Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de julio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad, impugnación y al principio de celeridad; toda vez que la autoridad demandada hasta la presentación de la presente acción de tutela, no remitió el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva; por lo que solicita se conceda la tutela y se ordene de manera inmediata remita las actuaciones al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad innovativa; y, b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión solicitada, toda vez que la misma ya se materializó ante el Tribunal de apelación correspondiente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0755/2023-S1 Sucre, 7 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46973-2022-94-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 3/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelino Sandoval Espinoza contra Emilio Colque Bautista, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante manifestó lo siguiente.
Dentro del proceso penal que se sigue en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el 16 de abril de 2022 se realizó la audiencia de medidas cautelares donde se dispuso su detención preventiva, lo cual motivó que interponga recurso de apelación incidental conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Pese a ello, la autoridad demandada hasta la interposición de la presente acción de libertad, no remitió el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, generando una dilación indebida en la tramitación del referido recurso.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad, impugnación y al principio de celeridad; sin citar precepto constitucional alguno.
Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene a la autoridad jurisdiccional demandada de manera inmediata remita las actuaciones al Tribunal de alzada.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 22 de abril de 2022; según consta en acta cursante de fs. 27 a 28, produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad.
Emilio Colque Bautista, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado 22 de abril de 2022, cursante de fs. 25 a 26, señaló lo siguiente: a) El día sábado 16 de abril del indicado año, concluida la audiencia del accionante, el suscrito Juez llevó a cabo otras dos audiencias de medidas cautelares, que se realizaron desde las 08:00 hasta las 13:30; asimismo el día domingo 17 de abril del citado año, desarrolló audiencias desde las 15:00 hasta las 18:30, situación que no valoró el impetrante de tutela; y, b) El lunes 18 del mismo mes y año, la Secretaria del Juzgado fue declarada en comisión de trabajo por el Tribunal Departamental de justicia de Chuquisaca, a efecto de que asista de manera obligatoria al curso del nuevo modelo de gestión, siendo que la Secretaria es la que realiza la transcripción de las actas de audiencias; por lo que se vio limitado en la atención de los litigantes; asimismo, los días martes y miércoles llevó a cabo por lo menos cinco audiencias, situación que no le permitió un regular procesamiento de su despacho; sin embargo, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional del solicitante de tutela a la Sala Penal de turno.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 3/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 29 a 30 vta., concedió la tutela solicitada, al advertir que aunque se remitió cuaderno procesal del recurso de apelación, existió dilación. Determinación asumida bajo los siguientes argumentos:
En principio es un hecho cierto que la audiencia se ha llevado a cabo en fecha 16 de abril de 2022; otro hecho cierto, ha existido un recurso de apelación y conforme el art. 151 del CPP, el cual reza de manera textual, que interpuesto el recurso las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 24 horas bajo responsabilidad, si agarramos la lógica de como se ha llevado a cabo el recurso el día sábado 16 de abril, el domingo dia inhábil 17. pero la ley no establece inhabilidades, más al contrario habilita horarios, el cuaderno procesal debería haberse remitido el día lunes 18 de abril a la fecha de la interposición de la acción de libertad que tiene como fecha de ingreso en la caratula respectiva, como 21 de abril a horas 12:23, la autoridad accionada hasta esta fecha, no había remitido el cuaderno procesal, vale decir han transcurrido aproximadamente seis días sin que este cuaderno procesal haya sido remitido, del cargo de remisión que se tiene ha sido presentado después de haberse notificado con la acción de libertad.
