedentes del proceso en originales, al ser concedido el recurso de apelación en efecto devolutivo, considerando además que el trámite de asistencia familiar debió continuar a pesar de la impugnación; sin embargo, lo único que generó es dilación indebida y excesiva en la ejecución de la asistencia familiar, del cual es beneficiario el menor de edad AA, lo que claramente vulnera los derechos reclamados por la parte accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada también respecto al citado Vocal, para que se prosiga con el trámite de ejecución de la asistencia familiar devengada de manera inmediata y de forma inexcusable, al estar su suministro orientado a garantizar el desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes con dignidad, criterio asumido en virtud al principio del interés superior del menor, que protege los derechos de este sector vulnerable. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, con relación a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, al interés superior de la niña, niño y adolescente, a contar con una pensión alimenticia y al debido proceso, respecto al Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del referido departamento, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que:
a) El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, continúe con la tramitación de pago de asistencia familiar devengada. b) El Vocal de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se pronuncie inmediatamente sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por Jesús Luis Vera Urquizo -parte demandada en el proceso de asistencia familiar-. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0763_2024-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 06a250b7f0a455bbe83e1354a1fbcdebaeb42a5ab4e647e7fe069680b4fb4159
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