B.IA.LEGAL

SCP 0756/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 14 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
14 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel hurtado Zamorano
Expediente
52475-2023-105-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia vinculado con la valoración de la prueba, al derecho a la defensa y a los principios de verdad material, favorabilidad, legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, los Magistrados demandados, a tiempo de dictar la Sentencia Agroambiental S2a 11/2022, no valoraron la prueba cursante en el proceso, que demostraría el error esencial en el que incurrió la entidad administrativa con la emisión del Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010, que decantó en la anulación de los antecedentes agrarios 40292 y 11041, bajo el discrecional argumento de que el predio “La Asunta” se encuentra sobrepuesto a la zona F de Colonización, prescindiendo considerar el Informe Técnico TA-G 040/2021, emitido por el Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental y, la línea jurisprudencial dictada por el mismo Tribunal respecto del Decreto Supremo de 25 de abril de 1905, que creó la zona F de colonización y que es de imposible ubicación territorial por no contener datos técnicos que puedan establecer la misma. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 128 de 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 681 vta. a 684 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022 de 28 de abril, y ordenando que los Magistrados hoy demandados emitan una nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruencia, atendiendo en el fondo todos los agravios denunciados en la demanda de nulidad de título ejecutorial, efectuando una adecuada valoración de la prueba presentada en la misma, aplicando el principio de verdad material; y, la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Agroambiental, respecto de la problemática central de una supuesta sobreposición del predio “La Asunta” con la Zona F de Colonización.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. El principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo
  4. III.4. De la demanda de nulidad de título ejecutorial en materia agroambiental
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0756/2023-S4 Sucre, 14 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 52475-2023-105-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 128 de 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 681 vta. a 684 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Fernando Barrientos Sotomayor y Mónica Justiniano Cabrera en representación legal de Carmen Aida Aguilera Suárez contra Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 141 a 155; y el de subsanación de 24 de igual mes y año (fs. 161 a 165 vta.), la accionante a través de sus representantes legales, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como emergencia del proceso de saneamiento del predio “La Asunta”, su persona interpuso ante el Tribunal Agroambiental demanda de nulidad absoluta del Título Ejecutorial PPD-NAL-756838 de 28 de septiembre de 2017, emitido en favor de Ana María Suárez de Aguilera y Carlos Aguilera Perrogón, la que fue admitida mediante Auto de 31 de enero de 2020, decretándose autos para sentencia por proveído de 4 de marzo de 2021, y emitiéndose el decreto de 3 de mayo del indicado año, en el que se señaló sorteo para el 4 de igual mes y año, fecha en la que se realizó el referido acto, teniéndose cuarenta días para pronunciar sentencia, plazo que fue suspendido por Auto de 27 de mayo de 2021, en tanto se cumpla lo requerido al Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental, cuyos resultados son plasmados en el Informe Técnico TA-G 040/2021 de 16 de septiembre, lo que derivó en la emisión del Auto de 22 de octubre de 2021, que dispuso el reinicio del plazo para dictar sentencia. Sin embargo, a solicitud de Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrado relator de la causa, se dictó el Auto de 15 de noviembre de igual año, por el que se concedió el plazo complementario de siete días calendario para emitir la resolución. Así, por decreto de 26 del mes y año indicados, ante la disidencia formulada por el Magistrado Gregorio Aro Rasguido –ahora demandado–, se convocó a conformar Sala a la Magistrada Ángela Sánchez Panozo. No obstante, estar legalmente convocada y haber tomado conocimiento de los antecedentes del proceso y sobrepasado el plazo legal para que emita su criterio, la Magistrada convocada no emitió el mismo. Cumplida la gestión 2021 e iniciado el año 2022, se procedió a la elección del Presidente del Tribunal Agroambiental para esa gestión, siendo elegido para ese cargo Rufo Nivardo Vásquez Mercado, lo que conllevó a la reorganización de las Salas especializadas, quedando conformada la Sala Segunda por los Magistrados Gregorio Aro Rasguido y Ángela Sánchez Panozo, situación que dio lugar a que, se deje sin efecto la convocatoria de ésta última y, efectuar nueva convocatoria a uno de los Magistrados de la Sala Primera para conformar Sala y emitir el fallo correspondiente; sin embargo, violentando el debido proceso y contra toda razón, por Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2022, se dispuso dejar sin efecto el sorteo de 4 de mayo de 2021, incluyendo su señalamiento dispuesto por decreto de 3 de igual mes y año, ordenando se efectúe nuevo sorteo entre los Magistrados que conformaban la Sala Segunda en la gestión 2022, manteniendo subsistentes los demás actuados y/o informes que se hubieren producido con anterioridad a lo dispuesto en el referido Auto de 28 de enero de 2022, en aplicación del principio de causalidad, que no se encuentra reconocido por la Constitución Política del Estado. Auto que pese a ser recurrido vía recurso de reposición, es confirmado por Auto de 3 de marzo de 2022. De lo relacionado, se advirtió la contradicción existente en el Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2022; toda vez que, que dejó subsistente los actuados anteriores al Auto Interlocutorio referido, entre los que se tiene, el Auto de 27 de mayo de 2021, que dispuso la pericia técnica encargada al Departamento Técnico Especializado, cuyos resultados se encuentran plasmados en el Informe Técnico TA-G 040/2021, el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado Rufo Nivardo Vásquez Mercado, la disidencia formulada por el Magistrado Gregorio Aro Rasguido y el decreto de 26 de noviembre de 2021, por el que se convocó a la Magistrada Ángela Sánchez Panozo para conformar Sala, de donde se evidenció que, al mantenerse inmutables el proyecto de sentencia del Magistrado Relator y la disidencia formulada por el Magistrado que revisó el mismo, no correspondía nuevo sorteo, ya que, solo faltaba el pronunciamiento de la Magistrada convocada, empero, al haberse obrado de manera contraria, conllevó a que en el caso se tengan dos proyectos de sentencia efectuados por dos Magistrados Relatores (Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Ángela Sánchez Panozo) y dos pronunciamientos respecto a estos proyectos por parte de Gregorio Aro Rasguido, uno en disidencia y otro en acuerdo al proyecto, dejando pendiente el pronunciamiento de la Magistrada Ángela Sánchez Panozo, entonces convocada para conformar sala. De manera posterior se emitió la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 11/2022 de 28 de abril, declarando improbada la demanda y en consecuencia firme y subsistente el Título Ejecutorial PPD-NAL-756838; dicho fallo agroambiental, haciendo mención al error esencial, luego de enfocar su visión en la falta de aprobación del Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010 de 24 de septiembre, señaló que solo se denunció la inexistencia de resolución administrativa de aprobación del informe referido, que recomendó cambio de calidad de “propietario” a “poseedor” del beneficiario del predio “La Asunta” y la reducción de la superficie a ser reconocida de "2558.1976 ha a 500 ha, afirmándose que esa sería la única situación de fondo que se hubiera denunciado, habiendo concluido sin fundamento ni motivación, que no se explicó cómo es que se habría generado “error esencial” al momento de la emisión del Título Ejecutorial; ni demostrado y menos explicado, a criterio de los demandados, cómo es que el Informe Técnico Legal configuraría un elemento determinante, reconocible y constatable por actos que cursen en la carpeta de saneamiento, trayendo a colación el memorial de 14 de marzo de 2011, por el que a decir de las autoridades demandadas, se habría apersonado la co beneficiaria Ana María Suárez Céspedes, sin realizar observación alguna y menos haberse opuesto al contenido del Informe cuestionado; sin advertir que el escrito citado, resultaba ser una solicitud de copias que realizó la prenombrada, no siendo la parte demandante en el proceso de origen, refiriéndose además, a la demanda contenciosa administrativa incoada por Ana María Suarez Céspedes ante el Tribunal Agroambiental –Exp. 3079-DCA-2011– que concluyó de manera extraordinaria con un auto interlocutorio definitivo que la dio por no presentada. Continua la Sentencia indicando que llamaba la atención que ni la ex esposa, co beneficiaria Ana María Suarez Céspedes ni su persona como hija del causante, pese a los derechos adquiridos y reconocidos mediante declaratoria de herederos de 15 de noviembre de 2006, no pusieron en conocimiento de la autoridad administrativa de manera formal y oportuna la misma, incumpliendo el deber de comunicar tal situación, lo que a decir de dichas autoridades, significaría que habrían ocasionado su propia indefensión, sin llegar a ninguna conclusión y menos dar respuesta fundamentada y motivada sobre la existencia o no de la causal de nulidad de error esencial que afectaría al Título Ejecutorial objeto de la demanda; conforme a lo prescrito en el art. 50.I.1 inc. a) de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) –Ley 1715 de 18 de octubre de 1996–.

El Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010, como antecedente inmediato de la Resolución Final de Saneamiento, que dio lugar al Título Ejecutorial impugnado, ha vulnerado los derechos fundamentales y garantías constitucionalesde los beneficiarios del predio “La Asunta” y por ende de su persona, como heredera de Carlos Aguilera Perrogón, toda vez que, se sugirió anular los procesos de dotación agraria 11041 y 40292 (otorgados por el Consejo Nacional de Reforma Agraria) bajo el ilegal, discrecional y falaz argumento de que se encuentran sobrepuestos a la zona F de colonización, informe técnico ilegal emitido a sabiendas que el Decreto Supremo “(DS) SIA-216 de 25 de abril de 1905”, que creó la zona F de colonización, es de imposible ubicación por no contener datos técnicos que puedan establecer su ubicación territorial, además se evidenció que dicho Decreto quedó sin efecto, al haberse promulgado el Decreto Ley (DL) 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956, concordante con la Ley de 6 de noviembre de 1958, que otorgó facultades al Servicio Nacional de Reforma Agraria para dotar todas las tierras que se encuentren bajo dominio del Estado. En tal circunstancia, el INRA realizó una falsa apreciación de la realidad al emplear una norma que no se encuentra vigente y cuya aplicación es imposible debido a que no se puede establecer territorialmente sus límites y colindancias; siendo ese error determinante para que el INRA tome la decisión de anular los antecedentes agrarios del predio y se emita en consecuencia la Resolución Final de Saneamiento y Titulo Ejecutorial cercenando el derecho propietario de su persona. A su vez, el informe cuestionado no ha cumplió con las previsiones contenidas en el art. 266 o la Disposición Transitoria Primera del DS 29215 de 2 de agosto de 2007 –Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria, Ley 35465 de 28 de noviembre de 2006–, que regulan los mecanismos de control de calidad, supervisión y seguimiento de los procedimientos de saneamiento y sus efectos; toda vez que, al supuestamente identificarse errores de fondo en el Informe de Evaluación Técnico Jurídico DD-DrS-SC 365/2004 de 14 de febrero de 2005, correspondía la anulación de obrados, mediante una Resolución Administrativa y conforme a procedimiento posteriormente poner en conocimiento de las partes los resultados preliminares, plasmados en el "Informe de Cierre", para su aceptación u observación. Sin embargo, se procedió a modificar resultados previamente puestos en conocimiento de los administrados y debidamente aprobados por la autoridad competente que era el Director Departamental del INRA Santa Cruz, sin poner en conocimiento de los administrados el Informe objetado, que evidentemente ni siquiera fue aprobado por el Director Nacional del INRA para surtir los efectos legales correspondientes, impidiendo que puedan asumir defensa en sede administrativa, lo que sí ocurrió en el caso de Ana María Suarez de Aguilera que, una vez obtenidas las fotocopias del proceso y conociendo la Resolución Final de Saneamiento que le fuera notificada posteriormente a la presentación del memorial referido por los hoy demandados, es que se vio obligada a recurrir en proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental, el que lamentablemente por razones que desconoce dejó que fuera concluido de manera extraordinaria, no llegándose a resolver el mismo en el fondo. Las observaciones y el análisis efectuado respecto al Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010, no se circunscriben a cuestiones de mero trámite o sin relevancia, como pretenden mostrar en su apreciación las autoridades ahora demandadas, sino que al constituirse como el antecedente inmediato de la Resolución Final de Saneamiento, base para la emisión del Título Ejecutorial PPD-NAL-756838, es el actuado en el que se identificó el "error esencial" que vicia la voluntad de la administración y que se constituye en el vicio de nulidad absoluta que afecta al Título Ejecutorial impugnado, efectuándose una valoración incorrecta de las pruebas aportadas, especialmente con referencia a la supuesta nulidad absoluta por "falta de jurisdicción y competencia" (art. 321-I inc. a) del DS 29215, respecto de la supuesta sobreposición al área F de colonización, que deviene en el desconocimiento de los antecedentes de derecho de propiedad que asisten a los beneficiarios del predio “La Asunta”.

