B.IA.LEGAL

SCP 0762/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48039-2022-97-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, seguridad jurídica y objetividad, a la defensa, a la igualdad procesal, a la verdad material, a la seguridad jurídica, a la progresividad de los derechos humanos; y, a la “PRIMACÍA CONSTITUCIONAL”; puesto que el Fiscal Departamental ahora accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, de manera ilegal ingresó a resolver el fondo de la segunda objeción al rechazo planteada el 20 de enero de igual año, por las hoy terceras interesadas contra la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021; ya que a tal fin no consideró que: a) A través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de igual año, se devolvió la primera objeción al rechazo formulada el 31 de agosto del citado año, por los representantes legales de las ahora terceras interesadas, por carecer de facultades para su formulación; y, b) Las nombradas fueron notificadas con la señalada Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia el 27 y 31 de igual mes y año; por lo que, esa segunda objeción se encontraba fuera del plazo de cinco días previsto por el art. 305 del CPP, correspondiendo su rechazo por merecer un procedimiento especial al constituirse las hoy terceras interesadas en querellantes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/22 de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control jurisdiccional sobre actuaciones de los Fiscales
  2. III.2. El incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales
  3. III.3. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0762/2023-S3 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48039-2022-97-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 50/22 de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Samantha Vera Torres y Hebert Montoya Ortega contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memorial presentado el 23 de mayo de 2022, cursante de fs. 55 a 62 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Jessika Araujo Murakami, Lola Hurtado de Mercado, Laura Cristina Dos Santos Cruz de Zelaya, Carla Patricia Quiroga Jaime, Evelin Lijeron Árabe y Patricia Estrella Rojas Cortez -hoy terceras interesadas- contra sus personas, por la presunta comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el art. 293 del Código Penal (CP), debido a que supuestamente habrían vertido amenazas de muerte contra las ahora terceras interesadas-; el 12 de agosto de 2021, la Fiscal de Materia encargada de la investigación emitió la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia bajo el fundamento de que la investigación no aportó suficientes elementos para fundamentar una acusación, tal como establece el art. 304 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP); siendo notificadas las hoy terceras interesadas el 27 y 31 de ese mes y año.

