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SCP 0758/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 11 de julio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
11 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53433-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, sin dilaciones y del principio de celeridad; toda vez que, el 6 de enero de 2023, el Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, determinó la cesación de su detención preventiva; en consecuencia, el 19 de igual mes y año, presentó memorial solicitando la emisión de mandamiento de libertad; sin embargo, el Juez demandado, quien actuaba en suplencia legal por vacaciones judiciales, respondió mediante el decreto de 24 del mismo mes y año disponiendo: “…con carácter previo la parte acusado deberá presentar certificado de arraigo con las firmas estampadas por la autoridad competente” (sic), de este modo, transcurrieron seis días sin una respuesta efectiva, lo que constituye un incumplimiento de lo dispuesto en los arts. 245 del CPP y 39 de la LEPS.

Ante ello, el Juez demandado señala que la petición del accionante no se ajusta a la realidad, ya que fue atendida oportunamente mediante decreto de 24 de enero de 2023; el mismo se requirió la presentación de documentación idónea, debidamente firmada por un servidor público de la DIGEMIG, por lo tanto, señaló que existe sustracción del objeto del proceso, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02 de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 38 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a lo desarrollado en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad de pronto despacho y el principio de celeridad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0758/2025-S2 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53433-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02 de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darwin Vásquez Moreno y Wilfor Alex Callahuara Calahuana en representación sin mandato de Diego Willam Pérez Mamani contra Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de enero de 2023, cursante a fs. 2 y 10 a 13, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 6 de enero de 2023, a horas 10:00, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, de la cual Hebert Zeballos Domínguez, Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró procedente la cesación de su detención preventiva, disponiendo nuevas medidas cautelares, entre ellas el arraigo y una fianza económica de Bs6 000.- (seis mil bolivianos); en consecuencia, una vez cumplidas, se debía librar el correspondiente mandamiento de libertad.

En ese entendido, el 19 de enero de 2023, presentó un memorial ante Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, quien se encontraba en suplencia legal por vacaciones judiciales, solicitando la emisión del respectivo mandamiento de libertad, adjuntando la documentación exigida, como el certificado de depósito judicial y el certificado de arraigo expedido por la Dirección General de Migración (DIGEMIG). Pese a las reiteradas solicitudes y a lo establecido en los arts. 245 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, no se expidió el mandamiento de libertad de forma inmediata, la única respuesta obtenida fue que dicho mandamiento sería emitido recién el 25 de enero del referido año; por lo cual, no se dio cumplimiento a lo ordenado judicialmente, habiendo transcurrido más de seis días sin una respuesta oportuna, lo que evidencia una clara retardación de justicia.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, sin dilaciones; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23, 115, 119.II, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al Juez demandado librar mandamiento de libertad en el día; b) Se determine la existencia de responsabilidad civil y penal de “los recurridos”; y, c) Se remitan los antecedentes al “…Juez disciplinario de la Capital y al Consejo de la Magistratura” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 35 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción libertad y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) El memorial presentado el 19 de enero de 2023 debió ser decretado dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme a lo establecido en el art. 132 del CPP; 2) El Juez demandado emitió el decreto el 24 de igual mes y año, después de cuatro días hábiles, decretando “…con carácter previo por parte de la acusada deberá presentar el certificado de arraigo con la ASFI, con las firmas estampadas de la autoridad competente…” (sic); 3) Se cumplió con la presentación de la fianza económica mediante el Certificado de Depósito Judicial 0073161 de 9 del referido mes y año, conforme a lo establecido en el art. 245 del CPP, por lo que, correspondía la emisión de mandamiento de libertad; 4) Solicitó un certificado de arraigo con firmas estampadas; sin embargo, todos los certificados son emitidos con código QR y ya no incluyen firmas, situación que debió ser conocida por la autoridad hoy demanda; empero, desconoció esta circunstancia, vulnerando el derecho al debido proceso, directamente vinculado a la libertad; y, 5) El imputado se encuentra con enfermedad de tuberculosis, lo cual contribuyó a que se considerara procedente la cesación de la detención preventiva, motivo por el cual solicitó que se libre mandamiento de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 33 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) La aseveración del impetrante de tutela no se ajusta a la realidad, ya que su solicitud fue atendida oportunamente mediante decreto de 24 de enero de 2023, en el que se dispuso la presentación de documentación idónea con firma estampada por funcionario público, resguardando el debido proceso y la legalidad; y, ii) Conforme establece la SCP 0034/2017-S3 de 8 de febrero, “…no corresponde conceder la acción de libertad en razón a que existe sustracción del objeto del proceso, máxime teniendo en cuenta que conforme al proveído de fecha 24/01/2023 se resolvió la petición de la parte accionante…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 02 de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 38 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el decreto de 24 de enero de 2023 y se dicte nueva providencia ordenando la emisión de mandamiento de libertad en el término de veinticuatro horas, con base en los siguientes fundamentos: a) Mediante Auto Interlocutorio de 6 de enero del citado año, el ahora accionante fue beneficiado con las medidas cautelares para obtener su libertad, teniendo como requisito el arraigo. Dicho documento fue presentado el 19 de enero del mismo año, con su respectivo código QR que expresaba “…El señor Willam Pérez Mamani con documento N° 7709337 de nacimiento boliviana: Registra 1 arraigo de fecha 10/01/2023, en el departamento de Santa Cruz, ordenado por el Juzgado de Sentencia Penal Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción 2°, por el delito de Abuso Sexual seguido por el Ministerio Público…” (sic); en ese entendido, se cumplió con el auto interlocutorio y el art. 245 del CPP; y, b) Se evidencia la vulneración del derecho a la libertad de las personas establecido en los arts. 22 y 23 de la CPE; toda vez que, el decreto de 24 del señalado mes y año, no se encuentra ajustado a la realidad, ya que los certificados de la DIGEMIG ya no son emitidos con firma de la autoridad de dicha institución, sino que la autenticación se realiza a través de un código QR, razón por la cual no son evidentes los argumentos expresados por el Juez demandado en cuanto a la sustracción del objeto del proceso.

