B.IA.LEGAL

SCP 0755/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 17 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
48157-2022-97-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición y en conexitud “…al trabajo vinculado a la dignidad…” (sic), “…al debido proceso vinculado con el principio de seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva…” (sic), a la vida, inamovilidad laboral y “proceso efectivo”; puesto que, en el proceso disciplinario seguido contra su persona, el Juez accionado pretende ejecutar el fallo pronunciado, sin responder en el menor tiempo y en el fondo su solicitud de prescripción, en la línea del precedente establecido en la SCP 0241/2021-S4, que estableció su obligación de verificar de oficio la prescripción en procesos disciplinarios en todas las fases o etapas del proceso, ya que solamente responde a la misma con decretos de “estese”. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 073/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 3º Llamar la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.2.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo enmarcar sus actuaciones futuras a lo previsto en el art. 56 del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Diferencia entre el derecho de petición y la pretensión contenida en una demanda, procedimiento o recurso

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0755/2023-S3 Sucre, 17 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 48157-2022-97-AAC Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 073/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yobana Magui Mallea Miranda, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoctava de la Capital del departamento de La Paz contra Alejandro Ubaldo Mujica Arias, Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de abril de 2022, cursante de fs. 24 a 30, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso disciplinario seguido por Pedro Mamani Huanca contra su persona, se emitió la Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019 de 15 de julio, confirmada por Resolución RSP-AP 16/2020 de 17 de febrero y Auto de 20 de enero de 2022, en los que se dispuso la suspensión de sus funciones por un mes sin goce de haberes. Posteriormente, en etapa de ejecución de sentencia, el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura -ahora accionado- emitió Auto de 7 de abril de 2022, que dispuso se la notifique y cumpla la Resolución RSP-AP 16/2020 y el Auto 20 de enero de igual año -de aclaración, complementación y enmienda-, y una vez cumplidas las formalidades de ley por la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) se remita el memorando de ejecución de la sanción para su constancia en obrados.