El Tribunal Agroambiental en sus reiterados fallos, señaló que era ilógico pretender desacreditar antecedentes agrarios arguyendo una supuesta sobreposición a una zona de colonización, que no fue definida claramente ni considerada por el ex Concejo Nacional de Reforma Agraria, concluyendo que éste último gozaba de jurisdicción y competencia absoluta dentro de aquellas zonas de colonización, declarando además probadas las demandas de los beneficiarios afectados con la aplicación de estas zonas, en consideración a dos razonamientos, el primero de orden técnico que establece que no es posible identificar las zonas de colonización y la segunda sobre la vigencia del DS SIA-216, que se encuentra derogada por efecto de la Ley de la Reforma Agraria (art. 176), instruyéndose a todos los funcionarios dependientes de las Direcciones Generales y Direcciones Departamentales del INRA, la determinación de la inaplicabilidad del citado Decreto, aspecto técnico que ha sido ratificado mediante el Informe Técnico TA-G 040/2021 de 16 de septiembre, elaborado en cumplimiento a lo dispuesto por Auto de 27 de mayo de 2021, que concluyó que el Departamento Técnico Especializado de ese Tribunal, se veía imposibilitado de establecer territorialmente y con precisión la zona F, La Central del Decreto de 25 de abril de 1905, por lo mismo imposibilitado de determinar si los expedientes agrarios 40292 “San Miguel” y 11041 “La Asunta”, se sobreponen o no a la Zona F; lo que en el fondo afecta el derecho de los beneficiarios del predio “La Asunta” ya que, lo referido representa la obligación de reconocer toda la superficie con cumplimiento de la Función Económico Social (FES) por disposición de lo previsto en los arts. 393 y 397.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE), de ahí la importancia y relevancia de analizar el Informe Técnico Legal INF. DGS -TCO'S SC 0225/2010, que se constituye el instrumento determinante y reconocible en el que se destruyó la voluntad del administrador, como se lo tiene desglosado líneas supra.

