Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025
Concede la tutela
Los accionantes, denuncian la lesión de los derechos al debido proceso, defensa e impugnación; toda vez que, a la finalización de la audiencia cautelar donde se les impuso medidas sustitutivas, como detención domiciliaria, interpusieron recurso de apelación incidental; sin embargo, el vocal demandado, declaró inadmisible el recurso y confirmó el Auto apelado, bajo el argumento de que no se interpuso en el acto y oralmente; por lo cual, solicitaron se conceda la tutela; disponiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista 942/2022 de 30 de noviembre, y que el Vocal demandado admita el recurso planteado y sea resuelto en audiencia conforme al art. 251 del CPP. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 62 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 942/2022 de 30 noviembre, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) La autoridad demandada o la que se encuentre a cargo de la Sala Penal referida, señale audiencia para considerar el recurso de apelación interpuesto por los accionantes contra el Auto Interlocutorio 448/2022 - P, salvo que la situación jurídica de los accionantes, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0756/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53541-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por César Oswaldo Rojas Orellana en representación sin mandato de Fernando Fernández Herrera, José Luis Castillo Fernández; y, René Andrés Uría Rojas contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 33 a 35 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, expusieron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento en área minera, mediante Auto Interlocutorio 448/2022 - P de 15 de noviembre, el Juez Público Mixto Civil, y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, determinó su detención domiciliaria. Contra esa decisión, interpusieron recurso de apelación incidental en audiencia conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); el cual luego de su sorteo, llegó a conocimiento del Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora demandado-, quien emitió por Auto de Vista 942/2022 de 30 de noviembre, declaró su inadmisibilidad, bajo el argumento de que el recurso no fue interpuesto en el acto de manera oral, señalando que los accionantes únicamente manifestaron “vamos a interponer recurso de apelación” (sic), lo cual fue considerado un acto futuro que podría o no concretarse.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso, defensa e impugnación, citando al efecto los arts. 115.I, 117.II; y, 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista 942/2022 de 30 de noviembre, disponiendo que el Vocal demandado admita el recurso planteado y que el mismo sea resuelto en audiencia conforme el art. 251 del CPP; sea con pago de costas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 48 a 50, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificaron íntegramente los términos de la acción tutelar y ampliándola señalaron que: a) En audiencia de medidas cautelares se interpuso de forma oral el recurso de apelación incidental, en aplicación de los arts. 250 y 251 del CPP, lo que consta en acta y grabación audiovisual; sin embargo, el Vocal demandado, emitió el Auto de Vista 942/2022, declarando inadmisible el recurso, bajo el argumento de que la expresión utilizada “vamos a interponer recurso de apelación” denotaría un acto futuro e incierto; b) Cada decisión que se adopte respecto a un planteamiento, debe ser resuelta y debe explicarse el valor probatorio e identificación de los medios de manera fundamentada; c) La interpretación realizada por la autoridad judicial es subjetiva, imprecisa y contraria al contenido del acta, en la que no se advierte separación gramatical que permita fraccionar la frase para modificar su sentido; asimismo, recalcan que el Juez a quo dio por interpuesto el recurso; razón por la cual, ordenó su remisión a la autoridad superior correspondiente; y, d) El art. 251 del CPP no otorga atribución al Vocal demandado para declarar inadmisible un recurso sin haberse desarrollado previamente la audiencia de apelación, y menos aún sin brindar a las partes la posibilidad de exponer agravios, presentar prueba o ejercer su derecho a la defensa.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 44 a 47 vta., señaló que: 1) Su decisión se encuentra plenamente fundamentada en hecho, derecho y jurisprudencia, sin que se evidencie vulneración al debido proceso ni al derecho a la libertad o locomoción, dado que el Auto de Vista impugnado contiene debida motivación; 2) La parte accionante hizo una transcripción de antecedentes, artículo y sentencias constitucionales, sin fundamentar algún aspecto de vulneración al debido proceso con relación al Auto cuestionado; 3) Conforme al art. 251 CPP, los recursos contra medidas cautelares deben ser interpuestos de forma oral e inmediata en audiencia; en el caso concreto, los accionantes se limitaron a manifestar la frase “vamos a interponer recurso de apelación”, lo que se interpreta como una declaración de intención futura y no como una interposición formal del recurso, motivo por el cual declaró su inadmisibilidad; 4) Afirmó que los accionantes no solicitaron complementación ni enmienda de la resolución impugnada, ni fundamentaron de manera adecuada la supuesta vulneración constitucional, incumpliendo con el principio de subsidiariedad y sin establecer un nexo causal claro entre la decisión judicial y los derechos presuntamente conculcados; 5) La parte accionante tenía la obligación de solicitar la correspondiente explicación, complementación y enmienda; al no haberlo hecho y, en consecuencia no haber agotado dicha instancia, vulnerando la subsidiariedad pretende vía acción de libertad subsanar su negligencia; 6) El solicitante tenía la obligación de especificar de manera clara y específica en qué consistiría la vulneración alegada, y establecer el nexo causal entre los actos y derechos que considera vulnerados, empero no lo hizo; y, 7) Concluyó señalando que la acción de libertad promovida no cumple con los requisitos de procedencia, toda vez que, la resolución cuestionada fue emitida dentro del marco legal vigente, sin que se advierta afectación alguna a garantías constitucionales.