Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de julio de 2023
Concede la tutela
La ahora impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, salud, seguridad social, alimentación y pago de subsidios, toda vez que la autoridad demandada, el Gobernador (MAE) del GAD del Beni, su empleador, no obstante haberle solicitado de manera reiterada, tanto de manera verbal como de forma escrita, el pago de subsidio de lactancia correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021 y enero, febrero y marzo de la gestión 2022, estos no fueron pagados en especie oportunamente, obteniendo como respuesta que no existe presupuesto para tal finalidad, pero que se estaría procesando el mismo, sin que tal compromiso de pago se haya materializado hasta el momento de presentación de esta acción tutelar; por tal motivo acude a la jurisdicción constitucional, solicitando que se le conceda la tutela impetrada y se disponga la cancelación retroactiva en dinero de las asignaciones familiares, consistente en seis subsidios de lactancia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: i) La preminencia del estándar protector para el bienestar de la madre y el ser en gestación garantizando la dignidad de las mujeres embarazadas y de los progenitores; ii) Sobre el régimen de las asignaciones familiares; y iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 053/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 51 a 54, y en consecuencia corresponde CONCEDER la tutela, disponiendo para que José Alejandro Unzueta Shriqui, en su condición de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, dentro de las setenta y dos horas realice el pago de las asignaciones familiares pendientes; vale decir, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, enero, febrero y marzo de la gestión 2022, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0761/2023-S1 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47801-2022-96-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 053/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 51 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Arlena Rodríguez Méndez, contra José Alejandro Unzueta Shriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) del Beni.
Por memorial de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 18 a 22 la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que el 4 de enero de 2021, ingresó a trabajar en el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, en el cargo de Limpieza II-Edificio Central, bajo la dependencia operativa de la Dirección Departamental de Recursos Humanos, dependiente de Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, ambos del GAD del Beni, conforme a Memorándum SDAF/80 A-D/2021 y Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-17/2022. Afirma que desde la pasada gestión viene solicitando, de forma verbal, el pago de los subsidios de lactancia que se le debe en favor de su hija menor, posteriormente solicitó dicho pago de manera escrita, acompañando todos los requisitos exigidos; sin embargo, hasta la fecha no existe el pago de dichos beneficios, recibiendo como respuesta que no existe presupuesto pero que pronto procederían a su pago; sin embargo, al presente su hija cuenta con un año de edad, habiendo erogado su persona todos los gastos de alimentación y salud de la misma, sin que exista el pago comprometido por parte de la autoridad departamental ahora demandada. Detalla que por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero, febrero y marzo de 2022, son los meses impagos, que ascienden a un total de Bs12 000.- (doce mil bolivianos 00/100) que deben ser reembolsados en dinero debido a que su persona ya procedió a erogar dichos gastos. Hace referencia además a la SC 1532/2011-R de 11 de octubre y afirma que entre las prestaciones que le corresponden se encuentra el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad y el subsidio de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo durante sus primeros doce meses de vida.
La accionante alega la lesión de sus derechos a la vida, salud, seguridad social, alimentación y el pago de subsidios, cita al respecto los arts. 15.I, 18.I, 45, 48.II, 60, 118, 128, 129 y 410.I y II, todos de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño.
Solicitó se conceda la tutela y se disponga por la cancelación retroactiva en dinero de las asignaciones familiares consistente en seis subsidios de lactancia.
Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2022, según se tiene del acta cursante de fs. 49 a 50 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogado ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) del Beni, a través de sus abogadas, presentó informe escrito el 12 de junio de 2022, conforme cursa de fs. 37 a 39, exponiendo los siguientes argumentos: a) La acción de amparo constitucional solo podrá ser analizada en el fondo, cuando la parte accionante hubiere acudido con su reclamo ante la misma instancia que incurrió en la supuesta lesión, y después agotar las demás instancias reconocidas a fin de tratar de revertir el acto ilegal u omisión por el carácter subsidiario, en el que debe agotarse las instancias; b) El GAD del Beni, realizó los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la modificación presupuestaria correspondiente y de esta manera poder cumplir con el pago de las asignaciones familiares; c) Hace mención al art. 4 inciso e) del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, respecto a los conceptos de asignaciones familiares, prenatalidad, lactancia y subsidio de lactancia y refiere que en este caso de trata de la entrega a la madre de productos alimenticios inocuos, con el valor nutritivo de origen nacional equivalente al pago de Bs2 000.-(dos mil bolivianos) acorde a la normativa vigente, por cada hijo desde el primer día del nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad; asimismo, refiere que conforme al art. 21 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida los empleadores se encuentran prohibidos de otorgar el subsidio de lactancia en dinero; a su vez, al amparo del art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley 1178 de 20 de julio de 1990 –Ley SAFCO), solicita que en los procesos administrativos y judiciales previstos por ley, en ninguno de sus grados o instancias darán lugar a condena en costas y honorarios y de disponerse el pago de subsidios, solicitan se disponga para que el pago sea en subsidio familiar en el plazo de veinte días.
