Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 11 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones; y, de los principios de “…proporcionalidad, instrumentalidad, necesidad y favorabilidad…” (sic), en relación con su derecho a la libertad física y de libre locomoción; toda vez que, el Vocal ahora demandado, mediante el Auto de Vista de 12 de enero de 2023, enervó los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 6 del CPP, quedando únicamente subsistente el riesgo contenido en el art. 234.7 de la misma norma procesal penal, manteniendo su detención preventiva, sin la debida fundamentación ni motivación en cuanto los referidos principios, sin explicar por qué la medida cautelar de detención preventiva sería idónea a los fines de ley y que no pueda ser sustituida por otra menos gravosa. Ante ello, el Vocal demandado señala que, el art. 398 del CPP limita la competencia del Tribunal de alzada, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre aspectos no apelados, y en el caso, a través del Auto de Vista en cuestión, el cual se encuentra debidamente fundamentado y motivado, se respondió a todos los agravios del procesado, quien en ningún momento manifestó encontrarse agraviado en relación a la medida cautelar de detención preventiva impuesta o a la imposición de medidas menos gravosas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 42 a 47, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0759/2025-S2 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53435-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 07/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 42 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Francisco Javier Mena Soruco en representación sin mandato de Sergio Bares Canedo contra Oscar Florero Florero, Vocal; y, Carmen Soliz Plaza, Secretaria, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 7, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otro por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, luego de emitirse imputación formal en su contra, fueron remitidos ante el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, sustanciándose allí la correspondiente audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares el 23 de diciembre de 2022, en la cual, por Auto Interlocutorio de la misma fecha, el Juez de turno dispuso en relación a su persona la medida cautelar de detención preventiva a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones del referido departamento. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación incidental que fue radicado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que, a través del Auto de Vista de 12 de enero de 2023, resolvió probada tal impugnación. Dicho Auto de Vista estableció como único riesgo procesal concurrente el previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante- haciendo que, su situación jurídica se tornara totalmente distinta a la establecida por el Juez a quo; por lo que, a tiempo de analizar si la detención preventiva era idónea en relación a la finalidad establecida en el art. 221 del CPP -asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley-, o si otra medida podía cumplir con dicha finalidad en aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad, favorabilidad e instrumentalidad, el Tribunal de alzada se limitó a decir que: a) En el marco de la SCP 0340/2019-S3 de 24 de junio, no es la cantidad de indicadores de peligros procesales los que definen la medida cautelar personal a ser aplicada, sino la intensidad del peligro que afecta al bien jurídico del proceso y, por ende, corresponde al Tribunal de alzada verificar si esa intensidad afecta al desarrollo del proceso, la averiguación de la verdad o la aplicación de la ley; y, b) En el caso particular, se indica que el imputado constituye un peligro para la sociedad en mérito a los antecedentes penales y la proclividad que tiene; siendo así, la medida cautelar impuesta sí responde a la necesidad de asegurar los bienes del proceso y es idónea porque hay una fuerte intensidad del peligro en la averiguación de la verdad, correspondiendo confirmar el decisorio -de primera instancia- pero con las modificaciones introducidas a la parte considerativa identificadas precedentemente. Así, se tiene que las “autoridades demandadas”, a tiempo de emitir el Auto de Vista de 12 de enero de 2023, no fundamentaron ni motivaron su resolución, ya que no explicaron por qué si bien declaró probado su recurso de apelación incidental, al haberse enervado los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 6 del CPP, y que se tendría por acreditado el presupuesto material y un sólo riesgo procesal de fuga del art. 234.7 de la misma norma; bajo un criterio de proporcionalidad, cuál sería la necesidad que demostraría que, ante la concurrencia de ese sólo riesgo procesal, no exista otra medida cautelar menos gravosa que bajo el principio de favorabilidad podría ser idónea para cumplir la finalidad de las medidas cautelares personales que haga aplicable y extremadamente necesario el coartar su libertad.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones; y, de los principios de “…proporcionalidad, instrumentalidad, necesidad y favorabilidad…” (sic), en relación con su derecho a la libertad física y de libre locomoción; citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga el restablecimiento de las formalidades del debido proceso y la nulidad del Auto de Vista emitido, y que en el plazo de veinticuatro horas se dicte nueva resolución debidamente fundamentada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 41 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad, y en réplica a lo informado por los demandados, sostuvo: 1) Es evidente lo informado por la Secretaria de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ya que debido a un lapsus calami interpuso la presente acción tutelar contra dicha funcionaria, quien no tiene legitimación pasiva; 2) En relación a lo informado por Oscar Florero Florero, Vocal de la referida Sala -demandado-, dicha autoridad entendió de manera errónea la presente acción de libertad, toda vez que la misma en ningún momento cuestionó o solicitó a la Jueza de garantías que la autoridad demandada deba realizar una revalorización de los elementos de convicción debatidos en la audiencia de apelación de medidas cautelares; 3) La autoridad demandada no fundamentó ni motivó en derecho por qué habiendo variado su situación jurídica se debía mantener la detención preventiva, y explicar ello en función del principio de proporcionalidad, necesidad, e instrumentalidad de las medidas cautelares, y primigeniamente además, bajo el principio de favorabilidad; y, 4) En el presente caso, tiene un antecedente por un proceso similar y no explica por qué la medida sería idónea para asegurar la finalidad prevista en el art. 221 del CPP, por lo que existe falta de fundamentación y motivación.
Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante memorial cursante de fs. 35 a 37, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) La especificación de los aspectos cuestionados de la Resolución apelada fue realizada en audiencia y centró sus observaciones en la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, denunciando un apartamiento de la norma y jurisprudencia en cuanto a la concurrencia del art. 234.1 del CPP y, respecto al peligro de fuga sustentado en los numerales 6 y 7 del mismo articulado; ii) La determinación asumida por el Tribunal de alzada tiene sustento en la SC 0486/2010-R de 5 de junio, entre otras, así también en el Auto Supremo 225 de 6 de mayo de 2011; iii) La compulsa de las pruebas que se aporta con el fin de aplicar y modificar medidas cautelares de carácter personal, es facultad exclusiva del Juez que está a cargo del proceso, pues los únicos casos en los que el Tribunal de alzada puede intervenir en la revisión de dicho análisis, sería cuando el juzgador se hubiere apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles (para decidir), ya que ingresar a valorar la prueba importaría una doble valoración de la misma; iv) El art. 398 del CPP circunscribe la competencia del Tribunal de alzada, limitándola de manera precisa, no correspondiéndole pronunciarse sobre aspectos no apelados en virtud al principio de continencia procesal, salvo que se trate de defectos absolutos o la inobservancia del art. 124 de la misma norma procesal; v) El Tribunal Constitucional estableció presupuestos jurisprudenciales en relación al control constitucional y la interpretación de la legalidad ordinaria, mismos que fueron cumplidos en el presente caso por el accionante, toda vez que no señaló el nexo de causalidad entre el criterio de interpretación utilizado y los demás presupuestos para ingresar a revisar dicha legalidad ordinaria; vi) En el presente caso, el Auto de Vista de 12 de enero de 2023 no vulnera los arts. 124 y 169.3 del CPP, relativos a la debida fundamentación y motivación, principios de igualdad jurídica, libertad probatoria, razonabilidad y valoración vinculados a la libertad del accionante, ya que se encuentra debidamente motivada y fundamentada; vii) Se respondió a todos los puntos de agravio referidos por el imputado, quien en ningún momento manifestó considerarse agraviado por la medida impuesta por la autoridad jurisdiccional o respecto a la imposición de medidas menos gravosas, en consecuencia, se determinó “extraer” de su situación jurídica el peligro de fuga previsto en el art. 234.1 y 6 del CPP, manteniendo el decisorio de la autoridad de instancia en lo que respecta a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, en tal sentido, actuó en apego del art. 398 de la norma citada; y, viii) En el presente caso no se demostró ninguno de los presupuestos de procedencia de la acción de libertad establecidos en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), considerando que el Auto de Vista de “1 de noviembre de 2022” -se entiende de 12 de enero de 2023- está plenamente fundamentado y respondió a todos los agravios mencionados. Carmen Soliz Plaza, “Vocal” -lo correcto es Secretaria- de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 38 solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que, habiendo sido notificada con la presente acción de libertad y advertida del error que seguramente obedece a un lapsus del accionante, se la consignó como Vocal de la mencionada Sala Penal Segunda; sin embargo, su persona en su condición de Secretaria de la referida Sala se limita a dar fe de las actuaciones procesales de despacho.
La Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 07/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 42 a 47, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La prueba producida en primera instancia y el valor lógico que otorga la autoridad jurisdiccional, está plasmado en la Resolución dictada por el Juez de primera instancia, siendo esa actividad la que va a ser revisada por un Tribunal de alzada conforme el art. 398 del CPP, que se limita a revisar los puntos de agravio; lo que no significa que realice una nueva valoración de la prueba que fue analizada en primera instancia; b) En el caso presente, el Auto de Vista emitido por el Vocal demandado, se basó en los puntos de agravio y previo fundamento declara procedente la Resolución impugnada y extrae el art. 234.1 y 6 del CPP, y dispone la persistencia del riesgo procesal previsto en el numeral 7 del mismo articulado; y, c) El citado Auto de Vista, señalando la “doctrina” constitucional desarrollada en la SCP 0340/2019-S3 de 24 de junio, señala las razones por las cuales concurre para la autoridad jurisdiccional que valoró los elementos de prueba acompañados, situación que fue confirmada por la autoridad demandada, respecto al peligro para la sociedad y la persistencia de la detención preventiva, consecuentemente no existe vulneración alguna contra el debido proceso o la libertad del accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de inicio de investigación, imputación formal con aprehendido de 22 de diciembre de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sergio Bares Canedo -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, presentado por el Ministerio Público (fs. 16 a 21 vta.). II.2. Se tiene Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2022 emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, quien dispuso la detención preventiva del accionante con base en la concurrencia de los presupuestos procesales previstos en los arts. 231, 233 y 234.1, 6 y 7 del CPP, por el plazo de cuatro meses (fs. 22 vta. a 28). II.3. Por Auto de Vista de 12 de enero de 2023, emitido por Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, resolvió declarar procedente el recurso de apelación incidental formulado por el ahora accionante, y en consecuencia enervó de su situación jurídica el peligro de fuga sustentado en el art. 234.1 y 6 del CPP, quedando subsistente el numeral 7 del mismo artículo y norma procesal, manteniendo el decisorio de la autoridad de instancia en lo que respecta a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (fs. 31 a 34).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones; y, de los principios de “…proporcionalidad, instrumentalidad, necesidad y favorabilidad…” (sic), en relación con su derecho a la libertad física y de libre locomoción; toda vez que, el Vocal ahora demandado, mediante el Auto de Vista de 12 de enero de 2023, enervó los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 6 del CPP, quedando únicamente subsistente el riesgo contenido en el art. 234.7 de la misma norma procesal penal, manteniendo su detención preventiva, sin la debida fundamentación ni motivación en cuanto los referidos principios, sin explicar por qué la medida cautelar de detención preventiva sería idónea a los fines de ley y que no pueda ser sustituida por otra menos gravosa. Ante ello, el Vocal demandado señala que, el art. 398 del CPP limita la competencia del Tribunal de alzada, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre aspectos no apelados, y en el caso, a través del Auto de Vista en cuestión, el cual se encuentra debidamente fundamentado y motivado, se respondió a todos los agravios del procesado, quien en ningún momento manifestó encontrarse agraviado en relación a la medida cautelar de detención preventiva impuesta o a la imposición de medidas menos gravosas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y, concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, impone que las sentencias y autos interlocutorios se encuentren debidamente fundamentados, de forma que: “…Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”; además: “La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. La norma legal transcrita, guarda relación con la contenida en el art. 236.3 del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que se debe hacer una fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables. En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las negrillas nos corresponden).
La obligación de fundamentar las resoluciones, también es aplicable a los fallos que resuelven apelaciones; así, la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: ‘“Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…”’ (las negrillas son agregadas). De la jurisprudencia citada, se concluye que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, no se traduce en una exigencia de extensión o simplemente de forma, sino que esencialmente se refiere a aspectos de fondo concernientes a que el juez -de una forma imparcial-, debe expresar en su resolución los hechos, pruebas y normas en función de las cuales adopta su posición, además de explicar las razones; es decir, el por qué valora los hechos y pruebas de una manera determinada y el sentido de aplicación de las normas.