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 62 vta., denegó la tutela solicitada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La parte agraviada ha interpuesto recurso de apelación, señalando “Vamos a interponer recurso de apelación, pidiendo que en el plazo de la norma se remitan actuados, tomando en cuenta que no es necesario la provisión de recaudos, en cambio el cumplimiento sí” (sic), pero no han fundamentado ni identificado en absoluto el agravio, que los arts. 251 y 404 del CPP, exigen que se debe indicar estos extremos, no así que se debe anunciar el recurso; por lo cual, la autoridad accionada no ha vulnerado ningún derecho; ii) La autoridad accionada ha identificado que no existe la identificación de agravios en el momento de haberse interpuesto el recurso de apelación, por ello considera la inadmisibilidad del recurso, el cual debe adecuarse a lo previsto en la norma; iii) La autoridad superior en grado observó que no existe argumentación ni fundamentación del recurso de apelación interpuesto en el juzgado de origen; por lo cual, al no haberse interpuesto oralmente el recurso conforme disponen los arts. 251, 403 del CPP, y 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal creado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, no existe vulneración alguna, toda vez que las actuaciones de la autoridad demandada fueron debidamente motivadas y fundamentadas al disponer la inadmisibilidad de la apelación interpuesta. En vía de aclaración, los accionantes, a través de su representante, solicitaron que: a) Fundara por qué sostuvo que no se había interpuesto el recurso de apelación por falta de identificación de agravios, toda vez que dicha afirmación no constaba ni en la resolución cuestionada ni en el informe del Vocal demandado; b) Bajo qué norma legal se exige la identificación de agravios al momento de interponer oralmente un recurso de apelación ante el Juez que dictó la resolución; y, c) Cuestionó la validez del procedimiento seguido por el Vocal, quien resolvió sobre la admisibilidad del recurso sin convocar a audiencia, por lo que solicitó aclare si existe alguna normativa o jurisprudencia que avale dicho proceder. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el precitado Juez de garantías, respecto al primer punto, aclaró que: 1) La resolución impugnada en la acción de libertad, fundamentó la inadmisibilidad del recurso de apelación en el uso de la expresión “vamos a interponer”, la cual fue interpretada como una manifestación de voluntad futura, carente de certeza procesal; dicha expresión fue valorada como distinta de una interposición efectiva y actual del recurso, razón por la cual la autoridad demandada consideró que no se cumplieron los requisitos exigidos por los arts. 251 y 404 del CPP; al emitir la Resolución que se pidió se aclare, explicó que el recurso debe interponerse de forma inmediata y oral ante la misma autoridad que dictó la resolución, con la debida claridad y precisión en los agravios, aunque sea de manera sucinta; 2) Precisó que, si bien el art. 251 del CPP no exige de forma expresa la identificación de agravios al momento de interponer el recurso oralmente, la interpretación sistemática de los arts. 251 y 404 del CPP permite concluir que debe existir un mínimo de fundamentación; y, 3) La actuación del vocal demandado es válida cuando, se advierte el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, ya que dicha facultad corresponde exclusivamente a la autoridad superior en grado; esta última tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos formales -plazo, forma y contenido- y, en caso de advertir su inobservancia, puede pronunciarse sobre la inadmisibilidad sin necesidad de convocar audiencia, ello en resguardo del principio de celeridad y para evitar dilaciones procesales innecesarias.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Fernando Fernández Herrera, José Luis Castillo Fernández; y, René Andrés Uría Rojas -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento en área minera, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 15 de noviembre de 2022, el Juez Público Mixto Civil, y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 448/2022 - P, dispuso aplicar medidas sustitutivas, como la detención domiciliaria de los accionantes. Concluida la audiencia, la defensa técnica de los impetrantes de tutela, interpuso recurso de apelación incidental (fs. 26 a 28). II.2. Mediante resolución 942/2022 de 30 de noviembre, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hoy demandado, declaró inadmisible el recurso de apelación referido en el acápite II.1, y en consecuencia, confirmó el Auto apelado (fs. 29 a 32).