La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, mediante Resolución 053/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 51 a 54 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Autoridad demandada, en el plazo de veinte días hábiles a partir de la notificación, proceda al pago de los seis subsidios de lactancia adeudados, cuyo monto asciende a la suma de Bs12 000.- en favor de la accionante, debiendo ser dicha compensación de manera retroactiva y cancelada en dinero; sobre la base de los siguientes argumentos: 1) Toda vez que se denuncia la vulneración a los derechos a la seguridad social, en el presente caso, es necesario abstraerse del principio de subsidiariedad; 2) De la revisión de antecedentes se tiene que Arlena Rodríguez Méndez, se desempeñaba en el cargo de Limpieza II-Edificio Central bajo la dependencia de la Dirección Departamental de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, ambos del GAD del Beni, con un nivel salarial dieciocho de la planilla de inversión con un salario de Bs3 000.- (tres mil bolivianos 00/100) mensuales conforme se tiene del Memorándum SDAF/80 A-D/2021 de 4 de enero de 2021, y Contrato Administrativo de Personal Eventual GAD-BENI-C.E-17/2022; así también se advierte la presentación de Certificado de Nacimiento de la menor, consta el formulario de calificación de asignaciones familiares acompañando a la presente acción tutelar que fuere expedido por el Administrador Jefe Médico de la Caja de Salud Cordes, del cual se puede apreciar que la fecha de iniciación de pago de asignaciones familiares es a partir del 22 de abril de 2022, correspondiéndole doce asignaciones familiares hasta el 23 de marzo de 2022; 3) Se evidencia solicitud de pago en efectivo de asignaciones familiares de parte de la accionante dirigido al representante del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, reclamo que no fue desvirtuado por la parte demandada, solicitando un plazo de vente días para cumplir con dicha obligación, debido a los trámites de modificación presupuestaria iniciados ante el Ministerio de Economía y Finanzas; 4) Conforme a la jurisprudencia desarrollada respecto a la obligación del pago de los subsidios, estas son de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, ya que se trata de la seguridad social que se encuentra relacionada con el ejercicio del derecho a la salud del ser gestante y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad, sustentado en el principio de interés superior del niño; 5) El deber de cumplir con las asignaciones familiares, permite la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido que se concreta en los derechos a la vida y a la salud; 6) La falta de cumplimiento a esta obligación en favor de la impetrante de tutela, generó vulneración de los derechos constitucionales invocados, siendo viable determinar su pago en forma monetaria, en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría su finalidad, debido a que la entrega de productos con valor nutritivo se encuentran acordes tanto para el desarrollo de la madre como del niño hasta el primer año de edad; y tomando en cuenta que al presente la hija de la ahora peticionante de tutela cuenta con un año de edad y un mes de nacida, corresponde según la previsión del Reglamento de Asignaciones Familiares, comprendido en el art. 19 de la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, disponer las compensaciones retroactivas de las asignaciones familiares en dinero; 7) De la revisión del formulario de calificación de beneficios para el régimen de asignaciones familiares y del informe presentado por la Autoridad demandada, consta el incumplimiento al pago de los seis subsidios de lactancia, siendo evidente que la demora en la otorgación de la referida asignación familiar, generó lesión a los derechos fundamentales invocados en la demanda, por lo que corresponde conceder la tutela.
Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través del Memorándum SDAF/80 A-D/2021 de 4 de enero de 2021, la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, designó a Arlena Rodríguez Méndez, para ejercer el cargo de Limpieza II-Edificio Central, bajo la dependencia de la Dirección Departamental de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas, ambos delGAD del Beni, con el nivel salarial dieciocho de la planilla de inversión, a partir del 4 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 (fs. 3). II.2. Cursa Copia de Certificado de Nacido vivo CNVBN 10349 de 23 de marzo de 2021, en la que consta como madre Arlena Rodríguez Méndez; asimismo, cursa copia fotostática de cédula de identidad de AVR; a su vez, consta copia simple de Calificación de beneficios Para el Régimen de Asignaciones Familiares en favor de la hija de (fs. 6 a 8).
