B.IA.LEGAL

SCP 0759/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55077-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, así como de los principios del debido proceso, celeridad y a la administración de justicia; toda vez que, al haberse sometido a un procedimiento abreviado -y tras haber presentado los certificados de REJAP y CENVI que acreditaban que no tenía ningún tipo de antecedente referente a sentencia condenatoria ejecutoriada, suspensión condicional de la pena, ni declaratoria de rebeldía-, fue beneficiado con el perdón judicial, emitiéndose en consecuencia el mandamiento de libertad de 26 de marzo de 2023; no obstante, el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no ejecutó dicha orden, ya que observó que el referido mandamiento señalaba el delito de homicidio en grado de encubrimiento, siendo que en primera instancia se había emitido detención preventiva por el ilícito de feminicidio, no habiéndose tomado en cuenta que, dicha diferencia se debía a la evolución procesal desde la imputación hasta la sentencia, lo que lo dejó en un estado de indefensión, ya que la documentación no reflejó correctamente el delito por el cual se otorgó el perdón judicial.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 55/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a David Kasa Quispe, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela en cuanto a Ana María Pinto Quispe, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero -en suplencia legal de sus similar Cuarto- de El Alto del departamento de La Paz y David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento; y, 3° Solicitar nuevamente al Consejo de la Magistratura, informe sobre el avance del cumplimiento de la SCP 0121/2025-S2 de 14 de marzo, reiterada por la 0043/2026-S2 de 18 de febrero; para tal efecto, por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, remítase copia legalizada del presente fallo constitucional a la referida institución.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del cumplimiento de los mandamientos de libertad
  2. III.2. Sobre la necesidad de un sistema integral de información penitenciaria y judicial
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0759/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55077-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Remigio Condori Inca contra David Kasa Quispe, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto y Ana María Pinto Quispe, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero -en suplencia legal de su similar Cuarto- ambos de El Alto del departamento de La Paz; y, David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En audiencia de las Jornadas de descongestionamiento penal, efectuada el 25 de marzo de 2023, se sometió a un procedimiento abreviado por el delito de homicidio en grado de encubrimiento; en consecuencia, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dictó Sentencia Condenatoria S-37/2023 de 24 de marzo, condenándolo a dos años de privación d libertad; por lo que, al presentar los certificados de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de No Violencia (CENVI), se le concedió el perdón judicial, ordenándose expedir mandamiento de libertad correspondiente.

Posteriormente, el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, observó el referido mandamiento, alegando que existía una modificación del tipo penal, toda vez que en primera instancia se había emitido detención preventiva por el delito de feminicidio y, en el transcurso de la investigación, dicha literal consignaba el ilícito de homicidio en grado de encubrimiento; por lo que, el 28 de marzo de 2023, solicitó al Juzgado de origen una certificación aclaratoria sobre lo observado; sin embargo, el Juez de la causa emitió la certificación “a su criterio” y no conforme a lo pedido, indicando que la sentencia era por el ilícito de “homicidio”, lo que lo dejó en un estado de indefensión, ya que la documentación no reflejó correctamente el delito por el cual se otorgó el perdón judicial.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, así como de los principios del debido proceso, celeridad y a la administración de justicia, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Ordene que los demandados efectivicen su libertad “en el día”; y, b) Se imponga multa pecuniaria en grado de calificación de daños y perjuicios a los demandados, y que los mismos sean procesados por faltas disciplinarias.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 31 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 61 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, solicitó que, el Juez demandado emita la certificación correcta inmediatamente para que pueda recuperar su libertad sin más dilaciones.

I.2.2. Informe de la parte demandada

David Kasa Quispe, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 12 a 13, manifestó que: 1) Nunca emitió certificación alguna, su labor es estrictamente jurisdiccional y cualquier certificación se otorga vía Secretaría; 2) Respecto al caso del accionante, el 24 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, en la que se condenó al nombrado a dos años de privación de libertad por la comisión del delito de homicidio en grado de encubrimiento, aplicándole perdón judicial, se emitió el respectivo mandamiento de libertad el 27 del mismo mes y año; 3) El impetrante de tutela presentó reclamo previo sobre el mandamiento de libertad, solicitando se informe por Secretaría sobre el tipo penal de feminicidio, pedido que fue atendido inmediatamente; y, 4) La acción de libertad requiere pruebas concretas de vulneración, lo cual no fue aportado en el caso, por lo que no se transgredió ningún derecho del peticionante de tutela; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela.