En ese contexto, las ahora terceras interesadas a través de sus representantes legales conforme al Testimonio de Poder 1028/2021 de 12 de mayo, otorgado por la Notaria de Fe Pública 39 de Santa Cruz, pese que dicho Testimonio de Poder no contaba con facultades específicas para objetar resoluciones de rechazo pronunciadas por los fiscales de materia, mediante memorial de 31 de agosto de 2021, formularon objeción al rechazo, que fue resuelta mediante la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre del citado año, por la cual el Fiscal Departamental ahora accionado de manera correcta determinó la devolución de antecedentes por falta de legitimación activa al no tener los representantes legales de las hoy terceras interesadas facultades para plantear dicha objeción; siendo notificadas con esa determinación el 28 de enero y 4 de febrero de 2022. No obstante de lo señalado, el 20 de enero de 2022; es decir, antes de ser notificadas con la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de 2021, las hoy terceras interesadas por sí mismas formularon una nueva objeción contra la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de igual año; la cual una vez puesta a conocimiento del Fiscal Departamental ahora accionado, mereció la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, a través de la cual el citado Fiscal sin considerar que el plazo de cinco días para objetar la referida Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia conforme a los arts. 130 y 305 del CPP, ya había precluido al ser notificadas las hoy tercereas interesadas personalmente el 27 y 31 de agosto de 2021; y, que ya pronunció la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre del citado año, sobre el mismo asunto, de manera ilegal ingresó a resolver el fondo de esa segunda objeción sin explicar las razones de hecho y de derecho que lo motivaron a asumir esa determinación pese a esas irregularidades observadas, vulnerando con ello sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, seguridad jurídica y objetividad, a la defensa, a la igualdad procesal, a la verdad material, a la seguridad jurídica, a la progresividad de los Derechos Humanos; y, a la “PRIMACÍA CONSTITUCIONAL”; citando al efecto los arts. 13, 115, 119, 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022; y, b) La emisión de una nueva resolución fiscal que considere la fecha de notificación con la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021, y se la tenga por no objetada al haber formulado la segunda objeción fuera de plazo las hoy terceras interesadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 150 a 154, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) El plazo de cinco días para objetar la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021, conforme establece el art. 305 del CPP, comenzó a computarse desde el 27 y 31 de igual mes y año; 2) Considerando que las ahora terceras interesadas se constituyeron en querellantes, el Fiscal Departamental ahora accionado al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, debió justificar de manera debidamente fundamentada y motivada de qué forma se tramita la objeción al rechazo cuando es presentada por los querellantes fuera del plazo previsto por el art. 305 del citado Código; 3) La referida Resolución Fiscal Departamental carece de congruencia externa; toda vez que, no se pronunció sobre la respuesta que presentaron a la segunda objeción formulada por las hoy terceras interesadas; en la cual alegaron cosa juzgada por haber sido presentada fuera de plazo; 4) La indicada Resolución Fiscal Departamental no cuenta con una fundamentación intelectiva o descriptiva de los hechos ni de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones con relación al procedimiento que se debe seguir cuando se plantea una objeción al rechazo fuera de plazo; resolviendo el Fiscal Departamental ahora accionado, revocar la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021 objetada, cuando ya no estaba facultado para ello; y, 5) El Fiscal Departamental hoy accionado debe pronunciar una nueva resolución fiscal departamental explicando el procedimiento a seguir cuando existe una querella y el rechazo no fue objetado dentro del plazo previsto y por la persona legitimada para el efecto.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 139 a 148 vta., así como en audiencia través del Fiscal de Materia “Juan Carlos Méndez”, manifestó que: i) La Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de igual año, cuenta con la debida fundamentación y motivación; ya que se expusieron los hechos suscitados y efectuó un análisis descriptivo de la actividad probatoria realizada durante la investigación preliminar, exponiendo los motivos por los que decidió revocar la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021, sustentados en la normativa penal vigente, prueba de ello es que en dicha Resolución Fiscal Departamental se pronunció y resolvió cada uno de los agravios denunciados por las hoy terceras interesadas; ii) Los accionantes no demostraron la relevancia constitucional respecto a la supuesta fundamentación y motivación indebida de la indicada Resolución Fiscal Departamental; iii) Con relación a los derechos a la defensa y a la igualdad procesal de las partes, una vez presentada la objeción contra la referida Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, esta fue notificada a todas las partes conforme a la SC 1428/2005-R de 8 de noviembre; iv) Respecto al principio de seguridad jurídica supuestamente vulnerado, la acción de amparo constitucional no se constituye en la vía idónea para tutelar principios, no correspondiendo pronunciamiento alguno al respecto; y, v) Los argumentos expuestos por los accionantes son falsos; ya que la señalada Resolución Fiscal Departamental cuenta con los correspondientes antecedentes, consideraciones previas, fundamentación probatoria descriptiva, fundamentación jurídica, y una adecuada valoración de cada uno de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones; por lo que, dicha Resolución Fiscal Departamental no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional.

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas

Jessika Araujo Murakami, Lola Hurtado de Mercado, Laura Cristina Dos Santos Cruz de Zelaya, Carla Patricia Quiroga Jaime, Evelin Lijeron Árabe y Patricia Estrella Rojas Cortez a través de sus representantes legales mediante memorial presentado el 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 121 a 125., así como en audiencia manifestaron que: a) Los accionantes no cumplieron con el principio de subsidiariedad; ya que existe un proceso penal pendiente que debe ser concluido por el Ministerio Público bajo control jurisdiccional del juez de instrucción competente, por ello, no corresponde el análisis de esta acción de defensa; b) El Fiscal Departamental ahora accionado mediante la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de igual año, rectificó los defectos de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de 2021; puesto que, en esta última fundó su decisión en datos erróneos, como el nombre de sus representantes legales, el delito, y las facultades otorgadas mediante el Testimonio de Poder 1028/2021; c) Ante la excesiva negligencia de la Fiscal de Materia encargada de la investigación, el Fiscal Departamental hoy accionado tomando en cuenta todos los aspectos reclamados en su objeción al rechazo, mediante la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, determinó revocar la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021 objetada; d) Los accionantes no adjuntaron prueba que demuestre que fueron notificados con la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, después de presentar el memorial por el que reiteraron la objeción al rechazo formulada el 31 de agosto de 2021; e) La Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de 2021 no contaba con la fundamentación y motivación adecuada; por lo que, el Fiscal Departamental ahora accionado advertido de sus errores, saneó esa determinación pronunciando la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022; extremo que no significa vulneración de derecho alguno; f)

