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SCP 0756/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48012-2022-97-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 067/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 53 a 56, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0756/2023-S3 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 48012-2022-97-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 067/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 53 a 56, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por América Ríos Quispe contra Remedios Yujra Gabincha, Jueza; y, Johnny Surci Loza, Secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 30 de marzo y 11 de abril de 2022, cursantes de fs. 13 a 18 y 20 a 24, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Eloy García Honorio, por la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y falso testimonio, previsto y sancionado por los arts. 203 y 169 del Código Penal (CP), que se encuentra sustanciándose en el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, asumió la defensa del nombrado, señalándose audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio para el 17 de febrero de 2022 a las 10:30 horas, actuado procesal con que fue debidamente notificada; sin embargo, el 16 de febrero de 2022, a las 19:00 horas -de acuerdo al a captura de pantalla de su celular- fue notificada con señalamiento de audiencia de aplicación de medidas cautelares de otro proceso, para el 17 de ese mes y año, a las 8:30 horas, el cual duró hasta las 13:45 horas. En ese entendido, en audiencia de apertura de juicio oral público y contradictorio de 17 de febrero de 2022, Eloy García Honorio hizo conocer a la .

Jueza ahora accionada que su persona se encontraba en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; asimismo, la abogada del otro coacusado solicitó que considere el hecho que su persona se encontraba en otra audiencia; no obstante, la Jueza hoy accionada de forma arbitraria determinó sancionarla en aplicación al art. 105 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con la imposición a pagar una multa equivalente a un mes de remuneración de un Juez Técnico; además, de remitir antecedentes al Ministerio de Justicia. Es así que, teniendo con que justificar su inasistencia a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, presentó memorial solicitando se deje sin efecto la determinación de la multa y remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia, adjuntando la certificación del “…SECRETARIO-ABOGADO del Juzgado 1ro Anticorrupción de la ciudad de La Paz…” (sic), que en su parte principal refiere que conforme al cuaderno de control jurisdiccional y tablilla de audiencias, se señaló audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares con aprehendido para el 17 de febrero de 2022, a las 8:30 horas y concluyó a las 13:45 horas; empero, la Jueza ahora accionada no comprendió su situación de abogada libre que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y emitió el decreto de 2 de marzo del referido año, declarando no ha lugar a lo solicitado, debiendo estar a lo dispuesto en audiencia y Resolución 15/2022 de 17 de febrero -de declaratoria de rebeldía-, debido a que, de la revisión de obrados su persona había sido notificada con anticipación para asistir a la audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio tal como se tenía en la diligencia cursante de “FS. 2181”, y desde ese acto procesal no puso en conocimiento lo manifestado en ese memorial, señalando; además, que esté también a lo dispuesto por el art. 113.II del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, determinación que no cumple con el art. 123 del CPP, al no referir de manera concreta y objetiva, si ese Auto de 2 de marzo de 2022, es recurrible en qué plazo puede recurrir o quien puede recurrir. Por lo que, el 18 de marzo de 2022, presentó memorial solicitando complementación al Auto de 2 de marzo de 2022, adjuntando una captura de pantalla de su teléfono celular donde se advierte la fecha y hora de notificación con el señalamiento de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares “…DEL JUZGADO 1RO ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE LA PAZ…” (sic), con la finalidad de que la Jueza ahora accionada comprenda el por qué no tuvo tiempo para presentar algún justificativo; empero, la referida autoridad judicial emitió el decreto de 21 del citado mes y año, declarando no ha lugar a su complementación y enmienda, y la parte solicitante estar a lo dispuesto en el Auto de 2 de marzo de 2022 y la Resolución 15/2022 -declaratoria de rebeldía-, debiendo observarse el plazo del art. 125 del CPP, y tomar en cuenta que el acusado se encontraba conectado en las audiencias de 17 de febrero y 11 de marzo de 2022, en la que no estaba presente su persona; por lo que, se advirtió a su defendido que en caso de continuar con .

