Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024
Concede en parte la tutela
La parte accionante alega la vulneración de los derechos a la vida, locomoción, al debido proceso, derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia generacional, derecho de los niños a no sufrir violencia; toda vez, que dentro del proceso penal a instancias del Ministerio Publico en contra de Eliana Shirley Ramírez Quispe y otros por el delito de lesiones graves y leves, donde sus hijos menores de edad resultan ser las víctimas, la autoridad fiscal hoy demandada incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Señalo audiencia de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción de los hechos para el 18 de abril de 2024 sin haber obtenido la Cámara Gessel y pretendiendo exponer a las víctimas menores ante sus agresores; por lo que solicitaron la suspensión de la misma debido a que sus abogados tenían otras audiencias debidamente justificadas; empero se hizo caso omiso de dicha solicitud; b) Obligándoles a ir a la inspección sin la presencia de sus abogados patrocinantes, tampoco asistió el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para asistir a las mencionadas victimas menores y tampoco cursaba disposición de contención por personal de psicología de dicha entidad para que participen ya que se trata de una reconstrucción; y, c) No emitió medidas de protección generando nuevos hechos de violencia psicológica, esto en merito a que los actos de inspección ocular seguida de reconstrucción tienen como fin que los sindicados tomen contacto con las victimas menores. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión los argumentos esgrimidos por la parte accionante a fin …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2024 de 19 de abril, cursante de fs. 60 a 62, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de El Alto, constituido en Juez de Garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo dispuesto por la Jueza de garantías y los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Asimismo se deja sin efecto la Resolución de Rechazo 128 de 10 de junio de 2024 emitido por Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia, debiendo concluir con las investigaciones conforme lo estipula la normativa legal vigente de manera diligente y acorde a los Estándares Internacionales e Internos descritos en este fallo constitucional y una vez cumplida con sus obligaciones emitir la resolución que corresponda conforme a procedimiento; siempre y cuando si como emergencia de la objeción a la resolución de rechazo formulada por codemandante de tutela Wilma Calderón Limachi, la autoridad fiscal jerárquica ya lo hubiese dispuesto; disponiéndose:
1.1° Exhortar al Ministerio Público como encargado de la dirección de la investigación de actuar con la debida diligencia para proteger a las niñas, niños y adolescentes mujeres contra toda forma de violencia por razones de género.
1.2° Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz a cumplir con su deber de protección de las niñas, niños y adolescentes.
2° Notificar a la Fiscalía General del Estado como autoridad jerárquica superior del Ministerio Público; y, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para que los mismos a su vez hagan llegar una copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria y a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de todo el País. 3° DENEGAR, la tutela con relación a los derechos a la vida y la libertad de locomoción.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 63531-2024-124-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2024 de 19 de abril, cursante de fs. 60 a 62, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Tito Quispe, Francisca Huanaco de Tito, Willma Calderón Limachi e Iván Freddy Tito Huanaco en representación legal de los menores AA; BB; CC; y, DD contra Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 18 de abril de 2024, cursante de fs. 30 a 34, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en contra de Rubén Efraín Aranda Mamani y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; de forma arbitraria la Fiscal de Materia -ahora demandada-, señaló audiencia de inspección técnico ocular seguida de reconstrucción para el 18 de abril de 2024 a horas 14:00, sin haber obtenido la Cámara Gessel, además de pretender exponer a sus hijos menores de edad ante sus agresores, pese a que solicitaron la suspensión de la citada audiencia, debido a que sus abogados tenían otras audiencias, lo cual fue justificado mediante respaldos; ante ello, la Fiscal demandado hizo caso omiso, obligándolos a ir a la inspección ocular sin la presencia de sus abogados patrocinantes, cabe señalar que tampoco asistió a la audiencia el abogado de la defensoría para asistir a sus hijos menores de edad; además, solicitó con antelación la suspensión de la audiencia, debido a que no cursaba disposición de contención por el personal de psicología de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para que sus hijos participen ya que se trata de una reconstrucción; sin embargo, pese a que se puso en conocimiento de que no tenían abogados, la audiencia fue instalada a la fuerza por la Fiscal ahora demandada, disponiendo el traslado de los agresores al domicilio de los menores, considerando que tampoco se emitió medidas de protección pese a que sus hijos tienen lesiones corporales, incumpliendo los estándares de protección hacia los menores de edad, conforme dispone el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 35 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia (Ley 348 de 9 de marzo de 2013), el cual obliga a realizar un acto de inspección ocular seguida de reconstrucción con la contención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por el área de psicología, aun menos que sus hijos cuenten con un abogado patrocinante, pretendiéndose confrontar a los sindicados con las victimas menores edad; máxime si uno de los menores refirió nuevos hechos de violencia sexual, en tal sentido al realizar una reconstrucción ingresamos a actos de revictimización. Ante la inexistencia de contención en relación a la asignación de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia por el área de psicología se incumplió la protección que debe brindar a sus hijos menores de edad, máxime si para la reconstrucción deben estar asistidos por personal de la Defensoría, extremo que no se suscitó, habiendo solicitado la suspensión se les negó la asistencia de sus abogados quienes estaban en otros actos procesales señalados con anticipación, generando de esta forma la situación de vulneración al derecho a la vida e integridad de los menores pues la misma no práctica la igualdad procesal por el contrario conlleva a la desigualdad al extremo de pretender someterlos a un contacto directo con sus agresores. Siendo que no existe efecto suspensivo y la medida de protección es de cumplimiento inmediato conforme lo dispone el art. 32.II de la Ley 348, la Fiscal de Materia no emitió las medidas de protección generando nuevos hechos de violencia psicológica, esto en merito a que los actos de inspección ocular seguida de reconstrucción tienen como fin que los sindicados tomen contacto con las victimas menores de edad, no obstante de ello no difirió ni suspendió la referida audiencia por el contrario la instalo y dio lugar a nuevos actos de revictimización.
La parte accionante denuncia la vulneración de “DERECHOS A LA MUJER A VIVIR UNA VIDA SIN VIOLENCIA GENERACIONAL (…) DERECHOS DE LOS NIÑOS A NO SUFRIR VIOLENCIA (…) DERECHO A LA VIDA (…) AL DEBIDO PROCESO DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA” (sic); citando al efecto los arts. 15.III; 16.I; 115; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH); 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, que “LA FISCAL DE MATERIA DISPONGA LA SUSPENSION DE LA INSPECCION TECNICA OCULAR SEGUIDA DE RECONSTRUCCION, DISPONIENDO PREVIAMENTE SE DESIGNE PERSONAL DE CONTENCION Y SE EMITA LAS MEDIDAS DE PROTECCION A FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD VICTIMAS EN EL PRESENTE PROCESO EXHORTANDO A LA FISCAL DE MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE PROTECCION HACIA VICTIMAS MENORES DE EDAD CON ATENCION PRIORITARIA Y QUE FORMAN PARTE DE GRUPOS VULNERABLES. Se disponga la calificación de daños y perjuicios derivados de la actuación de la Fiscal de Materia demandado, averiguables en ejecución de sentencia, ante el de garantías, en el marco de lo dispuesto por el art. 39 del Código Procesal Constitucional” (sic). En la Audiencia tutelar de 18 de abril de 2024, la parte accionante a través de su defensa técnica modifico su pedido refiriendo: “que la fiscal de materia en el ejercicio de las obligaciones consignadas en los actos investigativos y en la aplicación de la Ley 260 establezca y a partir de la fecha disponga la participación activa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y disponga también la designación de los profesionales en el área de psicología para que realicen el acompañamiento de los menores en los actos posteriores porque vuelvo a reiterar ya se ha consumado el hecho ilegal”(sic)
Celebrada la audiencia pública el 19 de abril de 2024, según consta en el acta cursante a fs. 56 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela ratificó in extenso lo vertido en su memorial de acción de libertad, ampliándola en audiencia mediante sus abogados señaló: a) La autoridad fiscal demandada “decide llevar adelante el día de ayer, 18 de abril de 2024, la inspección técnica ocular seguida de reconstrucción (…) es que una vez llegado al lugar cuando ya se estaba tramitando interponiendo la acción de libertad, procede la fiscal de materia, primero a disponer que los progenitores de los menores se retiren a cuadra, vale decir, deja a los menores prácticamente solos en el inmueble, restringiendo su primer derecho, que es el derecho a la libertad (…) el segundo acto que realiza la fiscal, pese que se le ha solicitado que se presenten los abogados de Defensoría de la Niñez y Adolescencia toda vez que se trata de menores de edad, sin realizar la contención, dispone que los agresores ingresen al domicilio (…) pese a que se le ha pedido que se suspenda, que se señale nuevo acto, incumple los estándares internacionales” (sic); b) Al realizar esta supuesta reconstrucción, “ha hecho que dos menores de edad se encuentren solos en el interior del domicilio, la progenitora ha sido apartada varios metros y los otros co-progenitores de otros menores de edad han sido trasladados a una cuadra sin considerarse que ni si quiera se encontraba Defensoría de la Niñez y Adolescencia, precautelando la vida de estos menores, evitando que sean revictimizados y fundamentalmente, evitando que exista un nuevo hecho de violencia que es al solo ver a sus agresores”(sic); c) Es necesario hacer hincapié, que “se ha adjuntado documentación en el cual se ha pedido la suspensión de la audiencia, esto con el fin de que se haga presente Defensoría de la Niñez y Adolescencia y una Psicóloga para realizar la contención, se ha solicitado en vía de control jurisdiccional, también este aspecto denunciamos estos hechos graves a la violación de derechos de menores de edad; sin embargo, esto ha sido soslayado por la fiscal de materia se ha presentado en un afán parcializado en un afán de un franco desconocimiento a los estándares internacionales, ha procedido a propiciar, como lo hemos señalado, el primer riesgo que es la vida, vale decir, que ha hecho que los menores de iniciales “D.K.T.; y M.L.T.H”, ellos que se encontraban en el patio del inmueble, sean restringidos en su derecho de locomoción, dando lugar a que los agresores ingresen al domicilio (…) esta privación de libertad se ha realizado en ausencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en ausencia de la presencia de los progenitores, toda vez que la madre de uno de los progenitores se encontraba conjuntamente con la fiscal y no podía tener contacto con los menores para realizar inclusive la contención”; d) “se trata de una acción de libertad que es reparadora estos debido, a que, el día de ayer los menores han sido privados de este derecho de locomoción, vale decir, transitar en el domicilio, segundo aspecto han sido privados también de recibir una asistencias a través de Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con la contención correspondiente, dando lugar a que los agresores ingresen al domicilio propiciando nuevos hechos de violencia, toda vez que la fiscal de materia no estaba para realizar la contención. Tampoco los funcionarios policiales tendría que haber realizado esta contención (…) y que a través del acta que se está visualizando, va a poder advertir a su autoridad que los sujetos procesales que han participado no está la defensoría de la niñez y adolescencia.”(sic); y, e) “toda vez de que ya se ha consumado el hecho vulneratorio atentatoria de los derechos constitucionales que no puede ser subsanados por la fiscal de materia con un simple informe vamos a solicitar que en honor a la verdad material y fundamentalmente el respeto que se debe tener a los derechos y garantías constitucionales que la fiscal de materia en el ejercicio de las obligaciones consignadas en los actos investigativos y en la aplicación de Ley 260 establezca y a partir de la fecha disponga la participación activa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y disponga también la designación de los profesionales en el área de psicología para que realicen el acompañamiento de los menores en los actos posteriores”(sic).
Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante de fs. 54 a 55 vta., señalo que: 1) Los accionantes solicitaron la suspensión de la audiencia de inspección técnica ocular, “empero dicho memorial fue presentado a horas 13:31 del día 18 de abril de presente” (sic), faltando media hora para que se instale la citada audiencia, ya que desconocía la presentación del citado memorial, siendo que los memoriales virtuales son descargados al finalizar la tarde así mismo se presentó otro memorial en físico el 17 de abril de 2024 a horas 09:58, en plataforma de la fiscalía de El Alto, el cual fue remitido el 18 de abril del mismo año a primera hora de la tarde cuando ya se había instalado el acto procesal de inspección técnica ocular; sin embargo, el mismo fue providenciado y se resolvió la no presencia de los menores, con la finalidad de no revictimizarlos por lo que no se vio prudente la notificación a la Defensoría de la Niñez, velándose por el interés superior de los niños; 2) La denunciante y los progenitores de los otros menores cuentan con más de tres abogados por lo que se dio la negativa a la solicitud y los cuales están habilitados en la plataforma virtual JL2 del Ministerio Publico; 3) En el presente proceso y en coordinación con la investigadora asignada al caso, ya se está culminando la etapa preliminar de la investigación, por ese motivo se señaló el acto procesal de Inspección Técnica Ocular para llegar a la verdad histórica de los hechos; 4) En el presente hecho denunciado existe una serie de irregularidades como ser el certificado médico forense de la menor AA, presentado por la denunciante Wilma Calderón Limachi y su abogado patrocinante, donde se ha evidenciado que se hubiera alterado dicho certificado en la parte de conclusiones donde refiere sin huella de lesiones traumáticas al exterior, empero en sus conclusiones indica tres días de incapacidad médico legal, por lo que se ha solicitado requerimiento al IDIF para que se extienda una copia legalizada del certificado original de la menor, es así que se hace una remisión de la copia legalizada del certificado médico forense, donde se puede evidenciar que la menor no contaría con días de incapacidad médico legal; 5) Cuando se instauro el acto procesal en el cuarto piso de la Fiscalía de El Alto se pidió el informe sobre el cumplimiento de las notificaciones y la presencia de las partes, verificándose la presencia de la denunciante junto con los padres de los menores sin su abogado; asimismo, se les pregunto que si ellos querían participar y si decidieran no hacerlo se respetaría esa voluntad aclarándoles que en el acto no habría la participación de los menores de edad, para no revictimizarlos; 5) La denunciante voluntariamente manifestó que si participarían, por lo que se hizo un cuarto intermedio para constituirse al lugar de los hechos, donde se tuvo que esperar a la denunciante por más de una hora, luego los invitó a ingresar a su domicilio, donde no estaban los menores; y, 7) De lo señalado no se ha vulnerado el derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción o tampoco existe una persecución ilegal, un indebido procesamiento muy al contrario los ahora accionantes están en calidad de denunciantes quienes debieran coadyuvar con la investigación y no obstaculizar la misma, por lo que solicita declarar inadmisible la acción de libertad.
La Jueza de Sentencia Penal Tercero El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2024 de 19 de abril, cursante de fs. 60 a 62, concedió la tutela impetrada disponiendo: “…que la representante del Ministerio Público Dra. Edith Zavala Carvajal -Fiscal de Materia, deberá hacer conocer este proceso o notificar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia toda vez que se encuentran como víctimas 4 menores de edad, a efectos de garantizar los derechos de los menores de edad, por lo que se conmine a la señora Fiscal que en posteriores actuados a realizarse debe notificar a la Defensoría de la Niñez Adolescencia”, dicha decisión fue emitida bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión del cuaderno de investigaciones, se evidencia que existe proceso penal con el CUD 201502022401557, seguido por el Ministerio Público a instancias de Wilma Calderón Limachi en el cual se encuentra como víctimas los menores de edad de 11 años y 17 años, y Wilma Calderón Limachi, como denunciados Eliana Shirley Ramírez Quispe, Vladimir Hurtado Quispe Condori y Rubén Efraín Aranda Mamani, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, evidenciándose que cursa la denuncia y otros actuados realizados por el Ministerio Público, informes psicológicos de los menores, como también se evidencia el memorial presentado por Silvia Antonia Quisbert Mamani, por el cual pone en conocimiento la imposibilidad de poder asistir a la audiencia de inspección ocular señalado para el 18 de abril de 2024, el cual es providenciado refiriendo no ha lugar a lo solicitado en razón a que se evidencio que la parte victima tiene apersonados a tres abogados, también se evidencia que cursa informes realizados por funcionarios policiales, placas fotográficas, acta de declaración informativa de Eulogia Quispe Flores, señalamiento de inspección técnico ocular seguida de reconstrucción para el 18 de abril a horas 14:00 pm, no se evidencia el acta; sin embargo, se ha señalado por la parte accionante y también por la parte accionada que ese día se ha llevado a cabo la audiencia de inspección ocular; ii) Se debe verificar si se ha vulnerado o no los derechos a la vida y el tránsito de los menores de edad conforme se ha fundamentado en la acción de libertad, se debe tener presente que si bien la parte accionante señala que en la inspección ocular se encontraban presentes las victimas menores de edad, en audiencia la Fiscal de Materia demandada ha señalado que al momento de ingresar al bien inmueble al realizar la inspección ocular, no se encontraba presente ningún menor de edad; iii) La parte incidente de tutela ha reproducido en audiencia placas fotográficas evidenciándose objetivamente que únicamente se ha observado que en esa inspección se realizado en la calle y no así en el interior del bien inmueble, no se ha presentado placas fotográficas que demuestren que los menores de edad se encontraban presentes a momento de la inspección ocular, ya que la parte accionante ha presentado placas fotográficas de dicho acto, pero no se ha observado la presencia de los menores de edad; iv) Asimismo, no se ha señalado de qué manera se les habría restringido su derecho a transitar o su derecho a la vida, o de qué forma se les ha puesto en riesgo, cómo refiere la parte accionante, lo cual no ha sido fundamentado, con respecto a esos aspectos; v) Únicamente se ha indicado que no se ha permitido la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a efectos de que la misma pueda resguardar los derechos y asumir defensa de los menores de edad, siendo evidente que cuando en algún proceso se encuentran consignados menores de edad como víctimas, es necesario la participación de dicha institución, conforme establece el art. 60 de la CPE, aspecto que también debió ser velado por la ahora demandada; y, vi) No se ha evidenciado la vulneración del derecho a la vida y al tránsito de los menores de edad, empero la representante del Ministerio Publico en futuras actuaciones debe convocar y velar por la participación de la Defensoría de la Niñez Adolescencia.