No es evidente que la citada Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia les haya sido notificada el 27 de agosto de 2021, observándose que el formulario de notificación presentado por los accionantes respecto a esa diligencia fue alterado en su fecha; g) conforme al Testimonio de Poder 1028/2021, sus representantes legales contaban con la facultad para objetar resoluciones; sin embargo, ello fue omitido al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de igual año. En ese sentido, el Fiscal Departamental hoy accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022 corrigió ese defecto; h) El memorial que presentaron el 20 de enero del indicado año, no se constituye en una nueva objeción al rechazo como pretenden hacer creer los accionantes, sino que a través del mismo, reiteraron la objeción al rechazo formulada el 31 de agosto de 2021, identificando y reclamando los errores cometidos en la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre del referido año; i) La jurisdicción constitucional no se constituye en una instancia casacional que pueda anular o revocar una resolución fiscal departamental; lo contrario significaría una invasión de competencias propias de la jurisdicción ordinaria; j) La acción de amparo constitucional no es el medio idóneo para solicitar la tutela de principios sin que se establezca un vínculo o nexo causal con relación a los derechos invocados; k) Los accionantes no demostraron la relevancia constitucional de los hechos reclamados. Tampoco acreditaron la presunta falta de fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022; y, l) Los accionantes a través de esta acción tutelar reclaman aspectos procedimentales, cuando lo que debieron hacer es identificar los elementos que no fueron valorados adecuadamente.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 50/22 de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 154 a 158 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Testimonio de Poder 1028/2021 fue avalado por el Fiscal Departamental ahora accionado ante la reiteración de la objeción al rechazo formulada por las hoy terceras interesadas; es decir, no se presentó un nuevo testimonio de poder ni una nueva objeción al rechazo. En ese sentido, la objeción al rechazo fue presentada dentro del plazo previsto por la normativa procesal penal vigente; frente a ello, el Fiscal Departamental ahora accionado de manera correcta, admitió esa reiteración e ingresó a resolver el fondo de la referida objeción; y, 2) Los accionantes no expusieron ningún argumento contra las razones por la cuales motivaron la decisión asumida por el Fiscal Departamental hoy accionado sobre el fondo de la objeción al rechazo formulada por las ahora terceras interesadas, sino su relación respecto a la notificación; por lo que, no emitieron pronunciamiento alguno sobre este punto. En vía de aclaración, complementación y enmienda, los accionantes a través de su abogado, en audiencia solicitaron a la Sala Constitucional que aclare y complemente la Resolución constitucional 50/22 de 26 de mayo de 2022 con relación al trámite que debe seguir una objeción al rechazo formulada por el querellante fuera del plazo previsto por la norma, que es diferente cuando se la formula sin ser querellante; ya que en ese caso, Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021 debe ser revisada por el fiscal departamental aunque no haya sido objetada; evidenciándose que al constituirse las ahora terceras interesadas en querellantes, incumplieron el plazo previsto por el art. 305 del CPP. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional señaló que: i) Las hoy terceras interesadas se constituyeron en querellantes y fueron notificadas con la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021, el 31 de igual mes y año, y al haber formulado la objeción al rechazo ese mismo día, se evidencia que fue presentada dentro del plazo previsto por la normativa procesal penal vigente; y, ii) La objeción al rechazo formulada por las ahora terceras interesadas fue resuelta de manera correcta después de su reiteración de 20 de enero de 2022, la cual no se constituye en una nueva objeción, ratificándose el Testimonio de Poder 1028/2021.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 22 de julio de 2021, ante la Fiscal de Materia, Jessika Araujo Murakami, Lola Hurtado de Mercado, Laura Cristina Dos Santos Cruz de Zelaya, Carla Patricia Quiroga Jaime, Evelin Lijeron Árabe y Patricia Estrella Rojas Cortez -hoy terceras interesadas- a través de sus representantes legales formularon querella criminal contra Samantha Vera Torres y Hebert Montoya Ortega -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el art. 293 del CP (fs. 134 a 136).

