B.IA.LEGAL

SCP 0759/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de noviembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de noviembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49034-2022-99-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso y la libertad; por cuanto, su “hija hermana” -Verónica Colque Aymaya- sentó una denuncia ante la FELCV debido a que fue objeto de agresiones físicas por parte de Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado-; y, pese a que se tiene otra denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, existe negligencia absoluta por parte de la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, al no imponerse medidas de protección; y, su “hija hermana” sigue recibiendo agresiones físicas y verbales, siendo inclusive que es privada de su libertad por parte de Natalio Gerónimo Rosales. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad y la protección del derecho a la vida; ii) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad y las sub reglas para su flexibilización conforme al principio de informalismo; iv) La naturaleza no subsidiaria de la acción de libertad y la inaplicación de la subsidiariedad excepcional en denuncias de lesión del derecho a la vida; v) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; vi) Medidas de protección en casos de…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro y la Policía Boliviana a través de la servidora pública policial ahora demandada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que se adopte las medidas necesarias para cumplir su deber de diligencia y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia y al Director de Igualdad de Oportunidades “Plaza Sebastián Pagador” de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.La acción de libertad y la protección del derecho a la vida
  2. III.2. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares
  3. III.3. La legitimación pasiva en la acción de libertad y las sub reglas para su flexibilización conforme al principio de informalismo
  4. III.4. La naturaleza no subsidiaria de la acción de libertad y la inaplicación de la subsidiariedad excepcional en denuncias de lesión del derecho a la vida
  5. III.5. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres
  6. III.6.Medidas de protección en casos de violencia
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0759/2024-S1 Sucre, 27 de noviembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49034-2022-99-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 06/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eugenia Colque Aymaya contra Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro; Mauricio Rodrigo Ramírez, Fiscal de Materia; Director de Igualdad de Oportunidades “Plaza Sebastián Pagador” de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro; Anabel Pérez Laura, servidor público policial; y, Natalio Gerónimo Rosales.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 11 de julio de 2022, cursante de fs. 1 a 2 y vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de julio de 2022, su “hija hermana” -Verónica Colque Aymaya- sentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), refiriendo que fue objeto de agresiones físicas por parte de Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado-; y, pese a que se tiene otra denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, existe negligencia absoluta por parte de la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, por cuanto, hasta la fecha -se entiende la fecha de interposición de la acción de libertad efectuada el 11 de julio de 2022- dichas instituciones no “hacen llegar” medidas de protección, y su hermana sigue recibiendo agresiones físicas y verbales, siendo inclusive que es privada de su libertad por parte del prenombrado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela no hace referencia expresa de algún derecho lesionado, sin embargo, en el memorial de la acción de libertad se hace alusión a un indebido procesamiento y una indebida privación de libertad; por lo que, se comprende que se denuncia la conculcación de los derechos al debido proceso y la libertad.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga “…LA INMEDIATA LIBERTAD DE MI HIJA HERMANA…” (sic), más la reparación de daños y perjuicios, costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 44, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando el mismo, manifestó que: a) Verónica Colque Aymaya es privada de libertad por parte de su pareja Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado- del cual no se sabe su paradero, ni si aún sigue con vida; b) Conforme se tiene del cuaderno de investigación del Caso 212/2022, Verónica Colque Aymaya presentó su denuncia contra Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en ese sentido, Mauricio Rodrigo Ramírez, Fiscal de Materia -ahora demandado- comunicó el inicio de investigaciones que paso en conocimiento Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-, asimismo, solicitó la homologación de medidas de protección y que las mismas sean notificadas al sindicado; empero, “…no existe ningún notificación que hay hecho valer el Jugado Cautelar N° 2…” (sic); c) “…como medio de prueba que se está presentando ante su autoridad, en palabras literales señora Juez, la señora Verónica hace conocer lo siguiente; yo estaba lavando mi ropa en mi casa donde mi concubino llega y me dice que has ido a pagar, no he ido y de repente recibo patadas y puñetes y en palabras gruesas me dice lo acontecido ya anteriormente vulgaridades ofensivas dañados psicológicamente, le hace una pregunta el asignado al caso la policía Anabel Pérez Laura manifieste si algo mas quiere agregar, si hace años atrás sufría agresiones físicas y también sufría agresiones psicológicas como ser amenazadas de muerte hacia mi persona y hacia mis hijos, aclarando señores jueces que el año 2019 senté una denuncia por el delito de violencia a la Defensoría de la plaza Sebastián Pagador y el caso es el 358/2019 que ha sido prosperidad por la negligencia de la DIO que esperan que a mi cliente le maten, esta entrevista está realizada en fecha 08 de julio de 2022 en el formulario de los requisitos se puede evidenciar la valoración de riesgos relaciones de la pareja que el señor Natalio es agresivo y esta tiene que ser juzgado por una autoridad a la brevedad posible de conformidad al art. 348 está en formulario de valoración de riesgos procesales, que también voy hacer hincapié para que sus autoridades lo revisen y de lo que vean conveniente para hacer la protección de este señora Verónica víctima de privación de libertad…” (sic); y, d) “…el mismo día de la denuncia la señora Verónica presenta un memorial al representante del Ministerio Publico esto con qué fin de hacer conocer este aspecto que está siendo amenazada y está pidiendo su orden de aprehensión misma que el Ministerio Publico con la faculta que le corresponde el 226 emanar mandamiento de aprehensión por ser la reincidencia de este caso, por ser reincidente y por la amenaza que recibe hasta la fecha no emite el mandamiento de aprehensión que está contemplada en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal en la cual le faculta cuando una víctima está en peligro de vulnerabilidad en este caso las amenazas el secuestro que ha recibido de su propia pareja le faculta emitir este mandamiento y no lo hace señores jueces…” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades, servidores públicos y personas demandadas

Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela solicita, manifestando que: 1) Existe una ausencia de legitimación pasiva, por cuanto, del contenido de la acción de libertad se advierte que el ahora impetrante de tutela alega que “Eugenia” Colque Aymaya se encontraría privada de su libertad por parte de Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado-, y su persona no tiene ningún vínculo con ese hecho y si eventualmente se señalaría que se hubiese contribuido con ese hecho no manifestó cómo, es más “…en la acción ni siquiera se ha identificado mi nombre aquí se ha interpuesto una acción de libertad contra una instancia jurídica que es el Juzgado Cautelar 2, que está conformado por varios funcionario públicos no se ha identifica si el juez ha provocado esos actos, si lo ha hecho la secretaria, si lo ha hecho el auxiliar…” (sic); consecuentemente, existe la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo con relación a posibles omisiones y acciones que hubiera efectuado su persona en la privación de libertad que se denuncia; además, en la acción tutelar se refirió que no se procedió con la notificación de la resolución de medidas de protección al imputado; empero, mientras su autoridad no ratifique las mismas es el Ministerio Público que tiene esa obligación, siendo inclusive la notificación no es una actividad propia de su cargo, ya que la auxiliar de su despacho genera la notificación para remitirlo a la Oficina Gestora de Procesos; y, 2) No se cumplió con el “principio de subsidiariedad”, debido a que, si bien el Ministerio Público solicitó la homologación de las medidas de protección, previo a su “ratificación” se determinó que se manifiesten las circunstancias que justifican dichas medidas “…porque hemos tenido infinidad de casos en la práctica judicial en la que las mujeres no solicitan aplicación de medidas cautelares esto indudablemente inguidas por su patrocinio legales que se inventan lo diré así con mucha franqueza procesos de orden de violencia doméstica, simplemente para quedarse con los bienes gananciales, promover la salida de los esposos o de las parejas del hogar y quedarse con la posesión del bien inmueble…” (sic); además, en el segundo párrafo del art. 393 Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP) se establece que la fundamentación debe ser para cada medida de protección; y, contra esa determinación, el Ministerio Público ni la víctima no interpusieron ninguna impugnación y tampoco promovieron su aplicación. Mauricio Rodrigo Ramírez, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que su persona carece de legitimación pasiva, debido a que, la comunicación de inicio de investigación así como la solicitud de homologación de medidas de protección fue efectuada por otra autoridad fiscal, y su persona recién tuvo conocimiento del cuaderno de investigaciones el 11 de julio de 2022 a horas 16:00 “…nosotros obligatoriamente en 24 horas tenemos que hacerle conocer a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia que cumpla dichas medidas de protección, nosotros hemos cumplido distinguida autoridad nosotros tenemos aquí el recibido 12 de julio de 2022, aproximadamente a las 10:20 ya se ha presentado nuestro requerimiento para que la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia realiza las tareas de investigación entre ellas el cumplimiento de las medidas de protección y causalmente esta mañana me notifican de que mi persona tiene una acción de libertad pero no he entendido que es lo que yo he hecho y el accionante indica de que hagan o que cumplan lo que es la Ley 348 (…) en ningún momento he solicitado alguna aprehensión indebida o privado de libertad al ahora accionante de nombre Verónica Colque, nos han traído un mandamiento de aprehensión signado con fecha 11 de julio de 2022 a horas 16:00 es decir 4 de la tarde a la ultima hora están presentado este memorial y obviamente estos casos se van a resolver y contrariamente presentan diciendo que no queremos cumplir, además distinguida autoridad el colega abogado debería de saber cuáles son aquellos requisitos que establece el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal y esto contrariamente si existen suficientes elementos de convicción si es que existe peligro de fuga u obstaculización y que al penalidad sea mayor de 2 años obviamente con la coordinación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se va realizar…” (sic). Simón Quía Yucra, Director de Igualdad de Oportunidades “Zona Central” de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del GAM de Oruro, en audiencia, solicitó declarar improcedente la acción tutelar, manifestando al efecto: i) Si bien el 2019 la ahora peticionante de tutela presentó su denuncia por violencia familiar, la misma abandonó el trámite y no hizo su seguimiento; y, ii) La ahora accionante denuncia que no se otorgaron medidas de protección; sin embargo, conforme lo referido por el Juez y Fiscal de Materia ahora demandados se tiene que los mismos están en el tiempo que establece el Código de Procedimiento Penal; y, aún están en el término de las investigaciones preliminares. Anabel Pérez Laura, servidor público policial, en audiencia, refirió: a) “…se observa del cuaderno de investigaciones que se ha puesto a su conocimiento el cual se ha recibido denuncia en su contra en fecha 5 de julio de 2022 y se ha aperturado y se ha aperturado investigaciones en fecha 08 de julio de 2022, como puede ser que una investigadora que ha recibido una denuncia, la procesado, ha remitido un informe de conocimiento, hoy se encuentra sentado siendo objeto de una acción tutelar por presuntamente privar de libertad a la víctima, cuando ella se encuentra protegiendo a la víctima, la emisión de las medidas de protección más allá del informe de conocimiento emitido por mi defendida no corresponde a su responsabilidad…” (sic); y, b) En la acción de libertad no se establece como su persona hubiese perseguido a la “accionante”, o procesado indebidamente o como se hubiese atentado su derecho a la vida. Natalio Gerónimo Rosales no presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia pese a su legal citación cursante a fs. 41 (en esta última foja en la cual, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías informa que se cumplieron con las formalidades de ley).