Por Decreto Constitucional de 6 de junio de 2022, cursante a fs. 577, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; recibida la misma, se ordenó su reanudación a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 17 de diciembre de 2024 a fs. 582; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa FORMULARIO UNICO DE DENUNCIAS, Código: 201502022401557, registrado el 20 de febrero de 2024 a horas 12:10, por el que Wilma Calderón Limachi refiere que sus hijos de 8 años de edad de 14 años, de 11 años de edad, de 17 años, sufrieron agresiones por parte de RUBEN EFRAIN ARANDA, ELIANA RAMIREZ QUISPE, VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI y otros (fs.88 a 89); Memorial de inicio de investigaciones de 21 del citado mes y año evacuado por Esmeralda Toledo Cabrera Fiscal de Materia al Juez de Instrucción en lo Penal de Turno de la ciudad de El Alto. (98) Formalización de denuncia y ampliación por el delito de lesiones y amenazas 22 del mencionado mes y año ante la Fiscal de Materia Edith Susana Carvajal Zavala por Wilma Calderón Limachi en contra de Rubén Efraín Aranda Mamani, Eliana Ramírez Quispe, Vladimir Gustavo Quispe Condori y Brisa Ramírez Condori, siendo la misma requerida al día siguiente bajo el tenor: “En lo principal se tiene presente la formalización de la denuncia, asimismo póngase en conocimiento del juez cautelar la ampliación de la denuncia por amenazas”(sic[fs. 114]) Cursa Apersonamiento realizado por Mario Tito Quispe y Francisca Huanaco de Tito realizado el 28 de febrero de 2024 por el que solicitan a la Fiscal de Materia hoy demandada emita requerimiento para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 7 de la ciudad de El Alto para que se designe un abogado en representación de sus hijos menores a efectos de resguardar sus derechos y garantías, requerida el 29 del citado mes y año bajo el tenor: “En lo principal se tiene presente.- Al otrosí 1ro. Requiérase como se pide” (sic[fs. 115 y vta]). Por memorial presentado el 4 de marzo de 2024 Wilma Calderón Limachi pone a conocimiento de la autoridad fiscal nuevos hechos de amedrentamiento y amenazas por parte de los denunciados, asimismo hace notar que al ser las principales víctimas de este hecho menores de edad y la declaración de los mismos es necesaria ya que actualmente se encuentran con secuelas solicita se requiera al SLIM, Distrito 7 de la ciudad de El Alto o en su caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para que por el área de psicología se proceda a la evaluación de las victimas menores de edad. Pedido que fue atendido el 5 del citado mes y año por la autoridad fiscal demandada para el tenor de “Requiérase como se pide”(sic[fs.120 a 121 vta.). II.2. Por requerimiento del fiscal hoy demandado el 5 de marzo de 2024 se dispone las Directrices de Investigación Policial consignando las siguientes: “1. Recibir la declaración Informativa de las denunciantes y víctimas. 2. Recibir declaración Informativa Policial de los denunciados asistidos de sus abogados. 3. Recibir declaración Informativa Policial de Testigos que tengan conocimiento del día de los hechos. 4. Realizar el Registro del Lugar del hecho con placario fotográfico. 5. Diligenciar los requerimientos que emitan de oficio (…)” (sic[fs.124]) II.3. Cursa MEDIDAS DE PROTECCION, CUD: 201502022401557, de 5 de marzo de 2024 emitido por Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Personal de la ciudad de El Alto, dentro del proceso seguido por el Ministerio Publico a instancia de Wilma Calderón Limachi, los menores y en contra de Eliana Shirley Ramírez Quispe, Bladimir Gustavo Quispe Condori y Rubén Efraín Aranda Mamani por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, disponiendo las medidas de protección en favor de la víctima de conformidad al arts.3 núm. 3 de la Ley 369; 32 y 35 de la Ley 348 y la ley 1173 en sus numerales:
“2.- Se prohíbe a los agresores de ingresar al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar;
3.- Se prohíbe a los agresores de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con las víctimas;
4.- Se prohíbe a los agresores de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a las víctimas, así como a cualquier integrante de su familia;
6.- Se prohíbe a los agresores de interferir de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, Crianza y educación de la víctima;
9.- se prohíbe a los agresores de transitar por los lugares de recorrido frecuente de las víctimas.
10.- Se prohíbe a los agresores de incurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurran las víctimas:
Para lo cual, se orden al investigador asignado al caso, proceda a notificar a las partes y realizar el seguimiento correspondiente bajo responsabilidad directa conforme al Art. 54 Núm. 11 de la Ley 1173 Art. 389 bis
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS DE PROTECCION SERA CONSIDERADO COMO PELIGRO DE FUGA ESTABLECIDO EN EL ART. 234 NUM.4 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
Notifíquese y Cúmplase en el día
(…)” (sic[fs.130]) II.4. Por requerimiento de 5 de marzo de 2024 emitido por Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia, dentro el proceso signado con CUD: 201502022401557 se dispuso de que: “Por la sección que corresponda proceda a la valoración Psicológica y Social a las víctimas menores MENOR DE 11 AÑOS, MENOR DE 8 AÑOS, MENOR DE 11 AÑOS, MENOR DE 17 AÑOS con relación al hecho denunciado (sic[fs.131]). II.5. Por memorial presentado por Mario Tito Quispe, Francisca Huanaco de Tito -ahora accionantes-, el 28 de marzo de 2024, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la integridad Personal de la ciudad de El Alto, dentro de la denuncia con CUD 201502022401557, seguida por el Ministerio Publico a instancia de los ahora demandantes en contra de Eliana Shirley Ramírez, Rubén Aranda Mamani y Bladimir Gustavo Quispe Condori, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y graves, en el cual solicitan medidas de protección según lo previsto por el art. 35 en sus numerales 1, 3, 4, 6 y 7 de la Ley 348, para sus hijos que se constituyen victimas vulnerables (fs. 28 a 29); ante ello la Fiscal de Materia, Edith Susana Carvajal Zavala -ahora demandada-, mediante requerimiento de 28 de marzo del mismo año, requirió señalando:
“En lo principal, se llama la atención al abg. patrocinante quien vulnera la presunción de inocencia de los sindicados, al realizar calificaciones de hechos que están en etapa de investigación, la suscrita fiscal debe enmarcarse a lo establecido en la Ley y respetar derechos y garantías tanto de los denunciantes como de los denunciados. Asimismo, al no ser claro el petitorio, aclare el mismo.” (fs. 29) II.6. Por memorial presentado el 4 de abril de 2024 la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 14 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (G.A.M.E.A.) realiza su apersonamiento ante las autoridad fiscal, dentro el proceso penal signado bajo el CUD: 201502022401557, seguido por el Ministerio Publico en contra de Rubén Efraín Aranda Mamani y otros por el delito de lesiones graves y leves, y amenazas, refiriendo: “para fines que en derecho pudiera hacer valer en resguardo de los derechos de los menores de edad y en aplicación de las normas legales, así como la Ley 548 del art. 188 y Art. 24 de la Constitución Política del Estado, en protección y resguardo de sus derechos y garantías de la NNA., tenemos a bien apersonarnos dentro del caso en cuestión con la Abg. Iván Apaza Yujra con R.P.A. 6058066IAY, Numero de celular: 77553367, correo electrónico ivanapazayujra77@gmail.com: y se nos haga conocer ulteriores diligencias del mismo, sea con los recaudos de ley”(sic). Cursa proveído de 5 de abril de 2024, por el que Edith Susana Carvajal Zavala dispone: “Se tiene por apersonado a la Defensoría de la niñez y adolescencia” (sic[fs.167])
EVRV/03/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 del adolescente, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la adolescente, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma y el seguimiento del caso; recibida por la Fiscal demandada el 13 de abril de 2024 (fs. 7 a 10); por Informe Psicológico CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/04/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 de una adolescente, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la adolescente, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma, apoyo terapéutico individual y familiar y seguimiento del caso, recibida por la Fiscal demandada el 13 de abril de 2024 (fs. 11); por Informe Psicológico CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/02/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la adolescente, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma, apoyo legal para iniciar el caso de abuso sexual por los elementos descritos por la adolescente, apoyo terapéutico individual y familiar, seguimiento del caso; recibida por la Fiscal demandada el 12 de abril de 2024 (fs. 15 a 19); y, por Informe Psicológico CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/05/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 de la niña DLTC, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la niña, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma y el seguimiento del caso y cerciorarse que el humo y ruido que indica sigue afectando a la niña, tomar acciones en caso de ser así; recibida por la Fiscal demandada el 13 de abril de 2024. (fs. 20 a 23) II.8. Mediante requerimiento fiscal de 16 de abril de 2024, Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia -ahora demandada-, requirió:
“SENALAMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR SEGUIDA DE RECONSTRUCCION
CASO: 201502022401557
Dentro del caso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO a instancias de WILMA CALDERON LIMACHI en contra de ELIANA SHIRLEY RAMIREZ, VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI Y RUBEN EFRAIN ARANDA por el delito de LESIONES GRAVES Y LEVES, previstos y sancionados en el Art. 271 del Código Penal.
Con la facultad conferida en el Art. 179 del C.P.P. el cual le concede la atribución al Ministerio Publico de promover LA AUDIENCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR SEGUIDA DE RECONSTRUCCION en ese sentido se programa la misma PARA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024, A HORAS 14:00, para tal efecto el asignado al caso deberá notificar a todos los sujetos procesales sea en domicilio real o procesal, debiendo estar presentes los testigos que prestaron declaración si los hubiese y personal de Laboratorio de la FELCC, así como de los peritos asignados si fueron requeridos. (…) …una vez presentes las partes se procederá a constituirse al lugar de los hechos ubicado a la zona santa rosa av. cívica entre la av. aroma del d-1 de la ciudad de el alto.” (sic [44]) II.9. Cursa memorial presentado por Wilma Calderon Limachi -co demandante-, el 17 de abril de 2024 a horas 09:58, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la integridad Personal de la ciudad de El Alto, por el que solicitó la suspensión de audiencia de inspección técnica ocular y de reconstrucción, porque no estaría interviniendo un profesional Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para poder contener a los menores víctimas, además de solicitar medidas de protección (fs. 4 y vta.); ante ello la Fiscal demandada, mediante requerimiento de 18 de abril del mismo año, requirió señalando:
“En lo principal, no ha lugar lo solicitado siendo que para el acto de ITO, no se consideró la participación de los menores con la finalidad de no revictimizarlos. Al Otrosí 1ro. Emítase las medidas de protección correspondientes. (…) Al Otrosí 3ro. Por señalado, asimismo habilítese en plataforma virtual de JL2 a los abogados patrocinantes” (sic [fs. 51 vta.]) II.10. Por memorial presentado por Mario Tito Quispe, Francisca Huanaco de Tito el 17 de abril de 2024 a horas 09:59, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la integridad Personal de la ciudad de El Alto, solicitó la suspensión de audiencia de inspección técnica ocular y de reconstrucción porque no estaría interviniendo un profesional Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para poder contener a los menores víctimas, además de solicitar medidas de protección (fs. 3 y vta.); en respuesta la Fiscal demandada mediante requerimiento fiscal de 18 del citado mes y año, dispuso “En lo principal estese a proveído que antecede.” (sic [fs. 52 vta.]). II.11. Cursa memorial presentado el 17 de abril de 2024 a horas 10:09 por Wilma Calderón Limachi dentro el proceso contra Rubén Efraín Aranda Mamani y otros por el delito de lesiones graves y leves, CUD: 201502022401557, dirigido al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la ciudad de El Alto, bajo el tenor “SE APERSONA Y SOLICITA EN LA VIA DE CONTROL JURISDICCIONAL”(sic) que la fiscal de materia asignada al presente proceso informe sobre la fecha (día y hora) de remisión de requerimiento y si se ha designado profesional del área de psicología para el acompañamiento y contención de sus hijos menores durante el procedimiento investigativo. (fs. 5 y vta).
Mamani el 18 de abril de 2024 a horas 13:31 por el sistema virtual JL2, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la integridad Personal de la ciudad de El Alto, solicitó la suspensión de audiencia de inspección técnica ocular y de reconstrucción, porque como abogada de las víctimas no podía asistir a la citada audiencia; siendo requerida por la Fiscal demandada el 18 de abril de “2022” -2024-, bajo el siguiente contenido:
“En lo principal no ha lugar a lo solicitado, considerando que se tiene apersonado a tres abogados” (sic [fs. 48 a 49 vta.]) II.13. Cursa acta de inspección técnica ocular y reconstrucción (Art. 179 del C.P.P.), del cual se extrajo lo siguiente:
“En la ciudad (Localidad) de El Alto, calle Unión Número 1625, Zona Villa Andrani Distrito 7, A horas 14:00, a los 18 días del mes de Abril de 2024 Años, dentro de las investigaciones realizadas por el (los) delito (s) de: Lesiones Graves y Leves en contra de Eliana Shirley Ramírez y otros, Hecho ocurrido en fecha 19 de Febrero del 2024, horas a investigar. Con la finalidad de conocer las circunstancias de los hechos, se procedió la Inspección Técnica Ocular. AUTORIDADES Y PERSONAS PRESENTES: Fiscal. Dra. Edith Susana Carvajal Zavala; Investigador Asignado al Caso Sof 2do. D.G.P. Soledad Chura Velásquez; Investigador Especial: Sof. 2do. D.G.P. Juan Carlos Cahuasa Gómez; Victima: Wilma Calderón Limachi, Abogado de la Victima -; Sindicados: Eliana Shirley Ramírez, Bladimir Gustavo Quispe Condori y Rubén Aranda Mamani; Abogado Defensor: Jhoseline Valeria Condori Villazante; En presencia de los siguientes testigos Francisco Huanaco (Testigo de Cargo), Brissa G. Ramírez Q. (Testigo de descargo). DESARROLLO DEL ACTO: Dando inicio la presente Audiencia de Inspección Técnica Ocular seguida de Reconstrucción, se le advirtió a las partes que no están obligados a participar, quienes manifestaron expresamente su participación de la parte denunciante, acto seguido, se procedió a la lectura del art. 92 del CPP. A horas 16:20, fue concluido el acto de la audiencia de Inspección Técnica Ocular seguida de Reconstrucción los mismos firman al pie del presente acta. En conocimiento de las partes, el registro del acto a través de: acta, fotografía, grabación. Observaciones: al inicio de la audiencia de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción, se procedió sin novedad, posteriormente en el lugar en la instalación de dicho acto la parte victima refiere que participara de la inspección técnica ocular seguido de reconstrucción sin la presencia de su abogado, concluyendo dicho acto sin novedad.” (sic [fs. 47]) II.14. Cursa Resolución de Rechazo 128/2024 de 10 de junio, referida al CUD: 201502022401557 bajo el siguiente contenido:
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL ANTICORRUPCION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 5ª DE LA CIUDAD DE EL ALTO. CUD: 201502022401557 CIUDADANÍA DIGITAL: 3373167
ANTE PLAZOS VENCIDOS Y CONMINATORIA PRESENTA RESOLUCIÓN DE RECHAZO OTROSÍ. -su contenido. Abg. Edith Susana Carvajal Zavala, adscrita a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra La Integridad Personal El Alto, conforme previene el Art. 225 núm. 1 de la Constitución Política del Estado en representación de la sociedad dentro del caso seguido por el Ministerio Publico a instancias de WILMA CALDERÓN LIMACHI en representación de los menores de iniciales M.N.T.H. de 16 años, M.T.H. de 12 años, D.K.T.C. de 11 años, D.L.T.C. de 8 años, ante su autoridad con el debido respeto expongo y conforme a los datos de la investigación tengo a bien de REMITIR RESOLUCIÓN DE RECHAZO en base a los siguientes fundamentos de orden factico y legal:
Por el Delito de LESIONES GRAVES Y LEVES Previsto y sancionado por el Art. 271 Del Código Penal, ante vuestra autoridad, emite el siguiente requerimiento conclusivo bajo el siguiente fundamento:
RESOLUCIÓN Nro. 128/2024
(…)
III. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS
De acuerdo a formulario de denuncia se tiene que en fecha 20 de febrero de 2024 a hrs.12:10 en la zona villa Andrani distrito 7 calle unión No.1625 El Alto, la denunciante de nombre WILMA CALDERÓN LIMACHI, refiere que sus hijos D.LT.C. de 8 años de edad, D.K.T.C de 11 años, M.T.H. de 11 años de edad, M.N.T.H. de 17 años de edad, sufrieron agresiones por parte de RUBÉN EFRAIN ARANDA, ELIANA RAMÍREZ QUISPE, VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI y otros, con las cuales no tiene grado de parentesco hecho suscitado en la Zona Villa Andrani, Distrito 7, Calle Unión N 1625, Ocurrido en fecha 19 de febrero del presente año al promediar las 20:00 pm aproximadamente, la denunciante Refiere en horas de la tarde fue a reclamar por medio del muro, por qué los vecinos estaban haciendo mucho ruido, dónde empezó una discusión fuerte con los denunciados, ya al promediar la hora indicada, la denunciante le cuenta lo sucedido dónde el esposo de la denunciante, las provocaciones continuaban por parte de los denunciados, en los cuales lanzaron piedras, de los cuales le llegó una piedra a D.L.T.C, la denunciante por miedo se esconden en la sala junto a sus hijos, pero los denunciados seguían lanzando piedras al cuarto donde rompieron vidrios y una piedra le llega en la pierna a la hija de la denunciante D.k.T.C, La denunciante luego se sale con los niños junto a su esposo, pero la señora Eliana Ramírez no les deja pasar, en ese momento viene su cuñada de nombre Amalia Tito la cual fue también fue agredida por Eliana Ramírez y su hermana, dónde también salió Vladimir que también le agredió, por tal motivo sale en defensa de esta su hermana M.T.H el cual también fue agresivo fue agredido por Rubén Aranda que le jaloneo del hombro diciendo ándate mierda, la denunciante junto se retiraba por miedo ya que los menores estaban llorando, en se momento Rubén y Vladimir le dan sopapos en la cara a cuñada de la denunciante M.T.H, a la cual la tumbaron al piso, la denunciante junto con los menores se entran a su casa, pero los denunciados seguían afuera de la casa insultando y amenazando a las victimas diciendo ya sé a qué hora llegan, la denunciante se encerró en la casa, también sufrió agresiones físicas su otra cuñada YESICA TITO HUANACO, la cual fue agredida por los denunciados que la golpearon un puñetes y un cuchillo, según refiere la denunciante, al ver esta situación la denunciante sale en defensa de su cuñada, dónde la denunciando fue agredida por Eliana Ramírez, y Amalia que fueron agredidas también por parte de las denunciadas, la denunciando llama a policía pero estos nunca llegaban, pero las agresiones verbales seguían, ya que la denunciante se encerró en su domicilio, los denunciados seguían merodeando por el lugar. Asimismo, la victima fueron agredidos jalones de cabellos sopapos cuchillo, piedra.
IV-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Que, habiéndose promovido la persecución penal y sobre la base de los antecedentes incorporados al cuaderno de investigación corresponde establecer conforme al Art. 225 de la Constitución Política del Estado, la resolución de la causa en la presente investigación respecto a los hechos puestos a consideración al Ministerio Publico.