En suma, las autoridades ahora demandadas de forma totalmente arbitraria, errónea y discrecional afirmaron que no concurre la causal de nulidad por error esencial, sin analizar si el acto administrativo que establece la sobreposición del predio con la zona F de colonización y que anula los antecedentes agrarios del predio “La Asunta” es o no un error esencial. De igual forma, se tiene que en la Sentencia confutada se sostuvo que las denuncias de la demanda de nulidad de título jamás fueron reclamadas durante la sustanciación del proceso de saneamiento, sino hasta la presentación de la demanda, advirtiendo además que el análisis y el control de legalidad sobre tales aspectos corresponde a una demanda contenciosa administrativa y no así a una demanda de nulidad de título ejecutorial; al respecto, el art. 144.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que el Tribunal Agroambiental es competente para conocer las causas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieren servido de base para la emisión de los mismos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia vinculado con la valoración de la prueba, al derecho a la defensa y a los principios de verdad material, favorabilidad, legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 393 y 397 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, de disponga: a) Dejar sin efecto en todas sus partes la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022, prenunciada por los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental; b) Dejar sin efecto los puntos 1 y 2 del Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2022, respecto a "dejar sin efecto el señalamiento de sorteo y el acto propiamente llevado a cabo el 4 de mayo de 2021”, disponiendo se proceda a realizar prioritariamente y sin espera de turno, nuevo sorteo del presente expediente entre los actuales Magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, dejando firme y subsistente lo dispuesto en el punto 3 del citado Auto Interlocutorio, debiendo convocar al Magistrado de Sala Primera en orden de turno para conformar Sala, a fin de emitirse el fallo correspondiente, considerando el proyecto de sentencia emitido por Rufo Nivardo Vásquez Mercado y el voto disidente dictado por Gregorio Aro Rasguido; y, c) Se disponga se dicte nueva sentencia restituyendo los derechos y garantías constitucionales que han sido violados en la resolución cuestionada, en observancia a los antecedentes del proceso de saneamiento, los fundamentos expresados o expuestos en la demanda de nulidad y en la presente acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 10 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 675 a 681; presentes la parte accionante, las autoridades ahora demandadas se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, ratificó in extenso los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y ampliando la misma señaló: 1) El proceso de saneamiento está regulado por el DS 29215, bajo un procedimiento que tiene distintas etapas con una finalidad específica, en este caso, primero hay una etapa de campo donde se recoge toda la información sobre aspectos técnicos como la mensura, ubicación, forma de los predios, colindancias, aspectos jurídicos en cuanto al derecho propietario que asiste a los administrados o el derecho posesorio en su caso y otros aspectos legales relativos al cumplimiento o no de la FS o FES, concluida esa etapa, se pasa a la siguiente, relacionada al informe en conclusiones, analizándose toda esa información que se ha recogido en campo. En el caso del predio La Asunta este informe en conclusiones ha sido elaborado el 14 de febrero de 2005, estando en vida los entonces propietarios Carlos Aguilera Perrogón y Ana María Suárez de Aguilera, es así que en esa oportunidad, el primero de los nombrados, se apersonó durante la socialización de esos resultados, en el que se expuso que éste consolidaba el total de la superficie respaldada en base al trámite agrario 11041 del predio originalmente dominado La Asunta, es decir en una superficie de 1457.2600 ha, desconociéndosele el derecho propietario en base al expediente 40292 “San Miguel”, porque éste sería tramitado con posterioridad a la creación de la reserva forestal de Guarayos y por tanto era nulo; lo que no ocurrió con el primer expediente, en razón de haberse tramitado antes de la creación de la reserva forestal, por tanto era totalmente válida esa dotación a favor del beneficiario original; 2) Habiéndose verificado y establecido el cumplimiento de la FES en el 100% de la superficie del predio La Asunta, de 2558 ha y 1976 m2, Carlos Aguilera Perrogón, dio su anuencia y procedió a pagar el precio de la tasa de saneamiento, dando continuidad al proceso en espera de la emisión de la resolución final de saneamiento, esto el año 2005. De manera posterior se remitieron antecedentes a la Dirección Nacional del INRA para que emita la resolución final de saneamiento, empero, luego de haber dejado transcurrir cinco años, para dictar dicha resolución, en su lugar se pronunció el Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010, supuestamente cumpliendo a cabalidad las disposiciones respecto al control de calidad, contempladas en el art. 266 del DS 29215, por el que, se cambió la figura, señalando que el trámite que inicialmente se le había dado a Carlos Aguilera Perrogón, se pretendía anular por una supuesta sobre posición con la zona F de colonización, aspecto totalmente contrario a la normativa y a la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Agroambiental que ha establecido que esas zonas de colonización al no ser identificables y al haber sido derogadas en normas posteriores son inaplicables, por tanto no era posible invocar una supuesta sobre posición para anular un trámite agrario; 3) En el actual Reglamento se prevé que se socializará a partir de un informe de cierre los resultados previos que fueron plasmados en un informe en conclusiones, no advirtiéndose otra etapa donde el administrado vaya a tener conocimiento de ello, siendo esta etapa el momento en el que se puede hacer observaciones o aceptar los resultados, como sucedió en el caso que se analiza, en el momento oportuno el beneficiario dio su anuencia en los resultados; que después fueron modificados, dejando en indefensión a los administrados; 4) Se modificaron los resultados y no se les dio a conocer los mismos, siendo que la propia norma inserta en el art. 266 del DS 29215, establece que si existe un error de fondo identificado en control de calidad, corresponde retrotraer actuados hasta la etapa de informe en conclusiones, modificarlos y dar a conocer a los administrados a fin de ejercer su derecho a la defensa y hacer uso de algún recurso administrativo u otro recurso que al ley prevé; y, 5) Se tiene el Informe 154/2018 de 28 de febrero, que claramente establece que Carlos Aguilera Perrogón, no ha sido notificado con la Resolución Final de Saneamiento, sugiriéndose en su momento la notificación con dicha resolución a Carmen Aída Aguilera Suárez, lo que nunca hizo el INRA, sin embargo, hoy pretende exigir se interponga un contencioso administrativo, cuando es la propia entidad administrativa que le negó tal posibilidad, razón por la que, interpuso la demanda de nulidad; advirtiéndose en consecuencia las causales de nulidad, en este caso, de error esencial que se verificó en el Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010, que el Tribunal Agroambiental en su Sentencia se niega a analizar y a verificar que es ese el actuado que vicia de nulidad al Título Ejecutorial demandado.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante informe de 3 de noviembre de 2022, cursante de fs. 648 a 651 vta., y en audiencia, a través de su representante legal, refirieron lo siguiente: i) La acción de amparo constitucional, cuestiona el fondo de la decisión asumida en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022, pretendiendo que la jurisdicción constitucional haga de tribunal de apelación o de impugnación, a fin de ingresarse a revisar el fondo del asunto resuelto por la jurisdicción especializada, con el objeto de que se deje sin efecto legal el citado fallo, solicitud que no llega a ser procedente, porque el medio de defensa constitucional, no es una instancia más por la que se pueda pretender la revisión de una decisión judicial; ii) La accionante pretende mediante la presente acción tutelar, se revise la interpretación de la legalidad ordinaria, realizada por el Tribunal Agroambiental; sin embargo, no cumplió con los presupuestos para su procedencia; iii) Respecto de las irregularidades en las etapas del proceso de nulidad de título ejecutorial, la accionante confunde la instancia constitucional, al traer a colación aspectos propios de la tramitación del proceso de nulidad de título ejecutorial, que ya fueron fundamentados en el Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2022, siendo objeto de recurso de reposición y resuelto por Auto de 3 de marzo de 2022; por medio del cual, se dio una amplia respuesta al mencionado recurso, mismo que fue notificado a la solicitante de tutela el 10 de marzo de 2022; en ese sentido, la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022 y no contra dicho Auto Interlocutorio ni el que resolvió el recurso de reposición; por lo que, los argumentos vertidos por la ahora solicitante de tutela no pueden ser analizados por la justicia constitucional; iv) En cuanto al error esencial, al que hizo referencia la impetrante de tutela, se tiene que en el referido fallo cuestionado, se realizó una clara explicación sobre la demanda de nulidad de título ejecutorial, manifestando que ésta se la tramita en la vía ordinaria de puro derecho, por lo que, debe estar planteada en forma coherente y precisa, exponiendo las razones por las que se considera que existió violación del orden público, con una debida fundamentación vinculada al tipo de vicio de nulidad que se acusa; además de circunscribirse a invocar las causales establecidas en el art. 50 de LSNRA. Sin embargo, de los argumentos expuestos en el memorial de demanda, se pudo extraer que la pretensión de la accionante era que la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental ejerza un control de legalidad de los actos ejecutados por la autoridad administrativa, como si se tratara de una demanda contenciosa administrativa; v) La Sentencia Agroambiental Plurinacional ahora refutada, explicó de manera amplia en qué consistía el error esencial como causal establecido en el art. 50.I.1 inc. a) de la LSNRA, actuando sus autoridades en apego a las normas y procedimientos vigentes, aplicando e interpretando de manera correcta la normativa agraria, refiriéndose a lo cuestionado por la ahora peticionaria de tutela sobre el Informe Técnico Legal DGS-TCO.S SC 0225/2010 y respecto al Informe emitido por el Geodesta del Tribunal Agroambiental; vi) Sus autoridades respondieron al cuestionamiento traído a colación en la presente acción de amparo constitucional, de manera correcta identificando que la ahora impetrante de tutela o las partes que participaron en el proceso de saneamiento, en ningún momento reclamaron sobre las supuestas irregularidades del Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, durante la sustanciación del mismo, sino hasta la demanda de nulidad de título ejecutorial, concluyendo sus autoridades que no era posible acusar error esencial, si el indicado informe emergió de una decisión correctamente emitida, con base a actuados convalidados que cursan en los antecedentes del proceso de saneamiento. Por lo supra señalado y acotando que la demanda de nulidad de título ejecutorial no sustituye la dejadez de las partes, que no asumieron defensa oportuna en cada una de las etapas del saneamiento, puesto que quien tiene conocimiento de un proceso de saneamiento, debe asumir defensa para hacer valer sus derechos conforme a los plazos previstos por ley, omisión que no puede ser atribuible a la entidad administrativa y menos constituir como fundamento que permita sustentar un estado de indefensión y/o constituir el fundamento de una demanda de nulidad de título ejecutorial; y, vii) Respecto a que la Sentencia ahora objetada contradijo la línea jurisprudencial emitida por el mismo Tribunal Agroambiental en cuanto a la Zona F de colonización; dicho cuestionamiento realizado por la parte accionante es ambiguo, pues no señala de qué manera las autoridades demandadas vulneraron el debido proceso, tampoco identificó cuál sería la línea jurisprudencial de la que supuestamente se estarían apartando; máxime si la resolución ahora cuestionada de manera correcta y realizando una revisión de todos los actuados del proceso de saneamiento concluyó que lo que se extrañaba de sobre manera era que la parte actora, recién en la demanda de nulidad de título ejecutorial pretenda denunciar aspectos que pudieron ser analizados en un proceso contencioso administrativo que resulta ser el mecanismo idóneo para resolver la problemática denunciada, observando causales de nulidad, que se encuentran consentidas y convalidadas por la misma ahora peticionaria de tutela en sede administrativa de saneamiento.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Luis Alberto Arce Catacora, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional del INRA, a través de sus representantes legales, mediante memoriales presentados el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 656 a 661 y 668 a 674 y, en audiencia a través de sus representantes legales, señalaron que: a) La parte actora no probó la causal de nulidad acusada de error esencial y menos de violación de la ley aplicable, previstas en el art. 50 de la LSNRA, al haber dejado precluir etapas y generando su propia indefensión; no habiéndose vulnerado normas agrarias y constitucionales, conforme se tiene en los fundamentos de hecho y de derecho resueltos por el Tribunal Agroambiental Plurinacional; b) En relación a las denuncias formuladas respecto al proceso de saneamiento, corresponde recodar la diferencia entre una demanda contenciosa administrativa y una demanda de nulidad de título ejecutorial, aspecto que fue aclarado en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Agroambiental, en la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 88/2019 de 10 de noviembre que estableció: “...la primera, tiene por finalidad ejercer el control de legalidad sobre los actos ejecutados por la autoridad administrativa INRA, en ejercicio de sus competencias, revisando si dicho proceso administrativo se adecuó en cuanto a su tramitación a las normas que lo regulan y si el acto de decisión se ajusta a derecho; aspectos que no pueden ser nuevamente revisados a través de una demanda de Nulidad de Titulo Ejecutorial”; c) Mediante el Informe Técnico Legal Inf. DGS-TCO'S SC 0225/2010, la autoridad administrativa no incurrió en error como causal de nulidad, pues dicho Informe, no es idóneo para demostrar la supuesta falsa apreciación de la realidad, ya que, las partes tuvieron la oportunidad para apersonarse al proceso de saneamiento a objeto de ponerse a derecho e informar acerca de la situación jurídica que les asistía como emergencia del fallecimiento del co beneficiario y su respectiva declaratoria de herederas, dejando precluir etapas sin haberse manifestado acerca del trámite procesal que ahora es denunciado, puesto que después del fallecimiento del co beneficiario, ninguna de las herederas se apersonó al proceso de saneamiento, sino hasta después de la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, por lo que, la presentación extemporánea de la documental que acredita su legitimación (Declaratoria de Herederas) deben ser de conocimiento previo de la autoridad administrativa que emitió el Título Ejecutorial acusado de nulo; situación que impidió a la autoridad administrativa tener conocimiento pleno y oportuno de la verdad material de los hechos, sino hasta el momento en que el proceso se encontraba en proceso de emisión del Título Ejecutorial impugnado conforme se acredita en el Informe MPR-DGAJ-UAA 263/2017 de 13 de noviembre de 2017; consecuentemente, no se advierte error en relación al derecho al debido proceso por inobservancia del principio de valoración razonable de la prueba; d) Supuesta vulneración al debido proceso en sus elementos del derecho a la congruencia interna y externa; al respecto, referir que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022, realizó un análisis y valoración de los argumentos de la demanda de nulidad de título con total acierto, señalando que los argumentos de la demanda no se ajustan a las causales de nulidad de título que establece el art. 50 de la LSNRA, es decir, que para entrar a un análisis de los antecedentes del proceso de saneamiento por parte del Tribunal Agroambiental ante la interposición de una demanda de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y del proceso agrario que sirvió de base para su emisión y examinar si la autoridad administrativa cumplió con las disposiciones legales vigentes a tiempo de su otorgamiento, el demandante debe mencionar con exactitud los posibles vicios de nulidad o anulabilidad que existieren, los que deben ajustarse a las causales establecidas la normativa señalada; situación que no aconteció en el presente caso, debido a que los puntos demandados o cuestionados, correspondía a una demanda contenciosa administrativa y no a la nulidad de título ejecutorial; diferencia que se detalló en la Sentencia Agroambiental Plurinacional hoy objetada; e) El proceso de saneamiento se ejecuta con las personas que se apersonaron, levantando los datos de campo a objeto de identificar a quienes se encuentran ocupando las tierras y determinar el cumplimiento de la Función Social (FS) o Función Económico Social (FES), conforme corresponda al tipo de propiedad, en base a la cual se sigue todo el proceso independientemente de las mutaciones o transferencias que se sucedan posteriormente, quienes deben estar a los resultados de lo levantado en campo, siendo indiferente para la valoración si el predio cambió de titularidad; f) No es atribuible a la institución, no haber tenido conocimiento de quienes eran los herederos a momento de emitirse el título, si estos no se apersonaron en su momento para hacer conocer su situación jurídica conforme se acredita del Informe MPR-DGAJ-UAA 263/2017 de 13 de noviembre; consecuentemente, no se advierte error que sea "determinante" y "reconocible", por lo que, no podría acusarse de error esencial, si el mismo emergió de una decisión correctamente emitida, con base a actuados convalidados que cursan en los antecedentes del proceso de saneamiento; g) El fallo confutado se encuentra plenamente fundamentado, respondiendo cada punto de los argumentos de la demanda, con la debida aclaración del porqué no es causal de nulidad del título ejecutorial y que sus observaciones son argumentos propios de una demanda contenciosa administrativa, aspecto que fue ampliamente explicado, fundamentado y aclarado en la parte considerativa de la Sentencia; h) El derecho a la defensa que reclama se hubiera vulnerado, radica en el supuesto impedimento de parte de la institución a la participación activa en el proceso de saneamiento de la hoy accionante, sin embargo de los actuados de proceso de saneamiento se tiene que el co beneficiario Carlos Aguilera Perrogón, tenía conocimiento del proceso de saneamiento que se llevaba a cabo desde un inicio, empero, a su fallecimiento los herederos tenían la obligación de apersonarse al proceso de saneamiento y presentar la documentación idónea que así los identifique, conforme se tiene de los antecedentes del proceso de saneamiento sus herederas Ana María Suarez Vda. de Aguilera y Carmen Aida Aguilera Suarez (hija), presentaron el Testimonio sobre Declaratoria de Herederos de 15 de noviembre de 2006, mediante memorial de 15 de agosto de 2017, es decir once años después del fallecimiento del de cujus; evidenciándose que no presentaron oportunamente la documentación que acreditaba el fallecimiento del beneficiario y el grado de parentesco que tenían con el causante; siendo su apersonamiento al proceso de saneamiento posterior al relevamiento de información en campo; i) El Tribunal Agroambiental dentro de la demanda de nulidad de título ejecutorial, revisó obrados del proceso de saneamiento, para verificar la supuesta demanda por error esencial atribuido al INRA, de lo que evidenció que la última actuación realizada por el co beneficiario Carlos Aguilera Perrogón fue el 21 de abril de 2006; llamando la atención a la jurisdicción agroambiental que ni la esposa ni la hija ahora demandantes, pese los derechos adquiridos y reconocidos mediante declaratoria de heredero, no pusieron en conocimiento dicha situación a la autoridad administrativa de manera formal y oportuna, ocasionando su propia indefensión en el proceso de saneamiento; y, j) De la misma manera aconteció en la jurisdicción agroambiental, cuando la beneficiaría habiendo interpuesto demanda contenciosa administrativa contra la RS 04536 de 26 de noviembre de 2010, incumplió las observaciones realizadas por la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental durante la tramitación del proceso, que concluyó con el Auto interlocutorio Definitivo 28/2014 de 16 de junio. Ana María Suárez de Aguilera, en audiencia a través de su abogado manifestó lo que sigue: 1) Es copropietaria de predio La Asunta, que adquirió conjuntamente con su esposo Carlos Aguilera Perrogón, propiedad que tiene una tradición desde 1969, antes de la creación de la reserva forestal Guarayos y que a partir del fallecimiento de su esposo, conjuntamente con su hija vienen trabajando y desarrollando actividad productiva cumpliendo a cabalidad la FES, constituyéndose este predio el único patrimonio familiar que tienen ambas; 2) En cuanto a la acción de amparo constitucional presentada por Carmen Aida Aguilera Suárez, es evidente que con la emisión de la Sentencia Agroambiental S2a 11/2022, los Magistrados del Tribunal Agroambiental ahora demandados han transgredido derechos fundamentales de la impetrante de tutela así como de su persona, pues, el Tribunal Agroambiental ha omitido la valoración de la prueba, no se ha pronunciado sobre los antecedentes que cursa en el proceso y que claramente demuestran la existencia de la causal de nulidad de Título invocada como es la del error esencial, éste que es identificado inequívocamente en el Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, emitido dentro del proceso de saneamiento agrario que estableció una sobre posición inexistente del predio de La Asunta con la zona F de colonización, lo que derivó a que se anulen los antecedentes agrarios que respaldan el derecho propietario del predio La Asunta y por lo tanto la afectación de la superficie de su derecho propietario, ya que la denominada zona F de colonización es inexistente; y, 3) En el cuestionado informe que emite el INRA existe una falsa apreciación de la realidad, concurriendo los dos elementos que hacen al error esencial, el primero que afecta a su derecho propietario, ya que sin su emisión continuarían los resultados conforme a la evaluación técnica jurídica donde se consolidó el total de la superficie de la propiedad La Asunta; y el segundo relativo a que el acto debe ser reconocible por la administración, es decir, por el INRA que fue quien emitió ese informe, comprendiendo que como instancia técnica conoce que la zona F de colonización es inubicable en el espacio, aspecto sobre el cual no se pronunciaron en la Sentencia, reincidiendo en una motivación arbitraria e insuficiente porque no justificaron las razones por las cuales omitieron pronunciarse sobre los problemas jurídicos expuestos en la demanda, como es la causal de nulidad de título, la jurisprudencia citada con relación a la zona F de colonización, la prueba arrimada en el proceso y los informes técnicos periciales emitidos por el mismo Tribunal Agroambiental, en el caso específico, vulnerando de igual manera el principio de valoración razonable de la prueba.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 128 de 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 681 vta. a 684 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes argumentos: i) La Resolución considerada vulneratoria de derechos y garantías constitucionales expuso las razones por las cuales fundamenta su decisión, cumpliendo con lo modulado por la jurisprudencia constitucional la cual señala con claridad que para considerar una resolución debidamente fundamentada y motivada, la misma debe indicar con precisión la norma que justifica la emisión del acto o de la decisión en uno u otro sentido, en el caso concreto, se evidenció que las autoridades indicaron con precisión la norma bajo la cual justificaron su decisión, de esa manera también motivaron su fallo, describiendo las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto, explicando de qué manera y en qué medida opera la adecuación lógica del supuesto derecho a la situación subjetiva del particular, dictándose una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; ii) Las autoridades demandadas además de haber hecho una amplia exposición en sus fundamentos también realizaron una exposición estructurada en la forma y en el fondo de manera concisa y clara para que de esta forma el justiciable asuma conocimiento de las razones por las cuales arribaron a su determinación, razón por la cual no se evidenció la vulneración del debido proceso en las vertientes invocadas; iii) Respecto al derecho de omisión en la valoración de la prueba, la jurisdicción constitucional no actúa de manera invasiva con otras jurisdicciones, realizando la interpretación de la legalidad ordinaria ni la valoración de la prueba en el marco de la doctrina de las auto restricciones, y para que ello suceda, el accionante debe cumplir con la carga argumentativa necesaria claramente exigida por la jurisprudencia constitucional; en el caso analizado se tiene que si bien la impetrante de tutela expone y fundamenta sobre esos elementos, no es menos cierto que, no únicamente debe enumerarse sino que debe adecuarse dichos elementos al caso concreto como tal, es decir, exponer el nexo de causalidad entre los hechos y los derechos vulnerados, situación que no aconteció en la causa en estudio; y, iv) Los demandados fundaron su resolución en el entendido de que la accionante no hizo uso oportuno de los recursos que le franquea la norma, razón por la cual, tomaron su decisión, exponiendo de manera detallada el por qué no consideraron esos elementos y estableciendo de manera detallada la diferencia entre el recurso de nulidad y la demanda contenciosa administrativa, así como las competencias y atribuciones de la misma, no evidenciándose en consecuencia, lesión de tal derecho, ni la suficiente carga argumentativa para realizar la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Informe de Evaluación Técnico Jurídico de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen DD-D-S-SC 365/2004 de 14 de febrero de 2005, evacuado por los responsables de evaluación y control de calidad del INRA, por el que, luego del análisis al Título Ejecutorial 390178, emergente del proceso agrario 11041, correspondiente al predio denominado “La Asunta” que le sirve de antecedente y al Título Ejecutorial 002975 (serie 5190) emergente del trámite agrario 40292, correspondiente al predio denominado Zona “San Miguel”, confrontados que fueron los datos de gabinete con los obtenidos en campo, concluyeron que el Título Ejecutorial 390178, se encuentra exento de vicios de nulidad relativa y absoluta, verificándose el cumplimiento de la FES, sugiriendo, entre otros, dictar resolución suprema confirmatoria de Titulo Ejecutorial 390178 otorgado a favor de Carlos Aguilera Perrogón y Ana María Suárez Céspedes, correspondiendo emitir certificado de saneamiento del predio “La Asunta” y resolución suprema anulatoria del Título Ejecutorial 002975 (serie 5190), de la Resolución Suprema 200639 de 11 de noviembre de 1985, otorgada a favor de Francisco Varita Sacu y del expediente agrario 40292 correspondiendo su archivo definitivo (fs. 5 a 13).