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 46 a 50, denegó la tutela impetrada, empero, exhortó a las autoridades y servidores públicos demandados se ponga un mayor dinamismo y responsabilidad para realizar los actuados de investigación y otorgación de medidas de protección, debido a que el proceso penal se encuentra contemplado dentro de los delitos establecidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, bajo los siguientes fundamentos: 1) Existe una falta de claridad al identificar las acciones u omisiones que efectuó cada autoridad, servidor público y persona particular demandados, y por el contrario se tiene que las “autoridades” demandadas señalaron que los actos procedimentales que realizaron se encuentran enmarcadas en la ley; además, no se encuadran en la restricción de la libertad de Verónica Colque Aymaya; 2) La jurisdicción constitucional no es la instancia para conocer denuncias vinculadas a causas que se encuentran en investigación; y, es el “…Juez de Instrucción en lo Penal…” (sic) que debe ejercer el control jurisdiccional de la investigación y resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia a los derechos y garantías constitucionales de las partes; en ese sentido, la parte impetrante de tutela debe recurrir a los mecanismos o instancias correspondientes; y, 3) Respecto a Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado- quien estaría restringiendo la libertad de Verónica Colque Aymaya, la ahora impetrante de tutela no hace referencia donde estuviese retenida, señalando simplemente que está en su domicilio; además, al existir una denuncia por “violencia doméstica” se adquiere un carácter subsidiario.

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante el Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Por Decreto Constitucional de 27 de mayo de 2024, cursante a fs. 242, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 19 de noviembre de 2024 a fs. 238; por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Entrevista Policial Informativa de 8 de julio de 2022, recepcionada por Anabel Pérez Laura, Investigadora Asignada al Caso, servidor público policial -ahora demandado-, a través de la cual se advierte que Verónica Colque Aymaya refiere:

“PREGUNTA: ¿Diga usted, los antecedente o motivos de la presente denuncia en contra del Sr. NATALIO GERONIMO ROSALES? RESPUESTA: yo estaba lavando ropa en mi casa donde mi concubino a horas 12:30 pm. Llega mi concubino y me dice que por que no has ido a pagar al banco de esta mañana te he dicho, me vuelve a decir por qué no has ido y me agrede físicamente dándome golpes de puño en mi cara y patadas en mi espalda, donde yo le digo que voy a ir será pues le dije a mi concubino donde el me responde vos no me ayudas en nada y también me agrede psicológicamente con palabras soeces (…) [irreproducibles]… PREGUNTA. ¿MANIFIESTE USTED SI DESES AGREGAR ALGO MAS A LA PRESENTE ENTREVISTA POLICIAL? RESPUESTA. Sí que hace años atrás sufría agresiones físicas y también sufría agresiones psicológicas como se amenazas de muerte hacia mí y mis hijos Aclarando que en el año 2019 senté una denuncia en la defensoría de la Plaza Sebastián pagador y el número de caso es 358/2019” (sic [fs. 25]).

Asimismo, se tiene el Formulario de Valoración de Riesgo en Relaciones de Pareja, en el que Anabel Pérez Laura, Investigadora Asignada al Caso servidor público policial -ahora demandado– concluye que existe un riesgo alto de violencia, por lo que debe asumir medidas de protección (fs. 29 a 31). II.2. Consta Informe de Conocimiento de 8 de “marzo” de 2022, mediante el que Anabel Perez Laura, Investigadora Asignada al Caso -servidor público policial ahora demandado-, informa a Ximena Rojas Larama, Fiscal Analista, que el 8 de julio de 2022 se apertura el Caso 294/22 a denuncia de Veronica Colque Aymaya contra Natalio Geronimo Rosales -ahora demandado-, solicitando “…se emita la respectiva ORDEN DE CITACIÓN contra el Sr. NATALIO GERONIMO ROSALES a efectos de que pueda presentarse o apersonarse ante el ministerio público y prestar su declaración y así mismos hacer petitorio de medidas de protección para la víctima.” (sic [fs. 22]). II.3. Cursa Constancia de Disposición y Notificación de Medidas de Protección para Mujeres–Urgentes de 8 de julio de 2022, suscrito por Verónica Colque Aymaya y Anabel Perez Laura, Investigadora Asignada al Caso -servidor público policial ahora demandado-, en el que se establece las medidas de protección que corresponden, señalando textualmente:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN (señale las que correspondan en el recuadro) SI NO 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación.

x

2. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia x

3. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia.

x

4. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de x los hechos de violencia.

5. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad x común o de posesión legítima.

6. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la x mujer y de sus hijas e hijos o dependientes.

7. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o x inmuebles, mientras se decide la reparación del daño.

8. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la x mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.

9. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la x víctima.

10. Restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad (Par I parte final art. 389 bis del CPP).

x

Asimismo, en dicho documento se establece que “Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de impuesta la medida, la servidora o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que la dispuso, comunicará vía Ministerio Público, a la jueza o juez, a objeto del control de legalidad y su consiguiente ratificación, modificación o revocatoria” (sic [fs. 32 a 33]). II.4. Se tiene memorial de 8 de julio de 2022, a través del cual, Ronald Martín Armando Vargas Montaño, Fiscal de Materia se dirige al Juez de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de Oruro, comunicando el inicio de investigación, señalando que el mismo se da a denuncia de Verónica Colque Aymaya contra Natalio “Germanio” Rosales -ahora demandado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; asimismo, en su Otrosí 1 establece expresamente “El Ministerio Público asume las siguientes Medidas de Protección establecidas por el art. 389 bis de la Ley 1173 en sus núm. 1), núm. 4), Núm. 5), núm. 6) y núm. 14), solicitando sean ratificadas, a efectos de control de legalidad.” (sic [fs. 18]). II.5. En mérito al memorial citado en la Conclusión precedente, Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujere Segundo de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado- mediante decreto de 8 de julio de 2022 establece:

“A lo principal.- Se tiene presente para efectos de control jurisdiccional, la comunicación de inicio de investigación generada por el Ministerio Público en contra de NATALIO GERMANIO ROSALES por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA (…). Al otrosí 1°.- Se tiene presente, sin embargo, con carácter previo a resolver la postulación y en orden a que las medidas de protección deben ser impuestas, conforme prescribe el art. 389 bis pár. II del Código de Procedimiento Penal, de manera que resulten las más adecuadas al caso concreto y con la debida fundamentación y que se han advertido excesos en las disposiciones asumidas sobre el particular por parte del Ministerio Público, la autoridad fiscal deberá poner en conocimiento de este despacho, en el plazo de 24 hrs. de su legal notificación, las razones fácticas o motivos de hecho que justifican cada una de las medidas asumidas, toda vez que este despacho desconoce las mismas; sea bajo prevención de revocar su aplicación, por exclusiva responsabilidad del Ministerio Público…” (sic [fs. 71]).

Mediante Formulario de Notificación Procesal se tiene que el Gestor de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro notificó al Fiscal Departamental de Oruro el 14 de julio de 2022 con el decreto de 8 de igual mes y año (fs. 77). Asimismo, se tiene dos informes de 14 de dicho mes y año, por los cuales, el indicado Gestor informó que no pudo realizarse la notificación a Verónica Colque Aymaya ni a Natalio Gerónimo Rosales, por cuanto, no se encontró la dirección señalada (fs. 72 a 76). II.6. Mediante memorial de 11 de julio de 2022 (presentado el 12 de igual mes y año, a horas 10:28), Mauricio Rodrigo Ramirez, Fiscal de Materia -ahora demandado- se dirige al Director de la FELCV de la ciudad de Oruro, requiere que se disponga la notificación de Anabel Perez Laura, Investigadora Asignada al Caso -servidor público policial ahora demandado- que con el objeto de acumular mayores elementos de convicción realice las indagaciones correspondientes, además, señala:

“Alternativamente conforme establece el art. 389 Bis del Código Penal modificado por la ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres’, se dispone que mediante el Investigador Asignado al Caso se proceda al seguimiento de las siguientes medidas de protección MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MUJERES.

NUM. 4.- Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia.

NUM. 5.- Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia.

NUM. 6.- Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia.

NUM. 14.- Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima.