En ese entendido, en cumplimiento al PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD. Art. 5 Núm. 3) de la ley 260, se tiene que la existencia de elemento de convicción suficientes sobre la existencia del hecho y la identificación y participación del presunto autor o autores implicaría disponer una resolución de imputación formal, MIENTRAS QUE EN EL HIPOTÉTICO CASO QUE EL HECHO NO HAYA EXISTIDO O QUE NO ESTA TIPIFICADO NO PARTICIPO EN EL O EN SU CASO NO SE HAYA PODIDO INDIVIDUALIZAR AL IMPUTADO, QUE LA INVESTIGACIÓN NO HAYA APORTADO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FUNDAR LA ACUSACIÓN O EN SU CASO EXISTA OBSTÁCULO LEGAL PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO, corresponde la emisión del rechazo de la causa conforme a las previsiones y causales previstas en el Art. 304 de Núm. 3) de la Ley 1970. En el caso presente el inicio de investigación tiene una data temporal del 21 de febrero de 2024 y los antecedentes que corresponde, adecuar la gestión del Ministerio Público al Art.301 inc. 2) del código de procedimiento penal, RESPETANDO LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, LA CERTEZA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA A LAS PARTES, bajo los siguientes fundamentos y valoración de los elementos de convicción acumulados por las partes:
1. CONSIDERANDO PRIMERO.-
Que, conforme a las previsiones del Art. 300 de la ley 1970, concordantes con las disposiciones legales previstas en el Art.40 inc. 1 y 2 de la ley 260, en la etapa preliminar se colecta los siguientes elementos de convicción. • Formulario Único de Denuncia con fecha de registro de fecha 20 de febrero de 2024 presentado por Wilma Calderon Limachi. • Memorial de denuncia donde formaliza denuncia, ADJUNTANDO LOS CERTIFICADOS MÉDICOS FORENSES, presentado por Wilma Calderón Limachi Certificado médico forense emitido por la Dra. Eliana Gloria Trujillo Solares correspondiente a WILMA CALDERÓN LIMACHI donde el mismo no cuenta días de incapacidad médico legal. • Certificado médico forense emitido por la Dra. Yesica Bueno Dueñas correspondiente a MARIO TITO HUANACO donde el mismo no cuenta días de incapacidad médico legal. • Certificado médico forense emitido por la Dra. Eliana Gloria Trujillo Solares correspondiente a MARÍA NELA TITO HUANACO. Otorgándole 3 (tres) días de incapacidad médico legal. • Certificado médico forense emitido por la Dra. Eliana Gloria Trujillo Solares correspondiente a DANIELA LUISA TITO CALDERÓN. Otorgándole 3 (tres) días de incapacidad médico legal. • Certificado médico forense emitido por la Dra. Eliana Gloria Trujillo Solares correspondiente a DOMY KELI TITO CALDERÓN. Otorgándole 3 (tres) días de incapacidad médico legal, SIN EMBARGO ESTE CERTIFICADO FUE ALTERADO, CONSIDERANDO QUE EL MISMO SEGÚN FOTOCOPIA LEGALIZADA POR EL IDIFF, NO CUENTA CON DIAS DE IMPEDIMENTO • Informe técnico de registro del lugar del hecho de fecha 02 de abril de 2024 realizado por el investigador especial Sof. 2do Juan Carlos Cahuasa Torrez se adjunta placas fotográficas, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL SUPUESTO HECHO HUBIERA OCURRIDO EN EL EXTERIOR DEL DOMICILIO Y NO COMO SEÑALA LA DENUNCIANTE EN EL INTEROR DE SU DOMICILIO. • Informe del investigador asignado al caso Sof. 2do soledad Chura Velásquez, quien informa que realizo actos investigativos Declaración informativa policial de la denunciante Wilma Calderón • Limachi de fecha 16 de marzo de 2024 donde refiere que esto ha empezado a las 4 de la tarde, en el cual mi suegra de nombre Francisca Huanaco reclama del fuerte ruido a los vecinos que viven a lado a lo cual ellos responden con agresiones verbales entre insultos y amenazas, al cual yo y mi cuñada de nombre Marianela nos sorprendimos de tanto insulto a lo cual dijimos que se calmen y ellos nos dicen a gritos que salgamos a la calle y a eso salimos a ver y ellos corren hacia la puerta de la calle indicando (Indias de mierda, campesinas cochinas) porque no nos dejan trabajar y les dijimos que por favor se callen y que solo queremos que no metan tanta bulla porque hay muchos pequeños en la casa y luego todo eso se calmó a eso de las cinco de la tarde, a las 8 de la noche llega mi esposo de nombre Iván Freddy Tito v escucho que había bastante ruido que era muy insoportable y a eso mi esposo murmura que porque tanta bulla no dejan descansar y los vecinos de repente reaccionan escuchando eso bruscamente indicando sonsos, porque no se mueren de una vez aguántense pues v dejen trabajar y me vale lo que ustedes vivan con ruido y de repente nos echan agua, arena. llovió piedras que venían de esa casa llegando a romper los vidrios de la ventana y rajar las puertas porque las piedras eran grandes y una de esas piedras llego a mi hija de nombre D.L.T.C de 8 años en la parte de la cabeza y ella grito del dolor v a mi otra hija de nombre D.K.T.C. de 11 años le llego en la cadera quien estaba en la sala y la piedra traspaso el vidrio y le lastimo y también grito del dolor y no dejaban de llorar mis hijas; a eso salen mi suegro y mi esposo con las niñas al hospital para hacerles curar y yo les doy alcance para despacharlos a eso estas personas corren directamente a agarrarlo a mi esposo del cuello diciendo que no van a ir a ningún lugar y mi suegro le mete a mis hijas al taxi y en eso le pegan también a mi suegro votándolo a un costado y se pusieron en las puertas del taxi para que no entren y mis hijas estaban adentro y gritaban del dolor y estas personas no tuvieron compasión de mis hijas y yo trato de sacar por el otro lado a mis hijas del taxi y a eso corre una mujer de nombre Brisa Ramirez Quispe junto a Bladimir y Gustavo para trancarme la puerta del taxi y apenas logramos sacar a mis hijas y a eso viene mis otras cuñaditas de nombre Marianela y Mario quienes son menores de edad para ayudarnos llevar a mis niñas y meterlos a la casa y a ellos más le empiezan a pegar entre jalones y empujones los señores Rubén Aranda y Bladimir Gustavo y a eso apenas se les separo a mi esposo de Eliana quien le había rascado la parte del pecho y como pudimos entramos a mi casa, cerramos la puerta del garaje a eso empezaron a llegar más personas y lanzaron piedras a la puerta hasta cansarse y nosotros nos quedamos adentro de miedo tratando de calmar a todos los pequeños que viven en la casa, llamamos a la policía y nunca vino, y de repente mi cuñadito Mario escucho un grito de auxilio y al cual miro a la calle y vio una montonera de gente en la esquina y nos avisó que parecía que estaba gritando mi cuñada de nombre Yesica Tito a eso salimos a ver y gritaba desesperadamente pidiendo auxilio y se trataba de mi cuñada quienes le estaban pegando entre siete personas los cuales eras hombres y mueres nosotros fuimos a separarlos y nos empezó a golpear a todos, no les importo que fueran menores de edad nos agarraron de patadas y puñetes llegando a insultado y amenazando que nos iba a violar a las mujeres de canto y a los hombres les iban a matar que no nos interesa las garantías que me cago en esas cochinadas y a eso entraron rápidamente a su casa y pasando unos minutos dijeron vámonos y se quisieron escapar después de agredirnos y a eso llegaron los policías y ellos no salieron para nada de su casa se quedaron todos en silencio para que la policía no escuche bulla alguna y por esa situación tuve que poner denuncia porque es mucho las agresiones que sufrimos por parte de esta familia. (ESTOS HECHOS POSTERIORES FUERON DENUNCIADOS Y CUENTA CON NO DE CUD: 201502022401546. • Declaración de Mario Tito Quispe quien refiere que el día lunes 19 de Febrero a las ocho más o menos llegue de mi trabajo a mi casa, estuve tomando tecito y a eso mi hijo de nombre Iván Freddy Tito llego de su trabajo en ahí su esposa de nombre Wilma Calderón le comento que nuevamente les había gritado mis vecinos quienes son los denunciados y a eso yo salí al patio a ver lo que pasaba pasando, ahí estas personas empezaron nuevamente a gritar de todo y sorpresivamente nos echaron agua como cinco veces y de ahí nos hecho arena y tierra de construcción y luego empezaron a caer piedras que ellos nos lanzan desde su casa y una de esas piedras le cayó a mis nietas a una de ellas de nombre M.L.T.C. de 8 años a quien le llego de la cabeza y a la otra de nombre D.K.T.C. de 11 años le llego en la parte de la cadera quien empezaron a gritar del dolor, y con lo que no soportaban el dolor, quise llevarlos al hospital para hacerles atender y también llamamos Radio Patrullas 110 y no llegaron, tardaron mucho y con mi hijo Freddy y yo le sacamos a mis nietas cargando para llevarlos al hospital hacia la calle y a eso cuando estábamos esperando taxi ahí corrieron un grupo de persona entre hombres y mujeres y ahí le agarraron a mi hijo Fredy directamente del cuello indicando voz donde vas a ir, no tuvieron compasión de mis nietas y yo asustado los subí a un taxi a mis nietas y me agarrón el señor Bladimir de los brazos y me voto a un costado no dejándome entrar al taxi donde estaban mis nietas y como no quisieron que les llevara a mis nietos al hospital tuve que bajarlos del taxi apenas en medio de gritos y peleas y me trancaron no quisieron que les meta a mis nietitas a mi casa y ellas gritaban de dolor y asustadas y luego logre meterlos apenas a mi casa, entramos y cerramos el garaje y llegaron más personas y junto a ellos empezaron a lanzar piedras al garaje gritando de todo con insultos como ser (maricones, salgan ahora si les voy a destrozar de canto a toda tu familia) se cansaron en padrear, nosotros de adentro tuvimos que calmar a los pequeños que gritaban del susto, de repente se escucha un grito fuerte y salió una de mis hijas de nombre Marianela de 16 años de edad quien dice que le estaban pegando a mi hija a eso salimos a ver hasta la puerta y logramos ver y escuchar gritos de auxilio a mi hija de nombre Jessica Tito quien llegaba del trabajo a quien le estaban agrediendo con patadas puñetes a un grupo de personas entre hombre y mujeres eran entre 7, le quitaron su mochila, su celular, le querían desvestir toda su ropa, yo me tuve que quedar junto a mi hijo Freddy en la puerta a cuidar a mis nietitas quienes de miedo no querían quedarse solas y vi como lo y pegaban a mi hija y después apenas le rescataron a mi hija mi esposa de nombre Francisca, y mis otros hijos de nombre Mario Tito de 12 años y Marianela de 16 años. (CASO No. 201502022401546) • Declaración de Yesica Tito Huanaco de fecha 16 de marzo de 2024 donde refiere que en fecha 19 de Febrero del año 2024, aproximadamente a horas de las 10 de la noche mi cuñada me llama bien afligida indicándome que estos señores les había agredido v habían arrojado piedra a la casa donde llegaron a lastimarles a mis sobrinitas y a mi hermanito quienes son menores de edad y que mi hermano (testigo referencial, porque no vio los hechos) y mi padre trataron de llevarlos al hospital para hacer atenderlos y que ahí le habían agarrado estas personas y me dijo que le llame a la policía que estas personas están bien agresivas y yo le dije ya está bien, cuando estuve llegando a mi casa en la esquina me habían estado esperando tres señoras de nombre Eulogia Exalta Quispe, Brisa Gabriela Ramírez Quispe y Emiliana Shirley Ramírez Quispe. estas tres personas de forma violenta me empezaron a golpear v. me quitaron mi mochila, mi celular y una de ellas me empezó a punzar con algo que era de fierro a mi estómago v me tendieron al piso a eso pedí auxilio y vinieron mis hermanitos quienes son menores a tratarme de ayudar a eso salen dos varones de nombre Bladimir y Rubén Aranda quienes me patearon y yo apenas me llegue a parar y busque mis pertenecías mientras a mi hermanita menor dos señoras le pegaron, le jalaron de los cabellos, estas personas nos agredieron de canto no respetaron si eran menores o mayores y a eso viene mi madre a tratarnos de ayudar y recuperar mis pertenencias como ser m mochila y mi celular y apenas entramos a mi casa a eso llego la policía después de mucho tiempo y estas personas se escondieron en su casa y no quisieron salir y luego cuando se retiró la policía se fueron de esa casa. (CASO CON CUD: 201502022401546) • Acta de registro del lugar del hecho de fecha 16 de marzo de 2024 elaborado por los funcionarios policiales Sof. 2do soledad Chura Velásquez y Sof. 2do Juan Carlos Cahuasa Torrez donde en fecha 16 de marzo a horas 10:30 se constituyeron a la Zona Villa Andrani A Calle Unión Nª 1625. DONDE SE INDICA QUE LOS HECHOS HUBIERAN OCURRIDO EN LA CALLE. • Informe Social emitido por la Lic. Araceli Zubieta Terrazas trabajadora social de la DNA D-4 de fecha 09 de abril de 2024 perteneciente a los menores D.K.TC. de 11 años y D.L.T.C. de 8 años donde manifiesta textual De acuerdo a entrevista con la Sra. Wilma Calderon, progenitora de NNAS refiere: Mis hijas estaban en la sala y a mi hija de 11 años en la pierna le han hecho llegar piedra cuando ha empezado a votar las piedras los de al lado y a mi hija de 8 años le ha hecho llegar en la cabeza, y estaban llorando, no dejaban de llorar, y ya cuando les estaban llevando al hospital a mis hijas la Sra. Eliana Ramirez le agarra mi esposo junto con su esposo Rubén Aranda y su trabajador Vladimir Condori y Brisa Ramirez, conmigo más hemos salido, yo quería despacharles, y queria sacarles a mis hijas del taxi, y nos hemos empujado con el Vladimir, la señora Eliana le ha rascado a mi esposo en su pecho a mi hija de 11 años le ha botado, levántate diciendo el Rubén Aranda, luego nos hemos ido a la casa así entre jaloneadas... esos vecinos asi siempre son, nos miraban de su balcón, ahora recién se han hecho parar pared, les voy a violar, agarrado miembro anda ese hombre esto les voy a meter, esto quieren asi hablaba ese don Rubén Aranda, y sabemos decirle a su esposa y no sabe decir nada, sabe negarse, la mujer no vive ahi, el hombre nomas vive ahi". • Informe Social emitido por la Lic. Araceli Zubieta Terrazas trabajadora social de la DNA D-4 de fecha 09 de abril de 2024 perteneciente a los menores M.N.T.H. de 16 años y M.T.H. de 12 años A referencia de los NNAS se encuentran conviviendo junto a su familia en la Zona Villa Andrani "A", entre Calle Unión y Calle y 6 de marzo, Nro. 1625. (a dos cuadras del Colegio Corea del Norte) Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, inmueble propio del Sr. Mario Tito. El inmueble tiene una construcción de dos plantas, la familia habita en la planta baja, la vivienda tiene una fachada de ladrillo, como ingreso puerta de garaje de metal color rojo, ocupan cinco ambientes en total, los cuales 3 son dormitorios, uno es sala y otro es cocina con comedor. así mismo el domicilio cuenta con los servicios básicos de Luz y Agua, no cuenta con alcantarillado, en su lugar usan Pozo Ciego que es compartido con la familia de su hijo Ivan Freddy. • Certificado Médico Forense emitido por la Dra. Eliana Gloria Trujillo Solares perteneciente a Maria Nela Tito Huanaco done en el examen físico segmentario refiere lesiones en Extremidades Superiores en conclusiones Contusiones Tipo Equimosis en extremidad superior donde le otorgan 3 días de incapacidad médico legal. • Certificado Médico Forense emitido por la Dra. Eliana Gloria Trujillo Solares perteneciente a Daniela Luisa Tito Calderon done en el examen físico segmentario refiere lesiones en Cráneo, en conclusiones, Contusiones Tipo Equimosis en Cuero Cabelludo donde le otorgan 3 días de incapacidad médico legal. • Certificado Médico Forense emitido por la Dra. Eliana Gloria Trujillo Solares perteneciente a Wilma Calderón Limachi done en el examen físico segmentario NO se observa lesiones NO le otorgan días de incapacidad médico legal. • Informe psicológico emitido por el Lic. Ever Vidal Roque Vargas de fecha 11 de abril de 2024 perteneciente a D.L.T.C. de 8 años en conclusiones en relación a los antecedentes se concluye que la niña relata y manifiesta los hechos sucedidos, las agresiones físicas, insultos y el arrojo de piedras hacia su casa que le habría llegado uno a ella y otro a su hermana, la niña categoriza negativamente al Sr. Efraín y a su Pareja por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas a la niña a sus familiares, la niña no presenta en estado emocionales significativos ni un temor infundado a sus vecinos tampoco síntomas de malestar psicológico ni quebrantamiento por el hecho sucedido y relatado. Enfatizando que lo que le molestaría y causaría una afectación en su salud seria el humo y ruido por el trabajo que realizaría su vecino, la niña en la entrevista se encuentra en condiciones adecuadas en cuanto al aseo personal y vestimenta, conducta colaborativa, lenguaje confuso, presenta dificultades en ubicarse en espacio tiempo, estado de salud bueno. Informe psicológico emitido por el Lic. Ever Vidal Roque Vargas de fecha 11 de abril de 2024 perteneciente a Mario Tito Huanaco de 12 años en conclusiones el adolescente sobre el hecho ocurrido indica de manera directa que en una sola oportunidad lo agredieron. "Y nosotros otra vez hemos salido, todos hemos salido a defender pero los varones no nos hemos metido y hemos empezado a grabar y las chicas nomas se han agarrado y defenderse, y han recorrido un poquito más aqui (señala hacia él) y la señora (pareja del señor Aranda) me ha pegado, me ha dado un puñete en aquí (señala su brazo derecho) porque estaba grabando y me querido quitar mi celular" indicando quien habría sido y como fue la agresión, del relato manifiesta que sus vecinos al escuchar los reclamos de su papá habrían aventado piedras desde su balcón hacia su casa, haciendo que llegara piedras a sus dos sobrinas, una en la cintura y la otra en la cabeza, El adolescente ve negativamente a sus vecinos por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas al adolescente a sus familiares, "...Hace un año y medio han empezado a meter ruido y hemos tratado de hablar con ellos y no se hace caso... y nos insultan, nos dice campesinos y con sus testículos nos muestra así (simula agarrar sus partes íntimas y agita las manos) y a esa familia le vamos a violar y les vamos a agarrar a todos y se van a morir uno por uno nos dice a toditos nos dice el vecino Aranda Efraín. El adolescente no presenta indicadores de inestabilidad emocional aparentes por el evento vivido. Pero si manifiesta preocupación por la situación de su familia debido a que se seguiría con el ruido y el ingreso del humo a su casa que causaría dolores de cabeza a sus padres, hermanos y sobrinas. Así mismo indica que durante las agresiones a sus familiares el señor Aranda (Efraín) aprovecharía para manosear (tocar) a su hermana María Nela y así también a su otra hermana, el adolescente presenta preocupación por su familiar por todos los hechos vividos, el adolescente en la entrevista se encuentra en condiciones adecuadas en cuanto al aseo personal y vestimenta, conducta colaborativa, lenguaje claro, se ubica en persona, espacio y tiempo, estado de salud bueno. • Informe psicológico emitido por el Lic. Ever Vidal Roque Vargas de fecha 11 de abril de 2024 perteneciente a D.K.T.C. de 11 años donde manifiesta en conclusiones, Dentro del relato la adolescente manifiesta que hace un tiempo atrás habría sucedido una pelea entre sus familiares y los vecinos (señores), mismo que iniciaría por el reclamo de su papá por el ruido y humo que hacen los vecinos, mismo que sería producto de su actividad laboral. Producto de las discusiones los vecinos arrojarían piedras a hacia su casa impactando uno a la adolescente en la región de la cintura y otra hacia su hermana menor en la cabeza. La adolescente habría presencia las agresiones hacia sus familiares por parte de sus vecinos, La adolescente presenta indicadores de afectación aparentes derivadas por la agresión (impacto de piedra en la cintura), la adolescente categoriza negativamente al señor Efraín por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas a sus familiares, y señala que la causa de las peleas que se suscitan entre sus familiares y los vecinos es por el ruido y humo que hacen los vecinos con el trabajo, mismo que afectaría a su familia. la adolescente al momento de la evaluación se muestra colaboradora, la adolescente en la entrevista se encuentra en condiciones adecuadas en cuanto al aseo personal y vestimenta, conducta colaborativa, lenguaje claro, que ubica en persona, espacio y tiempo, estado de salud bueno. • Del Informe psicológico emitido por el Lic. Ever Vidal Roque Vargas de fecha 11 de abril de 2024 perteneciente a M.N.T.H. de 17 años en sus conclusiones, la adolescente presenta indicadores de inestabilidad emocional, manifestando en tristeza y llanto al relatar los hechos sucedidos al haber sido tocada en sus pechos y parte intima por parte de su vecino. "y a mí me han metido mano (comienza a llorar) yo estaba agarrando y no sabía quién era y después nomas mi hermanito me ha dicho todo, y me ha dicho que él era el señor Aranda (se mantiene llorando y señala las parte que le tocaba) (señala su vagina y pechos) y he sentido varias manos y no era solo una persona... pero mi hermanito me ha dicho que eran ellos eran, la adolescente categoriza negativamente al señor Efraín por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas a la adolescente a sus familiares. Sobre las agresiones físicas la adolescente indica que habría sido golpeada, botada al suelo y también que la habrían tocado en partes de su cuerpo, todo estas situaciones cuando la misma habría intervenido en defensa de sus familiares. Así mismo indica que también sus familiares fueron