II.2. Consta Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010

de 24 de septiembre, sobre adecuación al DS 29215 respecto al predio “La Asunta”, en el que textualmente se establece: "Con relación a los antecedentes agrarios Nos. 40292 y 11041 (…) el Informe de Evaluación Técnico Jurídica DD-S SC No 365/2004 de fecha 14 de febrero de 2004, establece que el proceso de saneamiento cuenta con los antecedentes agrarios de Dotación Nos. 40292 y 11041, los mismos presentan sobreposición con la Reserva Forestal de Guarayos creada mediante D.S. N° 8660 de fecha 19 de Febrero de 1969, por lo que en el caso del N° 11041 que cuenta con antecedentes anteriores a la Creación reconoce la superficie del trámite; en el caso del No 40292 siendo que sus antecedentes son posteriores se establece la nulidad absoluta y por tanto la adjudicación de la superficie.

Sin embargo, del relevamiento en gabinete efectuado, se puede evidenciar que ambos antecedente agrarios se encuentran sobrepuestos al Área F de Colonización creada mediante Decreto Ley de 25 de abril de 1905. Siendo que se emitieron resoluciones y Títulos Ejecutoriales, por el ex SNRA en un área declarada de reserva para planes de Colonización, en transgresión del artículo 1 de la Ley de 6 de noviembre de 1958, corresponderá anular el antecedente agrario N° 11041 y ratificar la nulidad del No 40292 en cumplimiento del artículo 321 parágrafo I inciso a) del Decreto Supremo N° 29215. (…) Asimismo, el Informe de Evaluación Técnico Jurídica sugiere se emita una Resolución Suprema Anulatoria sólo del Título Ejecutorial No SERIE C.- 5190, sin embargo, revisado el expediente referido, se establece que en el mismo se emitieron varios Títulos Ejecutoriales que corresponden ser anulados, en razón a los vicios que los afectan.

…resulta conveniente considerar anular todos los Títulos Ejecutoriales detallados en el Informe de Emisión de Títulos Ejecutoriales adjunto al presente proceso y no considerados en la Resolución emitida y anular el expediente agrario N° 40292. (...) IV. ADECUACIONES AL DECRETO REGLAMENTARIO De la revisión de los antecedentes del predio referido, se evidencia la necesidad de adecuar actuados de saneamiento con relación al Decreto Reglamento de las Leyes Nos. 1715 y 3545 (No 29215 de fecha 02 de agosto de 2007), consistente en: Emisión de Resolución Final de Saneamiento, Titulación y Registro de Información en Derechos Reales, conforme las disposiciones previstas en los artículos 263 y siguientes del Decreto Reglamenta No. 29215 de 2 de agosto de 2007. Mantener el tipo de Resolución Final de Saneamiento sugerido en el Informe de Evaluación Técnico Jurídica DD-S-SC N° 365/2004 de fecha 14 de febrero de 2004, considerando la emisión de una Resolución Suprema conjunta 1) Anulatoria, 2) Adjudicación y 3) Declarar Tierra Fiscal, debiéndose otorgar Titulo Ejecutorial en Copropiedad a favor de ANA MARIA SUÁREZ CÉSPEDES y CARLOS AGUILERA PERROGON, todo de conformidad a lo establecido por el D.S. 29215…

V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 1. Dar por válidas y subsistentes las actividades cumplidas con el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 25763 de fecha 5 de mayo de 2000, hechas referencia. 2. Considerar las adecuaciones y consideraciones antes identificadas para la prosecución del saneamiento y emisión de Resolución Final de Saneamiento, en cumplimiento de los artículos 331 parágrafo I inciso c), 334, 336 parágrafo III, 341 parágrafo II numeral 1 incisos b) y d), 343, 345, 394, 395 y 396 parágrafo III inciso b) del Decreto Supremo 29215 de fecha 2 de agosto de 2007 (fs. 14 a 16).

II.3. Se tiene Título Ejecutorial PPD-NAL-756838 de 29 de

septiembre de 2017, en el que se consigna a Ana María Suárez de Aguilera y Carlos Aguilera Perrogón, como titulares de la pequeña propiedad ganadera denominada “La Asunta”, con una superficie de 500.0000 ha (fs. 17). II.4. Cursa demanda de nulidad de Título Ejecutorial, presentada por Carmen Aida Aguilera Suárez –ahora accionante, ante el Tribunal Agroambiental, solicitando en lo principal la nulidad absoluta del Título Ejecutorial PPD-NAL-756838 de 29 de septiembre de 2017, y el proceso de saneamiento agrario que dio lugar a su emisión, disponiendo además la cancelación de las matrículas registradas en DD.RR. del departamento de Santa Cruz efectuada en base al Título Ejecutorial cuya nulidad se dispondrá (fs. 23 a 40 vta.). II.5. Luego de la admisión de la demanda y prosecución del trámite correspondiente, se decretó autos para sentencia por proveído de 4 de marzo de 2021 (fs. 42); emitiéndose el decreto de 3 de mayo del indicado año, en el que se señaló sorteo para el 4 de igual mes y año (fs. 45). II.6. Por Auto de 27 de mayo de 2021, se dispuso que el Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental, informe con datos técnicos pertinentes, graficados en plano, el grado de sobreposición o no de los predios “La Asunta” y “San Miguel” dentro de la zona F de Colonización, quedando suspendido el plazo para dictar sentencia (fs. 48); labrándose al efecto, el Informe Técnico TA-G 040/2021 de 16 de septiembre, cuyos resultados permitieron concluir que en base a los procedimientos técnicos empelados sobre el Decreto de 25 de abril de 105, la citada unidad se vio imposibilitado de establecer territorialmente y con precisión la Zona F de Colonización, por lo mismo imposibilitado de determinar si los expedientes agrarios 40292 y 11041, se sobreponen o no a la citada zona, sugiriendo en consecuencia, valorar la documentación analizada conforme a derecho y disposiciones legales en vigencia (fs. 66 a 70). Lo que motivó a la emisión del Auto de 22 de octubre de 2021, que dispuso el reinicio del plazo para dictar sentencia (77). II.7. Mediante CITE-RNVM-S2a-EXP 024/2021 de 15 de noviembre, el Magistrado Relator Rufo Nivardo Vásquez Mercado, solicitó, por la complejidad del caso, ampliación del plazo por siete días para dictar sentencia; concediéndose el mismo por Auto de 15 de noviembre de igual año (fs. 80 a 81). II.8. Por decreto de 26 de noviembre de 2021, ante la disidencia formulada por el Magistrado Gregorio Aro Rasguido, se convocó a conformar Sala a la Magistrada Ángela Sánchez Panozo (fs. 84). II.9. Cursa Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2022, por el que se dispuso dejar sin efecto el sorteo de 4 de mayo de 2021, incluyendo su señalamiento dispuesto por decreto de 3 de igual mes y año, ordenando se efectúe nuevo sorteo entre los Magistrados que conformaban la Sala Segunda en la gestión 2022, manteniendo subsistentes los demás actuados y/o informes que se hubieren producido con anterioridad a lo dispuesto en el referido Auto, en aplicación del principio de causalidad (fs. 86 a 87 vta.). Decisión contra la cual, mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2022, la hoy accionante formula recurso de reposición (fs. 90 a 92); que fue resuelto por Auto de 3 de marzo de 2022, declarando no ha lugar a la reposición impetrada, confirmándose el mismo en todas sus partes (fs. 111 a 114 vta.). II.10. Los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro Rasguido y Ángela Sánchez Panozo –ahora demandados– emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022 de 28 de abril, declarando improbada la demanda de nulidad de título ejecutorial, interpuesta por Carmen Aida Aguilera Suárez, quedando firme y subsistente el Título Ejecutorial PPD-NAL-756838 de 29 de septiembre de 2017, correspondiente al predio "La Asunta" (fs. 120 a 131 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia vinculado con la valoración de la prueba, al derecho a la defensa y a los principios de verdad material, favorabilidad, legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, los Magistrados demandados, a tiempo de dictar la Sentencia Agroambiental S2a 11/2022, no valoraron la prueba cursante en el proceso, que demostraría el error esencial en el que incurrió la entidad administrativa con la emisión del Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010, que decantó en la anulación de los antecedentes agrarios 40292 y 11041, bajo el discrecional argumento de que el predio “La Asunta” se encuentra sobrepuesto a la zona F de Colonización, prescindiendo considerar el Informe Técnico TA-G 040/2021, emitido por el Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental y, la línea jurisprudencial dictada por el mismo Tribunal respecto del Decreto Supremo de 25 de abril de 1905, que creó la zona F de colonización y que es de imposible ubicación territorial por no contener datos técnicos que puedan establecer la misma. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La motivación, así como la fundamentación entre otros, son elementos que componen el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional y deben ser observados por las y los juzgadores al momento de emitir sus resoluciones; en este sentido, sobre esta temática, en la SCP 0461/2019-S4 de 12 de julio, se señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de un fallo tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 752/2002-R y 1369/01-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere’” (las negrillas nos pertenecen). Asimismo, respecto a la congruencia, la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, expresó que, la misma se entiende como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional

Al respecto, la SCP 0841/2017-S2 de 14 de agosto, precisó que: “…efectuando una integración jurisprudencial respecto a la doctrina de las autorestricciones con relación a la valoración probatoria efectuada en sede ordinaria refirió ‘…respecto a la valoración de la prueba: «…la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 1) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 2) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…; 3) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final». Entendimientos que mediante la indica Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se hubiera incurrido en errónea interpretación de la ley o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: «…en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas, denunciando la falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o, defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional, se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente. (…) No obstante lo expresado precedentemente, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que, en los casos en los cuales no se hayan observado y cumplido los presupuestos para que esta jurisdicción ingrese a la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria; de la valoración de la prueba y de la fundamentación, motivación y congruencia vinculada con ambas, y cuando de la revisión de antecedentes se advierta que la lesión a los derechos y garantías fundamentales sea grosera y evidente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, dados los fines propios de la justicia constitucional, traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, podrá en revisión ingresar al análisis de la problemática planteada, aclarándose expresamente que esta, es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional, y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien, en párrafos precedentes, conforme establece la jurisprudencia emanada de esta instancia, se han establecido determinados presupuestos que deben cumplir a objeto de que la jurisdicción constitucional pueda revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, la valoración de la prueba, y la fundamentación, motivación y congruencia»’” (las negrillas son agregadas).