No obstante, ante el peligro de grave vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, interpuso una acción de prescripción el 20 de abril de 2022, amparada en lo previsto en la SCP 0241/2021-S4 de 10 de junio, que dispuso que puede oponerse la excepción de prescripción en cualquier momento del proceso disciplinario, aun en etapa de ejecución de sentencia. En ese marco, considerando que la denuncia contra su persona radica en que, en su condición de autoridad judicial sobrepasó un plazo probatorio de veinte días, cuyo cómputo inició el 10 de noviembre de 2015 y fue notificado a las partes el 11 de agosto de 2016; entonces computando este plazo desde el siguiente día -12 de agosto de 2016- este venció el 8 de septiembre de 2016; es decir, que desde el 9 de igual mes y año, ya incurrió en faltas disciplinarias. Por lo que, de acuerdo a lo previsto en el art. 207.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, concordante con el art. 30.III.1 del Reglamento de Proceso Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, la acción disciplinaria prescribe a los dos años contados a partir del día en que se cometió la falta y se interrumpe con la citación al disciplinado con el Auto de admisión. En consecuencia, tomando en cuenta que el 9 de septiembre de 2016, empezó a correr el plazo de prescripción de la responsabilidad disciplinaria, desde ese entonces transcurrió más de tres años hasta la citación con el auto de admisión que ocurrió el 2019; asimismo, a partir de dicha citación, pasaron otros tres años, operando la prescripción de la responsabilidad disciplinaria referida en los citados artículos. Sin embargo, dicha “excepción” planteada “a la fecha” no fue resuelta en el fondo por el Juez accionado. Del mismo modo, presentó varias solicitudes el 20, 21 y 22 de abril de 2022, a fin de que con carácter previo a la ejecución de la sentencia disciplinaria -Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019- supuestamente prescrita, se resuelva esta solicitud; empero, el Juez Disciplinario accionado se empeña en hacer cumplir un fallo prescrito y únicamente responde con lacónicos decretos de “estese”, con lo que vulnera su derecho a la petición vinculado con el principio de seguridad jurídica, debido a que la referida autoridad disciplinaria tiene el deber respecto a su solicitud o “excepción” de responder en el menor tiempo y de forma clara aquella petición y sobre el fondo de lo peticionado; puesto que, la SCP 0241/2021-S4 estableció la obligación del Juez Disciplinario de verificar de oficio la prescripción del proceso disciplinario en todas las etapas o fases del mismo. En lo concerniente al derecho a la tutela judicial efectiva, se reconoce el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable en el que prime la verdad material; de manera que, siendo la excepción de prescripción un medio de defensa orientado a la extinción de la acción disciplinaria, nada obstaculiza que aun cuando las partes no hubieran hecho uso efectivo y oportuno del mismo, las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos disciplinarios, cuiden estrictamente el cumplimiento de los plazos procesales; por lo que, están obligadas a verificar si en las causas sometidas a su conocimiento, las pruebas presentadas sustentan materialmente la acusación y si estas se encuentran vigentes o prescribieron. De igual manera, pretende ejecutar una sentencia disciplinaria -Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019- prescrita sin aplicar la ponderación de derechos, debido a que se produjo un aparente conflicto de derechos; toda vez que, por una parte no resulta justo ni correcto que se la aleje de su fuente laboral, y afecte el debido proceso y la tutela judicial efectiva porque no se puede ejecutar una acción prescrita, ya que podría producirse un daño irreparable e irremediable sobre esta y su hija menor de edad “…al dejarnos en la calle sin sustento alguno” (sic); y, por otra parte, si bien es necesario tutelar el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva del tercero interesado; no obstante tiene que considerarse el conjunto de situaciones suscitadas en el proceso, como la solicitud de prescripción; de ahí que, lo correcto es esperar que este sea previamente dilucidado en instancias judiciales y en caso de demostrarse que no opera la prescripción dicha sentencia disciplinaria será ejecutada con la garantía de que no se lesionó ningún derecho constitucional; finalmente en cuanto al grado de afectación, al ser su derecho a la petición un presupuesto básico para la concreción de otros derechos como el trabajo, debido proceso y tutela judicial efectiva al no sustanciar y pronunciarse sobre el fondo de la excepción de la prescripción con la prioridad debida, así como la dignidad humana y hasta la vida misma, en caso de afectarse el dicho derecho también se afecta a los demás.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición, “…al trabajo vinculado a la dignidad…” (sic), “…al debido proceso vinculado con el principio de seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva…” (sic) y a la vida; citando al efecto los arts. 24 y 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción tutelar, identificó como vulnerado su derecho a la inamovilidad laboral.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de 7 de abril de 2022, así como los decretos de “estese” que fueron emitidos el “7”, 20 y 21 de igual mes y año, y se disponga que el Juez accionado -Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura- se pronuncie sobre el fondo de su excepción de prescripción planteada de 20 de dicho mes y año, y se disponga la suspensión de la ejecución de la sentencia disciplinaria -Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019- en tanto no se sustancie en el fondo aquella solicitud de prescripción con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 105, presentes la parte peticionante de tutela como la parte accionada y ausente el ahora tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que: a) En cada etapa del proceso disciplinario las autoridades a cargo de su tramitación están obligadas a verificar si las causas sometidas a su conocimiento, se encuentran vigentes o prescribieron como elemento no solo sancionador, sino también “protectivo de la función”; y, b) Sobre el derecho a la petición la SCP “…1068/201-R del 23 de agosto…” (sic) señala que se vulnera el mismo cuando la autoridad no emite respuesta pronta y oportuna, en el fondo; por lo que, el Juez accionado vulneró sus derechos al trabajo, al debido proceso y al “proceso efectivo” al no sustanciar ni pronunciarse sobre el fondo de la excepción de la prescripción con anterioridad “…cuando soy parte de un grupo vulnerable reconocido por la jurisprudencia constitucional y depende de mi una persona menos de edad…” (sic). Asimismo, ante la consulta de la Vocal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, referente al momento en el que interpuso la prescripción, señaló que: “…cuando se ha presentado la enmienda y la complementación a ese fallo que ha confirmado en apelación, posterior a eso he presentado…” (sic) “Tal como lo establece la sentencia constitucional que se puede presentar a un en Ejecución de Sentencia, la Sentencia Constitucional 241/2020” (sic). Por otro lado, en lo referente a la consulta sobre el objeto de la prescripción, si la misma recae sobre acción o una valoración o presentación de la prueba, la impetrante de tutela mencionó que es a la acción.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Alejandro Ubaldo Mujica Arias, Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, a través de informe escrito, cursante a fs. 98 a 100 vta.; así como en audiencia, solicitó se deniegue la acción tutelar, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la lectura de la acción de defensa planteada en ninguna parte se especifica de qué manera se vulneró algún derecho o garantía constitucional que fundamente su solicitud de anular el Auto de 7 de abril de 2022 y los decretos que atendieron sus solicitudes de excepción a la prescripción de “7”, 20 y 21 de igual mes y año, ya que la peticionante de tutela, al haber sido legalmente notificada con la Sentencia Disciplinaria -JD1 63/2019- interpuso recurso de apelación el 28 de agosto de 2019, que fue resuelto a través de Resolución RSP-AP 16/2020, sobre la que la accionante solicitó aclaración y complementación; por lo que, la mencionada asumió su efectiva defensa; pese a ello, en primera y segunda instancia no solicitó la verificación de oficio de la prescripción de las pruebas en procesos disciplinarios, ya que una vez ejecutoriada la indicada Sentencia, ese mismo día apeló la prescripción y lo establecido en la SCP 0241/2021-S4; igualmente, es importante aclarar que la impetrante de tutela hace referencia a la prescripción de la prueba, que difiere de la regulación a la prescripción de la acción prevista en el art. 30 del Reglamento -se entiende del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental- para el que existe un plazo para su