Ana María Pinto Quispe, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero -en suplencia legal de su similar Cuarto- de El Alto del departamento de La Paz; en audiencia señaló que: i) Dentro del proceso penal seguido contra el accionante en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del citado departamento, su persona actuó en suplencia legal de dicho despacho judicial, el cual concedió al nombrado el perdón judicial; ii) Posteriormente, se observó que debía efectuarse un “corre y vale” en cuanto al delito por el cual se lo sentenció, siendo este “encubrimiento”, por lo que procedió a realizar la certificación correspondiente; iii) No tuvo conocimiento previo de una solicitud específica de informe o certificación sobre el tipo penal; no obstante, informó al Juez de la causa sobre el cumplimiento de la providencia de 22 de marzo de 2023, en cuanto a la imputación, acusación y la resolución que benefició al accionante con el perdón judicial; y, iv) El presente mecanismo de defensa no demostró la vulneración de derechos atribuidos a su persona; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela. David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia de garantías refirió que: a) Al momento de la verificación del mandamiento de libertad, se observó que dicha literal consignaba un delito distinto por el cual el accionante se encontraba privado de libertad; por lo que, se solicitó al juzgado de origen aclaración al respecto; sin embargo, por secretaría se informó que, estando en suplencia legal, la funcionaria a cargo no podía modificar esa situación; y, b) Debido a que la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, establece requisitos específicos en estos casos, se debe tener especial cuidado cuando se presentan observaciones de ese tipo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 55/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 62 a 66, concedió -en parte- la tutela solicitada, únicamente respecto al Director codemandado, disponiendo que “EN EL DÍA”, una vez que se verifique que el accionante no este detenido por otro delito y que no se trate de una falsedad material o ideológica en el mandamiento de libertad que fue remitido; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez demandado actuó conforme a ley al expedir el mandamiento de libertad de 27 de marzo de 2023, consignando de forma correcta los datos de la causa penal seguida contra el impetrante de tutela; ante la solicitud de informe sobre el cambio de delito entre la imputación, acusación y sentencia, ordenó que por Secretaría se emita la certificación correspondiente; la observación realizada por el funcionario penitenciario resultó inadecuada, ya que su función se limita a constatar que el peticionante de tutela no esté detenido por otra causa y que el mandamiento no presente falsedad material o ideológica, sin poder cuestionar aspectos jurisdiccionales como la tipificación del delito; por ello, se concluyó que el juez actuó dentro de los plazos legales y no corresponde conceder tutela en su contra; 2) En cuanto a la Secretaria codemandada, la misma participó en la audiencia de sentencia y, ante la solicitud de informe o certificación, emitió la aclaración correspondiente dentro del plazo legal, basándose en los antecedentes del proceso y aclarando que todo corresponde a una misma causa penal; en consecuencia, no habría vulnerado derechos ni garantías constitucionales, por lo que tampoco corresponde otorgar tutela en su contra; y, 3) Respecto al Director codemandado, el mandamiento de libertad emitido coincidía plenamente con los datos del cuaderno procesal, incluyendo el Número Único de Registro Judicial (NUREJ), identidad del accionante y ausencia de otros antecedentes penales del mismo; por otro lado, la diferencia en la denominación del delito atribuido al nombrado respondía a la evolución procesal desde la imputación hasta la sentencia, siendo la calificación definitiva una facultad jurisdiccional conforme al principio iura novit curia; por ello, se considera que la demora en ejecutar el referido mandamiento, fue atribuible a dicha autoridad penitenciaria, correspondiendo conceder la tutela en su contra. En vía de complementación, el accionante solicitó al Juez de garantías notificar la parte dispositiva al Coronel del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, a fin de que se ejecute el mandamiento de libertad en el día. Al respecto, la autoridad judicial respondió que la correspondiente resolución será remitida en la misma jornada para conocimiento de la autoridad demandada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 72 a 74); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia Condenatoria S-37/2023 de 24 de marzo, mediante la cual, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, declaró a Richard Remigio Condori Inca -ahora accionante-, autor de la comisión del delito de encubrimiento, condenándolo a dos años de reclusión; y, ante la solicitud de la defensa técnica del nombrado, y en consideración de los certificados de REJAP y CENVI, le fue concedido el perdón judicial, disponiendo en consecuencia su inmediata libertad (fs. 29 a 30 vta.). II.2. Consta mandamiento de libertad de 27 de marzo de 2023, emitido por David Kasa Quispe, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandado-, por el cual, manda y ordena al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz -hoy codemandado-, a disponer la libertad inmediata del solicitante de tutela, quien, mediante “Resolución” S-37/2023, fue condenado a la pena privativa de libertad de dos años; y, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 368 del CPP, se le concedió el perdón judicial (fs. 35). II.3. Por Informe de 29 de marzo de 2023, Ana María Pinto Quispe, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero -en suplencia legal de sus similar Cuarto- de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, manifestó que: i) La imputación formal consignaba el delito de feminicidio; ii) La acusación fiscal refirió el ilícito de homicidio en grado de encubrimiento; y, iii) La Sentencia Condenatoria S-37/2023 dictada dentro del procedimiento abreviado, señaló el delito de encubrimiento (fs. 37).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, así como de los principios del debido proceso, celeridad y a la administración de justicia; toda vez que, al haberse sometido a un procedimiento abreviado -y tras haber presentado los certificados de REJAP y CENVI que acreditaban que no tenía ningún tipo de antecedente referente a sentencia condenatoria ejecutoriada, suspensión condicional de la pena, ni declaratoria de rebeldía-, fue beneficiado con el perdón judicial, emitiéndose en consecuencia el mandamiento de libertad de 26 de marzo de 2023; no obstante, el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no ejecutó dicha orden, ya que observó que el referido mandamiento señalaba el delito de homicidio en grado de encubrimiento, siendo que en primera instancia se había emitido detención preventiva por el ilícito de feminicidio, no habiéndose tomado en cuenta que, dicha diferencia se debía a la evolución procesal desde la imputación hasta la sentencia, lo que lo dejó en un estado de indefensión, ya que la documentación no reflejó correctamente el delito por el cual se otorgó el perdón judicial.

