Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al principio de celeridad; por cuanto, habiendo presentado el Fiscal de materia requerimiento conclusivo de acusación formal, mediante Resolución de 12 de diciembre de 2022, se dispuso la remisión del expediente previo sorteo al Juez o Tribunal de Sentencia de turno, por lo que, pese a haberse presentado la prueba de descargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la autoridad demandada no remitió los antecedentes de forma física al Juez o Tribunal de Sentencia de turno; razón por la cual, considera que se encuentra sometido a una dilación indebida en la tramitación de su causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela con base a los fundamentos jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0759/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53599-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Pinto Luna contra Luis Fernando García Mamani y Mauricio Flores Zabala, Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Ministerio Público amparado en el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referido al delito en flagrancia, presentó imputación formal en su contra, requiriendo procedimiento inmediato, por lo que, la autoridad jurisdiccional mediante Resolución 322/2022 de 26 de octubre, admitió el procedimiento referido supra, conforme lo dispuesto por el art. 393 bis y ter, del CPP, disponiendo el plazo de treinta días para que el representante del Ministerio Público emita requerimiento conclusivo. El 12 de diciembre de 2022, el Fiscal de materia presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, por lo que conforme a procedimiento debió haberse corrido en traslado y otorgarse el plazo de cinco días a la parte contraria a efecto de que presente prueba de descargo, vencido dicho plazo debió remitirse el expediente al Juez de Sentencia competente; sin embargo, desde la presentación de la acusación formal y pese a que el 26 de enero de 2023, se presentó prueba de descargo, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar trascurrieron más de treinta días hábiles, sin que se haya remitido el proceso al Juez de Sentencia competente, causando en consecuencia una dilación indebida.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, y al principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 115, 117, 180, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que: a) En el día se remita el cuaderno de control jurisdiccional ante el Juez de Sentencia competente; y, b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura y Ministerio Público por incumplimiento de deberes.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 45, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, en audiencia de garantías ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.
Luis Fernando García Mamami, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 9 a 10 señaló que: 1) El 26 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares del impetrante de tutela, en la que se dispuso la detención preventiva por el lapso de sesenta días en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por lo que conforme la Circular 19/2022 -SP-TDJLP, que determinó la vacación judicial del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz del 6 al 30 de diciembre de 2022, la causa con Código Único de Denuncia CUD 201102062200174 fue remitida al Juzgado de turno -Juzgado Penal Cautelar Octavo de la Capital del departamento de La Paz-, por tratarse de proceso con detenido preventivo; 2) El 12 de igual mes y año, el Fiscal de materia presentó acusación formal, ordenando el Juez del Juzgado de turno la remisión de los antecedentes ante el Juez o Tribunal de Sentencia competente; sin embargo, dicha determinación no fue emitida conforme lo previsto en los arts. 393 ter, parágrafo I, numeral 4 y 394 quater del CPP, es decir, no dispuso la notificación a los imputados con la acusación formal, para que en el plazo máximo de cinco días ofrezca y acompañe prueba de descargo; 3) No existió dilación procesal por parte del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de Capital, toda vez que es la tercera vez que se estaría presentando acción de libertad contra el personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado; la primera, fue el 11 de noviembre de 2022, presentada ante el Juzgado de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento, y conforme a procedimiento se remitieron todos los antecedentes en original, en tal sentido el Juzgado constituido en Tribunal de garantías demoró en devolver el cuaderno de control jurisdiccional, casi hasta la última semana de la gestión 2022, lo que retardó la remisión de los antecedentes de la apelación interpuesta; asimismo, el 30 de diciembre de 2022, planteó la segunda acción de libertad, presentada ante el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en la cual se dispuso que no es obligación del personal del juzgado enervar los gastos propios para el armado y remisión de los legajos de apelación, disponiéndose la remisión en original; en consecuencia, con esta presentación es la tercera vez que el accionante interpone acción de libertad; 4) El 