Los accionantes, denuncian la lesión de los derechos al debido proceso, defensa e impugnación; toda vez que, a la finalización de la audiencia cautelar donde se les impuso medidas sustitutivas, como detención domiciliaria, interpusieron recurso de apelación incidental; sin embargo, el vocal demandado, declaró inadmisible el recurso y confirmó el Auto apelado, bajo el argumento de que no se interpuso en el acto y oralmente; por lo cual, solicitaron se conceda la tutela; disponiendo, dejar sin efecto el Auto de Vista 942/2022 de 30 de noviembre, y que el Vocal demandado admita el recurso planteado y sea resuelto en audiencia conforme al art. 251 del CPP. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La jurisprudencia constitucional pronunciada por este Tribunal ha desarrollado un entendimiento expreso con relación a la apelación incidental de forma oral, entre otras, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, siguiendo lo expresado por su similar 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, manifiesta:
[Acorde] a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos. En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. (Las negrillas nos corresponden).
En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada. [El resaltado es nuestro]. Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [El resaltado es nuestro].).
Los precedentes citados han sido aplicados, entre otras, en la SCP 0097/2025-S3 de 18 de marzo, de esta misma Sala.
Dentro del proceso penal seguido contra los accionantes por la presunta comisión del delito de avasallamiento en área minera, a la finalización de la audiencia cautelar donde se les impuso medidas sustitutivas, como detención domiciliaria, interpusieron recurso de apelación incidental; sin embargo, el vocal demandado, declaró inadmisible el recurso y confirmó el Auto apelado, con el argumento que no se interpuso en el acto y oralmente. Corresponde revisar los antecedentes que hacen a la presente causa; al efecto, se corrobora que, el Juez Público Mixto Civil, y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 15 de noviembre de 2022, mediante Auto Interlocutorio 448/2022 - P, dispuso aplicar medidas sustitutivas, como la detención domiciliaria de los accionantes; consta en este actuado procesal que, al finalizar la audiencia, el abogado de los imputados, expresó que “De acuerdo al art. 250 concordante con el artículo 251, tomando ‘ vamos a interponer recurso de apelación´ pidiendo que, en el plazo de la norma se remita los actuados tomando en cuenta que no es necesario la provisión de recaudos en cambio el cumplimiento sí” (sic), por lo cual, la autoridad jurisdiccional, dispuso correctamente la remisión de antecedentes al tribunal de alzada. El vocal demandado, en instancia de apelación, mediante resolución 942/2022 de 30 de noviembre, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los accionantes, y en consecuencia, confirmó el Auto apelado. En el acápite 4 de esta resolución, señaló que, de la revisión del Auto Interlocutorio de medida cautelar personal, los imputados -ahora accionantes- no interpusieron recurso de apelación en el acto de manera oral, solamente se limitaron a indicar “vamos a interponer recurso de apelación” (sic), advirtiendo que lo expresado en ese sentido, denotaría un acto a futuro sujeto a confirmación, y que la interposición en el acto de un recurso de apelación, es un acto procesal presente y cierto; agregó que, los arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, no reconocen el término señalado por los recurrentes; y concluyó que, al no interponer el recurso de apelación en el acto y oralmente, vulneraría el principio de oralidad previsto en el art. 180 de la CPE. En ese contexto, el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en relación a la interposición del recurso de apelación, señaló que, la simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada; en ese marco, los tribunales de alzada están impelidos a expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones; y, adquieren suficiente competencia para revisar y modificar las resoluciones impugnadas en grado apelación de medidas cautelares, toda vez que el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, posee dicho objeto; es decir, resolver cuestiones referentes a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares. En efecto, el art. 251 del CPP establece la vía recursiva específica contra la resolución judicial que "imponga, rechace o modifique medidas cautelares"; este recurso, aunque denominado incidental, opera bajo un rito procedimental autónomo, caracterizado, no solamente por plazos extremadamente breves y la exigencia de celeridad, justificada por el alto valor del derecho a la libertad personal, sino que, esta autonomía procesal implica que el trámite no se rige por las reglas generales de la apelación incidental contenidas en los arts. 403 y 404 del CPP; el reconocimiento de un procedimiento especializado, de resolver el recurso en