B.IA.LEGAL

SCP 0762/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 4 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
4 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
66620-2024-134-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, psicológica y emocional; puesto que: i) El acogimiento circunstancial de la menor de edad AA en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitado por la DNA del Distrito 2 Max Paredes de la referida entidad municipal, que es una medida que resulta extrema, no tomó en cuenta que existen muchos parientes de su familia ampliada que pueden hacerse cargo de la menor de edad AA; y, ii) El Juez ahora accionado dispuso el acogimiento circunstancial de la referida menor de edad en el citado Albergue, mediante Resolución 38/2024 de 26 de febrero, a pesar de comparecer ocho parientes para hacerse cargo de la indicada menor de edad, a quienes se rechazó por ser parientes de su padre agresor; asimismo, el Juez ahora accionado rechazó la solicitud efectuada por ambos progenitores de la reintegración familiar; decisiones, que aparte de dilatar y no considerar los derechos esenciales de la menor de edad AA; por lo que, se está provocando un riesgo para su integridad física y psicológica; ya que, la menor de edad AA se encuentra deprimida y estresada, al punto de tratar quitarse la vida, como dio a conocer a través de una nota que le hizo llegar de manera anónima. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2024 de 9 de abril, cursante de fs. 223 a 227 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes
  2. III.2. La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad
  3. III.3. Interpretación a la luz del principio del interés superior del niño para determinar la guarda, custodia y el acogimiento circunstancial
  4. III.4. Del acogimiento circunstancial de menores de edad
  5. III.5. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0762/2024-S3 Sucre, 4 de septiembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 66620-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2024 de 9 de abril, cursante de fs. 223 a 227 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucy Santos Quiroz en representación de su hija menor de edad AA contra Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, José Luis Valencia Lima, Coordinador de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memorial presentado el 9 de abril de 2024, cursante de fs. 150 a 153 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Lucy Santos Quiroz -accionante- con Freddy Apolinar Mariscal Palle, procrearon a la menor de edad AA, que cuenta con doce años de edad. Por una serie de divergencias, su persona y el padre de la menor de edad AA, iniciaron procesos penales uno en contra del otro, de lo cual resultó como única perjudicada dicha menor de edad, ya que se impuso medidas de protección que deben cumplir, lo que les prohíbe estar al cuidado de la misma. A consecuencia de ello, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitó el acogimiento circunstancial de la menor de edad AA en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria de la referida entidad municipal. Tratándose de una medida errónea, la cual es de carácter extrema; puesto que, se aplicó a la falta de una familia ampliada, lo que no ocurre en el caso concreto; siendo que, son varios los familiares paternos que fácilmente podrían estar a cargo de la menor de edad AA. Por su parte, el Juez ahora accionando, mediante Resolución 38/2024 de 26 de febrero, dispuso el acogimiento en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, otorgando el plazo de treinta días para la búsqueda de un familiar de origen. No obstante, que desde “esa fecha”, se apersonaron ocho familiares de la menor de edad AA en calidad de familia ampliada; empero, ninguno de ellos convenció al Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y menos al Juez ahora accionado. Dicha autoridad judicial, lo único que hizo fue validar la errónea y parcializada observación de la DNA del Distrito 2 Max Paredes de la referida entidad municipal, de que todos los apersonados no podían constituir una familia sustituta, en razón que forman parte de la familia de los agresores de la menor de edad AA; arribando a dicha conclusión en virtud a las medidas de protección adoptadas en la “denuncia penal” contra el padre de la menor de edad AA dispuso prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima -menor de edad AA; es decir, la autoridades ahora accionadas creen que cualquier familiar paterno es medio para intimidar a la menor de edad; por lo que, prefieren que se encuentre en un albergue y no con gente que podría darle un cuidado adecuado. Cuando ambos progenitores solicitaron al Juez ahora accionado la reintegración -se entiende de su hija menor de edad AA- a su familia de origen; dicho Juez, sin considerar el principio de no formalismo y el de proactividad, señaló que no existe ese tipo de pretensiones en el Código Niña, Niño y Adolescente. Todo lo señalado, a más de dilatar y no considerar los derechos esenciales de su hija menor de edad AA, está provocando un riesgo para su integridad física y psicológica; ya que, la indicada menor de edad se encuentra deprimida y estresada, al punto de querer quitarse la vida, de lo cual tuvieron conocimiento a través de mensajes, fotos y una carta que de forma anónima llegó al poder de la tía de la referida menor de edad, y en la cual indicó “ʽ…espero salir pronto para mi tía Mery…”ʹ (sic). En todo caso, será la Jueza de garantías quien escuche de manera directa a su hija menor de edad AA, para conocer cómo se encuentra dicha menor de edad en “este momento”; puesto que, es una obligación considerar su opinión. Todo lo señalado provocó un peligro inminente a la vida e integridad de su hija menor de edad AA; debido a su estado emocional provocado, por encontrarse mucho tiempo en un albergue, pudiendo estar al cuidado de un miembro de la familia, lo que vulneró su derecho a la vida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, psicológica y emocional, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se declare “procedente”, y se disponga que el Juez ahora accionado, autorice de manera urgente la reinserción de su hija menor de edad AA a una familia ampliada a cargo de Mery Angélica Mariscal Palle; asimismo, que el Coordinador hoy coaccionado coadyuve con la referida reinserción.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de abril de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 212 a 224, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad. Respondiendo a las preguntas efectuadas por la Jueza de garantías, señaló que: a) Se refiere a “esa nota”; empero, también existe otra nota que envió la menor de edad AA, donde se evidencia cómo la referida menor de edad solicitó que se le pueda rescatar del “albergue”, son esas dos notas específicas; además, el Juez hoy accionado no consideró la entrevista reservada, que es una garantía constitucional que tiene la menor de edad AA; b) La nota dice “ʽpapi, soy (…), solo quiero pedir un favor, por favor rescátame. En esta casa me siento sola y abandonada, no puedo seguir aquí, papi, ayúdame. Esa vez solo me reñiste, por favor rescátame”ʹ (sic); y, c) En cuanto al principio de subsidiariedad en el caso de protección hacia niñas, niños y adolescentes no es aplicable dicho principio.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: 1) De acuerdo a lo establecido por el art. 54 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), la DNA tiene el deber de poner en conocimiento del juez el acogimiento circunstancial de una niña, niño o adolescente. La autoridad judicial se encuentra obligada de dictar una resolución de acogimiento circunstancial; consiguientemente la DNA, tiene la obligación de buscar a una familia ampliada en el plazo de treinta días, para que posteriormente se proceda con los informes psicosociales emitidos por el personal de la DNA referidos a la reintegración a la familia de origen, la integración a una familia sustituta y al acogimiento institucional, como lo establece el art. 56 del Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de mayo de 2015, modificado por la “Ley 3960”; 2) En una sola ocasión se autorizó la visita de una tía materna. No entiende cómo se obtuvo el documento al que hicieron referencia y que no fue presentado al Juzgado a su cargo; 3) Aproximadamente ocho familiares, tanto del progenitor como de la progenitora, los tíos por línea paterna y una tía por línea materna, se presentaron, a quienes se les otorgó el derecho de visita;