16 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante, resolución que también fue apelada; 5) Al retornar de la vacación judicial el personal del Juzgado, ante la orden de remisión del expediente al Tribunal de garantías, la remisión de los testimonios de las apelaciones interpuestas, y de la orden de remisión del expediente emergente del requerimiento conclusivo de la acusación formal, con sus recursos propios armaron los legajos de la apelación, a efecto de dar cumplimiento a cada uno de ellos y de evitar este tipo de acciones, toda vez que lo único que pretende el impetrante de tutela con este tipo de actuaciones es dilatar el proceso; y, 6) Una vez realizados todos los actos pendientes de remisión, se dio cumplimiento a la providencia de 12 de diciembre de 2022, remitiéndose el expediente al Juzgado de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, Juzgado que el 13 de enero de 2023, devolvió el cuaderno procesal al Juzgado de origen, a efecto de que se subsanen los defectos percibidos por el Juez de Sentencia; en tal sentido, el 16 de igual mes y año, el Juez demandado, ordenó la notificación de los acusados con la resolución de acusación formal, a efecto de la presentación de prueba de descargo, por lo que el 18 de similar mes y año, se notificó a los acusados, Javier Pinto Luna y Julián Mamani Condori, quienes tenían plazo para la presentación de prueba de descargo hasta el 26 de enero de 2023; por otro lado, Elizabeth Karen Tapia Pinto, co-acusada fue notificada el 19 de igual mes y año, quien tenía el plazo para presentar la prueba de descargo hasta el 27 de similar mes y año, presentándola el 30 de enero de 2023, “siendo lo correcto 27 de enero de 2023”; por lo que, tomando en consideración que la autoridad jurisdiccional tiene el plazo de veinticuatro horas para decretar providencias, resulta falso lo manifestado por el accionante, toda vez que la tramitación fue realizada con la celeridad correspondiente, no existiendo en consecuencia vulneración a los derechos del accionante, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela. Mauricio Antonio Flores Zabala, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 40 a 41 solicitó se deniegue la tutela bajo los mismos argumentos esgrimidos en el informe emitido por Luis Fernando García Mamami autoridad codemandada.
El Juez de Sentencia Penal, Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 46 a 47, denegó la tutela solicitada, Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El 26 de octubre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, pronunció la Resolución 332/2022, disponiendo la detención preventiva de tres sindicados, entre ellos, el ahora accionante; ii) El 12 de diciembre de igual año, el representante del Ministerio Público presentó acusación formal ante el Juzgado de Instrucción Penal Octavo del referido departamento -Juzgado de Turno por vacación- quien aplicando el art. 325 del CPP, dispuso la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia en el plazo de veinticuatro horas, situación que generó el error de procedimiento, toda vez que debió aplicarse el art. 393 ter, parágrafo I, numeral 4 y 394 quater del CPP; por lo que, en cumplimiento a la mencionada Resolución, el 12 de enero de 2023, el Secretario codemandado, remitió el expediente al Juzgado de Sentencia; sin embargo, el Juez del Juzgado de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del referido departamento, previo a disponer la radicatoria del proceso, ordenó la devolución del expediente a efecto de que se subsane los defectos observados; iii) Mediante decreto de 16 de enero de 2023, el Juez codemandado corrigiendo procedimiento dispuso la notificación a los inculpados con la acusación fiscal, para que en el plazo de cinco días presenten prueba de descargo, notificándose a dos de los inculpados, entre ellos, el accionante el 18 de igual mes y año, y a Elizabeth Karen Tapia Pinto, el 19 de enero de 2023, venciendo el plazo para los primeros el 27 de enero de 2023 y para la última el 30 de igual mes y año; presentado ésta ultima su prueba el 27 de enero de 2023, remitida al Juzgado el 30 de similar mes y año, puesta a conocimiento del Juez demandado el 31 de enero de 2023; y, iv) Al haberse dispuesto mediante resolución de 16 de enero de 2023, que una vez vencido el plazo, el personal del Juzgado remita actuados al Tribunal de Sentencia, al haberse cumplido el plazo el día de ayer a media noche, -día anterior a la celebración de la audiencia de acción tutelar- debe ser remitido el expediente al Tribunal de Sentencia; sin embargo, al haberse interpuesto esta acción de libertad y ordenado la remisión del cuaderno original para la valoración, el Secretario aún no ha remitido el expediente, evidenciándose que no existe ninguna dilación por parte de los demandados en la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, mediante Resolución 322/2022 de 26 de octubre de 2022, se dispuso su detención preventiva y, en observancia de lo dispuesto en el art. 393 bis y ter del CPP, la aplicación de procedimiento inmediato, otorgando, al Ministerio Público el plazo de treinta días para emitir el requerimiento conclusivo (fs. 2 a 3).