Medidas que Medidas que deberán ser cumplidas obligatoriamente en observancia de los Arts. 54 y 58 de la ley No. 348, por la FELCV a través de su división correspondiente sin perjuicio de que la investigadora asignada al caso, sugiera alguna otra medida expresa.” (sic [fs. 34 a 36]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso y la libertad; por cuanto, su “hija hermana” -Verónica Colque Aymaya- sentó una denuncia ante la FELCV debido a que fue objeto de agresiones físicas por parte de Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado-; y, pese a que se tiene otra denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, existe negligencia absoluta por parte de la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, al no imponerse medidas de protección; y, su “hija hermana” sigue recibiendo agresiones físicas y verbales, siendo inclusive que es privada de su libertad por parte de Natalio Gerónimo Rosales. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad y la protección del derecho a la vida; ii) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad y las sub reglas para su flexibilización conforme al principio de informalismo; iv) La naturaleza no subsidiaria de la acción de libertad y la inaplicación de la subsidiariedad excepcional en denuncias de lesión del derecho a la vida; v) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; vi) Medidas de protección en casos de violencia; y, vii) Análisis del caso concreto.

III.1.La acción de libertad y la protección del derecho a la vida

En relación al presente punto, previo a referirnos a la normativa que rige la acción de libertad, es preciso hacer una reseña de los antecedentes de su origen; en tal sentido, siguiendo lo referido por Ciro Añez Núñez, Sorayda Santiago Salame y otros en la obra Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada; se tiene que, el 11 de enero de 1931 a través del referéndum constitucional se propuso incluir en la Constitución -entre otros- un mecanismo de protección de los ciudadanos denominado habeas corpus el cual se accionaba contra los arrestos, detenciones y procedimientos ilegales; posteriormente, con la reforma constitucional de 1938, la incorporación del indicado recurso fue materializado estableciendo expresamente que:

Artículo 8°.- Toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el juez de partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. La autoridad judicial decretará inmediatamente que el individuo sea conducido a su presencia y su decreto será obedecido, sin observación ni excusa, por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial decretará la libertad, hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas. La decisión que se pronuncie dará lugar al recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que no suspenderá la ejecución del fallo. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan a las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán reos de atentado contra las garantías constitucionales, en cualquier tiempo, y no les servirá de excusa el haber cumplido órdenes superiores. Posteriormente, con la reforma constitucional de 1967 se estableció la posibilidad de acudir ante un Juez instructor, la prohibición de suspensión 1Constitución Política del Estado 1967 haciendo referencia al recurso de hábeas corpus en su art. 18 determinó: “Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.

La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de l a autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.

En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevara en revisión, de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.

de la audiencia, la rebeldía del demandado, la revisión de la decisión por la Corte Suprema de Justicia y la sanción de la autoridad que incumpla conforme manda el procedimiento constitucional. Luego, con la reforma constitucional de 1994 con la creación del Tribunal Constitucional se determinó que el mismo se encargaría de la revisión de la sentencia emitida. El 7 de febrero de 2009 con la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado se estableció varias modificaciones que inclusive incluyó el cambio de denominación, pasando de recurso de hábeas corpus a acción de libertad, además de ampliar su ámbito de protección, estipulando de esta manera:

Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Código Procesal Constitucional con referencia a esta acción de defensa estableció:

Artículo 46°.- (Objeto) La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Artículo 47°.- (Procedencia) La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:

1. Su vida está en peligro;

2. Está ilegalmente perseguida;

3. Está indebidamente procesada;

4. Está indebidamente privada de libertad personal Así, a partir de la referida normativa es que el Tribunal Constitucional Transitorio que estableció a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que la acción de libertad tiene por objeto proteger los derechos Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.

Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que conoció del “Hábeas corpus”, ante el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo quedará sujeta a la sanción del Artículo 127, inciso 12, de esta Constitución.” 2En su FJ III.5 sostuvo que: “Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver a la integridad física y libertad (personal y de circulación) además, del derecho a la vida; no obstante, respecto a este último se estableció que debía existir una vinculación entre el peligro de afectación del mismo con el derecho a la libertad. Posteriormente, si bien de manera inicial se estableció la protección del derecho a la vida cuando tenga vinculación con el derecho a la libertad, pues de lo contrario debía ser tutelado vía acción de amparo constitucional; no obstante, a través de la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, que contiene el estándar jurisprudencial más alto se moduló dicho entendimiento, ello considerando la naturaleza del derecho a la vida, la cual impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, ya que no era posible que sobre la base de formalismo se deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; por lo que, se determinó que el derecho a la vida podría ser tutela mediante la acción de amparo constitucional o acción de libertad; asimismo, se estableció que para el resguardo del derecho a la vida no era necesario vinculación con el derecho a la libertad Aunado a lo anterior, la SCP 2468/2012 reiterando el entendimiento contenido en la SC 0172/2006-R de 16 de febrero manifestó que el derecho a la vida comprende: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, c) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad; comprendiendo que:

1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: “…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos a la vida e integridad física o personal fue reiterado en numerosos fallos. Así, en el caso Castillo Páez, de 3 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana sostuvo que: “…El hábeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida”. En el mismo sentido, el caso Neira Alegría, fallo de 19 de julio de 1995.

La protección del derecho a la vida e integridad personal, por otra parte, está también prevista en las legislaciones de otros países, como en Costa Rica donde a través del hábeas corpus se protegen los derechos a la libertad e integridad personal; en el Perú, donde se protege la libertad personal y otros derechos conexos, así como la integridad y la prohibición de desaparición forzada, último supuesto que se vincula con el derecho a la vida. Algo similar sucede en Argentina, donde el hábeas corpus protege la libertad física, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y la desaparición forzada de personas, y en Ecuador, donde se protege el derecho a la libertad, a la vida y la integridad física de las persona privadas de libertad.

De este breve repaso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la legislación comparada, se puede observar que la protección al derecho a la vida vía hábeas corpus, en el caso boliviano, acción de libertad, está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal.

Cabe resaltar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, protegió el derecho a la vida a través del recurso de hábeas corpus, por conexitud con el derecho a la libertad de locomoción, en las SSCC 470/2004-R, 6512004-R, entre otras.”

en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en minimizar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).

2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que los individuos conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas. Ahora bien, mediante la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, se determinó la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentren dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, ello en virtud a lo establecido en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE) el cual establece que los derechos son interdependientes, es decir que se encuentran conectados unos con otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; así, de manera textual se manifestó que:

En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características al informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.

Entonces, conforme a los principios y valores que sustentan a nuestro Estado y la justicia constitucional, así como al carácter interdependiente de los derechos, el ámbito de protección de la acción de libertad puede verse ampliado en los casos en que los derechos alegados como lesionados se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa. Cabe mencionar, por otra parte, que ese entendimiento se encontraba plasmado en el art. 89.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que establecía que “cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder notariado o sin él…”; norma que, en consecuencia, permitía analizar violaciones a otros derechos que tuvieran conexión con el derecho a la libertad física o personal. En ese ámbito, dicha norma permitió la tutela de derechos conexos con el derecho a la libertad; entendimiento que debe ser asumido por este Tribunal, a la luz de las características de los derechos fundamentales que han sido referidas precedentemente y del principio de progresividad -que se desprenden también del art. 13 de la CPE- según el cual no se deben “…desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE)” (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre). En esa misma línea progresiva y proteccionista, a través de la SCP 0319/2018-S2 de 9 de julio, se otorgó un alcance amplio e interdependiente al derecho a la vida pues este derecho no solo debía representar una interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna lo que involucra a otros derechos conexos e interdependientes que no encuentran dentro del ámbito de protección tales como:

El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad[11]; ii) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos[12]; iii) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas[13]; incluso iv) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios[14], entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección[15], respectivamente.

III.2. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares

En lo concerniente al principio iura novit curia, de manera inicial, es preciso señalar que, Rafael Nieto Navia en el artículo publicado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) denominado “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO JURA NOVIT CURIA POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS” señaló que:

El principio jura novit curia, sin embargo, es un principio procesal que da a los jueces facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un demandante o un demandado hubieran podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una denegación de justicia… Asimismo, el mencionado escritor, haciendo mención a la Corte Constitucional de Colombia señaló que dicha Corte definió apropiadamente el principio iura novit curia de la siguiente manera:

“El principio iura novit curia, es aquel por el cual, (sic) corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen. Este principio, (sic) sólo alcanza a la aplicación del derecho correspondiente a determinada situación fáctica, lo cual no habilita a los jueces a efectuar interpretaciones más allá de lo probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también deben respetar el principio de congruencia, es decir, no existe facultad alguna a la que pueda recurrir el juez para variar los términos y el objeto de un proceso constitucional.” Así, sobre este principio, se tiene que la Corte IDH aplicó por primera vez el mismo en el Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, pues de manera expresa señaló que:

172. La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1 de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la Convención y porque sería aplicable, de todos modos, en virtud un principio general de Derecho, como es el de iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente… (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, en el Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 7 de marzo de 2005, la Corte IDH expresó lo siguiente:

58. (…) Una vez iniciado el proceso por la Comisión, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de alegar la violación de otras normas de la Convención no contenidas en la demanda, con base en los hechos presentados en ésta, sin que ello implique una afectación al objeto de la demanda o un menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual tiene las oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente, decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes. 59. Este Tribunal tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso, aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos hechos. Respecto al citado principio y complementando el entendimiento anterior, la jurisprudencia de la Corte IDH, también expresó que:

[...] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia.

[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda.