4) En cuanto al pedido de reintegración familiar, si bien es cierto que el art. 193 inc. b) del CNNA, se refiere al principio de informalismo, aquello no implica que se deba vulnerar la normativa y el procedimiento establecido por el art. 54 -se entiende del referido Código-, estableciendo la norma que una de las posibilidades como es la reintegración familiar de origen, la integración a una familia sustituta, terceras personas, no necesariamente familiares o en caso de que no sea posible o se encuentren familiares, se pueda realizar el acogimiento institucional, lo cual constituye una previsión de la norma y no un antojo de su autoridad; no está facultado para disponer la reintegración familiar a petición de parte, lo que su autoridad hizo es poner en conocimiento que existe una persona que quiere la reintegración familiar, en cuyo caso es la DNA, a través de sus trabajadores sociales y psicólogos, la que realiza las valoraciones psicosociales; por lo que, la petición efectuada por el “abogado” tiene por finalidad “desmarcar” a esos profesionales; y, 5) De acuerdo a los antecedentes, el acogimiento circunstancial se dio el 26 de febrero de 2024, y transcurrieron treinta días, y se conminó a la DNA a que cumpla con la normativa y solicite el cese del acogimiento circunstancial, y luego de los informes psicosociales, recién pedir se realice la reintegración familiar, la integración a la familia o el acogimiento institucional; por lo que, no entiende porqué se encuentra en peligro la vida de la menor de edad AA, si se están siguiendo todos esos pasos; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. José Luis Valencia Lima, Coordinador de la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante informe presentado el 9 de abril de 2024, cursante a fs. 211 y vta., y en audiencia a través de su abogado, manifestó que: i) La acción de libertad interpuesta contra su persona, no señala cual es la vulneración en la que incurrió; por su parte adjuntó documentación pertinente que demuestra que las acciones asumidas por esa Defensoría, se encuentran debidamente respaldadas en cada caso, en resguardo de los derechos de la menor de edad AA; ii) Lo relatado por la progenitora causa extrañeza; por otra parte, no se cuenta con “esa nota” que supuestamente establecía que la referida menor de edad presenta “signos” de posible suicidio y de “Cuting”; por lo que, se pidió que la progenitora aclare de donde o qué persona obtuvo ese medio de prueba, que es en realidad para alarmar a su autoridad, ya que la citada menor de edad se encuentra con un debido resguardo y cuidado por profesionales que elevan informes pertinentes y de manera inmediata ante cualquier suceso; iii) En cuanto a la actuación de la “Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, en la Resolución 42/2024 de 19 de febrero, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucy Santos Quiroz -accionante- y Freddy Apolinar Mariscal Palle contra el Director de la Unidad Educativa turno tarde “San Antonio”, se dispuso que la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, debía practicar cualquier tipo de actitud procesal y garantizar la estabilidad emocional, la integridad física y psicológica de la menor de edad AA; iv) Asimismo, presentó el contrato de servicio de educación escolar con relación al acta de formalización de inscripción de la referida menor de edad; es decir, que promovieron que se respete su derecho a la educación; por lo que, presentaron las medidas de protección dentro del caso Fiscalía 2011-030-52-30-21-84, referida a una denuncia interpuesta por Freddy Apolinar Mariscal Palle contra la accionante por violencia familiar o doméstica, donde la víctima de esa causa es la menor de edad AA; asimismo, en el caso Fiscalía 2011-0-2012-1048, mediante decreto de 30 de noviembre de 2023, “Emma E. Padilla Guer”, Fiscal de Materia asignada al caso, requirió que la referida Defensoría promueva el rescate de la víctima -menor de edad AA-, en ese caso por el delito de abuso sexual que fue denunciado contra Freddy Apolinar Mariscal Palle -progenitor de la menor de edad AA-; de igual manera se cuenta con las medidas de protección que se adjuntaron, que hizo referencia al delito de abuso sexual, donde también se establece la garantía que se debe otorgar a la víctima -menor de edad AA-; v) Aproximadamente ocho meses antes de procederse al rescate y a la emisión de esos requerimientos, en los cuales se autorizó a la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que proceda al rescate correspondiente; es decir, podrían interpretar que con la “resolución de integración” tenían que proceder y entregar a la madre; vi) De la misma manera se adjuntó la Resolución “…cuarenta quebrada dos mil veinticuatro…” (sic) sobre las medidas que se le otorgaron al progenitor con detención domiciliaria; vii) Conforme al Informe Psicológico de Seguimiento con CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UDIF - PAIF MAX PAREDES/DNA/30/2024 de 20 de febrero, y ante la pregunta de con quienes se encontraba viviendo, la menor de edad AA señaló que vivía con “Francisca Palle, Teologio Mariscal”, “…con mis tíos Efraín Mariscal, Jaime Mariscal, Meri Mariscal, con mi papá Freddy Mariscal Palle y mis dos primas, una se llama Anabel Mariscal y Daria Mariscal…” (sic); es decir, teniendo conocimiento que su hija estaba con medidas de protección, se hallaba viviendo con su padre; viii) Si bien se dio curso a la integración -se entiende en favor de la progenitora-, ésta no podía entregar -se entiende a la menor de edad AA- al progenitor y menos por medio de terceras personas, como lo es todo el entorno de la familia paterna; ix) Del referido Informe se puede advertir que fue la menor de edad AA quien se exaltó, y padecía de maltrato por su entorno familiar; x) Asimismo, de acuerdo a los últimos informes elevados por el personal del Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se tiene que ésa instancia tiene la obligación de poner en conocimiento de manera inmediata, tanto de la DNA del Distrito 2 Max Paredes o de la Dirección de las Defensorías, ambas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cualquier situación emocional, psicológica o física que presente la menor de edad AA, siendo esas dos instancias las que precautelan la integridad física y psicológica de la referida menor de edad -víctima en el presente caso-; también llamó la atención que la accionante y Freddy Apolinar Mariscal Palle -padres de la menor de edad AA- hubiesen suscrito un documento privado de compromiso conciliatorio, siendo que la conciliación se encuentra prohibida por el art. 47 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; asimismo, llama la atención que los abogados de la defensa, por medio de los referidos documentos hubiesen tratado dar de baja las demandas que se dieron entre ambos “sujetos”, inclusive el referido al proceso por el delito de abuso sexual, respecto del cual la madre de la menor de edad AA es la denunciante; xi) Llama la atención el Informe Técnico con CITE “02 quebrado 2024”, emitido por la Trabajadora Social del “Servicio Departamental de Gestión Social”, que esa señora -refiriéndose a la accionante-, se apersonó a las instalaciones del “UCBPS” e indicó que no quería realizarse la valoración psicosocial y se llevó de manera violenta la documentación presentada un día anterior; xii) Asimismo, se puso en conocimiento del coordinador de la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que esa señora -se entiende a la accionante- “hace aproximadamente media hora” se encontraba en instalaciones de la referida Defensoría, provocando y alterando a todo el personal y a la ciudadanía que acude a sus instalaciones pretendiendo hacer prevalecer sus derechos con insultos y denigraciones; xiii) Como resaltó el Juez ahora accionado, un abogado hizo referencia a “…8 y el otro abogado a 11…” (sic) -se entiende a las personas que se apersonaron para hacerse cargo de la menor de edad AA-; sin embargo, todos ellos son parte de la familia del agresor -padre de la referida menor-; asimismo, es la propia menor de edad AA, quien señaló que se encontraba viviendo con todos ellos, quienes se hacían de la “vista gorda” de las agresiones a la víctima -menor de edad AA-, por parte del progenitor; y, xiv) Pidió se deniegue la tutela solicitada por la accionante, quien no tiene legitimación activa.