B.IA.LEGAL

SCP 0758/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
54962-2023-110-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad; en razón a que: a) Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, se reactivó irregularmente dicha causa, generando actuaciones destinadas a aparentar la notificación con la planilla de liquidación de asistencia familiar, la cual no se practicó conforme a derecho; debido a que, el funcionario policial codemandado, simuló aquel acto, ya que -según su refiere- la comisión instruida original fue extraviada, siendo posteriormente sustituida por copias simples que fueron legalizadas por la Secretaria demandada, lo que permitió la emisión del mandamiento de apremio de 21 de marzo de 2023, sin que tenga conocimiento previo ni posibilidad de ejercer defensa, colocándolo en estado de indefensión; y, b) En ejecución de dicho mandamiento, funcionarios policiales intentaron conducirlo a dependencias policiales sin contar con el documento físico y pretendieron retener su vehículo; además, procedieron a la detención de su esposa, condicionando la libertad de la nombrada a la presentación de su persona. La Secretaria demandada alegó que, la notificación se realizó conforme a procedimiento mediante comisión instruida, negando irregularidades, extravío o falsedad documental; así también, refirió que no es responsable de la emisión del mandamiento de apremio; además, sostuvo que el accionante tenía conocimiento del proceso y que existen mecanismos ordinarios; por lo que, no se cumple el principio de subsidiariedad. Por su parte, el…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 11 de abril, cursante de fs. 235 a 237 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Juez Técnico Primero de Uncía del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo los efectos de la tutela otorgada por el Juez de garantías, en razón al tiempo transcurrido, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, aplicable en procesos sobre asistencia familiar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0758/2026-S2 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54962-2023-110-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2023 de 11 de abril, cursante de fs. 235 a 237 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gema Cocha Vela en representación sin mandato de Enrique Huanca Orihuela contra Dayana Cuellar Ortega, Secretaria del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí; y, Freddy Mendoza Fernández, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 11 a 14, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra -siendo la beneficiaria, su hija Angélica María Huanca Romero-, el cual se encontraba archivado durante “varios años”, el mismo fue reactivado de manera irregular; por cuanto, se generaron actuaciones destinadas a aparentar una notificación -se entiende con la planilla de liquidación de asistencia familiar- que en los hechos no se produjo; es así que, funcionarios policiales recibieron comisiones instruidas para practicar dicha notificación; sin embargo, no efectuaron la diligencia conforme a derecho, llegando incluso -según sostiene- a simular ese acto y extraviar la documentación original, obteniendo posteriormente copias simples, las cuales fueron legalizadas por Dayana Cuellar Ortega, Secretaria del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí -ahora demandada- para dar continuidad al proceso.

Con base en esas actuaciones, se prosiguió indebidamente con la liquidación de asistencia familiar, hasta obtener un mandamiento de apremio contra su persona, sin que tuviera conocimiento del mismo ni la posibilidad de asumir defensa, generándole un estado de indefensión. En ese marco, el 5 de abril de 2023, funcionarios policiales lo interceptaron con la intención de conducirlo al módulo policial de Chuquihuta del departamento de Potosí en cumplimiento del referido mandamiento, sin contar con el documento físico. Asimismo, dichos funcionarios intentaron retener su vehículo y procedieron a la detención de Gema Cocha Vela -su esposa-, manteniéndola retenida hasta la llegada de su abogada, bajo el argumento de que permanecería detenida hasta que su persona se presente. Estos hechos configurarían actos arbitrarios y abuso de autoridad, evidenciando una persecución ilegal derivada de un proceso viciado por irregularidades en la notificación, lo que -a su consideración- vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad personal, así como la libertad de su esposa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión del derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad, citando al efecto los arts. 21.7, 23, 115, 116.I, 119.II, 178.