II.2. Por Circular 19/2022, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se dispuso vacación judicial del 6 al 30 de diciembre, motivo por el cual, al tratarse de proceso con detenidos preventivos, el expediente con CUD 20110206220174 fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Octavo de la Capital, del departamento de La Paz, -Juzgado de turno por vacación-, hecho no controvertido por el impetrante de tutela (fs. 9 a 10).
II.3. Mediante memorial de 12 de diciembre de 2022, dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Octavo del referido departamento -Juzgado de turno-, el Fiscal de materia asignado al caso, presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, disponiendo el referido Juez, mediante decreto de igual día, mes y año, en aplicación del art. 325 del CPP, que una vez concluida la vacación judicial en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo, se remita el expediente ante el Juez o Tribunal de Sentencia competente (fs. 15 a 21).
II.4. Por memorial de 13 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó se señale día y ahora de audiencia de consideración a la cesación de detención preventiva; señalando el Juez de turno audiencia para el 16 de igual mes y año. Instalado dicho acto procesal, mediante Resolución 433/2022, se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante; y, ante la apelación que formuló, se dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de Alzada, que fue efectivizada el 22 de igual mes y año (fs.22 a 28 y vta.).
II.5. Cursan oficios dirigidos ante: a) La Sala Penal Primera, de 22 de diciembre de 2022, de remisión de obrados en virtud a la Resolución 433/2022 de 16 de diciembre de 2022; b) A la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de enero de 2023, de remisión de obrados en grado de apelación incidental de medidas cautelares contra la Resolución 322/2022; c) A la Sala Penal Primera del referido departamento, de enero de 2023, de subsanación y remisión de obrados en grado de apelación contra la Resolución 433/2022, y, d) Oficio de enero de 2023 (fs. 28 a 31).
II.6. Consta oficio dirigido al Juzgado de Sentencia y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, de remisión de obrados en original, con cargo de recepción de 11 de enero de 2023, (fs. 35 y vta.). Por decreto de 12 de igual mes y año, el Juez de Sentencia ordenó la devolución de actuados al Juez de primera instancia a efecto de enmendar los defectos procesales observados, disponiendo que el Juez de primera instancia remita el expediente una vez que se cuente con las resoluciones emitidas por el Tribunal de alzada respecto a las apelaciones efectuadas, y subsanadas todas las observaciones realizadas, devolución efectivizada el 13 de similar mes y año (fs. 33 a 35 vta.).
II.7. A través del decreto de 16 de enero de 2023, la autoridad demandada consideró un exceso el hecho de condicionar la remisión del expediente a la devolución de los testimonios de apelación por parte del Tribunal de alzada, por lo que ordenó la notificación personal de los imputados con la acusación fiscal para que en el plazo máximo de cinco días presenten prueba de descargo, disponiendo que una vez cumplido dicho plazo de manera automática por auxiliatura se remita la causa al Juzgado de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz (fs.36).
II.8. Cursa papeleta de notificación de 18 de enero de 2022, a Julián Mamami Condori, Javier Pinto Luna, accionante, y, de 19 de igual mes y año, a Elizabeth Karen Tapia Pinto, con la acusación fiscal y decreto de 12 de diciembre de 2022 (fs.37 a 39).
