Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de agosto de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante, alegó como lesionados el debido proceso y sus derechos a la defensa, igualdad, de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y del principio de verdad material; dado que, dentro del proceso de divorcio iniciado por su parte, la contraparte a tiempo de responder a la demanda, hizo conocer que se tramitó similar pretensión en la vía notarial; en la que, se ordenó la disolución del matrimonio y la cancelación de la partida matrimonial ante el SERECI; sin considerar que, la determinación notarial se asumió cuando se encontraba en curso la demanda ordinaria; determinación que fue confirmada en apelación, privándole la discusión de la división y partición de los bienes gananciales. En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o no la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 243 a 247, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0761/2023-S4 Sucre, 21 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 48471-2022-97-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 75/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 243 a 247; pronunciada, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oswaldo Rahmant Rivera Estrada en representación legal de Julio César Torrico Rosas contra Marisol Ortiz Hurtado, Freddy Pérez Chavarría y Óscar Menacho Angeleri, Marisol Ortiz Hurtado y Freddy Pérez Chavarría, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; María Reina Durán Achaval, Jueza Pública de Familia Novena; y, Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89, del mencionado departamento.
Por memoriales presentados de 27 de abril de 2022, cursante de fs. 178 a 187; y el de subsanación, de 9 de mayo de igual año (fs. 191 a 192); la parte accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 6 de diciembre de 2008 contrajo matrimonio civil con Mariela Arriaga Guzmán, acto que fue celebrado ante la Oficialía de Registro Civil CPISL 2, Libro 06-08, Partida 82, Folio 82, del departamento de Santa Cruz; ellos, no llegaron a procrear hijos. Posteriormente, el 17 de enero de 2019, interpuso demanda de divorcio, que radicó ante el Juzgado Público de Familia Noveno del departamento de Santa Cruz, instancia que emitió el Auto 61/20 de 4 de septiembre de 2020; por el que, declaró probado el incidente planteado por su cónyuge; debido a que, el mismo demostró la inviabilidad de tramitar el divorcio en la vía judicial porque ambas partes, con anterioridad y de manera voluntaria, iniciaron el mismo trámite en la vía notarial, en base a la Escritura Pública 148/2019. Ante la inconformidad con dicha determinación, planteó recurso de apelación en el efecto suspensivo, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 231/2021 de 21 de julio; por el cual, se declaró “No Haber Lugar” a su recurso de apelación interpuesto; confirmando la decisión primigenia. Agregó que la demanda de divorcio ante Notaría de Fe Pública, fue realizada el 15 de marzo de 2019; es decir, cincuenta y ocho días después de haber presentado la referida demanda en la vía judicial; por lo que, mediante Auto interlocutorio de 5 agosto de 2019, la Jueza Pública de Familia Novena del departamento de Santa Cruz, procedió a oficiar a la Notaria de Fe Pública 89, para que remitiera a su Juzgado, copias legalizadas de todo lo actuado en el Divorcio Notarial e incluso adjunte la Escritura Pública 148/2019. Disposición que fue cumplida por la referida Notaria, junto a un protocolo en el que se incorporó en su punto cuarto que establecían ambos solicitantes la inexistencia de proceso judicial pendiente en estrados judiciales, o en otro despacho judicial, sobre divorcio notarial; aseveración que conforme demuestra es imaginaria y mentirosa; dado que, el Acuerdo Mutuo de Esposos, nunca declaró tal extremo. Arguye que el proceso de divorcio notarial adolece de requisitos formales para su validez, conforme establecen los arts. 93, 96 parágrafo v, y 99 del Reglamento de la Ley del Notariado Plurinacional; así como, la Ley 1115 –Ley que modifica la Ley 483 de 25 de enero de 2014 del Notariado Plurinacional de 29 de octubre de 2018– . Complementa que su persona adolece de incapacidad del oído; lo que fue aprovechado por su cónyuge para convencerlo de firmar el Acuerdo Mutuo en la Notaría, a cambio de entregarle la suma de Bs100 000.- (cien mil bolivianos), equivalente al 50% del dinero ahorrado que tenía en su poder la precitada, en el “Banco FIE”, y de su condición de adulto mayor. Los extremos expuestos, demuestran que el fallo de alzada es incongruente, incoherente, incompresible y contradictorio consigo mismo, y con las leyes “843”, “603”, que tratan de la comunidad de gananciales, tomando en cuenta que, nadie puede privar a una persona de los derechos “fincados en matrimonio, bajo pena de nulidad” (sic).