planteamiento, pretendiendo retrotraer el proceso sin alguna causa justificable; 2) Al haberse verificado que en ningún momento solicitó la obligatoriedad de verificación de oficio de la prescripción de las pruebas en procesos disciplinarios, opera la figura de actos consentidos, ya que la peticionante de tutela tenía la oportunidad de plantear la misma en el recurso de alzada que prevé la ley; no obstante, al no haber especificado estos agravios en su recurso de apelación y posterior solicitud de complementación y enmienda actualmente no puede pretender que un tribunal de garantías se convierta en una instancia revisora; 3) La prescripción de la acción establecida en los arts. 207 de la LOJ y 30.I del “…Reglamento aprobado por Acuerdo 020/2018…” (sic) no establece la prescripción de la prueba; por lo que, existiría falta de tipicidad; 4) La SCP 0241/2021-S4, refiere que la prescripción de la prueba se encuentra limitada a las partes procesales; sin embargo, ello no impide que la autoridad disciplinaria pueda revisar la prescripción de oficio, durante la tramitación del proceso; sin embargo, el caso “JD1 21/2019” se encuentra ejecutoriado, habiendo adquirido calidad de cosa juzgada, ya que no se tiene más recursos de impugnación, como lo establece el art. 117 del “…Reglamento aprobado por Acuerdo 020/2018…” (sic); y, 5) El “parágrafo 7 y 8 del romano III.5…” (sic) de la SCP 0241/2021-S4, establece que la obligatoriedad de verificación de oficio de la prescripción de pruebas presentadas en procesos disciplinarios en cada etapa corresponde a las autoridades a cargo de sus tramitación; empero, como autoridad disciplinaria ya perdió competencia en el caso al haber emitido la Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019 y la accionante al haber apelado dicho fallo otorgó competencia a la segunda instancia, quien al haber pronunciado la Resolución RSP-AP 16/2020 y Auto -de aclaración, enmienda y complementación- de 20 de enero de 2022, también carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del proceso, como ocurre con la prescripción de la prueba; concluyendo, que la solicitud de la impetrante de tutela debió presentarse en el recurso de apelación o aclaración y complementación al mismo, siendo ahora extemporáneas; y, 6) No existe vulneración a los derechos a la petición y a la defensa; debido a que, en el proceso disciplinario se siguió todos los pasos, se dio curso a la defensa, así como todas las solicitudes presentadas fueron respondidas oportunamente. Asimismo, ante la consulta del Vocal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, referente a si existe alguna norma jurídica emitida por el Consejo de la Magistratura que le prohíba generar alguna actuación luego de pronunciarse la sentencia disciplinaria, haberse confirmado la misma y en ejecución de sentencia disciplinaria, de estar impedido de conocer cualquier circunstancia posterior o que lo habilite a resolver alguna cuestión sobreviniente, el Juez accionado manifestó que, se encuentra establecido en la Ley del Órgano Judicial y “dentro del acuerdo” considerando que el proceso disciplinario tiene dos etapas, entonces cuando se plantea un recurso de apelación al fallo, los antecedentes son remitidos a la ciudad de Sucre y si en segunda instancia no existe otro recurso pendiente, el mismo adquiere calidad de cosa juzgada y cuando no se tiene más recursos la encargada de la ejecución de las sanciones es la Unidad de RR.HH. dependiente del Consejo de la Magistratura; por lo que, es muy difícil atender alguna causal sobreviniente.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Pedro Mamani Huanca en representación legal de Paulino Quispe Gonzales, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni presentó informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 33.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 073/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, denegó la tutela impetrada, manteniendo vigente la medida cautelar de suspensión de ejecución de la sanción dispuesta en la Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019, confirmada en Resolución RSP-AP 16/2020, debiendo a tal efecto notificarse con esta Resolución a la Unidad de RR.HH. de la Representación Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura para su conocimiento y cumplimiento en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie en revisión sobre el análisis de fondo de la pretensión postulada; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) El precedente constitucional vinculante es el resultado de la interpretación de la Constitución Política del Estado y las leyes, que prohíbe, permite, ordena o habilita para un supuesto de hecho, cuál debe ser el alcance a ser aplicado en lo posterior, no es el texto íntegro de la sentencia sino es la razón de la decisión; asimismo, a efecto de que la interpretación resultante denominada derecho jurisprudencial pueda ser aplicada de forma vinculante en otro caso debe existir analogía en los supuestos fácticos; en ese sentido, en la SCP “241/2020” -lo correcto es SCP 0241/2021-S4- el precedente constitucional radica en el “apartado 3.5” referido a la obligatoriedad de verificar de oficio la prescripción en procesos disciplinarios, en el que se hace mención a la facultad del disciplinado de activar los mecanismos de defensa; posteriormente, se hace mención a que corresponde el control de revisar la prescripción de oficio en todas las etapas o fases del proceso; aunque, en cuanto a las reglas de aplicabilidad del precedente constitucional, se establece de la revisión de este precedente constitucional que establece la obligación de verificar la viabilidad o no de la prescripción en todas las etapas del proceso, incluso de oficio, aunque si bien esta postulación que efectúa el Tribunal Constitucional Plurinacional refiere a todas las etapas del proceso; sin embargo, no establece con claridad que sea también en la etapa de ejecución; asimismo, los supuestos facticos que se plantea difieren de los que fueron objeto de análisis en la SCP “241/2021” -SCP 0241/2021-S4- pues en la misma el estado del proceso aun no concluyó ni se dictó sentencia disciplinaria; por lo que, no es aplicable al presente caso; ii) En lo referente a los decretos de 13, 20 y 21 de abril de 2022, cuestionados, la emisión de los mismos no vulneró derechos que le asisten a la peticionante de tutela, ya que dicha actuación fue emitida en el marco de las facultades que tiene la autoridad disciplinaria, quien ya dictó Resolución “… y el elemento de la prescripción en ese estado del proceso cómo es la Ejecución de fallos tuviera un alcance ya distorsivo de todo el proceso disciplinario al haberse ya agotado con todas las fases y etapas del mismo…” (sic); y, iii) Toda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el único intérprete del texto constitucional, el razonamiento de que el precedente de la SCP 0241/2021-S4 pudiera ser aplicado a la etapa de ejecución de la sentencia disciplinaria debe ser establecido por este Tribunal en etapa de revisión; por lo que, considerando que el servicio de la administración de justicia a partir de las designaciones en suplencia “…no obedecen a la materialización de los mismos resultados en cuanto al funcionamiento de un despacho por su titular” (sic) en el marco de lo previsto en el art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo), mantiene en suspenso la ejecución de la Sentencia Disciplinaria -JD1 63/2019- hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie. En la vía de enmienda, complementación y aclaración, ante la solicitud realizada por la accionante referida a que la medida cautelar se mantenga vigente hasta su notificación con la Sentencia Constitucional Plurinacional y que llegue a la Sala Constitucional el fallo emitido en instancia de revisión y se le notifique con el mismo; la Sala Constitucional no dio lugar a la solicitud, debido a que la notificación con los fallos en revisión se ejecutan en el tablero del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo la impetrante de tutela estar a la “resultas” de esta actuación, al no ser tuición de la Sala Constitucional pronunciarse sobre esta actuación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019 de 15 de julio, pronunciada por Alejandro Ubaldo Mújica Arias, Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura -ahora accionado-, en el proceso disciplinario seguido por Pedro Mamani Huanca en representación legal de Paulino Quispe Gonzales contra Yobana Magui Mallea Miranda, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoctava de la Capital del departamento de La Paz -hoy peticionante de tutela-, por la que se declaró improbada la denuncia interpuesta por la presunta comisión de faltas disciplinarias establecidas en el art. 187.8 y 9 de la LOJ, por no existir prueba suficiente; y, probada la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 187.14 de la indicada Ley, por la que, se la sancionó con la suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes (fs. 35 a 40 vta. y 63 a 68 vta.).

