Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de julio de 2023
Deniega la tutela
La parte accionante alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la legalidad toda vez que la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, después de haber sido citada con la demanda ordinaria de prescripción de obligación, planteada por Jorge Alberto Suárez Zambrano, mediante comisión instruida y a pesar de haber presentado respuesta oponiendo excepciones y reconviniendo, señalando domicilio procesal así como los correos electrónicos para su notificación con posteriores actuaciones procesales, todas las notificaciones que sucedieron con el señalamiento de audiencia preliminar, suspensiones, nuevas audiencias, sentencia, ejecutoria, regulación de honorarios profesionales y otros, se realizaron en Secretaría del Juzgado, mediante cédula, omitiendo hacerlo en el domicilio procesal así como los referidos correos electrónicos, colocando a la entidad a la cual representa en completa indefensión, siendo sorprendida con la retención de fondos en sus cuentas. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 79 a 82 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0757/2023-S1 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 43614-2021-88-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 120/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 79 a 82 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Manuel Viamont Márquez, Gerente General en representación legal de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público contra Roger Roca Abrego, Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni.
Mediante memorial presentado el 24 de septiembre de 2021, cursante de fs. 47 a 50 y escrito de subsanación de 30 del citado mes y año, cursante a fs. 54, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que el 7 de enero de 2020, la institución a la cual representa, fue demandada en la vía ordinaria civil de prescripción de obligación, planteada por Jorge Alberto Suárez Zambrano, causa que fue radicada en el Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni, cuya citación con la demanda fue realizada mediante comisión instruida el 31 de enero de 2020, iniciando conforme a procedimiento, el plazo para la contestación, planteamiento de excepciones o reconvención, tal como prevé el art. 126 del Código procesal Civil (CPC); es así que el 28 de febrero del citado año, mencionan que mediante memorial interponen excepciones y reconviene, señalando de forma específica en el otrosí tercero, su domicilio procesal ubicado en la “Av. Cipriano Barace No 30”(sic) de Trinidad, además de indicar el medio de comunicación digital debidamente acreditado de los Correos Electrónicos Ivelasquez@mutualidad.org.bo y pmorales@mutualidad.org.bo. A partir de ese actuado, se fueron cometiendo de forma reiterada diligencias de notificación lesionando sus derechos y garantías constitucionales, como la realizada con el memorial de “20 de julio”(sic) y decreto de 7 de agosto de 2020, que debieron ser diligenciados en el domicilio procesal o correo electrónico a fin de no causar indefensión. Del mismo modo, se notificaron en Secretaría el Auto de 17 de septiembre y el Auto de 26 de octubre del citado año 2020, éste último de señalamiento de audiencia preliminar que debió notificarse en el domicilio procesal a fin de no causar indefensión; sin embargo, tampoco se notificaron en su domicilio señalado con las sucesivas suspensiones de audiencia preliminar ni con los nuevos señalamientos; lo propio ocurrió con la Sentencia de 26 de enero de 2021 que debió ser notificada en su domicilio procesal o por medio de correo electrónico. Otros actuados, como el Auto que declaró la ejecutoria de la sentencia, el memorial y la resolución de regulación de honorarios profesionales de 12 de abril, de 7 y 14 de mayo del citado año tampoco fueron debidamente notificados, causándole indefensión. Finalmente, el 29 de julio de 2021 la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público a la cual representa, se vio sorprendida por la retención de fondos de sus cuentas bancarias, sin antes haber sido debidamente notificada.