La parte accionante, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y del principio de verdad material; citando al efecto, los arts. 115; 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se disponga la nulidad del Auto de Vista 61/20 y se pronuncie otro en el que se dicte la prosecución del proceso familiar de divorcio; b) Se anule la solicitud de divorcio notarial, para que prosiga la tramitación de la demanda judicial que se viene llevando a cabo ante el Juzgado Público de Familia Noveno del departamento de Santa Cruz; y, c) Se ordene la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, para que se realice el respectivo procesamiento judicial de la Notaria de Fe Pública 89 del señalado departamento.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 237 a 243; presentes, la parte accionante, la codemandada Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89 del departamento de Santa Cruz, y la tercera interesada; y, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante legal, ratificó los argumentos contenidos en el memorial de acción de amparo constitucional.
María Reina Durán Achaval, Jueza Pública de Familia Novena del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 206 a 208 vta., manifestó que: 1) No existió ninguna vulneración al debido proceso, considerando que el divorcio es una institución prevista por la normativa familiar; a través del cual, se faculta a los cónyuges para que decidan finalizar su vínculo matrimonial por la vía que ellos elijan; toda vez que, para el Servicio de Registro Cívico (SERECI), ambos trámites tendrían validez, tanto el Notarial como el Ordinario; 2) Al estar la partida matrimonial cancelada por el SERECI a través de la vía notarial, no tendría sentido, iniciar y tratar de obtener una sentencia por la vía judicial; ya que, la finalidad fue cumplida; y, 3) El Código de las Familias y del Proceso Familiar, prevé sobre el derecho a la comunidad ganancial, para la partición de bienes gananciales, estableciendo que puede ser tramitado de forma posterior a la cancelación de la partida matrimonial, sea como incidente dentro del divorcio en ejecución de sentencia o como demanda ordinaria independiente; y en el caso analizado, no se evidencia que se hubiera activado algún recurso o demanda para definir la situación de los bienes gananciales.
Elva Elena Ugarteche Lino, Notaria de Fe Pública 89 del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito, presentado el 18 de mayo de 2022, cursante de fs. 227 a 232, manifestó que: i) La acción tutelar interpuesta por el impetrante de tutela no cumplió con el principio de inmediatez; ya que, de lo manifestado y declarado en su memorial, sostiene que se hizo presente en el Juzgado Público de Familia Noveno del referido departamento; en el que, radicó el expediente, y fue notificado el 26 de octubre de 2021; extremo que demuestra que, que desde dicha fecha, al 27 de abril de 2022, transcurrieron seis meses y un día, configurándose de esa manera la caducidad procesal de su derecho a acudir a la jurisdicción constitucional; ii) Haciendo respetar el derecho a la defensa del impetrante de tutela, se puede establecer que fue parte activa del proceso, utilizando medios de impugnación y una vez agotados éstos, activó el presente mecanismo constitucional; y, iii) El solicitante de tutela incurrió en errores, al citar jurisprudencia no aplicable al caso. Oscar Jesús Menacho Angeleri, Marisol Ortiz Hurtado y Freddy Pérez Chavarría, todos Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia de consideración de la acción de defensa ni presentaron informe escrito alguno pese a su legal notificación cursante de fs. 194 a 196 de obrados.
Mariela Arriaga Guzmán, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, mencionó lo siguiente: a) Niega que el impetrante de tutela presente discapacidad auditiva del 80%; toda vez que, escuchaba perfectamente todo lo que ella le decía; b) No se presentó ningún documento falso, y se dio cumplimiento a la presentación de todos los requisitos exigidos por la Notaria de Fe Pública 89; y, c) Fueron juntos de manera voluntaria, ante la precitada Notaria para realizar el trámite de divorcio; sin embargo, desconocía que el accionante estaba realizando el trámite por la vía judicial.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 75/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 243 a 247, denegó la tutela; bajo el fundamento de que, el plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional, según lo establecen los arts. 129.II de la CPE en relación con el 51.I del Código Procesal Constitucional (CPC) es de seis meses, a ser computado a partir de la última decisión judicial; que en el presente caso, fue la notificación realizada el 12 de agosto de 2021; por lo que, al haberse planteado la presente acción tutelar el 27 de abril de 2022, se evidenció que la presente acción se interpuso de manera extemporánea; impidiendo de esa forma, que la jurisdicción constitucional asuma conocimiento de la problemática.
Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Certificados Nacionales (Ley del Notariado) de 15 de enero de 2019, emitidos en favor de Julio César Torrico Rosas y Mariela Arriaga Guzmán; a través de los cuales, Derechos Reales (DD.RR.) certifica que ninguno de los dos tiene registrado o inscrito derecho propietario sobre inmuebles (fs. 32 a 33). II.2. Constan Certificados Nacionales (Ley del Notariado) de la misma fecha mencionada, en favor de Julio César Torrico Rosas y Mariela Arriaga Guzmán; a través de los cuales, DD.RR. certifica que ninguno de los dos tiene registrado o inscrito derecho propietario sobre inmuebles (fs. 32 a 33). II.3. Mediante memorial presentado el 17 de enero de 2019, Oswald Rahmat Rivera Estrada, en representación del impetrante de tutela, a través de la vía judicial, solicitó el divorcio absoluto en contra de Mariela Arriaga Guzmán; y, una vez este se encuentre ejecutoriado, anunció que interpondría demanda de partición de bienes gananciales (fs. 13 a 14 vta.). II.4. Cursa Certificado SERECI/M.J.S.B./0186/2019 de 18 de enero, emitido por el Órgano Electoral Plurinacional; por el que, se reportó que, en el sistema de la institución no se consignó descendencia entre ambos cónyuges (fs. 31). II.5. Mediante memorial de 15 de marzo de 2019, Julio César Torrico Rosas y Mariela Arriaga Guzmán, solicitaron al Notario de Fe Pública, el divorcio de Mutuo Acuerdo Voluntario en la Vía Notarial y se cancele la partida matrimonial ante la Dirección Departamental o Servicio de Registro Cívico (fs. 28); adjuntando al efecto, un Acuerdo Voluntario entre Esposos Sobre Disolución Conyugal; en el que consta que, ambos esposos manifiestan su consentimiento y mutuo acuerdo para la disolución del matrimonio, que durante la vigencia del matrimonio no tuvieron hijos biológicos ni adquirieron bienes muebles, inmuebles, enseres ni ningún objeto considerado bien ganancial, y renuncian de manera expresa a cualquier forma de asistencia familiar (fs. 29). II.6. Consta Certificado de Cancelación de la Partida de Matrimonio, extinguido por Divorcio Notarial ante Notario de Fe Pública 89, de 16 de marzo de 2019, emitida por el Registro Civil 4225, del SERECI (fs. 26). II.7. Mediante memorial presentado el 17 de junio de 2019, Mariela Arriaga Guzmán contestó a la demanda de divorcio interpuesta por el ahora solicitante de tutela; en el que señaló que, el 15 de marzo de año señalado, interpuso por vía notarial la demanda de divorcio; la cual ya se encuentra ejecutoriada y disuelto su vínculo matrimonial; solicitando la extinción y archivo del proceso que se encuentra en el Juzgado a su cargo, porque ya se disolvió la unión conyugal (fs. 36 y vta.). II.8. Cursa Auto 61/20 de 4 de septiembre de 2020; por el cual, el Juzgado Público de Familia Noveno del departamento de Santa Cruz declaró probado el incidente planteado por Mariela Arriaga Guzmán y determinó en consecuencia, la inviabilidad de tramitar el divorcio en la vía judicial, cuando ambas partes, voluntariamente ya procedieron a realizar un divorcio en la vía notarial en base a la Escritura Pública 148/2019 a cargo de la Notaria de Fe Publica 89, Elva Elena Ugarteche Lino, cursando certificación de cancelación de partida matrimonial ante el SERECI; por consiguiente, dicha resolución causa estado (fs. 145 y vta.). II.9. Contra la determinación asumida en el Auto 61/20, el ahora accionante, a través de memorial de 23 de octubre de 2020, interpuso recurso de apelación, solicitando que se disponga la continuidad del proceso de divorcio y el archivo de obrados de la demanda de divorcio seguida por la vía Notarial (fs. 147 a 148 vta.). II.10. Mediante Auto de Vista 231/2021 de 21 de julio; la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el hoy solicitante de tutela y confirmó el Auto impugnado (fs. 163 a 165 vta.), notificándose con el mismo, a Julio César Torrico Rosas, de manera personal, el 12 de agosto de 2021 (fs. 166).