III.3. El principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo

El art. 180.I de la CPE, establece la verdad material como un principio jurisdiccional que debe ser considerado por el juzgador a tiempo de emitir sus resoluciones; entendimiento que no solo resulta aplicable al ámbito jurisdiccional, siendo extensible a todos aquellos ámbitos en los cuales se emiten resoluciones que afectan derechos subjetivos de la persona o que resuelven recursos en el marco de sus competencias. La SC 0713/2010-R de 26 de julio, precisó el siguiente razonamiento sobre la verdad material: “…abarca la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen). A su vez, la SC 0747/2010-R de 2 de agosto, refiriéndose a este principio, indicó: “Empero, siempre partiendo de un equilibrio, debe tenerse en cuenta que dicha autoridad o tribunal de garantías está supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para conceder o denegar la tutela, debe partir de la revisión y análisis de los aspectos fácticos, en base a las pruebas objetivas, para luego establecer la norma constitucional, legal o jurisprudencia aplicable, y en definitiva llegar a una determinación no sólo correcta sino justa” (las negrillas son nuestras); así también la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, refiere: “El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad fáctica sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de los hechos, sobre el conocimiento de las formas”. En ese mismo sentido, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, señaló que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez” (las negrillas nos corresponden). Se puede sostener entonces, que la verdad material busca la materialización del valor supremo “justicia”, procurando la realización de la justicia material como objetivo axiológico y último de la razón de ser del sistema judicial en general, el cual incluye no solo a la institucionalidad creada al efecto, sino también de las normas sustantivas que reconocen los derechos y las normas adjetivas destinadas a resolver los conflictos jurídicos suscitados en la sociedad. Por otra parte y complementando lo anteriormente dicho, se tiene al principio de prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, respecto al cual la SC 0897/2011-R de 6 de junio, estableció el siguiente razonamiento: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos. En este sentido, debe considerarse que la Constitución Política del Estado, en el art. 9 inc. 4), establece como fines y funciones esenciales del Estado, 'Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución'. En coherencia con dicha norma, el art. 13.I de la CPE, establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos. Por otra parte, el art. 196 establece que: 'El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales'. (…) no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales" (las negrillas están agregadas). En este contexto, la aplicación del principio de primacía del derecho sustantivo sobre el adjetivo cobra mayor relevancia en el ámbito constitucional, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene el deber de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, por lo cual, a tiempo de emitir sus resoluciones debe buscar siempre la aplicación preferente del derecho material antes que el formal, conforme fue razonado en la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, que establece que el principio de justicia material o verdaderamente eficaz: “se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales” (las negrillas son nuestras).

III.4. De la demanda de nulidad de título ejecutorial en materia agroambiental

La SCP 0094/2022-S4 de 11 de abril, al respecto estableció que: “Conforme determina el art. 393 del DS 29215, el título ejecutorial es un documento público, a través del cual el Estado reconoce el derecho de propiedad agraria a favor de sus titulares, una vez cumplida alguna de las modalidades de adquisición de la propiedad agraria, entre ellas, el saneamiento que como procedimiento técnico jurídico, tiene como finalidad regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria; se ejecuta de oficio o a pedido de parte y concluye con una resolución final que pronuncia el Director Nacional del INRA, como acto administrativo que resumiendo las actividades ejecutadas, expresa la voluntad de la administración respecto a las modalidades de adjudicación de la propiedad agraria. Ahora bien, cuando esa manifestación de voluntad fue emitida mediando error esencial, violencia física o moral, simulación absoluta o cuando el título ejecutorial fue otorgado mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o de la jerarquía; ausencia de causa o violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento, la Ley 1715, prevé la acción de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales emitidos por el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Ex Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, a efectos de examinar si la autoridad administrativa dio cumplimiento a las disposiciones legales vigentes a tiempo de su otorgamiento y determinar si el título cuestionado adolece o no de vicios de nulidad y/o anulabilidad conforme a lo acusado por las partes. De conformidad a lo previsto por el art. 189.2 de la CPE, entre las atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por la ley, se encuentra la de conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales, concordante con el art. 36.2 de la Ley 1715 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que establece entre las competencias de las salas, conocer y resolver en única instancia, las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales y de los procesos agrarios que hubieran servido de base para la emisión de los mismos, tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Instituto de Colonización y el INRA; de igual forma, el art. 144.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–.