actitudes dilatorias se dispondría todas las medidas que establece el art. 315 del CPP y de la misma forma dispondría aplicar dichas medidas a la otra abogada “…B. GONZALES LAURA (…) QUIEN FIRMA EL ESCRITO QUE ANTECEDE…” (sic) y que conforme al art. 339 del CPP, respecto a su persona ya se habría dispuesto el abandono malicioso de esa causa. Al respecto, se debe aclarar que en audiencia de 11 de marzo de 2022, estuvo presente en sala de audiencia virtual, donde la Jueza ahora accionada no le permitió tomar la palabra, cortándole la posibilidad de justificar su inasistencia, ordenando al secretario que no le permita su ingreso a la audiencia; además, no se consideró que en la audiencia de 17 de febrero de 2022, no era su persona la única ausente, sino también no asistió uno de los coacusados. Es así que, no tuvo intensión de incumplir su deber de asistir a la audiencia programada por la Jueza ahora accionada, habiendo justificado su inasistencia; además, si bien las autoridades jurisdiccionales tienen la facultad de imponer alguna sanción, estas deben enmarcarse dentro de la razonabilidad y proporcionalidad, en su caso al remitirse antecedentes ante el colegio profesional, se asumió una medida por demás desproporcional que afecta su economía y su derecho al trabajo.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso en su elemento de motivación, citando al efecto el art. 46.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la determinación de 17 de febrero de 2022, de sanción con multa equivalente a un mes de remuneración de Juez técnico y la remisión de antecedentes al colegio profesional correspondiente; b) Medidas cautelares para que la Jueza ahora accionada, no proceda con la apertura de audiencia de juicio, público y contradictorio; y, c) Se llame la atención severamente a la Jueza ahora accionada para que no sea tan drástica en sus determinaciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 26 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 52 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante y como abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) La Jueza ahora accionada la sancionó dos veces, .

obligándole a pagar una multa sin señalar que falta cometió como abogada y remitió antecedentes al Ministerio de Justicia; 2) Luego de la audiencia de 17 de febrero de 2022, se llevó la audiencia de 11 de marzo de ese año, no el “22 de marzo de 2022”, en la cual estuvo presente; empero, en acta se consignó como estuviese ausente, cuando existe un Disco Compacto (CD) donde se evidencia que su persona se encontraba presente y que fue maltratada por la Jueza ahora accionada; 3) El juicio de su patrocinado no comenzó aún; por lo que, es indispensable que como abogada asuma su defensa; puesto que, ya preparó la defensa técnica y eficaz al ser la abogada de confianza de Eloy García Honorio, 4) La sanción interpuesta por la Jueza ahora accionada fue superada por la SCP 0457/2014 de 25 de febrero; por lo que, la multa asumida en su contra es totalmente desproporcional y es necesario que se reponga; 5) No está pidiendo la revocatoria de la declaratoria de rebeldía de otro coacusado que no es su defendido; y, 6) Consignó el nombre del Secretario ahora coaccionado porque en otra audiencia de acción de defensa, le declararon improcedente porque no se consignó dicho nombre; empero, el Secretario hoy coaccionado, no vulneró ninguno de sus derechos.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario de apoyo jurisdiccional accionados

Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 45 a 47, manifestó que: i) La accionante no es parte esencial del proceso penal de fondo, conforme establece el Capítulo III del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal -aprobado el 10 de junio de 2020, por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia-, es así que no entiende porqué la accionante planteó esa acción de amparo constitucional dentro del proceso de referencia solo por sí y no por el acusado Eloy García Honorio; ii) Si se llega a disponer la reincorporación de la accionante al proceso penal de fondo, su autoridad no puede obligar al acusado a que dependa de la defensa técnica de la accionante, luego de declararse el abandono malicioso del proceso a través de la Resolución 15/2022 de 17 de febrero, y no comparecer a las audiencias de juicio oral, público y contradictorio y en caso de disponerse la reincorporación de la accionante se tendría que disponer la nulidad de obrados hasta la apertura de la audiencia de juicio oral, público y contradictorio en perjuicio de la víctima y querellante; iii) Apegó sus actos conforme establece el principio de seguridad jurídica, debido proceso y al principio de legalidad; iv) La accionante no concurrió a la audiencia señalada a pesar de estar notificada con más de un mes de anticipación, según se tiene de la diligencia cursante de “fs. 2181” ocasionando dilación en la tramitación del juicio oral, público y contradictorio; por cuanto, la misma no justificó su inasistencia para dicha audiencia, pudiendo haber otorgado un copatrocinio a otro abogado, es así que únicamente dio cumplimiento a lo establecido por el art. 113 del CPP, referido .