La parte accionante, alegó como lesionados el debido proceso y sus derechos a la defensa, igualdad, de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y del principio de verdad material; dado que, dentro del proceso de divorcio iniciado por su parte, la contraparte a tiempo de responder a la demanda, hizo conocer que se tramitó similar pretensión en la vía notarial; en la que, se ordenó la disolución del matrimonio y la cancelación de la partida matrimonial ante el SERECI; sin considerar que, la determinación notarial se asumió cuando se encontraba en curso la demanda ordinaria; determinación que fue confirmada en apelación, privándole la discusión de la división y partición de los bienes gananciales. En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o no la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez; establece que, la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en el plazo de seis meses, computables desde el momento en que ocurrió la vulneración alegada, de notificada la última decisión administrativa o judicial o desde el conocimiento de la parte afectada del acto u omisión que provocó la lesión a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por su parte, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. En base a las normas referidas, la SCP 0871/2014 de 12 de mayo, asumiendo criterio uniforme sobre el principio de inmediatez, concluyó que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desarrolló una interpretación pedagógica, sobre el alcance del principio de inmediatez, estableciendo su comprensión desde un punto de vista positivo y negativo, en función a su naturaleza protectora de derechos y garantías, así como la objetividad de los hechos que deben ser puestos a consideración del Juez o Tribunal de garantías; así la SC 0921/2004-R de 15 de junio, señaló: 'el Tribunal de amparo hizo una incorrecta interpretación de la naturaleza jurídica y alcances del principio de inmediatez, cabe aclarar que dicho principio tiene dos elementos; uno positivo, lo que significa que el amparo constitucional es una vía tutelar para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, lo que implica que esta vía se activa inmediatamente de haberse producido la lesión, sino hubieren otras vías, o de haber agotado las vías legales ordinarias idóneas y efectivas si es que existen; y otro negativo, lo que significa que la persona titular de los derechos fundamentales vulnerados, debe activar inmediatamente el amparo constitucional, no dejando pasar lapsos de tiempo prolongado que la hagan ineficiente a esta vía tutelar; a cuyo efecto este Tribunal ha establecido, por vía jurisprudencial un plazo razonable de seis meses'. (…) Finalmente y sobre el principio en análisis, la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre, sostiene la siguiente concepción: 'se puede advertir en síntesis que la presentación de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, caso contrario, ante la jurisdicción constitucional opera el principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar; en ese sentido, si la persona supone que se le han vulnerado sus derechos o garantías constitucionales, esta [ésta] de forma diligente y sin esperar que transcurra el tiempo -más de los seis meses-debe dirigirse a la jurisdicción constitucional, caso contrario se considera su interposición como extemporánea, situación que inhabilita el ingreso al análisis de fondo de la problemática planteada’”. Por su parte la SCP 0265/2019-S1 de 22 de mayo, aplicando dichos criterios refirió:“…por mandato constitucional el presente mecanismo de defensa se constituye en el medio idóneo, rápido y eficaz para el restablecimiento de aquellos derechos que fueren conculcados o amenazados de serlo por actos u omisiones de servidores públicos o personas particulares, la protección que brinda se activa ante la observancia de características que hacen a su naturaleza jurídica; así, se tienen los principios de subsidiariedad e inmediatez, este último conforme la jurisprudencia constitucional ha entendido y reiterado, tiene dos facetas, una positiva y otra negativa, la primera implica una tutela inmediata de los derechos y la segunda el plazo para su interposición cuya finalidad es hacer eficiente esta acción tutelar de ahí que quien considere que sus derechos fundamentales y garantías constitucionales le fueron conculcadas no debe esperar que transcurra mucho tiempo para acudir a la justicia constitucional de lo contrario impide a este Tribunal poder ingresar al análisis de fondo y resolver el problema jurídico planteado. Así los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, establecen que el plazo para interponer la acción de amparo constitucional es de seis meses, a computarse desde la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; es decir, a partir de haber agotado la instancia ordinaria mediante la activación de los mecanismos procesales que el orden jurídico prevé y que además sean los idóneos para el restablecimiento del derecho fundamental o garantía constitucional considerado como vulnerado” (las negrillas son añadidas).
