B.IA.LEGAL

SCP 0760/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo constitucional · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
31 de diciembre de 2024
Acción
Acción de Amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
52630-2022-106-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alega la vulneración del derecho a la vida con dignidad, a la salud y al debido proceso en su componente de fundamentación, debido a que, dentro el proceso penal por violación con agravante, al padecer su hijo esquizofrenia degenerativa que le impide comprender los actos del proceso, interpuso ante el Juez de la causa incidente de suspensión del proceso conforme prevé el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere el art. 202.6 de la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución Constitucional 093/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 1299 vta. a 1304 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia Potosí y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de
  2. III.2. La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación
  3. III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  4. III.4. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0760/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de Amparo constitucional Expediente: 52630-2022-106-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 093/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 1299 vta., a 1304 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesto por Marisol Callapa Romana de Clemente contra Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Vocales de la Sala Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial interpuesto el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1281 a 1290, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

COMO ANTECEDENTE SEÑALA: Dentro el proceso penal seguido en contra de su hijo Richard Willy Clemente Callapa por el delito de violación agravada, su persona en calidad de progenitora, considerando que su hijo padece esquizofrenia degenerativa que le impide comprender los actos del proceso, interpuso ante el Juez de la causa incidente de suspensión del proceso conforme prevé el art. 86 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, sin considerar los informes periciales que orientaban a que el mismo deba estar bajo cuidado de sus padres para que reciba terapia ocupacional consistente en zooterapia y tratamiento médico farmacológico, se dispuso su internación en el Instituto Psiquiátrico de la ciudad de Sucre.

OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA: Al considerar que dicha determinación le causó agravio, formuló apelación incidental; determinación que a través del Auto de Vista 108/2022 de 7 de noviembre, fue confirmada en todas su partes por los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Pese a que los puntos de reclamo fueron debidamente expuestos, no merecieron análisis alguno; b) No otorgaron respuesta concreta a su recurso, entre ellos: b.1) En cuanto a la necesidad de que el procesado se encuentre bajo cuidado de sus progenitores y reciba atención de terapia ocupacional y zooterapia; b.2) Tampoco se indicó del porque debe realizarse los informes psicológicos cada tres meses, cuando por previsión legal es de seis meses; y, c) De manera citra petita se dispuso su internación en un establecimiento psiquiátrico de la ciudad de Sucre.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia como vulnerado el derecho a la vida con dignidad, a la salud, al debido proceso en su componente de fundamentación, citando al efecto los arts. 115.II; 119.I; 129, 180, 225, y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

La parte impetrante de tutela solicitó se conceda la tutela y se ordene la nulidad del Auto de Vista 108/2022 de 7 de noviembre, para que en su caso se emita nueva resolución, determinado que la vigilancia y cuidado del procesado penal se cumpla en su domicilio a cargo de sus familiares, para que reciba terapia ocupacional y zooterapia; además que los informes psiquiátricos sean cada seis meses.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 1297 a 1299, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Vocales de la Sala Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pese a su notificación cursante a fs. 1293 y 1294, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia programada para el efecto.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Noemy Coria Rentería y Olga Arlet Ayllón Coria, pese a su legal notificación según consta a fs. 1295 y 1296, no presentaron informe escrito, menos se hicieron presente a la audiencia tutelar.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 93/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 1299 vta., a 1304 vta., resolvió denegar la tutela bajo los siguientes argumentos: i) La accionante identifica como “vulnerado su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación, previsto por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado” (sic); derechos que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional; “en términos simples y resumidos la fundamentación implica citar la norma en que se basa la determinación y la motivación es el caso particular que se relata, y que obviamente debe subsumirse la norma que se invoca, por lo que corresponde analizar esos aspectos en el caso concreto; ii) Para interponer el incidente de suspensión del proceso por enfermedad mental de su hijo, cumplió con la “carga probatoria” consistente en la pericia siquiátrica emitido por el perito propuesto por su persona, así como también por el informe pericial de la parte denunciante del proceso penal y un tercer informe de perito dirimidor; los tres informes de pericia siquiátrica, de forma unánime habrían establecido que el encausado sufre esquizofrenia degenerativa, recomendando proseguir con el tratamiento que sigue; por lo que la petición de suspensión del proceso y cuidado a través de la familia estaría respaldado, por lo que el auto que resuelve el caso confirmado en alzada, en sentido que el procesado esté bajo cuidado y reciba atención de terapia ocupacional y zooterapia para que mejore su estado mental y sea internado en el Instituto Psiquiátrico de Sucre, sería un agravio que vulnera el derecho a la salud y la vida digna del encausado, puesto que en el seno de su familia, tienen médicos y los medios para procurarle su mejoría, no así en el centro de psiquiátrico de referencia. En relación a ese presunto agravio, de la revisión del Auto de Vista 108/2022 de 7 de noviembre, se establece que los Vocales ahora demandados, han tomado en cuenta no solo los tres informes periciales sino la integridad de las pruebas referidas al caso; así, el Auto de Vista cuestionado, expresa que se tomó en cuenta el “informe emitido por el Hospital Daniel Bracamonte donde se encuentra internado ahora el imputado donde llega a establecer el profesional del área que el imputado habría tratado de auto eliminarse” (sic); informe que no ha sido tomado en cuenta por la accionante; iii) Asimismo, los Vocales tomaron en cuenta el certificado médico de 22 de septiembre de 2021, a través del cual, el doctor Alfonso Barrios señala que “el paciente debe continuar con tratamiento hospitalario”; el certificado médico emitido por el mismo doctor de 24 de septiembre de 2021, señala que “el paciente vuelve a tener inestabilidad en su estado mental con reparación de alucinaciones visuales y auditivas en forma grave y la tendencia al suicidio” (sic), documento al cual no se ha referido la parte apelante ni a ningún otro contrario a su pretensión; por todo ello, se puede evidenciar que las autoridades jurisdiccionales “han tomado en cuenta todos estos aspectos y ha realizado un análisis integral para disponer su resolución y ha señalado que se interne al ahora imputado en un centro psiquiátrico conforme establece la norma; por lo que no se advierte que exista insuficiencia de fundamentación y “la valoración de la prueba no solamente se ha basado en la tercera pericia sino se ha basado en las tres pericias que se hubieran realizado dentro del proceso” (sic); y, iv) La libertad del procesado, quedar al cuidado de su padre, madre, tutor o curador, “tal cual ha manifestado la parte denunciante es evidente que esta facultad es imperativa es de parte del juez” (sic), por lo que la autoridad jurisdiccional, al tomar en cuenta que el imputado ha realizado autolesiones y por temor a que “pueda volver a realizar los mismos actos”, fue dispuesto su internación en un establecimiento adecuado como el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, tal como dice el Auto de Vista, para “favorecer en todo caso su salud, su estado de salud física, psíquica, emocional y no colocándole en una situación de vulnerabilidad” (sic), situación que “es hasta tanto se recupere totalmente de esa enfermedad mental y proceder en todo caso a sustentar su proceso una vez se recupere del mismo” (sic). De todo ello, se establece que el Auto de Vista efectuó una valoración integral de todas las pruebas y no solamente de las tres que presentó la parte interesada y, como norma el art. 86 del CPP, ordenar dejarlo con sus familiares o que su recuperación sea en un centro psiquiátrico, potestad facultativa del juez, en mérito a la valoración integral de la prueba, “de todo lo que existiera en el cuaderno de investigaciones” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 15 de octubre de 2024, cursante a fs. 1312, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; recibida la misma, se ordenó su reanudación a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 30 de diciembre de 2024 a fs. 1316; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado Médico, emitido el 24 de septiembre de 2021 por parte del Psiquiatra Alfonso Barrios O., quien refiere lo siguiente:

“El paciente Richard Willy Clemente Callapa, de 40 años de edad, procedente de la ciudad de Potosí, con fecha de nacimiento 08/01/1981 con C.I. 4016538 pt. El médico que suscribe Certifica: que, el paciente continúa internado recibiendo tratamiento hospitalario desde el 30 de Agosto del presente año.

El paciente, con el tratamiento que recibe se encuentra relativamente mejorado, se recomienda que el paciente no debe salir del hospital por que descompensaría su evolución favorable hasta ahora ya que en anteriores oportunidades se recomendó que el paciente no debe permanecer encerrado más al contrario debe realizar tratamiento en base a la terapia ocupacional, apoyo familiar y zooterapia. También hago notar que si el paciente si es trasladado a un lugar conglomerado existe la posibilidad de contagio con covid 19 pudiendo este mismo paciente contraer el virus, retornar e infectar a los demás pacientes internados corriendo el riesgo en esta pandemia. En caso de no ser aceptada mi recomendación y el paciente vuelve a tener inestabilidad en su estado mental con reaparición de alucinaciones visuales y auditivas en forma grave y tendencia al suicidio, el suscrito médico no será responsable descompensación de su estado mental” (sic [fs. 277]). II.2. En razón del incidente interpuesto por Marisol Callapa Romana de Clemente -ahora impetrante de tutela- en representación de la parte imputada, cursa Resolución de Suspensión del Proceso hasta que desaparezca la incapacidad del imputado de 14 de octubre de 2022, por el cual, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, dispuso la suspensión del proceso hasta que desaparezca la incapacidad del imputado; asimismo, resolvió que el referido sea internado en el Instituto Nacional Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, bajo los siguientes argumentos:

VISTOS.- (…) CONVOCADA LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE SE HA OTORGADO LA PALABRA A LA DEFENSA DE LA PARTE IMPUTADA, inclusive ya acusada, quien prácticamente en virtud del art. 86 del C.P.P., solicita la suspensión del proceso por enfermedad mental por cuanto señala que existen los documentales consistentes en las pericias obviamente psiquiátricas que se tiene dentro del caso de autos, sobre el estado mental que tiene el imputado e inclusive señalando que el imputado tiene una esquizofrenia paranoide y en definitiva también solicita, entendemos la valoración de los documentos principalmente entendemos de las pericias que se han realizado dentro del caso de autos y entiendo que existen suficientes elementos para que se disponga la suspensión del proceso por enajenación mental y además solicita la parte imputada, acusada, la libertad del imputado a objeto de que se encuentre al cuidado de su familia ya que necesita espacio libre inclusive de animales, esto como una terapia por lo menos así se ha comprendido sustentando esta petición de las pericias que se han realizado dentro del caso de autos, entendemos con relación a la pericia del imputado propiamente y así también en la pericia dirimidora, es decir, la tercera terapia, solicitando en definitiva se de viabilidad a dicha solicitud en favor del imputado, acusado, Richar Willy Clemente Callapa. (…) A SU TURNO OTORGADO LA PALABRA A LA PARTE VÍCTIMA DENUNCIANTE, señala que las pericias establecen que el ahora imputado se encuentra mal, pero señala que al momento de suscitarse del hecho, el ahora imputado realizada su vida normal, es decir, conducía vehículo y otras actividades tal cual lo ha señalado la defensa de la parte víctima - denunciante, más allá de ello también establece que a través de los informes médicos entendemos del Dr. Barrios, señala que el ahora imputado sí podría lastimarse, pero en relación a los peritos o a las pericias psiquiátricas realizadas, señala que la pericia más razonable es el informe pericial que ha sido realizado por la parte VÍCTIMA DENUNCIANTE y además observando de que no existen informes o pericias dirimidoras y qué más al contrario debe de realizarse una fundamentación, un análisis, conforme la sana crítica, entendemos de las 3 pericias, sin embargo también señala que debe resolverse este incidente con perspectiva de género, tomando en cuenta que la víctima - denunciante, tiene la protección reforzada y eso es evidente, entendemos qué se encuentra plenamente respaldado, por diferentes normas y leyes incluso convenios y tratados internacionales, con relación a dicha circunstancia, en definitiva la parte víctima denunciante, también señala de que el imputado se encuentra ubicado en tiempo, en espacio entendemos a momento de los hechos y que no ameritaba intervención, en definitiva solicita sea declarado infundada el presente incidente y pide se continúe con el presente proceso conforme lo solicitado por la parte víctima denunciante. (…) Sin embargo, como otro antecedente se tiene que la parte imputada ha solicitado esta suspensión del proceso a través de un familiar, en el antecedente de que el Sr. Richard Willy Clemente Callapa, padece de una enfermedad mental esquizofrenia de acuerdo al certificado médico expedido por el Dr. Alfonso Barrios Villa, Médico-Psiquiatra del Hospital Bracamonte, corroborado por certificado médico forense y valorado por el equipo de calificación de la unidad de discapacidad rehabilitación y habilitación biopsicosocial dependiente de la Dirección Departamental de Salud de Potosí, en donde se llegó a establecer que el imputado padece de discapacidad mental psíquica con diagnóstico de esquizofrenia y que el porcentaje de discapacidad es del 50% y por ello solicita la suspensión del proceso conforme el art. 86 del C.P.P., es decir la parte imputada, bajo esos antecedentes ha solicitado esta suspensión del proceso conforme establece el art. 86 del C.P.P., y asimismo conforme también se tiene de los datos del proceso esta autoridad ha dispuesto la medida extrema de la detención preventiva, en su momento en contra del Sr. Richard Willy Clemente Callapa, ante el cumplimiento de los requisitos que exige el art. 233 en su núm. 1 y 2 del C.P.P., sin embargo posteriormente la parte imputada ha solicitado que este ciudadano Richard Willy Clemente Callapa, sea trasladado inclusive hasta el hospital Daniel Bracamonte, a la unidad correspondiente, que inclusive a la fecha pues el Sr. RICHARD WILLY CLEMENTE CALLAPA, aún continúa en el hospital Daniel Bracamonte, por cuanto está circunstancia en cuanto al traslado del ahora imputado del penal de Cantumarca hasta el Hospital Daniel Bracamonte efectivamente se ha hecho conocer en su oportunidad pero más allá de algunas situaciones que ha existido dentro del proceso, lo cierto evidente que sí se ha tomado conocimiento sobre el traslado del imputado hasta el hospital Daniel Bracamonte y que a la fecha aún continuaría en dicho nosocomio, esto entendemos ante los problemas de salud mental que tendría el Sr. Richard Willy Clemente Callapa, es lo que se tiene como antecedentes dentro del caso de autos y una vez designada en este caso a los peritos ya mencionados, se ha establecido como único punto de pericia, si el imputado Richard Willy Clemente Callapa, padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, con ese punto de pericias que los 3 peritos que se tienen dentro del caso de autos, han emitido los informes periciales correspondientes. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA.- Corresponde invocar lo establecido en el art. 115 parágrafo I de la C.P.E., que señala “Toda persona será protegida oportuna y eficazmente por los jueces y tribunales en el en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, en ese mismo sentido el C.P.P., en su art. 5 establece en cuanto a la calidad y derechos del imputado: “Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal, el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, los convenciones y los tratados internacionales vigentes y este código le reconozcan desde el primer acto del proceso hasta su finalización". Asimismo el art. 86 del C.P.P., en cuanto a la ENAJENACIÓN MENTAL, señala lo siguiente: “Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico comprobado este extremo, ordenará por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso, con respecto a los co-imputados. El juez o tribunal podrá ordenar su libertad dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador cuando no exista peligro que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada 3 meses sobre el estado mental del enfermo. En ambos casos el enfermo será examinado por lo menos una vez cada SEIS (6) meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa”, de la normativa descrita precedentemente se establece que el Estado garantiza al imputado en su procesamiento penal al respeto, cumplimiento de todos sus derechos fundamentales, debiendo en consecuencia ser tratado con el debido respeto a su dignidad de ser humano, es decir, que la propia Constitución y además el C.P.P, establece sobre los derechos también que tiene en este caso la parte imputada, y que dentro del caso de autos se han efectuado, realizado 3 pericias psiquiátricas que establecen lo siguiente: 1. EN CUANTO A LA PERICIA DEL IMPUTADO REALIZADO POR EL DR. ANTONIO MIGUEL GARCÍA CRUZ, médico-psiquiatra dictamen pericial de fecha 19 de octubre de la gestión 2021, por lo que corresponde extractar algunas partes pertinentes a objeto de mejor resolución de este incidente, este informe pericial psiquiátrico tiene los datos personales del examinado, metodología de evaluación, antecedentes familiares, antecedentes personales, examen mental, estudios realizados, conclusiones, pronóstico relación científica, consideraciones y conclusiones médico legales y recomendaciones. (…). En el punto 7, conclusiones establece “trastorno orgánico de personalidad, debido a lesión cerebral, trastorno equizotípico de personalidad, esquizofrenia con signos depresivos grave, pronóstico por la complejidad del cuadro patológico y factores endógenos y exógenos impensadas su pronóstico es sombrío”. (…). Conclusiones punto N° 10, “por tanto en respuesta, ¿si el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso,? se hace mención que el paciente, padece de deficiencia psíquica por su patología orgánica y crónica que afecta a sus facultades intelectivas y volitivas y por consiguientes su capacidad de obrar actos legales frente a normas jurídicas o antijurídicas por carecer aptitud para ejercer y cumplir obligaciones por inmadurez y afección psíquica afectada por su patología de base, por padecer trastorno psíquico, criterio psicopatológico y de evolución crónica, criterio cronológico imposibilitándose a gobernarse así mismo, de manera independiente se concluye que el evaluado carece de capacidad cognitiva, que exige la responsabilidad jurídica para obrar acciones de emprendimiento personal, actuando de modo impulsiva frente a situaciones de carácter abstracto, frente a su esfera personal, patrimonial por delimitación de sus habilidades exigibles en lo biopsicosocial personal, sosteniendo con los antecedentes, historial del evaluado afectando en sus habilidades de la vida independiente que requiere supervisión y entrenamiento de actividades intermedias y complejas de la vida diaria, no es posible sostener habilidades económicas y administrativas, autocuidados de salubridad personal que requiere apoyo y orientación supervisado, habilidades de interacción social limitado a entorno familiar y entorno cercano”. Se concluye que el imputado por su alteración psíquica de causa orgánica compleja y de pronóstico sombrío, el evaluado padece de enfermedad mental que le impide comprender actos exigibles plenos que consideren responsabilidad jurídica para otorgar un grado de responsabilidad, por consiguiente padece de deficiencia cognitiva para comprender plenamente una acción consciente que acierte voluntariamente frente a normas antijurídicas de orden social. Por lo que en sus recomendaciones señala que se debe dar terapias coadyuvantes a favor del imputado e inclusive en psicoterapia personal y familiar y continuar con tratamiento psicofarmacológico por tiempo no definido y según evolución clínica. Esa es el la parte más pertinente o sobresaliente en cuanto a la pericia emitida por el perito de la parte imputada y del cual se advierte que el ahora imputado padece de una enfermedad mental que le impide comprender los actos del presente proceso. 2. ASIMISMO SE TIENE LA SEGUNDA PERICIA O EN ESTE CASO LA PERICIA DE LA VICTIMA - DENUNCIANTE REALIZADO POR LA DRA. GABRIELA A. TORRES R. Médico-Psiquiatra, quien también emite su informe pericial psiquiátrico con los siguientes puntos: …examen mental, entrevista semiestructurada a la supuesta víctima, estudios realizados y solicitados conclusiones diagnósticas, relación científica, consideraciones y conclusiones médico- legales y por último recomendaciones… (…) En su punto N° 9 de consideraciones y conclusiones médico legales, señala que en respuesta a si el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impide comprender los actos delictivos del proceso, se menciona que: el paciente no padece de deficiencia psíquica ya que no se establece patología orgánica, solo leve deterioro cognitivo, que no afecta sus facultades mentales, ni volitivas frente a hechos legales, ni normas establecidas por el estado, ya que el paciente puede gobernarse a sí mismo, por lo tanto se concluye que el evaluado no carece de discapacidad psíquica, ya que puede realizar emprendimientos y habilidades personales, sentimentales, económicas y de autonomía”. Recomendaciones N° 10, “paciente debe realizarse evaluaciones periódicas”. Esa es la pericia de la parte víctima - denunciante, del cual se advierte que el imputado se encuentra entendemos apto para el presente proceso, pero sí reconoce o señala sobre un leve deterioro cognitivo. Posteriormente tomando en cuenta ambas pericias, es decir, la primera, y de la segunda, se advierte contradicción en el sentido de que la primera pericia de la parte imputada, establece que el imputado no está apto para el presente proceso y de la segunda se advierte que si está apto para el proceso y a raíz de esas circunstancias, se ha realizado: UNA TERCERA PERICIA DENOMINADA “DIRIMIDORA”, EN ESTE CASO A TRAVÉS DE LA DRA. YOLANDA CHÁVEZ ARAUZ, MÉDICO-PSIQUIATRA y de la misma manera este informe pericial psiquiátrico establece en sus diferentes puntos: datos personales del examinado, metodología de evaluación, antecedentes familiares, antecedentes