II.3. Mediante Nota presentada el 28 de abril de 2022, ante el Gobernador del Departamento del Beni, Arlena Rodríguez Méndez, solicitó el pago de seis subsidios de lactancia en favor de su hija AVR (fs. 10).
La ahora impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, salud, seguridad social, alimentación y pago de subsidios, toda vez que la autoridad demandada, el Gobernador (MAE) del GAD del Beni, su empleador, no obstante haberle solicitado de manera reiterada, tanto de manera verbal como de forma escrita, el pago de subsidio de lactancia correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021 y enero, febrero y marzo de la gestión 2022, estos no fueron pagados en especie oportunamente, obteniendo como respuesta que no existe presupuesto para tal finalidad, pero que se estaría procesando el mismo, sin que tal compromiso de pago se haya materializado hasta el momento de presentación de esta acción tutelar; por tal motivo acude a la jurisdicción constitucional, solicitando que se le conceda la tutela impetrada y se disponga la cancelación retroactiva en dinero de las asignaciones familiares, consistente en seis subsidios de lactancia. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto se analizará los siguientes temas: i) La preminencia del estándar protector para el bienestar de la madre y el ser en gestación garantizando la dignidad de las mujeres embarazadas y de los progenitores; ii) Sobre el régimen de las asignaciones familiares; y iii) Análisis del caso concreto.
El presente entendimiento fue desarrollado en la SCP 0862/2019-S2 de 25 de septiembre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. La Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad (art. 62 de la CPE).
Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, se funda no sólo en el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar, por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal”. Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R de 10 de 1El F.J. III.4, señala: “…durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido”. 2El F.J. III.4, refirió que: “De esta disposición constitucional, se desprende que la intención del Constituyente no fue únicamente proteger a la mujer en estado de gravidez, sino a la futura madre. Reconocimiento no sólo constitucional sino que se halla en innumerables tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el art. 25, señala: ‘La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales’. Estableciendo por su parte, el art. 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que: ‘Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto’.
La protección otorgada a este sector de la sociedad, cobra una importancia trascendental en cuanto involucra el derecho a la vida del nasciturus, que recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por lo que, la madre en estado de embarazo recibe protección especial. Debiendo al efecto, brindarle toda la atención y cuidados necesarios que le permitan el desarrollo de un embarazo normal preservando la vida del futuro ser. En secuela, si la madre no recibiera un apoyo específico, su embarazo podría verse gravemente afectado, en inobservancia de la protección integral que la sociedad y el Estado están constreñidos a otorgarle.
Los fundamentos constitucionales de la protección a la mujer embarazada deben materializarse y no ser simples enunciados que desconozcan sus derechos; estando por ende, el Estado a través de sus autoridades y la sociedad, en la obligación de brindar una garantía especial y efectiva de los derechos de la maternidad. En especial cuando su desconocimiento, compromete el mínimo vital de la futura madre, del feto o recién nacido”.
febrero, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que, las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, en el Fundamento III.8, estableció que la garantía de inamovilidad laboral:
… es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores (las negrillas fueron añadidas). Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (énfasis añadido), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.
El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal.
VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (las negrillas son nuestras). En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia en el Fundamento Jurídico III.3 que:
…todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad. Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional precisó que la protección que brinda la Constitución Política del Estado está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, así como los cargos electivos. La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre4 en el Fundamento Jurídico III.2, refiriéndose a los padres progenitores que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos de libre nombramiento, determina que dicha garantía también les es aplicable señalando que: “se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE". Por su parte, la SCP 0227/2013-L de 2 de abril6 efectúa pronunciamiento con relación a las servidoras y servidores públicos provisorios, determinando que la condición de servidora o servidor público provisorio7 no se encuentra fuera del marco de protección constitucional de inamovilidad funcionaria prevista en el art. 48.IV de la CPE, por cuanto si bien dichos funcionarios no gozan de las prerrogativas previstas para los funcionarios de carrera; sin embargo, la inamovilidad laboral que por mandato constitucional les asiste, responde a su condición de padres progenitores. Asimismo, en cuanto a los servidores con cargos electivos, la 4El FJ.III.2 expresa: “…se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza". 5Cabe precisar que la SCP 1417/2012, cambió el entendimiento contenido en la SCP 1277/2012, que en su oportunidad estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no podía ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; entendimiento que en el marco de la jurisprudencia desarrollada, contenía un entendimiento restrictivo. 6El FJ.III.5. señala que “(…) al ser la protección que brinda el Estado, una respuesta a los derechos del binomio madre-hijo, su condición de servidora pública provisoria no se encuentra fuera del marco de dicho resguardo; es evidente que conforme al art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), los funcionarios que no se encuentren comprendidos en la carrera administrativa, no gozan de los derechos a los que hace referencia el parágrafo II del art. 7 del referido Estatuto; sin embargo, la situación de la accionante, resulta ser diferente, por cuanto la inamovilidad laboral que por mandato constitucional le asiste, responde a su condición de madre en estado de gestación, situación que representa para el Estado de primordial protección. 7El art. 71 del EFP, que refiere: “(CONDICION DE FUNCIONARIO PROVISORIO). Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”.