II.2. Consta memorial de 31 de agosto de 2021, dirigido a la Fiscal de Materia, por el cual las ahora terceras interesadas a través de sus representantes legales plantearon la objeción contra la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de ese mes y año (fs. 25 a 29 vta.), mereciendo la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de igual año, por la cual Roger Rider Mariaca Montenegro Fiscal Departamental -hoy accionado- determinó devolver el cuaderno de investigaciones a la Fiscal de Materia encargada de la investigación (fs. 2 a 6); notificándose a las ahora terceras interesadas el 27 y 31 de agosto del citado año (fs. 35 a 41).

II.3. A través del memorial de 20 de enero de 2022, ante el Fiscal de Materia por la cual, las ahora terceras interesadas a través de sus representantes legales reiteraron la objeción contra la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021 (fs. 31 a 34); mereciendo la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, a través de la cual el Fiscal Departamental ahora accionado resolvió revocar la referida Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia (fs. 7 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, seguridad jurídica y objetividad, a la defensa, a la igualdad procesal, a la verdad material, a la seguridad jurídica, a la progresividad de los derechos humanos; y, a la “PRIMACÍA CONSTITUCIONAL”; puesto que el Fiscal Departamental ahora accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, de manera ilegal ingresó a resolver el fondo de la segunda objeción al rechazo planteada el 20 de enero de igual año, por las hoy terceras interesadas contra la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021; ya que a tal fin no consideró que: a) A través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de igual año, se devolvió la primera objeción al rechazo formulada el 31 de agosto del citado año, por los representantes legales de las ahora terceras interesadas, por carecer de facultades para su formulación; y, b) Las nombradas fueron notificadas con la señalada Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia el 27 y 31 de igual mes y año; por lo que, esa segunda objeción se encontraba fuera del plazo de cinco días previsto por el art. 305 del CPP, correspondiendo su rechazo por merecer un procedimiento especial al constituirse las hoy terceras interesadas en querellantes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El control jurisdiccional sobre actuaciones de los Fiscales

Departamentales

La SCP 0434/2022-S3 de 23 de mayo, citando a la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, que a su vez citó el entendimiento de la SC 2074/2010-R, señaló que: “…el control jurisdiccional que puede efectuarse respecto a los Fiscales de Distrito -ahora Fiscales Departamentales- incluso de manera posterior a la ratificatoria de una resolución de sobreseimiento únicamente puede referir al procedimiento como por ejemplo omisiones en la notificación a las partes procesales, dilación en la emisión de la correspondiente resolución, entre otras, que incidan directamente en derechos fundamentales y garantías constitucionales pero de ninguna manera a los argumentos o a la fundamentación invocados por la autoridad fiscal superior jerárquica de forma que para la impugnación a una indebida interpretación de legalidad, la errónea valoración probatoria o una omisión valorativa, no es necesario agotar previamente al planteamiento del amparo constitucional el control jurisdiccional, por lo que previo cumplimiento de requisitos establecidos en la jurisprudencia, corresponde de forma directa su activación’. Razonamiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0629/2019-S4 de 14 de agosto, 0598/2019-S4 de 7 de agosto, entre otras”.

III.2. El incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales

La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: «“Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”.

Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas no corresponden).

III.3. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El art. 129.I de la CPE, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). Por su parte, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que esta acción tutelar: “…no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.

La SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: “…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos y garantía al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, seguridad jurídica y objetividad, a la defensa, a la igualdad procesal, a la verdad material, a la seguridad jurídica, a la progresividad de los derechos humanos; y, a la “PRIMACÍA CONSTITUCIONAL”; puesto que el Fiscal Departamental ahora accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, de manera ilegal ingresó a resolver el fondo de la segunda objeción al rechazo planteada el 20 de enero de igual año, por las hoy terceras interesadas contra la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021; ya que a tal fin no consideró que: 1) A través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de igual año, se devolvió la primera objeción al rechazo formulada el 31 de agosto del citado año, por los representantes legales de las ahora terceras interesadas, por carecer de facultades para su formulación; y, 2) Las nombradas fueron notificadas con la señalada Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia el 27 y 31 de igual mes y año; por lo que, esa segunda objeción se encontraba fuera del plazo de cinco días previsto por el art. 305 del CPP, correspondiendo su rechazo por merecer un procedimiento especial al constituirse las hoy terceras interesadas en querellantes. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de las hoy terceras interesadas contra los accionantes, por la presunta comisión del delito de amenazas, el 22 de julio de 2021, las ahora terceras interesadas por intermedio de sus representantes legales formularon querella criminal (Conclusión II.1.). En ese sentido, el 12 de agosto del indicado año, la Fiscal de Materia encargada de la investigación emitió la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia alegando que la investigación no aportó suficientes elementos para fundamentar una acusación; por lo que, las hoy terceras interesadas a través de sus representantes legales, mediante memorial presentado el 31 del mismo mes y año, objetaron dicha Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia; que fue resuelta a través de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM 903/21 de 8 de octubre de 2021, por la cual el Fiscal Departamental hoy accionado determinó devolver el cuaderno de investigaciones a la Fiscal de Materia encargada de la investigación, por haberse planteado por personas sin legitimación activa; siendo notificadas las ahora terceras interesadas el 27 y 31 de agosto del referido año (Conclusión II.2.). Posteriormente, el 20 de enero de 2022, las hoy terceras interesadas a través de sus representantes legales reiteraron la objeción formulada contra la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021. Al efecto, el Fiscal Departamental ahora accionado emitió la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, por la cual ingresando al fondo de la objeción al rechazo formulada el 31 de agosto de 2021, resolvió revocar la referida Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia (Conclusión II.3.).

Ahora bien, establecida como se tiene la problemática jurídica y los antecedentes procesales que originaron la presentación de esta acción tutelar, considerando que el reclamo de los accionantes no versa sobre los fundamentos de fondo expuestos por el Fiscal Departamental ahora accionado en la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 012/22 de 18 de febrero de 2022, por la cual decidió revocar la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 12 de agosto de 2021; sino, recae en las omisiones e irregularidades procedimentales en las que el Fiscal Departamental hoy accionado hubiera incurrido al ingresar al fondo de la segunda objeción al rechazo planteado por las ahora terceras interesadas el 20 de enero de 2022, sin observar que el plazo previsto para ello ya había precluido; es necesario precisar que conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si los accionantes consideraban que con tales hechos se vulneraron sus derechos fundamentales, previamente a recurrir a esta jurisdicción debieron exponer sus reclamos ante el juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso penal, interponiendo el incidente de actividad procesal defectuosa.

En ese sentido, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que los accionantes al no activar el medio de defensa idóneo previsto por la normativa procesal penal vigente, a efectos de reclamar previamente en la jurisdicción ordinaria los hechos denunciados en esta acción de defensa, incurrieron en una causal de improcedencia por incumplimiento del principio de subsidiariedad, establecida en el numeral 1), inc. b) del Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, relativa a que “…las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: (…) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…” (las negrillas son nuestras).

Por lo expuesto y ante el incumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional que rige a esta acción tutelar, según lo expresado en los fundamentos jurídicos anteriores, se concluye que la jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, por esa razón corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 50/22 de 26 de mayo de 2022, cursante de fs. 154 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0762_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): ad5bda5c6ea5f8e9a34bacd270f733739c3a142b971856ed13ed31d28688e24e

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