personales, examen mental, estudios que se le han realizado, conclusiones diagnósticas, pronóstico, relación científica, consideraciones y conclusiones médico legales y último recomendaciones de la misma manera de su parte pertinente extractamos lo siguiente: (…) Consideraciones punto N° 9, “consideraciones y conclusiones médico-legales por tanto en respuesta si el imputado padece alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el imputado padece de esquizofrenia paranoide, enfermedad mental que le impide respuestas si el imputado padece alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del actos del proceso”. Recomendaciones, debe continuar con sus controles por la especialidad de psiquiatría, continuar con la medicación, tal como indica el médico psiquiatra, recibir Terapia Ocupacional, la familia debe hacerse cargo del paciente, supervisar la toma de medicación y sus controles por especialidad. Informe pericial N° 3 o Dirimidora, como quiera llamarse que ha sido emitida por una perito entendemos considerada neutral, tomando en cuenta que no ha sido ofrecido ni por la entendemos considerada neutral, tomando en cuenta que no ha sido ofrecido ni por la parte víctima denunciante, ni tampoco por la parte imputada, pero lo cierto es que el ahora imputado tiene esquizofrenia paranoide, que también le impide en todo caso comprender los actos del proceso y que inclusive recomienda que el paciente, es decir, al ahora imputado debe estar a cargo de sus familiares por lo menos así establece en su punto N° 10 de recomendaciones y así mismo esta tercera pericia, ha sido observada entendemos por la representación fiscal, así como también por la parte víctima-denunciante y a ese efecto pues se ha presentado la ampliación al informe pericial psiquiátrico en la cual entendemos que amplía su primer informe…, realizada por la Dra. Yolanda Chávez Arauz, prácticamente concluye de la misa forma en cuanto a que el ahora imputado tiene la enfermedad de la esquizofrenia paranoide y por ende comprende que no está capacitada para el presente proceso y únicamente reforzando entendemos en cuanto a la primera pericia realizada por esta tercera perito. Ahora bien de lo expuesto, es decir, DE LAS TRES (3) PERICIAS UNA DEL IMPUTADO, OTRA DE LA VÍCTIMA - DENUNCIANTE y LA TERCERA PERITO DEL INSTITUTO NACIONAL PSIQUIÁTRICO GREGORIO PACHECO DE LA CIUDAD DE SUCRE, además de esta última con su ampliación, llegándose a la conclusión esto en base a las TRES (3) pericias que las hemos descrito inclusive en sus partes más pertinentes de las 3 pericias y de lo cual se puede establecer, que efectivamente el imputado, acusado el SR. RICHARD WILLY CLEMENTE CALLAPA, padece de enfermedad mental que le impide comprender los actos del proceso, esto principalmente conforme las pericias ofrecidas por la parte imputada y la perito en este caso del Instituto Nacional psiquiátrico Gregorio Pacheco y si bien la perito de la parte víctima denunciante, refiere que el imputado ante su leve deterioro cognitivo, no le impide comprender actos plenos de responsabilidad jurídica, que mas sin embargo reconoce que el imputado si tiene un deterioro cognitivo más allá de su gravedad, de lo que advierte esta autoridad, del informe pericial emitido por la perito de la parte víctima-denunciante, que es insuficiente a efectos de continuar con el presente procese, por cuanto se tiene dos pericias psiquiátricas una del imputado y otra tercera pericia del Instituto Nacional Gregorio Pacheco, a través de la Dra. Yolanda Arauz y su respectiva ampliación que señalan que el imputado, carece de capacidad cognitiva y parece de esquizofrenia paranoide, lo que en todo caso le impide comprender los actos del proceso al imputado, acusado por lo que se advierte prácticamente dos informes periciales, contra ano que es de la víctima denunciante quien, sin embargo reconoce el deterioro cognitivo en el imputado estos reiteró más allá de su gravedad. (…) En cuanto a los dictámenes periciales que han sido emitidas por los TRES (3) peritos que se tiene dentro del caso de autos, es decir, de acuerdo a las 3 pericias que se tienen dentro del caso de autos, tal cual se ha establecido sobre el deterioro cognitivo de la parte imputada, inclusive la tercera pericia va más allá de lo solicitado en cuanto a lo que establece en su punto N° 9, en su parte final de este punto señalando, se concluye que es un paciente psiquiátrico, que padece de esquizofrenia paranoide, es inimputable, sin embargo en el caso de autos, pues el punto de pericia o el tema que se está tratando o el incidente es sobre la suspensión del proceso por enajenación mental y más no así por la inimputabilidad por lo que no corresponde ingresar a ese aspecto, pero sin embargo únicamente como antecedente que da a entender de que efectivamente el ahora imputado, se encuentra con deterioro mental que le impide comprender los actos del proceso, dentro del presente proceso si valga la redundancia, por lo que bajo eso, no sin antes también señalar de que efectivamente en las pericias de la parte imputada en su punto N° 11 recomienda sobre la terapia familiar, es decir, que da a entender que el ahora imputado debe estar en libertad y al lado de su familia y asimismo de la tercera pericia efectuado por la Dra. Yolanda Chávez Arauz, de la misma manera recomienda que el imputado debe estar al lado de la familia que debe hacerse cargo del paciente, es decir, que la familia debe hacerse cargo del imputado para su cuidado, por lo menos es lo que se comprende de la recomendación efectuada en su punto N° 10, la tercera perito la Dra. Yolanda Chávez Arauz, es decir, prácticamente existen dos pericias también que establecen, que recomiendan que el ahora imputado pues debe estar en libertad al cuidado de su familia, tal cual establecen las pericias ya mencionadas, sin embargo de acuerdo a los antecedentes del proceso, el imputado de un tiempo atrás, es decir, prácticamente desde fecha 30 de agosto de 2021, tal cual señalan los certificados médicos que se van a detallar más abajo, se alega que el Sr. Richard Willy Clemente Callapa, tiene esquizofrenia tal cual señala en su memorial de fecha 14 de septiembre de la gestión 2021, de solicitud de suspensión del proceso por enfermedad mental y conforme la documental que cursa en el cuaderno de control condicional presentada por la parte imputada se advierte que el imputado el Sr. Richard Clemente Callapa, de acuerdo al certificado médico de 26 de agosto de 2021, a fs. 226 otorgado por el Dr. Alfonso Barrios Villa, el imputado tiene como diagnóstico esquizofrenia paranoide y que de acuerdo al informe médico de 31 de agosto de 2021, a fs. 277 otorgado por el mismo profesional, el imputado padece de enfermedad mental corroborado por el certificado médico forense de 1 de septiembre de 2021, a fs. 224, asimismo el certificado de CODEPEDIS comité departamental de las personas con discapacidad de 30 de agosto de 2021, a fs. 228 certifica que el imputado tiene un tipo de discapacidad mental o psíquica porcentaje 50% con grado de discapacidad grave. Asimismo se tiene el certificado médico de fecha 22 de septiembre de 2021, a fs. 257 a través del cual el Dr. Alfonso Barrios señala que el paciente debe continuar con tratamiento hospitalario, asimismo se tiene el certificado médico de fecha 24 de septiembre de 2021, fs. 269 mediante el cual el Dr. Alfonso Barrios psiquiatra del Hospital Bracamonte señala, que el paciente vuelve a tener INESTABILIDAD EN SU ESTADO MENTAL con reparación de ALUCINACIONES VISUALES Y AUDITIVAS EN FORMA GRAVE Y TENDENCIA AL SUICIDIO. Asimismo, se tiene memorial de fecha 28 de septiembre de 2021 a fs. 290 mediante el cual se impetra que se disponga de manera inmediata la internación del imputado en el Hospital Daniel Bracamonte, debido a un deterioro grave de su estado de salud mental y además señala que en fecha 30 de agosto de 2021, fue trasladado de urgencia al centro de salud mental del Hospital Daniel Bracamonte. Conforme la documental descrita precedentemente pues se advierte que el imputado se dañe a sí mismo, es decir, el Sr. Richard Willy Clemente Callapa, ya que inclusive se ha informado que tiene tendencia al suicidio, por ello es menester que el imputado, acusado debe ser internado en un establecimiento adecuado y más allá de esa circunstancia inclusive este aspecto está siendo respaldado por el informe pericial de la tercera perito en cuanto a su punto N° 5, estudios que se han realizado, es decir, la propia perito, la tercera perito en este caso la Dra. Yolanda Chávez Arauz establece o señala que ha sido valorado por psicología donde certifica que la licenciada Maribel Flores Saavedra que el paciente presenta cierto nivel depresivo deterioro cognitivo coeficiente intelectual deficiente no pudo realizar el test de personalidad, en su punto segundo señala que fue valorada por el Instituto de Investigaciones Forenses Dr. Víctor Alejandro Candy Miranda en fecha 31 de agosto de 2021 certifica que el paciente tuvo varias descompensaciones en el aspecto emocional y piden que el PACIENTE CONTINÚE CON TRATAMIENTO HOSPITALARIO POR REQUERIR DE UN CONTROL PERMANENTE DEL ESPECIALISTA Y TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO y llega a las siguientes conclusiones, vale decir de que prácticamente la misma perito ha tomado en cuenta entendemos varios antecedentes del proceso y las documentales que también las hemos descrito, del cual se advierte que efectivamente si bien también en un otro punto tanto el perito de la parte imputada como la tercera perita señalan que el imputado debe encontrarse en libertad y como una terapia al cuidado de su familia pero tampoco se debe dejar de lado los otros elementos o antecedentes que las hemos descrito precedentemente, en cuanto a que el imputado requiere de un tratamiento hospitalario con control permanente de especialistas y que además tal cual ya lo hemos reiterado inclusive el ahora imputado tendría una tendencia al suicidio, es decir desde todo punto de vista esto con el fin de no vulnerar derechos ni garantías constitucionales más aun precautelando la salud y la vida misma del ahora imputado, es necesario, es menester que el mismo se encuentre al cuidado en un centro de especialidad que entendemos debe ser el Instituto Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, reitero siempre velando la salud mental del ahora imputado, conforme los antecedentes ya señalados, por lo que bajo esos fundamentos fácticos y jurídicos es menester atender lo solicitado por la parte imputada, sin embargo esto va a ser en parte tal cual se ha fundamentado. Por tanto.- El suscrito Juez Cautelar Sexto en lo Penal de esta ciudad de Potosí en aplicación del art. 86 del CPP, dispone la SUSPENSIÓN DEL PROCESO HASTA QUE DESAPAREZCA LA INCAPACIDAD DEL IMPUTADO - ACUSADO SEÑOR RICHARD WILLY CLEMENTE CALLAPA o en su caso esté apto para la prosecución del presente proceso y asimismo se dispone la INTERNACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PSIQUIÁTRICO GREGORIO PACHECO DE LA CIUDAD DE SUCRE, debiendo informar el director y/o directora de dicha institución CADA TRES (3) MESES SOBRE EL ESTADO MENTAL DEL SEÑOR RICHAR WILLY CLEMENTE CALLAPA. Asimismo, se designa como peritos psiquiatras a la doctora GABRIELA ALEJANDRA TORRES RIVERO médico psiquiatra, al DR. ANTONIO MIGUEL GARCÍA CRUZ médico psiquiatra y a otro médico psiquiatra del Instituto Nacional Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre a ese efecto ofíciese al director del instituto ya mencionado a efectos de que informe otorgue o designe en este caso la médico psiquiatra. POR LO QUE DEBEN INFORMAR LOS 3 PERITOS PSIQUIATRAS CADA SEIS (6) MESES SOBRE LA SALUD MENTAL DEL IMPUTADO - ACUSADO, EL SEÑOR RICHARD WILLY CLEMENTE CALLAPA si recobra su salud mental y/o este apto para la prosecución del presente proceso, a efectos de que se disponga la prosecución o continuación del proceso. Por ello se dispone el traslado del señor RICHARD WILLY CLEMENTE CALLAPA, para su internamiento en el Instituto Nacional Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre sea con los custodios policiales que sean necesarios a fin de evitar cualquier problema, por lo que notifíquese al encargado y/o director del penal de Cantumarca, para que se otorgue los custodios policiales correspondientes para los fines ya señalados” (fs. 1252 a 1259). II.3. Mediante Auto de Vista 108/2022 de 7 noviembre, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados-, declaran improcedente el recurso de apelación formulado por la parte imputada, y en su caso confirman la resolución del Juez a quo en todas sus partes, bajo los siguientes argumentos:

“2.-Con relación Fundamentos de recurrente es decir del imputado.- El Dr. Ronald Fernández menciona y denuncia como agravio que el juez ha determinado en su resolución de forma atentatoria al declarar procedente y determina suspender el proceso y en la misma resolución determina la internación en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco porque es un peligro para sí mismo teniendo tendencia suicida a sí mismo debe tomarse en cuenta que esta resolución de agravio en el sentido de que el informe pericial como tal dice debe contar con control psiquiátrico, continuar con su tratamiento recibir terapia ocupacional y finalmente a la familia debe hacerse cargo de su cuidado y toma en cuenta a efectos de que el art. 86 del CPP que dice que el juez determinará que su familia se encuentre a cargo, la misma pericia dice que no sería un peligro para sí mismo, no corresponde que esté internado en un centro Gregorio Pacheco, se debe tomar en cuenta que la esquizofrenia no es una enfermedad incurable que no se pueda tratar bajo dicho parámetro en todo caso al determinar el juez aquo del internamiento del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco a obrado en todo caso no en valoración de los elementos de prueba presentada menos en el informe correspondiente tomando en cuenta que este debe estar al cuidado de su familia a efectos que esta enfermedad de esquizofrenia que no es en todo caso una enfermedad no sea curable a efectos de que pueda recuperarse de la misma y en todo caso absolver el proceso correspondiente bajo dichas circunstancias eso sería en todo caso el agravio de manera puntual solicitando se revoque parcialmente la determinación asumida por el juez aquo y en todo caso determine en cuanto se refiere a esta parte del hecho de que la custodia sea al cuidado de su familia con controles esporádicos determinados por el juez aquo por los médicos especialistas”. (…) CONSIDERANDO I 1. Para resolver la problemática planteada es necesario considerar la resolución del Juez A-quo que indica que en la parte esencial es decir DE LA TRES (3) PERICIAS UNA DEL IMPUTADO, OTRA DE LA VÍCTIMA-DENUNCIANTE Y LA TERCERA PEPRITO DEL INSTITUTO NACIONAL PSIQUIÁTRICO GREGORIO PACHECO DE LA CIUDAD DE SUCRE, además de esta última con su ampliación, llegándose a la conclusión en esta fase a las TRES (3) pericias que las hemos descrito inclusive en sus partes más pertinentes de las 3 pericias y de lo cual se puede establecer, que efectivamente el imputado, acusado el Sr. Richard Willy Clemente Callapa, padece de enfermedad mental que le impide comprender los actos del proceso, esto principalmente conforme a las pericias ofrecidas por la parte imputada y la perito en este caso del Instituto Nacional Psiquiátrico Gregorio Pacheco y si bien la perito de la parte víctima - denunciante, refiere que el imputado ante su leve deterioro cognitivo, no le impide comprender actos plenos de responsabilidad jurídica, más sin embargo reconoce que el imputado sí tiene un deterioro más allá de su gravedad, de lo que advierte esta autoridad, del informe pericial emitido por la perito de la parte víctima - denunciante, que es insuficiente a efectos de continuar con el presente proceso, por cuanto se tiene dos pericias psiquiátricas una del imputado y otra tercera pericia del Instituto Nacional Gregorio Pacheco, a través de la Dra. Yolanda Arauz y su respectiva ampliación que señalan que el imputado, carece de capacidad cognitiva y padece de esquizofrenia paranoide, lo que en todo caso le impide comprender los actos del proceso, al imputado, acusado por lo que se advierte prácticamente dos informes periciales, contra uno que es de la víctima-denunciante quien, sin embargo reconoce el deterioro cognitivo en el imputado estos reiteró más allá de su gravedad. Ahora bien de acuerdo a las observaciones realizadas por la Sala Penal Segunda, él porque una y otra pericia no son relevantes o válidos en este caso de la parte imputada y víctima, y cuál la incidencia del peritaje de la parte civil, en este caso de la víctima - denunciante puesto a consideración dentro del caso de autos, esto a objeto de la solicitud de suspensión temporal del proceso y que únicamente se estableció esta suspensión en base a la pericia dirimidora y por el principio de inmediación esta cuestión debe ser resuelta en audiencia y tomar contacto inclusive con el propio imputado con alguna interrogación. Es así que esta autoridad tomando en cuenta estas observaciones o recomendaciones como quiera llamarse cabe establecer que la pericia de la parte imputada pues tiene relación con la tercera pericia denominada dirimidora”, pero más allá de esa denominación la tercera pericia, es decir, reiteró la pericia de la parte imputada tiene la relación con la tercera pericia, por cuanto señalan que el imputado carece de capacidad cognitiva y padece de esquizofrenia paranoide y que por ello padece de enfermedad mental que le impide comprender los actos del proceso, que de igual manera la esquizofrenia influye en la capacidad cognitiva del imputado, es decir, prácticamente existen dos pericias que señalan que el imputado carece de capacidad cognitiva y por ello padece de enfermedad mental que le impide comprender los actos del proceso a contrapropuesta de la pericia de la víctima -denunciante que señala, que el imputado solo tiene un leve deterioro cognitivo y que no le impide comprender actos plenos de responsabilidad jurídica, sin embargo de alguna manera reconoce sobre el deterioro cognitivo más allá de su gravedad. De lo que se concluye, que no solamente se está tomando en cuenta en este caso la tercera pericia denominada “dirimidora”, sino que esta autoridad está tomando en cuenta la pericia del imputado e incluso bueno obviamente también se está tomando en cuenta la pericia de la parte víctima - denunciante , esto por cuanto reconoce también el deterioro cognitivo de la parte imputada, por lo que en definitiva se toma en cuenta la pericia de la víctima - denunciante, sin embargo esta no es suficiente a efectos de continuar con el presente proceso, es decir, en su tramitación considerando insuficiente, por lo que conforme establece el art. 86 del C.P.P. y de acuerdo a las TRES (3) pericias realizadas dentro del caso de autos, se advierte un deterioro cognitivo en el imputado, lo que le impide comprender actos del proceso y por ende corresponde suspender el presente proceso hasta que desaparezca la incapacidad del imputado (…) Asimismo, se tiene el certificado médico de fecha 22 de septiembre de 2021, a fs. 257 a través del cual el Dr. Alfonso Barrios señala que el paciente debe continuar con tratamiento hospitalario, asimismo se tiene el certificado médico de fecha 24 de septiembre de 2021, fs. 269 mediante el cual el Dr. Alfonso Barrios psiquiatra del Hospital Daniel Bracamonte señala, que el paciente vuelve a tener INESTABILIDAD EN SU ESTADO MENTAL con reparación de ALUCINACIONES VISUALES Y AUDITIVAS EN FORMA GRAVE Y TENDENCIA AL SUICIDIO (…) Resolviendo POR TANTO.- El Juez Cautelar Sexto en lo penal de esta ciudad de Potosí en aplicación del art. 86 del CPP., dispone la SUSPENSIÓN DEL PROCESO HASTA QUE DESAPAREZCA LA INCAPACIDAD DEL IMPUTADO – ACUSADO SEÑOR RICHARD WYLLI CLEMENTE CALLAPA o en su caso esté apto para la prosecución del presente proceso y asimismo se dispone la INTERNACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL PSIQUIÁTRICO GREGORIO PACHECO DE LA CIUDAD DE SUCRE, debiendo informar el director y/o directora de dicha institución CADA TRES (3) MESES SOBRE EL ESTADO MENTAL DEL SEÑOR RICHARD WILLI CLEMENTE CALLAPA. Asimismo se designa como peritos psiquiatras a la doctora GABRIELA ALEJANDRA TORRES RIVERO médico psiquiatra, al DR. ANTONIO MIGUEL GARCÍA CRUZ médico psiquiatra y a otro médico psiquiatra del Instituto Nacional Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre a ese efecto ofíciese al director del instituto correspondiente. POR LO QUE DE ESTA MANERA ES LO QUE RESUELVE EL JUEZ A QUO EN TODO CASO A EFECTOS DE DETERMINAR DICHAS CIRCUNSTANCIAS. Considerando II: Fundamentos jurídicos de la resolución.- (…) 2.- RESOLUCIÓN A LA APELACIÓN REALIZADA DE LA PARTE IMPUTADA.-Que, a efectos de haberse resuelto en todo caso fundado en el incidente de suspensión del proceso por enfermedad mental de acuerdo al art. 86 del C.P.P. y proceder a determinar las medidas correspondientes a efectos de que este se encuentre internado en el centro Psiquiátrico Gregorio Pacheco es menester proceder a analizar la apelación de la parte imputada se debe entender que la determinación asumida por el Juez A-quo, queda claro que llegan a ser el analizara sobre dos puntos enunciados en dicha normativa siendo que puede ser: 1) La libertad del procesado, para que quede al cuidado de su padre, madre, tutor o curado, pero en todo caso tal cual ha manifestado la parte denunciante, es evidente que esta facultad es imperativa, es de parte del juez, no es a criterio en todo caso, de la parte imputada, la parte denunciante o los peritos a efectos de determinar la misma. Si bien es cierto que los peritos le van a dar en todo caso a efectos de realizar una valoración en base a la sana crítica y en especial a la CIENCIA, evidentemente el juez debe precautelar dos circunstancias importantes: La persecución de proceso a efectos de que el imputado este a todas las circunstancias del proceso que no se está extinguiendo, sino se está suspendiendo esta prosecución del proceso por las características del Art. 86 del C.P.P. es decir, la existencia de una enfermedad mental o una esquizofrenia como enfermedad que tiene el imputado y que puede entenderé y comprender los actos del proceso a efectos de continuar el mismo porque le causa el defecto del derecho a la defensa que tiene a efectos de comprender su responsabilidad penal. Dichas circunstancias a efectos de dicho extremo y también debe precautelar en la facultad imperativa que tiene el juez, es el hecho de analizar las circunstancias de salud del imputado por sí mismo o determinarse inclusive el hecho de proceder a determinar un posible suicidio por sí mismo, bajo dichas circunstancias se entiende que a efectos de que manifiesta el ART. 86 DEL C.P.P. en su parte pertinente pero cuando no exista peligro que se dañe a sí mismo o a los demás, es decir, a efectos de que se le conceda y viabilice el hecho de que vaya y esté en libertad a efectos del cuidado o custodia de sus familiares que se hagan responsables, debe existir dichas circunstancias, este extremo se evidencia de acuerdo a la revisión del proceso así como la resolución del juez A-quo en cuanto a la valoración realizada en su historial clínico y en especial los certificados médicos de especialistas, es decir, certificados médicos psiquiátricos realizados por el doctor Barrios de manera permanente y constante. Como también las pericias que se han mencionado, que el imputado habría procedido en todo caso a tener actos agresivos en contra de sí mismo, es decir contener o haberse realizado autolesiones anteriores, en el momento correspondiente debe analizarse, si estas lesiones o autolesiones o tendencias a suicidio anteriores, cual el fundamento por motivo por el cual no se pueda analizar a efectos de poder precautelar por el juez a-quo y por este tribunal de alzada dichas circunstancias en el hecho de que pueda volver a realizar los mismos. Bajo dichas circunstancias debe tomarse cuenta efectos de la resolución emitida por el juez A-quo con el punto segundo, la internación del procesado en un establecimiento adecuado como en el presente caso que ha realizado el juez A-quo en el instituto psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre ya que este debe estar en un lugar que debe favorecer en todo caso a su salud o estado de salud física, psíquica, emocional y no colocándolo en una situación de vulnerabilidad, menoscabo de su condición de ser humano para que este mejore en todo caso, estas circunstancias del internamiento en dicho centro psiquiátrico especializado y tratado por especialistas a efectos de que mejore su salud y responda el proceso penal a efectos de que este sea tratado en dicho centro psiquiátrico y desaparezca sus perturbaciones mentales y, o esquizofrenia, sobre la base de este entendimiento, y en caso de no ser viable se indica la libertad del encausado a efectos de que sea cuidado por sus familiares dada las connotaciones de su enfermedad mental, todo juez o tribunal esta con peligro a disponer su internación en un centro psiquiátrico de su residencia o fuera de esta precautelando su bienestar, pero ninguna circunstancia podrá determinarse su permanencia en un centro penitenciario, es decir, que estas circunstancias del centro penitenciario, hacen hincapié en todo caso de que pueda deteriorarse más allá su salud y que pueda autolesionarse en contra de sí mismo, así como también una cuestión suicida en contra de sí mismo. Bajo dichas circunstancias debe tomarse en cuenta, estos parámetros de resolver la problemática planteada, es decir, donde va a estar mejor el imputado a efectos de que pueda responsabilizarse por este acto investigativo y que se entiende que esta ya con acusación penal por el hecho de violación con agravante debe estar se entiende por este tribunal de alzada así como también por el juez A-quo se ha entendido debe estar en un centro especializado a efectos de que esta persona pueda recuperarse totalmente de esa su enfermedad mental y proceder en todo caso a sustentar su proceso a efectos de continuar el mismo y responsabilizarse en un juicio público y continuo y contradictorio, caso contrario de no resolverse de la manera que ha resuelto el juez A-quo en todo caso no se estaría impartiendo las circunstancias de justicia para ambas partes, es decir, dejando tal cual lo ha manifestado la parte denunciante a la libertad irrestricta al imputado a efectos inclusive de que pueda en el hecho de no ser custodiado efectivamente por sus parientes, de que pueda posteriormente volver a delinquir y en su caso evidentemente que no pueda sanarse y poder en todo caso responder a las circunstancias del proceso y tomando en cuenta el hecho de haber determinado que se interne en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, implica de que este estando tratado por especialistas a efectos de que se le otorgue los medicamentos correspondientes y siendo verificado en todo caso por los mismos especialistas e informes durante tres meses y seis meses a efectos de realizar evaluaciones, se va a proceder a determinar por parte del juez el hecho del mejoramiento de su salud mental o no, a efectos de seguir internado, o en su caso, a asumir la responsabilidad del proceso penal. Bajo dichas circunstancias, se entiende que, el juez A-quo ha obrado conforme a procedimiento y no existe agravio alguno en cuanto se refiere a dichas circunstancias porque refieren al art. 86 del CPP y a los elementos de prueba, no solamente periciales, sino, certificados médicos psiquiátricos que habría presentado a efectos de la existencia de darnos circunstancias que puede autolesionarse o tenderse al suicidio el imputado. En cuanto se refiere a la documental que se ha presentado a efectos de la internación del señor Willy Clemente Callapa y que se había generado la negativa de la misma que no tuviera lugar a efectos de realizar la misma este extremo en primera instancia dice esta documentación, 27 de octubre del año 2022, la resolución ha sido con anterioridad al 14 de octubre del año 2022, el art. 160 del C.P. menciona que toda institución o autoridad que este bajo el cargo de alguna institución pública o privada, evidentemente debe cumplir las resoluciones emitidas por la autoridad judicial, caso contrario, implicaría desobediencia a órdenes judiciales correspondientemente con un tipo penal correspondiente a efectos de cumplir las determinaciones que ha asumido el juez a-quo, dicha determinación debe hacerse cumplir a cabalidad por el juez a-quo correspondiente esta documentación en todo caso no es pertinente a efectos de acreditar la existencia en cuanto se refiere al argumento mencionado con relación a de que este bajo el custodio de sus familiares, por lo que, no se advierte la existencia de agravio alguno correspondientemente a tal efecto debe tomarse en cuenta la S.C. Nro. 0685/2018 S2 de Sucre 23 de octubre de 2018 que analiza un caso en concreto a efectos de la aplicación del art. 86 del CPP con relación a los fundamentos jurídicos del fallo correspondiente el art. 86 con relación a la enajenación mental y argumenta también en cuanto se refiere a la inimputabilidad, que ese extremo en ese S.C., menciona nada tiene que ver la inimputabilidad del imputado. Extremos que en el presente caso, en todo caso se advierte que no puede considerarse el mismo. Así también la S.C. N° 0099/2019-S2, manifiesta con relación a la fundamentación, motivación de las resoluciones judiciales, que en todo caso indica así como la S.C. 1234/2017-S1 de fecha 28/12/2017, indica sobre la fundamentación y motivación no implica la exposición ampulosa de la resolución, basta que sea clara, precisa y concreta, y que exista una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser conciso, pero claro y satisfacer en todo caso los puntos demandados debiendo expresar convicciones determinativas correspondientes se entiende que la resolución del juez A-quo ha cumplido dichas circunstancias” (fs. 1270 a 1277).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega la vulneración del derecho a la vida con dignidad, a la salud y al debido proceso en su componente de fundamentación, debido a que, dentro el proceso penal por violación con agravante, al padecer su hijo esquizofrenia degenerativa que le impide comprender los actos del proceso, interpuso ante el Juez de la causa incidente de suspensión del proceso conforme prevé el art. 86 del CPP; sin embargo, sin considerar los informes periciales que orientaban a que el mismo deba estar bajo cuidado de sus padres para que reciba terapia ocupacional consistente en zooterapia y tratamiento médico farmacológico, se dispuso su internación en el Instituto Psiquiátrico de la ciudad de Sucre; situación por la cual, al considerar que dicha determinación le causó agravio, formuló apelación incidental; determinación que a través del Auto de Vista 108/2022 de 7 de noviembre, fue confirmada en todas su partes por los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Pese a que los puntos de reclamo fueron debidamente expuestos, no merecieron análisis alguno; b) No otorgaron respuesta concreta a su recurso, entre ellos: b.1) En cuanto a la necesidad de que el procesado se encuentre bajo cuidado de sus progenitores y reciba atención de terapia ocupacional y zooterapia; b.2) Tampoco se indicó del porque debe realizarse los informes psicológicos cada tres meses, cuando por previsión legal es de seis meses; y, c) De manera citra petita se dispuso su internación en un establecimiento psiquiátrico de la ciudad de Sucre. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género, 1.i) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; 2) La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación; 3) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 4) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de