SCP 1277/2012entiende que respecto de dichos cargos, no hay inamovilidad funcionaria, pero sí acceso al sistema de seguridad social, porque no resultaría razonable extender el periodo de mandato por el que fueron electos. Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria de madre o padre progenitores, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo que no admite discriminación alguna, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, salvo los supuestos de excepción establecidos por las disposiciones normativas y jurisprudenciales desarrolladas para el efecto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1503/2022-S1 de 19 de mayo, asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado, en su art. 45.I y III, dispone que: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social”; así también, reconoce que: “El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riegos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”.
Asimismo, el art. 48.I y IV de la CPE, prevé lo siguiente: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio”; y, “IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles”.
En cuanto a las asignaciones familiares establecidas en favor de los trabajadores, el Decreto Supremo 3546 de 20 de febrero de 2013, modificatorio del art. 25 del DS 21637, establece en su art. 25, inc. a) y c), que se reconocen las prestaciones del Régimen de las Asignaciones Familiares, que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras, las siguientes: “ a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad”; (…) “c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida”.
La ahora peticionante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, salud, seguridad social, alimentación y pago de subsidios, toda vez que la autoridad ahora demandada, el Gobernador del GAD del Beni, su empleador, no obstante haberle solicitado de manera reiterada, tanto de manera verbal como de forma escrita, el pago de subsidio de lactancia correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021 y enero, febrero y marzo de la gestión 2022, estos no fueron pagados en especie oportunamente, obteniendo como respuesta que no existe presupuesto para tal finalidad, pero que se estaría procesando el mismo, sin que tal compromiso de pago se haya materializado hasta el momento de presentación de esta acción tutelar; por tal motivo acude a la jurisdicción constitucional, solicitando que se le conceda la tutela impetrada y se disponga la cancelación retroactiva en dinero de las asignaciones familiares, consistente en seis subsidios de lactancia. De la revisión de los antecedentes que informan el expediente, se tiene que mediante Memorándum SDAF/80 A-D/2021 de 4 de enero de 2021, la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, designó a Arlena Rodríguez Méndez, para ejercer el cargo de Limpieza II-Edificio Central, bajo la dependencia de la Dirección Departamental de Recursos Humanos GAD del Beni, dependiente de la Secretaría Departamental de Administración y Finanzas con el nivel salarial dieciocho de la planilla de inversión, a partir del 4 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 (Conclusión II.1). En pleno ejercicio de sus funciones laborales, Arlena Rodríguez Méndez, se vio en estado de gestación y posterior alumbramiento de la menor AVR, tal cual tuvo a bien acreditar mediante Certificado de Nacido vivo CNVBN 10349 de 23 de marzo de 2021, en la que consta como madre Arlena Rodríguez Méndez; y, una vez nacida la menor tuvo a bien acreditar con su cédula de identidad sobre la identificación de la hija concebida y además de realizar la Calificación de beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares que era de conocimiento del GAD del Beni (Conclusión II.2). Ejerciendo su derecho al pago de las asignaciones familiares, por nota presentada el 28 de abril de 2022, ante el Gobernador del Departamento del Beni, Arlena Rodríguez Méndez, solicitó el pago de seis subsidios de lactancia en favor de su hija AVR, sin haber recibido la dotación de dichas asignaciones familiares por su empleador, quien no solo que incumplió con dicha obligación, sino que además fue reconocida tal falta de pago de las asignaciones familiares en favor de la madre progenitora y trabajadora en favor de su hija menor, conforme se desprende del propio Informe de amparo constitucional de 12 de junio de 2022, que reconoce expresamente esta falta de cumplimiento a un deber como empleador. Al respecto, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, existe un mandato constitucional establecido como una preminencia del estándar protector para el bienestar de la madre y el ser en gestación garantizando la dignidad de las mujeres embarazadas y de los progenitores a ser cumplido por todo empleador sea en el ámbito público o privado. Esta garantía constitucional fue creada con la finalidad de precautelar una diversidad de derechos fundamentales que le atingen a la madre gestante y el nuevo ser en gestación, ya que conforme se tiene desarrollado la finalidad esencial es el de buscar el bienestar de la madre gestante