a la disposición que se debe dictar cuando un abogado defensor no asiste al llamamiento que efectúa la autoridad judicial; v) El art. 105 del citado Código, establece la sanción por abandono malicioso, la cual no está declarada inconstitucional y se encuentran en plena vigencia para su correspondiente aplicación, más aún tomando en cuenta la carga procesal ya que no se puede esperar la voluntad de los abogados a que concurran a las audiencias o que obstaculicen el desarrollo de las mismas, lo que ocurrió en el presente caso; vi) En la audiencia de 17 de febrero de 2022, se encontraba conectado el acusado que es defendido por la accionante, de quien se advirtió con meridiana claridad que no sabía por qué no se encontraba presente su abogada, dejándolo en el absoluto estado de indefensión; por lo que, se hizo constar que la suspensión de dicho acto procesal fue atribuible a la misma; y, vii) Respecto a la sanción impuesta a la accionante, la nombrada pretende desconocer la Ley 1173 con relación al poder ordenador y disciplinario que se otorga en la misma, los cuales se encuentran establecidos por los arts. 113 y 105 del CPP, cuya aplicación es general para todos; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pretendida, con costas, siendo que la propia accionante fue quien perjudicó y dilató el proceso de fondo. Johnny Surci Loza, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 25 de abril de 2022, cursante a fs. 48 y vta., manifestó que: a) Se llevó adelante la audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio, el 17 de febrero de 2022, a las 10:30 horas, para la cual las partes fueron legalmente notificadas con bastante anticipación; b) La no presencia de la accionante en la citada audiencia y la presunta vulneración de sus derechos escapa a su responsabilidad, así como los actuados que se desarrollaron, es así que en el memorial de la presente acción de defesa no se señala que su persona, en lo que le toca desarrollar, hubiese sido causante de la vulneración de derechos, considerando que es personal de apoyo judicial y no tiene capacidad de decisión en las actividades jurisdiccionales; y, c) De la lectura del memorial de la presente acción de amparo constitucional, “…no sabe en relación a que actuado procesal donde mi persona supuestamente ha intervenido intervino en el proceso…” (sic); y, d) Se adhiere al informe remitido por la Jueza ahora accionada y solicitó que se deniegue la tutela pretendida.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 067/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 53 a 56, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente contra la Jueza ahora accionada por haber advertido que con sus actos restringió el derecho al acceso al trabajo; y, denegó respecto al Secretario hoy coaccionado por inobservancia del presupuesto de la legitimación pasiva, disponiendo dejar sin efecto los Autos de 2 y 21 de marzo de 2022, así como la parte in fine de la Resolución 15/2022 que dispone “ʽ…por lo cual en relación a dichos abogados profesionales (América Ríos Quispe) se dispone aplicar el art. 105 del CPP y por .

secretaria de este despacho judicial remítase antecedentes por ante el colegio profesional correspondiente a los efectos disciplinarios…׳” (sic) disponiendo que la accionante se encuentra plenamente habilitada para ejercer la labor de la abogacía en el referido proceso penal; bajo los siguientes fundamentos: 1) La Jueza ahora accionada al momento de emitir la parte in fine de la Resolución 15/2022, no consideró los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y objetividad, en cuanto a la determinación asumida con relación a la aplicación del art. 105 del CPP y remisión de antecedentes ante el colegio profesional correspondiente, debido a que era la primera audiencia de consideración de juicio oral, público y contradictorio y no fue la inasistencia de la accionante la única causal para disponer la suspensión de la audiencia, sino que también ocurrieron otros aspectos, como el hecho de haberse declarado la rebeldía del coacusado Edwin Pánfilo García Honorio y el abandono malicioso del abogado Harold Erick Huanca, evidenciándose de aquello que no fue proporcional la decisión adoptada por la Jueza ahora accionada; 2) Con relación al criterio de razonabilidad para emitir una sanción como la asumida contra la accionante, en el marco del art. 5 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal y moderador que tiene la autoridad jurisdiccional, se tiene que la audiencia de 17 de febrero de 2022, fue pospuesta no de forma exclusiva por la inasistencia de la accionante, sino que la abogada Delmy Lovera solicitó se suspenda la audiencia, es por ello que no se cumplió con el principio de razonabilidad vinculado a los antecedentes del caso, más aún cuando la nueva audiencia de 11 de marzo de 2022, también se postergó; por ello, la remisión de antecedentes se constituye en una decisión excesiva y arbitraria; 3) De manera posterior la accionante por memorial de 25 de febrero de 2022, hizo conocer a la Jueza hoy accionada las razones de su ausencia en la audiencia de 17 de febrero de 2022, y la citada autoridad judicial limitó su consideración al hecho de haberse notificado con anterioridad y que el acusado se encontraba conectado a la audiencia virtual, es así que para esa Sala Constitucional la audiencia del accionante a dicho actuado procesal no fue voluntario y no puede ser considerado dilatorio, independientemente de los casos que patrocina la accionante; en consecuencia, no se estableció el criterio de razonabilidad en la aplicación de la sanción impuesta; 4) Concluyen que la determinación asumida por la Jueza ahora accionada resulta excesiva y genera restricción del derecho al trabajo de la accionante, de profesión abogada, lo que no quiere decir que se desconozca la facultad moderadora disciplinaria de la autoridad en materia penal; empero, las decisiones deben ser graduales, objetivas y proporcionales; 5) Con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, la accionante no es parte en el proceso penal del cual emerge esta petición de tutela, de lo que se advierte que no cuenta con suficiente legitimación a título personal; y, 6) Finalmente el Secretario ahora coaccionado tiene la única función de dar fe a los actos emitidos por la Jueza ahora coaccionada; por lo que, no advierte que conlleve responsabilidad personal en la emisión de esos actos jurisdiccionales, denegándose por ello la tutela en relación a ese servidor por inobservancia de la legitimación pasiva.