[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, “en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente”, en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, citando el AC 0202/2011-RCA de 3 de junio, estableció que ante la falta de cita de artículos dentro de una acción de amparo constitucional a efectos de otorgar una tutela efectiva de los derechos denunciados, tal como prevé el art. 97.IV de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), no puede ser interpretada restrictivamente, siendo que dicho razonamiento implica un excesivo formalismo a momento de considerar el contenido de un escrito de acción tutelar, ello considerando que mientras se expliquen los hechos y en qué consisten los derechos considerados lesionados con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la fundamentación por falta de cita de la normativa en la cual se encuentran consagrados los derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados. Posteriormente, la SCP 0304/2013-L de 13 de mayo, citando la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, consideró pertinente asumir los referidos razonamientos jurisprudenciales desarrollados en forma precedente, máxime si conforme al precitado fallo constitucional las sentencias emitidas por la Corte IDH, forman parte del bloque de constitucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia, al efecto precisó que:

… el requisito de presentación de las acciones de defensa, establecido en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dice: “Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados”, no deberá ser entendido en un sentido restringido, sino bien en un sentido amplio, por el cual, la parte que solicite la tutela constitucional, tenga que exponer de manera clara y precisa, los hechos y derechos presuntamente lesionados, citando para el efecto las disposiciones constitucionales que consideren vulnerados; empero, en resguardo a la tutela judicial efectiva, si no se mencionaran dichas disposiciones, no podrá rechazarse la demanda presentada, si es que existiese una adecuada exposición de los hechos, así como mención de los derechos lesionados; en ese mismo sentido, tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados. Al respecto, la precitada SCP 0304/2013-L, aclara de forma pertinente que la aplicación del principio iura novit curia no debe entenderse en sentido de que la parte accionante no tenga la obligación de hacer mención y fundamentación de los derechos que considere vulnerados; sino más bien deberá entenderse en el sentido de que efectivamente tiene el deber de cumplir con dicho requisito en todas las acciones de defensa; siendo que este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que el Juzgador constitucional, identifique –ante la negligencia de la partes– los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible.

III.3. La legitimación pasiva en la acción de libertad y las sub reglas para su flexibilización conforme al principio de informalismo

Respecto a la legitimación pasiva en acción de libertad es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de ésta acción tutelar es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, la legitimación pasiva en la acción de libertad, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción de defensa, ahora bien, también es preciso aclarar que la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados. Desarrollo jurisprudencial que se encuentra plasmado en la SC 1651/2004- R de 11 de octubre, que razonó en sentido que en la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SCP 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.

Entendimiento que ha sido reiterado en la amplia jurisprudencia de este Tribunal como ser en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, que precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales. Como se puede advertir, la jurisprudencia señala que, no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, razonamiento que se mantuvo a lo largo de la historia de la jurisprudencia constitucional. El mismo razonamiento fue seguido por la SCP 1055/2016-S1 de 26 de octubre, al señalar:

“Con relación a la legitimación pasiva el art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.1 de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar”.

III.3.1.Subreglas de flexibilización de la legitimación pasiva conforme al principio de informalismo

En ese contexto, siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, conforme al principio de informalismo, se fueron generando subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva, así en la SC 0945/2004-R de 17 de junio, que resolvió un caso donde se hizo evidente la aprehensión y luego la detención indebida e ilegal del accionante, empero, los funcionarios demandados carecían de legitimación pasiva, ante tal evidencia de la detención ilegal, concedió la tutela sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del impetrante de tutela, razonando que:

Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente (las negrillas son añadidas).

Esta sub regla de flexibilización generada en la Sentencia Constitucional citada, fue modulada por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, misma que, razonó que dicha sub regla no podía tener alcances ilimitados, toda vez que fue creada para su aplicación excepcional en los supuestos donde por error se dirigió el recurso contra una autoridad distinta, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, y siempre y cuando el acto u omisión este plenamente demostrado y sea evidentemente ilegal; señalando al respecto:

“…corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal.” En tal sentido, si bien este entendimiento fue reiterado en las SSCC 1800/2004-R y 0979/2005-R, empero, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, bajo un criterio restrictivo y partiendo de la regla general el cual establece que, para que se adquiera la legitimación pasiva debe existir coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se 6En su F.J. III.2 señalo: “Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma.

Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante.”

interpuso la acción de defensa, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos, resaltando que dicha exigencia es mayor cuando la acción de libertad emerge de un proceso judicial ordinario, debiendo el accionante cumplir necesariamente con la legitimación pasiva; no obstante dicho retroceso respecto a esta subregla de la legitimación pasiva, la SCP 0066/2012 de 12 de abril, entendiendo que el principio de informalismo se encuentra acorde a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, en función a los derechos que alcanzan su ámbito de protección, acogiendo los entendimientos de la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, recondujo los mismos estableciendo que:

Bajo la característica del informalismo de la acción de libertad mencionada y remitiéndonos a la jurisprudencia constitucional, se ha establecido que, cuando la acción referida se dirige, por error, contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela, si se verificase lesión al derecho a la libertad personal. La aplicación del referido razonamiento, no es viable cuando la presunta lesión de restricción de libertad o su amenaza, hubiese sido dispuesta u ordenada, por una autoridad distinta a la demandada y que además no pertenezca a la misma institución o fuera de rango, jerarquía o atribuciones distintas que el demandado (Razonamiento asumido por las SSCC 0790/2010-R y 1094/2010-R). (las negrillas son añadidas). Consecuentemente, la línea jurisprudencial asumida en la SC 1651/2004-R, reconducida por la SCP 0066/2012, que establecen que en las acciones de libertad dirigidas por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero esta es de la misma institución, además ostenta el mismo rango y jerarquía, y tiene idénticas atribuciones; se aplica la excepción a la legitimación pasiva, en virtud del principio de informalismo, a efectos de garantizar la efectividad del derecho de libertad, a la luz del nuevo modelo constitucional garantista y progresivo que busca la materialización de los derechos y garantías fundamentales. Siguiendo el análisis dinámico sobre la línea de la legitimación pasiva en las acciones de libertad y los supuestos para su flexibilización, concierne referirnos a otra subregla desarrollada esta vez, en la SC 0358/2005-R de 12 de abril, el cual fundó que en el habeas corpus, ahora acción de libertad, no era necesario demandar a todas la autoridades que suscribieron la resolución traducida en el acto ilegal, sino que era suficiente indicar y demostrar fehacientemente la existencia del acto ilegal para la procedencia de dicha acción tutelar; señalando al respecto que:

…en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada, por lo mismo no corresponde un rechazo inmediato ante la presentación del recurso, sino estudiar las pruebas aportadas por la parte recurrente y resolver la problemática declarándola procedente o improcedente” (las negrillas nos pertenecen).

En esa misma línea la SC 1178/2005-R de 26 de septiembre, siguiendo dichos razonamientos y en atención a la esencia de la acción de libertad que está regida por el principio de informalismo en cuya aplicación ha eximido del cumplimiento de ciertos formalismos a las personas que activan esta acción de defensa constitucional, conforme a la finalidad que persigue y los derechos que tutela, estableciendo que la omisión del recurrente de plantear la acción de libertad contra todos los integrantes de un Tribunal colegiado, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo de la misma, al indicar que:

La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la SC 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanzan a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas.

Razonamiento asumido y reiterado en la SC 0331/2011-R de 1 de abril y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1178/2012 de 6 de septiembre, 0048/2015-S1 de 6 de febrero, 0631/2015-S1 de 15 de junio, SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, 0548/2019-S2 de 17 de julio y 0427/2020-S1 de 2 de septiembre.

En ese entendido, se tiene claro que la regla general respecto a la legitimación pasiva en la acción de libertad requiere la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la lesión a los derechos denunciados y aquella contra quien se dirige la acción tutelar; en consecuencia, para la procedencia de la misma es imprescindible que este dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento, apresamiento indebidos o ilegales; sin embargo, conforme al análisis dinámico efectuado precedentemente sobre las subreglas de flexibilización de la legitimación pasiva, se ha podido advertir que este Tribunal constitucional a partir de su labor interpretativa y del análisis progresivo del art. 125 de la CPE, fue generando estas subreglas, en función a la naturaleza de la acción de libertad y el principio de informalismo que caracteriza a la misma, principio que se constituye en el sustento principal para garantizar tanto la efectividad como el ejercicio de los derechos que se encuentran dentro el ámbito de protección de esta acción de defensa, como la libertad física o de locomoción, la vida y la salud, mismos que adquieren una amplia relevancia constitucional a la luz de la Constitución Política del Estado; por lo que, la flexibilización de la legitimación pasiva en la acción de libertad procede entre otros en los siguientes supuestos: 1) Si la acción de libertad por error se dirige, contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela, si se verificase lesión al derecho a la libertad personal; 2) No es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela; 3) Cuando la acción de libertad es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que firman la resolución mediante la cual se cometió el acto ilegal, impartió o ejecuto la orden, pues es suficiente demandar a una autoridad que conforme el ente colegiado, acusando el acto o hecho y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela.

Entendimientos asumidos y aplicados en las acciones de libertad que justifican dicho razonamiento a partir del principio de informalismo.

III.4. La naturaleza no subsidiaria de la acción de libertad y la inaplicación de la subsidiariedad excepcional en denuncias de lesión del derecho a la vida

La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 125 que:

“Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas fueron añadidas). Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), respecto al derecho a la libertad personal, establece en su art. 7.6, que:

Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. En ese marco constitucional y convencional, la acción de libertad constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, sumarísimo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya el derecho a la libertad; por lo que, se dispone los siguientes supuestos para su activación: i) Cuando la vida se encuentre en peligro; ii) Cuando exista persecución ilegal o indebida; iii) Cuando exista procesamiento ilegal o indebida; y, iv) Cuando exista privación de libertad indebidamente. En esa comprensión, se resalta las siguientes características de esta acción tutelar: el informalismo que se traduce en la ausencia de requisitos formales para su presentación, inclusive a través de su formulación oral; la inmediatez como respuesta a la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad que se manifiesta en el desarrollo de un trámite marcado por su celeridad; la generalidad reflejado en que no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa contra quien debe demandarse; y la inmediación por cuanto para la resolución del problema planteado, la autoridad judicial en ejercicio de la jurisdicción constitucional requiere tener contacto con la persona presuntamente afectada en sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, hasta acudir inmediatamente incluso al lugar de detención y celebrar la audiencia en el mismo. De los razonamientos expuestos, se enfatiza la naturaleza no subsidiaria de la acción de libertad, porque no requiere el agotamiento previo de los medios o recursos para acudir a la jurisdicción constitucional en procura de la protección de los derecho a la libertad y/o locomoción y la vida misma, cuando son objeto de afectación a través de una amenaza, restricción o supresión; salvo los supuestos que la jurisprudencia constitucional a previsto expresamente en mérito a criterios de coordinación para evitar intromisiones perniciosas entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional.