II.2. Consta Resolución RSP-AP 16/2020 de 17 de febrero, mediante la cual la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, confirmó totalmente la Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019, declarando improbada la denuncia de falta disciplinaria prevista en el art. 187.8 y 9 de la LOJ y probada la falta contemplada en el numeral 14 del referido artículo, imponiéndole a la hoy accionante una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones de un mes sin goce de haberes (fs. 2 a 5 vta.). II.3. Mediante Auto de 20 de enero de 2022, el Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura dispuso no ha lugar a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda efectuada por la accionante (fs. 12 a 13 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición y en conexitud “…al trabajo vinculado a la dignidad…” (sic), “…al debido proceso vinculado con el principio de seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva…” (sic), a la vida, inamovilidad laboral y “proceso efectivo”; puesto que, en el proceso disciplinario seguido contra su persona, el Juez accionado pretende ejecutar el fallo pronunciado, sin responder en el menor tiempo y en el fondo su solicitud de prescripción, en la línea del precedente establecido en la SCP 0241/2021-S4, que estableció su obligación de verificar de oficio la prescripción en procesos disciplinarios en todas las fases o etapas del proceso, ya que solamente responde a la misma con decretos de “estese”. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Diferencia entre el derecho de petición y la pretensión contenida en una demanda, procedimiento o recurso