agredidos y que sus dos sobrinas fueron impactadas por piedras una en su cabeza y la otra en la cintura, indicando a sus vecinos como los responsables, Presenta un pensamiento negativo para afrontar la situación vivida, pero no así los toques que habría sufrido, siendo que teme que vuelva a suceder, en sus recomendaciones refiere apoyo legal para iniciar el caso de ABUSO SEXUAL por los momentos descritos por la adolescente. • Acta de declaración de Francisca Huanaco de Tito (testigo) el mismo refiere que no aguantan ese ruido para nada ya que tenemos hartos pequeños en casa los cuales sufren mucho y que levanten su máquina para que no hagan más ruido, ya no queremos saber nada ya estamos mal de la cabeza todos de mi familia por tanto humo y ruido y ahora peor nomas mete más ruido todos los días. • Declaración de Iván Fredy Tito Huanaco de fecha 05 de abril de 2024 Comenzó a partir desde cuando llego a la ocho y treinta de mi trabajo cuando había habido humo y ruido por lo cual yo le reclame por el ruido y por el humo y yo no sabía que estaba la señora con toda su familia y pensé que estaba solamente el señor Rubén Aranda y cuando ellos ya habían estado alterados dispuestos a agredirnos por el simple reclamo, ellos empiezan a echarnos con agua y arena y apedrearnos dentro de mi domicilio en la cual han roto vidrios, puertas, en la cual lastiman a mis hijas a la cual le llevamos al hospital a mis dos pequeñas accidentados por los impactos de piedra y saliendo a la calle estábamos esperando yo y mi papa para llevar a mis hijitas al hostal una movilidad por lo cual salen toda la familia a agredirnos y evitar para que les levemos al hospital a mis niñas por lo cual vuelven a agredir a mis hija y a mis hermanitas menores en la cual la señora Eliana y su hermana Brisa Ramírez me agarran uno me agarra de la mano y el otro me agarra del cuello haciéndome rasguños en el pecho posterior a eso situación nosotros intentamos retroceder a mi domicilio después de ser agredidos por 5 personas mayores logramos entrar a mi domicilio dura te el cual ese tiempo llegan más de sus familiares y vuelven a padrear la puerta de mi casa y dentro de mi domicilio donde se quedaron traumados mis hijos y mis hermanitos y toda mi familia por toda agresión que nos somete con toda su familia, pasando los hecho llega una de mis hermanitas y grita en la calle auxilio y sale dos de mis hermanas menores al rescate en donde vuelven iguala agredidos por toda la familia Aranda y Ramírez personas mayores y llamamos a la policía y insistimos a la llamada del 110 que no se presenta ya que mi persona se queda dentro del domicilio, pasada la media noche llega 110 y donde la familia Aranda y Ramírez se esconden en la cual yo salgo a hablar con el 110 y pido que nos traslade tanto a ellos como a nosotros para la denuncia a la cual la familia Aranda y la Familia Ramírez se hacen a la fuga. (CASO CON CUD: 201502022401546 • Acta de inspección técnica ocular y reconstrucción, de fecha 18 de abril de 2024 realizado por el investigador asignado al caso Sof. 2do D.G.P. Soledad Chura Velázquez e investigador especial Sof.2do. D.G.P. Juan Carlos Cahuasa Torrez donde realizo actos investigativos, MISMO QUE LOS DENUNCIANTES HAN SOLICITADO SE VUELVA A REALIZAR • Informe del investigador asignado al caso Sof. 2do soledad Chura Velásquez de fecha 17 de abril de 2024. Donde realizo actos investigativos Acta de declaración de BRISA GABRIELA RAMIREZ QUISPE (testigo de descargo) de fecha 16 de abril de 2024 donde refiere en 19 de Febrero yo subí a recoger una mercadería de tenis que tenía que entregarme mi cuñado, yo estaba con mi hermana esperando que me entregue a eso los vecinos empiezan a molestar, empiezan a gritar a echar agua y orín, en eso mi hermana sale a la tienda a comprar pan, las hermanas Tito Huanaco le reclaman por el ruido que estaba haciendo mi cuñado Rubén en eso le empezaron a agredir, yo corro a auxiliarla porque mi hermana estaba con su bebita de 11 meses cargado en la espalda, en eso me agredieron físicamente con patadas, puñetes, entre ellos estaban varia mujeres incluidas menores de edad, en eso sale toda su familia incluido Mario Tito, Freddy Tito, Efraín Tito Yesica Tito, Amalia Tito y Marian e la Tito, Wilma Calderón, Francisca Huanaco, salen entre todos y empiezan a agredirle a mi hermana Eliana quienes le agredieron entre cuatro personas y no tuvieron piedad a pegarle pese que estaba la bebe incluso salió golpeada mi sobrina por el señor Freddy y mi sobrina de 11 meses, a mí me atacar por defenderías me tendieron al piso también a mi madre le estaban agarrando en eso mi madre y mi sobrinita gritaron pidiendo auxilio y salió mi cuñado Rubén y su trabajador de nombre Bladimir porque pese a eso no le querían soltar a mi hermana y a su bebe y se escuchó el llanto, también escuche los gritos de mi sobrino de siete años pidiendo auxilio y mi cuñado le alzo del piso porque se estuvo ahogando y estuvo perdiendo el conocimiento y el grupo de personas me estaban agrediendo físicamente y no me quisieron soltar para nada y cuando me levante a mucho esfuerzo del piso y su trabajador de mi hermana me ayudo que me soltaran y después nos auxiliaron como pudieron y después al querer venir a poner la denuncia porque mi sobrina estaba sangrando de la boca y nosotros estábamos toda golpeadas y mi cuñado quería sacar el auto para ir a sentar la denuncia y para llevarla al médico a todas y ellos se sentaron en la puerta del garaje impidiendo el paso queriéndonos privar de nuestra libertad y tuvimos que esperar hasta que ellos se calmen e ingresen a su casa y en cuanto pudimos salimos y nos fuimos al médico forense y para sentar denuncia, asimismo adjunta placas fotográficas del hecho del día de los sucesos. Declaración de Eulogia Exalta Quispe Flores (testigo de descargo) de fecha 05 de abril del 2024 quien refiere que textual...." Yo llegue al domicilio de mi yerno y de mi hija al llamado telefónico que recibí, con mi nieto de siete años y agarrado papeles originales de la autorización del taller y al llegar, les encontré a mis hijas de nombre Eliana y Brisa toda golpeadas y todo desastre sus pelos y lleno de tierra y al ver esa situación les indique a mis hijas que vayamos a poner una denuncia a la policía ya que ellas estaban temblando de mucho miedo, entonces salió primero mi hija Eliana con la bebe cargada y con el niño de 7 años y detrás mi hija brisa y yo me quede un momento al baño, cuando Salí a la esquina había estado una de las muchachas Tito Huanaco agarrándole a mi hija Eliana gritando "Se están escapando, se están escapando" a ese grito salieron un grupo de personas quienes eran sus familiares eran más de 12 personas entre varones y mujeres, cuando corrió le hicieron caer al piso a mi hija cargada de la bebita y estaba llorando mi nietita y mi nieto menor de 7 años, estuvo pidiendo auxilio, donde le tapo de la boca y le pateo del pie la señora Francisca yo corrí a ayudarle a mi hijita porque estaba ahogando con el aguayo, a apenas le quite al bebe y ella estaba sin sentido por el aguayo, a eso me hizo cair el señor Mario y su esposa Francisca al piso me quisieron quitar los documentos de mis manos a tanto forcejeo me quitaron la cartera y mi mantilla de valor sentimental, yo pedí auxilio Rubén joven Gustavo mi hija se está muriendo ya que le vi sin sentido, la señora Wilma me vio sangrando y me dijo que cosa es eso aunque seas de la tercera edad, a mostros los fiscales nos conoce no te aran caso aunque te vayas a quejar donde sea y no quiso que nos vayamos porque nosotros queríamos auxiliar a mi hija y a mi nieta y no tuvieron compasión se pusieron frente a la puerta y no nos dejaron salir de ese lugar y en la madrugada tuvimos que ir a sentar la denuncia e ir al médico forense. • Informe de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción emitido por el investigador especial el Sr. Sgto. Sof. Juan C. Cahuasa Torrez de fecha 26 de abril de 2024, donde existen muestras fotográficas. • Informe del investigador asignado al caso Sof. 2do soledad Chura Velásquez, de fecha 20 de mayo de 2024. Donde realizo actos investigativos. • Carta dirigida al Dr. Agustín Coronado Mamani, Fiscal coordinador de la unidad de Análisis de la Fiscalía de la ciudad de El alto, poniendo en conocimiento que se remite antecedentes por supuesta de uso de instrumento falsificado (CERTIFICADO MEDICO FORENSE DEL MENOR DE INICIALES D.K.T.C)
• Caso aperturado con No. De CUD: 201502022404569 POR EL DELITO DE USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO (ART. 203 CP)
II CONSIDERADO SEGUNDO.-
Se hace énfasis que para considerar la acción como conducta humana final conforme refiere el Art.14 del código Penal y tal conducta desplegada por el justiciable deba ser subsumido al precepto de hecho de un delito tipificado como tal, el tribunal constitucional mediante la S.CP Nº 0276/2018-S2 de fecha 25 de junio, estableció que para acreditar probabilidad de autoría es necesario considerar lo siguiente "...(...)., la consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad, que permita al juez inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga; lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones, por eso la Corte IDH, estableció que deben existir indicios suficientes que permita su suponer razonable la persona sometida al proceso haya participado en el ilícito penal que se investiga, sospecha que tiene que estar fundada en hechos específicos articulados con palabras, esto es no en meras suposiciones o instituciones abstractas. Como se indicó la materialización del numeral i del art.33 del CPP, exige que el hecho este definido o delimitado, con ello no se quiera decir que se quiera certeza sobre su concurrencia o participación del imputado, se trata que él hecho, que es objeto del proceso y sobre el cual se discute la medida cautelar, esté demarcado y de respuesta las siguientes interrogantes: Que se hizo, Quién lo hizo, cuándo lo hizo, Dónde lo hizo y cómo lo hizo. Pues para resolver el juez debe entender cuál es el hecho objeto de disputa y la participación del imputado. La garantía del hecho, es pues la piedra angular sobre la que se ordenan las demás garantías, tanto sustantivas como las de procedimiento. Si no hay un hecho medianamente delimitado, sobre todo al comienzo de la investigación preparatoria, no existe objeto procesal, nada de lo que se discuta podrá tener sentido. La existencia de un hecho será condición de un proceso penal, y consecuentemente, de una audiencia en la que se discutan cuestiones relativas a él,.." lo que concluye que todo hecho que es objeto de investigación penal a los fines de establecer, tiempo, lugar y modo en cuanto a la participación del sujeto activo, debe ser sustentada con elemento de convicción suficientes que hagan sostener razonabilidad sobre la existencia del hecho y la participación e identificación del presunto autor o autores, empero en la presente causa de los elementos de convicción acumulados y descritos ut supra y arrimados en el cuaderno de investigaciones, los mismos hacen insuficientes para establecer el modo (quien lo hizo), con relación al justiciable, debido a que a la fecha no se ha aportado elementos suficientes para fundar la acusación, a los efectos de que asuma defensa y sea puesta a conocimiento de la Autoridad jurisdiccional a los efectos de activar el Art. 92 y siguientes de la Ley 1970, de la revisión de los antecedentes hecho que sucedió en fecha 20 de febrero de 2024 a horas 12:10 en la Zona Villa Andrani distrito 7 Calle Unión No.1625 El Alto, la denunciante de nombre WILMA CALDERÓN LIMACHI, refiere que sus hijos D.L.T.C. de 8 años de edad, D.K.T.C de 11 años, M.T.H. de 11 años de edad, M.N.T.H. de 17 años de edad, sufrieron agresiones por parte de RUBEN EFRAÍN ARANDA, ELIANA RAMÍREZ QUISPE, VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI y otros por lo que se tiene que el menor de iniciales M.T.H. de 12 años NO CUENTA DÍAS DE INCAPACIDAD MEDICO LEGAL por lo que existe duda con respecto si es víctima, y la menor M.N.T.H. de 17 años si bien cuenta 3 días de incapacidad médico legal donde el mismo refiere por parte de una mujer conocida (vecina) quien la jalo de los cabellos; sin embargo, existe duda siendo que el denunciante refieren que fue agredida con una piedra cuando este se encontraba en el interior del mueble, por lo que existe duda del mismo, la menor D.LT.C. de 8 años si bien cuenta 3 días de incapacidad médico legal el mismo refiere que fue agredida en su domicilio por una mujer conocida (vecina) quien lanzo una piedra a nivel de la cabeza; sin embargo, del informe psicológico la niña no presenta en estado emocionales significativos ni un temor infundado a sus vecinos tampoco síntomas de malestar psicológico ni quebrantamiento por el hecho sucedido y relatado. Enfatizando que lo molestaría y causaría una afectación en su salud seria el humo y ruido por el trabajo que realizaría su vecino por lo que existe duda y el menor D.K.T.C de 11 años no presenta días de incapacidad médico legal; sin embargo, el denunciante presenta un certificado del mencionado menor indicando que tiene 3 días de incapacidad médico legal por lo que existe una alteración de dicho certificado queriendo hacer incurrir en error a la suscrita por lo que se pierde toda credibilidad sobre la denuncia interpuesta por los denunciante y de acuerdo al registro del lugar del hecho existe contradicciones ya que al momento de realizar el registro del lugar del hecho los denunciantes solo hacen referencia a las supuestas agresiones que se realizarían en el exterior del domicilio y no así mostrando el interior como refieren en la denuncia por lo que existiría duda razonable con respecto a lo hechos denunciados. Se tienen de los informes psicológicos de las menores víctimas quienes manifiestan los siguiente 1. M.N.T.H. de 17 años en sus conclusiones, la adolescente presenta indicadores de inestabilidad emocional, manifestando en tristeza y llanto al relatar los hechos sucedidos al haber sido tocada en sus pechos y parte intima por parte de su vecino. "y a mí me han metido mano (comienza a llorar) yo estaba agarrando y no sabía quién era y después nomas mi hermanito me ha dicho todo, y me ha dicho que él era el señor Aranda (se mantiene llorando y señala las parte que le tocaba) (señala su vagina y pechos) y he sentido varias manos y no era solo una persona... pero mi hermanito me ha dicho que eran ellos eran, la adolescente categoriza negativamente al señor Efraín por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas a la adolescente a sus familiares. Sobre las agresiones físicas la adolescente indica que habría sido golpeada, botada al suelo y también que la habrían tocado en partes de su cuerpo por lo que este hecho debe ser investigado por in fiscal de materia especializada y no así por la suscrita fiscal. 2. La niña de iniciales D.K.T.C. de 11 años manifiesta que hace un tiempo atrás habría sucedido una pelea entre sus familiares y los vecinos (señores), mismo que iniciaría por el reclamo de su papá por el ruido y humo que hacen los vecinos, mismo que sería producto de su actividad laboral. Producto de las discusiones los vecinos arrojarían piedras a hacia su casa impactando uno a la adolescente en la región de la cintura y otra hacia su hermana menor en la cabeza, mismo que afectaría a su familia. 3. M. T. H. de 12 años quien indica de manera directa que en una sola oportunidad lo agredieron (pero no indica quien, ni cuándo). "Y nosotros otra vez hemos salido, todos hemos salido a defender pero los varones no nos hemos metido y hemos empezado a grabar y las chicas nomas se han agarrado y defenderse, y han recorrido un poquito más aquí (señala hacia él) y la señora (pareja del señor Aranda) me ha pegado, me ha dado un puñete en aquí (señala su brazo derecho) porque estaba grabando y me querido quitar mi celular" indicando quien habría sido y como fue la agresión, del relato manifiesta que sus vecinos al escuchar los reclamos de su papá habrían aventado piedras desde su balcón hacia su casa, haciendo que llegara piedras a sus dos sobrinas, una en la cintura y la otra en la cabeza. El adolescente ve negativamente a sus vecinos por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas al adolescente a sus familiares, "...Hace un año y medio han empezado a meter ruido y hemos tratado de hablar con ellos y no se hace caso... y nos insultan, nos dice campesinos y con sus testículos nos muestra así (simula agarrar sus partes íntimas y agita las manos) y a esa familia le vamos a violar y les vamos a agarrar a todos y se van a morir uno por uno nos dice a toditos., 4. D.L.T.C. de 8 años la niña relata y manifiesta los hechos sucedidos, las agresiones físicas, insultos y el arrojo de piedras hacia su casa que le habría llegado uno a ella y otro a su hermana, la niña categoriza negativamente al Sr. Efraín y a su Pareja por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas a la niña a sus familiares, la niña no presenta en estado emocionales significativos ni un temor infundado a sus vecinos tampoco síntomas de malestar psicológico ni quebrantamiento por el hecho sucedido y relatado. Enfatizando que lo que le molestaría y causaría una afectación en su salud seria el humo y ruido por el trabajo que realizaría su vecino, por todo lo referido existe duda razonable con respecto a los hechos denunciados por lo que la suscrita fiscal de materia aplicando la sana critica no se puede emitir otra RESOLUCIÓN QUE NO SEA EL RECHAZO siendo aplicable las causales previstas en el Art. 304 Núm. 1 y 3) de la Ley 1970, Finalmente establecer que el sistema procesal penal prevista en el Art. 130 del Código de Procedimiento Penal, determina que los plazos procesales son perentorios e Improrrogables y que conforme a la Sentencia Constitucional No. 1128/2013-R, así como del Instructivo No 01/2019 de la Fiscalía General del Estado, que establece que toda investigación preliminar no puede durar más de 20 días y su ampliación debidamente justificada, mismos que en el caso presente ya se han cumplido superabundantemente, por lo que corresponde adecuar el actuar de las investigaciones al tenor del Art. 301 de la norma adjetiva de la materia, debido a que no se tiene suficientes elementos de convicción, que ayuden a identificar al presunto autor o autores del hecho denunciado y en cumplimiento al PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD razonada por el Tribunal Constitucional mediante la S.C.P. No. 1292/2016-52 Sucre, 5 de diciembre de 2016 el cual refiere: "(.), El art. 72 de la ley adjetivo penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: "Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, formulando sus requerimiento conforme a este criterio", lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art 51.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos en las pruebas en el contenido de todo lo actuado acumulado en el cuaderno de investigaciones con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia e indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación (..).., b) El rol activo del Ministerio Público en el sistema acusatorio, convierte al Fiscal en pilar indispensable del procedimiento penal, en conformidad con su actuación como órgano activo del ejercicio del ius puniendi del Estado, es decir, que en Bolivia el Ministerio Público pasó de ser abstracción legal a un órgano independiente y un actor principal del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución de la sentencia; c) El art. 21 del C.P.P, establece la obligatoriedad que tiene la Fiscalía para ejercer la acción penal, tratándose de delitos de orden público; asimismo se debe tener presente que el Art. 6 del mismo cuerpo legal al establecer que quien acusa un hecho tiene la obligación de probar los extremos de la denuncia: d) El art. 180.1 de la Constitución Político del Estado, ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de "Verdad Material" debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, de este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, implica que una persona debe ser sancionada si existen pruebas respecto a su conducta que hayas sido logradas a través de un procedimiento legal y que hubiera tenido su alcance los medios requeridos para su defensa pues a través del procedimiento justo se pretende lograr una finalidad más alto cual es la tutela efectiva de los derechos; e) Se debe tener en cuento que el Art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: "Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado formulando sus requerimientos conforme a este criterio,...", criterio legal que se encuentra relacionado con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1 bajo estos lineamientos no es posible emitir una resolución distinta al presente bajo los fundamentos expuestos, que si bien es labor del Ministerio Publico en la averiguación de la verdad material de los hechos, tomando en cuenta los razonamientos citados es necesario recordar que el termino procesal investigativo ha concluido y a los efectos de no causar vulneración de derechos y garantías a las partes, en cumplimiento al principio de objetividad que establece la Ley 260, es pertinente dar aplicación al Art. 304 Inc. 1 y 3) de la Ley 1970, más aun cuando existe un certificado médico forense alterado, contradicciones las declaraciones de los testigos y otra denuncia aperturada por los denunciados por los hechos ocurridos en fecha 19 de febrero del presente.