género

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0116/2023-S1 de 28 de marzo; 1302/2022-S1 de 10 de noviembre; y, 0646/2023-S1, 14 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, mismas que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas.

Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto –cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres.

Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2029-S2, esencialmente señaló que:

“La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”. Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas -entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima.

Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente).

De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).

Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, 3 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:

“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original). En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:

“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”.

Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que,

“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido).

En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348. Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”.

De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0186/2021-S1 de 22 de junio; 1066/2022-S1 de 5 de octubre; 0384/2023-S1 de 3 de mayo; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. A fin de explicar el desarrollo del entendimiento jurisprudencial efectuado por este Tribunal sobre la aplicación de la ponderación de los derechos fundamentales en el marco de la doctrina constitucional, corresponde hacer referencia a los razonamientos efectuados a partir de la jurisprudencia desarrollada en los primeros diez años del Tribunal Constitucional, en donde se pronunció de acuerdo a la Doctrina Constitucional que los derechos fundamentales no son absolutos, encontrando límites y restricciones en su ejercicio respecto a los derechos de los demás; es decir, que, tanto la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad pública no pueden verse afectados en relación a los derechos individuales; por lo que., estos pueden ser limitados en función del interés social, conforme lo señaló la SC 004/2001 de 5 de enero en un Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad; asimismo, la SC 1015/2004-R de 2 de julio razonó que cuando los derechos fundamentales entran en conflicto es imprescindible realizar un ponderación, lo que no implica un desconocimiento del derecho de la otra persona, sino una valoración preferente, reiterando que los derechos no son absolutos al estar limitados por los demás, debiendo entenderse ello como una armonización de los principios constitucionales, teniendo en cuenta la unidad de la Constitución y la primacía de los derechos fundamentales.

Asimismo, la SC 1806/2004 de 22 de noviembre, reiteró los entendimientos efectuados por las Sentencias Constitucionales 004/2001-R y 1015/2004-R y por su parte resolviendo el caso en concreto sobre el derecho del recurrente a la libertad física y de locomoción y por otra parte el derecho de sus hijos (beneficiarios de la asistencia familiar) a la vida, la salud, la educación, al desarrollo integral indicó que dicha ponderación de bienes debe ser efectuado sobre “la base de una interpretación sistematizada de los derechos fundamentales a la luz de los valores supremos y principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho, acudiendo, además, a las normas previstas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, es así que, ampliando el entendimiento sobre la aplicación de dicha ponderación señaló que:

“…todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado”.

En consecuencia sobre la base de los argumentos señalados moduló el entendimiento efectuado en la SC 1156/2004-R, razonando que si bien no puede someterse a una persona que incumple el pago de pensiones a una restricción indefinida de sus derecho a la libertad; empero, resguardando los valores, derechos e intereses de la minoridad beneficiaria de asistencia familiar consideró que el obligado puede obtener su libertad previa presentación de fianza personal a fin de asegurar el cumplimiento de pago de las pensiones devengadas, entendimiento que fue reiterado por la SC 0618/2011-R de 3 de mayo y esta a su vez repetida por la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0973/2012 de 22 de agosto, 0957/2013 de 20 de junio, entre otras. Ahora bien, cerrando esa etapa de los primeros diez años del Tribunal Constitucional e ingresando en la época del Tribunal Constitucional Plurinacional, la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, reiteró los entendimientos efectuados en las Sentencias Constitucionales 0004/2001-R, 1015/2004-R, 0618/2011-R y 1497/2011-R, y asimismo sobre el principio de ponderación nombrando a José Antonio Rivera Santivañez señaló que:

“El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización.

Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: '…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático».

En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido «los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social» (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial.

En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.

(…) En la ponderación no se trata de un «o todo o nada», sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...'”.

Por su parte, el constitucionalista José Antonio Rivera Santiváñez, a tiempo de desarrollar este principio, ha explicado que: “El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados”.

Ahora bien, sobre la forma de aplicación de este principio, el citado autor ha previsto que deben utilizarse ciertos elementos de la ponderación, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; y para cumplir con esta, señala también que tendrán seguir los siguientes pasos:

“1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro”.

De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas”.

se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados”. En este entendido, para aplicar el referido principio citando al mismo autor se refiere a sus elementos, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; asimismo, para cumplir la referida ley, menciona que se deben seguir los siguientes pasos:

“1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro”. Concluyendo que, el principio de ponderación de bienes y derechos “es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto”; por lo que, para la aplicación correcta del mencionado principio es necesario que se utilice los elementos señalados precedentemente, entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0171/2017-S1 de 10 de marzo, 0587/2019-S2 de 22 de julio entre otras. Asimismo, la SCP 1787/2013 de 21 de octubre5, en el marco del modelo constitucional denominado neoconstitucionalismo, en cuanto a la ponderación de derechos fundamentales hace mención a las teorías de ponderación desde la perspectiva de Robert Alexy y Luis Prieto Sanchís, para concluir que antes de la aplicación de dicho principio se 5 En el F.J.III.4., respecto a la ponderación de los derechos fundamentales refiere que: “Robert Alexy en su obra, Derechos Fundamentales Ponderación y Racionalidad, establece que: “hay dos teorías básicas de los derechos fundamentales: una estrecha y rigurosa, y otra amplia y comprehensiva; la primera es denominada 'teoría de las reglas', la segunda 'teoría de los principios'. En ningún lado se realizan puramente estas dos teorías; sin embargo, representan diferentes tendencias básicas, y la cuestión de cuál es mejor resulta central de la interpretación de toda Norma Constitucional, que conoce los derechos fundamentales y la jurisdicción constitucional”. Por su parte, Luis Prieto Sanchís, en su obra Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial, indica que: “Suele decirse que la ponderación es el método alternativo a la subsunción: las reglas serían objeto de subsunción, donde, comprobado el encaje

En otras palabras, antes de ponderar es preciso «subsumir», constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios. Por ejemplo, para decir que una pena es desproporcionada por representar un límite al ejercicio de un derecho, antes es preciso que el caso enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y en el derecho fundamental. Problema distinto es que, a veces, las normas llamadas a ser ponderadas carezcan o presenten de forma fragmentaria el supuesto de hecho, de modo que decidir que son pertinentes al caso implique un ejercicio de subsunción que pudiéramos llamar valorativa; no es obvio, por ejemplo, que consumir alcohol o dejarse barba constituyan ejercicio de la libertad religiosa, que lo constituyen, pero es imprescindible «subsumir» tales conductas en el tipo de la libertad religiosa para luego ponderar ésta con los principios que fundamentan su eventual limitación”.