Por su lado, el Juez demandado señaló que, la emisión de certificaciones corresponde a las Secretarías de los despachos judiciales; además que, el accionante fue condenado a dos años de prisión por homicidio en grado de encubrimiento, beneficiándose con el perdón judicial y la emisión del mandamiento de libertad de 27 de marzo de 2023; asimismo, afirma que la solicitud de aclaración sobre el tipo penal consignado en dicho mandamiento fue atendida por la Secretaria codemandada. Finalmente, sostuvo que la acción de libertad no demostró una vulneración concreta de derechos fundamentales. A su turno, la Secretaria codemandada informó que, actuando en suplencia legal de su similar Cuarto, emitió el Informe de 29 de marzo de 2023, por el cual señaló que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante: a) La imputación formal consignaba el delito de feminicidio; b) La acusación fiscal refirió el ilícito de homicidio en grado de tentativa; y, c) La Sentencia dictada dentro del procedimiento abreviado, señaló el delito de encubrimiento; no se demostró vulneración alguna de derechos atribuible a su persona. Por su parte, el Director codemandado manifestó que, al verificar el mandamiento de libertad emitido en favor del accionante, se advirtió que este consignaba un delito distinto al que motivó la detención del nombrado; razón por el cual, se solicitó aclaración al Juzgado de origen; por lo que, mediante Secretaría de dicho juzgado, informó que la funcionaria actuaba en suplencia legal y no podía modificar tal situación; asimismo, señaló que, conforme a la Ley de Protección a las Victimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o adolescente, corresponde actuar con especial cuidado ante observaciones de esa naturaleza. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Del cumplimiento de los mandamientos de libertad

En cuanto al tema, la SCP 1306/2014 de 30 de junio, refirió que: “Sobre el cumplimiento inmediato de los mandamientos de libertad, en el art. 39 de la LEPS, se señala que: ‘Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan’ (…), disposición que tiene por finalidad garantizar los derechos de las personas privadas de libertad pero sobre todo el principio de celeridad, vale decir, que se restituya el derecho a la libertad de la manera más pronta posible; sin embargo, ya el anterior Tribunal Constitucional estableció dos aspectos que deben ser observados a momento de cumplir esta disposición legal y que de ninguna manera puede ser interpretada como restrictiva de la libertad, es así que como primer punto se señaló que los encargados de recintos penitenciarios de manera previa a la ejecución del mandamiento de libertad deben verificar si en el file de la persona privada de libertad no existe otro mandamiento que restrinja el derecho a la libertad y segundo, deben verificar si el mandamiento presentado es auténtico, razonamiento este que se encuentra en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, que señala: ‘…el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’. Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades evada la ley, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la necesidad de un sistema integral de información penitenciaria y judicial