Sobre este punto se emitieron diversas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la 0124/2018-S4 de 16 de abril, 0249/2017-S3 de 27 de marzo, y especialmente la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, la cual señaló que: “Un elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que puede confundirse con el derecho de petición pura y llana corresponde diferenciarla. En ese sentido, en toda impugnación existe una petición, que -dentro de un proceso- forma parte de la pretensión pero no toda petición involucra una impugnación. Así, en materia administrativa, el recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública, en el que el administrado se sujeta a un procedimiento pre-establecido, en cambio en el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso administrativo, debido a que tiene una autonomía propia, siendo únicamente exigible la identificación del peticionante para su procedencia, así lo determina el art. 24 de la CPE `Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario´. Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento jurisprudencial, que si bien fue desarrollado para el análisis de aquellos supuestos de hecho inmersos en procesos administrativos; no obstante, sus implicancias resultan plenamente aplicables en todo proceso inclusive judicial, y así lo mencionó la SCP 0124/2018-S4 de 16 de abril, en la que este Tribunal a tiempo de analizar un proceso de naturaleza contenciosa, refirió que: “… en el ámbito interno, si bien el genérico derecho de petición puede ejercerse ante autoridades jurisdiccionales, y en consecuencia, éstos se hallan obligados a responder las ‘peticiones’ que se les presenten dentro un plazo razonable. Resulta menester distinguir con inequívoca claridad, los actos estrictamente judiciales de los actos de gestión o administración judicial. Los primeros, es decir los actos jurisdiccionales se enmarcan en los márgenes de la potestad reglada, ello es, que las autoridades que conducen un proceso judicial están sometidos -así como las partes- a las reglas del mismo fijadas por la ley, por lo que mal podría invocarse el derecho a la petición para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla, por ejemplo: 1) Dictar sentencia dentro un plazo determinado; 2) Resolver un incidente, 3) Realizar aclaraciones y/o enmiendas a una determinada decisión judicial; y, 4) Celebrar audiencia de apelación de medidas cautelares; entre otros, sin que sea necesario impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales, toda vez que, aunque latu sensu, se amparen en el derecho a solicitar o peticionar, la realización del acto procesal impetrado resultaría inefectiva a la luz de la propia configuración de este derecho, que busca -en esencia- una ‘respuesta’ no así la ejecución de determinados actos procesales que se encuentran previamente ‘reglados’, y