y del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad; es decir, en procura a que en el período de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año de edad, se desarrolle con los mayores esquemas de bienestar de alimentación oportuna entre otros requerimientos. Es importante reiterar conforme se tiene de una corriente finalista de los derechos de la madre gestante y el nuevo ser, no implica un mero reconocimiento del derecho por parte del empleador, sino que debe haber una verdadera acción protectora y reforzada de los derechos de este grupo de población vulnerable (madre gestante e hijo hasta un año de edad), que garantice efectivamente el derecho a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el período desde su concepción hasta que cumpla un año de edad, todo con el fin de disminuir el grado de mortalidad infantil, por lo que el pago oportuno de las asignaciones familiares en el tiempo requerido, tienen una finalidad del bienestar de la vida y salud de la madre gestante y el ser en gestación hasta que éste cumpla un año de edad. Esta materialización del pago de dichas asignaciones familiares en el tiempo que es requerido por la madre gestante y el nuevo ser por nacer o concebido hasta un año de edad cumplido, tiene un fin de precautelar como se dijo precedentemente, la alimentación, vida y salud de este grupo de población vulnerable (madre gestante e hijo hasta un año de edad), por lo que no es lo mismo dotar de las asignaciones familiares de manera posterior -a la hora que desee el empleador- de forma tardía, que lejos de coadyuvar en el pago oportuno de las asignaciones familiares, contradice el espíritu y finalidad de dicha asignaciones familiares, que es precisamente para garantizar la alimentación nutritiva de la madre gestante y el niño o niña hasta su un año de edad; razón por la que los empleadores tienen una responsabilidad de asegurar dicho cumplimiento en el tiempo oportuno que se tiene establecido. Como en el presente caso, en que el GAD del Beni, de manera muy laxa reconoce dicho derecho, empero nunca cumplió con su obligación del pago de dichas asignaciones familiares en el tiempo requerido, sino que postergó hasta que la ahora accionante deba activar la presente acción de defensa, para recién propender al reconocimiento y efectivo pago de la tantas veces mencionadas asignaciones familiares, cuando debió y debe ser, de atención preferente y de pago privilegiado por el GAD del Beni, y no aguardar a que la ahora accionante madre gestante y progenitora de la menor AVR, activando la presente acción tutelar, recién busque materializar este beneficio social de seguridad social en franco incumplimiento a lo previsto en el art. 48 inciso iv) de la Constitución Política del Estado (CPE) en sentido que los derechos laborales, beneficios sociales no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, siendo estos inembargables e imprescriptibles; razón por la que debe concederse la presente acción tutelar, aplicando el entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de presente fallo constitucional (régimen de las asignaciones familiares), respecto al incumplimiento de pago de estas asignaciones familiares. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela de la presente acción de amparo constitucional, actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 053/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 51 a 54, y en consecuencia corresponde CONCEDER la tutela, disponiendo para que José Alejandro Unzueta Shriqui, en su condición de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, dentro de las setenta y dos horas realice el pago de las asignaciones familiares pendientes; vale decir, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, enero, febrero y marzo de la gestión 2022, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
3 En el FJ III.1, señala: “En principio, corresponde señalar que en la Constitución Política del Estado, la protección a la vida del no nacido, encuentra sustento en los arts. 7 inc. a) y 193, pues es deber de las autoridades públicas, asegurar el derecho a la vida de “todas las personas”, y obviamente, al estar tutelada la maternidad, dicho amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”. “En este sentido, cuando la Constitución, consagra el derecho a la vida de toda persona, protege a la mujer embarazada y garantiza la protección de los derechos de la infancia, no hace otra cosa que reiterar el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. Así lo proclaman también diversos tratados internacionales, como en el art. 4 inc. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”.
8 El FJ.III.8, expresa: La inamovilidad laboral es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras, a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores. Sin embargo, al considerar esa garantía, se tiene que la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0761_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 016011534a378535b33d8d142122846b840b099e6c645df26e1dc855d81449e3
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