La suscrita Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la integridad Personal de la ciudad de El Alto, con la facultad conferida en los Art. 225 de la Constitución Política del Estado, Art. 4, 5, 38, 40 Núm. 1 () de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y Art 6, 11. 70, 72, 73. 130, 301 numeral 3). 304 numerales 1 y 3) del Código de Procedimiento Penal, en defensa de la sociedad, RESUELVE EL RECHAZO de la denuncia de WILMA CALDERÓN LIMACHI en representación de los menores de iniciales M.N.T.H. de 16 años, M.T.H. de 12 años, D.K.T.C. de 11 años, D.LT.C. de 8 años contra RUBEN EFRAIN ARANDA MAMANI, ELIANA SHIRLEY RAMIREZ QUISPE Y VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI por la supuesta comisión del ilícito de LESIONES GRAVES Y LEVES, previstos y sancionados por los Arts. 271 del Código Penal, disponiéndose se notifique con la presente resolución a las partes mediante la Unidad de Servicios Comunes previo cargado al sistema "JL2 asimismo, remítase una copia ante el señor Fiscal Departamental de La Paz y hágase conocer al órgano jurisdiccional contralor de las labores investigativas del caso. Por el principio de transparencia y publicidad se informa a la víctima que tiene el PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS PARA OBJETAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN, conforme al Art 305 del C.P.P, computables desde su legal notificación.
OTROSÍ 1. Conforme a las previsiones supletorias previstas en el Art. 72 del Código Procesal Civil-Ley 439, señalo como domicilio procesal en la FISCALÍA ESPECIALIZADA DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL DE EL ALTO, ubicado en el Piso 4 Of. 2 Edif Illimani No. 130. Av. Raúl Salmon y Av. Satélite El Alto. COMUNIQUESE (sic[417 a 424])
La parte accionante alega la vulneración de los derechos a la vida, locomoción, al debido proceso, derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia generacional, derecho de los niños a no sufrir violencia; toda vez, que dentro del proceso penal a instancias del Ministerio Publico en contra de Eliana Shirley Ramírez Quispe y otros por el delito de lesiones graves y leves, donde sus hijos menores de edad resultan ser las víctimas, la autoridad fiscal hoy demandada incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Señalo audiencia de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción de los hechos para el 18 de abril de 2024 sin haber obtenido la Cámara Gessel y pretendiendo exponer a las víctimas menores ante sus agresores; por lo que solicitaron la suspensión de la misma debido a que sus abogados tenían otras audiencias debidamente justificadas; empero se hizo caso omiso de dicha solicitud; b) Obligándoles a ir a la inspección sin la presencia de sus abogados patrocinantes, tampoco asistió el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para asistir a las mencionadas victimas menores y tampoco cursaba disposición de contención por personal de psicología de dicha entidad para que participen ya que se trata de una reconstrucción; y, c) No emitió medidas de protección generando nuevos hechos de violencia psicológica, esto en merito a que los actos de inspección ocular seguida de reconstrucción tienen como fin que los sindicados tomen contacto con las victimas menores. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión los argumentos esgrimidos por la parte accionante a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; 2) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; 3) De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; 4) Sobre las medidas de protección a ser dictadas por la autoridad competente en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; 5) Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse esta en prueba fundamental de los hechos, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, 6) Análisis del caso concreto.
género
Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, mismas que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.
La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:
…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. 1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.
La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.
Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.
También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:
“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:
...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio 10. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.
Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:
…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.
En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art. 234.7- del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:
“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”.
La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la Sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
12 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”. Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en:
i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de: b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].
Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.
En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.
Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras]. iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.
Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales- Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente. Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:
“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente). De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar 15 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos Administrativos, Judiciales e Indígena Originario Campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada Ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:
“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original). En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los Estándares Internacionales e Internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:
“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”. Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:
“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido). En ese marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los Estándares Internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348. Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:
“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, éstas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al Bloque de Constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2021-S1 de 21 de julio; 0380/2021-S1 de 25 de agosto; 0678/2021-S1 de 18 de noviembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas nos corresponden) Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:
“En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…” (el resaltado es ilustrativo). Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 10 de mayo, señaló que:
“‘…Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna.
Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia».
En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño’” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA), que refiere sobre la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:
“…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas” (el resaltado nos pertenece).
En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, que en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:
“A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia” (negrillas añadidas).
De acuerdo al marco legal y jurisprudencial señalado precedentemente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera; por cuanto, ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos; finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar en el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio. Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrá en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0047/2021-S1 de 13 de mayo; 1302/2022-S1 de 10 de noviembre; 0014/2023-S1 de 9 de febrero; que formularon el siguiente razonamiento:
La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes reviste gran importancia por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran; es así que, se generó un régimen jurídico amplio (internacional y nacional) de protección de los derechos de este grupo poblacional. En tal perspectiva, en esta área, la Declaración de los Derechos del Niño que instó a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan los derechos del niño y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente considerando -entre otros aspectos- que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todas las medidas concernientes a los niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar el interés superior del niño (art. 3). Asimismo, en el art. 19.1 se determina que:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 24.1 señaló que: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la parte in fine del art. 7 establece que: “… todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su art. 19 determina que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Sobre el tema, en nuestra legislación también se determinó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes; así, la Constitución Política del Estado en su art. 60 consagra que:
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Por su parte, el Código Niña, Niño y Adolescente implementa un Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), que se constituye en el conjunto articulado de instancias y servicios en todos los niveles del Estado (central, departamental y municipal) que desarrolla acciones intersectoriales a nivel público y privado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se encuentra el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (ente rector), y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
El marco normativo referido en el acápite precedente, revela la obligación del Estado de proteger y asistir los derechos de la niña, niño y adolescente; estableciendo que la administración pública debe adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos de este grupo etario. Ahora bien, para efectivizar el cumplimiento de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se tienen instituciones dependientes a nivel central, departamental y municipal, en este último nivel, se encuentran las Defensorías de la Niñez y Adolescencia que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos; institución conformada por equipos interdisciplinarios de abogados, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales relacionados con la temática; cuyas atribuciones fueron establecidas en el art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), entre las que se encuentran:
a) Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso; b) Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso.
c) (…)
h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado; (…) t) Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente.
Ahora bien, para ejercer las indicadas atribuciones en la atención de niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de vulneración en su integridad sexual, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia deben considerar algunos criterios de actuación, que fueron determinados en el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes”; tales como:
En el marco de la prioridad absoluta el equipo interdisciplinario procurará la atención médica, psicológica o psiquiátrica de la niña, niño y adolescente desde el primer momento de conocido el hecho ilícito, en consideración de los antecedentes de cada uno de los casos. Procurará la información y orientación necesaria a la familia de la víctima sobre todas las acciones a ser desarrolladas en las instancias, instituciones y servicios de atención de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes.
En todos los casos, el equipo interdisciplinario de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, no negarán la atención de las niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha vulnerado su derecho a la integridad sexual. En caso de que los mismos no correspondan a su jurisdicción inmediatamente de conocido los hechos y en consideración a la urgencia de cada uno de los casos, cuidará la integridad de la víctima, interpondrá la denuncia y realizará las acciones necesarias para precautelar todos los indicios para el inicio de las investigaciones.
Un miembro del equipo interdisciplinario, especialista en violencia sexual realizará el acompañamiento y apoyo en todos los actos investigativos o judiciales en los que participe la niña, niño y adolescente.
Gestionar y coordinar con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima - SEPDAVI u otra unidad especializada, la atención durante y después del proceso penal para su recuperación psico-afectiva.
Asimismo, el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” también estableció el procedimiento de protección y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco de la ruta crítica interinstitucional; procedimiento que para el caso debe centrarse en la protección, seguimiento y acompañamiento brindados por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; en tal sentido, tenemos: 1) PRIMERA FASE - IDENTIFICAR Y PROMOVER LA DENUNCIA
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia como institución receptora y promotora de denuncias relacionadas a hechos de violencia sexual, se encuentra encargada de velar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en tal sentido, garantiza la atención, protección legal, psicológica y social de la víctima. En cuanto a la función de promover la denuncia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debe realizar el acompañamiento y seguimiento a la víctima y sus familiares, proporcionándoles en todo momento un trato digno, sensible y respetuoso a sus derechos; en tal sentido:
El acompañamiento y seguimiento son las acciones de ayuda y apoyo durante todo el proceso que las entidades promotoras de la denuncia, y con carácter obligatorio las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, deben brindar a la víctima y sus familiares, proporcionándoles en todo momento un trato digno, sensible y respetuoso de sus derechos. El acompañamiento que efectúa el equipo multidisciplinario de la DNA consiste en 1. Brindar contención emocional primaria de la niña, niño o adolescente 2. Realizar la evaluación psicológica de la víctima 3. Efectuar un diagnóstico social 4. Tanto el informe psicológico como social serán derivados al área legal de la DNA 5. Determinar medidas de protección y resguardo de la víctima.
De ser necesario, la DNA:
En articulación con el SEDEGES derivará a la víctima a una Casa de Acogimiento, a un Centro Transitorio de la Alcaldía, o bien a otras instituciones que trabajan el tema.
Coordinará acciones de rescate con la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) y Policía. 6. Brindar terapias psicológicas a la víctima desde la apertura de la denuncia hasta la finalización del proceso penal. Asimismo, la DNA podrá coordinar con instancias, tanto gubernamentales (SEDEGES, CEPATs) como no gubernamentales especializadas en la atención de violencias, la realización de terapias psicológicas a la víctima para su tratamiento y restitución psico-emocional. 7. Presentar el caso a la fiscalía y hacer seguimiento del proceso penal en los estrados judiciales. 8. Viabilizar el tratamiento médico de la víctima cuando se requiera. 9. Solicitar a la Fiscalía la evaluación médico -forense y valoración psicológica de la víctima en cámara Gesell. 10. Concluir el proceso de restitución psico – emocional o el seguimiento que realizó a la institución pública o privada que atendió el caso, con un informe final en el que se determine que la persona ha concluido la terapia necesaria, y que por tanto se ha realizado su restitución psicoemocional.
Las y los funcionarios de la DNA deberán realizar un acompañamiento psico-social legal oportuno, con calidad y calidez durante todas las etapas y momentos que precise, ofreciendo seguridad y confianza desde el inicio del proceso pasando por su conclusión hasta llegar a obtener el resarcimiento integral del daño sufrido por la víctima. 2) SEGUNDA FASE - ETAPA PRELIMINAR DE INVESTIGACIÓN
En la presente fase, en caso de que la víctima, no haya sido remitida por una entidad promotora de la denuncia, el o la Fiscal de Materia requerirá la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que asuma la protección integral de la niña, niño o adolescente en situación de violencia sexual. Además, en caso de que la víctima no cuente con patrocinio legal, el o la Fiscal de Materia requerirá a la entidad promotora de la denuncia proporcione a la víctima el asesoramiento legal correspondiente. 3) TERCERA FASE – ETAPA PREPARATORIA DE LA INVESTIGACIÓN
En cuanto al accionar de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en la presente etapa, debe considerarse: La articulación de las labores investigativas con las labores de acompañamiento y preparación de la víctima y testigos Las funciones de contención, preparación, y acompañamiento de la niña, niño o adolescente, deben ser llevadas de forma continua y transversal durante todo el proceso por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y/u otras entidades promotoras de la denuncia; funciones que deben realizarse de forma paralela al accionar del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en el desarrollo de las diligencias. El acompañamiento debe realizarse en las inspecciones técnicas oculares, las pericias, el anticipo de prueba, reconocimiento de persona, así como en la audiencia de medidas cautelares, este último actuado en el que la víctima podrá comparecer a través de su representante legal, siendo profesionales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otras instituciones o profesionales particulares que patrocinen a la niña, niño o adolescente. Seguimiento y asesoramiento de la víctima en la etapa preparatoria En la etapa preparatoria debe efectuarse el seguimiento y asesoramiento de la víctima, en el área social, psicológica y legal, esta última en la que el asesor legal de la entidad promotora de la denuncia (entre los cuales se encuentra la Defensoría de la Niñez y Adolescencia), debe hacer conocer a la víctima, familiares, tutor o representante de la niña, niño y adolescentes, el curso de las actuaciones, informándoles respecto a las resoluciones procesales y en general, a todo aquello que pueda referirse a la protección de su seguridad e interés. Por otro lado, el abogado cumple las funciones de patrocinador de la víctima, defendiendo los intereses de la misma durante todo el desarrollo del proceso de manera gratuita, (proponiendo diligencias investigativas, impugnando el sobreseimiento en representación de la víctima, participando de las audiencias y otros). 4) CUARTA FASE – JUICIO ORAL
En cuanto al accionar de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en la presente etapa, debe considerarse: Acompañamiento y preparación de la víctima y testigos La niña, niño o adolescente estará representado por sus familiares y/o tutores, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero en ningún caso serán obligados a enfrentarse al agresor. El personal multidisciplinario de la Defensoría deberá evaluar los requerimientos y necesidades especiales de la víctima, para reunir su declaración ante el tribunal de sentencia. Asesoramiento y patrocinio legal de la víctima
En todas las audiencias del juicio oral, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otra institución que patrocine a la víctima deberá participar activamente en la audiencia del juicio oral, defendiendo los intereses de la víctima y asegurándose que se respeten sus derechos. 5) QUINTA FASE – REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia patrocinan a la víctima durante la persecución penal, hacen un seguimiento social con las medidas de protección que las autoridades competentes hayan determinado a favor de la misma y guían el proceso psicoterapéutico, asimismo se articulan con otras entidades para garantizar que la víctima desarrolle este proceso en los tiempos previstos. En aplicación del art. 382 del CPP, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño o la indemnización correspondiente. En caso de que la víctima no se haya constituido en querellante, esta podrá solicitar la reparación a través del asesoramiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para la niña, niño o adolescente; resarcimiento del daño en el que se debe considerar toda disminución, afectación y menoscabo, a su estado físico, psicológico, material y/o patrimonial como consecuencia de la violencia o del hecho delictivo cometido. Complementando todo lo anterior, reconociendo que los niños son vulnerables y requieren protección especial apropiada para su edad, nivel de madurez y necesidades individuales especiales, la Organización de Naciones Unidas en 2005 aprobó “Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos” haciendo referencia al derecho a la asistencia eficaz, estableciendo que:
22. Los niños víctimas y testigos de delitos y, cuando proceda, sus familiares, deberán tener acceso a la asistencia de profesionales a los que se habrá impartido la capacitación, según se indica en los párrafos 40 a 42 infra. Esto podrá incluir servicios de asistencia y apoyo como servicios financieros, jurídicos, de orientación, de salud, sociales y educativos, de recuperación física y psicológica y demás servicios necesarios para la reinserción del niño. Toda asistencia de esta índole deberá atender las necesidades del niño y permitirle participar de manera efectiva en todas las etapas del proceso de justicia.