Por otra parte, también es necesario citar la jurisprudencia constitucional establecida con relación a las exigencias legales en las notificaciones en resguardo del derecho a la defensa del demandado o de la tutela judicial efectiva en caso de ser demandante, es así que a través de la SC 0427/2006-R de 5 de mayo, se estableció que: “'...los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida' (SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre). En este contexto, respecto a las notificaciones con las determinaciones emitidas en segunda instancia en materia civil, este Tribunal Constitucional, ha establecido que: '(...) el art. 231 CPC, determinaba que «Recibido el expediente por el juez o tribunal de alzada, se decretará su radicatoria, actuación a partir de la cual se tendrá por domicilio legal de las partes la secretaría del juzgado o tribunal»; sin embargo, este artículo fue modificado por el art. 21 LAPCAF, cuyo texto que sustituyó al anterior simplemente establece que «Recibido el expediente por el juez o tribunal de alzada, se decretará su radicatoria», lo que significa que para efectos de notificaciones, se mantiene el domicilio señalado por las partes en primera instancia (...)' (SC 40/2003-R, de 14 de enero); es decir, “que desde una interpretación teleológica, se tiene que el legislador, con la finalidad de dotar de la máxima eficacia al inviolable derecho a la defensa, decidió eliminar del texto del art. 231 del CPC, la frase «actuación a partir de la cual se tendrá por domicilio legal de las partes la secretaría del juzgado o tribunal» (...) en la reforma del 28 de febrero de 1997, Ley de abreviación civil y asistencia familiar; con lo que se eliminaron las «notificaciones por cédula en estrados» en la segunda instancia; de lo que se entiende que en el sentido del nuevo precepto, para efectos de notificaciones en segunda instancia, se mantiene el domicilio señalado por las partes, en la primera instancia' (SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre). En este mismo sentido, la SC 1067/2004-R, de 6 de julio, señaló que: 'De la interpretación desde y conforme a la Constitución de la norma prevista por el art. 231 del CPC, modificada por el art. 21 de la LAPCAF se infiere que la notificación con el Auto de Vista se efectuará en el domicilio procesal señalado por las partes a tiempo de apersonarse ante el Tribunal de apelación; empero, si no lo hicieren, se considera que el domicilio procesal válido para efectuar tales notificaciones debe ser el domicilio procesal señalado en primera instancia, pues ese fue el espíritu de dicha norma cuando fue reformada por la Ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar, y en caso de efectuarse notificaciones en un domicilio procesal diferente al mencionado o en estrados judiciales se estaría vulnerando la garantía del debido proceso, en el elemento al derecho a la defensa en caso de ser demandado o el derecho a una tutela judicial efectiva, en caso de ser demandante'. No obstante lo expuesto, sin contradecir la jurisprudencia citada este Tribunal estableció que es exigible la notificación personal, siempre que existan recursos contra los que pueda impugnarse un Auto de Vista o una Resolución en segunda instancia. Así la SC 818/2004-R, 26 de mayo estableció que: '(...) la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado en forma reiterada que la notificación con las resoluciones en apelación, debe ser realizada en forma personal, de no ser así se «vulnera el debido proceso que incorpora en su núcleo esencial la posibilidad de conocer las resoluciones judiciales y ejercitar en la forma más amplia el derecho a la defensa a través de la interposición de los recursos y acciones que concede la Ley», conforme se ha establecido en las SSCC 1028/2002-R, 340/2003-R, 321/2004-R, entre otras; vale decir, que se provocará indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo del Auto de Vista, para que en caso de existir recursos contra éste, pueda utilizarlos sin ninguna restricción, asegurando de ese modo su derecho a la defensa, de no existir recursos contra los que pueda impugnarse el Auto de Vista, no puede concluirse que se esté afectando el derecho a la defensa, por cuanto la normativa aplicable al caso ya no brinda otros recursos o mecanismos de impugnación. De ahí que será exigible la notificación personal con el Auto de Vista o Resolución pronunciada por el Tribunal superior, siempre y cuando existan medios o recursos a ser utilizados para dejarlo sin efecto; razonamiento jurisprudencial que se sustenta, al igual que los anteriormente glosados, en razón de que la exigencia de la notificación en forma personal o por cédula en el domicilio señalado en primera instancia o en su defecto en el señalado en apelación a tiempo de apersonarse con el Auto de Vista, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, por cuanto las formas procesales no tienen un valor en sí mismo, sino que deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo, cual es asegurar que la determinación judicial, objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, a quien se le garantice de manera efectiva el inviolable derecho a la defensa del demando o el derecho a la tutela judicial efectiva en caso de ser demandante'” (las negrillas son nuestras).