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II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución de 15/2022 de 17 de febrero, Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionada-, declaró la Rebeldía de Edwin Pánfilo García Honorio -coacusado- y con relación a los abogados Harold Erick Yanarico Huanca y América Ríos Quispe -ahora accionante- que es defensa técnica de Eloy García Honorio que no concurrió a la audiencia y menos justificó de alguna manera su inasistencia a ese acto procesal, dispuso aplicar el art. 105 del CPP y que por Secretaría de ese despacho judicial se remitan antecedentes ante el colegio profesional correspondiente a los efectos disciplinarios (fs. 5 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2022, la accionante presentó ante la Jueza ahora accionada justificativo y solicitó dejar sin efecto la determinación de multa y remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia (fs. 7 y vta.); recibiendo en respuesta el Auto de 2 de marzo de 2022; por el que, declaró no ha lugar lo solicitado, debiendo estar el mismo a lo dispuesto en audiencia y Resolución 15/2022 -declaratoria de rebeldía- (fs. 8). II.3. A través del memorial presentado el 18 de marzo de 2022, ante la Jueza ahora accionada, Eloy García Honorio solicitó complementación al Auto de 2 de marzo de 2022, señalando en el otrosí y en el otrosí 2do, que para que se tenga convicción de que su abogada fue notificada el 10 de febrero de 2022, a las 18:00 con audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 11 de ese mes y año, a las 9:10 horas, lo que impidió poder realizar algún justificativo a ese despacho, adjuntó “toma” de señalamiento de audiencia (fs. 10 y vta.); emitiéndose al respecto el Auto de 21 de marzo de 2022, por el que se declaró no ha lugar a la complementación y enmienda, debiéndose estar a lo dispuesto por Auto de 2 de marzo de 2022, y la Resolución 15/2022 -declaratoria de rebeldía-; en cuanto al otrosí y al otrosí 2, por adjuntado y que debía estar a lo dispuesto en lo principal; es decir, al no ha lugar, debiendo estar a lo dispuesto en lo principal (fs. 11).

I II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que, la Jueza hoy accionada dispuso y mantuvo la imposición de que su persona pague una multa equivalente a un mes de remuneración de un Juez Técnico y remitir antecedentes al Ministerio de Justicia, a pesar de haberse hecho conocer en audiencia, a través de su defendido, la causa de su inasistencia a la audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio de 17 de .

febrero de 2022 y posteriormente mediante memorial presentado el 25 de igual mes y año; por el que, solicitó se deje sin efecto la determinación asumida en su contra, adjuntado un justificativo, el cual al ser declarado no ha lugar, presentó complementación y enmienda que también fue declarado no ha lugar, medidas por demás desproporcionales que afectan su economía y su derecho al trabajo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Respecto al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional y posibilidad de apelación incidental de la resolución que impone multa pecuniaria en base al art. 105 del CPP

La SCP 0691/2021-S3 de 6 de octubre, reiterando razonamientos anteriores, dispuso que: «En cuanto a este requisito de procedencia de la acción de amparo constitucional, la SCP 0570/2019-S1 de 17 de julio, sostuvo: “Sobre la temática, la SCP 0209/2016-S2 de 7 de marzo, señaló que: ʽCon relación a este punto el art. 129.I de la CPE, establece que: La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’, precepto que concuerda con el art. 54.I del CPCo, que dispone que esta acción ‘...no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo’. En ese sentido la SCP 0369/2014 de 21 de febrero, refirió que: …el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras no se hubiera hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo de las instancias idóneas para conocer y resolver el recurso o reclamo presentados por el recurrente’. Por su parte la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló reglas y subreglas de aplicación del principio de subsidiariedad, estableciendo que: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la .

parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”’. Asimismo, corresponde señalar también lo establecido en la SCP 0611/2017-S3 de 26 de junio, que resolvió una acción de amparo constitucional, relacionada a la sanción al abogado patrocinante, estableciendo que: “…contra los abogados en patrocinio técnico al interior de un proceso penal, la decisión judicial debe contar con el voto del derecho a la impugnación como vertiente del derecho a la defensa; es decir, el derecho a la doble instancia debe concurrir necesariamente ante un fallo judicial que impuso una sanción económica disciplinaria, en razón a que “…El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento integrante transversal a todas las fases sustantivas del proceso penal y también es inherente a la totalidad de procesos disciplinarios sin exclusión. Al respecto, Binder afirma: 'El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás”. El derecho a la defensa irrestricta es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo. El derecho a la defensa, es un elemento adjetivo del debido proceso, que halla uno de sus resguardos en la garantía de la doble instancia, que a su vez tiene su consagración en las normas de derecho internacional, más propiamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), normas en las cuales .

se le asigna el carácter de garantía judicial, asumiéndola como un mecanismo de protección, dirigido a materializar los derechos. (…) La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en que grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada (SCP 0275/2012 de 4 de junio). Ahora bien, analizando la problemática traída en revisión, se tiene que la determinación de 20 de marzo de 2017 -emitida en audiencia de juicio oral-, que impuso la sanción económica de Bs1800.- al ahora accionante, constituye una sanción pecuniaria disciplinaria, misma que como se tiene dicho pudo haber sido objeto de apelación incidental en virtud al principio de impugnación -art. 180.II de la CPE-, evidenciándose que el procedimiento que se siguió en el caso de autos no fue el correcto, pues el nombrado en lugar de presentar ante tal determinación -que no es de mero trámite- un recurso de reposición como lo hizo, debió apelar incidentalmente en franco uso de su garantía constitucional a la impugnación dentro del procedimiento sancionatorio emergente, permitiendo que la jurisdicción ordinaria a través del Tribunal de alzada revise el accionar de la autoridad judicial de primera instancia -incluso el instrumento procesal utilizado por la autoridad judicial de instancia-, y en su caso corrija todas las arbitrariedades e irregularidades alegadas en las que se hubiere incurrido, y únicamente después de agotada la interposición de ese recurso y en caso de persistir la presunta lesión de sus derechos, acudir a esta jurisdicción» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que, la Jueza hoy accionada dispuso y mantuvo la imposición de que su persona pague una multa equivalente a un mes de remuneración de un Juez Técnico y remitir antecedentes al Ministerio de Justicia, a pesar de haberse hecho conocer en audiencia, a través de su defendido, la causa de su inasistencia a la audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio de 17 de febrero de 2022 y posteriormente mediante .

memorial presentado el 25 de igual mes y año; por el que, solicitó se deje sin efecto la determinación asumida en su contra, adjuntado un justificativo, el cual al ser declarado no ha lugar, presentó complementación y enmienda que también fue declarado no ha lugar, medidas por demás desproporcionales que afectan su economía y su derecho al trabajo. De la revisión de antecedentes, se tiene que por Resolución de 15/2022 la Jueza ahora accionada, declaró la Rebeldía de Edwin Pánfilo García Honorio -coacusado- y con relación a los abogados Harold Erick Yanarico Huanca y la accionante que es defensa técnica de Eloy García Honorio, no concurrió a la audiencia y menos justificó de alguna manera su inasistencia a ese acto procesal; por lo que, dispuso aplicar el art. 105 del CPP y que por Secretaría de ese despacho se remitan antecedentes ante el Colegio profesional correspondiente a los efectos disciplinarios (Conclusión II.1.); es así que, mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2022, la accionante presentó ante la Jueza ahora accionada justificativo y solicitó dejar sin efecto la determinación de multa y remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia; recibiendo en respuesta el Auto de 2 de marzo de 2022; por el que, declaró no ha lugar lo solicitado, debiendo estar el mismo a lo dispuesto en audiencia y Resolución 15/2022 -declaratoria de rebeldía-(Conclusión II.2.). A ese efecto a través del memorial presentado el 18 de marzo de 2022, ante la Jueza ahora accionada, Eloy García Honorio solicitó complementación al Auto de 2 de marzo de 2022, señalando en el otrosí y en el otrosí 2do, que para que se tenga convicción de que su abogada fue notificada el 10 de febrero de 2022, a las 18:00 con audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 11 de ese mes y año, a las 9:10 horas, lo que impidió poder realizar algún justificativo a ese despacho, adjuntó “toma” de señalamiento de audiencia; emitiéndose al respecto el Auto de 21 de marzo de 2022, por el que se declaró no ha lugar a la complementación y enmienda, debiéndose estar a lo dispuesto por Auto de 2 de marzo de 2022, y la Resolución 15/2022 -declaratoria de rebeldía-; en cuanto al otrosí y al otrosí 2, por adjuntado y que debía estar a lo dispuesto en lo principal; es decir, al no ha lugar, debiendo estar a lo dispuesto en lo principal (Conclusión II.3.). Conforme con la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si se impone una sanción económica disciplinaria contra un abogado que ejerce la defensa técnica dentro un proceso penal, dicha determinación puede ser puesta a consideración de un Tribunal de alzada, que avalúe y revise la misma, lo que tiene que ver con el derecho a la defensa que es inherente a la totalidad de procesos disciplinarios sin exclusión; por lo que, antes de acudir a la vía constitucional en caso de estar disponibles mecanismos intraprocesales específicos de defensa que .