La parte peticionante de tutela alega la lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la legalidad; citando al efecto, los arts. 117.I, 119.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se declaren nulos los actuados procesales defectuosos, hasta el vicio más antiguo, además se ordene a la ASFI deje sin efecto la retención de fondos que pesa sobre las cuentas de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En la audiencia de acción de amparo constitucional, celebrada el 19 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 78 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante por intermedio de su abogada ratificó el tenor íntegro del memorial de la acción de amparo constitucional, efectuando las siguientes precisiones después de escuchar el informe de la autoridad demandada: a) Se efectuó la notificación mediante comisión instruida en el departamento de Cochabamba, porque la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público tiene constituido su domicilio en dicho departamento, conforme dispone el art. 2 del Estatuto de la entidad, por lo que respondieron reconviniendo a la demandada, señalando domicilio en la avenida Cipriano Barace 30 de Trinidad, además de señalar los correos electrónicos institucionales; b) Según el informe emitido por el Oficial de Diligencias, el 27 de noviembre de 2020, se habrían realizado las notificaciones en el domicilio procesal mediante cédula y con un testigo de actuación; quien también participó en otras dos o tres notificaciones, cuya identidad se desconoce; c) El acuerdo de Sala Plena 43/2018 en su art. 2 dispone con relación al Reglamento de Notificaciones Electrónicas que tendrá aplicabilidad para todos los litigantes que soliciten voluntariamente ser notificados por ese medio alternativo de comunicación, para lo cual no es obligatorio el registro en el sistema Hermes, motivo por el cual señalaron dos correos electrónicos de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, dado que durante la pandemia fue muy complicado ir hasta el Juzgado para efectuar el respectivo seguimiento; c) El Juez al percatarse que la Mutualidad no estaría respondiendo ningún apercibimiento durante el proceso, dispuso que el Oficial de Diligencias eleve un informe, quien señaló que se estarían realizando las debidas notificaciones a la parte demandada Mutualidad; d) La Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, no pretende sanear el proceso a través de la presente acción, sino lo que busca es que se establezca la vulneración de sus derechos fundamentales, que se produjo durante la tramitación del proceso y la nulidad pretendida es porque existen defectos en los actuados procesales que afectan a su derecho a la defensa, dado el estado de indefensión en el que fue colocada la Mutualidad; y, e) Respecto a la retención de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos 00/100) de las cuentas de la Mutualidad, que se indicó en el informe de la autoridad demandada, en sus diferentes cuentas, se tiene que dicha retención fue efectuada en dos diferentes cuentas, acumulándose el monto de Bs10 000.-(diez mil bolivianos 00/100), del Banco Nacional de Bolivia Bs5 000.-(cinco mil bolivianos) y de La Promotora Bs5 000.- lo que constituye una grave violación al debido proceso.
Roger Roca Abrego, Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni, a través del memorial presentado el 6 de octubre de 2021, cursante de fs. 63 a 65 vta., señaló lo siguiente: 1) Jorge Alberto Suárez Zambrano presentó demanda ordinaria de prescripción de obligación, emergente del contrato de préstamo de dinero de 5 de marzo de 2009 y por consiguiente la extinción de la misma, dirigida contra la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, que fue admitida mediante Auto de 14 de enero de 2020, citándose a la entidad demandada mediante comisión citatoria, es así que Oscar Manuel Viamont Márquez, se apersonó en representación de la Mutualidad, interponiendo excepciones y demanda reconvencional, siendo corridas en traslado al demandante; 2) De acuerdo a lo previsto en los arts. 363.VI y 365 del Código Procesal Civil (CPC), se convocó de oficio a audiencia preliminar para el 17 de noviembre de 2020, audiencia que se suspendió por inasistencia de la parte demandada y reconvencionista, por lo que en aplicación del art. 365.2 de la citada norma procesal civil se otorgó el plazo de tres días para justificar la inasistencia, señalando una nueva audiencia para el 17 de diciembre de 2020; 3) Efectuados los trámites pertinentes a través de la sentencia de 26 de enero de 2021 se declaró probada la demanda; 4) En las diligencias acusadas de vulneradoras, se puede evidenciar que las mismas fueron realizadas en estricto apego a la norma procedimental prevista en el art. 82 del CPC, efectuándose la notificación con el nuevo señalamiento de la audiencia preliminar en el domicilio procesal señalado por la parte accionante, en presencia de un testigo de actuación debidamente identificado para que no quede duda sobre su realización; sin embargo, no asistió ningún representante de la entidad demandada, ni tampoco se apersonó en el proceso para asumir defensa, por lo requirió al Oficial de Diligencias que informe respecto a los motivos por los cuales no se realizaron las notificaciones mediante los correos electrónicos señalados, quien señaló que no se efectuó por ese