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el mandamiento de apremio; b) Se anule obrados hasta la notificación con la planilla de liquidación de manera personal; y, c) El cese de la persecución por parte de Freddy Mendoza Fernández, funcionario policial codemandado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 234 a 235, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Dayana Cuellar Ortega, Secretaria del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, por informe cursante a fs. 230 y vta. solicitó se deniegue la tutela, refiriendo que: 1) Dentro del proceso de asistencia familiar con Número de Registro Judicial (NUREJ) 5U0110146-1, a partir del memorial presentado por la parte interesada Angélica María Huanca Romero -hija del accionante-, se emitió el decreto de 9 de noviembre de 2022, disponiendo la notificación del peticionante de tutela mediante comisión instruida; 2) Conforme a los actuados cursantes en obrados, específicamente la representación del funcionario policial codemandado, la cual indica que la diligencia de notificación fue cumplida en el domicilio real del accionante, ajustándose al procedimiento legal previsto, por lo que la validez de dicha actuación no dependía exclusivamente de su notificación personal. En ese contexto, no resultaba atribuible a su persona responsabilidad alguna respecto a un supuesto extravío de órdenes instruidas; por lo que, negó de manera expresa tal afirmación; 3) La acusación de falsedad en los actuados carecía de sustento, toda vez que, los documentos cuestionados derivan de actuados originales cursantes en el expediente, evidenciándose su respaldo legal y probatorio; 4) La afirmación relativa a la falta de conocimiento del proceso por parte del solicitante de tutela y su defensa, resultaba contradictoria; puesto que, acudió al referido Juzgado Público de Familia, para la revisión del expediente; por lo que, dicha alegación era unilateral y carecía de prueba; 5) Como Secretaria, no tiene competencia autónoma para emitir mandamientos de apremio, siendo esta una facultad exclusiva de la autoridad jurisdiccional; y, 6) Respecto a la vulneración de derechos alegada, manifestó que no era suficiente una invocación genérica; sino que, debe acreditarse la relevancia constitucional; es decir, que el supuesto defecto procedimental haya lesionado materialmente un derecho o garantía fundamental; además, el accionante promovió un incidente de cesación de asistencia familiar, lo que evidenció el uso de mecanismos ordinarios, desvirtuando la procedencia de la presente acción tutelar por el principio de subsidiariedad. Freddy Mendoza Fernández, funcionario policial, mediante informe escrito cursante de fs. 232 a 233, señaló que: i) No existió malicia en la diligencia de notificación efectuada en el domicilio real del peticionante de tutela; ya que, al no haber sido encontrado en su vivienda ubicada en la “zona dos” de la localidad de Chuquihuta del departamento de Potosí, se procedió a la notificación cedularía, dejando copia de ley fijada en la puerta en presencia de “…su suegro (padre de la señora Gema Cocha Vela)…” (sic); ii) El 30 de marzo de 2023, “Fabián Torres”, abogado, comunicó la existencia de un mandamiento de apremio contra el impetrante de tutela por asistencia familiar; es así que, el 5 de abril de ese año, tras un aviso telefónico, la policía identificó al accionante en un “vehículo indocumentado” y al intentar ejecutar el apremio, el prenombrado emprendió la fuga; empero, su persona logró subir al vehículo en movimiento que el accionante utilizó para detener la marcha. Durante la huida, el nombrado abandonó el automóvil en marcha cerca de un barranco junto al río de Chuquihuta, poniendo en riesgo su vida y la de su propia esposa -Gema Cocha Vela-; iii) La cónyuge del peticionante de tutela lo agredió físicamente -sujetándolo de su indumentaria e intentando rascarle el rostro-, profiriendo insultos para evitar la captura del accionante, quien finalmente logró darse a la fuga con rumbo desconocido; y, iv) Su actuar se rigió estrictamente a cumplir el mandamiento ordenado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Juez Técnico Primero de Uncía del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2023 de 11 de abril, cursante de fs. 235 a 237 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el mandamiento de apremio y anuló obrados hasta “…fs. 181, vuelta es decir, hasta el decreto 09/11/22…” (sic); con base en, el fundamento de que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra el impetrante de tutela se incurrió en un procesamiento indebido que vulneró el derecho a la libertad física y al debido proceso del prenombrado; toda vez que, la autoridad jurisdiccional de origen emitió el decreto de 9 de noviembre de 2022, en el cual, de manera simultánea y errónea, dispuso el traslado de la liquidación de asistencia familiar y la conminatoria de pago bajo apercibimiento de apremio, omitiendo el cumplimiento imperativo del art. 415.