III.4.1.De la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Sin embargo, vía jurisprudencia constitucional se ha generado la sub regla de la subsidiariedad excepcional, en ese entendido el Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, determinó que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción tutelar. En la misma línea de razonamiento la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció expresamente que la acción de libertad:

7 La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, señalo respecto a las características de la acción de libertad: “… el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”. 8 Respecto a la naturaleza no subsidiaria de la acción de libertad la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, citada por la SCP 1121/2017 de 23 de octubre, ha expresado que “… no requiere del agotamiento previo de medios o recursos, para acudir ante la autoridad competente que actúa como tribunal de garantías, en busca de la tutela al derecho a la libertad física y/o de locomoción y hasta la vida misma, si está afectada por la amenaza, restricción o supresión a la libertad”. 9 Así se tiene previsto en los siguientes fallos SC 0080/2010-R de 3 de mayo, SCP 0406/2015-S2 de 20 de abril, SCP 1121/2017-S2 de 23 de octubre, entre otros. 10 El FJ III.1.2, indica: “… el proceso constitucional de hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a la libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas son agregadas).

…es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas y el resaltado son nuestros). En ese contexto, la citada Sentencia Constitucional concluyó que, si existe norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional. Entendimiento reiterado de manera uniforme por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012, 1888/2013, 0077/2018-S2 y 0078/2018-S2, entre muchas otras. En sintonía con la citada jurisprudencia, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo ha efectuado una clasificación de los supuestos a los 11Respecto a la subsidiariedad excepcional y la clasificación de supuestos aplicación y no aplicables de la subsidiariedad excepcional, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.4, expreso: “…no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad (…), en los siguientes supuestos: Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. (…) Circunstancias en las que por el daño inminente e irreparable no es posible aplicar los supuestos anteriores, y corresponde ingresar al análisis de fondo Dada la naturaleza jurídica, finalidad y los derechos tutelados por esta acción de defensa, que son a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que se constate que el accionante está frente a un daño inminente e irreparable, que son aplicables la subsidiariedad excepcional y los supuestos a los que no son inaplicables la subsidiariedad excepcional.

III.4.2.De la inaplicación de la subsidiariedad excepcional en denuncias de lesión del derecho a la vida

El mismo desarrollo jurisprudencial concernientes a las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, también ha enfatizado que dada su naturaleza jurídica, finalidad y los derechos tutelados por la acción de libertad, se vuelve a aquel entendimiento inicial, la naturaleza no subsidiaria de la acción de libertad, en esa comprensión nos referimos al derecho a la vida que constituye el cimiento, fundamento u origen del cual emergen los demás derechos, su ejercicio o protección no puede estar condicionado a procedimientos burocráticos ni al agotamiento de recursos previos, más aún cuando su titular se encuentra en grave riesgo de muerte; bajo esas circunstancias o en ese entendido la acción de libertad es el medio idóneo y eficaz para la protección del derecho a la vida a pesar de la existencia de mecanismos intraprocesales, pues, estos resultan siendo notoriamente inoportunos, inconducentes ante la urgencia de la situación.

Ahora bien, es necesario tener presente que cuando se efectúa la invocación del derecho a la vida, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado adoptando una posición que favorece el acceso a la jurisdicción constitucional, sin necesidad de que se encuentre vinculada de manera directa o indirecta al derecho a la libertad física o de locomoción, por tratarse el derecho a la vida de un derecho autónomo y del cual pese a existir las excepciones antes expuestas, no es posible aplicar las mismas, sino que, corresponde ingresar al análisis de fondo, sea concediendo o denegando la tutela solicitada, en los siguientes casos: a) Cuando está en peligro el derecho a la vida a causa de la lesión al derecho a la libertad por la persecución, procesamiento o detención indebidas. b) Al haber privación de libertad y evidente negligencia o dilación por parte de las autoridades que rigen la actividad procesal penal, -por ejemplo si fijan audiencias de consideración con plazos no razonables, la injustificada suspensión, entre otras circunstancias-. c) Si existe amenaza o privación al derecho a la libertad física, provocada por un procesamiento indebido, y el agraviado -o accionante-, está en absoluto estado de indefensión, sin posibilidad de defensa idónea en el proceso ordinario, y el hecho denunciado es la causa directa de esa situación de emergencia, amenaza o lesión relacionada a la libertad física”. 12 Respecto a los medios de protección del derecho a la vida, la jurisprudencia constitucional en la SCSC 411/2000-R de 28 de abril, expreso textualmente: “…es el origen de donde emergen los demás derechos, por lo que su ejercicio no puede ser obstaculizado por procedimientos burocráticos ni sujeto a recursos previos, más aún cuando su titular se encuentra en grave riesgo de muerte. Por ello, además de proclamarlo, la Ley Fundamental instituye mecanismos de protección para el ejercicio real y efectivo del derecho a la vida,…”, jurisprudencia citada por la SCP 0039/2014-S1 de 10 de noviembre, entre otras.

13 Respecto a la acción de libertad como medio idóneo, eficaz y oportuno para la protección del derecho a la vida, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que: “…la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas a pesar de existir mecanismos de protección especifico y establecidos por la ley procesal vigente, estos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados;…”, citado por la SCP 0576/2012 de 20 de julio, SCP 0039/2014-S1 de 10 de noviembre, entre otras.

depende el goce de otros derechos, de manera directa y sin necesidad de agotar otra vía, consiguientemente bajo ninguna circunstancia, justificación o argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional –establecida vía jurisprudencia constitucional-, extremos que dan concreción al principio constitucional de informalismo que rige la acción de libertad; empero ello no implica necesaria ni obligatoriamente que tenga que otorgarse la tutela solicitada, ello dependerá de la verificación objetiva e incuestionable de los hechos que lesionan o ponen en riesgo la vida del accionante.

III.5. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido).

Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art.

migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

15 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niñoque en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que 16. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

17 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.

18 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 19Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable (las negrillas son agregadas).

Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“..El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una evaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 de la Norma Adjetiva Penal. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10-ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en 24“Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art.234.7-del CPP- peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto citado y precisado esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.6.Medidas de protección en casos de violencia

Con relación al presente punto, es necesario manifestar que, debido al impacto que genera la violencia (en todas sus aristas) en el plano internacional, se estableció un sistema de obligaciones para los Estados, entre ellos, el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En esa línea, nuestro Estado asumiendo los compromisos internacionales suscritos, destinó una ley específica para garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad, así en relación a las medidas de protección, la Ley 348 inicialmente enumeró algunas de ellas, siendo posteriormente mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (modificatoria del Código de Procedimiento Penal) que se fortalece la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, añadiéndose otras medidas de protección, que en su mayoría están destinadas precisamente a las niñas, niños o adolescentes, siendo por ello que cuando se trate de menores de edad y de medidas de protección debe recurrirse a esta última (sin dejarse de observar de manera complementaria lo establecido en la Ley 348). Ahora bien, a fin de establecer cuál es el objeto de las medidas de protección, nuestra legislación doméstica, mediante la Ley 348 determinó que:

ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).

I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. (las negrillas añadidas).

Asimismo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó:

Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia, resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. Ahora bien, debe considerarse que las medidas de protección se implementan en estricta observancia de los siguientes principios: a) Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes; b) Principio de oportunidad: Las medidas deben ser oportunas, específicas y adecuadas para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo; y, c) Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes. Por otra parte, refiriéndonos a las características de las medidas de protección debemos señalar que: 1) Son de cumplimiento inmediato. Al respecto, debemos señalar que el art. 32 de la Ley 348 y el art. 389 bis. II del CPP (incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres), en plena concordancia determinaron expresamente que las medidas de protección son de cumplimiento inmediato, siendo inclusive que puede recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución; 2) Son temporales. El art. 389 quater del CPP (incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres) determina que “Las medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación, independientemente de la etapa del proceso.”; en tal sentido, si bien se encuentran sujetas a un plazo expresamente determinado su vigencia y continuidad dependerán de la subsistencia de los motivos que las fundaron; 3) Son preventivas y no sancionatorias, por lo que, no son una valoración jurídica concreta de la conducta de la persona agresora. Al respecto, debemos partir señalando que la presente característica se encuentra intrínsecamente vinculada con el objeto o finalidad de las medidas de protección , pues con su aplicación únicamente se pretende evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad, por lo que, se constituyen en medidas preventivas autosatisfactorias, y no así medidas sancionatorias que permita una atribución automática del estatus de responsable penal al presunto agresor de violencia, ya que esa determinación debe seguir el curso que la normativa procesal penal prevé para el efecto; 4) Su incumplimiento genera responsabilidad administrativa, civil o penal. Debe considerarse que, el art. 40 de la Ley 348 estipula:

“En caso de que al cabo de este tiempo no hubieran cambiado las condiciones de riesgo para las mujeres, se evaluarán las acciones de las entidades responsables de la aplicación de las medidas de emergencia determinadas a fin de establecer responsabilidades por omisión e incumplimiento de funciones en el marco de la normativa vigente, que determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales.”