medio porque dichos correos no están registrados en el sistema HERMES, por lo que se puede concluir que la parte peticionante de tutela maliciosamente pretende hacer creer que no se notificó correctamente en el proceso; 5) Sobre la nulidad solicitada, conforme a lo dispuesto por el art. 105.I del CPC, para la nulidad de actos procesales son requisitos indispensables la especificidad y trascendencia de la nulidad, dado que ningún acto será declarado nulo, si la nulidad no estuviera expresamente determinada por la Ley, y que el acto podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y será válido aunque sea irregular si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión; asimismo, tal como establece el art. 106.II de la citada norma procesal civil, la nulidad podrá declararse de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando no fue la causante de causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión; empero la parte accionante pretende se anulen obrados cuando fue debidamente citada conforme a procedimiento, siendo la desidia y abandono del proceso atribuible a sus representantes, que en su oportunidad y en las etapas pertinentes no opusieron defensa ni efectuaron aportes probatorios para hacer valer en su momento, dejando operar la preclusión; 6) Corresponde aplicar el principio de subsidiariedad porque la entidad accionante no obstante su legal notificación con la sentencia no hizo uso del recurso de apelación, permitiendo su ejecutoria, por lo que al no haber activado los mecanismos intra procesales en la jurisdicción ordinaria, no puede suplir con la interposición de acciones tutelares en el ámbito constitucional; y, 7) Respecto al congelamiento de cuentas alegado por la parte impetrante de tutela no es evidente, toda vez que solo se dispuso la retención de cuentas por Bs5 000.- (cinco mil bolivianos 00/100)a efectos de la cancelación de los honorarios profesionales reclamados por la parte victoriosa.
Jorge Alberto Suárez Zambrano, tercero interesado se adhirió al informe de la autoridad demandada, ratificándose en todos los puntos informados.
La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, a través de la Resolución 120/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 79 a 82 vta., denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La norma es clara al indicar que los actuados procesales en todas las instancias deberán ser comunicadas a las partes a través de notificaciones en la Secretaría del Juzgado o Tribunal, salvo excepciones previstas por Ley, resultando que las notificaciones cuestionadas, cuya nulidad se pretende, no pueden tildarse de ilegales, resultando que la actuación de la autoridad demandada se circunscribió al contenido de los arts. 82 y 84 del CPC, que regulan las comunicaciones a las partes con las actuaciones procesales, por lo que la nulidad solicitada por el impetrante de tutela, no tiene sustento a partir del marco normativo mencionado dado que la notificación practicada en Secretaría del Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni no vulneró los derechos alegados por la parte accionante; y, ii) Con relación a la supuesta vulneración del derecho a la defensa de la parte peticionante de tutela, por cuanto las notificaciones cuestionadas emergen de la tramitación del proceso en el cual presentó excepciones y reconvención, correspondía a la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público efectuar el correspondiente seguimiento de la causa, tomando en cuenta que los plazos legales establecidos en la normativa adjetiva civil para la admisión y tramitación de la demanda para evitar las notificaciones automáticas establecida en el régimen de notificaciones del Código Procesal Civil le cause algún perjuicio como consecuencia de su propia pasividad al dejar transcurrir el tiempo desde la presentación de sus excepciones y reconvención hasta la emisión de la Sentencia y su ejecutoria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ordinario de prescripción seguido por Jorge Alberto Suárez Zambrano contra la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, el mencionado demandante mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2020, contestó la excepción de incompetencia en razón de territorio y a la reconvención de cobro total de la deuda planteados por la entidad demandada, oponiendo la excepción de prescripción; disponiendo el Juez de la causa traslado por decreto de 7 del citado mes y año y por Auto de 17 de septiembre de igual año, convocó a la audiencia preliminar señalada para el 19 de octubre del citado año, cuya notificación a la entidad demandada se realizó mediante cédula fijada en Secretaría del Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni, el 1 de octubre de 2020 (fs. 19 a 25). II.2. Mediante Auto de 26 de octubre de 2020, el Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni, señaló de oficio audiencia preliminar para el 17 de noviembre de 2020, cuya notificación a la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público se realizó mediante cédula en la Secretaría del despacho el 29 del citado mes y año; audiencia que fue suspendida según el Acta de suspensión de audiencia preliminar de 17 de noviembre, por inasistencia de los representantes legales de la entidad demandada, disponiendo que en el plazo de tres días se presente justificativos por la inconcurrencia, a