Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y el principio de celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiado en procedimiento abreviado con sanciones alternativas, no pudo cumplir con la verificación domiciliaria previa debido a que la Secretaria y la Auxiliar demandadas, omitieron remitir ante el Juzgado de turno el cuaderno de control jurisdiccional durante la vacación judicial, generando dilación indebida en la emisión del mandamiento de libertad, por lo que, solicita se conceda la tutela y consecuentemente, se ordene en el día la remisión de su causa al Juzgado de turno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad, únicamente en relación a Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto de La Paz, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
2° DENEGAR, en relación a la Auxiliar del Juzgado pre citado, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 3º Exhorta a la Secretaria demandada, para que realice sus labores con responsabilidad, a objeto de evitar vulneración de derechos de garantías constitucionales, cumpliendo las instrucciones impartidas por sus superiores en grado y sus funciones específicas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2025-S3 Sucre, 17 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53472-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Santivel Matta Choque en representación sin mandato de Nehemías Quispe Huanca contra Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto de La Paz; y, la Auxiliar del mismo Juzgado.
Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y de fs. 5 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, quién encontrándose privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se sometió a procedimiento abreviado, siendo sentenciado a una pena privativa de libertad de tres años, pudiendo beneficiarse de sanciones alternativas, debiendo cumplir con ciertas condiciones a efecto de que se libre mandamiento de libertad en su favor. Situación por la cual, al ser una persona de escasos recursos y no contar con domicilio fijo ni familia, solicitó acogida a la Fundación Munasim Kullakita; la cual, dio curso a su solicitud, en la cual debía realizar la verificación domiciliaria.
Ante ello, el 9 y 12 de diciembre de 2022, su abogada se apersonó al “Juzgado de turno” a objeto de coordinar la verificación domiciliaria y se expida el mandamiento de libertad; sin embargo, evidenció que no fue remitido el cuaderno procesal; pese a que, mediante la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 30 de noviembre, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se dispuso que durante el receso judicial programado del 6 al 30 de diciembre de 2022, los juzgados en materia penal, tenían la obligación de remitir a los juzgados de turno, todos los expedientes que cuenten con detenidos preventivos, detenidos domiciliarios y declarados rebeldes, los libros y/o cuadernos de presentación de imputados hasta el día lunes 5 de diciembre del año en curso; no obstante de ello, encontrándose privado de libertad, no se remitió su proceso al juzgado de turno para poder obtener su libertad, más cuando el recinto penitenciario de San Pedro nuevamente se habría encapsulado ante un nuevo brote de COVID-19. Al no haberse remitido el proceso al juzgado de turno en el tiempo señalado, el ahora accionante, no contaba con juez natural que ordene su liberación, situación que retardó la emisión del mandamiento de libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, principio de celeridad, citando al efecto los arts. 13.IV, 24, 115, 180 y 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 y 29.b de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 1.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene “en el día” la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de turno.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándolos, señaló que: a) Fue sometido a procedimiento abreviado en el periodo de descongestionamiento judicial, en el que le fue impuesta una condena de tres años de reclusión, con beneficio de sanciones alternativas; b) El 5 de diciembre de 2022, se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz -titular de su proceso-, donde le indicaron que debido a la vacación judicial, hasta esa fecha seguían remitiendo los casos con privados de libertad ante al Juzgado de turno; y, c) Esperó un tiempo prudente para que se cumpliera con la remisión del cuaderno de control jurisdiccional; sin embargo, apersonándose la semana siguiente al Juzgado de turno, su expediente no se encontraba en la lista de las causas remitidas por el Juzgado de origen; por lo que, vía telefónica llamó a la Auxiliar de dicho Juzgado para conocer los motivos de dicha omisión; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna hasta la fecha.
Jharmila Yara Zotez, Lara Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto; y, la Auxiliar del referido Juzgado no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante de fs. 10 a 11.