POR TANTO

, lo único exigible es su efectivización bajo la figura de ‘pretensión’ que será tratada de acuerdo a procedimiento y en observancia de las reglas y principios del debido proceso, cuyo incumplimiento de ninguna manera puede entenderse como una vulneración del derecho a la petición sino como la lesión del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos. El segundo ámbito, es decir de gestión o administración judicial, son aquellos que no se encuentran ‘reglados para las autoridades judiciales’, empero pueden y deben ser atendidos en cumplimiento del derecho a la petición, por ejemplo: i) El otorgamiento de copias legalizadas; ii) La expedición de certificaciones; y, iii) Solicitud de certificaciones necesarias para el procesado, entre otras, que no hacen a un acto procesal en sí mismo y que corresponden sean tramitados de conformidad a los requisitos y alcances establecidos por la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0310/2004-R de 10 de marzo, 1995/2010-R de 26 de octubre, moduladas por la SC 0119/2011-R de 21 de febrero” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

Antes de ingresar al análisis del problema jurídico planteado, resulta conveniente efectuar una descripción del contexto procesal en el que se circunscribe. Así, de los documentos descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que en el proceso disciplinario seguido por Pedro Mamani Huanca -ahora tercero interesado- en representación legal de Paulino Quispe Gonzales contra Yobana Magui Mallea Miranda, Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoctava de la Capital del departamento de La Paz -hoy impetrante de tutela-, el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura -ahora accionado- pronunció la Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019 de 15 de julio, por la que declaró improbada la denuncia interpuesta por la presunta comisión de faltas disciplinarias establecidas en el art. 187.8 y 9 de la LOJ, al no existir prueba suficiente y probada la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 187.14 de la misma Ley, por la que, se la sancionó con la suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes (Conclusión II.1). Posteriormente, por considerar contraria a sus derechos e intereses, la peticionante de tutela impugnó dicha determinación, resolviéndose este recurso, así como la apelación planteada por Pedro Mamani Huanca -hoy tercero interesado- a través de Resolución RSP-AP 16/2020 de 17 de febrero, por la que, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, confirmó en su totalidad la Sentencia Disciplinaria JD1 63/2019, incluida la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones de un mes sin goce de haberes (Conclusión II.2). Y finalmente, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda presentada por la accionante, mediante Auto de 20 de enero de 2022, la referida Sala dispuso no ha lugar a la misma (Conclusión II.3). En tal contexto, la impetrante de tutela denuncia que en dicho proceso disciplinario el Juez accionado pretende ejecutar el fallo pronunciado, sin responder en el menor tiempo y en el fondo su solicitud de prescripción -en la línea del precedente establecido en la SCP 0241/2021-S4, referente a la obligación de verificar de oficio la prescripción en procesos disciplinarios en todas las fases o etapas del proceso-, ya que solamente responde a la misma con decretos de “estese”, con lo que lesiona sus derechos a la petición y en conexitud al mismo sus derechos “…al trabajo vinculado a la dignidad…” (sic), “…al debido proceso vinculado con el principio de seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva…” (sic), a la vida, inamovilidad laboral y al “proceso efectivo”.