Ahora bien, en cuanto a la autoridad competente para aplicar medidas de protección debemos señalar que, de manera inicial la Ley 348 determinó que:

ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

(…)

Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para: 4. Imponer de oficio la aplicación desmedidas de protección, que permitan a las mujeres en situación de violencia su acceso a casas de acogida, separación temporal de los cónyuges y/o convivientes y prevención de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos; No obstante, de manera posterior con la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres se modificaron e incluyeron algunos articulados del Código de Procedimiento Penal, estableciendo:

Artículo 52. (TRIBUNALES DE SENTENCIA). (…) II. Los Tribunales de Sentencia también serán competentes para disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima. (…) Artículo 53. (JUECES DE SENTENCIA). Las juezas o los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de: (…) 4. La imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento; (…) Artículo 54. (JUECES DE INSTRUCCIÓN). Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: (…)

11. Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento.” Asimismo, el Código de Procedimiento Penal en su art. 389 ter. I determina que:

I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez. (las negrillas son agregadas). Por otra parte, nuestra normativa doméstica enumera las medidas de protección que pueden ser dispuestas por la autoridad competente, así, de manera inicial fue la Ley 348 que estableció una lista de medidas a ser aplicables; no obstante, de posterior a través de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres se reiteran algunas medidas contenidas en la Ley 348, además se incorporó otras medidas en favor de las niñas, niños o adolescentes, teniéndose al efecto:

Art. 35 de la Ley 348

Art. 389 Bis de la Ley 1173

PARA NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES

No contempla medidas de protección específicas para niñas, niños o adolescentes

1. Salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien inmueble; 2. Prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar; 3. Prohibición de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con la víctima; 4. Prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia; 5. Suspensión temporal del régimen de visitas, guarda o custodia y convivencia con la víctima; medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva en la jurisdicción correspondiente. 6. Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de la víctima;

7. Devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima; 8. Prohibición de acercarse, en el radio de distancia que determine la jueza o el juez, al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la víctima; 9. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; 10. Prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurra la víctima; 11. Someterse a programas de tratamiento reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales; 12. Fijación provisional de la asistencia familiar, cuando la persona imputada sea el progenitor; y, 13. Fijación provisional de la guarda, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; en caso de delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, la guarda provisional de la niña, niño o adolescente, se otorgará en favor de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debiendo otorgar inmediato aviso a la jueza o juez en materia de la niñez y adolescencia, y ordenar que toda la familia ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. La fijación provisional dispuesta, se mantendrá hasta tanto el juez de la niñez y adolescencia resuelva. PARA MUJERES

1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer. 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual

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1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes; 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer; 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia;

hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo, solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad. 6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia. 7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. 8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. 9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima. 10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes. 11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño.

12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo dé la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales. 13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. 14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres. 15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral. medidas para evitar la 16. Disponer discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral. 17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. 18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil. 19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia.

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5. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; 6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; 7. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos; 8. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima; 9. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes; 10. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño; 11. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 12. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer; 13. Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos; 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, 15. Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales. Constituirá también medida de protección especial, en favor de niñas, niños, adolescentes o mujeres la restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad.

III.7. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso y la libertad; por cuanto, su “hija hermana” -Verónica Colque Aymaya- sentó una denuncia ante la FELCV debido a que fue objeto de agresiones físicas por parte de Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado-; y, pese a que se tiene otra denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, existe negligencia absoluta por parte de la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, al no imponerse medidas de protección; y, su hermana sigue recibiendo agresiones físicas y verbales, siendo inclusive que es privada de su libertad por parte de Natalio Gerónimo Rosales. Expuesta la problemática traída en revisión, previo a ingresar a un eventual análisis del fondo de la misma, resulta necesario precisar que en el presente caso, Eugenia Colque Aymaya –ahora peticionante de tutela- alega la lesión de los derechos al debido proceso y a la libertad de su “hija hermana” Verónica Colque Aymaya; por lo que, es evidente que la acción tutelar no fue interpuesta por la persona a quien se le hubiese conculcado sus derechos; sin embargo, siendo que la acción tutelar se encuentra revestida por una legitimación activa amplia es permisible que un tercero con o sin poder notariado actúe en representación del agraviado ; bajo ese comprendido, si bien la ahora impetrante de tutela no precisó que actúa en representación de Verónica Colque Aymaya, es evidente que ambas tienen un parentesco consanguíneo se comprende que si existe representación. Por otra parte, teniendo en cuenta que, en la identificación de la problemática traída en revisión se tiene que la parte accionante denuncia que Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado- lesionó el derecho a la libertad de Verónica Colque Aymaya; y, que el Juez, el Fiscal de Materia y la servidora pública policial ahora demandados transgredieron el derecho al debido proceso de la misma, respecto a este último derecho resulta necesario enfatizar que si bien la ingente jurisprudencia constitucional estableció que la acción de libertad no solo tiende a proteger y/o restablecer los derechos a la libertad personal, integridad física y vida sino también el derecho al debido proceso, no obstante, este último necesariamente debe encontrar un punto de intersección (directo o indirecto) con el derecho a la libertad (conforme lo sostuvo la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio), aspecto que en el presente caso no ocurre, por cuanto, si bien Verónica Colque Aymaya es parte de un proceso penal, se comprende que por su calidad de víctima su libertad no se encuentra en riesgo (no se le impondrá medidas cautelares de carácter personal que tiendan a limitar su libertad, y menos se le impondrá una pena privativa de libertad), por lo que, al no existir una vinculación entre el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad no es posible ingresar al análisis de fondo del reclamo relativo a un indebido procesamiento, lo que hace que corresponda denegar la tutela solicitada respecto al debido proceso. Ahora bien, pese a lo referido precedentemente, debe considerarse que, conforme establece los arts. 196 de la CPE y 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de su labor jurisdiccional debe precautelar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; buscando su materialización efectiva, evitando que los actos y normas del poder público y privado evadan el cumplimiento, por acto u omisión, de las normas constitucionales; en esa labor, se apoya en varios principios que si bien no se encuentran establecidos de manera explícita en la normativa, es la jurisprudencia que fue sentando su aplicación; así, tal como se observó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el accionante no haya mencionado o precisado adecuadamente los derechos lesionados en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; la justicia constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; así, en el caso concreto, si bien se advierte que la parte accionante denunció expresamente la lesión del derecho al debido proceso, debe considerarse que de los hechos descritos en el memorial de interposición de la acción de libertad, así como de su ratificación, se tiene que, la impetrante de tutela manifestó que existiría negligencia absoluta por parte de la parte de la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, al no imponerse medidas de protección dentro de un proceso penal que se sigue por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica, lo que hace entrever que en esencia se denuncia la vulneración del derecho de una mujer a vivir una vida libre de violencia; consecuentemente, en estricta aplicación del principio iura novit curia el análisis de fondo del presente caso, se efectuará respecto a la lesión del derecho de una mujer a vivir una vida libre de violencia. Ahora bien, a las consideraciones efectuadas precedentemente, es necesario añadir que en el caso concreto el Juez, el Fiscal de Materia, y la servidora pública policial ahora demandados al momento de presentar su informe para la consideración de esta acción de libertad hicieron alusión a ciertos aspectos que considera esenciales para determinar su improcedencia, corresponde dilucidar dichos argumentos:

i) El Juez, el Fiscal de Materia, y la servidora pública policial ahora demandados alegaron la carencia de legitimación pasiva, por cuanto, no hubiesen intervenido en los hechos alegados; no obstante, previo a su análisis es necesario tener en cuenta que, la ingente jurisprudencia constitucional (descrita en el Fundamento Jurídico III.3) sostuvo que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar. Ahora bien, bajo ese razonamiento el análisis se efectuará respecto a cada uno de los demandados: i.a) El Juez ahora demandado alegó que en la acción de libertad se denunció que Natalio Gerónimo Rosales privó de libertad a Verónica Colque Aymaya; no obstante, su persona no tiene ningún vínculo con ese hecho; además, respecto a la notificación de la resolución de medidas de protección al imputado, mientras su autoridad no ratifique las mismas es el Ministerio Público que tiene esa obligación, siendo inclusive la notificación no es una actividad propia de su cargo, ya que la auxiliar de su despacho genera la notificación para remitirlo a la Oficina Gestora de Procesos. Al respecto, debe considerarse que, en la acción de libertad se advierte que la ahora impetrante de tutela por una parte manifestó que Natalio Gerónimo Rosales privó de libertad a Verónica Colque Aymaya, empero, ese hecho en ningún momento fue vinculado a la autoridad judicial ahora demandada; en ese sentido, en lo concerniente a esta alegación, el mismo no tiene razón de ser, siendo evidente que el Juez ahora demandado no tendría legitimación pasiva. Ahora bien, el operador de justicia ahora demandado también alegó que carecería de legitimación pasiva respecto a la notificación de medidas de protección; sin embargo, sobre ello, inicialmente es necesario considerar en la acción de libertad que se denuncia la falta de emisión de medidas de protección y no así su notificación; en ese sentido, teniendo en cuenta que los arts. 389 bis. y 389 ter. del CPP, establecen que la o el Juez -de oficio o a pedido de parte- podrá aplicar medidas de protección especial; y, en casos de urgencia -ante la imposición de medidas por parte de la autoridad fiscal, de la o el servidor público policial u otra autoridad-procederá con su ratificación, modificación o revocatoria, es evidente que, el Juez ahora demandado cuenta con legitimación pasiva, por cuanto, es una de las autoridades a cargo de salvaguardar la vida, integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia; y, una omisión en la imposición o determinación ciertamente conlleva una vulneración de derechos. i.b) La Fiscal de Materia -ahora demandado- alegó que la comunicación de inicio de investigación, así como la solicitud de homologación de medidas de protección fue efectuada por otra autoridad fiscal, y su persona recién tuvo conocimiento del cuaderno de investigaciones el 11 de julio de 2022 a horas 16:00. En lo concerniente a lo alegado por la autoridad fiscal, debe considerarse que si bien la jurisprudencia constitucional establece que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o 33 El Código de Procedimiento Penal prevé: “Artículo 389. bis.(MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL). I. Además de las medidas de protección previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente, y en la Ley Nº 348, la jueza o el juez al tomar conocimiento de delitos previstos en el Artículo precedente, de oficio o a pedido de parte, de la víctima o de su representante, sin necesidad de que se constituya en querellante, podrá aplicar al imputado las siguientes medidas de protección especial…

(…)

II. Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución.” 34Ibid. “Artículo 389 ter.(URGENCIA Y RATIFICACIÓN).

