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SCP 0763/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
48502-2022-98-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad ahora demandada mediante Auto de Vista 775/2021 confirmó en parte el Auto interlocutorio 433/2021 disponiendo como enervando el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP; y, manteniendo subsistente los establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sin valorar las pruebas ofrecidas en audiencia al respecto. En consecuencia, corresponde dilucidar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 126 a 128 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:
  2. III.2. La acción de libertad y su ámbito de protección
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0763/2023-S4 Sucre, 21 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 48502-2022-98-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 100/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 126 a 128 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Condori contra Henry David Sánchez Camacho, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 72 a 81; de subsanación el 11 de febrero de 2022 (fs. 88 a 95); y de aclaración el 10 de marzo del mismo año (fs. 105 a 106 vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, que le sigue el Ministerio Público a denuncia de Blanca Marisol Vidaurre Peñaranda, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz; llevándose a cabo la audiencia de consideración de medida cautelar el 14 de septiembre de 2021, en la cual, a través de Auto 433/2021, la autoridad a quo, dispuso la medida extrema de su detención preventiva, pese haber presentado los elementos probatorios para desvirtuar los riesgos previstos en los arts. 234.1 en los elementos de familia, domicilio y trabajo; por ende también sería enervado el numeral 2 (extremo que no se pronunció el Juez de la causa); con referencia al numeral 6 del mismo artículo, su persona hizo llegar documentación que no fue valorada y esta autoridad basándose en certificados médicos forenses, estableció que su persona contaría con actividad delictiva; por lo que, este riesgo estuviera latente; en cuanto al numeral 7 de este mismo artículo, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), justifica la concurrencia de este riesgo procesal, citando al efecto la SCP 0545/2020-S4 de 6 de octubre, argumentos carentes de fundamentación, motivación y congruencia, lo cual le causó agravios a sus derechos fundamentales; dando lugar a que interponga su recurso de apelación. Agregó que, dicho Recurso fue resuelto por la autoridad ahora demandada en calidad de Presidente de la citada Sala, a través del Auto de Vista 775/2021 de 22 de octubre –hoy impugnado–, denunciando que, se debe aclarar que, en el desarrollo de la audiencia, previa compulsa de agravios esta Sala denoto falta de fundamentación, motivación y congruencia respecto al art. 234.6 del CPP, determinando que este riesgo quede enervado, entendimiento y razonamiento que no aplica en los demás riesgos procesales como los establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del citado Código, los cuales también deberían ser bajo ese mismo lineamiento; sin embargo, no ocurrió de esa manera, además de no fundamentar ni motivar el por qué la permanencia latente y vigencia de estos dos riesgos procesales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 9, 22, 23.I y III, 115, 117.I, 119 y 120.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la revocatoria del Auto de Vista 775/2021 de 22 de octubre, modificando los argumentos respecto a los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 235.2 del CPP, por ser inoportuna la vigencia de los mismos, ordenando de inmediato su libertad irrestricta.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 123 a 125, presentes la defensa del solicitante de tutela y la parte tercera interesada; ausentes la autoridad demandada y el impetrante de tutela, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Henry David Sánchez Camacho, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 19 de mayo de 2021, cursante de fs. 118 a 122 vta., manifestó que: a) Respecto al Auto de Vista ahora cuestionado, la parte impetrante de tutela al considerar la vulneración de sus derechos, previamente, debió solicitar explicación, complementación y enmienda al amparo del art. 125 del CPP, lo cual no hizo, obviando este mecanismo rápido y oportuno; esto quiere decir, de que se estaba de acuerdo con la decisión asumida por el Tribunal de alzada; sin embargo, pretende que se le tutele dichos derechos a través de esta acción de defensa, faltando al principio de subsidiariedad; b) Además que solo refiere de manera lírica que se le habría lesionado sus derechos al debido proceso, la falta de fundamentación, motivación y congruencia; y de libertad, sin explicar o argumentar cómo o bajo qué vertiente de su derecho y garantía han sido vulnerados; c) Asimismo, se debe tomar en cuenta que en audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, se consideró y resolvió todos los agravios interpuestos por la parte imputada; en cuanto, al art. 234.7 de la norma adjetiva penal, revisó minuciosamente la resolución de la autoridad a quo, de acuerdo a la SCP 0545/2020-S4; d) Respecto al art. 235.2 del CPP, se resolvió el mismo conforme estableció la autoridad de primera instancia, de que el imputado podría influenciar