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que otorga de forma previa e independiente un plazo de tres días para que el obligado pueda observar la planilla, viciando así la legalidad del mandamiento de apremio emitido, al no permitir el ejercicio del derecho a la defensa del accionante; en consecuencia, existió una amenaza cierta a la libertad ambulatoria por un defecto procedimental absoluto.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 241 a 243); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra Enrique Huanca Orihuela -ahora accionante-, cursa memorial presentado el 18 de octubre de 2022, ante el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, mediante el cual, Angélica María Huanca Romero -hija y beneficiaria del prenombrado- presentó planilla de liquidación por un monto de Bs35 400.- (treinta y cinco mil cuatrocientos bolivianos). Asimismo, consta decreto de 9 de noviembre de ese año, mediante el cual, el Juez de la causa estableció “…Traslado a la parte obligada para que en el plazo de tres días cancele el total de lo adeudado u observe la planilla de liquidación conforme al Art. 415.I) de la Ley 603…” (sic [ fs. 194 a 195 vta.). II.2. Se tiene “ACTA DE REPRESENTACIÓN ” de 15 de diciembre de 2022, emitida por Freddy Mendoza Fernández, funcionario policial -hoy codemandado-; por el cual, informó que procedió a la notificación del impetrante de tutela con la comisión instruida mediante cédula fijada en su domicilio real en la misma fecha, debido a que no fue encontrado en su vivienda (fs. 204). II.3. Consta memorial presentado el 9 de febrero de 2023, ante el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, mediante el cual, Angélica María Huanca Romero -beneficiaria en el proceso de origen-, solicitó la aprobación de la planilla de asistencia familiar, alegando que el peticionante de tutela no observó la misma dentro del plazo legal establecido, mereciendo el Auto de 15 de febrero de 2023, emitido por el Juez de la causa quien aprobó dicha planilla por el monto de Bs35 400.- intimando al accionante a su pago en el plazo de tres días (fs. 208 y 209). II.4. Por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, la beneficiaria solicitó la emisión de mandamiento de apremio, en razón a que el impetrante de tutela no realizó la cancelación del monto establecido en la planilla; es así que, por Auto de 6 de igual mes y año, el Juez de la causa ordenó que por Secretaría se libre dicho mandamiento (fs. 213 y 214). II.5. Cursa memorial de 9 marzo de 2023, presentado por el peticionante de tutela, ante el Juez de la causa, planteando incidente de cesación de asistencia familiar, el cual fue corrido en traslado a la beneficiaria, por medio de providencia de 13 del mismo mes y año (fs. 221 a 224). II.6. Consta mandamiento de apremio de 21 de marzo de 2023, emitido por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, librado contra del accionante, con la habilitación de días y horas extraordinarias; y, rotura de candados (fs. 217).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la libertad; en razón a que: a) Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, se reactivó irregularmente dicha causa, generando actuaciones destinadas a aparentar la notificación con la planilla de liquidación de asistencia familiar, la cual no se practicó conforme a derecho; debido a que, el funcionario policial codemandado, simuló aquel acto, ya que -según su refiere- la comisión instruida original fue extraviada, siendo posteriormente sustituida por copias simples que fueron legalizadas por la Secretaria demandada, lo que permitió la emisión del mandamiento de apremio de 21 de marzo de 2023, sin que tenga conocimiento previo ni posibilidad de ejercer defensa, colocándolo en estado de indefensión; y, b) En ejecución de dicho mandamiento, funcionarios policiales intentaron conducirlo a dependencias policiales sin contar con el documento físico y pretendieron retener su vehículo; además, procedieron a la detención de su esposa, condicionando la libertad de la nombrada a la presentación de su persona. La Secretaria demandada alegó que, la notificación se realizó conforme a procedimiento mediante comisión instruida, negando irregularidades, extravío o falsedad documental; así también, refirió que no es responsable de la emisión del mandamiento de apremio; además, sostuvo que el accionante tenía conocimiento del proceso y que existen mecanismos ordinarios; por lo que, no se cumple el principio de subsidiariedad. Por su parte, el funcionario policial codemandado, afirmó que la notificación con la comisión instruida se practicó de forma legal mediante cédula, debido a que no se encontró al peticionante de tutela en su domicilio real; por otro lado, su intervención se limitó a ejecutar el citado mandamiento, actuando conforme a ley; sin embargo, el nombrado logró darse a la fuga con rumbo desconocido; por lo que, niega cualquier actuación arbitraria. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, aplicable en procesos sobre asistencia familiar