I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez.

II. Dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes de impuesta la medida, la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que la dispuso, comunicará a la jueza o juez de instrucción, a objeto del control de legalidad y su consiguiente ratificación, modificación o revocatoria. La jueza o el juez atendiendo a las circunstancias del caso, podrá resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, en cuyo caso dictará la resolución dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la comunicación.”

servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar, es la misma jurisprudencia constitucional que señaló que excepcionalmente es posible ingresar al análisis de fondo cuando por error se dirigió la acción tutelar contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, y solo cuando dicho acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren (SC 1651/2004-R de 11 de octubre). Consecuentemente, en el presente caso, si bien se alegó que otra autoridad fiscal estuvo a cargo del proceso penal, y que el Fiscal de Materia -ahora demandado- recién asumió conocimiento y responsabilidad del caso desde el 11 de julio de 2022; no obstante, tal como se manifestó, debido a la flexibilización de la legitimación pasiva establecida por la jurisprudencia es necesario ingresar al análisis de fondo respecto a la lesión en la que incurrió el Ministerio Público. i.c) La servidora pública policial señaló que en la acción de libertad no se establece como su persona hubiese perseguido a la ahora accionante, o procesado indebidamente o como se hubiese atentado su derecho a la vida. Al respecto, se comprende que la servidora pública policial ahora demandada alega que no tendría legitimación pasiva, por cuanto, no tendría participación en la lesión alegada por la parte impetrante de tutela; no obstante, respecto a ello debe considerarse que la accionante fue clara al señalar que existiría una negligencia absoluta por parte de la Policía Boliviana para imponerse medidas de protección; por lo que, en la acción tutelar si se estableció la supuesta omisión de la funcionaria policial ahora demandada, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la presente problemática toda vez que la misma cuenta con legitimación pasiva. i.d) Finalmente, pese a que el Director de Igualdad de Oportunidades “Plaza Sebastián Pagador” de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del GAM de Oruro no hizo referencia a una falta de legitimación pasiva, es necesario considerar que, en el presente caso, dicha autoridad administrativa carece de legitimación pasiva, por cuanto, la accionante únicamente hizo referencia a omisiones en las que hubiera incurrido el Juez, el Fiscal de Materia y la servidora pública policial; además, del particular demandado, sin que se haga referencia expresa de actos u omisiones del Director de Igualdad de Oportunidades.

ii) La autoridad judicial ahora demandada manifestó que concurre el “principio de subsidiariedad”, debido a que, si bien el Ministerio Público solicitó la homologación de las medidas de protección, previo a su “ratificación” se determinó que se manifiesten las circunstancias que justifican dichas medidas; sin embargo, contra esa determinación, el Ministerio Público ni la víctima no interpusieron ninguna impugnación y tampoco promovieron su aplicación. Al respecto, es preciso señalar que la acción de libertad a diferencia de la acción de amparo constitucional no tiene un carácter subsidiario, pues el mismo protege derechos fundamentales trascendentales como lo son la libertad, integridad personal y vida; no obstante, es necesario considerar que en mérito al planteamiento de recursos ordinarios paralelos a esta acción de defensa se fue provocando la existencia de resoluciones contradictorias, que generaron una inseguridad jurídica, siendo precisamente por ello que la justicia constitucional desarrollo la regla de subsidiariedad excepcional en acciones de libertad determinando que no es posible acudir a esta acción, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata (Fundamento Jurídico III.4); ahora bien, respecto a dicho razonamiento, la ingente jurisprudencia fue estableciendo (conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.4.2) cuando nos referimos al derecho a la vida (el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas) que constituye el cimiento, fundamento u origen del cual emergen los demás derechos, su ejercicio o protección no puede estar condicionado a procedimientos burocráticos ni al agotamiento de recursos previos. Bajo ese marco, en el caso concreto, si bien la autoridad judicial ahora demandada señala que el decreto de 8 de julio de 2022 (por el cual se observó la solicitud de medidas de protección), es objeto de impugnación, no obstante, conforme se advierte de la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, mediante informes de 14 del indicado mes y año, el Gestor de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro informó que no pudo realizarse la notificación a Verónica Colque Aymaya ni a Natalio Gerónimo Rosales, por cuanto, no se encontró la dirección señalada; asimismo, a través del Formulario de Notificación Procesal se tiene que el Ministerio Público fue notificado recién el 14 de julio de 2022; en ese sentido, debe considerarse que hasta la interposición de la acción de libertad -11 del mismo mes y año- las partes no tendrían conocimiento del aludido decreto, por ello, no podrían acudir a ningún mecanismo intraprocesal. Asimismo, en el presente caso, debe considerarse que, el decreto que se alega que sería objeto de impugnación fue emitido dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y, precisamente por ello, no es posible exigir el agotamiento de mecanismos intraprocesales, debiendo garantizarse el derecho a vivir una vida libre de violencia, ello comprendiendo que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos.

Ahora bien, no existiendo óbice para ingresar al análisis de fondo de la problemática traída en revisión, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto la parte ahora demandada actuó apartándose de la normativa vigente; en tal sentido, se tiene que:

III.7.1.En cuanto a la lesión del derecho a vivir una vida libre de violencia

La accionante denuncia que su “hija hermana” -Verónica Colque Aymaya- sentó una denuncia ante la FELCV debido a que fue objeto de agresiones físicas por parte de Natalio Gerónimo Rosales -ahora demandado-; y, pese a que se tiene otra denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, existe negligencia absoluta por parte de la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, al no imponerse medidas de protección. Al respecto, siendo que la accionante denuncia la lesión del derecho de una mujer a vivir una vida libre de violencia, resulta de especial relevancia remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual sostuvo que la protección del derecho a la vida, fue desarrollando una línea progresiva en el tiempo, pues por el carácter esencial y troncal de dicho derecho, se consideró que su tutela no debía estar condicionada a la vinculación con el derecho a la libertad; no obstante, de manera posterior se manifestó que a través de la acción de libertad era posible tutelar no solo el contenido esencial del derecho a la vida (constituido por el derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; el derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad) sino también derechos conexos como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas, ello debido a que la violencia en razón de género se constituye en un grave problema que aqueja y enfrenta la sociedad, siendo precisamente por ello que es consagrado como un desafío prioritario de los Estados, más aun cuando presenta múltiples manifestaciones que pueden ser ejercidas no solo en el ámbito privado sino también en el público (violencia física, feminicida, psicológica, sexual, entre otros), debido a que incluyen diferentes actos u omisiones efectuados en un contexto de desigualdad de género, influenciada por una cultura de discriminación contra las mujeres por el sólo hecho de ser mujer.

En esa línea, es evidente que la acción de libertad se constituye en un medio idóneo para acudir en casos de vulneraciones al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas, abordaje en el cual debe aplicarse el enfoque de derechos (género, interseccional) que permita comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales, determinando si se aseguró el efectivo ejercicio de derechos, se actuó con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, y si para ese efecto se estableció procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección (Fundamento Jurídico III.5), estas medidas que conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional, tienen por objeto evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad, siendo precisamente por ello que se constituyen en medidas preventivas auto satisfactorias pues depende únicamente del motivo que las fundo, las cuales no dependen de la interposición coetánea o posterior de un proceso penal, siendo precisamente por ello que no desde ningún punto se vincula con la otorgación de un valor jurídico de la conducta de la persona agresora; es decir que, con la atribución automática del estatus de responsable penal al presunto agresor de violencia.

Ahora bien, bajo ese marco, el análisis se efectuará respecto a cada uno de los demandados; así:

1) En cuanto al Juez ahora demandado, es necesario considerar que, el art. 54 del Código de Procedimiento Penal es expreso al determinar que la o el juez es competente para disponer, ratificar o modificar las medidas protección, e imponer las sanciones ante su incumplimiento; asimismo, es el indicado cuerpo normativo que haciendo referencia a las medidas de protección en su art. 389 bis del CPP prevé que, de oficio o a pedido de parte, la o el Juez podrá aplicar al imputado las medidas de protección previstas en dicho artículo; y, conforme establece el art. 389 ter de igual cuerpo normativo, en casos de urgencia habiéndose impuesto medidas de protección –ya sea la autoridad fiscal, la o el servidor público policial u otra autoridad– la o el Juez procederá con su ratificación, modificación o revocatoria y para ello, la o el Juez atendiendo las circunstancias del caso podrá resolverlas en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o sin audiencia.

Establecido ese marco normativo, en el caso concreto, debe determinarse si la autoridad judicial ahora demandada cumplió o no con sus deberes previstos en la norma y si salvaguardo o no los derechos de Verónica Colque Aymaya –quien sería víctima de violencia familiar–; en ese sentido, 35El Código de Procedimiento Penal establece: “Artículo 54. (JUECES DE INSTRUCCIÓN). Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para:

(…)

11. Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento.” 36El Código de Procedimiento Penal prevé: “Artículo 389. bis.(MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL). I. Además de las medidas de protección previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente, y en la Ley Nº 348, la jueza o el juez al tomar conocimiento de delitos previstos en el Artículo precedente, de oficio o a pedido de parte, de la víctima o de su representante, sin necesidad de que se constituya en querellante, podrá aplicar al imputado las siguientes medidas de protección especial…

(…)

II. Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución.” 37 Ibid. “Artículo 389 ter.(URGENCIA Y RATIFICACIÓN).

I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez.

II. Dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes de impuesta la medida, la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que la dispuso, comunicará a la jueza o juez de instrucción, a objeto del control de legalidad y su consiguiente ratificación, modificación o revocatoria. La jueza o el juez atendiendo a las circunstancias del caso, podrá resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, en cuyo caso dictará la resolución dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la comunicación.”

de antecedentes del expediente constitucional se advierte que, en mérito al memorial de 8 de julio de 2022 –por el cual el Ministerio Público comunicó el inicio de investigación del proceso penal seguido por Verónica Colque Aymaya contra Natalio “Germanio” Rosales por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y solicitó la ratificación de medidas de protección–, el Juez ahora demandado emitió el decreto de la misma fecha, estableciendo expresamente que:

“Al otrosí 1°.- Se tiene presente, sin embargo, con carácter previo a resolver la postulación y en orden a que las medidas de protección deben ser impuestas, conforme prescribe el art. 389 bis pár. II del Código de Procedimiento Penal, de manera que resulten las más adecuadas al caso concreto y con la debida fundamentación y que se han advertido excesos en las disposiciones asumidas sobre el particular por parte del Ministerio Público, la autoridad fiscal deberá poner en conocimiento de este despacho, en el plazo de 24 hrs. de su legal notificación, las razones fácticas o motivos de hecho que justifican cada una de las medidas asumidas, toda vez que este despacho desconoce las mismas; sea bajo prevención de revocar su aplicación, por exclusiva responsabilidad del Ministerio Público…” (sic) Por lo expuesto precedentemente, se advierte que, el Ministerio Público consideró que el proceso penal se encuadra a los casos de urgencia, y ante la situación de riesgo en la que se encontraría la víctima -Verónica Colque Aymaya- estableció que era necesario su inmediata protección, por ello, se asumió las medidas de protección previstas en el art. 389 bis. 1, 4, 5, 6 y 14 del CPP y se 38 El Código de Procedimiento Penal establece: “Artículo 389. bis.(MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL). I. Además de las medidas de protección previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente, y en la Ley Nº 348, la jueza o el juez al tomar conocimiento de delitos previstos en el Artículo precedente, de oficio o a pedido de parte, de la víctima o de su representante, sin necesidad de que se constituya en querellante, podrá aplicar al imputado las siguientes medidas de protección especial:

(…)

Para Mujeres:

1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación;

(…)

4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia;

5. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia;

6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; (…) 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima”

solicitó su ratificación; ahora bien, efectuada esa petición, se tiene que el Juez ahora demandado a través de decreto de 8 de julio de 2022 observó las medidas de protección asumidas por la autoridad fiscal debido a que las mismas no se encontrarían fundamentadas, señalando que de incumplirse con su fundamentación se procedería a su revocatoria; no obstante, respecto a ello es necesario considerar que la normativa no establece que la autoridad judicial tenga la facultad de observar la aplicación de las medidas de protección que hubiesen sido dispuestas por autoridad fiscal u otro competente; por cuanto, el art. 389 ter. II del CPP prevé que la o el Juez atendiendo las circunstancias podrá resolverlas en audiencia conforme al procedimiento de las medidas cautelares o en su caso resolverlas sin audiencia; en ese sentido, por la urgencia de la aplicación de las medidas de protección, y teniendo en cuenta su finalidad debió convocarse a una audiencia con el objeto de conocer las razones del porque se decidió aplicar una u otra medida; no obstante, siendo que el Juez ahora demandado no actuó conforme establece la normativa, es evidente que el mismo no ejerció la debida diligencia para prevenir y sancionar la violencia hacia la mujer, transgrediéndose el derecho de las mujeres a vivir una vida de violencia, razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada.

2) Respecto al Fiscal de Materia ahora demandado, debe considerarse que el art. 61 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- prevé que el Ministerio Público tiene como atribución adoptar las medidas de protección necesarias a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad; asimismo, sin pretender ser reiterativos, debe considerarse que, el art. 389 ter del CPP, prevé en casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando se requiera su inmediata protección, el Ministerio Público puede imponer medidas de protección –las cuales deben estar sujetas a lo previsto por el art. 389 bis. II del indicado cuerpo normativo– las cuales deben ser comunicadas a la autoridad judicial a objeto de su control de legalidad.

Ahora bien, en el caso concreto, de antecedentes se advierte que, el Ministerio Público en conocimiento de la Entrevista Policial Informativa, el Informe de Conocimiento y Constancia de Disposición y Notificación de Medidas de Protección para Mujeres–Urgentes, todos de 8 de julio de 2022 (descritos en las Conclusiones II.1, II.2 y II.3), a través de memorial de la indicada fecha no solo comunicó el inicio de investigaciones a la autoridad judicial de turno, sino también solicitó la ratificación de las medidas de protección; en ese sentido, se tiene que, el Ministerio Público si actuó oportunamente con el fin de proteger la integridad personal de Verónica Colque Aymaya, por cuanto recibidas las actuaciones de la FELCV en el día requirió la ratificación de las medidas. Sumado a ello, se tiene que, el Fiscal de Materia ahora demandado asumiendo conocimiento de la investigación en curso, a través de memorial de 11 de julio de 2022, requirió al Director de la FELCV de Oruro, que a través de la investigadora asignada al caso se proceda a dar seguimiento de las medidas de protección previstas en el art. 389 bis. 4, 5, 6 y 14 del CPP; lo cual denota que, la autoridad fiscal ahora demandada actuó con la debida diligencia requerida en los casos de violencia hacia las mujeres siendo precisamente por ello que corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este Fiscal de Materia.

3) En lo concerniente a la servidora pública policial ahora demandada, debe considerarse que, el art. 389 ter del CPP -precisado y reiterado en los acápites precedentes-establece que en casos de urgencia y habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encontraría víctima, es posible que, no solo la autoridad fiscal sino también el servidor público policial pueda imponer medidas de protección ello únicamente con el objeto de resguardar los derechos de las víctimas, las cuales deben ser comunicadas a la o el Juez de control jurisdiccional con el objeto de su control.

Ahora bien, en el caso concreto, de antecedentes se advierte que, en mérito a la Entrevista Policial Informativa de 8 de julio 2022, la servidora pública policial obtuvo como respuesta por parte de Verónica Colque Aymaya que existiría agresiones físicas y psicológicas anteriores a dicha denuncia, por lo que, al realizar la valoración de riesgo en relaciones de pareja concluyo que si existe un riesgo alto de violencia por lo que era necesario imponer medidas de protección (Conclusión II.1); de ahí que, se elaboró la Constancia de Disposición y Notificación de Medidas de Protección para Mujeres–Urgentes de 8 de julio de 2022 (Conclusión II.3) estableciendo que corresponde las siguientes medidas de protección

MEDIDAS DE PROTECCIÓN (señale las que correspondan en el recuadro)

SI NO 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación.

x

2. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia x

3. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia.

x

4. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a x los testigos de los hechos de violencia.

5. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles x de propiedad común o de posesión legítima.

6. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes.

x 7. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño.

x 8. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.

x

9. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido x frecuente de la víctima.

10. Restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad (Par I parte final art. 389 bis del CPP).

x

Ahora bien, por lo expuesto precedentemente, se advierte que, la servidora pública policial ahora demandada si bien advirtió que Verónica Colque Aymaya se encontraría en situación de riesgo de violencia alto únicamente elaboró la Constancia de Disposición y Notificación de Medidas de Protección para Mujeres–Urgentes de 8 de julio de 2022, la cual fue remitida al Ministerio Público, sin considerar que conforme prevé el art. 389 ter del CPP, a fin de salvaguardar los derechos de la víctima de violencia debe imponerse las medidas de protección adecuadas, y por la urgencia del caso no es necesario esperar el visto bueno del Ministerio Público, exigiéndose únicamente que impuestas dichas medidas se solicite su ratificación a la autoridad judicial a cargo de control jurisdiccional; en ese sentido, al inobservarse lo previsto en el art. 389 ter del CPP relativo a su facultad de imponer las medidas de protección en casos de riesgo se generó una lesión del derecho a vivir una vida libre de violencia, corresponde conceder la tutela solicitada.

III.7.2.En cuanto a la lesión del derecho a la libertad

La impetrante de tutela denuncia que su “hija hermana” recibe agresiones físicas y verbales, siendo inclusive que es privada de su libertad por parte Natalio Gerónimo Rosales. En el presente punto, si bien la parte peticionante de tutela denuncia una privación de libertad efectuada por un particular, la cual es posible analizarlo a través de la acción de libertad; no obstante, de antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se constató que, la parte impetrante de tutela no adjuntó ningún elemento objetivo que permita advertir la existencia de dicha privación de libertad, lo que hace inviable atender esta pretensión, correspondiendo en todo caso denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 46 a 50, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro y la Policía Boliviana a través de la servidora pública policial ahora demandada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que se adopte las medidas necesarias para cumplir su deber de diligencia y protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. 3° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia y al Director de Igualdad de Oportunidades “Plaza Sebastián Pagador” de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

3 Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia Sentencia de 15 de septiembre de 2005.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

5 Entendimiento que fue reiterado entre otras por la SCP 1126/2019-S2 de 18 de diciembre.

14 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de

20 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

21 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 22Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 23. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a)

del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

25 La Ley 348 determina que: “ARTÍCULO 32. (FINALIDAD) (…)

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes.

26 El art. 389 bis. II del CPP establece: “Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución.”

27 El art. 32 de la Ley 348 determina que: “I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.” (negrillas añadidas).

28 El art. 389 del CPP (incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres) determina: “Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad.” (las negrillas son nuestras).

29 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de la libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara que se guare tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.” (negrillas añadidas). 30El Código Procesal Constitucional prevé: “Artículo 48. (LEGITIMACIÓN ACTIVA). La Acción de Libertad podrá ser interpuesta por: 1. Toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad, por sí o por cualquiera a su nombre sin necesidad de poder.” (negrillas añadidas).

31 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”

32 La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional determina: “Artículo 2. (EJERCICIO Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL). I. La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0759_2024-S1.pdf · páginas 1 a 58.

Huella digital del PDF (SHA-256): e15c010804b8b739bb94993cfc7c213b2ed219937fe4757efd3789d3ad7c3c02

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