negativamente en la víctima, en los familiares y en los testigos que tienen conocimiento de los hechos de violencia familiar y doméstica; así como, de los vecinos del lugar, entonces este riesgo procesal está coherentemente planteado, porque se está señalando a quienes y como va a influenciar de manera negativa; y, e) Por último, la parte accionante interpone acción de amparo constitucional con relación al debido proceso; sin embargo, esta acción tutelar no protege el derecho a la libertad, con relación al procesamiento indebido; ya que, el mismo está protegido por la acción de libertad; por lo que, acudió a la vía tutelar errónea, citando al respecto los razonamientos expuestos conforme a la SC 0288/2044-R; además de que esta acción de amparo constitucional, no cumple con los requisitos esenciales establecidos en los arts. 128 de la CPE; y, 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es así que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Blanca Marisol Vidaurre Peñaranda, a través de su abogado en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, a través de su abogado defensor, manifestó que: 1) El presente proceso ya cuenta con Requerimiento conclusivo de acusación, lo cual da fin a la etapa preparatoria; 2) El imputado, ha sido cautelado previa valoración de todas las pruebas producidas durante el proceso; además de reforzar atención cuando se trata de hechos violentos contra la mujer en función a lo estipulado en la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia– y el art. 15 de la CPE; y, los tratados internacionales como el de Belén Do Pará el cual da lineamientos para ello; 3) Por otro lado, es pertinente referir que el 1 de enero de 2022, cuando el imputado se encontraba privado de su libertad le realizó veinticinco llamadas desde el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, utilizando un teléfono celular sin autorización, afectando su bienestar y tranquilidad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 100/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 126 a 128 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto al Auto de Vista hoy cuestionado, esta Sala Constitucional, advierte que la misma contiene una debida fundamentación y motivación, explicando por qué razones el ahora impetrante de tutela aún no ha desvirtuado los riesgos procesales, el Tribunal de alzada en su fallo fundamentó los motivos de por qué todavía persiste los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7; y, 235.2 del CPP; siendo evidente que la normativa debe expresar las normas adjetivas y sustantivas y no un mero relato; ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional, en sus diferentes líneas ha expresado que toda autoridad que dicte una resolución debe contener los elementos necesarios y no siempre una exposición ampulosa, como se señaló el Auto de Vista objetado, explica por qué no se ha desvirtuado los riesgos procesales y resolver todos los agravios; además, en la última parte de la resolución, indica que las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas conforme dispone el art. 250 del Código procesal penal; y, iii) Respecto a la supuesta falta de congruencia en el referido Auto de Vista, el accionante tampoco indica de qué manera existe una ausencia de congruencia sin señalar si se trata de un congruencia interna, externa o dinámica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 433/2021 de 14 de septiembre, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar tercero, con sus facultades establecidas en los arts. 54 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–; y, de acuerdo a los arts. 233.1 y 2; 234.2.6.7; y 235.2, todos del CPP, se determinó que por el momento Juan Carlos Condori Mollericona – ahora accionante–, se defienda desde la medida extrema de la detención preventiva, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, mismo que fue apelado (fs. 39 a 42 vta.). II.2. A través de Auto de Vista 775/2021 de 22 de octubre, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, –hoy demandado–, declarando admisible el recurso de apelación planteado, al haber sido presentado en el plazo previsto por el art. 251 del CPP, determinando la procedencia en parte de las cuestiones hoy propuestas y en su mérito confirmar en parte el Auto interlocutorio 433/2021 14 de septiembre, disponiendo que el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 ha sido desvirtuado, quedando vigentes los demás riesgos procesales señalados en la citada Resolución del a quo y conformados a través de este Auto de Vista (fs. 43 a 45 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad ahora demandada mediante Auto de Vista 775/2021 confirmó en parte el Auto interlocutorio 433/2021 disponiendo como enervando el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP; y, manteniendo subsistente los establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sin valorar las pruebas ofrecidas en audiencia al respecto. En consecuencia, corresponde dilucidar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:

Todos los demás derechos no protegidos por otras acciones de defensa De acuerdo a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales se materializa en la justicia constitucional mediante las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa, entre ellas: la acción de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, las cuales según su naturaleza tienen distintos ámbitos de tutela; en ese marco, la SCP 0087/2020-S4 de 14 de julio; estableció que: ‘Conforme (…) el art. 128, la acción de amparo constitucional ‘…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley´. De acuerdo a ello, se puede afirmar que la citada acción, es un mecanismo constitucional de defensa con un amplio margen de protección, por cuanto no especifica de manera concreta, detallada y limitada qué derechos son susceptibles de ingresar a su ámbito de resguardo; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, se establecen ciertas restricciones en concordancia con las demás acciones de defensa constitucional reconocidas por la Constitución Política del Estado. Así, como una de las causales de improcedencia, prevé ‘Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular’ (art. 53.5), entendiéndose de ello que todos los demás derechos no protegidos por las otras acciones constitucionales, son amparados por la presente acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. La acción de libertad y su ámbito de protección

Asimismo, la precitada SCP 0087/2020-S4, en cuanto a la temática de exordio, reiterando entendimientos anteriores; concluyó que: “La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la CPE, está al alcance de ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad’. Conforme al art 46 del CPCo: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. En la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, se estableció que: ‘…para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley”’ (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad ahora demandada mediante Auto de Vista 775/2021 confirmó en parte el Auto interlocutorio 433/2021 disponiendo como enervando el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP; y, manteniendo subsistente los establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sin valorar las pruebas ofrecidas en audiencia al respecto. Identificada que fue la problemática planteada, de antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Blanca Marisol Vidaurre Peñaranda contra Juan Carlos Condori Mollericona –ahora accionante–, el 13 de septiembre de 2021, Liliana Carolina Choque Valda, Fiscal de Materia Especializada en Delitos de razón de Género y Juvenil, presentó Imputación Formal 77/2021 ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz –Juez de la causa–; posteriormente, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del citado departamento, en suplencia legal de su similar tercero, emitió Auto Interlocutorio 433/2021, en el cual haciendo uso de sus facultades establecidas en el art. 54 del CPP modificado por la Ley 1173; y, conforme los arts. 233.1 y 2; 234.2.6.7; y 235.2, todos de la misma norma adjetiva penal, determinan que por el momento el ahora impetrante de tutela, se defienda desde la medida extrema de la detención preventiva, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, cuya decisión fue objeto de apelación (Conclusión II.1).

En ese entendido, el solicitante de tutela identificó al Auto de Vista ahora impugnado, como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, hoy reclamados de tutela; toda vez que, el Vocal demandado, en dicho Auto de alzada, declaró admisible el recurso de apelación planteado, al haber sido presentado en el plazo previsto por el art. 251 del CPP, determinando la procedencia en parte de las cuestiones propuestas y en su mérito confirmar en parte el Auto interlocutorio 433/2021 14 de septiembre, disponiendo que el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 ha sido desvirtuado, quedando vigentes los demás riesgos procesales (arts. 234.7 y 235.2 del CPP), señalados en la citada Resolución del a quo y confirmandos a través de ese Auto de Vista, (Conclusión II.2); cuando lo que correspondía era que dichos riesgos sigan la misma línea a fin de que queden desvirtuados y no basarse solamente en los fundamentos vertidos en la SCP 0454/2020-S4 bajo una perspectiva de género, discriminándole por pertenecer al lado opuesto de la víctima. Ahora bien, previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, debe tenerse presente que la misma, recae inequívocamente en la situación jurídica del impetrante de tutela, cuyas medidas restringen su libertad de circulación; por lo que, se advierte que la lesión del debido proceso ahora reclamada, se encuentra directamente vinculada a la restricción de su libertad personal; ya que, el accionante hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar, se encuentra privado de su libertad en el referido Centro Penitenciario al tratarse de riesgos procesales que sustentan la aplicación de medidas cautelares; motivo por el que, el ámbito de tutela de dicha problemática se adecua al de la acción de libertad (Fundamento Jurídico III.2.); en virtud a ello, se suscita la causal de improcedencia de esta acción de amparo constitucional, estipulada por el art. 53.5 del CPCo, al no encontrarse los derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados de lesión, dentro del ámbito de protección de la presente acción de defensa; puesto que, como ya se estableció supra, estos se encuentran directamente vinculados al derecho a la libertad del accionante (Fundamento Jurídico III.1.); por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 126 a 128 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0763_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.

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