sean idóneos, eficientes y oportunos para la reclamación de los derechos denunciados, éstos deben ser utilizados previamente; puesto que, la acción de libertad procede únicamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, a pesar de haberse agotado las referidas vías en la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, se tiene que, contra la accionante, en su calidad de abogada patrocinante de Eloy García Honorio, acusado dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y falso testimonio, la Jueza ahora accionada a través de la Resolución 15/2022, dispuso aplicar lo establecido por el art. 105 del CPP, que en su texto prevé la sanción de multa equivalente a un mes de remuneración de un juez técnico, debido a que no concurrió a la audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio de 17 de febrero de 2022, y no justificó de alguna manera su inasistencia a ese acto procesal, determinación contra la cual, la accionante presentó memorial solicitando se deje sin efecto la disposición asumida en su contra, adjuntado un justificativo, el cual al ser declarado no ha lugar, fue objeto de una solicitud de complementación y enmienda, que también fue declarado no ha lugar; acudiendo la accionante directamente ante la justicia constitucional, cuando lo que correspondía, al ser ese procedimiento disciplinario sancionar un trámite especial dentro del proceso penal, que se impugne la Resolución 15/2022 de 17 de febrero, mediante recurso de apelación incidental, al encontrarse garantizado el derecho a la doble instancia en caso de decisiones de carácter sancionador disciplinario que imponen una multa pecuniaria en base a la potestad normativa prevista por el art. 105 del CPP, en apego al art. 180.II de la CPE; puesto que, la accionante identificó dicha Resolución que le imponía una multa de desproporcional e irracional porque no tuvo intensión de incumplir su deber de asistir a la audiencia programada por la Jueza ahora accionada, habiendo justificado su inasistencia. Sin embargo, se evidencia de los antecedentes aparejados a esta acción de defensa que la accionante no hizo uso del mencionado medio de impugnación contra la Resolución 15/2022; por lo que, dicha situación no permite que se ingrese al análisis de fondo de la problemática venida en revisión, debido a que no se interpuso el medio de defensa idóneo e inmediato correspondiente; por lo tanto, las autoridades judiciales superiores no tuvieron la posibilidad de pronunciarse respecto a la denuncia realizada por la accionante a través de esta acción de defensa, debiendo aplicarse por ello, el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, correspondiendo, denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de la problemática de fondo. Finalmente, respecto al Secretario hoy coaccionado, según lo manifestado por la propia accionante en audiencia, el mismo no vulneró .

ninguno de sus derechos, únicamente fue accionado porque en otra acción de defensa le hubiese sido exigido a la accionante, es así que, dicho funcionario de apoyo jurisdiccional no incurrió en ninguna de las excepciones a la subregla, que señala que los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, debido a que no se le atribuye a través de esta acción de defensa, el incumplimiento específico de alguna de sus funciones o que hubiese inobservado o alterado una orden expresa de la Jueza ahora accionada; por lo que, la jurisprudencia establecida en la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, no es aplicable en este caso; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada también en relación al mismo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 067/2022 de 26 de abril, cursante de fs. 53 a 56, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0756_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 21fb2c3145cb4c9723a93a156c59934c991d5b059cc5c569bb2d2cc11755a583

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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