La parte impetrante de tutela alegó como lesionados el debido proceso y sus derechos a la defensa, a la igualdad, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y del principio de verdad material; dado que, dentro del proceso de divorcio iniciado por su parte, la contraparte a tiempo de responder a la demanda, hizo conocer que se tramitó similar pretensión en la vía notarial; en la que, se ordenó la disolución del matrimonio y la cancelación de la partida matrimonial ante el SERECI; sin considerar que, la determinación notarial se asumió cuando se encontraba en curso la demanda ordinaria; determinación que, fue confirmada en apelación, privándole la discusión de la división y partición de los bienes gananciales. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes adjuntos a la presente acción tutelar; de donde se evidencia que, el 6 de diciembre de 2008, el accionante contrajo matrimonio civil con Mariela Arriaga Guzmán, acto que fue celebrado ante la Oficialía de Registro Civil CPISL 2, Libro 06-08, Partida 82, Folio 82, del departamento de Santa Cruz; no habiendo llegado a procrear hijos. No obstante lo cual, el 17 de enero de 2019, el precitado interpuso demanda de divorcio que radicó ante el Juzgado Público de Familia Noveno del departamento de Santa Cruz, instancia que emitió el Auto 61/20; por el que, declaró probado el incidente planteado por su cónyuge, bajo el argumento que la misma hubiera demostrado la inviabilidad de tramitar el divorcio en la vía judicial, porque ambas partes, con anterioridad y de manera voluntaria, hubieron iniciado el mismo trámite en la vía notarial, en la se determinó la disolución del matrimonio.
Ante la determinación asumida, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación en el efecto suspensivo, resuelto por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Auto de Vista 231/2021 de 21 de julio; por el que se declaró “No Haber Lugar” a su recurso de apelación interpuesto, confirmando la decisión primigenia; fallo que, según denuncia es incongruente, incoherente, incompresible y contradictorio consigo mismo y con las leyes “843”, “603”, que tratan de la comunidad de gananciales; tomando en cuenta que, nadie puede privar a una persona de los derechos fincados en matrimonio, bajo pena de nulidad. Este último que le fue notificado en Tablero Judicial de la Secretaria de la Sala de apelaciones, el 12 de agosto de 2021, en presencia de testigo. Previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado, corresponde analizar si el accionante, superó las causales de improcedencia reglada contenidas en la normativa procesal constitucional, entre ellas, el principio de inmediatez; el cual, considerando lo expuesto en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, exige que la persona agraviada active la acción de amparo constitucional en resguardo de sus derechos en el tiempo oportuno, el cual no podrá superar de los seis meses computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión jurisdiccional.
En el presente caso, el solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, como consecuencia de la emisión del Auto de Vista 231/2021, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el cual, según consta en obrados, fue notificado al mencionado sujeto procesal el 12 de agosto de 2021; mediante cédula, fijada en el Tablero Judicial de la mencionada Sala, en su Secretaria de Cámara, en presencia de testigo. De la subsunción de este hecho a la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, con relación a la diligencia de notificación, conforme se estableció, las comunicaciones procesales no están destinadas a cumplir una mera formalidad procesal; sino, a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma, sea conocida efectivamente, resguardan el derecho a la defensa; y por lo mismo, deben ser realizadas de tal forma, que se asegure su recepción por parte del destinatario. En el caso concreto, se puede concluir que el fallo ahora impugnado, como es el Auto de Vista 231/2021 agotó las vías de impugnación intraprocesal; dado que, se trata de una tramitación incidental a la causa principal; por lo tanto, no afecta de modo alguno, al debido proceso; y por lo mismo, su notificación no necesariamente debió ser efectuada de manera personal ni en el domicilio procesal señalado por el ahora accionante; de modo que, se la reputa como válida, aún al haber sido practicada en Tablero de la Secretaría de la instancia judicial. Determinado lo anterior; se establece que, el plazo de la inmediatez para la activación de la presente acción, debe empezar a computarse a partir del 12 de agosto de 2021; al ser la notificación, con la última decisión judicial, concluyendo el mismo, seis meses después; es decir, 12 de enero de 2022; no obstante de ello, Julio César Torrico Rosas –ahora solicitante de tutela– activó esta jurisdicción constitucional recién el 27 de abril de 2022; es decir, cuando el plazo para su presentación había vencido de manera superabundante, decantando en la improcedencia de esta acción tutelar, en aplicación del art. 55.I del CPCo; dado que, el justiciable debe reclamar la vulneración de sus derechos en un tiempo prudencial, lo contrario, involucra inactividad procesal que deriva en una denegatoria de tutela; pues, esta omisión debe ser considerada como una negligencia que lleva a considerar como extemporánea la pretensión, más allá del plazo establecido, no pudiendo ingresarse al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 75/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 243 a 247, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0761_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): ba08f0e0b4fbdac6b6be7af065bd7cb5fc88a14435a2f93e69a1f21e4e06f934
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