23. Al prestar asistencia a niños víctimas y testigos de delitos, los profesionales deberán hacer todo lo posible por coordinar los servicios de apoyo a fin de evitar que los niños participen en un número excesivo de intervenciones. 24. Los niños víctimas y testigos de delitos deberán recibir asistencia del personal de apoyo, por ejemplo, especialistas en niños víctimas y testigos de delitos, a partir del informe inicial y de forma ininterrumpida hasta que esos servicios dejen de ser necesarios. 25. Los profesionales deberán adoptar y aplicar medidas para que a los niños les resulte más fácil prestar testimonio o declarar a fin de mejorar la comunicación y comprensión en las etapas previas al juicio y durante éste. De lo desarrollado precedentemente, se tiene que, el tema de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes innegablemente cobra relevancia ante vulneración de los mismos; es en ese entendido que, son varios instrumentos internacionales y la legislación nacional que establecen ese deber de protección que debe ser asumido por toda la administración pública; y, es en dicho marco, que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia juegan un papel importante en la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente tratándose de procesos penales cuyos hechos investigados se encuentran vinculados a violencia sexual, en cuyos casos, dicha institución, debe efectuar el acompañamiento, seguimiento, asesoramiento y patrocinio legal de las víctimas, defendiendo sus intereses y velando por su protección, en todas las etapas del proceso penal (recepción y promoción de la denuncia, etapa preliminar, etapa preparatoria, juicio oral, reparación de daños).
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0153/2023-S1 de 29 de marzo; 0384/2023-S1 de 3 de mayo; y, 0418/2023-S1 de 9 de mayo; que formularon el siguiente razonamiento:
El art. 15.II y III de la CPE, establece que:
II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. (las negrillas nos pertenecen).
A su vez, el art. 114.I de la Norma Suprema, señala:
I. Queda prohibida (…) cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley (las negrillas fueron añadidas). Siendo el Estado el encargado de asumir y adoptar medidas direccionadas a la prevención, investigación y sanción de la violencia hacia la mujer, obligaciones asumidas internacionalmente al ser el Estado Plurinacional de Bolivia miembro de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humos (Organización de Naciones Unidas -ONU-; y, Organización de Estados Americanos -OEA-), es que en cumplimiento a los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que Bolivia es parte, el 9 de marzo de 2013, se promulga la Ley 348 -Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-; norma legal, destinada a garantizar a todas las personas y en particular a las mujeres a no sufrir violencia en razón de su género, creando y modificando tipos penales, además regulando las ahora conocidas como medidas de protección descritas en los arts. 32 y 35 de la referida Ley, siendo que esta primera señala: ARTÍCULO 32. (FINALIDAD). I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. (las negrillas nos pertenecen).
Teniendo por objetivo la aplicación de las medidas de protección, de forma primordial el impedir un hecho de violencia; es decir, prevenir que se cometa hechos de violencia en contra de las mujeres, y si en caso de que ya se hubiera consumado dicho acto, las medidas de protección servirán para garantizar la realización de la investigación, el procesamiento y la sanción al autor del hecho de violencia. A su vez, el art. 35 de la Ley 348, respecto a las clases de medidas de protección que pueden ser aplicadas y dispuestas por las autoridades que coadyuvan en el proceso (Ministerio Público, Juzgados y/o Tribunales), señala las siguientes:
Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad competente son las siguientes: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes.
3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.
4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo, solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad.
6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidad o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia.
7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia.
8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos.
9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima. 10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes.
11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño.
12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales.
13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar.
14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres.
15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.
16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral.
17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.
18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil.
19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia.
El Estado a través del representante de la sociedad en delitos de orden público que es el Ministerio Público, cuenta con la obligación además de los que le dicta su norma orgánica, el de adoptar todas le medidas de protección en hechos de violencia, en favor de las mujeres, para su posterior homologación por la autoridad jurisdiccional, conforme lo establece el art. 61.1 de la Ley 348, al ordenar que:
Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. De igual manera, y de forma posterior con el afán de brindar un acceso efectivo a la justicia y garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia sea en el ámbito público como en el privado, es que el Estado promulga la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- norma que incluyó modificaciones al Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de bridar una protección efectiva a las personas que se encuentren en situación de violencia, es así que la mencionada Ley respecto a las medidas de protección especiales en delitos vinculados a hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el art. 389.I del CPP modificado por la Ley 1173 indicó que:
I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad (las negrillas nos pertenecen).
Medidas de protección que tienen el objetivo de fortalecer los ya mencionados en la Ley 348, y en el Código Niña, Niño y Adolescente, que deberán ser adoptados por todos los Jueces o Tribunales al momento de conocer los delitos de violencia en razón de género, debiendo aplicarlo de oficio o a petición de parte con el objetivo de garantizar su integridad personal, física, psicológica y sexual de la mujer en situación de violencia, es así que el art. 389 bis. del CPP modificado por la Ley 1173 respecto a las clases de medidas de protección especial establece que:
Artículo 389 bis. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL).
I. Además de las medidas de protección previstas…, y en la Ley N° 348, la jueza o el juez al tomar conocimiento de delitos previstos en el Artículo precedente, de oficio o a pedido de parte, de la víctima o de su representante, sin necesidad de que se constituya en querellante, podrá aplicar al imputados las siguientes medidas de protección especial:
(…) Para Mujeres: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación; 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes; 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer; 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia; 5. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; 6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; 7. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos; 8. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima; 9. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes;
10. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño; 11. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 12. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer; 13. Prohibición de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos; 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y, 15. Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictuales. Constituirá también medida de protección especial, en favor de niñas, niños, adolescentes o mujeres la restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsada a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad.
II. Se podrá imponer una sola de las medidas señaladas o varias de ellas, según resulte más adecuado al caso concreto y con la debida fundamentación para cada una de ellas.
Estas medidas son de cumplimiento inmediato y obligatorio pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su ejecución. III. En los casos de muerte de la víctima, la jueza, el juez o tribunal podrá además prohibir al imputado comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio por sí o mediante terceras personas, a la familia de la víctima.
Las medidas de protección a ser adoptadas por el Ministerio Público y por las autoridades judiciales -arts. 86.7 de la Ley 348 y 389 bis del CPP modificado por la Ley 1173- deben estar destinadas a prevenir, investigar y sancionar los hechos y actos de violencia hacia las mujeres por razón de género, medidas de protección positivadas que son fruto de una ardua lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y el reconocimiento a su personalidad jurídica, obligaciones que nacen de los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en las que el Estado es Parte, las que conforme el art. 410.II de la CPE forman parte del Bloque de Constitucionalidad, y que pueden tener un carácter supraconstitucional cuando estos reconozcan derechos más favorables que la Norma Suprema -art. 256.I de la CPE-. Dentro de ese conglomerado de Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en las que se obliga al Estado a emitir, aplicar y efectivizar las medidas de protección, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en la que en sus arts. 1 y 2 prescriben que: Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (las negrillas nos pertenecen).
Determinación internacional que comprometen al Estado a respetar y garantizar el ejercicio y goce de todas las personas en sus derechos, especialmente a las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia, por lo que también están compelidos a adoptar disposiciones de derecho interno, ya sean medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivo el ejercicio de dichos derechos y libertades. De igual manera, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convención de Belém do Pará- en el art. 3 refiere que: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (las negrillas son nuestras). Determinando que la mujer tiene el derecho intrínseco de vivir libre de cualquier tipo de violencia, sea en el ámbito laboral, social o familiar, por lo que los Estados tienen la obligación internacional de asumir medidas legislativas, específicas e integrales con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de hechos, compromisos descritos en los arts. 7.b,c,d,e y f; 8.a,c y f; y, 9 de la referida Convención, las cuales señalan que:
Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (las negrillas fueron añadidas). Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; (…) c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; (…) f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; (…) (las negrillas son nuestras). Artículo 9 Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad (las negrillas fueron añadidas). En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sus procesos contenciosos, también ha emitido resoluciones en favor de las mujeres víctimas de violencia en razón de género, recordando a los Estados el deber que se tiene de respetar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres, y a contar con medidas integrales que prevengan, investiguen y sancionen los hechos de violencia hacia mujeres, en apego a los instrumentos internacionales en la materia especializada, es así que en el Caso González y otras Vs. México indicó que:
… los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres…, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias…, deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en lo que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia…, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará (las negrillas son nuestras).
Así también, en cuanto a las medidas destinadas a la investigación de los hechos de violencia hacia las mujeres, la Corte IDH en el Caso González y otras Vs. México señaló que:
…el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal […] tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad… El criterio… es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia en la investigación de casos de violencia por razón de género (las negrillas nos pertenecen).
Por otra parte, la mencionada Corte IDH en el Caso Masacres de El Mazote Vs. El Salvador, indicó que:
En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana se complementan y refuerzan con aquellas derivadas de la Convención de Belém do Pará, que obliga de manera específica en su artículo 7.b) a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (las negrillas fueron añadidas). Medidas que los Estados se comprometen a aplicar con el fin de prevenir, y en su caso, investigar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer en razón de género, medidas de protección que no solo están destinados a la prevención de dichos hechos, sino que deban garantizar que se realizará una investigación eficaz, célere e imparcial de los hechos, en la que se deba proteger de forma primordial a la mujer y a sus dependientes, así lo entendió la Corte IDH en el Caso Gudiel Álvarez y otros Vs. Guatemala, en la cual señala que:
Paralelamente, el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En concordancia con ello, esta Corte ha establecido en su jurisprudencia que las disposiciones del artículo 7.b de la Convención Belém do Pará especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana... En estos casos las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyen violencia contra la mujer… Esta obligación de investigar debe tomar en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección (las negrillas son nuestras).
Es en ese sentido, teniendo en cuenta los estándares internacionales derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará, los fallos emitidos por la Corte IDH y la correspondiente promulgación de la Ley 348 por parte del Estado Boliviano, este Tribunal respecto a las medidas de protección que deben ser aplicados por los administradores de justicia en la SPC 0649/2020-S1 de 23 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1.3 bajo el epígrafe de las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, analizado en su 25 El FJ III.1.3 señala que: Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género.
Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas (…)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia (…).
La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón de género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, en el Capítulo III sobre la Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
(…)
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contra las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
(…)
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
Fundamento Jurídico III.2.2 indicó que:
…en los supuestos de violencia hacia las mujeres, máxime cuando el bien jurídico protegido es la vida o la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, por mandato de la Ley 348 y los estándares internacionales, el Estado tiene la obligación de garantizar que la investigación continué de oficio, independientemente de la actividad dentro del proceso de la parte denunciante y aún desista la víctima o abandone la investigación; aspectos que nos llevan a colegir que el ejercicio de la acción pena pública -ius puniendi estatal- encargada al Ministerio Público como representante de la sociedad, no puede ser perturbada a ningún título; asimismo, tiene el deber de adoptar medidas especiales de protección a su favor, sobre la base de los principios de protección especial y efectividad, que implican la atención positiva y preferencial; y, la adopción de medidas positivas y acciones afirmativas tendentes a lograr la efectividad de sus derechos. En el mismo sentido, tiene que actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, asegurando el procesamiento y sanción del agresor así como la reparación integral a la víctima (las negrillas nos corresponden).
De donde se puede concluir, que en apego a los estándares internaciones, e internos, el Estado tiene la obligación indefectible a través de los operadores de justicia, al conocer de un caso de violencia hacia la mujer en razón de género adoptar todas las medidas de protección en favor de la mujer, con el objetivo primordial en primer lugar de prevenir algún acto de violencia, y en segundo lugar el de investigar, procesar y sancionar los hechos de violencia que se constituyan delitos, aplicando la debida diligencia, garantizando el acceso a un proceso justo, ágil e imparcial a la mujer en situación de violencia en procura del ejercicio efectivo de sus derechos y garantías constitucionales, y más que todo el derecho que tiene toda mujer de vivir libre de todo tipo de violencia sea en el ámbito público como privado.
de Derechos Humanos
El presente entendimiento fue desarrollado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, SCP 0104/2021-S1 de 27 de mayo; y, SCP 0623/2023-S1 de 12 de junio, bajo el siguiente contenido:
El art. 119.I de la CPE, señala que:
Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. (las negrillas nos pertenecen).
Así mismo la Constitución Política del Estado en su art. 120.I establece que:
Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial,… (las negrillas son añadidas).
De igual manera, respecto al derecho que tiene la víctima de intervenir en un proceso penal, el art. 121.II de la Norma suprema, refiere que:
La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial… (las negrillas noscorresponden).
En ese marco constitucional, incumbe precisar que dentro el derecho penal como aplicación de última ratio, en la cual interviene todo el ius puniendi estatal a través del Ministerio Público para la sanción del ilícito penal, convergen intereses contrapuestos; es decir, por un lado la víctima, denunciante o querellante, incluido el Ministerio Público en delitos de orden público; y por otro lado, está el supuesto autor del delito, que por su condición de inculpado, todo el proceso penal en su contra debe estar rodeado de los principios y garantías constitucionales que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos frente a ese ius puniendi del Estado; empero, no se debe perder de vista los derechos de las víctimas que tienen igualdad en la participación penal, y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria, instancia en la cual tiene la posibilidad de ser oída antes de una decisión por ejemplo, o de prestar su declaración informativa a efectos de su compulsa como medio probatorio dentro el proceso penal. Ahora bien, respecto a los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, dentro de un proceso penal, se debe tomar presente que para la presentación de las pruebas a producirse por parte de la víctima, debe tomarse en cuenta aspectos fundamentales descritos en la norma especializada al respecto, a lo cual los arts. 92 y 93 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), establece que: ARTÍCULO 92. (PRUEBA).
Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:
1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado.
2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor. (Las negrillas nos corresponden).
En ese marco; tratándose de delitos de violencia sexual, en las que la víctima opte por realizar la declaración, esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo de dichas alegaciones puedan existir contradicciones o inconsistencias internas, las que no deben ser tasadas como si el hecho no hubiere existido o que la víctima hubiese mentido en la misma.
Así fue entendido en la jurisprudencia emitido por la Corte IDH, así tenemos el Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México al indicar:
En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. (las negrillas nos corresponden). Entendimiento, reiterado por dicha Corte, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, la que determinó que las imprecisiones en la declaración de la víctima no significa que sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, al señalar que:
150…al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. (las negrillas son nuestras). En ese sentido, en el referido Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, sobre estas imprecisiones en la declaración de la víctima, indicó que:
… la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas. Determinaciones asumidas por este este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio en su Fundamento Jurídico III.3, al establecer que:
Dada la naturaleza de esta forma violencia, no se puede esperar que, dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos. (las negrillas pertenecen al texto original).
Concluyendo que en delitos de violencia sexual no es un requisito sine quanon que la víctima presente pruebas documentales, para demostrar los hechos, siendo su declaración la prueba fundamental sobre la existencia del delito, la que debe ser valorada conforme a la naturaleza del hecho. En ese entendido, adelantándose a los posibles actos de contradicciones o inconsistencias en las que pudiese incurrir la víctima de violencia sexual en su declaración, a causa del trauma causado por dicho vejamen, la referida SCP 0353/2018-S2 en el antedicho Fundamento Jurídico III.3, prescribió que.
Las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho. (las negrillas fueron añadidas). Por lo que se concluye, que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, determinaciones descritas por la Corte IDH en el Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, al indicar que:
La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género.
La parte accionante alega la vulneración de los derechos a la vida, al debido proceso, derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia generacional, derecho de los niños a no sufrir violencia; toda vez, que dentro del proceso penal a instancias del Ministerio Público en contra de Eliana Shirley Ramírez Quispe y otros por el delito de lesiones graves y leves, donde sus hijos menores de edad resultan ser las víctimas, la autoridad fiscal hoy demandada incurrió en las siguientes ilegalidades: a) Señalo audiencia de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción de los hechos para el 18 de abril de 2024 sin haber obtenido la Cámara Gessel y pretendiendo exponer a las víctimas menores ante sus agresores; por lo que solicitaron la suspensión de la misma debido a que sus abogados tenían otras audiencias debidamente justificadas; empero se hizo caso omiso de dicha solicitud; b) Obligándoles a ir a la inspección sin la presencia de sus abogados patrocinantes, tampoco asistió el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para asistir a las mencionadas victimas menores y tampoco cursaba disposición de contención por personal de psicología de dicha entidad para que participen ya que se trata de una reconstrucción; y, c) No emitió medidas de protección generando nuevos hechos de violencia psicológica, esto en merito a que los actos de inspección ocular seguida de reconstrucción tienen como fin que los sindicados tomen contacto con las victimas menores.