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/2024 de 9 de abril, cursante de fs. 223 a 227 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De los antecedentes se establece que la hija menor de edad AA de la accionante se encuentra en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dispuesto mediante el procedimiento de acogimiento circunstancial presentado por la DNA del Distrito 2 Max Paredes de la referida entidad municipal; de acuerdo a lo establecido por el art. 54 del CNNA, el acogimiento circunstancial tendría una duración de máxima de treinta días, tiempo en el cual la referida Defensoría agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente, esa medida será evaluada de manera permanente por la autoridad judicial; vencido dicho plazo, la DNA dentro de las cuarenta y ocho horas, solicitará al juez de la niñez y adolescencia el cese del acogimiento circunstancial y la integración de la niña, niño o adolescente a una familia sustituta o su derivación a un centro de acogida; recibida dicha solicitud, el juez dentro de las cuarenta y ocho horas, emitirá resolución de acogimiento institucional; b) En el cuaderno procesal, cursan apersonamientos de personas que solicitaron visitas; asimismo, se apersonó Mery Angélica Mariscal Palle; sin embargo, de acuerdo al Informe de 4 de abril de 2024, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, indicó la imposibilidad de considerarla como familia ampliada, en razón a pertenecer a la familia paterna, ya que tuvo conocimiento de la denuncia contra el progenitor de la menor de edad AA, estando dicha Defensoría en el deber de proteger a la menor de edad, ya que de acuerdo a la naturaleza del proceso de acogida circunstancial, la DNA es una entidad competente soló para solicitar el cese de la acogida, integración, reintegración de la menor de edad a una familia ampliada, aspecto que necesariamente debe estar respaldado con informes realizados por los profesionales de esa entidad; c) Por decreto de 3 abril de 2024, emitido por el Juez hoy accionado, se efectuó una conminatoria a la DNA del Distrito 2 Max Paredes de la citada entidad municipal, para que presente su solicitud de cese del acogimiento circunstancial, la reintegración, la integración familiar o el acogimiento institucional; siendo un trámite temporal, y habiéndose cumplido el plazo estipulado en la norma, corresponde a la referida Defensoría, efectúe pronunciamiento en respuesta a la conminatoria judicial; consiguientemente, no corresponde que mediante esta acción de libertad se disponga directamente la integración familiar de la menor de edad AA, a la tía paterna, sin contar con los informes correspondientes que debe efectuar la mencionada Defensoría; d) Los hechos relacionados a las notas escritas por la menor de edad AA que fueron entregadas a la madre por personas anónimas, donde manifestó su malestar y deseos de estar con su tía “Mery”, deben estar acompañadas por estudios de profesionales en psicología; es decir, acreditados y corroborados de manera objetiva y profesional, siendo la DNA la instancia para ese efecto, ya que cuenta con el personal capacitado; de la documentación presentada, se evidencia que no se tienen los elementos suficientes para determinar la existencia de un peligro inminente para la vida o integridad emocional y física de la menor de edad AA; de acuerdo a lo adjuntado por la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la accionante utilizó otros mecanismos constitucionales; en consecuencia, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 42/2014, dio directrices para la protección integral de la menor de edad AA, concediendo la tutela solicitada y determinado en su punto segundo que la DNA debe garantizar su integridad física y psicológica, ya que la referida menor de edad pasa a ser su interés; por lo que se reserva de activar cualquier vía contra quienes restrinjan los derechos de la menor de edad AA; entonces del contenido de dicha Resolución se establece la existencia de vías para la protección de la menor de edad AA, en caso de evidenciar objetivamente la vulneración de sus derechos; e) En la “audiencia”, tampoco se presentaron mayores elementos objetivos para establecer la existencia de parcialización de los informes psicosociales producidos por la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, siendo que en el cuaderno jurisdiccional que se remitió, cursa el último Informe “PAIF MAX PAREDES” de 5 de marzo de 2024, emitido por Rolando Gonzales Elum, Psicólogo, que en sus conclusiones estableció que en función de la entrevista, la menor de edad AA, se encuentra en un estado emocional estable, bajo el cuidado de sus profesoras y amigas en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria de esa entidad municipal, donde le brindan protección, afecto y satisfacen en sus necesidades básicas, además que muestra una evaluación con actitud colaborativa, encontrándose lúcida con una memoria conservada; ese informe se encuentra en contraste con las notas presentadas por la accionante, como prueba del supuesto peligro a la vida, a la integridad emocional y física de la menor de edad AA, siendo que una sola de las notas consigna “julio 2023”; sin embargo, no existe fecha cierta del tiempo en el que fueron escritas por la citada menor de edad, siendo en todo caso el último informe psicológico de “fecha reciente”; en ese sentido, no existen elementos o la materia suficiente para establecer la situación de peligro respecto a la referida menor de edad dentro de su acogimiento circunstancial en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; y, f) De la documentación que cursa en el cuaderno jurisdiccional, se establece la existencia de procesos penales seguidos por el Ministerio Público contra ambos progenitores, en los cuales la menor de edad AA se encuentra consignada como víctima de los delitos de violencia familiar o doméstica por parte de la madre y abuso sexual por parte del padre, habiéndose dispuesto en ambos casos medidas de protección en favor de la menor de edad AA; consiguientemente, acreditado con prueba pertinente el procesamiento penal contra los padres de la referida menor de edad que en definitiva no pueden ser soslayados a fines de determinar el lugar donde debe vivir, exenta de todo tipo de riesgos; es decir, precautelando su vida, e integridad física y emocional. En vía de complementación y enmienda, la accionante a través de su abogado solicitó a la Jueza de garantías que se aclare respecto a lo manifestado en sentido de que la nota enviada a su despacho y la fotografía; es decir, las pruebas donde la menor de edad AA pidió auxilio no se encuentran respaldadas técnica y pericialmente; razón por la cual, se solicitó entrevista reservada, considerando lo establecido por la SC “03-37/2010” de 15 de junio que se refiere a las características de la acción de libertad, teniendo en cuanta que la menor de edad AA se encuentra reprochada y revictimizada; por lo que, pidió que se aclare por qué no consideró la entrevista reservada, así como cuál es el motivo por el que se hizo mención al progenitor de la referida menor de edad, ya que su persona pidió la reintegración familiar hacia Mary Angélica Mariscal Palle -tía de la menor de edad AA-; y, finalmente, se aclare sobre el informe psicosocial; puesto que, el Juez hoy accionado amplió una semana para esa situación; empero, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, señaló que no le dará tiempo para realizar esos informes. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías dispuso que la menor de edad AA sujeta a acogimiento circunstancial, fue víctima de la situación generada por sus progenitores; por lo que, no se podía provocar un escenario de revictimización sobre aspectos que estaban siendo “vividos”; por otra parte, para ese efecto se requiere conocimientos especializados de psicología, los cuales no los posee; por lo que, no se puede esperar que dé una entrevista reservada hecha por su autoridad a la referida menor de edad, que pueda establecer de manera inmediata la existencia del peligro emocional, lo cual requiere ser evaluado de manera técnica y profesional; ya que, ese aspecto no es viable. En cuanto a la mención del progenitor son aspectos que se encuentran contenidos y forman parte de los argumentos de la acción de libertad y del informe de la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y asume que serán considerados en los informes psicosociales. Con relación al pronunciamiento sobre la conminatoria efectuada por el Juez ahora accionado, éste debe tomar en cuenta todo el contexto de la problemática sobre el acogimiento circunstancial. Respecto a que la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no tendría tiempo para realizar los informes, se trata de plazos establecidos y a los que debe enmarcarse dicha Defensoría; es decir, cumplir con sus funciones, acogiéndose a todos los plazos establecidos en la norma, de no ser así se le genera responsabilidad, ya sea administrativa, penal; por lo que, se ratifica en todos los términos de la resolución.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren a niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 230 a 235); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento de Medidas de Protección de 5 de enero de 2021, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Lucy Santos Quiroz -hoy accionante- contra Freddy Apolinar Mariscal Palle -padre de la menor de edad AA-, dispuso la aplicación de medidas de protección a cumplir por el sindicado, consistentes en la desocupación del domicilio donde habita la víctima -menor de edad AA-, independientemente de la titularía del bien inmueble; prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; la devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima, prohibición de transitar por los lugares donde frecuenta la misma, prohibición de ingreso al domicilio de la víctima aunque se trate de un domicilio familiar; prohibición de intimar por cualquier medio o a través de terceras personas con la víctima así como de cualquier integrante de su familia (fs. 188). Asimismo, cursa decreto de 16 de febrero de 2023, emitido por la Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Adriana Zabala Chavarria contra Freddy Apolinar Mariscal Palle -padre de la menor de edad AA-, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, dispuso medidas de protección en favor de la menor de edad AA -se entiende a cumplir por el imputado-, las prohibiciones de ingreso al domicilio de la víctima aunque se trate del domicilio familiar, de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima, de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia, de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima (fs. 189). Finalmente, cursa Resolución Fiscal de Medidas de Protección de 23 de agosto de 2023, emitida por la Fiscal de Materia, dentro del proceso