El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 34/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, concedió “en parte” la tutela impetrada, disponiendo que la Secretaria demandada, en el plazo de veinticuatro horas remita el proceso penal seguido contra el accionante al Juzgado de turno por la vacación judicial, con base a los siguientes fundamentos: 1) De conformidad a lo establecido por el art. 56.I.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los Secretarios tienen la obligación de controlar a través del Sistema Informático la gestión de causas, entendiendo por esta a una acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir y resolver algo; es decir, que la obligación de remisión se encuentra a cargo del Secretario del Juzgado; y, 2) El art. 56.I.8 del citado Código, establece que es función del secretario del juzgado dirigir al Auxiliar de despacho, concordante con el art. 94.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que prevé como obligaciones del Secretario la remisión de los expedientes y el controlar las labores del personal de apoyo judicial como es el caso del auxiliar de despacho.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Circular 19/2022-SP-TDJLP de 30 de noviembre, emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de La Paz, se dispuso la vacación judicial del 6 al 30 de diciembre de 2022, disponiendo que los juzgados del Área Penal tenían la obligación de entregar a los Juzgados de turno todos los expedientes que cuenten con detenidos preventivos, detenidos domiciliarios y declarados rebeldes; así como, los libros y/o cuadernos de presentación de imputados hasta el día lunes 5 de diciembre del citado año, bajo estricto inventario y los cuidados necesarios (fs. 2). II.2. Por Nota de 5 de diciembre de 2022, la Coordinadora del Programa Post penitenciario de la Fundación Munasim Kullakita, respondió de forma afirmativa, a la solicitud de acogimiento temporal realizada por impetrante de tutela (fs. 3 a 4).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y el principio de celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiado en procedimiento abreviado con sanciones alternativas, no pudo cumplir con la verificación domiciliaria previa debido a que la Secretaria y la Auxiliar demandadas, omitieron remitir ante el Juzgado de turno el cuaderno de control jurisdiccional durante la vacación judicial, generando dilación indebida en la emisión del mandamiento de libertad, por lo que, solicita se conceda la tutela y consecuentemente, se ordene en el día la remisión de su causa al Juzgado de turno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debe existir prueba que demuestre las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre ellas, por la SCP 0320/2016-S3 de 3 de marzo y SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción instaurada en su contra, ya que, su negligencia puede dar 1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
lugar a determinar su responsabilidad, más aún, al tratarse de un servidor público, siendo quien tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y hacerse presente en la audiencia; puesto que, de lo contrario se presume la veracidad de los hechos o los actos denunciados por la o el accionante. La sistematización precedentemente desglosada ha sido desarrollada en la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio y SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, entre otras.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder. El citado precedente constitucional ha sido glosado en la SCP 0473/2025-S3 de 2 de mayo.
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).
La SCP 1307/2014 de 30 de junio, al respecto señaló: “Para el caso, resulta pertinente anotar que conforme al art. 126.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ): ‘El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, en la programación de sus vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias; por consiguiente, cada representación departamental a tiempo de fijar el periodo de las vacaciones judiciales, debe designar al personal de turno tanto jurisdiccional como administrativo, a fin de no interrumpir de forma total la administración de justicia; con mayor razón, si los despachos judiciales en materia penal asumen el conocimiento de causas con detenido, a ese efecto es el juez de turno el encargado de resolver las peticiones relacionadas con un determinado caso, más esa labor la podrá efectuar siempre que se le remitan los antecedentes, para así determinar lo que en derecho corresponda, mientras dure la vacación judicial. (…)