En ese orden de ideas, conforme al entendimiento jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, este Tribunal a tiempo de analizar las denuncias de lesión del derecho a la petición estableció una sutil, pero marcada diferencia entre el derecho a la petición propiamente dicho y la pretensión procesal; el primero encuentra su tutela en lo previsto en el art. 24 de la CPE, que no requiere la existencia de un proceso administrativo o judicial, debido a su autonomía y por otro lado, la pretensión que se encuentra inmersa en una demanda o recurso de impugnación.

Consiguientemente, al referirse este Tribunal a los actos jurisdiccionales, estableció que las autoridades que conducen un proceso sea este de índole judicial o administrativo desarrollan dichos actos en sujeción a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico; de modo que, no podría solicitarse al amparo del derecho a la petición o impulsar mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales, que determinada autoridad ejecute o cumpla un acto procesal al que por imperio de la ley está obligado; verbigracia, a resolver una excepción planteada, pues resultaría inefectivo a la luz de la propia configuración de este derecho, que busca -en esencia- una respuesta, no así la ejecución de determinados actos procesales que se encuentran previamente reglados y por lo tanto, lo único exigible es su efectivización bajo la figura de pretensión que será tramitada en el proceso, conforme a los plazos y etapas procesales establecidas en su regulación y resueltas en observancia del debido proceso. En ese marco, la peticionante de tutela en su planteamiento es categórica en solicitar la tutela a su derecho a la petición, debido a que, la autoridad accionada no respondió en el fondo a sus memoriales a través de los cuales planteó bajo la modalidad de excepción, incidente y solicitud, la prescripción de acción en etapa procesal de ejecución de Sentencia, ya que, a tiempo de atender a los mismos el Juez accionado dispuso a través de los decretos de 13, 20 y 21 de abril de 2022, la remisión a lo dispuesto en actuados procesales anteriores emitidos en el proceso disciplinario, entre ellos lo dispuesto en el Auto de 20 de enero de igual año, que resuelve la complementación y enmienda a la Resolución RSP-AP 16/2020 de segunda o última instancia. En consecuencia, se entiende que lo que la accionante pretende en esencia es la efectivización de un acto procesal y que el Juez accionado se pronuncie sobre el fondo de la prescripción cuyo incumplimiento no puede entenderse como vulneración al derecho a la petición o dicho de otro modo, la pretensión activada dentro del proceso disciplinario no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición; puesto que, como se mencionó se encuentra sometida a la observación de términos, plazos y formas procesales, en el caso concreto en sujeción a la normativa que regula los procesos disciplinarios en la jurisdicción ordinaria -art. 30.I concordante con los arts. 47.I.5 y 109.I del Reglamento de los Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental- que es la norma procesal que en específico regula lo referente a la actuación de las partes procesales o el disciplinado en el planteamiento de la prescripción de la acción disciplinaria.

En el mismo sentido, se evidenció que la impetrante de tutela identificó la vulneración del derecho al debido proceso; sin embargo, a partir de la lectura del memorial de acción de amparo constitucional, así como lo expuesto en audiencia de consideración de esta acción de defensa, se advierte que no precisó elemento o alguna vertiente que comprenda este derecho, sino que se concluye que su lesión -como ya se mencionó- fue expresamente vinculada a la denuncia de restricción del derecho a la petición, pues en esa línea la peticionante de tutela, en similar sentido a lo señalado en la citada audiencia, refirió que: “… mi persona ha incoado la solicitud de prescripción ante el Juez Disciplinario accionado y a la fecha, el mismo no cumple con su deber de pronunciarse sobre el fondo de lo peticionado y solamente responde con un decreto lacónico de ‘ESTESE’, que no resuelve de ninguna manera mi derecho a la petición; al contrario, se empecina en hacer cumplir un fallo ejecutoriado con un lacónico decreto de ‘estese’ sin velar con el debido proceso vinculado al derecho a la petición y conexo al principio de seguridad jurídica por el cual la autoridad judicial accionada debe cumplir lo dispuesto en la SCP 0241/2021-S4…” (sic). Por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; corresponde denegar la protección solicitada al derecho a la petición, al igual que “…al trabajo vinculado a la dignidad…” (sic), “…al debido proceso vinculado con el principio de seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva…” (sic), a la vida y a la inamovilidad laboral; ya que conforme al planteamiento de esta acción tutelar, la accionante deriva su restricción de la falta de respuesta material atribuida al Juez accionado.