De las previsiones constitucional y legales glosadas, se concluye entonces que es competencia del Tribunal Agroambiental, entre otras, conocer y resolver las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales emitidos por el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, el Ex Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, a efectos de examinar si la autoridad administrativa dio cumplimiento a las disposiciones legales vigentes a tiempo de su otorgamiento y determinar si el título cuestionado adolece o no de vicios de nulidad y/o anulabilidad conforme a lo acusado por las partes. Para efectivizar dichas previsiones, el art. 50.I de la Ley 1715, desarrolla las causales por las que se puede demandar, ante el Tribunal Agroambiental, la nulidad de un título ejecutorial emergente de un proceso sustanciado por el INRA. Artículo en cuyo contenido establece que los títulos ejecutoriales estarán viciados de nulidad absoluta” (las negrillas son nuestras). En ese orden, se tiene que el proceso de nulidad de título ejecutorial tiene como objeto examinar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes a tiempo del otorgamiento de un título ejecutorial, las causales para invocarlo se encuentran previstas en el art. 50 de la LSNRA; que establece: “I. los Títulos Ejecutoriales estarán viciados de nulidad absoluta: 1. Cuando la voluntad de la administración resultare viciada por: a) Error esencial que destruya su voluntad; b) Violencia física o moral ejercida sobre el administrador; c) Simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad; y, 2) Cuando fueren otorgados por mediar: a) Incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o de la jerarquía, salvo, en este último caso que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; b) Ausencia de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; y, c) Violación de la ley aplicable y formas esenciales”. De esta manera, resulta viable efectuar un control de legalidad a través de este medio de defensa, en razón a que todo acto que se hubiere formado con vicios, en definitiva no nace a la vida jurídica, siendo atribución imperativa del Tribunal Agroambiental efectuar la revisión de los procesos y de los títulos que a consecuencia de ellos fueron emitidos.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia vinculado con la valoración de la prueba, al derecho a la defensa y a los principios de verdad material, favorabilidad, legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, los Magistrados demandados, a tiempo de dictar la Sentencia Agroambiental S2a 11/2022, no valoraron la prueba cursante en el proceso, que demostraría el error esencial en el que incurrió la entidad administrativa con la emisión del Informe Técnico Legal INF. DGS -TCO'S SC 0225/2010, que decantó en la anulación de los antecedentes agrarios 40292 y 11041, bajo el discrecional argumento de que el predio “La Asunta” se encuentra sobrepuesto a la zona F de Colonización, prescindiendo considerar el Informe Técnico TA-G 040/2021, emitido por el Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental y, la línea jurisprudencial dictada por el mismo Tribunal respecto del Decreto Supremo de 25 de abril de 1905, que creó la zona F de colonización y que es de imposible ubicación territorial por no contener datos técnicos que puedan establecer la misma. Ahora bien, expuesta como está la problemática venida en revisión, es de advertir que la pretensión principal de la accionante radica en determinar si las autoridades ahora demandadas, a tiempo de emitir la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022, contravinieron derechos fundamentales y garantías constitucionales por ella invocados, relacionados al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, vinculados en la valoración de la prueba y el principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, y demás derechos conexos a éste, para dicho cometido, se procederá a efectuar la contrastación correspondiente entre la demanda de nulidad de título ejecutorial, y la Resolución emitida por las autoridades hoy demandadas. Bajo ese orden, atendiendo el problema concreto, es necesario inicialmente señalar que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el debido proceso contiene como uno de sus componentes el derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, debiendo entenderse a las razones de la determinación contenida en una resolución, exigencia a ser cumplida por las autoridades judiciales o administrativas a tiempo de emitir sus fallos, citando los motivos de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, en la que los motivos sean expuestos de forma concisa y clara, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni tampoco ser una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y de fondo que permita la comprensión de los fundamentos de la decisión asumida. También es pertinente precisar, que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de revisar la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria; sin embargo, sí puede pronunciarse respecto a dicha labor cuando se evidencie el apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme así se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta fallo constitucional. Así entonces, bajo el marco jurisprudencial precedentemente demarcado, de la revisión de la demanda de nulidad de título ejecutorial incoada por la hoy impetrante de tutela, se advierte la exposición de los siguientes agravios: a) El derecho propietario que asistía a Carlos Aguilera Perrogón, respecto del predio “La Asunta”, tiene su origen en los Títulos Ejecutoriales individuales 390178 de 8 de julio de 1969, con expediente 11041 y 002975 (Serie C.- 5190) de 18 de marzo de 1987, emitido a favor de Francisco Yarita Sacu, expediente 40292; mismos que habrían sido adquiridos por Carlos Aguilera Perrogón en su oportunidad, cuya superficie, según documentos y en conjunto alcanzaría a 1487.3560 ha; b) El proceso de saneamiento fue ejecutado bajo la modalidad de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) respecto al polígono 504, en el que se encuentra el predio "La Asunta" con una superficie mensurada de 2558.1976 ha, habiéndose emitido las Resoluciones Supremas 04536 de 26 de noviembre de 2010, 06947 de 16 de enero de 2012 y 17177 de 14 de diciembre de 2015, que dieron origen al Título Ejecutorial PPD-NAL-756838 de 29 de septiembre de 2017, teniéndose como resultado la adjudicación de dicha propiedad en favor de Ana María Suárez de Aguilera y Carlos Aguilera Perrogón; c) Durante el proceso de saneamiento y después de cuatro años de haberse concluido todo el trabajo de campo y pagado el precio de adjudicación del área en posesión (21 de abril de 2006), de manera irregular el 24 de septiembre de 2010, se emitió el Informe Técnico Legal - INF. DGS - TCO'S SC 0225/2010, que fue la base para la emisión de la RS 04536 de 26 de noviembre de 2010, rectificada por la RS 06947 de 16 de enero de 2012 y complementada por la RS rectificatoria 17177 de 14 de diciembre de 2015, que fueron la base para la emisión del Título Ejecutorial impugnado; d) El proceso de saneamiento fue realizado en tres periodos, el primero efectuado bajo las regulaciones contenidas en los Decretos Supremos 24784 de 31 de julio de 1997 y 25323 de 8 de marzo de 1999, en cuyo marco se emitió la Resolución Determinativa de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen R-ADM-TCO-0010/00 de 20 de abril de 2000; un segundo periodo sustanciado bajo la vigencia de los Decretos Supremos 25763 de 5 de mayo de 2000 y 25848 de 18 de julio de 2000, marco legal en el que se desarrolló el proceso de saneamiento hasta la etapa de Exposición Pública de Resultados con remisión de antecedentes a la Dirección Nacional del INRA; y, un tercer periodo en el que correspondía, conforme las regulaciones contenidas en el DS 29215, modificado por la Ley 345, continuar con el proceso, respetando los actos cumplidos y ya aprobados, para proceder únicamente con la ejecución de la etapa de "Resolución y Titulación" conforme a lo previsto en el art. 263.I inc. c); y II; 264, 265, 326 y Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del DS 2915, sin otro actuado, salvo los previstos como efecto de la aplicación de mecanismos de control de calidad, supervisión y seguimiento y en consecuencia, emitirse la respectiva Resolución Final de Saneamiento; sin embargo, de manera contraria a la normativa agraria, se emitió el Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, de adecuación, que sirvió de base para emisión de la Resolución Final de Saneamiento ahora impugnada; e) El referido Informe de Adecuación tiene un contenido contrario a lo establecido en el Informe de Evaluación Técnica Jurídica Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen DD-D-S-SC 365/2004, cuyos resultados fueron socializados en la etapa de Exposición Pública de Resultados, que merecieron la conformidad de Carlos Aguilera Perrogón, de acuerdo al Acta de Conformidad de Resultados de Saneamiento de 14 de septiembre de 2005, que conllevaron al pago del precio de adjudicación por la superficie de 11078.1976 ha; empero en el citado Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, si bien mantienen el tipo de Resolución Final de Saneamiento sugerido en el Informe de Evaluación Técnico Jurídica DD-S-SC 365/2004, contrariamente se determina la emisión de una Resolución Suprema: 1) Anulatoria, 2) de adjudicación y 3) Declaración de Tierra Fiscal, debiéndose otorgar Titulo Ejecutorial en copropiedad a favor de Ana María Suárez Céspedes y Carlos Aguilera Perrogon, cuando el propio Informe de Evaluación Técnico Jurídica DD-S-SC 365/2004, establece que el Título Ejecutorial 390178 emergente del Trámite Agrario signado con el número 11041, correspondiente al predio denominado “La Asunta” se encuentra exento de vicios de nulidad relativa y absoluta, habiéndose verificado el cumplimiento de la FES, y sugerido dictar Resolución Suprema confirmatoria del Título Ejecutorial otorgado en favor de Carlos Aguilera Perrogón y la emisión del Certificado de Saneamiento de conformidad; asimismo se advirtió un excedente de 1078,9324 ha, incluyendo las 37 ha del trámite agrario mencionado en el inciso c), extensión superficial en la cual se ha verificado el cumplimiento de la FES, estableciéndose la legalidad de las posesiones, por lo que también se sugirió dictar Resolución Administrativa de Adjudicación Simple y Titulación, de donde se tiene que ninguno de esos criterios condice con lo aseverado en el último párrafo del punto “IV. ADECUACIONES AL DECRETO REGLAMENTARIO” del Informe Técnico Legal INF. DGS -TCO’S SC 0225/2010, que asevera que en base al Informe de Evaluación Técnica se considere la emisión de una Resolución Suprema conjunta anulatoria, de adjudicación y de declaración de tierra fiscal; f) En el Informe Técnico Legal INF. DGS - TCO’S SC 0225/2010, se señala que del relevamiento en gabinete efectuado, se pudo evidenciar que ambos antecedentes agrarios 40292 y 11041, se encuentran sobrepuestos al Área F de Colonización creada mediante DS de 25 de abril de 1905, habiéndose emitido resoluciones y Títulos Ejecutoriales por el ex SNRA en un área declarada de reserva para planes de colonización, lo que contravendría lo contemplado en el art. 1 de la Ley de 6 de noviembre de 1958, por lo que, correspondería anular el antecedente agrario 11041 y ratificar la nulidad del 40292 en cumplimiento del art. 321.I inc. a) del DS 29215. Al respecto, revisados los antecedentes cursantes en el proceso de saneamiento de la propiedad agraria denominada “La Asunta” se advierte la inexistencia del mencionado “relevamiento en gabinete” que determinaría que el predio “La Asunta” se encuentra sobrepuesto al “Área F de Colonización, por lo que, la aseveración efectuada carece de sustento técnico para llegar a dicha conclusión; g) El DS de 25 de abril de 1905, en su art. 4, establece que “Aprobadas que sean las presentes bases por la próxima Legislatura, se dictará el Reglamento orgánico de colonización y se levantarán las cartas regionales que sirvan para hacer las respectivas adjudicaciones de una manera fija que no se preste a confusión alguna”, situación que no se efectivizó en ningún momento, ya que ni la siguiente o subsiguientes legislaturas aprobaron dichas bases; consiguientemente, la citada Zona de Colonización legalmente no entró en vigencia y menos fueron dictadas en el marco legal la Reglamentación y cartas regionales referidas, por tanto, no se establece a ciencia cierta y de manera clara los límites de esta zona y la intervención efectiva de las instituciones responsables de la distribución de tierras de colonización, aspectos que se ven reflejados en la inexistencia de procesos de colonización en este sector, no existiendo precisión en cuanto a establecer si hay o no de sobreposición entre esta zona y el área que fue objeto de dotación del predio “La Asunta”, no siendo posible pretender determinar la supuesta sobreposición de este predio con la referida “Zona F”, sin bases técnicas reales, puesto que, los datos contenidos en el DS de 25 de abril de 1905, con relación a la ubicación, límites, colindancias y superficies totales de la referidas zonas, son imprecisas y generales; h) La Ley de 6 de noviembre de 1958, que es promulgada con posterioridad al DL 3464, dispone para lo venidero, es decir respecto a las futuras zonas de colonización y no así en relación a las dispuestas mediante el DS de 25 de abril de 1905, ya que la reforma agraria implantada estableció una nueva visión del agro, dejando sin efecto el antiguo orden y primando los postulados del cumplimiento de la Función Social de la tierra, en tal sentido, no podría ser compatible y coexistir a la reforma agraria una disposición legal como el citado Decreto Supremo, resultando ilógico pretender desacreditar antecedentes agrarios arguyendo una supuesta sobreposición a la zona de colonización no definida y que no fue considerada por el ex Concejo Nacional de Reforma Agraria, instancia que gozaba de jurisdicción y competencia absoluta dentro de aquellas zonas; aspectos estos que ya fueron analizados por el Tribunal Agroambiental que ha entendido la imposibilidad de determinar con certeza las áreas de las zonas de colonización, así como su inaplicabilidad, tal como se tiene el entendimiento desglosado en la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 59/2015 de 29 de julio; entendimiento reiterado por diferentes fallos agroambientales, entre ellos, las Sentencias Agroambientales S1a 75/2015, 79/2015, 96/2015, 25/2016, 66/2016, 82/2016, 15/2017, 16/2017; y, S2a 17/2018; 17/2016, 35/2016, 94/2016, 6/2018; i) El sustento de su derecho propietario tiene su origen en la Sentencia de 17 de enero de 1964 pronunciada por el Juez Agrario Móvil de Ascensión de Guarayos (exp. 11041), antes de la creación de la Reserva Forestal denominada Guarayos, razón por la que, los Decretos Supremos 08660 de 19 de febrero de 1969 (Creación de la Reserva Forestal Guarayos), 11615 de 2 de julio de 1974, referente a los asentamientos anteriores a la fecha de emisión de la citada norma; y, 12268 de 28 de febrero de 1975, no pueden ser aplicados retroactivamente, ya que, su derecho propietario se encuentra respaldado en un trámite agrario de dotación anterior y sustanciado ante autoridad competente; j) El Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, no cuenta con decreto de aprobación, en tal circunstancia solo sugiere y no define derechos, por lo que no puede ser considerado válido en sus efectos, en tanto no cuente con la aprobación por la autoridad respectiva; k) Se desconoció las previsiones contenidas en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del DS 29215, pues no puede considerarse un error u omisión de forma, el no identificar un supuesto vicio de nulidad de un trámite agrario que conlleve cambios tan importantes como el cambio de la calidad de propietarios subadquirentes a poseedores y por ende la modificación de la modalidad de conservación o adquisición de la tierra, la modificación de la superficie a consolidarse y la declaración de tierra fiscal de una parte del predio en la que se ha verificado y determinado el cumplimiento de la FES por parte de los propietarios del predio "La Asunta", además de desconocer que los mismos cumplieron con sus obligaciones pecuniarias al haber cancelado los precios de adjudicación fijados por la superficie excedente en posesión, lo que les daba derecho a adquirir esa superficie por adjudicación y la tasa de saneamiento condición para la emisión del correspondiente título ejecutorial, concluyendo que el Informe de Control de Calidad incumple las previsiones normativas señaladas; l) Ante la omisión o error de fondo en una etapa o actividad ya cumplida, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 29215, correspondería anular obrados hasta el vicio más antiguo, conforme así se tiene establecido en la Sentencia Agroambiental Nacional S2a L 029/2012 de 3 de agosto, advirtiendo que el referido Informe de Control de Calidad al modificar resultados de etapas precluidas y aprobadas, vulneró el debido proceso; m) El Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, se constituyó en el antecedente directo e inmediato para las decisiones asumidas en la RS 04536, emergente del proceso de saneamiento del predio “La Asunta”, en cuyo mérito se emitió el Título impugnado, sin establecer o identificar los vicios de nulidad absoluta, anulando los procesos agrarios de dotación 11041 y 40292 denominados "La Asunta" y "San Miguel", sin la debida fundamentación y motivación, determinando adjudicar solo la superficie de 500 ha, en favor de Ana María Suárez Céspedes y Carlos Aguilera Perrogón, desconociendo el derecho propietario y cumplimiento de la FES sobre la superficie de 2558.1976 ha; n) En el presente caso, el Título Ejecutorial Numero PPD-NAL-756838, se encuentra viciado de nulidad absoluta al evidenciarse "error esencial" previsto en el art. 50.I inc. a) de la LSNRA, siendo contrario a los antecedentes del proceso de saneamiento del predio "La Asunta", y emitido en cumplimiento a la RS 04536, emergente del procedimiento de saneamiento de ese predio; o) Existe incongruencia de los resultados con los antecedentes del referido proceso, siendo que conforme a procedimiento correspondía emitir una resolución basada en las conclusiones y sugerencias contenidas en el "Informe de Evaluación Técnico Jurídico - Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen DD-D-S-SC 365/2004, confirmando el Titulo Ejecutorial 390178 emitido dentro del expediente 11041, que por un lado permite conservar la superficie correspondiente a ese título y por otro lado, adquirir además la superficie excedente en consideración a haberse verificado y determinando el cumplimiento de la FES en la totalidad de la superficie de 2558.1976 ha mensuradas y que constituyen el predio actualmente denominado “La Asunta”. Habiéndose lesionado lo dispuesto en los arts. 393 y 397.I y II de la CPE; 2 parágrafos II, III, IV, VII y X, 3.I y IV, 64, 66 y 67.I y Disposición Final Décimo Cuarta de la Ley 1715; Disposición Transitoria Octava de la Ley 3545; y, 363.I inc. c), 326 y SS., Disposición Transitoria Primera y Disposición Transitoria Segunda del DS 29215. Como emergencia de la demanda de nulidad precedentemente citada, los Magistrados demandados, emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022, con base a los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la causal de nulidad del Título Ejecutorial por existencia de error esencial: i) Se denuncia la inexistencia de resolución administrativa de aprobación del Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010; por el que, se recomendó el cambio de la calidad de beneficiario de propietario a poseedor, aspecto que conllevó a la reducción de la superficie a ser reconocida de 2558.1976 ha, a 500 ha, aspecto que se considera un error de fondo que vulnera el debido proceso, ya que, modificó los resultados de etapas precluidas y aprobadas, irregularidades que se acreditan por la RS 04536, que anuló los proceso agrarios de dotación 11041 y 40292 denominados "La Asunta" y "San Miguel" que serían los antecedentes de su derecho propietario, sin ningún fundamento que establezca o identifique los vicios de nulidad absoluta; en respuesta a este agravio, las autoridades hoy demandadas, establecieron que la parte actora no explica cómo es que tal situación habría generado “error esencial” al momento de la emisión del Título Ejecutorial; es decir, cuál el acto o hecho jurídico que habría sido valorado al margen de la realidad, influyendo no solo en la voluntad del administrador sino que constituiría el fundamento de la toma de decisión, no habiéndose demostrado y menos explicado cómo es que el Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, configuraría un elemento determinante, reconocible y constatable por actos que cursen en la carpeta de saneamiento, debidamente identificados por la autoridad administrativa, así como la observación oportuna por las partes intervinientes durante el proceso de saneamiento, más cuando de la revisión de antecedentes, se tiene que solo la co beneficiaria, Ana María Suárez Céspedes, ahora demandada, se apersonó al proceso de saneamiento, sin realizar observación alguna y menos haberse opuesto al contenido del Informe cuestionado, quien posteriormente interpuso demanda contenciosa administrativa ante Tribunal Agroambiental, que mediante Auto Interlocutorio Definitivo de 24 de mayo de 2011, fue declarado por no presentada la demanda contenciosa administrativa; ii) La co beneficiaria Ana María Suárez Céspedes se declaró heredera conjuntamente su hija, Carmen Aida Aguilera Suárez, de Carlos Aguilera Perrogón, así se tiene de la copia simple del Testimonio de Proceso Voluntario sobre Declaratoria de Herederos de 15 de noviembre de 2006, documentación que no fue presentada oportunamente durante el proceso de saneamiento, sino hasta el 15 de agosto de 2017, conforme cursa memorial de apersonamiento y solicitud de notificación con la Resolución Final de Saneamiento impetrada ante la Dirección Nacional del INRA por Carmen Aguilera Suárez; vale decir, que después de 11 años del fallecimiento y correspondiente declaratoria de herederos, de quien fuera copropietario, padre y esposo difunto, se pretende regularizar el trámite administrativo que para entonces se encontraba concluido y con Resolución Final de Saneamiento (RS 04536); y, iii) La última actuación realizada por el cobeneficiario Carlos Aguilera Perrogon, fue el 21 de abril de 2006, conforme consta en el memorial cursante a fs. 266 y vta. de la carpeta de saneamiento, razón por la que llama la atención que ni la ex esposa, cobeneficiaria Ana María Suárez Céspedes ni la hija ahora demandante, pese los derechos adquiridos y reconocidos mediante Declaratoria de Herederos de 15 de noviembre de 2006, no pusieron en conocimiento de la autoridad administrativa de manera formal y oportuna la misma, incumpliendo el deber de comunicar tal situación a la autoridad administrativa, ocasionando su propia indefensión. 