Al respecto, la SCP 0043/2026-S2 de 18 de febrero, haciendo alusión a la SCP 0121/2025-S2 de 14 de marzo, sostuvo lo siguiente: «“La fragmentación de la información entre las distintas instituciones que intervienen en el proceso penal -órganos jurisdiccionales, Ministerio Público, régimen penitenciario, Policía Boliviana, entre otros- genera una dispersión de datos que obstaculiza el control efectivo del cumplimiento de las condenas y dificulta la protección oportuna de los derechos fundamentales de los privados de libertad, particularmente su derecho a recuperar la libertad una vez cumplida la pena impuesta e impide la realización del mandato desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Esta situación resulta especialmente problemática en el ámbito de la ejecución penal, donde la precisión en el cómputo de los períodos de privación de libertad es determinante para garantizar que ninguna persona permanezca detenida más allá del tiempo legalmente establecido. La exigencia constitucional y legal de que el interno sea ‘liberado en el día’ una vez cumplida su condena, sin necesidad de trámite alguno, presupone necesariamente un sistema de registro y seguimiento que proporcione información actualizada, confiable y accesible para los operadores de justicia.

Un sistema integral de información penitenciaria y judicial facilitaría la labor de los jueces de ejecución penal, quienes podrían acceder en tiempo real a datos precisos sobre: 1) Fechas exactas de ingreso y egreso de los internos a establecimientos penitenciarios; 2) Períodos cumplidos bajo regímenes de detención preventiva y detención domiciliaria; 3) Beneficios por redención de pena conforme a la normativa vigente; 4) Resoluciones judiciales que modifican la situación procesal de los imputados o condenados; 5) Cumplimiento de medidas sustitutivas o alternativas a la detención preventiva; y, 6) Registros de conducta y participación en programas de rehabilitación.

La ausencia de estos sistemas integrados de información no solo genera dilaciones indebidas como las observadas en el presente caso, sino que representa un riesgo permanente de vulneración de derechos fundamentales. Cada día que una persona permanece privada de libertad más allá del cumplimiento de su condena constituye una grave afectación a la dignidad humana y a los principios que fundamentan el Estado Constitucional de Derecho y puede ser sancionada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

A partir de lo referido anteriormente se determinó: “EXHORTAR al Consejo de la Magistratura para que, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario dependiente y en coordinación con el Ministerio de Gobierno, el Órgano Judicial, y la Policía Boliviana dentro del siguiente año, implemente un sistema integrado de información para el control y seguimiento de la ejecución penal, que permita a los jueces de ejecución penal contar con información precisa y actualizada sobre el cómputo de las condenas, facilitando así el pleno y efectivo cumplimiento del art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; en ese sentido, por Secretaría General de este Tribunal, remítase copia legalizada de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a las instituciones mencionadas, a efectos de su estricto cumplimiento”» (las negrillas fueron agregadas).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes venidos en revisión se advierte que el accionante se sometió a procedimiento abreviado, emitiéndose la Sentencia Condenatoria S-37/2023 de 24 de marzo, por la cual fue declarado autor del delito de encubrimiento, imponiéndosele la pena de dos años de privación de libertad y, simultáneamente, se le concedió el beneficio del perdón judicial (Conclusión II.1); más adelante, el 27 de marzo de 2023, en ejecución de esa decisión, se libró el correspondiente mandamiento de libertad; no obstante, la ejecución de dicho mandamiento fue observada por la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, bajo el argumento de existir diferencias entre el delito consignado en las actuaciones iniciales del proceso penal y el establecido en la sentencia condenatoria, mismo que se vio reflejado en el mandamiento de libertad emitido, situación que motivó la solicitud de una aclaración al Juez demandado.

En el caso concreto, aunque el mandamiento de libertad de 23 de marzo de 2023, fue emitido conforme a la Sentencia Condenatoria S-37/2023 (Conclusión II.2), se tiene que dicho fallo, no explicó que se estaba cambiando el tipo penal, de ahí que el informe de la Secretaria codemandada respecto a los antecedentes del proceso seguido contra el accionante, no podía aclarar las observaciones realizadas por la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.3); es decir, siendo que durante el proceso penal existieron sucesivos cambios en la calificación jurídica de los hechos, pues inicialmente se imputó por el delito de feminicidio; luego, se acusó por homicidio en grado de tentativa; y, finalmente se dictó condena por encubrimiento mediante procedimiento abreviado.