En la misma línea de razonamiento la SCP 0886/2013 de 20 de junio, expone: “…a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material”.

debe subsumir; es decir, “constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios”. En este contexto jurisprudencial, no es menos cierto que en el análisis de los diferentes casos concretos revisados por este Tribunal se presentan conflictos entre derechos jerárquicamente iguales, lo cual implica que las autoridades jurisdiccionales deban realizar una ponderación, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de ambos derechos haciendo justicia y protegiendo a personas que requieran la aplicación de medidas reforzadas, al respecto de la ponderación Robert Alexy sostiene “La regla de la ponderación partiendo de la caracterización de los principios como mandatos de optimización, puede ser formulada de la siguiente manera: «…cuanto mayor sea el grado de no realización o afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro». La ponderación postula un principio general que es el de la proporcionalidad, que conforme al desarrollo de la jurisprudencia constitucional, fue concebido no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder sino como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales, en consecuencia tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, que consta de tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los cuales siguiendo a Alexy, expresan la idea de optimización relativa a las perspectivas fácticas”; es decir, sobre la base de este principio general como es la proporcionalidad se establece los parámetros a considerar en la aplicación de las medidas a través de los sub principios como son: a) Idoneidad, sobre la base de la cual se debe establecer si la medida limitadora es adecuada para alcanzar la finalidad para la que fue impuesta, no es idónea si no resulta apta para la protección y al contrario resulta perjudicial para el otro principio. b) Necesidad, por la cual se debe buscar una medida menos restrictiva pero con iguales resultados protectores. c) Proporcionalidad, por la que se analiza si la afectación, limitación o restricción de un derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtiene con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

De lo que se concluye que en los casos donde se presenten conflicto de principios, valores, derechos y garantías y se manifiesten plenamente la ponderación, esta debe ser realizada por los Jueces Juezas y Tribunales en las distintas jurisdicciones y en especial por la justicia constitucional.

III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto, -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.4. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0333/2020-S1 de 14 de agosto, 0365/2020-S1 de 20 de agosto; y, 0378/2020-S1 de 24 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 9 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

10 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de

III.5. Análisis del caso concreto

La parte accionante alega la vulneración del derecho a la vida con dignidad, a la salud y al debido proceso en su componente de fundamentación, debido a que, dentro el proceso penal por violación con agravante, al padecer su hijo esquizofrenia degenerativa que le impide comprender los actos del proceso, interpuso ante el Juez de la causa incidente de suspensión del proceso conforme prevé el art. 86 del CPP; sin embargo, sin considerar los informes periciales que orientaban a que el mismo deba estar bajo cuidado de sus padres para que reciba terapia ocupacional consistente en zooterapia y tratamiento médico farmacológico, se dispuso su internación en el Instituto Psiquiátrico de la ciudad de Sucre; situación por la cual, al considerar que dicha determinación le causó agravio, formuló apelación incidental; determinación que a través del Auto de Vista 108/2022 de 7 de noviembre, fue confirmada en todas su partes por los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Pese a que los puntos de reclamo fueron debidamente expuestos, no merecieron análisis alguno; b) No otorgaron respuesta concreta a su recurso, entre ellos: b.1) En cuanto a la necesidad de que el procesado se encuentre bajo cuidado de sus progenitores y reciba atención de terapia ocupacional y zooterapia; b.2) Tampoco se indicó del porque debe realizarse los informes psicológicos cada tres meses, cuando por previsión legal es de seis meses; y, c) De manera citra petita se dispuso su internación en un establecimiento psiquiátrico de la ciudad de Sucre.

Precisada la problemática y de acuerdo a las conclusiones del presente fallo, cursa Certificado Médico, emitido el 24 de septiembre de 2021 por parte del Psiquiatra Alfonso Barrios O., quien refiere que el imputado se encuentra mejorando, recomendando no sacarlo del hospital, caso contrario repercutiría su inestabilidad en forma grave y tendencia al suicidio (Conclusión II.1). Ante el incidente interpuesto por la ahora peticionante de tutela en representación de su hijo -compréndase imputado-; mediante Resolución de Suspensión del Proceso hasta que desaparezca la incapacidad del imputado de 14 de octubre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, dispuso la suspensión del proceso hasta que desaparezca la incapacidad del imputado; asimismo, resolvió que el referido sea internado en el Instituto Nacional Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, bajo los siguientes argumentos.

Que, ante la apelación formulada en contra de dicha determinación, consta Auto de Vista 108/2022 de 7 noviembre, por el que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados-, declararon improcedente el mismo, y en su caso confirmaron la determinación del a quo en todas sus partes (Conclusiones II.2 y II.3). Previo a ingresar al análisis de lo denunciado, corresponde puntualizar que, en razón de que la víctima dentro del presente caso de autos resulta ser una mujer, es necesario considerar lo establecido la jurisprudencia desarrollada precedentemente en el Fundamento Jurídico III.1., el cual será elemento de consideración para emitir el respectivo fallo; así se tiene que de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta importante destacar que, cuando se trata de ingresar a analizar a un sector vulnerable de la población, como ser mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; al contener una connotación de relevancia social el enfoque interseccional debe ser desde una premisa garantista y progresiva en pro de este sector. En ese marco, se tiene sentada la necesidad de abordar con profundidad el hecho denunciado a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta como víctimas de violencia a las mujeres, adoptando un enfoque interseccional, entendida como una herramienta útil para abordar un análisis de la vulneración de derechos. Ahora bien; siendo que la accionante cuestiona que no se otorgó respuesta a los agravios que formuló a momento de interponer el recurso de apelación en contra de la determinación inicial; por hermenéutica constitucional compete su análisis preliminarmente, para luego ingresar a la compulsa de la primera problemática relacionada al derecho al debido proceso en su componente de motivación, y concluir con la tercera problemática identificada; así se tiene que:

III.3.1. En cuanto a la segunda problemática

La impetrante de tutela denuncia que, no otorgaron respuesta concreta a su recurso, entre ellos: b.1) En cuanto a la necesidad de que el procesado se encuentre bajo cuidado de sus progenitores y reciba atención de terapia ocupacional y zooterapia; b.2) Tampoco se indicó del porque debe realizarse los informes psicológicos cada tres meses, cuando por previsión legal es de seis meses. Sobre estos puntos, se debe partir de los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, que estableció que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. En ese entendido, para efectos de contrastación, es preciso remitirnos al acápite Considerando, punto 2, denominado “Con relación Fundamentos de recurrente es decir del Imputado”, inserto en el Auto de Vista 108/2022 de 7 de noviembre (Conclusión II.3), en el que se identifica el agravio base del recurso de apelación formulado por la parte ahora peticionante de tutela, el cual refiere lo siguiente:

“El Dr. Ronald Fernández menciona y denuncia como agravio que el juez ha determinado en su resolución de forma atentatoria al declarar procedente y determina suspender el proceso y en la misma resolución determina la internación en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco porque es un peligro para sí mismo teniendo tendencia suicida a sí mismo debe tomarse en cuenta que esta resolución de agravio en el sentido de que el informe pericial como tal dice debe contar con control psiquiátrico, continuar con su tratamiento recibir terapia ocupacional y finalmente a la familia debe hacerse cargo de su cuidado y toma en cuenta a efectos de que el art. 86 del CPP que dice que el juez determinará que su familia se encuentre a cargo, la misma pericia dice que no sería un peligro para sí mismo, no corresponde que esté internado en un centro Gregorio Pacheco, se debe tomar en cuenta que la esquizofrenia no es una enfermedad incurable que no se pueda tratar bajo dicho parámetro en todo caso al determinar el juez aquo del internamiento del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco a obrado en todo caso no en valoración de los elementos de prueba presentada menos en el informe correspondiente tomando en cuenta que este debe estar al cuidado de su familia a efectos que esta enfermedad de esquizofrenia que no es en todo caso una enfermedad no sea curable a efectos de que pueda recuperarse de la misma y en todo caso absolver el proceso correspondiente bajo dichas circunstancias eso sería en todo caso el agravio de manera puntual solicitando se revoque parcialmente la determinación asumida por el juez aquo y en todo caso determine en cuanto se refiere a esta parte del hecho de que la custodia sea al cuidado de su familia con controles esporádicos determinados por el juez aquo por los médicos especialistas”.

Por su parte, los Vocales ahora demandados, en el acápite Considerando II, punto 2, denominado “RESOLUCIÓN A LA APELACIÓN REALIZADA DE LA PARTE IMPUTADA” del citado Auto de Vista 108/2022 -ahora cuestionado-, resolvió:

1) La libertad del procesado, para que quede al cuidado de su padre, madre, tutor o curado, pero en todo caso tal cual ha manifestado la parte denunciante, es evidente que esta facultad es imperativa, es de parte del juez, no es a criterio en todo caso, de la parte imputada, la parte denunciante o los peritos a efectos de determinar la misma. Si bien es cierto que los peritos le van a dar en todo caso a efectos de realizar una valoración en base a la sana crítica y en especial a la CIENCIA, evidentemente el juez debe precautelar dos circunstancias importantes:

La persecución de proceso a efectos de que el imputado este a todas las circunstancias del proceso que no se está extinguiendo, sino se está suspendiendo esta prosecución del proceso por las características del art. 86 del C.P.P. es decir, la existencia de una enfermedad mental o una esquizofrenia como enfermedad que tiene el imputado y que puede entenderé y comprender los actos del proceso a efectos de continuar el mismo porque le causa el defecto del derecho a la defensa que tiene a efectos de comprender su responsabilidad penal. Dichas circunstancias a efectos de dicho extremo y también debe precautelar en la facultad imperativa que tiene el juez, es el hecho de analizar las circunstancias de salud del imputado por sí mismo o determinarse inclusive el hecho de proceder a determinar un posible suicidio por sí mismo, bajo dichas circunstancias se entiende que a efectos de que manifiesta el art. 86 DEL C.P.P. en su parte pertinente pero cuando no exista peligro que se dañe a sí mismo o a los demás, es decir, a efectos de que se le conceda y viabilice el hecho de que vaya y esté en libertad a efectos del cuidado o custodia de sus familiares que se hagan responsables, debe existir dichas circunstancias, este extremo se evidencia de acuerdo a la revisión del proceso así como la resolución del juez A-quo en cuanto a la valoración realizada en su historial clínico y en especial los certificados médicos de especialistas, es decir, certificados médicos psiquiátricos realizados por el doctor Barrios de manera permanente y constante. Como también las pericias que se han mencionado, que el imputado habría procedido en todo caso a tener actos agresivos en contra de sí mismo, es decir contener o haberse realizado autolesiones anteriores, en el momento correspondiente debe analizarse, si estas lesiones o autolesiones o tendencias a suicidio anteriores, cual el fundamento por motivo por el cual no se pueda analizar a efectos de poder precautelar por el juez a-quo y por este tribunal de alzada dichas circunstancias en el hecho de que pueda volver a realizar los mismos. Bajo dichas circunstancias debe tomarse cuenta efectos de la resolución emitida por el juez A-quo con el punto segundo, la internación del procesado en un establecimiento adecuado como en el presente caso que ha realizado el juez A-quo en el instituto psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre ya que este debe estar en un lugar que debe favorecer en todo caso a su salud o estado de salud física, psíquica, emocional y no colocándolo en una situación de vulnerabilidad, menoscabo de su condición de ser humano para que este mejore en todo caso, estas circunstancias del internamiento en dicho centro psiquiátrico especializado y tratado por especialistas a efectos de que mejore su salud y responda el proceso penal a efectos de que este sea tratado en dicho centro psiquiátrico y desaparezca sus perturbaciones mentales y, o esquizofrenia, sobre la base de este entendimiento, y en caso de no ser viable se indica la libertad del encausado a efectos de que sea cuidado por sus familiares dada las connotaciones de su enfermedad mental, todo juez o tribunal esta con peligro a disponer su internación en un centro psiquiátrico de su residencia o fuera de esta precautelando su bienestar, pero ninguna circunstancia podrá determinarse su permanencia en un centro penitenciario, es decir, que estas circunstancias del centro penitenciario, hacen hincapié en todo caso de que pueda deteriorarse más allá su salud y que pueda autolesionarse en contra de sí mismo, así como también una cuestión suicida en contra de sí mismo. Bajo dichas circunstancias debe tomarse en cuenta, estos parámetros de resolver la problemática planteada, es decir, donde va a estar mejor el imputado a efectos de que pueda responsabilizarse por este acto investigativo y que se entiende que esta ya con acusación penal por el hecho de violación con agravante debe estar se entiende por este tribunal de alzada así como también por el juez A-quo se ha entendido debe estar en un centro especializado a efectos de que esta persona pueda recuperarse totalmente de esa su enfermedad mental y proceder en todo caso a sustentar su proceso a efectos de continuar el mismo y responsabilizarse en un juicio público y continuo y contradictorio, caso contrario de no resolverse de la manera que ha resuelto el juez A-quo en todo caso no se estaría impartiendo las circunstancias de justicia para ambas partes, es decir, dejando tal cual lo ha manifestado la parte denunciante a la libertad irrestricta al imputado a efectos inclusive de que pueda en el hecho de no ser custodiado efectivamente por sus parientes, de que pueda posteriormente volver a delinquir y en su caso evidentemente que no pueda sanarse y poder en todo caso responder a las circunstancias del proceso y tomando en cuenta el hecho de haber determinado que se interne en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, implica de que este estando tratado por especialistas a efectos de que se le otorgue los medicamentos correspondientes y siendo verificado en todo caso por los mismos especialistas e informes durante tres meses y seis meses a efectos de realizar evaluaciones, se va a proceder a determinar por parte del juez el hecho del mejoramiento de su salud mental o no, a efectos de seguir internado, o en su caso, a asumir la responsabilidad del proceso penal. Bajo dichas circunstancias, se entiende que, el juez A-quo ha obrado conforme a procedimiento y no existe agravio alguno en cuanto se refiere a dichas circunstancias porque refieren al art. 86 del CPP y a los elementos de prueba, no solamente periciales, sino, certificados médicos psiquiátricos que habría presentado a efectos de la existencia de darnos circunstancias que puede autolesionarse o tenderse al suicidio el imputado. Ahora bien, habiéndose contrastado lo descrito precedentemente, se evidencia que lo denunciado por la accionante no resulta evidente, toda vez que, en cuanto al primer agravio, relativo a la necesidad de que el procesado se encuentre bajo cuidado de sus progenitores y reciba atención de terapia ocupacional y zooterapia, las autoridades demandadas en el punto 2 del acápite Considerando II, denominado “RESOLUCIÓN A LA APELACIÓN REALIZADA DE LA PARTE IMPUTADA” del fallo cuestionado, establecieron que el Juez a quo, conforme prevé el art. 86 del CPP, actuó de manera correcta al disponer la internación del imputado en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, esto considerando el historial clínico y en especial los certificados de los especialistas, entre ellos el certificado médico de 24 de septiembre de 2021 que estable que en caso de cortar el tratamiento hospitalario del imputado, volvería a presentar inestabilidad en su estado mental con tendencia al suicidio (Conclusión II.1), y que precautelando su integridad, más allá de 2 de las 3 pericias que establecían que debía estar al cuidado de sus familiares, correspondería su internación en dicho nosocomio psiquiátrico para que se le otorgue los medicamentos correspondientes, y en todo caso por los especialistas informen durante tres y seis meses su evolución. Respecto al segundo agravio relativo a que tampoco se indicó del porque debe realizarse los informes psicológicos cada tres meses, cuando por previsión legal es de seis meses; el mismo tampoco resulta evidente, ya que los Vocales demandados plenamente establecieron que, en razón de la determinación asumida por la autoridad inferior de internar al imputado en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, implicaba que este sea tratado por especialistas a efecto de que se le otorgue los medicamentos, siendo verificado por dichos profesionales e informado cada tres y seis meses a efecto de realizar evaluaciones. En razón de lo descrito precedentemente, se evidencia que las autoridades demandadas, si consideraron y pronunciaron sobre los dos agravios formulados por la parte peticionante de tutela, existiendo estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto -Fundamento Jurídico III.2-; situación por la cual corresponde denegar la tutela impetrada.

III.3.2. En cuanto a la primera problemática

La peticionante de tutela denuncia que, pese a que los puntos de reclamo fueron debidamente expuestos, no merecieron análisis alguno. Previo al análisis del presente punto, es necesario considerar que la parte impetrante de tutela, si bien denuncia falta de fundamentación en el Auto de Vista 108/2022 (Conclusión II.3), empero, a lo extenso de la acción de amparo constitucional no se halla argumento a ser compulsado desde esa esfera, menos se explica de manera específica y concreta vulneración de dicho elemento. Asimismo, siendo que el reclamo se encuentra orientado a cuestionar la falta de respuesta a los dos agravios, los mismos fueron compulsados a partir del componente de congruencia previamente en la sub problemática III.1; y, siendo que el mismo encuentra relación con el elemento de motivación, el presente punto será considerado a partir de la citada arista del debido proceso. En ese antecedente, es preciso remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1, que estableció que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Ahora bien, a efectos de contrastar en examen la presente problemática, corresponde citar lo resuelto en el Auto de Vista 108/2022, acápite Considerando II, punto 2, denominado “RESOLUCIÓN A LA APELACIÓN REALIZADA DE LA PARTE IMPUTADA” (Conclusión III.3), que, respecto a los agravios denunciados por la parte accionante, los Vocales demandados resolvieron disponer lo siguiente:

1) La libertad del procesado, para que quede al cuidado de su padre, madre, tutor o curado, pero en todo caso tal cual ha manifestado la parte denunciante, es evidente que esta facultad es imperativa, es de parte del juez, no es a criterio en todo caso, de la parte imputada, la parte denunciante o los peritos a efectos de determinar la misma. Si bien es cierto que los peritos le van a dar en todo caso a efectos de realizar una valoración en base a la sana crítica y en especial a la CIENCIA, evidentemente el juez debe precautelar dos circunstancias importantes:

La persecución de proceso a efectos de que el imputado este a todas las circunstancias del proceso que no se está extinguiendo, sino se está suspendiendo esta prosecución del proceso por las características del Art. 86 del C.P.P. es decir, la existencia de una enfermedad mental o una esquizofrenia como enfermedad que tiene el imputado y que puede entenderé y comprender los actos del proceso a efectos de continuar el mismo porque le causa el defecto del derecho a la defensa que tiene a efectos de comprender su responsabilidad penal. Dichas circunstancias a efectos de dicho extremo y también debe precautelar en la facultad imperativa que tiene el juez, es el hecho de analizar las circunstancias de salud del imputado por sí mismo o determinarse inclusive el hecho de proceder a determinar un posible suicidio por sí mismo, bajo dichas circunstancias se entiende que a efectos de que manifiesta el ART. 86 DEL C.P.P. en su parte pertinente pero cuando no exista peligro que se dañe a sí mismo o a los demás, es decir, a efectos de que se le conceda y viabilice el hecho de que vaya y esté en libertad a efectos del cuidado o custodia de sus familiares que se hagan responsables, debe existir dichas circunstancias, este extremo se evidencia de acuerdo a la revisión del proceso así como la resolución del juez A-quo en cuanto a la valoración realizada en su historial clínico y en especial los certificados médicos de especialistas, es decir, certificados médicos psiquiátricos realizados por el doctor Barrios de manera permanente y constante. Como también las pericias que se han mencionado, que el imputado habría procedido en todo caso a tener actos agresivos en contra de sí mismo, es decir contener o haberse realizado autolesiones anteriores, en el momento correspondiente debe analizarse, si estas lesiones o autolesiones o tendencias a suicidio anteriores, cual el fundamento por motivo por el cual no se pueda analizar a efectos de poder precautelar por el juez a-quo y por este tribunal de alzada dichas circunstancias en el hecho de que pueda volver a realizar los mismos. Bajo dichas circunstancias debe tomarse cuenta efectos de la resolución emitida por el juez A-quo con el punto segundo, la internación del procesado en un establecimiento adecuado como en el presente caso que ha realizado el juez A-quo en el instituto psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre ya que este debe estar en un lugar que debe favorecer en todo caso a su salud o estado de salud física, psíquica, emocional y no colocándolo en una situación de vulnerabilidad, menoscabo de su condición de ser humano para que este mejore en todo caso, estas circunstancias del internamiento en dicho centro psiquiátrico especializado y tratado por especialistas a efectos de que mejore su salud y responda el proceso penal a efectos de que este sea tratado en dicho centro psiquiátrico y desaparezca sus perturbaciones mentales y, o esquizofrenia, sobre la base de este entendimiento, y en caso de no ser viable se indica la libertad del encausado a efectos de que sea cuidado por sus familiares dada las connotaciones de su enfermedad mental, todo juez o tribunal esta con peligro a disponer su internación en un centro psiquiátrico de su residencia o fuera de esta precautelando su bienestar, pero ninguna circunstancia podrá determinarse su permanencia en un centro penitenciario, es decir, que estas circunstancias del centro penitenciario, hacen hincapié en todo caso de que pueda deteriorarse más allá su salud y que pueda autolesionarse en contra de sí mismo, así como también una cuestión suicida en contra de sí mismo. Bajo dichas circunstancias debe tomarse en cuenta, estos parámetros de resolver la problemática planteada, es decir, donde va a estar mejor el imputado a efectos de que pueda responsabilizarse por este acto investigativo y que se entiende que esta ya con acusación penal por el hecho de violación con agravante debe estar se entiende por este tribunal de alzada así como también por el juez A-quo se ha entendido debe estar en un centro especializado a efectos de que esta persona pueda recuperarse totalmente de esa su enfermedad mental y proceder en todo caso a sustentar su proceso a efectos de continuar el mismo y responsabilizarse en un juicio público y continuo y contradictorio, caso contrario de no resolverse de la manera que ha resuelto el juez A-quo en todo caso no se estaría impartiendo las circunstancias de justicia para ambas partes, es decir, dejando tal cual lo ha manifestado la parte denunciante a la libertad irrestricta al imputado a efectos inclusive de que pueda en el hecho de no ser custodiado efectivamente por sus parientes, de que pueda posteriormente volver a delinquir y en su caso evidentemente que no pueda sanarse y poder en todo caso responder a las circunstancias del proceso y tomando en cuenta el hecho de haber determinado que se interne en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, implica de que este estando tratado por especialistas a efectos de que se le otorgue los medicamentos correspondientes y siendo verificado en todo caso por los mismos especialistas e informes durante tres meses y seis meses a efectos de realizar evaluaciones, se va a proceder a determinar por parte del juez el hecho del mejoramiento de su salud mental o no, a efectos de seguir internado, o en su caso, a asumir la responsabilidad del proceso penal. Bajo dichas circunstancias, se entiende que, el juez A-quo ha obrado conforme a procedimiento y no existe agravio alguno en cuanto se refiere a dichas circunstancias porque refieren al art. 86 del CPP y a los elementos de prueba, no solamente periciales, sino, certificados médicos psiquiátricos que habría presentado a efectos de la existencia de darnos circunstancias que puede autolesionarse o tenderse al suicidio el imputado. En cuanto al primer agravio relativo a la necesidad de que el procesado se encuentre bajo cuidado de sus progenitores y reciba atención de terapia ocupacional y zooterapia; se puede establecer que lo denunciado por la parte accionante no resulta evidente, toda vez que, se verifica que las autoridades demandadas al momento de confirmar el Auto Interlocutorio de 14 de octubre de 2022 (Conclusión II.2), previo se remitieron a describir los antecedentes que dieron lugar a la solicitud de suspensión del proceso hasta que desaparezca la incapacidad del imputado, los agravios formulados por la parte ahora impetrante de tutela, y la respuesta de la parte víctima del proceso penal, para luego ingresar a resolver la problemática identificada en relación a los agravios identificados, citando como antecedentes las tres pericias psiquiátricas realizadas al imputado, la normativa a ser empleada -art. 86 del CPP-, para finalmente concluir que el Juez a quo actuó de manera correcta al considerar de manera integral otros elementos de prueba para confirmar su internación en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, entre ellos el Certificado Médico de 24 de septiembre (Conclusión II.1). Por ello, el Auto de Vista cuestionado cuenta con la debida motivación, ya que, por parte de los demandados se justificó lo asumido por el Juez a quo, explicando de manera argumentada lógica y coherente, que la decisión asumida radica no solo en la consideración de las tres pericias psiquiátricas realizadas al imputado, sino de manera integral en otras documentales como el certificado médico de 24 de septiembre de 2021 (Conclusión II.1), donde se establece que el referido cuenta con tendencia suicida. Asimismo, refrendan la decisión de internar al citado imputado en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, argumentando que por sus antecedentes de autolesión, no correspondía dejar al mismo bajo cuidado de sus padres, ante el peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás -art. 86 del CPP-; situación por la cual, en cuanto al presente punto, corresponde denegar la tutela impetrada. En cuanto al segundo agravio, relativo que tampoco se indicó del porque debe realizarse los informes psicológicos cada tres meses, cuando por previsión legal es de seis meses; se tiene que las autoridades demandadas señalaron que es preciso internar al imputado en el nosocomio psiquiátrico para que se le otorgue los medicamentos correspondientes, siendo verificado por especialistas e informen cada durante los tres meses; y seis meses a efecto de realizar evaluaciones sobre su estado de salud mental. Al respecto, el art. 86 del CPP señala que, en caso de disponer la internación del imputado, el responsable debe informar por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del enfermo. Asimismo, señala que, de disponerse que el enfermo este bajo cuidado de sus familiares, o en su caso se disponga su internación, en ambos casos, el enfermo debe ser examinado por lo menos una vez cada seis meses para verificar sobre su salud mental. En ese antecedente, sobre este punto, lo denunciado tampoco resulta evidente, ya que, a la lectura de la resolución cuestionada, se comprende que las autoridades demandadas explican que ante la determinación de internación del imputado a un centro psiquiátrico para que se le otorgue medicamentos, corresponde ser verificado por especialistas para que informen cada tres meses sobre el mismo; y realicen evaluaciones sobre su estado mental cada seis meses. Esta manifestación encuentra lógica con lo establecido en el art. 86 del CPP, que plenamente realiza dicha diferenciación entre informe y evaluación, estableciendo los periodos para cada uno de ellos. En tal circunstancia, se puede establecer que el Auto de Vista cuestionado cuenta con la debida motivación, puesto que ambas autoridades despliegan una argumentación coherente por la cual brindan las razones respecto a la emisión de informes por cada tres meses y evaluación de estado de salud mental del imputado por cada seis meses conforme prevé el art. 86 del CPP; extremo por el cual corresponde denegar la tutela impetrada.