La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que, la acción de libertad no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, sostuvo que el mencionado “…entendimiento debe ser asumidos en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes del caso, se advierte que el impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad personal, alegando que dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra se habrían generado irregularidades en la notificación con la planilla de liquidación, lo que derivó en la emisión del mandamiento de apremio de 21 de marzo de 2023, del cual no tuvo conocimiento, colocándolo en estado de indefensión; asimismo, refiere actos arbitrarios en su ejecución, incluyendo la intervención policial y la detención de su esposa (Conclusiones II.1, II.3, II.4 y II.6). Por su parte, la Secretaria y el funcionario policial demandados sostienen que, las actuaciones procesales se desarrollaron conforme a procedimiento, señalando que la notificación fue practicada mediante cédula en el domicilio real del accionante, conforme consta en el “ACTA DE REPRESENTACIÓN ” de 15 de diciembre de 2022 (Conclusión II.2); además, la planilla de liquidación fue aprobada por el Juez de la causa ante la falta de observación dentro del plazo legal; y, que el mandamiento de apremio fue emitido por autoridad competente ante el incumplimiento de la obligación, destacando que el peticionante de tutela tenía conocimiento del proceso de origen e incluso activó mecanismos dentro de la vía ordinaria, al plantear incidente de cesación de asistencia familiar el 9 de marzo de 2023, con posterioridad a la emisión del citado mandamiento (Conclusión II.5). En ese contexto, conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad no puede constituirse en un mecanismo alternativo o paralelo a la jurisdicción ordinaria, siendo exigible, incluso en materia de asistencia familiar, el agotamiento previo de los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos previstos por el ordenamiento jurídico y, en ese marco, las supuestas irregularidades denunciadas por el accionante -referidas a la validez de la notificación con la planilla de liquidación y la legalidad del mandamiento de apremio- constituyen aspectos eminentemente procedimentales que pudieron y debieron ser cuestionados a través de los mecanismos ordinarios previstos en la normativa familiar, tales como la observación de la planilla de liquidación, la interposición de incidentes de nulidad o los recursos correspondientes contra las resoluciones emitidas dentro del proceso; no evidenciándose que el impetrante de tutela haya agotado dichos medios idóneos de defensa antes de acudir a la justicia constitucional. Así, no se acredita la concurrencia de un supuesto de excepción a la subsidiariedad que habilite la intervención directa de esta instancia;

toda vez que, no se demuestra una afectación directa e inmediata al derecho a la libertad derivada de un defecto absoluto insubsanable, sino la existencia de cuestionamientos en cuanto a la diligencia de notificación con la planilla de liquidación, lo cual, debe ser resuelto por la autoridad jurisdiccional competente dentro del proceso de asistencia familiar; considerando además que, no consta en antecedentes que el solicitante de tutela se encuentre detenido; por cuanto, el funcionario policial codemandado informó que al momento de pretender ejecutar el mandamiento de apremio el prenombrado, este se dio a la fuga. Por otra parte, respecto a los actos atribuidos a los funcionarios policiales; se advierte que, los mismos se circunscriben a la ejecución de un mandamiento de apremio emitido por autoridad competente, no evidenciándose de manera objetiva una actuación arbitraria o ilegítima que configure por sí misma una vulneración autónoma al derecho a la libertad que justifique la tutela constitucional prescindiendo del cumplimiento del principio de subsidiariedad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 11 de abril, cursante de fs. 235 a 237 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Juez Técnico Primero de Uncía del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo los efectos de la tutela otorgada por el Juez de garantías, en razón al tiempo transcurrido, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0758_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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