Ante esta situación, correspondía al Juez demandado emitir una aclaración expresa e inequívoca que confirmara que todas esas actuaciones pertenecían a la misma causa penal y que la situación jurídica definitiva del accionante estaba definida por la sentencia que le otorgó el perdón judicial; en consecuencia, aunque la observación del Director codemandado tenía fundamento en las distintas calificaciones jurídicas del proceso, era responsabilidad del indicado Juez proporcionar una explicación clara y completa, aspecto que no podía deducirse de la autoridad penitenciaria demandada o de la Secretaria codemandada en la medida en la que la misma mediante una certificación o informe no tiene competencia para aclarar las resoluciones judiciales; habiendo omitido aquello, mantuvo una situación de incertidumbre que retrasó la ejecución del mandamiento de libertad y afectó el ejercicio oportuno del derecho a la libertad del impetrante de tutela.

En este sentido la Secretaria codemandada actuó en suplencia legal y se limitó a cumplir las instrucciones impartidas por la autoridad demandada, emitiendo el informe de 29 de marzo de 2023, en el que describió objetivamente las distintas etapas procesales y las modificaciones de la calificación jurídica producidas durante la tramitación de la causa; consecuentemente, no se advierte que hubiera asumido decisiones propias con capacidad de definir la situación jurídica del impetrante de tutela ni que hubiese actuado con negligencia o arbitrariedad susceptible de generar por sí misma la restricción denunciada.

De igual forma, respecto al Director codemandado, corresponde señalar que la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1306/2014, reconoce que las autoridades penitenciarias tienen el deber jurídico de verificar, antes de ejecutar un mandamiento de libertad, la inexistencia de otros mandamientos restrictivos y la autenticidad del documento presentado. En ese marco, la observación efectuada por la autoridad penitenciaria codemandada no constituyó un acto arbitrario o manifiestamente ilegal, sino una actuación orientada a verificar la correspondencia entre la orden de libertad y los antecedentes procesales existentes, más aún cuando el proceso transitó por distintas tipificaciones penales; por ello, no resulta posible atribuirle la vulneración denunciada.

En mérito a lo expuesto, se concluye que la afectación al derecho a la libertad del accionante se originó en la insuficiente actuación jurisdiccional desplegada para aclarar de manera efectiva las observaciones surgidas durante la ejecución del mandamiento de libertad, correspondiendo conceder la tutela únicamente respecto al Juez demandado, disponiendo que emita de forma inmediata una certificación o determinación complementaria clara, precisa e inequívoca respecto a la evolución procesal de la causa y al delito por el cual fue finalmente condenado el impetrante de tutela, a efectos de viabilizar la ejecución efectiva del mandamiento de libertad, salvo que ello ya no sea necesario; debiendo denegarse la tutela respecto a la Secretaria codemandada y al Director codemandado, al no evidenciarse actuación lesiva atribuible a los antes mencionados.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de imponer multa por daños y perjuicios y promover procesos disciplinarios contra los demandados, esta no puede ser atendida dentro de la acción de libertad, ya que dichas medidas no forman parte de su objeto ni derivan automáticamente de la concesión de la tutela constitucional.

III.4. Otras consideraciones

La demora en la ejecución del mandamiento de libertad se debió a una deficiente coordinación entre las autoridades judiciales y penitenciarias. La discrepancia entre el delito registrado en la detención preventiva y el consignado en la sentencia y el mandamiento de libertad, resultado de los cambios en la calificación jurídica durante el proceso, llevó al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a observar el referido mandamiento y prolongar indebidamente la detención del accionante, pese a que este ya contaba con perdón judicial y certificaciones que acreditaban la inexistencia de impedimentos legales.

El caso evidencia que la falta de un sistema integrado de información entre las instituciones judiciales y penitenciarias constituye un riesgo para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad. Por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y registro, exhortando al Consejo de la Magistratura y a otras instituciones competentes a implementar un sistema integrado de información para el control y seguimiento de la ejecución penal, que permita contar con datos precisos y actualizados y facilite la ejecución inmediata de los mandamientos de libertad conforme al art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS).

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 55/2023 de 31 de marzo, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a David Kasa Quispe, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela en cuanto a Ana María Pinto Quispe, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero -en suplencia legal de sus similar Cuarto- de El Alto del departamento de La Paz y David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento; y, 3° Solicitar nuevamente al Consejo de la Magistratura, informe sobre el avance del cumplimiento de la SCP 0121/2025-S2 de 14 de marzo, reiterada por la 0043/2026-S2 de 18 de febrero; para tal efecto, por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, remítase copia legalizada del presente fallo constitucional a la referida institución. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0759_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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