cuyo efecto dispuso la notificación se realice en el domicilio procesal el 20 de noviembre del citado año (fs. 26 a 29). II.3. Según el informe de 27 de noviembre de 2020 emitido por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni, dirigido al Juez de la causa, las notificaciones electrónicas a los abogados de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público no pudieron concretarse por cuanto los correos electrónicos indicados por los indicados abogados, no fueron registrados en el Tribunal Departamental de Justicia del Beni en las oficinas de servicios judiciales (fs. 30). II.4. Por Auto de 7 de diciembre de 2020, el Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni convocó a audiencia preliminar para el 17 de ese mes y año, siendo notificado el representante legal de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público mediante cédula fijada en Secretaría del Juzgado; audiencia preliminar que debido a la inconcurrencia del representante de la mencionada entidad demandada, se dispuso declarar por desistida la demanda reconvencional así como las excepciones opuestas por la Mutualidad, siendo notificada mediante cédula fijada en Secretaría del Juzgado el 25 de enero de 2021 (fs. 31 a 37). II.5. El 26 de enero de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad pronunció la Sentencia 05/2021 declarando probada la demanda de prescripción interpuesta por Jorge Alberto Suárez Zambrano contra la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público y en consecuencia extinguida la obligación emergente del contrato de 5 de marzo de 2009, con costas y costos; cuya notificación a la entidad demandada se produjo mediante cédula en Secretaría del Juzgado el 27 del citado mes y año; siendo declarada ejecutoriada mediante Auto de 12 de abril de igual año, al no haber recurso de impugnación alguno que hubieran interpuesto las partes (fs. 38 a 43).
II.6. Mediante Auto de 14 de mayo de 2021 se resolvió la solicitud de aprobación de tasación de costos y honorarios profesionales, regulándose honorarios profesionales en favor del abogado del demandante Jorge Alberto Suárez Zambrano el monto de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos 00/100), siendo notificado el representante legal de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público mediante cédula fijada en Secretaría el 17 del mismo mes y año (fs. 44 a 45).
La parte accionante alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la legalidad toda vez que la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, después de haber sido citada con la demanda ordinaria de prescripción de obligación, planteada por Jorge Alberto Suárez Zambrano, mediante comisión instruida y a pesar de haber presentado respuesta oponiendo excepciones y reconviniendo, señalando domicilio procesal así como los correos electrónicos para su notificación con posteriores actuaciones procesales, todas las notificaciones que sucedieron con el señalamiento de audiencia preliminar, suspensiones, nuevas audiencias, sentencia, ejecutoria, regulación de honorarios profesionales y otros, se realizaron en Secretaría del Juzgado, mediante cédula, omitiendo hacerlo en el domicilio procesal así como los referidos correos electrónicos, colocando a la entidad a la cual representa en completa indefensión, siendo sorprendida con la retención de fondos en sus cuentas. Consecuentemente, solicitó se conceda tutela y se declaren nulos los actuados procesales defectuosos, hasta el vicio más antiguo, además se ordene a la ASFI deje sin efecto la retención de fondos que pesa sobre sus cuentas. Corresponde en revisión, con carácter previo al análisis de la problemática planteada, verificar si se cumplieron con los requisitos de admisibilidad de la acción tutelar y de ser así, establecer si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; y b) Análisis del caso concreto.
El presente entendimiento fue asumido en la SCP 0049/2019-S2 de 1 de abril de 2019 entre otras, asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía.
2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.
El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:
…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas).
El principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada dentro del proceso judicial o administrativo, tal como lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo; empero, no se trata simplemente de un agotamiento formal; sino, se hace imprescindible el hecho de reclamar el supuesto acto lesivo que cause agravio a los derechos del accionante; en este sentido, la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1, señala que:
…el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre).
Dicho entendimiento fue confirmado en la SCP 0870/2013 de 20 de junio, que en su Fundamento Jurídico III.2, refiere:
…En sede administrativa, el procesado o administrado, según sea el caso, deberá acudir con carácter previo a la activación de la jurisdicción constitucional a la autoridad o persona que lesionó su derecho y en segundo término ante la instancia que pueda corregir la distorsión generada, a efectos de procurar la reparación de la lesión, indicando expresamente las supuestas transgresiones sucedidas. En consecuencia no se podrá reclamar vía acción de amparo constitucional, aspectos no reclamados en instancias ordinaria o administrativas previas.