En vía de complementación y enmienda, el abogado del accionante solicitó que se remita oficio al Juez demandado a efecto que se cumpla la Resolución 02, ya que labrar el acta de acción de libertad constituiría una demora para la libertad del prenombrado.

Al respecto, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, refirió que se determinó la emisión de un nuevo decreto debiendo redactarse el acta a la brevedad posible para notificar al Juez demandado, por lo que, declaró “no ha lugar” a lo solicitado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2023, a través del cual, Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró procedente la cesación a la detención preventiva impetrada por Diego Willam Pérez Mamani -accionante-, imponiendo diferentes medidas cautelares, entre las que dispuso: “…2. Arraigo, a tal efecto ofíciese a Migración…” (sic [fs. 23 vta. a 26 vta.])

II.2. Consta Certificado de la DIGEMIG de 19 de enero de 2023, donde refiere que:

“…el señor DIEGO WILLAM PEREZ MAMANI con documento Nro. 7709337, de nacimiento BOLIVIANA Registra 1 arraigo de fecha 10/01/2023, en el departamento de SANTA CRUZ, ordenado por el JUZGADO DE SENTENCIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y ANTICORRUPCIÓN 2°, por el motivo de ABUSO SEXUAL seguido por: MINISTERIO PÚBLICO” (sic [fs. 7]).

II.3. Por memorial presentado el 19 de enero de 2023, el impetrante de tutela solicitó se libre mandamiento de libertad a favor del prenombrado (fs. 31); ante lo cual, a través de decreto de 24 de enero de 2023, el Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, determinó que “…con carácter previo la parte acusado deberá presentar certificado de arraigo con las firmas estampadas por la autoridad competente” (sic [fs. 32]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna, sin dilaciones y del principio de celeridad; toda vez que, el 6 de enero de 2023, el Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, determinó la cesación de su detención preventiva; en consecuencia, el 19 de igual mes y año, presentó memorial solicitando la emisión de mandamiento de libertad; sin embargo, el Juez demandado, quien actuaba en suplencia legal por vacaciones judiciales, respondió mediante el decreto de 24 del mismo mes y año disponiendo: “…con carácter previo la parte acusado deberá presentar certificado de arraigo con las firmas estampadas por la autoridad competente” (sic), de este modo, transcurrieron seis días sin una respuesta efectiva, lo que constituye un incumplimiento de lo dispuesto en los arts. 245 del CPP y 39 de la LEPS.

Ante ello, el Juez demandado señala que la petición del accionante no se ajusta a la realidad, ya que fue atendida oportunamente mediante decreto de 24 de enero de 2023; el mismo se requirió la presentación de documentación idónea, debidamente firmada por un servidor público de la DIGEMIG, por lo tanto, señaló que existe sustracción del objeto del proceso, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad de pronto despacho y el principio de celeridad

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el hábeas corpus -ahora acción de libertad- expuso sus tipologías, como ser el preventivo y correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional amplió los tipos de hábeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; en consecuencia, tipo de decisiones vinculadas al derecho a la libertad, tienen que ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido contra Diego William Perez Mamani -ahora accionante-, el 6 de enero de 2023 se determinó la cesación de su detención preventiva; y, el 19 del mismo mes y año, el prenombrado solicitó la emisión del mandamiento de libertad; sin embargo, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, mediante decreto de 24 de igual mes y año, observó que el certificado de arraigo debe ser presentado con las firmas estampadas por la autoridad competente de la DIGEMIG (Conclusión II.3).