Cabe precisar, que los Magistrados de este alto Tribunal, conocen la realidad que atraviesan algunas autoridades judiciales, que cuentan con una extremada carga procesal, incluso no cuentan con todo el personal subalterno; sin embargo, tales aspectos no pueden constituir un óbice para cumplir las disposiciones administrativas que se acuerdan ante la inminente puesta en marcha de las vacaciones judiciales, desconociéndose el principio de celeridad que debe caracterizar al proceso penal, ello considerando la calidad de los derechos que se encuentran en potencial riesgo, situación que amerita una consideración prioritaria”. En esa misma línea se ha pronunciado también la SC 0013/2006-R de 4 de enero que señaló: “En el caso sometido a examen, la omisión de remisión del cuadernillo de investigación por parte del Juez recurrido al Juzgado que quedó de turno durante la vacación judicial colectiva, deviene en una demora injustificada para la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva del recurrente constituyéndose en una causa que incide directamente en el ejercicio de su derecho a la libertad de locomoción, por cuanto por ello, ese pedido no podrá ser considerado sino después de las vacaciones judiciales, lo que retrasa en forma infundada el tratamiento y Resolución de esa solicitud toda vez que el juez cautelar tiene la obligación de remitir todos los expedientes cuyos procesos cuenten con personas detenidas, al Juzgado de turno durante las vacaciones judiciales, el no hacerlo constituye una omisión que, en este caso, perjudica al actor que se ve impedido de obtener una Resolución sobre su situación jurídica, extremo que acarrea la necesidad de otorgar la tutela impetrada, sin que pueda argüirse para su denegatoria, cual lo hace el Juez del recurso, que el actor no presentó solicitud alguna de remisión del cuaderno de investigaciones a la autoridad hoy demandada, pues, como se tiene dicho, es obligación de ésta remitir todos los casos que cuenten con detenidos para cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el transcurso de las vacaciones judiciales colectivas” (las negrillas son agregadas).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad; señalando que, al haberse sometido a procedimiento abreviado y beneficiado con sanciones alternativas, no pudo cumplir con la verificación domiciliaria previa debido a que la Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz -demandadas-, omitieron remitir el cuaderno procesal del accionante ante el Juzgado de turno durante la vacación judicial, generando dilación indebida en la emisión del mandamiento de libertad.
Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde referirse a la ausencia de informe de las funcionarias de apoyo judicial demandadas, así como a su inasistencia a la audiencia de consideración de esta acción tutelar pese a su debida notificación realizada el 12 de diciembre de 2022 -día anterior a la audiencia de garantías-; omisión, que conforme a lo establecido por la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, da lugar a la aplicación del principio de presunción de veracidad; el cual, señala que cuando el sujeto pasivo es un funcionario público y éste no cumple con la obligación de presentar informe escrito o en su defecto no acude a la audiencia de consideración de acción de libertad a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados, se tienen por ciertas las afirmaciones realizadas en su contra por el solicitante de tutela. En ese marco, en relación a la actuación de la Secretaria demandada, acorde al principio de presunción de veracidad supra descrito, tenía la obligación de concurrir a la audiencia de garantías de la presente acción de defensa e informar sobre la falta de remisión del cuaderno procesal del accionante ante el Juzgado de turno como emergencia de la vacación judicial dispuesta por la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 30 de noviembre, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de La Paz y desvirtuar las afirmaciones realizadas por el impetrante de tutela respecto a dicha omisión; empero, ante la falta de pronunciamiento de la denunciada, se presume la veracidad del acto lesivo denunciado en este mecanismo constitucional, el cual versa en la falta de remisión alegada del expediente. Por otro lado, cabe señalar que acorde a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los funcionarios de apoyo judicial, tienen legitimación pasiva respecto de solicitudes vinculadas con la libertad, cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes y/o contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, se entiende en el marco de las atribuciones conferidas por la normativa en vigencia. Del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad sea judicial o administrativa debe atender los trámites a su cargo con la mayor celeridad posible, máxime cuando se trata de privados de libertad, y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, están facultados para interponer acción de libertad, en su modalidad de pronto despacho con el fin de acelerar la disposición o resolución del actuado impetrado. En tal sentido, cabe referir que, en el marco de la observancia de la Circular 19/2022-SP-TDJLP, que determinaba que dicho receso judicial se efectuaría del 6 