En suma, en mérito al principio de subsidiariedad, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria o administrativa, oportunamente en cada instancia, no pueden ser analizadas a través de la acción de amparo constitucional; dado que, les corresponde a los jueces y tribunales ordinarios y a las autoridades administrativas, reparar los derechos y 1El FJ III. 1, señala: “…la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de subsidiariedad del amparo, entendido “...como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional” (SSCC 374/2002-R y 489/2002-R, entre otras).
En ese sentido, la persona que se considere agraviada, antes de acudir a esta acción extraordinaria, debe agotar todos los recursos ordinarios que le franquea la ley; dado que no le corresponde a la justicia constitucional pronunciarse sobre aspectos que deben ser reparados en las vías ordinarias, judiciales o administrativas, previstas en el ordenamiento jurídico, ya que el ámbito de protección que brinda la jurisdicción constitucional está referido a los casos en que agotadas esas instancias, no se ha logrado la reparación de las garantías y derechos lesionados.
Ahora bien, el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todas aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre)”. 2El FJ III.2, indica: “La acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta en tanto no existiese otro recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. El art. 129.I de la CPE, establece que la acción de amparo se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, entendiéndose que no puede ser empleada como un medio adicional de protección, debiendo el accionante acudir a cuanto recurso le franquee la ley para hacer valer sus derechos. En sede administrativa, el procesado o administrado, según sea el caso, deberá acudir con carácter previo a la activación de la jurisdicción constitucional a la autoridad o persona que lesionó su derecho y en segundo término ante la instancia que pueda corregir la distorsión generada, a efectos de procurar la reparación de la lesión, indicando expresamente las supuestas transgresiones sucedidas. En consecuencia no se podrá reclamar vía acción de amparo constitucional, aspectos no reclamados en instancias ordinaria o administrativas previas”.
garantías constitucionales presuntamente lesionados, en el mismo proceso judicial o administrativo a su cargo.
En el caso de análisis, la parte accionante alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la legalidad, argumentando que la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público a la cual representa, luego de su citación mediante comisión instruida con la demanda ordinaria de prescripción de obligación planteada por Jorge Alberto Suárez Zambrano y de la respuesta que presentó oponiendo excepciones y reconviniendo, en la cual señaló su domicilio procesal así como los correos electrónicos para ser notificada con las posteriores actuaciones procesales, en lugar de ser notificada con los posteriores actuados que sucedieron en su domicilio procesal o en a través de los correos electrónicos señalados, las notificaciones se practicaron mediante cédula en Secretaría del Juzgado, lo cual le impidió tomar conocimiento del señalamiento de la audiencia preliminar, de las suspensiones y nuevos señalamientos, de la sentencia, de su ejecutoria así como de la regulación de honorarios profesionales, siendo sorprendida con la retención de fondos en sus cuentas bancarias, lo cual colocó a la entidad en completo estado de indefensión, por lo que solicitó tutela y se determine declarar la nulidad de dichos actuados procesales como consecuencia de la defectuosa notificación, hasta el vicio más antiguo, además se ordene a la ASFI dejar sin efecto la retención de fondos que pesa sobre sus cuentas. De los antecedentes que cursan en el expediente remitido en revisión se tiene que dentro del proceso ordinario de prescripción seguido por Jorge Alberto Suárez Zambrano contra la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, el mencionado demandante, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2020, contestó la excepción de incompetencia en razón de territorio y a la reconvención de cobro total de la deuda planteados por la entidad demandada, oponiendo la excepción de prescripción, que mereció el decreto de 7 del citado mes y año y por Auto de 17 de septiembre de igual año, por el cual el Juez de la causa convocó a la audiencia preliminar señalada para el 19 de octubre del citado año, cuya notificación a la entidad demandada se realizó mediante cédula fijada en Secretaría del Juzgado el 1 de octubre de 2020; audiencia que al no haberse llevado a cabo, de oficio por Auto de 26 de octubre de 2020, fue señalada nueva audiencia preliminar para el 17 de noviembre de 2020, con el cual se notificó a la entidad demandada mediante cédula fijada en la Secretaría del despacho judicial el 29 del citado mes y año; acto procesal que tampoco se celebró según señala el Acta