Tal requerimiento de firmas estampadas, además de no encontrarse previsto en Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2023, constituye una carga procesal adicional que obstaculizó injustificadamente la materialización del derecho a la libertad del impetrante de tutela, prolongando indebidamente su permanencia en detención; asimismo, denota un desconocimiento del proceso de modernización y digitalización de la gestión pública, pues en la actualidad, la firma de la autoridad competente de la DIGEMIG fue sustituida válidamente por un código QR.

Este mecanismo electrónico cumple con todos los requisitos técnicos y legales que garantizan su validez jurídica, al contener la información necesaria para verificar la autenticidad del documento y asegurar su integridad, trazabilidad y seguridad; en este sentido, el código QR tiene la misma fuerza legal que la firma autógrafa, conforme a la normativa vigente en materia de documentos electrónicos y firma digital. A tal efecto, la autoridad demandada en caso de tener duda sobre la autenticidad debió verificar la información contenida en el código QR, así como lo efectuó el Tribunal de garantías que estableció lo siguiente: “…El señor William Pérez Mamani con documento N° 7709337 de nacionalidad boliviana: Registra 1 arraigo de fecha 10/01/2023, en el departamento de Santa Cruz, ordenado por el Juzgado de Sentencia Penal Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción 2°, por el delito de Abuso Sexual seguido por el Ministerio Público…” (sic) en ese sentido, no refutó ni fundamentó de manera clara y suficiente las razones por las cuales exigió la presentación del certificado de arraigo con firma autógrafa de la autoridad competente; por lo cual, se evidencia una actuación arbitraria que resultó en una dilación injustificada del trámite de libertad solicitado.

El Juez demandado que actuaba por suplencia legal respondió el 24 de enero de 2023, exigiendo previamente un certificado de arraigo con firmas de autoridad competente y no con código QR, lo que retrasó injustificadamente la emisión del mandamiento de libertad; esta demora de seis días constituye una vulneración al principio de celeridad procesal y un incumplimiento de los arts. 245 del CPP y 39 de la LEPS, evidenciando la lesión del derecho a la libertad y un desconocimiento del proceso de modernización y digitalización de la gestión pública, ya que actualmente la firma de la autoridad competente de la DIGEMIG ha sido sustituida por un código QR, este código cumple con todas las condiciones técnicas y legales que garantizan su validez, conteniendo la información necesaria para verificar la autenticidad del documento y asegurando su integridad, trazabilidad y seguridad, entendimiento desarrollado en la SCP 0114/2025-52 de 10 de marzo, que señala: "...el art. 24 del DS 1793, el certificado digital no es más que un documento emitido por una entidad certificadora autorizada que no solo vincula los datos de una firma a un signatario a efectos de confirmar su identidad, sino también, según el art. 27.1.f -del referido Decreto Supremo, acredita las facultades del signatario para actuar a título personal o en representación de otra persona.

Ahora bien, la firma digital posee plena validez solo por alcanzar dicha condición, así lo establece el art. 78.3 de la Ley 164, disposición que ha sido complementada con lo definido en el art. 8.II de la Ley de Ciudadanía Digital -Ley 1080 de 12 de julio de 2018-; que a su turno señala que, los documentos firmados digitalmente deben ser aceptados por todas las instituciones públicas bajo responsabilidad por la función pública”; en consecuencia, dicho mecanismo de validación tiene la misma fuerza legal que la firma autógrafa, conforme a la normativa vigente en materia de documentos electrónicos y firma digital.

En ese contexto, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se determina que todo trámite administrativo o judicial en el que se evidencie una demora indebida para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad, dará lugar a la activación de la acción de libertad por pronto despacho. Esta acción tiene como finalidad restituir el valor de la libertad, garantizar el principio de celeridad procesal y asegurar el respeto a los derechos fundamentales, impulsando así la resolución de procesos que se encuentren estancados por prácticas dilatorias. Por consiguiente, se evidencia que el Juez demandado lesionó el principio de celeridad como elemento del debido proceso vinculado al derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por no haber efectivizado en tiempo oportuno su situación jurídica, conforme señala el art. 132.1 del CPP, es decir dentro de veinticuatro horas, estableciéndose que su responsabilidad recae en la dilación injustificada de librar mandamiento de libertad en el plazo dispuesto por la norma procesal; por lo que, corresponde conceder la tutela, a fin de procurar la debida celeridad en la tramitación de dicha petición.

Finalmente, respecto a la solicitud referida a la presunta responsabilidad civil y penal, así como a la remisión de antecedentes ante el Juez disciplinario y el Consejo de la Magistratura, no corresponde realizar un pronunciamiento de fondo; toda vez que, el accionante no ha expuesto en su demanda de manera clara y concreta la forma en que habría sido afectado, ni ha demostrado la existencia de algún daño ocasionado por la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada en este extremo al respecto.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02 de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 38 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a lo desarrollado en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0758_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0e9afb7ae66723ed0372b67e1fff34a9cb8dc9eb79e89033a26c553678c3ea8e

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