Conforme establece el Código Procesal Constitucional, no se puede suspender una audiencia para la consideración de la acción de libertad, aunque la autoridad haya dado cumplimiento lo que se debe analizar es el incumplimiento en el cual ha incurrido y la dilación a la cual denuncia a través de. la acción de libertad el recurrente en este caso, por todo lo manifestado se tiene que evidentemente la autoridad judicial no ha cumplido con la remisión dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, si bien es cierto se ha dado cumplimiento pero luego de haber sido notificado, se ha cumplido el primer objetivo, pero la presente acción va destinada para poder determinar cualquier responsabilidad en contra de la autoridad judicial, vale decir que al no haber cumplido este plazo está incumpliendo el mandato legal que indica bajo responsabilidad, al efecto la SCP 454/2021-S4 de 27 de agosto, hace referencia a este hecho, que no se puede argumentar la existencia de recargada labor procesal o bien que este en espera de turno o sorteo, para resolver una causa, esto no exime a lo que establece la normativa, lamentablemente si se tiene bastante congestión en los juzgados y todos merecen el trámite y la atención respectiva, pero existen inclusive circulares de manera reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, de que debe dar prioridad cuando existe una persona privada de libertad, inclusive habilitando horarios extraordinarios.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa nota Cite Of 375/2022 de 22 de abril, en la cual Emilio Colque Bautista, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca -autoridad demandada-, remitió a la Sala Penal Segunda del mismo Tribunal Departamental de Justicia, el recurso de apelación interpuesto por Marcelino Sandoval Espinoza -ahora accionante-, siendo recibida en dicha Sala en la misma fecha a horas 08:52 (fs. 24).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad, impugnación y al principio de celeridad; toda vez que la autoridad demandada hasta la presentación de la presente acción de tutela, no remitió el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva; por lo que solicita se conceda la tutela y se ordene de manera inmediata remita las actuaciones al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La acción de libertad innovativa; y, b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0266/2018-S2 de 25 de junio, asumió el siguiente razonamiento: La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que, promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que, cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254 de 5 de julio de 2012-, que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
Respecto al plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada frente a un recurso de apelación incidental, la SCP 0026/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto que a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
La parte accionante denuncia como acto lesivo, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente mediante Auto Interlocutorio de 16 de abril de 2022 se ordenó su detención preventiva, determinación que fue apelada conforme el art. 251 del CPP; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no fueron remitidos los antecedentes del citado recurso ante el Tribunal de alzada, incurriéndose en una dilación indebida.
Previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe referirse a que, si bien se advierte que el referido recurso de apelación fue remitido al Tribunal de alzada el 22 de abril de 2022 a horas 8:52, con lo que se habría cumplido con la pretensión de la acción tutelar y desapareciendo el objeto de la misma; empero, este se concretizó de forma posterior a la notificación con el señalamiento de la presente acción de libertad, situación que viabiliza a la justicia constitucional, analizar el fondo de la problemática planteada en el marco de la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro, se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; debido a lo cual, se ingresará a examinar las actuaciones de la autoridad demandada. Bajo ese entendido, de los antecedentes descritos se tiene que en audiencia de medidas cautelares celebrada el 16 de abril de 2022, se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela; ante aquella determinación, planteó recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP sin que se remita dicha impugnación ante el Tribunal de alzada hasta la interposición de la presente acción tutelar; puesto que la remisión reclamada recién fue efectuada el 22 del indicado mes y año; es decir, después que la autoridad jurisdiccional accionada sea notificada con el señalamiento de audiencia de consideración de la presente acción de libertad (Conclusión II.1).
Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, es posible flexibilizar de manera excepcional dicho plazo a tres días en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. En el caso que se examina, si bien la referida autoridad justificó la recarga laboral para lo cual puede aplicarse la flexibilización citada; empero, aun así no cumplió con enviar el caso de forma oportuna, toda vez que se realizó seis días después de haberse planteado, es decir superando dicho plazo, constituyéndose en consecuencia en una dilación indebida; por lo que corresponde conceder la tutela impetrada, por no haberse observado el principio de celeridad que debe existir en todo trámite donde se encuentra involucrada la libertad personal de las personas. En ese entendido, si bien el recurso de apelación fue remitido ante el Tribunal de alzada, la misma fue de forma posterior a la notificación para la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, circunstancia que -se reitera- corresponde la concesión de tutela en virtud de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 3/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión solicitada, toda vez que la misma ya se materializó ante el Tribunal de apelación correspondiente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0755_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): cc21daa34c30ac8feb04b424db7689daeb891eeed129573f5bf7c02edd017cbf
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