de suspensión por inasistencia de los representantes legales de la entidad demandada, por lo que en esa oportunidad el Juez dispuso que en el plazo de tres días la entidad demandada presente justificativos de su inconcurrencia, disponiendo que se notifique a la Mutualidad del Poder Judicial en el domicilio procesal señalado, produciéndose dicha notificación el 20 de noviembre del citado año mediante cédula fijada en el domicilio procesal señalado. Asimismo, se tiene el informe de 27 de noviembre de 2020 emitido por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni, dirigido al Juez de la causa, mediante el cual indicó que las notificaciones electrónicas a los abogados de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público no pudieron concretarse por cuanto los correos electrónicos indicados por los indicados abogados, no fueron registrados en el Tribunal Departamental de Justicia del Beni en las oficinas de servicios judiciales. Posteriormente, mediante Auto de 7 de diciembre de 2020, el Juez de la causa convocó a las partes a la audiencia preliminar señalada para el 17 de ese mes y año, siendo notificada la parte accionante el 11 de diciembre a través de cédula fijada en Secretaría del Juzgado; audiencia preliminar que se llevó a cabo en ausencia de la entidad demandada, disponiéndose declarar por desistida la demanda reconvencional así como las excepciones opuestas por la Mutualidad, siendo notificada mediante cédula fijada en Secretaría del Juzgado el 25 de enero de 2021. Finalmente, el 26 de enero de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Sexto de Trinidad del departamento del Beni pronunció la Sentencia 05/2021 declarando probada la demanda de prescripción interpuesta por Jorge Alberto Suárez Zambrano contra la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público y en consecuencia extinguida la obligación emergente del contrato de 5 de marzo de 2009, con costas y costos; cuya notificación a la entidad demandada se produjo mediante cédula en Secretaría del Juzgado el 27 del citado mes y año; siendo declarada ejecutoriada mediante Auto de 12 de abril de igual año, al no haber recurso de impugnación alguno que hubieran interpuesto las partes, emitiéndose luego, el Auto de 14 de mayo del citado año, por el cual se resolvió la solicitud de aprobación de tasación de costos y honorarios profesionales, regulándose honorarios profesionales en favor del abogado del demandante Jorge Alberto Suárez Zambrano en la suma de Bs.5 000.- (cinco mil bolivianos 00/100), siendo notificado el representante legal de la Mutualidad del Poder Judicial y del Ministerio Público mediante cédula fijada en Secretaría el 17 del mismo mes y año.
El planteamiento de la problemática de la presente acción de defensa se centra en la forma indebida en la que se hubieran practicado las notificaciones dentro del proceso ordinario de prescripción de obligación seguido en contra la entidad accionante, puesto que se las realizó mediante cédula en Secretaría de Juzgado y no así en el domicilio procesal establecido para el efecto ni tampoco a través de los correos electrónicos que señalaron a efecto de posteriores notificaciones en el memorial de respuesta, en mérito a lo cual la parte accionante solicitó tutela y que se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; pretensión que debió ser intentada dentro del mismo proceso ordinario de prescripción de obligación en el marco de las disposiciones contenidas en los arts. 105 y siguientes del Código Procesal Civil y de ninguna manera utilizar la acción de amparo constitucional como si fuera un mecanismo alterno o supletorio para lograr la nulidad de las actuaciones procesales desarrolladas en el proceso ordinario. Consiguientemente, la parte peticionante de tutela no observó el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional ni las reglas y subreglas establecidas por la jurisprudencia constitucional sobre su improcedencia, puesto que no procederá la misma cuando: “1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…”. Al no haber hecho uso de los mecanismos legales previstos en el ordenamiento procesal civil para obtener la nulidad de obrados ahora pretendida mediante la acción de defensa remitida en revisión, la parte accionante incurrió en una causal de improcedencia, que impide a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre el fondo de la problemática planteada; aspecto que no fue observado en la etapa de admisibilidad de la acción por la Sala Constitucional, por lo que al haberse llevado a cabo la audiencia y pronunciado una resolución, remitiéndose en revisión a este Tribunal, corresponde denegar la tutela pretendida. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/2021 de 19 de octubre, cursante de fs. 79 a 82 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0757_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): f31ed94a79ead85dc005a5e1e14114103886b0f68153a058f625efe8d6bb47e1
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