Conforme la imputación formal del Ministerio Público, se tiene que a raíz de una denuncia anónima, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hace vigilancia de la entrega de una encomienda y una vez que la misma es entregada, detienen al accionante al encontrarlo en posesión de un sobre manila con varios sobres pequeños que dieron positivo para cocaína, determinándose en audiencia cautelar su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2022, emitida por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, quien estableció la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.1, 2 y 7 del CPP; y, respecto al numeral 7, se entendió su concurrencia en la medida en la que el impetrante de tutela ya tenía una sentencia ejecutoriada previa por la comisión del delito de suministro de sustancias controladas y que dichos sobres positivos a cocaína estaban dirigidos fundamentalmente a sectores de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Expuesta como fue la problemática planteada, de la revisión del Auto de Vista de 12 de enero de 2023 emitido por el Vocal ahora demandado, se advierte que esta Resolución, en su parte inicial, identificó los dos agravios de apelación incidental de medidas cautelares presentados por el procesado ahora accionante, de la siguiente manera: 1) La ausencia de un análisis integral de antecedentes, apartamiento de la norma y de la jurisprudencia en relación a la concurrencia del art. 234.1 del CPP, toda vez que la autoridad de instancia no habría dado por acreditado el elemento trabajo; y, 2) En lo que respecta al peligro de fuga sustentado en los numerales 6 y 7 del mismo articulado, no existe fundamentación ni motivación, y sí, alejamiento de la jurisprudencia, ya que cada riesgo procesal sería independiente y por tanto cada uno debería contar con el elemento probatorio que le dé mérito. Siendo así, la Resolución de alzada acogió ambos agravios, resolviendo la inconcurrencia de los riesgos previstos en el art. 234.1 y 6 del CPP -tal como fue solicitado por el ahora accionante-; y, en virtud de los antecedentes considerados por el Juez a quo determinó la concurrencia del peligro establecido en el art. 234.7 del CPP, a ese fin corresponde mencionar que sobre este riesgo procesal, citó lo razonado por la autoridad de instancia; en sentido de que, en relación al imputado Sergio Bares Canedo -ahora accionante- del Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) se observa la existencia de una sentencia ejecutoriada de 5 de diciembre de 2018 por el delito de suministro de sustancias controladas, con pena privativa de libertad de ocho años, habiéndose mencionado que recobró su libertad en virtud de un mandamiento de libertad definitivo, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, de lo que se establece su proclividad a delinquir. En ese sentido, la autoridad hoy demandada mantuvo la detención preventiva alegando que: “…podemos afirmar que no es la cantidad de indicadores de peligros procesales lo que define la medida cautelar personal a ser aplicada, sino la intensidad del peligro…” (sic), y siendo que a ese Tribunal de alzada le corresponde verificar si esta “intensidad” afecta el desarrollo del proceso, la averiguación de la verdad o la aplicación de la ley -fines del régimen de medidas cautelares conforme el art. 221 del CPP-; en el caso particular concluyó que, “…el imputado constituye un peligro para la sociedad en mérito a los antecedentes penales y a la proclividad que tiene…” (sic), entendiéndose que en este punto existe una remisión tácita a lo analizado por la autoridad de primera instancia que es quien analiza el antecedente penal relativo a la sentencia ejecutoriada que pesaba contra el ahora accionante por un delito similar al que ocupa el proceso penal del cual emerge la presente acción tutelar. De ahí que, con dicha premisa concluye que: “…la medida cautelar impuesta por la Autoridad de Instancia en esta etapa del proceso, si responde a la necesidad de asegurar los bienes del proceso…” (sic) -se entiende, fines-, añadiendo que, existe una fuerte intensidad del peligro en la averiguación de la verdad, y por ello la medida en su criterio era idónea, entendiendo que correspondía confirmar sobre lo referido lo decidido.
Así, considerando el análisis integral exigido por la jurisprudencia constitucional a los Tribunales de alzada en relación a las apelaciones de medidas cautelares cuando estos deciden mantener o imponer dicha medida cautelar extrema; en el caso, en relación a la supuesta ausencia de fundamentación y motivación respecto a la correspondencia entre la existencia de un solo riesgo procesal y la imposición de la detención preventiva, el Vocal demandado estableció los motivos para mantener la detención preventiva, remitiéndose a lo razonado en primera instancia e infiriendo razonablemente de ello que las autoridades judiciales no sólo deben considerar la cantidad de riesgos procesales, sino también la intensidad del riesgo procesal, en este caso el previsto por el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante-, la que posibilitaba bajo el razonamiento de la autoridad demandada mantener la medida de detención preventiva, por lo que corresponde denegar la tutela. En este punto, corresponde aclarar que la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0340/2019-S3 de 24 de julio, invocada por el accionante no tiene supuestos fácticos similares, por lo que no es vinculante al presente caso, pero además tampoco supone la exigencia de una suerte de fundamentación tasada frente a la concurrencia de determinado número de riesgos procesales, sino una exigencia general al conjunto del análisis para confirmar mantener la medida extrema de detención preventiva, lo que en el caso, esta Sala considera que fue cumplido por la instancia de alzada, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, en relación a la Secretaria de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, corresponde denegar la tutela impetrada, en mérito a la ausencia de legitimación pasiva respecto de lo demandado a través de la presente acción tutelar, pues la referida funcionaria suscribe la Resolución aquí cuestionada únicamente con fines de certificación de actuados procesales en la causa, por lo cual no tiene poder de decisión respecto al contenido del Auto de Vista confutado. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 42 a 47, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0759_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 65aeb61ecce0af983b418476d7c1984c1be27aa894e8dfba823202c0c33344cf
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