al 30 de diciembre de 2022, y que los Juzgados del área penal, tenían la obligación de entregar a los Juzgados de turno, todos los expedientes que cuenten con detenidos preventivos, domiciliarios y declarados rebeldes; así como, los libros y/o cuadernos de presentación de imputados hasta el 5 de diciembre del citado año; ordenada la remisión de expedientes al Juzgado de turno durante la vacación judicial -se entiende por el Juez de origen-, dicha servidora judicial, en conocimiento de la citada Circular y que su despacho ingresaría en la referida vacación judicial, tenía el deber, conforme a sus funciones y obligaciones conferidas por los arts. 56.I.8 y 9 del CPP, de asistir con diligencia en cumplimiento de los actos y gestión del despacho judicial, y disponer que el cuaderno procesal del impetrante de tutela, quien aún se encontraba detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario de San Pedro, sea remitido al Juzgado de turno, indefectiblemente hasta el 5 del citado mes y año. En coherencia con lo anterior, conforme lo expuesto en la Jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, que establece la obligación que tienen los juzgados en materia penal de remitir al juzgado de turno, las causas con personas privadas de libertad, durante la vacaciones judiciales, y que una actuación contraria, como aconteció en el caso concreto, deviene de la afectación en la resolución de la o las peticiones que pudiera realizar respecto a su situación jurídica; pues es evidente que durante el periodo de tiempo que comprende la vacación judicial colectiva puedan emerger solicitudes de control jurisdiccional y otros actos consecuenciales, más aun cuando son urgentes e impostergables para que sean atendidas y resueltas estas solicitudes, a cuyo efecto deberá garantizarse el acceso al cuaderno procesal; más aún en los casos que involucren a personas detenidas, como ocurre en el presente caso. Conforme los actuados procesales descritos ut supra, se advierte que la nombrada Secretaria, inobservando el plazo dispuesto en la Circular 19/2022-SP-TDJLP, que establecía que indefectiblemente debían remitir los expedientes con privados de libertad al Juzgado de turno hasta el 5 de diciembre de 2022, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar -12 de diciembre de 2022-, omitió realizar el envío del cuaderno procesal del demandante de tutela, ocasionando que transcurrieran siete días sin que el impetrante de tutela tuviera una autoridad judicial a la cual acudir a objeto de solicitar la verificación domiciliaria y ulterior mandamiento de libertad en su favor, dispuesto como emergencia del procedimiento abreviado y sanciones alternativas que le fueron impuestas; tal cual, alega el nombrado en su memorial de acción de libertad, conculcando de esa manera su derecho a la justicia pronta y oportuna, con afectación directa de su derecho a la libertad, dejando al impetrante de tutela en incertidumbre respecto a su situación jurídica; por lo cual, al evidenciarse la actuación negligente y dilatoria incurrida por la Secretaria demandada, en el trámite señalado, cuyo cumplimiento era ineludible por el despacho de la prenombrada, en el marco del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde, conceder la tutela impetrada. Ahora bien, en cuanto a la auxiliar codemandada, conforme al art. 101.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) tiene la obligación de ayudar a la Secretaria en el cumplimiento de las labores jurisdiccionales, como la recepción de expedientes y memoriales, manejo de registros, copia de resoluciones, atención a las abogadas y los abogados, litigantes y otros; por lo que al encontrarse bajo la dirección de la Secretaria, carece de legitimación pasiva de acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, al no contar con poder de decisión que, en el caso concreto, pueda definir la remisión o no de los cuadernos de control jurisdiccional a otras instancias, como a los juzgados o tribunales de turno por vacación; motivo por el cual, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder “en parte” la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad, únicamente en relación a Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto de La Paz, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
2° DENEGAR, en relación a la Auxiliar del Juzgado pre citado, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 3º Exhorta a la Secretaria demandada, para que realice sus labores con responsabilidad, a objeto de evitar vulneración de derechos de garantías constitucionales, cumpliendo las instrucciones impartidas por sus superiores en grado y sus funciones específicas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson valos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0754_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): b1e579f18763e163ecfde237825912503c00d3e745c203ef56235926f3013160
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