penal por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, seguido por Freddy Apolinar Mariscal Palle -padre de la menor de edad AA-contra la accionante -madre de la referida menor de edad-, de prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima -menor de edad AA- así como a cualquier integrante de su familia, y la devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima (fs. 186). II.2. Mediante memorial presentado el 23 de febrero de 2024, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -del cual la firma y nombre del funcionario que lo presentó es ilegible-, comunicó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de La Paz, el acogimiento circunstancial de la menor de edad AA, señalando que se logró establecer que la referida menor de edad, se encontraba viviendo con su progenitor -Freddy Apolinar Mariscal Palle-, no obstante que fue denunciado por abuso sexual y violencia familiar o doméstica; y, que por su parte el nombrado denunció a la madre -accionante- de la indicada menor de edad, por violencia familiar o doméstica contra la menor de edad AA; por lo que, al no poder estar bajo el cuidado de los progenitores, se realizó el rescate de la misma, el “9 de febrero” -se entiende de 2024-, llevándola de inmediato al Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 11 y vta.). En respuesta, Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, por Resolución 38/2024 de 26 de febrero, dispuso el acogimiento circunstancial de la menor AA de once años de edad, en el referido Albergue Bicentenario; y, aclaró que dicho acogimiento no constituye una guarda y que deben cumplirse los plazos establecidos por ley de esa medida de protección de carácter excepcional y provisional (fs. 10 y vta.). II.3. Cursan memoriales presentados por parientes de la menor de edad AA sujeta a acogimiento circunstancial, y los decretos que les corresponden, de acuerdo al siguiente detalle: 1) Mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2024, ante el Juez hoy accionado, Lourdes Murga Palle, se apersonó solicitando visitas a su sobrina -menor de edad AA- (fs. 15 y vta.), el cual mereció el decreto de 29 de igual mes y año, por el que el Juez ahora accionado ordenó el traslado a la “DNA” (fs. 16); Asimismo, por memorial presentado el 5 de marzo de igual año, ante el referido Juez, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respondió a la solicitud de visitas, formulada por Lourdes Murga Palle (fs. 79 y vta.); que mereció el decreto de 7 del señalado mes y año, mediante el cual el Juez hoy accionado puso a conocimiento de la nombrada (fs. 80); 2) Por memorial presentado el 28 del citado mes y año, Mery Angélica Mariscal Palle, alegó que tiene predisposición para acoger a su sobrina -menor de edad AA- y pidió derecho de visita (fs. 18 a 19) el mismo que recibió el decreto de 29 de febrero de 2024, con traslado a la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, (fs. 20). Mediante memorial presentado el 4 de marzo del citado año, ante el Juez hoy accionado, la referida Defensoría, respondió al pedido de visita formulada por Mery Angélica Mariscal Palle (fs. 67 y vta.) mereciendo el decreto de 6 de marzo de igual año, con traslado a la nombrada (fs. fs. 68). Además, mediante memorial presentado el 5 de marzo de 2024, la nombrada pidió se pronuncie con relación a la “automación” de visita solicitada, el cual fue respondido por decreto de 6 de igual mes y año (fs. 69 a 70 vta.). Por memorial presentado el 7 del mismo mes y año, Mery Angélica Mariscal Palle, se pronunció respecto a la respuesta de la referida Defensoría (fs. 100 a 102). En respuesta, el Juez hoy accionado, por decreto de 11 del citado mes y año, dispuso no ha lugar a la solicitud de visitas (fs. 103). Posteriormente, Mery Angélica Mariscal Palle, por memorial presentado el 1 de abril del señalado año, pidió la realización de informe psicosocial a su persona (fs. 174 y vta.); 3) Por memorial presentado el 6 de marzo de 2024, la DNA respondió a la solicitud de visitas formulada por la accionante (fs. 73 y vta.). En respuesta, el Juez ahora accionado, por decreto de 7 del citado mes y año, dispuso el traslado a la nombrada accionante (fs. 74); 4) Mediante memorial de 6 de igual mes y año, Eulogio Mariscal Mamani -abuelo paterno- alegó su predisposición a acoger a su nieta -menor de edad AA- y someterse a un estudio psicosocial (fs. 83 y vta.). El cual, por decreto de 8 de marzo de 2024, corrió traslado a la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 85); 5) Mediante memorial de 6 de igual mes y año, Jaime Hilarión Mariscal Palle -tío de la menor de edad AA-, se apersonó alegando estar con la predisposición de acoger a su sobrina y someterse al estudio psicosocial (fs. 88 y vta.). Por decreto de 8 del mismo mes y año, el Juez hoy accionado dispuso poner en conocimiento de la referida Defensoría (fs. 90); 6) A través de memorial presentado en la citada fecha, Alfonso Cama Pally -tío de la menor de edad AA- se apersonó alegando estar con la predisposición de acoger a su sobrina y someterse al estudio psicosocial (fs. 92 a 93). En respuesta, por decreto de 8 del referido mes y año, el Juez ahora accionado dispuso poner en conocimiento de la citada Defensoría (fs. 94); 7) Efraín Mariscal Palle, por memorial presentado el 6 del mencionado mes y año, se apersonó alegando estar con la predisposición de acoger a su sobrina y someterse al estudio psicosocial (fs. 96 a 97). En respuesta, por decreto de 8 de marzo de 2024, el Juez ahora accionado dispuso poner en conocimiento de la citada Defensoría (fs. 98); 8) Mediante memorial presentado el 19 de igual mes y año, Francisca Palli de Mariscal, en su condición de abuela paterna de la menor de edad AA, se apersonó ante el Juez ahora accionado (fs. 107). Por memorial presentado el 21 de marzo de 2024, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respondió a la solicitud de visitas formulada por Francisca Palli de Mariscal (fs. 114 y vta.). Mereciendo el decreto de 25 de igual mes y año, por el que el Juez hoy accionado, dispuso que esa respuesta sea de conocimiento de la nombrada (fs. 115); y, 9) Mediante memorial presentado el 19 de igual mes y año, ante el Juez ahora accionado, Maribel Santos Pacajes, en su condición de tía materna de la menor de edad AA, alegó que se encuentra en predisposición de acoger y dar respuesta y protección a su sobrina -menor de edad AA- (fs. 111 y vta.). Por memorial presentado el 25 del referido mes y año, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, respondió a la solicitud de las visitas formulada por Maribel Santos Pacajes (fs. 131). Por Auto de 27 de marzo de 2024, el Juez hoy accionado dispuso autorizar las visitas de la nombrada (fs. 132). II.4. Mediante memorial presentado el 29 de febrero de 2024, la accionante demandó la reintegración familiar de su hija -menor de edad AA- (fs. 39 a 40 vta.). En respuesta, el Juez ahora accionado, por decreto de 1 de marzo de igual año, rechazó in limine la solicitud de reintegración familiar, en razón que no existe dicho tipo de demanda (fs. 41). Consta demanda de reintegración familiar a familia de origen de la menor de edad AA, presentado el 29 de febrero del citado año, por Freddy Apolinar Mariscal Palle (fs. 54 a 57). En respuesta, el Juez ahora accionado por decreto de 1 de marzo de igual año, rechazó in limine esa solitud, ya que no existe dicho tipo de demanda (fs. 58). II.5. Por decreto de 3 de abril de 2024, el Juez ahora accionado conminó a la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a presentar el cese del acogimiento circunstancial, en el plazo hábil de tres días (fs. 175). Mediante memorial presentado el 8 de igual mes y año, la referida Defensoría, respondió a la conminatoria (fs. 204 y vta.). II.6. Cursa Auto de 5 de marzo de 2024, mediante el cual el Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de la Paz, dispuso la revocatoria de las medidas cautelares en beneficio del acusado Freddy Apolinar Mariscal Palle, -padre de la menor de edad AA- ordenando su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de dos meses (fs. 204 y vta.). II.7. Cursa Informe Psicológico de Seguimiento con CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UDIF - PAIF MAX PAREDES/DNA/30/2024 de 20 de febrero, emitido por la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 198 a 200).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, psicológica y emocional; puesto que: i) El acogimiento circunstancial de la menor de edad AA en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitado por la DNA del Distrito 2 Max Paredes de la referida entidad municipal, que es una medida que resulta extrema, no tomó en cuenta que existen muchos parientes de su familia ampliada que pueden hacerse cargo de la menor de edad AA; y, ii) El Juez ahora accionado dispuso el acogimiento circunstancial de la referida menor de edad en el citado Albergue, mediante Resolución 38/2024 de 26 de febrero, a pesar de comparecer ocho parientes para hacerse cargo de la indicada menor de edad, a quienes se rechazó por ser parientes de su padre agresor; asimismo, el Juez ahora accionado rechazó la solicitud efectuada por ambos progenitores de la reintegración familiar; decisiones, que aparte de dilatar y no considerar los derechos esenciales de la menor de edad AA; por lo que, se está provocando un riesgo para su integridad física y psicológica; ya que, la menor de edad AA se encuentra deprimida y estresada, al punto de tratar quitarse la vida, como dio a conocer a través de una nota que le hizo llegar de manera anónima. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes

Respecto a la presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0439/2018-S2 de 29 de agosto, señaló lo siguiente:

“La Constitución Política del Estado, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; así, en su art. 58, señala:

Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: ʽEs deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)ʼ. En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, con el entendido, que de acuerdo a su crecimiento y al desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, precisó que: ʽLa protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…ʼ. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no se rige por la subsidiariedad; sin embargo, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero[1], se señaló que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; entendimiento, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales. Sin embargo, tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: ʽ…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…ʼ; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre[2]”.

III.2. La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad

Con relación a la tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad, la SCP 0369/2021-S1 de 23 de agosto, señala que: “El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino, que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; 2) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; 3) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso 4) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.

El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-”. Asimismo, la jurisprudencia interamericana determinó la vinculación existente entre los derechos a la vida e integridad con la atención humana. En el Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Serie C 441. 183, establece que: “La Corte además ha señalado que los derechos a la vida y a la integridad se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración de los artículos 5.1 y 4 de la Convención”.

III.3. Interpretación a la luz del principio del interés superior del niño para determinar la guarda, custodia y el acogimiento circunstancial

Con relación a la interpretación a la luz del principio del interés superior del niño para determinar la guarda, custodia y el acogimiento circunstancial, la SCP 0766/2022-S1 de 8 de agosto, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0297/2020-S1 de 11 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: El interés superior del niño es un principio básico en los derechos del niño, reconocido tanto en la norma constitucional como en los instrumentos internacionales. Así, el art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 3.1 señala:

ʽEn todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niñoʹ. Por lo que, la consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones que estén presentes en el problema jurídico o fáctico. Esto se justifica por la situación especial de los niños -dependencia, condición jurídica y otros elementos, que hacen que sus posibilidades de defender sus propios intereses sean menores; por lo que, quien interviene en las decisiones que les afectan deben tener en cuenta explícitamente sus intereses. En el mismo sentido, el interés superior del niño trasunta en la toma de decisión relacionada con la guarda y custodia y en su caso medidas de protección como el acogimiento circunstancial. Sin embargo, puesto que el interés superior del niño, abarca una amplia variedad de situaciones, reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación, sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando un compromiso adecuado.

Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño. Y, como señala la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño, tiene como objetivo: ʽ…garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niñoʹ. Indica además que es un concepto triple pues es un derecho sustantivo, un principio interpretativo fundamental y una norma de procedimientoʹ. Como principio interpretativo fundamental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) retoma el interés superior del niño como principio regulador de la normativa de los derechos del niño, fundándose en la dignidad del ser humano. Así en el Caso González y Otras (ʽCampo Algodoneroʼ) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, indicó: ʽ(…) La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edadʼ. Asimismo, en el Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile.[9], se señala: Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado, en su observación número 14, que el concepto del interés superior del niño ʽes garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención [de los Derechos del Niño]ʼ. En ese sentido, ha establecido que el interés superior del niño es un concepto triple: a) un derecho sustantivo, en el sentido que el niño y la niña tienen el derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se debe poner en práctica cuando se adopte una decisión que afecte a un niño o niña; b) un principio jurídico interpretativo fundamental, de forma que las normas se interpreten de forma que satisfaga el interés superior del niño o niña; y c) una norma de procedimiento, que requiere que siempre que se adopte una decisión que afecte a niños y niñas se tome en cuenta las repercusiones que puede tener en ellos. En su dimensión de jurídico interpretativo fundamental, compele a que toda cuestión jurídica y fáctica que involucre real o potencialmente a un menor, debe interpretarse a la luz de su interés superior, lo que nos conduce a que el órgano encargado de la aplicación de una norma deba considerar, de entre todas las interpretaciones posibles, aquella que satisfaga en mayor medida el interés de este último. Consiguientemente, el interés superior del niño será el criterio ordenador que guía cualquier decisión, incluido el tema sobre guarda y acogimiento, puesto que constituye el límite y punto de referencia último de esta institución jurídica, así como de su propia operatividad y eficacia”.

III.4. Del acogimiento circunstancial de menores de edad

La SCP 0766/2022-S1 de 8 de agosto, señala que: “ʽCon relación al acogimiento circunstancial de menores de edad, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, estableció que: …el acogimiento es una medida de protección de quien se encuentra desamparado e indefenso; en el caso de la niñez y adolescencia, dentro de la doctrina de la protección integral a la que se circunscribe el Código de la materia, el acogimiento se traduce en una medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que éstos necesitan, al ser aplicable en defecto de la guarda, es de carácter excepcional y temporal…ʹ. Por su parte la SC 2368/2010-R de 19 noviembre, refriéndose al control jurisdiccional al que debe estar sometida, señala: …Por su naturaleza y en atención a que los sujetos de la medida de protección social del acogimiento son niños, niñas o adolescentes, a fin de garantizar la efectiva y real prevalencia del interés superior de éstos y que no se adopte de manera arbitraria, siempre debe estar sujeta a control jurisdiccional; así, la regla es que siempre se adopte por determinación judicial y solamente de manera excepcional, bajo ciertos supuestos y condiciones, sin ella. Por su parte la SCP 0313/2015-S1 de 30 de marzo, refiriéndose al art. 53 del CNNA vigente desde el 6 de agosto del 2014, señala que dicha disposición …desarrolla lo referente al acogimiento circunstancial, determinando que es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados, señala además que es una obligación el comunicar sobre el mismo; Ley de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes -Ley 1168 de 12 de abril de 2019, modificó el art. 54 del CNNA, cuyo tenor vigente es el siguiente: ʽARTÍCULO 54. (OBLIGACIÓN DE COMUNICAR EL ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL). I. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes del momento del acogimiento. II. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido el hecho. Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia. III. Durante el plazo de las setenta y dos (72) horas previstas en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. IV. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente. V. Cuando un municipio no cuente con las condiciones para proceder al acogimiento circunstancial de una niña, niño o adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pondrá a conocimiento de la Jueza o Juez Público Mixto de turno de su jurisdicción, a fin de que se disponga la notificación a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que proceda al acogimiento conforme al procedimiento y los plazos establecidos en éste Código, conforme al principio de interés superior del niño. Durante el acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio remitente deberá agotar la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio receptor. VI. El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad. VII. Transcurrido el plazo establecido en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá solicitar dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, el cese del acogimiento circunstancial y la integración de la niña, niño o adolescente a una familia sustituta o su derivación a un centro de acogida; recibida la solicitud la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes emitirá la resolución de acogimiento institucional. Por su parte el Artículo 56 del Decreto Supremo 2377, de 27 de mayo de 2015, Reglamento a la Ley Nº 548, Código Niña, Niño y Adolescente, modificado por el Decreto Supremo Nº 3960, 26 de junio de 2019, con el siguiente texto: “ARTÍCULO 56.- (BÚSQUEDA Y REINTEGRACIÓN A FAMILIA DE ORIGEN OSUSTITUTA).