Bajo ese marco, de inicio, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0017/2019-S2 la misma generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis integral del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de violencia en contra de victimas menores, en el abordaje de la misma se debe considerar Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia niños, y adolescentes mujeres, se encuentra obligado de efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales, judiciales y/o administrativas como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; verificando si se cumplieron con los Estándares Internacionales e Internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. En ese orden, de los antecedentes adjuntos al presente legajo constitucional se arribaron a las conclusiones que siguen: A denuncia verbal formulada por Wilma Calderón Limachi el Ministerio Publico aperturó el 20 de febrero de 2024 la causa penal, signado bajo el CUD: 201502022401557 en contra de Rubén Efraín Aranda, Eliana Ramírez Quispe, Vladimir Gustavo Quispe Condori, por el delito de lesiones graves y leves cometidas en contra de los menores de 8 años de edad de 14 años, de 11 años de edad, de 17 años, realizándose la comunicación con el inicio de investigación ante la autoridad jurisdiccional de turno. Posteriormente la denunciante a través del memorial de 22 del mismo mes y año formalizó su denuncia y solicitó su ampliación por el delito amenazas, siendo la misma requerida al día siguiente bajo el tenor: “En lo principal se tiene presente la formalización de la denuncia, asimismo póngase en conocimiento del juez cautelar la ampliación de la denuncia por amenazas”. Asimismo cursa apersonamiento realizado por Mario Tito Quispe y Francisca Huanaco de Tito realizado el 28 de febrero de 2024 por el que solicitan a la Fiscal de Materia hoy demandada emita requerimiento para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 7 de la ciudad de El Alto para que se designe un abogado en representación de sus hijos menores a efectos de resguardar sus derechos y garantías, siendo requerida el 29 del citado mes y año bajo el tenor: “En lo principal se tiene presente.- Al otrosí 1ro. Requiérase como se pide”. Por memorial presentado el 4 de marzo de 2024 Wilma Calderón Limachi pone a conocimiento de la autoridad fiscal nuevos hechos de amedrentamiento y amenazas por parte de los denunciados, asimismo hace notar que al ser las principales víctimas de este hecho menores de edad y la declaración de los mismos es necesaria ya que actualmente se encuentran con secuelas solicita se requiera al SLIM, Distrito 7 de la ciudad de El Alto o en su caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para que por el área de psicología se proceda a la evaluación de las victimas menores de edad. Pedido que fue atendido el 5 del citado mes y año por la autoridad fiscal demandada para el tenor de “Requiérase como se pide” (Conclusión II.1). Mediante requerimiento fiscal de 5 de marzo de 2024 la autoridad fiscal hoy demandada, dispuso las Directrices de Investigación Policial (Conclusión II.2), emitiéndose en la misma fecha los requerimientos de MEDIDAS DE PROTECCION en favor de las víctimas (Conclusión II.3), disponiendo además que “Por la sección que corresponda proceda a la valoración Psicológica y Social a las víctimas menores MENOR DE 11 AÑOS, ENOR DE 8 AÑOS, ENOR DE 11 AÑOS, MENOR DE 17 AÑOS con relación al hecho denunciado”(Conclusión II.4). Por memorial presentado el 28 de marzo de 2024, Mario Tito Quispe, Francisca Huanaco de Tito -ahora codemandantes- solicitaron se emita medidas de protección según lo previsto por el art. 35 en sus numerales 1, 3, 4, 6 y 7 de la Ley 348, para sus hijos que se constituyen victimas vulnerables, ante ello la Fiscal de Materia, Edith Susana Carvajal Zavala -ahora demandada-, mediante requerimiento de 28 de marzo del mismo año, observó en sentido que se aclare su pedido (Conclusiones II.5). Cursa memorial presentado el 4 de abril de 2024 por el que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 14 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (G.A.M.E.A.) realizó su apersonamiento ante la autoridad fiscal hoy demandada, dentro el proceso penal signado bajo el CUD: 201502022401557, siendo la misma aceptada. (Conclusión II.6) Cursan los Informes Psicológicos CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/03/2024 de 11 de abril del adolescente (12 años); DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/04/2024 de 11 de abril de la adolescente (11 años); DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/02/2024 de 11 de abril de 2024 de la adolescente (17 años), donde recomienda realizar acciones en beneficio de la adolescente, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma, apoyo legal para iniciar el caso de abuso sexual por los elementos descritos por la adolescente, apoyo terapéutico individual y familiar, seguimiento del caso; recibida por la Fiscal demandada el 12 de abril de 2024; DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/05/2024 de 11 de abril de 2024, de la niña, todas realizadas por Ever Vidal Roque Vargas (Conclusión II.7) Por requerimiento fiscal de 16 de abril de 2024, Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia -ahora demandada-, dispuso señalamiento de “AUDIENCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR SEGUIDA DE RECONSTRUCCION en ese sentido se programa la misma PARA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024, A HORAS 14:00, para tal efecto el asignado al caso deberá notificar a todos los sujetos procesales” (sic[Conclusión II.8]). Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2024 a horas 09:58 Wilma Calderón Limachi -co demandante-, solicito la suspensión de audiencia de inspección técnica ocular y de reconstrucción, porque no estaría interviniendo un profesional Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para poder contener a los menores víctimas, además de solicitar medidas de protección; ante ello la Fiscal demandada, mediante requerimiento de 18 de abril del mismo año, requirió señalando “En lo principal, no ha lugar lo solicitado siendo que para el acto de ITO, no se consideró la participación de los menores con la finalidad de no revictimizarlos. Al Otrosí 1ro. Emítase las medidas de protección correspondientes.”(sic[Conclusión II.9]). Por memorial presentado el 17 de abril de 20024 a horas 09:59 Mario Tito Quispe, Francisca Huanaco de Tito, solicitarón la suspensión de la audiencia de inspección técnica ocular y de reconstrucción porque no estaría interviniendo un profesional Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para poder contener a los menores víctimas, además de solicitar medidas de protección; en respuesta la Fiscal demandada mediante requerimiento fiscal de 18 del citado mes y año, dispuso “En lo principal estese a proveído que antecede.” (sic [Conclusión II.10]). Asimismo se tiene el memorial presentado el 17 de abril de 2024 a horas 10:09 por Wilma Calderón Limachi dirigido al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la ciudad de El Alto, bajo el tenor “SE APERSONA Y SOLICITA EN LA VIA DE CONTROL JURISDICCIONAL”(Conclusión II.11). Mediante escrito presentado por Silvia Antonia Quisbert Mamani el 18 de abril de 2024 a horas 13:31 por el sistema virtual JL2, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la integridad Personal de la ciudad de El Alto, solicitó la suspensión de audiencia de inspección técnica ocular y de reconstrucción, porque como abogada de las víctimas no podía asistir a la citada audiencia; siendo requerida por la Fiscal demandada el 18 de abril de “2022” -2024-, bajo el siguiente contenido: “En lo principal no ha lugar a lo solicitado, considerando que se tiene apersonado a tres abogados” (sic [Conclusión II.12]). Cursa acta de la audiencia de inspección técnica ocular y reconstrucción desarrollada el 18 de abril de 2024. (Conclusión II.13). Por Resolución 128/2024 de 10 de junio de 2024, Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia dentro la causa penal signada con CUD: 201502022401557 resolvió por el RECHAZO de la denuncia. (Conclusión II.14) Con esos antecedentes y con carácter previo a ingresar a las problemáticas identificadas; se debe considerar que, si bien el art. 125 de la CPE, establece causales específicas por las cuales se activa la presente acción de libertad, las mismas deben ser interpretadas de forma amplia cuando se trata de casos donde se ve inmiscuida la integridad de los denominados grupos vulnerables, como son: las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad y por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias; en este caso específico donde las víctimas son menores de edad y pese a que existe -control jurisdiccional- instancia que sería la llamada por ley; empero, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede evadir su labor de otorgación de tutela constitucional cuando los actos procesales están basados en interpretaciones literales y alejadas de la norma constitucional o cuando se evidencia que la integridad de un menor de edad se encuentra en riesgo, ante ello, se debe considerar el interés superior del menor de edad; en tal sentido, habiéndose determinado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que es deber de toda autoridad del Estado, emitir sus fallos considerando la situación de vulnerabilidad e interés superior del menor ante toda formalidad y al estar inmiscuidos menores de edad dentro de la presente acción de libertad, corresponde ingresar a analizar el fondo de las problemáticas planteadas teniendo que:
Señalo audiencia de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción de los hechos para el 18 de abril de 2024 sin haber obtenido la Cámara Gessel y pretendiendo exponer a las víctimas menores ante sus agresores; por lo que solicitaron la suspensión de la misma debido a que sus abogados tenían otras audiencias debidamente justificadas; empero se hizo caso omiso de dicha solicitud;
Ahora bien, a efectos de contextualizar la problemática, como primer aspecto, corresponde señalar que a denuncia verbal interpuesta por la hoy codemandante de tutela Wilma Calderón Limachi el Ministerio Publico aperturó el 20 de febrero de 2024 la causa penal, signado bajo el CUD:
201502022401557 en contra de Rubén Efraín Aranda, Eliana Ramírez Quispe, Vladimir Gustavo Quispe Condori, por el delito de lesiones graves y leves cometidas en contra de los menores de 8 años de edad de 14 años, de 11 años de edad, de 17 años, realizándose la comunicación con el inicio de investigación ante la autoridad jurisdiccional de turno. Posteriormente la denunciante a través del memorial de 22 del mismo mes y año formalizó su denuncia y solicitó su ampliación por el delito amenazas, siendo la misma requerida al día siguiente bajo el tenor: “En lo principal se tiene presente la formalización de la denuncia, asimismo póngase en conocimiento del juez cautelar la ampliación de la denuncia por amenazas”. Asimismo cursa apersonamiento realizado por los hoy codemandantes de tutela Mario Tito Quispe y Francisca Huanaco de Tito realizado el 28 de febrero de 2024 por el que solicitan a la Fiscal de Materia hoy demandada emita requerimiento para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 7 de la ciudad de El Alto para que se designe un abogado en representación de sus hijos menores a efectos de resguardar sus derechos y garantías, siendo requerida el 29 del citado mes y año bajo el tenor: “En lo principal se tiene presente.- Al otrosí 1ro. Requiérase como se pide”. Dentro ese contexto y como parte de las investigaciones, por requerimiento fiscal de 16 de abril de 2024, Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia -ahora demandada-, requirió:
(…) …una vez presentes las partes se procederá a constituirse al lugar de los hechos ubicado a la zona santa rosa av. cívica entre la av. aroma del d-1 de la ciudad de el alto.” (sic [fs. 44]) Actuado que conforme se lo precisó en la problemática esta hubiese sido señalada sin haberse obtenido la Cámara Gessel y pretendiendo exponer a las víctimas menores ante sus agresores; por lo que solicitaron la suspensión de la misma debido a que sus abogados tenían otras audiencias debidamente justificadas; empero se hizo caso omiso de dicha solicitud; en ese contexto resulta pertinente remitirnos a lo dispuesto por el art. 179 del CPP que con referencia a la Inspección ocular y reconstrucción, precisó lo siguiente:
“El fiscal, juez o tribunal podrán ordenar la inspección ocular y/o la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas y otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Si el imputado decide voluntariamente participar en la reconstrucción regirán las reglas previstas para su declaración. Su negativa a participar no impedirá la realización del acto. Para la participación de testigos, peritos e intérpretes, regirán las disposiciones establecidas por este Código. Al determinar las modalidades de la reconstrucción, el fiscal, juez o tribunal dispondrán lo que sea oportuno a fin de que ésta se desarrolle en forma tal que no ofenda o ponga en peligro la integridad de las personas o la seguridad pública.”(sic[las negrillas son nuestras) Postulado que como podrá advertirse si bien es potestativa, esta debe enmarcarse en su señalamiento a las declaraciones de la víctima y otros elementos de prueba; actuados que en el presente caso no se advierten que hayan sido desarrollados y tampoco son justificados de su prescindencia por la autoridad fiscal ahora demandada en el cuestionado requerimiento de señalamiento, extremo que cobra mayor relevancia al tratarse las víctimas -niños y adolescentes-, las cuales conforme lo denunció la parte accionante fueron realizadas sin que previamente se hubiese realizado la declaración de las víctimas en la Cámara Gessel, máxime si las propias víctimas también se constituían en testigos recíprocos -unos de otros- por los hechos acontecidos el 19 de febrero de 2024. Asimismo debe tomarse en cuenta que dicha herramienta contempla como uno de sus principios a la No revictimización bajo la comprensión de que las víctimas y/o testigos, no deberán ser sometidas a procedimientos innecesarios y/o repetitivos que generen victimización secundaria -entendida como el daño psicológico que se genera en la víctima, por el sistema de justicia en su accionar-, así como del principio de Interés superior de la niña, niño y adolescente, ampliamente desarrollado en Fundamento Jurídico III.2 de este Sentencia Constitucional Plurinacional, por lo que la omisión de la autoridad fiscal al no haber recurrido de forma previa a la herramienta de la Cámara Gesell resulta contraria a los derechos de las victimas menores de edad, ya que tratándose de delitos cometidos en contra de dicho sector ya que conforme se lo preciso en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera; por lo que bajo ese mandato dichas autoridades se encuentra compelidas a garantizar el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna, extremo que no aconteció, ya que como primera medida que debió asumir la autoridad fiscal hoy demandada es el de garantizar que se tome las declaraciones de las victimas bajo Cámara Gesell y sean asistidos por personal especializado desde la apertura de la investigación -20 de febrero de 2024-, ya que hasta la realización de la audiencia de inspección técnica ocular y reconstrucción de 18 de abril de 2024 -hoy cuestionada- transcurrió aproximadamente 60 días, elementos facticos que no soló llegan a evidenciar la lesión denunciada, sino que constatan que la autoridad fiscal demandada incurrió en una demora injustificada en la tramitación de la presente causa . Otro de los aspectos que llama la atención trasunta en que el requerimiento de señalamiento de inspección judicial y reconstrucción dispone que el “asignado al caso deberá notificar a todos los sujetos procesales”, y que en el presente caso al ser las víctimas -niños, niñas y adolescentes-por mandato del art. 60 de la CPE no podía prescindirse de su participación a través de sus representantes -progenitores y abogado- y/o personal especializado ya que el Estado por mandato constitucional tiene la obligación de garantizarles un acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado; aspecto que fue omitido por la referida autoridad fiscal, y que fueron reclamados por Wilma Calderón Limachi -codemandante- a través del memorial de 17 de abril de 2024 a horas 09:58, solicitando la suspensión de dicho actuado; empero la autoridad fiscal en vulneración de los derechos de las víctimas se limitó a referir que en dicho actuado no se consideró la participación de los menores con la finalidad de no revictimizarlos, sin que haya dispuesto que en su representación puedan ser asistidos por personal especializado. Similar vulneración acontece al memorial presentado el mismo día a horas 09:59 por el que Mario Tito Quispe y Francisca Huanaco de Tito solicitaron se suspenda dicho actuado porque no estaría interviniendo personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; empero la misma fue atendida bajo el tenor de “En lo principal estese a proveído que antecede”. Asimismo, por memorial presentado el 18 de abril de 2024 a horas 13:31 por Silvia Antonia Quisbert Mamani en su condición de abogada solicitó la suspensión de dicho actuado en razón a que no podía asistir, ya que tenía programada con antelación otra audiencia, pedido que fue decretado bajo un “no ha lugar a lo solicitado, considerando que se tiene apersonado a tres abogados”. Actuado que claramente denota la vulneración de los derechos de las mencionadas victimas menores de edad, ya que conforme se lo refirió precedentemente el Estado a través de sus instituciones como ocurre con el Ministerio Público tiene la obligación de garantizarles un acceso a la administración de justicia, y para cuyo efecto debió requerir la participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia instancia dependiente de los gobiernos municipales, que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, establecidos para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos; en ese orden se llega a constatar que resulta evidente lo denunciado con referencia a este punto.
Obligándoles a ir a la inspección sin la presencia de sus abogados patrocinantes, tampoco asistió el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para asistir a las mencionadas victimas menores y tampoco cursaba disposición de contención por personal de psicología de dicha entidad para que participen ya que se trata de una reconstrucción.
De lo explanado en la primera problemática, se establece que la autoridad Fiscal demandada pese a que los accionantes le solicitaron la suspensión de la audiencia inspección ocular seguida de reconstrucción, y de acuerdo a los diferentes memoriales le expresaron los motivos para que se pueda suspender dicho acto procesal; empero, la autoridad demandada llevo a cabo el referido actuado investigativo conforme se advierte del: ACTA DE INSPECCION TECNICA OCULAR Y RECONSTRUCCION (Ar.179 del C.P.P.). “En la ciudad (Localidad) de El Alto, calle Unión Número 1625, Zona Villa Andrani Distrito 7, A horas 14:00, a los 18 días del mes de Abril de 2024 Años, dentro de las investigaciones realizadas por el (los) delito (s) de: Lesiones Graves y Leves en contra de Eliana Shirley Ramírez y otros, Hecho ocurrido en fecha 19 de Febrero del 2024, horas a investigar. Con la finalidad de conocer las circunstancias de los hechos, se procedió la Inspección Técnica Ocular. AUTORIDADES Y PERSONAS PRESENTES:
Fiscal. Dra. Edith Susana Carvajal Zavala; Investigador Asignado al Caso Sof 2do. D.G.P. Soledad Chura Velásquez; Investigador Especial: Sof. 2do. D.G.P. Juan Carlos Cahuasa Gómez; Victima: Wilma Calderón Limachi, Abogado de la Victima -; Sindicados: Eliana Shirley Ramírez, Bladimir Gustavo Quispe Condori y Rubén Aranda Mamani; Abogado Defensor: Jhoseline Valeria Condori Villazante; En presencia de los siguientes testigos Francisco Huanaco (Testigo de Cargo), Brissa G. Ramírez Q. (Testigo de descargo). DESARROLLO DEL ACTO: Dando inicio la presente Audiencia de Inspección Técnica Ocular seguida de Reconstrucción, se le advirtió a las partes que no están obligados a participar, quienes manifestaron expresamente su participación de la parte denunciante, acto seguido, se procedió a la lectura del art. 92 del CPP. A horas 16:20, fue concluido el acto de la audiencia de Inspección Técnica Ocular seguida de Reconstrucción los mismos firman al pie de la presente acta. En conocimiento de las partes, el registro del acto a través de: acta, fotografía, grabación.