audiencia, conlleva la preeminencia del control judicial sobre la situación del imputado respecto de cualquier formalidad procesal; este enfoque prioriza la eficacia del control recursivo inmediato. En ese marco, se evidencia que, el vocal demandado, evidenció los actuados desarrollados en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, y el recurso de apelación interpuesto por los accionantes ante el juez a quo; sin embargo, declaró inadmisible el recurso de apelación porque supuestamente advirtió inobservancia del art. 251 del CPP y del art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, por cuanto no evocaron el planteamiento del recurso en tiempo presente, sino a futuro; decisión que resulta ser arbitraria conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en forma precedente; y constituye un acto de formalismo excesivo. No obstante, en la Conclusión II.1. del presente fallo, se evidencia que el fondo del recurso es claro, pues se refiere a la revisión de la decisión del juez a quo respecto a la imposición de medidas sustitutivas, entre estas la detención domiciliaria. No cabe duda que, la pretensión de apelar el Auto Interlocutorio 448/2022 – P de 15 de noviembre, resulta clara e inequívoca, motivo por el cual corresponde al Vocal demandado resolver el fondo de la apelación deducida, pues la restricción se encontraba directamente vinculada al derecho a la libertad. Se corrobora también, que el entendimiento del demandado, resulta contrario al procedimiento establecido en el CPP para la interposición del recurso de apelación incidental de medidas cautelares, cuando la resolución se dicte en audiencia, como ocurrió en el presente caso, siendo exigible únicamente que el recurso se interponga inmediatamente de forma oral ante la autoridad jurisdiccional que la dictó. El Vocal demandado, al declarar la inadmisibilidad, basado en una errada apreciación sobre la expresión de los accionantes, resulta ser arbitraria, y por ende, denegó la tutela judicial efectiva, e impidió revisar la legalidad de las medidas cautelares personales impuestas; cuando debió centrarse en los hechos, los antecedentes del proceso, y el derecho aplicable, cual es el art. 251 CPP, y dar lugar a la exposición y fundamentación de agravios de los accionantes en el acto de consideración del recurso de apelación; omisión que vulneró además los derechos al debido proceso y defensa, por cuanto al ser incorrecta la decisión de declarar la inadmisibilidad del recurso, le competía instalar la audiencia de consideración del recurso de apelación y resolver en el fondo el mismo, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados precedentemente. La inadmisibilidad dispuesta por el Vocal demandado por formalismo, denota una resistencia a acatar el deber de resolver el fondo, de acuerdo a lo establecido por el art. 251 del CPP, en lugar de eludir su responsabilidad mediante una apreciación errada y ritualista; el uso de rigorismos lingüísticos o formalismos excesivos para declarar la inadmisibilidad de un recurso, cuya intención de impugnar es clara e inequívoca, además vulnera el acceso a la justicia y el derecho a la impugnación, pues el control judicial sobre la situación jurídica del imputado debe prevalecer sobre cualquier formalidad ritualista; en ese contexto, al ser la actuación del demandado inaceptable, más aún cuando era claro y evidente que los accionantes interpusieron el recurso de apelación contra una medida restrictiva de derechos; no siendo válido el fundamento argüido, dado que el mismo resulta arbitrario y contrario a los derechos fundamentales de los accionantes; correspondiendo conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 51 a 62 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 942/2022 de 30 noviembre, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) La autoridad demandada o la que se encuentre a cargo de la Sala Penal referida, señale audiencia para considerar el recurso de apelación interpuesto por los accionantes contra el Auto Interlocutorio 448/2022 - P, salvo que la situación jurídica de los accionantes, por el transcurso del tiempo, se hubiese modificado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia señaló: “[Las] partes deben formular el recurso de apelación de manera
oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada”. La promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, supone un cambio al procedimiento penal orientado entre otras cosas a evitar el retardo procesal y brindar una administración de justicia en los términos consagrados en el art. 115.II del CPP; es decir, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. El art. 1 de la referida disposición legal, señala que: “(Objeto).La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas”. Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0756_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): e1dc2470cc6bd898d03e201a6055b1be176a5afb482434914135e22755964238
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