I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, conocido el acogimiento circunstancial, previa valoración de la solicitud y los informes psicosociales preliminares de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mediante resolución, ordenará que en un plazo no mayor a los treinta (30) días se realicen las acciones necesarias para la identificación de la niña, niño o adolescente y búsqueda de la familia de origen o familia sustituta, conforme lo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 54 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley 1168 de 12 de abril de 2019, de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes. II. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia conocida la solicitud debidamente fundamentada con informes psicosociales del cese del acogimiento circunstancial por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en los plazos previstos en el Parágrafo VII del Artículo 54 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley 1168, según orden de prioridad, determinará lo siguiente: 1. La reintegración a la familia de origen; 2. La reintegración a una familia sustituta; 3. El acogimiento institucional. III. Si durante el acogimiento circunstancial se identifica a la familia de origen, la autoridad judicial con los informes y solicitud fundamentada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dispondrá la reintegración familiar de la niña, niño o adolescente, conminando a la familia que formalice, prosiga y concluya el proceso de guarda o tutela, a la brevedad posible, según corresponda, conforme establece el inciso a) del Artículo 207 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo XI del Artículo 2 de la Ley 1168”. Asimismo, el Artículo 55 bis del Decreto Supremo 2377 de 27 de mayo de 2015, incorporado por el decreto Supremo Nº 3960, 26 de junio de 2019, establece: ʽARTÍCULO 55 bis.- (ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL EN CENTROS DE ACOGIDA). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en el plazo de veinticuatro (24) horas de conocido el acogimiento circunstancial en el Centro de acogida, ordenará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se inicien todas las acciones necesarias para la búsqueda de la familia de origen o familia sustituta para la reintegración de la niña, niño o adolescente, conforme lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 174 de la Ley 548. II. La solicitud de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para la derivación de la niña, niño o adolescente a un Centro de acogida deberá estar debidamente fundamentada respecto a la inexistencia de un entorno familiar o un espacio institucional público o privado para el acogimiento circunstancial. al efecto, el Juzgado Público Mixto mediante resolución dispondrá el acogimiento circunstancial, debiendo la Instancia Técnica Departamental de Política Social integrar a la niña, niño o adolescente a un Centro de acogida, conforme lo dispuesto en el Parágrafo V del Artículo 54 de la Ley 548, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley 1168ʹ. Consiguientemente, a) El acogimiento circunstancial, dada las repercusiones y afectaciones en los derechos del menor edad que puede generar, es una medida de protección temporal y excepcional, de ahí que tiene un trámite sumario que no se agota con la colocación provisional del menor a cargo de un centro de acogida o una persona individual sino que debe concluir o cesar, por orden de prioridad, con la reintegración a su familia de origen, o la integración a una familia sustituta; o el acogimiento institucional; b) El acogimiento circunstancial se halla sometido a control judicial, puesto que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está en el deber de comunicarlo a la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, dentro de las setenta y dos horas de conocido el hecho; c) Teniendo en cuenta la finalidad del acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tienen el deber de efectuar la búsqueda de la familia de origen del menor, con celeridad excepcional y estricta diligencia, puesto que -como advierte la jurisprudencia interamericana- el paso del tiempo se constituiría inevitablemente en un elemento definitorio de vínculos afectivos que serían difíciles de revertir sin causar un daño al niño o niña. Esa situación comporta un riesgo de afectar seriamente el balance emocional y psicológico del mismo que no sólo resulta inminente, sino que ya podría estar materializándose; y, d) En resguardo del derecho del niño a vivir con sus padres biológicos y su familia de origen y en consideración a su interés superior, si el padre, la madre, guardador o guardadora, tutor o tutora solicita la reintegración familiar del menor de edad, ya sea a la defensoría de la Niñez dentro de las 72 horas de producido el hecho; o, ante el Juez de la Niñez y Adolescencia que ha tomado conocimiento del acogimiento circunstancial, previo informe psicosocial, de forma inmediata, actuando con la celeridad especial y estricta diligencia, el ente administrativo de protección del menor o la autoridad judicial, según corresponda, deberán disponer la reintegración familiar, en el primer caso, con la suscripción del acta de compromiso de protección, a menos que, en el interés superior del niño, existan razones determinantes que justifiquen la separación de sus progenitores. En ese marco, debe tomarse en cuenta que, conforme a los estándares establecidos por la jurisprudencia interamericana[30] en casos de cuidado y custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo de la niña o el niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, y en el bienestar de la niña o niño no son admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia” (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso en concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad física, psicológica y emocional; puesto que: a) El acogimiento circunstancial de la menor de edad AA en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitado por la DNA del Distrito 2 Max Paredes de la referida entidad municipal, que es una medida que resulta extrema, no tomó en cuenta que existen muchos parientes de su familia ampliada que pueden hacerse cargo de la menor de edad AA; y, b) El Juez ahora accionado dispuso el acogimiento circunstancial de la referida menor de edad en el citado Albergue, mediante Resolución 38/2024 de 26 de febrero, a pesar de comparecer ocho parientes para hacerse cargo de la indicada menor de edad, a quienes se rechazó por ser parientes de su padre agresor; asimismo, el Juez ahora accionado rechazó la solicitud efectuada por ambos progenitores de la reintegración familiar; decisiones, que aparte de dilatar y no considerar los derechos esenciales de la menor de edad AA; por lo que, se está provocando un riesgo para su integridad física y psicológica; ya que, la menor de edad AA se encuentra deprimida y estresada, al punto de tratar quitarse la vida, como dio a conocer a través de una nota que le hizo llegar de manera anónima.

Previamente, se debe puntualizar que conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional en las SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R y 0589/2011-R ambos de 3 de mayo, señalaron que, con relación a la denuncia de vulneraciones del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional; en consecuencia, no puede exigirse el agotamiento de medios de impugnación interna; es decir, que el accionante podrá acudir directamente ante la jurisdicción constitucional para denunciar los actos lesivos que vulneren su derecho a la vida. De igual manera, conforme se determina en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0439/2018-S2, estableció que: “…tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: ʽ…menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos…ʼ; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre”. En ese marco, corresponde analizar el fondo de las denuncias formuladas, no solo contra el Juez ahora accionado sino también respecto de la DNA Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Con relación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz De la documentación cursante en el cuaderno procesal, se evidencia que, mediante memorial presentado el 23 de febrero de 2024, la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -del cual la firma y nombre del funcionario público que lo presenta es ilegible- comunicó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de La Paz el acogimiento circunstancial de la menor de edad AA en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria de la referida entidad municipal, dando a conocer que la misma fue “rescatada”, ya que se encontraba viviendo con su progenitor, a pesar de que el mismo estaba con denuncia por abuso sexual, supuestamente cometido contra su hija menor de edad AA; y, en consideración a que también su madre fue denunciada por violencia familiar o doméstica. En ese contexto, es preciso señalar que, conforme lo establecido en la SCP 0766/2022-S1, el art. 54.II del CNNA modificado por Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 1168 de 12 de abril de 2019-, establece que: “II. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido el hecho.

Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia.

III. Durante el plazo de las setenta y dos (72) horas previstas en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente”.