II.9. Mediante memorial de 27 de enero de 2023, la co-imputada Elizabeth Karen Tapia Pinto, ofreció medios de prueba de descargo, remitido por la Gestora al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, el 30 de igual mes y año, memorial que fue decretado por la autoridad demandada el 31 de similar mes y año (fs. 42 a 43).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al principio de celeridad; por cuanto, habiendo presentado el Fiscal de materia requerimiento conclusivo de acusación formal, mediante Resolución de 12 de diciembre de 2022, se dispuso la remisión del expediente previo sorteo al Juez o Tribunal de Sentencia de turno, por lo que, pese a haberse presentado la prueba de descargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la autoridad demandada no remitió los antecedentes de forma física al Juez o Tribunal de Sentencia de turno; razón por la cual, considera que se encuentra sometido a una dilación indebida en la tramitación de su causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)
De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0 691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril8, en el Fundamento Jurídico III.2, que 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad, toda vez que en el proceso penal seguido en su contra, el 12 de diciembre de 2022, el Fiscal vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
asignado al caso presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, disponiendo el Juez de turno la remisión del expediente al Juez o Tribunal de Sentencia competente; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la autoridad judicial demandada no remitió el expediente, incurriendo en dilación injustificada. En ese contexto de la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se constata que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela y otros, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, el 26 de octubre de 2022, mediante Resolución 322/2022, se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela y la aplicación de procedimiento inmediato, otorgando al representante del Ministerio Público el plazo de treinta días para emitir el requerimiento conclusivo. En tal sentido, como consecuencia de la vacación judicial, el expediente fue remitido al Juzgado de turno, por lo que, mediante memorial de 12 de diciembre de 2022, el Fiscal de materia presentó requerimiento conclusivo de acusación formal dirigido al Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, instancia en la cual, mediante decreto de igual fecha, se dispuso, que en aplicación del art. 325 del CPP, modificado por la Ley 1173, la remisión del expediente previo sorteo al Juez o Tribunal de Sentencia de turno, además de que por secretaría se remita los actuados a la Oficina de Gestora de Proceso, a efecto de que se proceda al sorteo, aclarando que al encontrarse de turno de fin de año, debía sortearse una vez concluida la vacación judicial (Conclusiones II. 3). Asimismo, se constata que el 13 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, señalando el Juez de turno audiencia para el 22 de igual mes y año, por lo que, emergente del recurso de reposición interpuesto por el impetrante de tutela se dispuso la modificación de fecha, señalándose audiencia para el 16 de diciembre de 2022, por lo que instalada la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, la Jueza de turno declaró infundada la solicitud efectuada por el impetrante de tutela, disponiendo la prosecución de la causa, resolución que fue apelada en el mismo actuado procesal, disponiéndose la remisión de la apelación al Tribunal de alzada. El personal de dicho juzgado remitió el legajo de apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con cargo de recepción de 22 de diciembre de 2022 (Conclusiones II.4).
Por otro lado, se evidencia que el 11 de enero de 2023, el Secretario del Juzgado, codemandado, en cumplimiento a la Resolución de 12 de diciembre de 2022, remitió el expediente al Juzgado de Sentencia Penal y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, dicha autoridad mediante decreto de 12 de enero de 2023, al evidenciar defectos procesales como la falta de remisión de legajos de apelaciones dispuso la devolución del expediente al Juzgado de origen, a objeto de que se subsanen los mismos, dejando sin efecto el sorteo efectuado (Conclusiones II.6). En dicho contexto, una vez recepcionado el expediente, el Juez co-demandado –Juez de Instrucción Penal de la Capital del departamento de La Paz, mediante decreto de 16 de enero de 2023, dispuso la notificación personal de los imputados con el requerimiento conclusivo de acusación formal, otorgándoles el plazo de cinco días para la presentación de prueba, en tal sentido, Julián Mamani Condori y Javier Pinto Luna -accionante-fueron notificados con el requerimiento conclusivo de acusación formal, y el decreto de 12 de diciembre de 2022, el 18 de enero de 2023, y a Elizabeth Karen Tapia Pinto el 19 de igual mes y año.
Por otro lado, de los antecedentes señalados se advierte también que el impetrante de tutela formuló durante la tramitación del proceso ante el Juez ahora demandado, así como ante el Juez de turno, recursos de apelación contra las resoluciones emitidas, así como acciones de libertad, hecho no controvertido por el impetrante de tutela, aspecto que constatado por los oficios de remisión de obrados, de 22 de diciembre de 2022, así como los remitidos en enero de 2023 por el Secretario ahora codemandado, (Conclusiones II.5). En ese entendido, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Precedente constitucional que no resulta aplicable al presente caso, debido a que no se advierte dilación indebida, en la que hubieren incurrido la autoridad judicial demandada y el Secretario codemandado; primero, porque el expediente fue remitido al Juzgado Penal de Turno emergente de la vacación judicial colectiva, Juzgado donde tanto el Fiscal de materia, así como el impetrante de tutela presentaron memoriales, para ser considerados por dicha autoridad jurisdiccional, evidenciándose que quien dispuso la remisión una vez concluida la vacación judicial del expediente al Juzgado o Tribunal de Sentencia fue el Juez de turno y no el Juez ahora demandado, en consecuencia la dilación reclamada por el impetrante de tutela durante este periodo no es atribuible al Juez demandado.