2) En relación a las denuncias formuladas respecto al proceso de saneamiento: a) Los Magistrados hoy demandados proceden a efectuar una diferencia entre una demanda contenciosa administrativa y una demanda de Nulidad de Título Ejecutorial, aclarando que si bien en una demanda contencioso administrativa el Tribunal tiene la tuición de ejercer un control de legalidad de los actos ejecutados por la autoridad administrativa en sede administrativa; empero, en una demanda de Nulidad de Titulo Ejecutorial, no ocurre lo mismo, debido a que en este tipo de demandas se verifica si el acto final del proceso de saneamiento (emisión del título ejecutorial) no se contrapone a normas imperativas que prohíban su emisión, dando lugar a la existencia de un Título Ejecutorial incompatible con un determinado hecho y/o norma legal vigente al momento de su otorgamiento; es decir que por ley se encuentren al margen de esos procedimientos o cuando el Título Ejecutorial fue otorgado apartándose de las normas que fija la ley y/o en el supuesto de haberse titulado tierras a favor de un titular distinto al que debió ser reconocido en derecho; b) Continúan señalando que la parte actora enfatizó su demanda en contra del Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, denunciando que el mismo sería contrario a lo establecido en el Informe de Evaluación Técnica Jurídica, sin la existencia de análisis previo e informe de relevamiento en gabinete, establece la sobreposición del predio "La Asunta" a la zona F de Colonización, así como a la Reserva Forestal Guarayos, situación por la que el Tribunal Agroambiental emitió el Informe Técnico TA-G 040/2021; sobre el particular, advirtieron que de acuerdo a los antecedentes de la carpeta predial de saneamiento, tales denuncias jamás fueron reclamadas durante la sustanciación del proceso de saneamiento, por quienes participaron en el mismo, menos por los cobeneficiarios del Título Ejecutorial impugnado, sino hasta la presente demanda de nulidad de título ejecutorial, que como se tiene explicado precedentemente, el análisis y el control de legalidad sobre tales aspectos corresponde a una demanda contenciosa administrativa y no así a una demanda de nulidad de título ejecutorial; c) Similar situación ocurre con la denuncia respecto al incumplimiento de los arts. 198 (Posesiones legales) del DS 25763; 309.II (Posesiones legales) y las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del DS 29215, por cuanto tales aspectos, jamás fueron reclamados durante el proceso de saneamiento y menos se hubiera reclamado los mismos en una demanda de control de legalidad como es el proceso contencioso administrativo, que no obstante su interposición por parte de la ahora demandada (cobeneficiaria), en su oportunidad no cumplió con las observaciones realizadas por la autoridad jurisdiccional, que concluyó con el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 28/2011; d) Por otra parte, en relación a los expedientes agrarios Nros. 40292 y 11041 que constituirán la base de su derecho propietario, que habrían sido anulados mediante la Resolución Final de Saneamiento (R 4536 de 26 de noviembre de 2010), sin establecer ni identificar vicios de nulidad absoluta; al respecto, corresponde señalar que tal denuncia no se encuentra vinculada a las causales de nulidad de Título Ejecutorial razón por la que, en este punto, no se cumplió con lo dispuesto por el art. 327. 6) y 7) del Código Procesal Civil (CPC), de aplicación supletoria en la materia, en sentido de no haber realizado una relación entre los hechos y el derecho invocado, exponiéndose con claridad y precisión la relación de causalidad entre los mismos, más cuando tales reclamos debieron ser expuestos durante el proceso de saneamiento y en su caso en una demanda contenciosa administrativa, situación que no aconteció por cuanto la parte demandante recién se apersonó a la instancia administrativa a casi siete años de haberse emitido la Resolución Final de Saneamiento, recordando en consecuencia, que cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, estos deberán ser impugnados haciendo uso de los procedimientos de impugnación administrativos previstos, y en su caso, a través de la demanda contenciosa administrativa que tiene por finalidad ejercer el control de legalidad sobre los actos que han sido ejecutados por el ente administrativo, revisándose si el proceso administrativo se adecuó en cuanto a su tramitación a las normas que lo regulan y si la decisión asumida se ajusta a derecho; aspectos que no pueden ser nuevamente revisados a través de una demanda de nulidad de título ejecutorial; y, e) El INFORME TÉCNICO LEGAL INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, objeto de análisis en relación al error esencial como causal de nulidad, no es idónea para demostrar la supuesta falsa apreciación de la realidad, en la que definitivamente no incurrió la autoridad administrativa, debido a que como ya se aclaró, las partes tuvieron la oportunidad para apersonarse al proceso de saneamiento a objeto de ponerse a derecho e informar acerca de la situación jurídica que les asistía como emergencia del fallecimiento del co beneficiario y su respectiva declaratoria de herederas, dejando precluir etapas, sin haberse manifestado acerca del trámite procesal que ahora es denunciado, puesto que después del fallecimiento del cobeneficiario, ninguna de las herederas se apersonó al proceso de saneamiento, sino hasta después de la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, conforme se tiene explicado, por lo que la presentación extemporánea de la documental que acredita su legitimación (Declaratoria de Herederas) deben ser de conocimiento previo de la autoridad administrativa que emitió el Título Ejecutorial acusado de nulo; situación que impidió a la autoridad administrativa tener conocimiento pleno y oportuno de la verdad material de los hechos; consecuentemente, no advirtieron error que sea "determinante" y "reconocible"; por lo que no podría acusarse de error esencial, si el mismo emergió de una decisión correctamente emitida, con base a actuados convalidados que cursan en los antecedentes del proceso de saneamiento. Ahora bien, luego de la contrastación efectuada entre la demanda de nulidad de título ejecutorial y la Sentencia Agroambiental ahora observada, se advierte que esta última se basa en lo principal, únicamente en aspectos meramente formalistas, en cuanto a la actuación del INRA al interior del proceso de saneamiento, del cual fue parte el predio “La Asunta” de propiedad de la hoy accionante, apoyando su decisión en el entendido de que las herederas dejaron precluir etapas, ya que no se pusieron a derecho ni presentaron oportunamente su declaratoria de herederos, en el proceso de saneamiento, sino hasta después de la emisión de la Resolución Final de Saneamiento, por lo que su presentación extemporánea de ese documento impidió que la autoridad administrativa tenga conocimiento pleno y oportuno de la verdad material de los hechos; lo que hace imposible pretender la nulidad del Título Ejecutorial; sumado a ello, establecen que los reclamos que hoy traen a colación a través de la demanda de nulidad de título ejecutorial, referidos a la supuesta sobreposición de su predio con la Zona F de Colonización, debieron ser expuestos durante el proceso de saneamiento y en su caso en una demanda contenciosa administrativa, situación que no aconteció, por cuanto la parte demandante recién se apersonó a la instancia administrativa a casi siete años de haberse emitido la Resolución Final de Saneamiento, por lo que no pueden ser revisados a través de una demanda de nulidad de título ejecutorial. Al respecto, resulta evidente que las autoridades hoy demandadas olvidaron el fin y naturaleza jurídica de ese tipo de procesos, y la competencia con la que se hallan investidas para conocer y resolver, en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de Títulos Ejecutoriales, encontrándose facultadas para examinar si se cumplió con la normativa legal vigente al momento del otorgamiento del referido Título y determinar si éste contiene vicios de nulidad o anulabilidad, conforme a lo denunciado en la demanda. En ese marco normativo, de acuerdo al mandato e interpretación legal que respalda la formulación de una demanda de nulidad de Título Ejecutorial, y considerando que la emisión de este documento se constituye en un acto decisorio por parte del Estado que nace del ejercicio de su potestad administrativa; corresponde que la demanda por la que se pretende su nulidad sea analizada en su integridad ante la concurrencia de las causales contenidas en el art. 50 y Disposición Final Décima Cuarta de la LSNRA, con el consiguiente control de legalidad al que se encuentra supeditado el Tribunal Agroambiental, ya que no es admisible considerar que al no haberse objetado los cuestionamientos llevados recién a la jurisdicción agroambiental, en el proceso de saneamiento, se impida el conocimiento de fondo de la causa y problema planteados en el proceso de nulidad de Título Ejecutorial, pues es precisamente esa labor de control de legalidad, la que se debe efectuar en demandas como la que hoy fue formulada en esa instancia. En ese orden, los Magistrados demandados, bajo un errado y formal entendimiento sobre los alcances de una demanda de nulidad de título ejecutorial, no sometieron el caso concreto al control de legalidad desde y conforme una justicia material y constitucional, obviando analizar el fondo de la misma, que de acuerdo a lo sostenido por la parte accionante en audiencia de esta acción tutelar, que no fue contradicho por la parte demandada, se tuvo que después de la modificación a los resultados en la etapa de conclusiones, no se le dio a conocer los mismos, siendo que la propia norma inserta en el art. 266 del DS 29215, establece que si existe un error de fondo identificado en control de calidad, corresponde retrotraer actuados hasta la etapa de informe en conclusiones, modificarlos y dar a conocer a los administrados a fin de ejercer su derecho a la defensa y hacer uso de algún recurso administrativo u otro recurso que al ley prevé; hecho que no fue cumplido por el INRA, sometiendo a un estado de indefensión a la parte accionante, no obstante que la propia entidad administrativa emitió el Informe 154/2018 de 28 de febrero (que no fue refutado por las autoridades hoy demandadas), que establece que Carlos Aguilera Perrogón, no hubiera sido notificado con la Resolución Final de Saneamiento, sugiriéndose en su momento la notificación con dicha resolución a Carmen Aída Aguilera Suárez, actuación que no habría sido efectivizada por el INRA, razón por la que, ante ese desconocimiento no fue posible la interposición de la demanda contenciosa administrativa, tal es así, que el propio Tribunal Agroambiental, refiere que mediante memorial de 15 de agosto de 2017, Carmen Aguilera Suárez se apersonó al proceso y solicitó su notificación con la Resolución Final de Saneamiento (RS 04536), lo que denota que en definitiva la prenombrada no tuvo conocimiento alguno sobre las modificaciones al interior del proceso de saneamiento, coartándose con ello el derecho a la defensa que le asiste como heredera de Carlos Aguilera Perrogón, razón por la que, interpuso la demanda de nulidad; que hoy es rechazada en su análisis de fondo por el Tribunal Agroambiental; sin considerar el estado de indefensión al que fue sometida la impetrante de tutela al momento de la activación de todo el aparato administrativo para poner en marcha las modificaciones de los resultados del proceso de saneamiento, que provocaron lesiones a los derechos de la impetrante de tutela, bajo un argumento formalista como es el hecho de que lo demandado debió hacerse prevalecer en la correspondiente etapa al interior del proceso de saneamiento, desconociendo con ello, el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, con afectación de su derecho propietario, en pruritos formales y ritualidades que bien pudieron ser superados a tiempo del análisis de fondo del planteamiento del problema puesto a su jurisdicción. En ese marco constitucional y en lo referente al acervo probatorio ofrecido en el proceso de nulidad que se analiza, resulta de vital importancia señalar que con la finalidad de buscar la verdad material objetiva sobre lo denunciado por la hoy peticionaria de tutela, el Tribunal Agroambiental se encuentra, bajo un mandato imperativo, obligado a dotar a la justiciable de una tutela judicial efectiva, traducida en la consideración de cuanta prueba sea necesaria para llegar a la verdad material e histórica del hecho, lo que constituye un medio fundamental e ineludible para alcanzar una genuina administración de justicia; dejando de lado excesivos ritualismos formales ante situaciones como las que hoy se analiza, en la que se contrapone el principio de verdad material. Ante lo dicho, es incuestionable que la parte impetrante de tutela de manera clara hizo conocer la existencia de prueba que da cuenta de la concurrencia de las causal de nulidad prevista en el ordenamiento jurídico, y que ataca en definitiva el resultado del proceso de saneamiento y la correspondiente emisión del Título Ejecutorial controvertido, entre ellas, el Informe de Evaluación Técnico Jurídico de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen DD-D-S-SC 365/2004 de 14 de febrero de 2005, evacuado por los responsables de evaluación y control de calidad del INRA, por el que, luego del análisis al Título Ejecutorial 390178, emergente del proceso agrario 11041, correspondiente al predio denominado “La Asunta” que le sirve de antecedente y al Título Ejecutorial 002975 (serie 5190) emergente del trámite agrario 40292, correspondiente al predio denominado Zona “San Miguel”, confrontados que fueron los datos de gabinete con los obtenidos en campo, concluyeron que el Título Ejecutorial 390178, se encuentra exento de vicios de nulidad relativa y absoluta, verificándose el cumplimiento de la FES, sugiriendo, entre otros, dictar resolución suprema confirmatoria de Titulo Ejecutorial 390178 otorgado a favor de Carlos Aguilera Perrogón y Ana María Suárez Céspedes, correspondiendo emitir certificado de saneamiento del predio “La Asunta” y resolución suprema anulatoria del Título Ejecutorial 002975 (serie 5190), de la Resolución Suprema 200639 de 11 de noviembre de 1985, otorgada a favor de Francisco Varita Sacu y del expediente agrario 40292 correspondiendo su archivo definitivo; en ese mérito, considerando la existencia de esta prueba que fue parte principal del proceso de saneamiento; con mayor razón existía el deber y obligación de efectuar la valoración de este y todos los medios de prueba extrañados por la hoy accionante, en relación a la causal de nulidad invocada en la demanda de nulidad “error esencial”; a partir de una supuesta sobreposición del predio “La Asunta” con la Zona F de Colonización. En ese entendido, al no haberse pronunciado las autoridades ahora demandadas sobre la incidencia de los citados medios de prueba en la decisión de fondo, en especial sobre el Informe de Evaluación, sustentando su decisión bajo el argumento de que no es posible demandar el Título Ejecutorial, sin que previamente se hubieran agotado las instancias que a criterio de los demandados, eran idóneos para su defensa, en definitiva lesionaron el debido proceso, ya que no ingresaron a analizar previamente las razones por la que se pide esa nulidad, y a consecuencia de qué se produjo la titulación de solo 500.0000 ha; en tal circunstancia, se incurrió en una omisión valorativa de la prueba, que tiene vinculación directa con el debido proceso que ciertamente desemboca en la lesión de derechos que asiste a la peticionaria de tutela; toda vez que, comprenden que tales medios de prueba acreditan la causal de nulidad invocada en su demanda. Sumado a ello, se tiene que dicha demanda no solo está referida al contenido mismo de las pruebas, sino y principalmente se centra en lograr que el Tribunal Agroambiental ingrese al análisis y valoración de fondo de la supuesta sobreposición del predio “La Asunta” con la Zona F de Colonización, que fue traído a colación en el Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, que se constituyó en el antecedente directo e inmediato para las decisiones asumidas en la RS 04536, emergente del proceso de saneamiento del predio “La Asunta”, en cuyo mérito se emitió el Título Ejecutorial ahora impugnado, determinando adjudicar solo la superficie de 500 ha, en favor de Ana María Suárez Céspedes y Carlos Aguilera Perrogón, y desconociendo el derecho propietario y cumplimiento de la FES sobre la superficie de 2558.1976 ha; extremo que ciertamente no fue abordado en momento alguno por el Tribunal Agroambiental, bajo el argumento formalista explicado precedentemente. Así, de la revisión de los antecedentes que acompañan esta acción tutelar, se tiene sobre este punto, el Informe Técnico Legal INF. DGS-TCO'S SC 0225/2010, sobre adecuación al DS 29215 respecto al predio “La Asunta”, que estableció concretamente que del relevamiento en gabinete efectuado, se pudo evidenciar que los antecedentes agrarios 40292 “San Miguel” y 11041 “La Asunta”, se encuentran sobrepuestos a la Zona F de Colonización creada mediante DS de 25 de abril de 1905; y que no obstante a ello, se emitieron resoluciones y Títulos Ejecutoriales, por el ex SNRA en un área declarada de reserva para planes de Colonización, en transgresión del art. 1 de la Ley de 6 de noviembre de 1958, por lo que, se sugería anular el antecedente agrario 11041 y ratificar la nulidad del 40292 en cumplimiento del art. 321.I inc. del DS 29215. Manteniendo el tipo de Resolución Final de Saneamiento sugerido en el Informe de Evaluación Técnico Jurídica DD-S-SC 365/2004 de 14 de febrero de 2005, considerando la emisión de una Resolución Suprema conjunta anulatoria, de adjudicación y de declaración de tierra fiscal, debiéndose otorgar Titulo Ejecutorial en Copropiedad a favor de Ana María Suárez Céspedes y Carlos Aguilera Perrogón. De igual forma, se advierte que de manera posterior se emitió el Informe Técnico TA-G 040/2021 de 16 de septiembre, por el Geodesta del Tribunal Agroambiental, unidad que realizando una interpretación técnica de la información de toponimias que contiene el DS de 25 de abril de 1905 de creación de las Áreas de Colonización, refiere y concluye que en base a los procedimientos técnicos empleados sobre el DS de 25 de abril de 1905, la citada unidad se vio imposibilitada de establecer territorialmente y con precisión la Zona F de Colonización, por lo mismo imposibilitado de determinar si los expedientes agrarios 40292 y 11041, se sobreponen o no a la citada zona, sugiriendo en consecuencia, valorar la documentación analizada conforme a derecho y disposiciones legales en vigencia, interpretación realizada en base al Mapa General de Bolivia de 1904 (Georeferenciado). Extremos sobre los cuales, aun verificándose una evidente situación de hechos materialmente comprobables, y la transgresión de derechos en la actividad realizada por el INRA, el Tribunal Agroambiental omitió ingresar al análisis de fondo del cuestionamiento llevado a su jurisdicción, olvidando que este Tribunal, en sus diferentes líneas jurisprudenciales sentadas, ya ha establecido que no es posible acreditar presunta sobreposición de predios en saneamiento a la Zona F Central de Colonización, al no existir ninguna entidad encargada de la “Colonización” que tenga en la actualidad la competencia exclusiva en dicha área, a partir del DS de 25 de abril de 1905, a su criterio, inoperante en la actualidad; además de sostener que cuando el INRA establece sobreposición de un predio con la Zona F de Colonización, sin que exista respaldo técnico, comete una ilegalidad (Sentencia Agroambiental S1a 58/2016); situación que al ser reconocida en pro del resguardo de los derechos del administrado, no puede ser pasada por alto por el Tribunal Agroambiental, quien en definitiva tiene el deber de analizar el fondo de la demanda llevada a su jurisdicción al evidenciarse que el Título Ejecutorial impugnado, presuntamente fuera emitido con vicios de nulidad, manteniendo subsistentes aspecto que ya fueron superados por la máxima entidad agroambiental, en tal circunstancia, los extremos referidos en la demanda, merece su atención y análisis incuestionable por parte del Tribunal demandado, aplicando y anteponiendo el principio de verdad material. Consiguientemente a criterio de este Tribunal los razonamientos expuestos en la Resolución ahora impugnada, resultan ser insuficientes, en virtud a que no se dio una concreta y cabal respuesta de fondo sobre todos los extremos expuestos en la demanda de nulidad, que garantice la comprensión de las partes del por qué se tomó aquella decisión, bajo el contexto de que todo fallo debe exponer de forma clara las razones que justifican su determinación, precisando los hechos y su fundamentación jurídica, aplicando no solo sus preceptos, sino su propia jurisprudencia, observando los principios y valores supremos orientadores de la administración de justicia, alcanzando el convencimiento necesario de que se obró de forma correcta; toda vez que, actuar de manera contraria, constituye vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, en el presente caso inescindiblemente vinculados a la adecuada valoración de la prueba y a un debido control de legalidad al que se encuentra impelido el Tribunal Agroambiental; correspondiendo en tal circunstancia conceder la tutela solicitada y ordenando a las autoridades demandadas emitir un nuevo fallo, atendiendo en el fondo todos los agravios expuestos en la demanda de nulidad de título ejecutorial; con base a los entendimientos asumidos en la línea jurisprudencial contendida en el Tribunal Agroambiental. Otras consideraciones