Ahora bien, ante la eventualidad que en ese primer momento de tomarse conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre la menor de edad AA, dadas las circunstancias, no hubiese sido posible identificar a familiar que resulte idóneo para hacerse cargo de la menor de edad, efectivamente, conforme a lo establecido por la normativa legal precisada precedentemente, era posible que la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz proceda a efectuar su acogimiento provisional en un centro de acogida, lo cual no resulta reprochable, ni implica necesariamente una vulneración del derecho a la vida digna ni a la integridad física y emocional de la menor de edad AA; puesto que, durante el plazo de las setenta y dos horas previstas por el art. 54.II del CNNA, la DNA es quien asume el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente; por ello, al no ser posible su reintegración familiar a sus progenitores ni identificado algún miembro de su familia ampliada que resulta idónea para el cuidado y protección de la menor de edad AA, resultaba razonable y necesario su internamiento, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada sobre esa denuncia. Con relación al Juez hoy accionado Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el art. 54.IV del CNNA establece que: “La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente”. En el presente caso, de la documentación que consta en el cuaderno procesal, se evidencia que la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, informó al Juez de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de La Paz, que se procedió al acogimiento circunstancial de la menor de edad AA y que la misma fue llevada al Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria de la referida entidad municipal. En mérito de dicha información, el Juez hoy accionado, mediante Resolución 38/2024, dispuso el acogimiento circunstancial de la menor de once años de edad al citado Albergue; y aclaró que dicho acogimiento no constituía una guarda y que deben cumplirse los plazos establecidos por ley de esa medida de protección de carácter excepcional y provisional (Conclusión II.2.). Dicha determinación, fue adoptada conforme al procedimiento previsto para el trámite sumario del acogimiento circunstancial, previsto por el art. 54.IV del CNNA, establece que: “La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente”. Puesto que, se trata de una colocación provisional de la menor de edad AA entre tanto concluya el acogimiento circunstancial, su adopción, por si misma, de ninguna manera puede afectar los derechos a la vida digna e integridad personal de la menor de edad AA en peligro de vulnerabilidad. Ciertamente, la autoridad judicial con el objeto de evitar que se afecte los derechos a la vida digna, a la familia y a la integridad personal de la niña, niño o adolescente por la separación de los hijos de su familia de origen, está en el deber de sopesar debidamente los antecedentes y garantizar el derecho del menor de edad a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte; asimismo, tomar en cuenta que, a tiempo de decidir, inclusive sobre la colocación provisional del menor de edad en peligro de vulnerabilidad, por orden de prioridad debe tender a la reintegración familiar; eso es en primera instancia a su familia de origen, comenzando por sus progenitores, “…a menos que, en el interés superior del niño, existan razones determinantes que justifiquen la separación de sus progenitores” (las negrillas son nuestras), conforme razona la SCP 0766/2022-S1. La adopción de dicha determinación, no opera automáticamente con la sola comparecencia, ya sea del padre o de la madre; puesto que, en interés superior del menor de edad que implica también el derecho que tiene de recibir atención especializada, se requiere de un previo informe psicosocial, conforme estableció la citada Sentencia Constitucional Plurinacional. En el caso que se examina, es evidente que mediante memorial presentado el 29 de febrero de 2024, la accionante, demandó la reintegración familiar de su hija menor de edad AA, mereciendo como respuesta del Juez ahora accionado, el decreto de 1 de marzo del citado año, a través del cual dispuso el rechazó in limine de la solicitud de reintegración familiar, en razón que no existe ese tipo de demanda; idéntica determinación fue adoptada ante el similar pedido efectuado Freddy Apolinar Mariscal Palle -padre de la referida menor de edad- (Conclusión II.4.). Si bien es cierto, que el Juez hoy accionado incurrió en un error al rechazar sin trámite previo el pedido de los progenitores a la reintegración familiar de su hija menor de edad AA, como se tiene expresada, por orden de prioridad debe ser dispuesta con respecto de sus progenitores. Sin embargo, en atención a que en curso de los procesos penales que se instauraron contra la madre y del padre de la indicada menor de edad, por la supuesta comisión de delitos contra la integridad personal y sexual de su hija menor de edad AA, en los cuales se adoptaron medidas de protección en favor de la víctima -menor de edad AA-, imponiendo restricciones a dichos padres que impiden el contacto con la referida menor de edad (Conclusión II.1.), entre tanto subsistan dichas medidas de protección u otras de la misma naturaleza, ciertamente no existiría posibilidad jurídica para dar curso a la reintegración familiar con los progenitores; a partir de lo cual, el error de procedimiento en el que incurrió el Juez ahora accionado al rechazar el pedido de reintegración familiar sin previo trámite; es decir, sin contar con el informe psicosocial y pedido del cese del acogimiento circunstancial por parte de la entidad de protección municipal de menores de edad, carece de relevancia constitucional. Asimismo, es evidente que comparecieron otros parientes de la menor de edad AA sometida a acogimiento circunstancial; entre ellos, Francisca Palli de Mariscal y Eulogio Mariscal Mamani -abuelos paternos-; así como, Mery Angélica Mariscal Palle, Jaime Hilarión Mariscal Palle, Alfonso Cama Palle, Efraín Mariscal Palle y Lourdes Murga Palle -tías y tíos paternos-, y finalmente, Maribel Santos Pacajes -tía materna-. Empero, dichas comparecencias se produjeron con posterioridad a la emisión de la Resolución 38/2024, a través del cual se dispuso la colocación provisional de la menor de edad AA que se encuentra sujeta a acogimiento circunstancial (Conclusión II.3.). Consecuentemente, no es evidente que el Juez ahora accionado hubiese desconocido dichas comparecencias; y por lo tanto, vulnerado los derechos a la vida digna y a la integridad personal de la indicada menor de edad, al disponer el acogimiento circunstancial en el Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a tiempo de emitir la citada Resolución. No obstante lo señalado precedentemente, se debe precisar que, la SCP 0766/2022-S1, estableció que el: “…acogimiento circunstancial, dada las repercusiones y afectaciones en los derechos del menor edad que puede generar, es una medida de protección temporal y excepcional, de ahí que tiene un trámite sumario que no se agota con la colocación provisional del menor a cargo de un centro de acogida o una persona individual sino que debe concluir o cesar, por orden de prioridad, con la reintegración a su familia de origen, o la integración a una familia sustituta; o el acogimiento institucional” (las negrillas nos pertenecen). En el marco de dicho entendimiento, corresponde que la autoridad judicial, luego del trámite pertinente, actuando con la debida diligencia, adopte la decisión más conveniente en consideración al interés superior de la menor de edad AA la acogida circunstancialmente, en alguna de las formas en las que debe concluir el acogimiento circunstancial. Consecuentemente, no corresponde que por esta vía constitucional, se adopte esa determinación en favor de la tía materna, como pretende la accionante; puesto que, debe ser el Juez hoy accionado, quien, previo informe psicosocial pertinente, en atención al pedido formulado por la DNA del Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sobre el cese del acogimiento circunstancial, y garantizando el derecho a la opinión del niño y a tener debidamente en cuenta su opinión, debe emitir su resolución de manera fundamentada y motivada, considerando a todos y cada uno de los parientes de la menor de edad AA que comparecieron. Finalmente, no existe evidencia que su reingreso -en realidad- con motivo del acogimiento circunstancial dispuesto en primera instancia por la DNA Distrito 2 Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y luego por el Juez hoy accionado, al Albergue del Bicentenario Bolivia Solidaria de la referida entidad municipal, se hubiese constituido en una causa que ponga en riesgo a la vida e integridad personal de la menor de edad AA sujeta a acogimiento circunstancial, o que dichos derechos estén siendo vulnerados en el referido Albergue, al extremo de temerse por la vida de dicha menor de edad; puesto que, el Informe Psicológico con CITE: GAMLP/SMEDS/DDM/UDIF - PAIF MAX PAREDES/RGS/07/2024 de 25 de febrero (fs. 170 a 171 vta.), concluyó que “…en función a la entrevista, la niña se encuentra en un estado emocional estable bajo el cuidado de sus profesoras y de sus amigas del albergue bicentenario, donde asume se le brinda protección, afecto y satisface en sus necesidades básicas…” (sic). Consecuentemente, al no encontrarse probada la denuncia formulada por la accionante, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2024 de 9 de abril, cursante de fs. 223 a 227 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el Fundamente Jurídico III.1., dentro de una acción de amparo constitucional, refiere que: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”.

2 SCP 1977/2013 de 4 de noviembre.

3 La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su Fundamento Jurídico III.4, manifiesta que a través de la action de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida.

4 La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos.

5 La SCP 0033/2013, en el Fundamento Jurídico III.2.

6 La SCP 2007/2013 de 13 de noviembre.

7 La SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 0033/2013.

8 La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el Fundamento Jurídico III.5., establece que: “…la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción.

9 El Fundamento Jurídico III.2., sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidiariedad, al encontrarse involucrado el derecho a la vida, señala que: “El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción cconstitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son nuestras).

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0762_2024-S3.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): ff589d9ad1cd8d875c09f06b08aeff30ca78ab59b4d3ef9fde1d99fcd3ab7cc0

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