En cuanto a la remisión del expediente emergente del requerimiento conclusivo de acusación fiscal, se evidencia que la misma fue efectuada el 11 de enero de 2023, que se bien se dispuso que la remisión del expediente debía realizarse en el plazo de veinticuatro horas de concluida la vacación judicial; empero, no se tiene constancia de la fecha exacta de devolución del mismo por parte del Juzgado de Turno al Juzgado de origen; por otro lado, conforme se informó tanto por la parte demandada, constatado por el Juez de garantías, quien tuvo acceso al expediente, previo a la remisión del expediente, el personal de apoyo jurisdiccional debía cumplir con su obligación de efectuar todas las diligencias emergentes de las apelaciones planteadas por el accionante, así como las diligencias de remisión del expediente original emergente de las acciones de libertad interpuestas por el impetrante de tutela; en tal sentido, se evidencia la ausencia de dilaciones indebidas por parte de los demandados respecto a este punto. Respecto a las observaciones efectuadas por el Juez de Sentencia, que ordenó la devolución del expediente al Juez ahora demandado, se advierte que las observaciones realizadas corresponden al trámite y procedimiento que fue aplicado por el juez de turno; en consecuencia, dichas omisiones no son atribuibles a los ahora demandados, lo que permite concluir, que la autoridad judicial demandada únicamente rectificó el procedimiento establecido por el Juez de turno, disponiéndose la notificación a las partes de manera personal con el requerimiento conclusivo de la acusación formal, ello conforme a procedimiento. Finalmente en cumplimiento al decreto de 16 de enero de 2023, se procedió a la notificación de Julián Mamani Condori y Javier Pinto Luna el 18 de enero de 2023, teniendo plazo para la presentación de su prueba de descargo hasta el 26 de igual mes y año, considerando que el 21 y 22 eran días inhábiles, -sábado y domingo- celebrándose en este último el año nuevo Aymara- recorriéndose, en consecuencia, el feriado para el día lunes 23, venciendo el plazo para la presentación de prueba de los co-imputados señalados supra el 26 de enero de 2023; por otro lado, considerando que son tres los coimputados y que el expediente debía remitirse al Juzgado de Sentencia una vez cumplida con las notificaciones a todos los sujetos procesales, en tal sentido se tiene que respecto a la co-imputada Elizabeth Karen Tapia Pinto que fue notificada el 19 de igual mes y año, por lo que aplicando el mismo razonamiento de días inhábiles y feriado señalado supra, el plazo para la presentación de la prueba descargo concluía el 27 de igual mes y año, debiendo en consecuencia remitirse el expediente el 30 de enero de 2023, considerando que el 28 y el 29 constituían días inhábiles, es decir, sábado y domingo, empero al haber presentado la co-imputada el 27 de enero de 2023, memorial de ofrecimiento de prueba de descargo, remitido por la Gestora el 30 de enero de 2023, se providenció por el Juez demandado el 31 igual mes y año. En tal sentido, a raíz de esta acción tutelar, se remitió el expediente original al Juez de garantías, motivo por el cual tampoco se pudo cumplir con la remisión. Consiguientemente, queda claramente establecido el motivo por el cual el Secretario no remitió el expediente dentro del plazo establecido por el Juez de turno, evidenciándose que la demora en la remisión del expediente no es imputable a los demandados, por ello, no amerita la protección que brinda la acción de libertad traslativa. Por otro lado, cabe señalar que acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados en la presente acción de defensa cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el presente caso, no se advierte que el Secretario demandado hubiere incurrido en la inobservancia de sus funciones y obligaciones conferidas o hubiere inobservado las instrucciones u órdenes que le fueron impartidas por el Juez de la causa, tampoco se advierte excesos u omisiones que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones que fueron dispuestas por la autoridad del Juzgado donde desempeña sus funciones. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
CORRESPONDE A LA SCP 0759/2025-S3 (viene la pág. 13)
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 31 de enero, cursante de fs. 46 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela con base a los fundamentos jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Paola Verónica Prudencio Candia es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
3 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0759_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9a086d780b5b5f893837bcb9f0835350bace51198b5eb84d8e7ecac954ab9125
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