La parte accionante, denunció que por Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2022, se dejó subsistente entre otros, el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado Rufo Nivardo Vásquez Mercado, la disidencia formulada por el Magistrado Gregorio Aro Rasguido y el decreto de 26 de noviembre de 2021, por el que se convocó a la Magistrada Ángela Sánchez Panozo para conformar Sala, de donde evidenció que, al mantenerse inmutables el proyecto de sentencia del Magistrado Relator y la disidencia formulada por el Magistrado que revisó el mismo, no correspondía nuevo sorteo, ya que, solo faltaba el pronunciamiento de la Magistrada convocada, empero, al haberse obrado de manera contraria, conllevó a que en el caso se tengan dos proyectos de sentencia efectuados por dos Magistrados Relatores (Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Ángela Sánchez Panozo) y dos pronunciamientos respecto a estos proyectos por parte de Gregorio Aro Rasguido, uno en disidencia y otro en acuerdo al proyecto, dejando pendiente el pronunciamiento de la Magistrada Ángela Sánchez Panozo, entonces convocada para conformar sala. Al respecto, cabe mencionar, que estos hechos ya fueron analizados ante el recurso de reposición planteado por la hoy accionante, contra el citado Auto, el que fue resuelto por Auto de 3 de marzo de 2022, declarando no ha lugar a la reposición impetrada y confirmándose el mismo en todas sus partes, sin que ante ese pronunciamiento se hubiere activado la correspondiente acción de amparo constitucional. Al margen de ello, a fin de dotar de mayor claridad sobre este aspecto, corresponde señalar que al momento de haberse dejado sin efecto el decreto de 3 de mayo de 2022, por lógica consecuencia, se deja sin efecto los demás actuados posteriores a este acto, entre ellos, el pronunciamiento del proyecto de sentencia que hubiere en ese entonces emitido el Magistrado Relator, en tal circunstancia, la pretensión de la parte impetrante de tutela de querer invalidar el Auto Interlocutorio de 28 de enero de 2022, en razón de existir dos proyectos de sentencia en la misma causa, resulta inadmisible e inviable en su atención, puesto que el proyecto de sentencia cuestionado, resultar se precisamente eso: un proyecto, y no constituye resolución judicial definitiva que hubiera nacido legalmente a vida jurídica, encontrándose en consecuencia fuera del tracto jurídico del proceso; por lo que no corresponde mayor argumento al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 128 de 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 681 vta. a 684 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 11/2022 de 28 de abril, y ordenando que los Magistrados hoy demandados emitan una nueva resolución con la debida fundamentación, motivación y congruencia, atendiendo en el fondo todos los agravios denunciados en la demanda de nulidad de título ejecutorial, efectuando una adecuada valoración de la prueba presentada en la misma, aplicando el principio de verdad material; y, la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Agroambiental, respecto de la problemática central de una supuesta sobreposición del predio “La Asunta” con la Zona F de Colonización. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0756_2023-S4.pdf · páginas 1 a 41.

Huella digital del PDF (SHA-256): 65a509a70ace02b88adcc187d83e525b3cf4d597cbf1fc3b78bd410543876257

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