Finalmente, sobre la invocación de la SCP 0241/2021-S4, en lo concerniente a la obligación de la autoridad disciplinaria de verificar de oficio la prescripción de la acción disciplinaria durante la tramitación del proceso, que la impetrante de tutela considera que como precedente debe ser aplicado al presente caso; corresponde señalar que el uso del precedente constitucional tiene reglas básicas, como la analogía en los supuestos fácticos, además de identificarse previamente el precedente en vigor (SCP 0846/2012 de 20 de agosto); no obstante, solo restringiéndonos a los supuestos fácticos, la SCP 0241/2021-S4 no tiene analogía con la presente acción de defensa; puesto que, si bien en ambas acciones de defensa los actos que se denuncian como lesivos a sus derechos devienen de un proceso por la presunta comisión de faltas disciplinarias; empero, el objeto procesal en el citado fallo constitucional se circunscribe en la falta de fundamentación, motivación y congruencia de Resoluciones disciplinarias, que difiere de la denuncia de vulneración del derecho a la petición efectuada en esta acción tutelar; por otro lado, existe una cuestión sustancial referente a que en los supuestos fácticos que fueron objeto de análisis en la SCP 0241/2021-S4, la excepción de prescripción de la acción disciplinaria fue planteada en el curso del proceso sin que se haya emitido sentencia; y en el caso que ahora se analiza, el proceso disciplinario del que emerge el presunto acto lesivo se encuentra en etapa de ejecución de la Resolución final; por lo que, ante la ausencia de analogía exigida, no corresponde efectuar mayor pronunciamiento sobre la invocación de su aplicación al caso concreto.

III.2.1. Otras consideraciones

Resuelta así la problemática jurídica planteada, en el marco de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal considera importante referirse a la actuación procesal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En ese sentido, de los antecedentes que cursan en el expediente se advierte que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 22 de abril de 2022 y admitida la misma mediante Auto de 25 de igual mes y año (fs. 31) se fijó la audiencia de consideración de la misma para el 5 de mayo de 2022; es decir, fuera del plazo previsto por el art. 56 del CPCo, que establece que la audiencia debe desarrollarse dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción de amparo constitucional; plazo que a más de inobservar lo expresamente determinado en la ley, desconoce la naturaleza jurídica de este tipo de acción tutelar que requiere un trámite sumario y el restablecimiento inmediato de los derechos considerados vulnerados; por lo que, corresponde llamar la atención a fin de que en futuras acciones tutelares enmarque sus actuaciones a lo previsto en la citada disposición procesal. Por lo referido, si bien de conformidad al art. 34 del CPCo, es posible que un Juez, un Tribunal de garantías o la Sala Constitucional disponga aun de oficio la imposición de una medida cautelar, esta se fundó en el supuesto de que el acto lesivo denunciado podía motivar a este Tribunal a realizar una interpretación de la legalidad ordinaria, lo cual como se mencionó no fue objeto de denuncia como erróneamente identificó la indicada Sala Constitucional; además de la necesidad de precautelar entre tanto el normal funcionamiento del Juzgado a cargo de la autoridad disciplinaria accionada; sin embargo, siendo que en el presente caso este Tribunal determinó la denegatoria de la tutela impetrada, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta por la aludida Sala Constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 073/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 3º Llamar la atención a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.2.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo enmarcar sus actuaciones futuras a lo previsto en el art. 56 del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0755_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 34c1d9b161f4ba808d78a4a9affe449cbe680b2520718b69706715e30a2d7986

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