III.3.3. En cuanto a la tercera problemática

La accionante denuncia que, de manera citra petita se dispuso la internación del imputado en un establecimiento psiquiátrico de la ciudad de Sucre. A efectos de resolver el presente punto, es preciso citar lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado (Conclusión II.3), donde los Vocales demandados resolvieron lo siguiente:

“Bajo dichas circunstancias debe tomarse cuenta efectos de la resolución emitida por el juez A-quo con el punto segundo, la internación del procesado en un establecimiento adecuado como en el presente caso que ha realizado el juez A-quo en el instituto psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre ya que este debe estar en un lugar que debe favorecer en todo caso a su salud o estado de salud física, psíquica, emocional y no colocándolo en una situación de vulnerabilidad, menoscabo de su condición de ser humano para que este mejore en todo caso, estas circunstancias del internamiento en dicho centro psiquiátrico especializado y tratado por especialistas a efectos de que mejore su salud y responda el proceso penal a efectos de que este sea tratado en dicho centro psiquiátrico y desaparezca sus perturbaciones mentales y, o esquizofrenia, sobre la base de este entendimiento, y en caso de no ser viable se indica la libertad del encausado a efectos de que sea cuidado por sus familiares dada las connotaciones de su enfermedad mental, todo juez o tribunal esta con peligro a disponer su internación en un centro psiquiátrico de su residencia o fuera de esta precautelando su bienestar, pero ninguna circunstancia podrá determinarse su permanencia en un centro penitenciario, es decir, que estas circunstancias del centro penitenciario, hacen hincapié en todo caso de que pueda deteriorarse más allá su salud y que pueda autolesionarse en contra de sí mismo, así como también una cuestión suicida en contra de sí mismo. Bajo dichas circunstancias debe tomarse en cuenta, estos parámetros de resolver la problemática planteada, es decir, donde va a estar mejor el imputado a efectos de que pueda responsabilizarse por este acto investigativo y que se entiende que esta ya con acusación penal por el hecho de violación con agravante debe estar se entiende por este tribunal de alzada así como también por el juez A-quo se ha entendido debe estar en un centro especializado a efectos de que esta persona pueda recuperarse totalmente de esa su enfermedad mental y proceder en todo caso a sustentar su proceso a efectos de continuar el mismo y responsabilizarse en un juicio público y continuo y contradictorio, caso contrario de no resolverse de la manera que ha resuelto el juez A-quo en todo caso no se estaría impartiendo las circunstancias de justicia para ambas partes, es decir, dejando tal cual lo ha manifestado la parte denunciante a la libertad irrestricta al imputado a efectos inclusive de que pueda en el hecho de no ser custodiado efectivamente por sus parientes, de que pueda posteriormente volver a delinquir y en su caso evidentemente que no pueda sanarse y poder en todo caso responder a las circunstancias del proceso y tomando en cuenta el hecho de haber determinado que se interne en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, implica de que este estando tratado por especialistas a efectos de que se le otorgue los medicamentos correspondientes y siendo verificado en todo caso por los mismos especialistas e informes durante tres meses y seis meses a efectos de realizar evaluaciones, se va a proceder a determinar por parte del juez el hecho del mejoramiento de su salud mental o no, a efectos de seguir internado, o en su caso, a asumir la responsabilidad del proceso penal. Bajo dichas circunstancias, se entiende que, el juez A-quo ha obrado conforme a procedimiento y no existe agravio alguno en cuanto se refiere a dichas circunstancias porque refieren al art. 86 del CPP y a los elementos de prueba, no solamente periciales, sino, certificados médicos psiquiátricos que habría presentado a efectos de la existencia de darnos circunstancias que puede autolesionarse o tenderse al suicidio el imputado”. Asimismo, es necesario desglosar lo señalado en el art. 86 del CPP, el cual, en cuanto a la enajenación mental establece lo siguiente:

Artículo 86º.- (Enajenación mental). Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo ordenará, por resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso con respecto a los coimputados. El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del enfermo. En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada seis meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa. (El resaltado es añadido). Ahora bien, en resumen, se tiene que las autoridades demandadas concluyen que el Juez a quo actuó de manera correcta al disponer la internación del imputado en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco, valorando más allá de las tres pericias psiquiátricas, la documentación del proceso, entre ellas el certificado médico de 24 de septiembre de 2021 (Conclusión II.1), que establece tendencia suicida del imputado. Estos elementos derivan en concluir que lo denunciado por la parte accionante no resulte evidente, puesto que la determinación asumida por los Vocales demandados de confirmar la internación del imputado en un establecimiento psiquiátrico de la ciudad de Sucre, responde particularmente a lo dispuesto en el tercer parágrafo del art. 86 del CPP, el cual establece que se puede disponer la liberad del imputado, dejando a cuidado de sus padres, siempre y cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás; sin embargo, existiendo documentales que establecen antecedentes de autolesión y tendencia suicida del mismo (Conclusión II.1), la medida asumida resulta idónea, por lo cual no puede constituirse en citra petita, al devenir de un análisis integral de la documentación aparejada al proceso penal, situación por la cual corresponde denegar la tutela impetrada.

A partir de los elementos descritos, se puede establecer que por parte de los demandados no existió lesión alguna a los derechos a la vida con dignidad, a la salud y al debido proceso en su componente de motivación y congruencia, derivando en que la medida asumida por la Sala Constitucional sea confirmada. Finalmente, siendo que la víctima del presunto hecho de violación con agravante resulta ser una mujer, corresponde a toda autoridad judicial o administrativa que intervenga en el proceso penal, lo haga a partir del enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género, velando por la integridad de la mujer víctima de violencia sexual, evitando se vulneren sus derechos o se genere actos revictimizadores -Fundamento Jurídico III.1-. Asimismo, en lo fututo, dentro el proceso penal, al suscitarse conflicto de principios, valores, derechos y garantías en cuanto a los requerimientos que pueda surgir por parte del imputado versus los requerimientos de la víctima, los Jueces, Juezas y Tribunales en las distintas jurisdicciones y en especial por la justicia constitucional, tienen la obligación de realizar un test de ponderación de derechos fundamentales, a partir de tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para establecer si la medida limitadora es adecuada para alcanzar la finalidad para la que fue impuesta, no es idónea si no resulta apta para la protección y al contrario resulta perjudicial para el otro principio, buscando una medida menos restrictiva pero con iguales resultados protectores, y analizar si la afectación, limitación o restricción de un derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtiene CORREPONDE A LA SCP 0760/2024-S1 (viene de la pág. 47).

con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida -Fundamento Jurídico III.2-.

Por consiguiente, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada valoración de los antecedentes de la causa.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere el art. 202.6 de la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución Constitucional 093/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 1299 vta. a 1304 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia Potosí y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando emoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].

2 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

En el F.J.III.2 respecto al principio de ponderación de bienes y derechos señala que: “A tiempo de desarrollar el principio de ponderación de derechos, la jurisprudencia prevista en la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es

6 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

8 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y

su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

11 Artículo 86º.- (Enajenación mental). Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo ordenará, por resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe el proceso con respecto a los coimputados. El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del enfermo. En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada seis meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa.

12 La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0760_2024-S1.pdf · páginas 1 a 49.

Huella digital del PDF (SHA-256): e0ac4366a773fc73376d67e2023a93b1b252f3d9f8bb9bdfbcdfcf3b184f1b94

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