Observaciones: al inicio de la audiencia de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción, se procedió sin novedad, posteriormente en el lugar en la instalación de dicho acto la parte victima refiere que participara de la inspección técnica ocular seguido de reconstrucción sin la presencia de su abogado, concluyendo dicho acto sin novedad.” (sic [fs. 47]) Actuado del que se desprende que las víctimas menores de edad de 8 años, de 14 años, de 11 años de edad, y de 17 años, no participaron a través de la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pese a que el 4 de abril de 2024 la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 14 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (G.A.M.E.A.) realizo su apersonamiento. Por otra parte el referido actuado advierte que la denunciante Wilma Calderón Limachi -victima- no se encontraba asistida de un abogado; observaciones que no condicen con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en el entendido de que para efectivizar el cumplimiento de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se tienen instituciones dependientes a nivel central, departamental y municipal, en este último nivel, se encuentran las Defensorías de la Niñez y Adolescencia que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos; institución conformada por equipos interdisciplinarios de abogados, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales relacionados con la temática; por lo que era imprescindible la notificación y participación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, lo cual fue omitido por la Fiscal demandada, impidiendo la participación de los abogados patrocinantes y también del abogado de la DNA por no haber dispuesto sus notificaciones para participar en la citada audiencia; ante tal vulneración al debido proceso pues al tratarse de hechos de violencia en las cuales se tienen personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria como son los menores víctimas, no se tomó en cuenta sus derechos, vulnerando sus garantías como víctimas al incumplir lo establecido en el art. 11 y 12 del CPP; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, sobre esta problemática planteada.
No emitió medidas de protección generando nuevos hechos de violencia psicológica, esto en merito a que los actos de inspección ocular seguida de reconstrucción tienen como fin que los sindicados tomen contacto con las victimas menores. A efectos de ejecutar una debida compulsa, se dividirá el análisis de la presente problemática en dos partes; analizando primero sobre la no emisión de medidas de protección; y, la segunda sobre la realización de actos de revictimización de los menores de edad para que nuevamente tengan contacto con sus agresores; así, se tiene que: a) Sobre la no emisión de medidas de protección
Con referencia a este punto corresponde remitirnos a la Conclusión II.3 de este Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez, que dicha documental permite constatar que la autoridad fiscal hoy demandada el 5 de marzo de 2024, emitió las MEDIDAS DE PROTECCION CUD: 201502022401557, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de Wilma Calderón Limachi, y los menores de edad y en contra de Eliana Shirley Ramírez Quispe, Bladimir Gustavo Quispe Condori y Rubén Efraín Aranda Mamani por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, disponiendo medidas de protección en favor de la víctima de conformidad al arts.3 núm. 3 de la Ley 369; 32 y 35 de la Ley 348 y la ley 1173 en sus numerales:
“2.- Se prohíbe a los agresores de ingresar al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar;
3.- Se prohíbe a los agresores de comunicarse directa o indirectamente y por cualquier medio con las víctimas;
4.- Se prohíbe a los agresores de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a las víctimas, así como a cualquier integrante de su familia;
6.- Se prohíbe a los agresores de interferir de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, Crianza y educación de la víctima;
9.- se prohíbe a los agresores de transitar por los lugares de recorrido frecuente de las víctimas.
10.- Se prohíbe a los agresores de incurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue, estudio o esparcimiento a los que concurran las víctimas:
Para lo cual, se orden al investigador asignado al caso, proceda a notificar a las partes y realizar el seguimiento correspondiente bajo responsabilidad directa conforme al Art. 54 Núm. 11 de la Ley 1173 Art. 389 bis
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS DE PROTECCION SERA CONSIDERADO COMO PELIGRO DE FUGA ESTABLECIDO EN EL ART. 234 NUM.4 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Notifíquese y Cúmplase en el día (…)”
(sic[fs.130]) Sin embargo, dichas medidas no se encuentran notificadas a la parte denunciada para su cumplimiento, asimismo del memorial presentado el 17 de abril de 2024 por la impetrante de tutela -Wilma Calderon Limachi-, se establece que solicito ante la autoridad fiscal demandada que se disponga medidas de protección para los menores víctimas de violencia, siendo el mismo requerido el 18 del citado mes y año bajo el siguiente tenor: “Al otrosí 1ro. Emítase las medidas de protección correspondiente”(sic); este extremo permite colegir que dicha autoridad no compulso en lo más mínimo el cuaderno de investigaciones, ya que las medidas de protección conforme se lo preciso líneas arriba ya habían sido dispuestas el 5 de marzo de 2024; y ante la falta de su notificación debió compeler al investigador asignado al caso, para que dé estricto cumplimiento a lo dispuesto y se realice el seguimiento; empero conforme lo constatado dicho acto no fue puesta en conocimiento de las partes ni del Juez de control jurisdiccional; en ese contexto, se colige de forma clara la inacción por parte de la Fiscal de materia demandada ya que el hecho ocurrió el 19 de febrero de 2024, y entratandose de que las víctimas son menores de edad debió actuar con la debida diligencia, y dentro los parámetros desarrollados en en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en merito a que por mandato del art. 32 de la Ley 348 las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente; y son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes.
Ahora bien, la Fiscal demandada, en su informe escrito y en su intervención en la audiencia de garantías -19 de abril de 2024-, no señalo ni justifico los motivos del porque no efectivizo las medidas de protección a favor de los menores víctimas y solamente se remitió a indicar que dispuso la no participación de los menores porque no quería revictimizarlos y por esa decisión no puso en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; además refiere que se observó el certificado médico forense de la menor de 11 años de edad y que sería fraudulento; aspectos que denotan la inacción por parte de dicha autoridad de otorgar medidas de protección en su oportunidad de acuerdo a lo previsto por los arts. 35 de la Ley 348 y 389 ter del CPP modificada por la Ley 1173, incumpliendo los estándares internaciones de la debida diligencia en hechos de violencia en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño, descrita en los Fundamentos Jurídicos III.2 de este fallo constitucional, ya que el Ministerio Público en su condición de representante de la sociedad y protector de los derechos y garantías de grupos vulnerables, no actuó de manera pronta, ágil y con la celeridad requerida, para disponer en favor de los menores víctimas las medidas de protección establecidas en la Ley 348 y la Ley 1173, con las que pueda garantizar la protección de los menores víctimas frente a hechos de violencia que pueden ser perpetradas por los denunciados, y que su dejadez y desinterés en la protección de los derechos que ponen en riesgo no solo la integridad física y psicológica de los menores víctimas, sino también la misma investigación, ya que no se debe olvidar que las medidas de protección no solo están destinados en prevenir hechos de violencia, sino también en garantizar la realización de la investigación, procesamiento y sanción de los autores del acto delictivo, que con su ineficiencia pone en riesgo todo el proceso llevado a cabo, por lo que, dicha autoridad debió haber actuado con la debida diligencia; empero, con su actuar vulneró sus derechos al debido proceso como víctimas de violencia lo cual está protegido por el art. 115.II de la CPE, correspondiendo conceder la tutela sobre este aspecto. b) Sobre la realización de actos de revictimización sobre los menores de edad por parte de la Fiscal de Materia Con referencia a este punto corresponde referir que la autoridad fiscal demandada en las medidas de protección dispuestas el 5 de marzo de 2024 (fs.130), mismas que no se efectivizaron en su ejecución conforme se lo describió líneas precedentes, estableció las siguientes prohibiciones: “2.- Se prohíbe a los agresores de ingresar al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar (…) 9.- se prohíbe a los agresores de transitar por los lugares de recorrido frecuente de las víctimas”(sic); en consecuencia el señalamiento de 18 de abril de 2024 referida a la inspección técnica ocular y reconstrucción, definitivamente viene en contravenir las referidas medidas, y si bien estas no fueron notificadas, ello no implica que puedan transgredirse, aspectos que denotan una omisión por parte de la referida autoridad fiscal, quien trato de justificar dicho actuar argumentando que “NO HABRIA LA PARTICIPACION DE LOS MENORES DE EDAD, PARA NO REVICTIMIZARLOS”, empero conforme se lo refirió precedentemente ya existía una prohibición de ingreso al domicilio de las víctimas; y que indudablemente implica una revictimización sobre los menores de edad, máxime si tomamos en cuenta que desde la fecha que aconteció los hechos -19 de febrero de 2024- hasta el desarrollo de la audiencia de inspección técnica ocular y reconstrucción -18 de abril de 2024- transcurrió 60 días, sin que la nombrada fiscal de materia haya dado cumplimiento a los dispuesto por el art. 393 octer del CPP (Prohibición de revictimización) que de forma clara estableció que la jueza, el juez o fiscal dispondrá que los testimonios o declaraciones que deba prestar la víctima, sean realizados por una sola vez y con carácter privado, con el auxilio de familiares o perito especializados, utilizando medios especiales y tecnológicos apropiados para garantizar que la declaración sea válida en todas las etapas del proceso, en el marco del respeto a las condiciones inherentes al declarante o evitar su revictimización, y que no aconteció, conforme se lo analizo en la primera problemática, toda vez no realizo la respectiva Cámara Gesell a las víctimas menores; en ese marco se concluye que la autoridad demandada incumplió dicha disposición y no tomo en cuenta que frente a un caso de delitos en contra de menores, debió tener presente, en velar por su interés superior, evitando que enfrenten un proceso judicial que implique su revictimización; pues, estas víctimas ya sufren las afectaciones generadas por el hecho; por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas, deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes, tal cual se analizó en el contexto de los Fundamentos Jurídicos III.4, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por tales aspectos se establece que existio vulneración a los derechos a vivir una vida sin violencia, a no sufrir violencia, al debido proceso por parte de la Fiscal de materia; en consecuencia corresponde conceder la tutela sobre este aspecto. Asimismo, en relación a las denuncias sobre la vulneración de los derechos a la vida y la locomoción de los menores de edad; cabe señalar que de la compulsa del acta de inspección ocular seguida de la reconstrucción de los hechos y del informe de la autoridad Fiscal demandada, no se llega a establecer la forma y/o modo la existencia de su conculcación o afectación; por lo que corresponde denegar la tutela sobre estos derechos denunciados.
Ahora bien, como se mencionó precedentemente en el presente caso se analizará el asunto de manera integral dentro el proceso penal que nos ocupa tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en ese contexto, se tiene que Eliana Shirley Ramírez Quispe, Vladimir Gustavo Quispe Condori y Rubén Efraín Aranda Mamani, fueron denunciados el 20 de febrero de 2024 por Wilma Calderón Limachi por la comisión del delito de LESIONES GRAVES Y LEVES, siendo las victimas (8 años), (11 años), (12 años) y (17 años) para que de forma posterior la autoridad fiscal hoy demandada luego de realizar las diligencias investigativas emita la Resolución de Rechazo 128 de 10 de junio de 2024 bajo lo siguiente:
“POR TANTO: La suscrita Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalia Especializada de Delitos Contra la Integridad Personal de la ciudad de El Alto, con la facultad conferida en los Art. 225 de la Constitución Política del Estado, Art. 4, 5, 38, 40 Núm.II) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y Art. 6, II.70, 72, 73. 130, 301 numeral 3). 304 numerales 1 y 3) del Código de Procedimiento Penal, en defensa de la sociedad, RESUELVE EL RECHAZO de la denuncia de WILMA CALDERON LIMACHI en representación de los menores de iniciales (…) contra RUBEN EFRAIN ARANDA MAMANI, ELIANA SHIRLEY RAMIREZ QUISPE y VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI por la supuesta comisión del ilícito de LESIONES GRAVES Y LEVES, previstos y sancionados por los Arts. 271 del Código Penal, disponiéndose se notifique con la presente resolución a las partes mediante la UNIDAD DE Servicios Comunes previo cargado al sistema “JL2 asimismo, remítase una copia ante el señor Fiscal Departamental de La Paz y hágase conocer al órgano jurisdiccional contralor de las labores investigativas del caso (…[sic]).
Conforme lo anotado precedentemente incumbe realizar el siguiente análisis: De lo glosado, considerando que en el proceso penal por delito de lesiones graves y leves las víctimas pertenecen a un sector vulnerable por su minoridad: (8 años), (11 años), (12 años) y (17 años), es necesario verificar si en la emisión de la Resolución de Rechazo 128 de 10 de junio de 2024 que si bien no es cuestionada en la presente acción tutelar es necesario realizar un examen de su contenido - si cumplió con los Estándares Internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues debe comprenderse que los órganos y jueces tienen la obligación reforzada de asegurar el efectivo ejercicio de sus derechos, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia la mujer, de ahí que, se debe observar un proceso argumentativo a partir de una perspectiva de género que pasa por identificar los patrones de poder y relaciones asimétricas entre la víctima y el imputado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; determinándose el derecho aplicable y los problemas que pueden surgir, problemas interpretativos o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos.
35 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 242 “La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia” 36 La CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
"CONVENCION DE BELEM DO PARA" en su art. 7 establece: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
(…)
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
Así también, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su art. 4 determina que: “Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:
(…)
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.
En ese marco, siendo que el análisis se centrará en la Resolución de Rechazo 128 de 10 de junio de 2024 es preciso referirse a los fundamentos expuestos en dicho fallo:
II CONSIDERANDO SEGUNDO.- Se hace énfasis que para considerar la acción como conducta humana final conforme refiere el Art.14 del código Penal y tal conducta desplegada por el justiciable deba ser subsumido al precepto de hecho de un delito tipificado como tal, el tribunal constitucional mediante la S.CP Nº 0276/2018-S2 de fecha 25 de junio, estableció que para acreditar probabilidad de autoría es necesario considerar lo siguiente "...(...)., la consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad, que permita al juez inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga; lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones, por eso la Corte IDH, estableció que deben existir indicios suficientes que permita su suponer razonable la persona sometida al proceso haya participado en el ilícito penal que se investiga, sospecha que tiene que estar fundada en hechos específicos articulados con palabras, esto es no en meras suposiciones o instituciones abstractas. Como se indicó la materialización del numeral i del art.33 del CPP, exige que el hecho este definido o delimitado, con ello no se quiera decir que se quiera certeza sobre su concurrencia o participación del imputado, se trata que él hecho, que es objeto del proceso y sobre el cual se discute la medida cautelar, esté demarcado y de respuesta las siguientes interrogantes: Que se hizo, Quién lo hizo, cuándo lo hizo, Dónde lo hizo y cómo lo hizo. Pues para resolver el juez debe entender cuál es el hecho objeto de disputa y la participación del imputado. La garantía del hecho, es pues la piedra angular sobre la que se ordenan las demás garantías, tanto sustantivas como las de procedimiento. Si no hay un hecho medianamente delimitado, sobre todo al comienzo de la investigación preparatoria, no existe objeto procesal, nada de lo que se discuta podrá tener sentido. La existencia de un hecho será condición de un proceso penal, y consecuentemente, de una audiencia en la que se discutan cuestiones relativas a él,.." lo que concluye que todo hecho que es objeto de investigación penal a los fines de establecer, tiempo, lugar y modo en cuanto a la participación del sujeto activo, debe ser sustentada con elemento de convicción suficientes que hagan sostener razonabilidad sobre la existencia del hecho y la participación e identificación del presunto autor o autores, empero en la presente causa de los elementos de convicción acumulados y descritos ut supra y arrimados en el cuaderno de investigaciones, los mismos hacen insuficientes para establecer el modo (quien lo hizo), con relación al justiciable, debido a que a la fecha no se ha aportado elementos suficientes para fundar la acusación, a los efectos de que asuma defensa y sea puesta a conocimiento de la Autoridad jurisdiccional a los efectos de activar el Art. 92 y siguientes de la Ley 1970, de la revisión de los antecedentes hecho que sucedió en fecha 20 de febrero de 2024 a horas 12:10 en la Zona Villa Andrani distrito 7 Calle Unión No.1625 El Alto, la denunciante de nombre WILMA CALDERÓN LIMACHI, refiere que sus hijos de 8 años de edad, de 11 años, de 11 años de edad, de 17 años de edad, sufrieron agresiones por parte de RUBEN EFRAÍN ARANDA, ELIANA RAMÍREZ QUISPE, VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI y otros por lo que se tiene que el menor de iniciales M.T.H. de 12 años NO CUENTA DÍAS DE INCAPACIDAD MEDICO LEGAL por lo que existe duda con respecto si es víctima, y la menor M.N.T.H. de 17 años si bien cuenta 3 días de incapacidad médico legal donde el mismo refiere por parte de una mujer conocida (vecina) quien la jalo de los cabellos; sin embargo, existe duda siendo que el denunciante refieren que fue agredida con una piedra cuando este se encontraba en el interior del mueble, por lo que existe duda del mismo, la menor de 8 años si bien cuenta 3 días de incapacidad médico legal el mismo refiere que fue agredida en su domicilio por una mujer conocida (vecina) quien lanzo una piedra a nivel de la cabeza; sin embargo, del informe psicológico la niña no presenta en estado emocionales significativos ni un temor infundado a sus vecinos tampoco síntomas de malestar psicológico ni quebrantamiento por el hecho sucedido y relatado. Enfatizando que lo molestaría y causaría una afectación en su salud seria el humo y ruido por el trabajo que realizaría su vecino por lo que existe duda y el menor de 11 años no presenta días de incapacidad médico legal; sin embargo, el denunciante presenta un certificado del mencionado menor indicando que tiene 3 días de incapacidad médico legal por lo que existe una alteración de dicho certificado queriendo hacer incurrir en error a la suscrita por lo que se pierde toda credibilidad sobre la denuncia interpuesta por los denunciante y de acuerdo al registro del lugar del hecho existe contradicciones ya que al momento de realizar el registro del lugar del hecho los denunciantes solo hacen referencia a las supuestas agresiones que se realizarían en el exterior del domicilio y no así mostrando el interior como refieren en la denuncia por lo que existiría duda razonable con respecto a lo hechos denunciados. Se tienen de los informes psicológicos de las menores víctimas quienes manifiestan los siguiente 1. M.N.T.H. de 17 años en sus conclusiones, la adolescente presenta indicadores de inestabilidad emocional, manifestando en tristeza y llanto al relatar los hechos sucedidos al haber sido tocada en sus pechos y parte intima por parte de su vecino. "y a mí me han metido mano (comienza a llorar) yo estaba agarrando y no sabía quién era y después nomas mi hermanito me ha dicho todo, y me ha dicho que él era el señor Aranda (se mantiene llorando y señala las parte que le tocaba) (señala su vagina y pechos) y he sentido varias manos y no era solo una persona... pero mi hermanito me ha dicho que eran ellos eran, la adolescente categoriza negativamente al señor Efraín por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas a la adolescente a sus familiares. Sobre las agresiones físicas la adolescente indica que habría sido golpeada, botada al suelo y también que la habrían tocado en partes de su cuerpo por lo que este hecho debe ser investigado por in fiscal de materia especializada y no así por la suscrita fiscal. 2. La niña de iniciales D.K.T.C. de 11 años manifiesta que hace un tiempo atrás habría sucedido una pelea entre sus familiares y los vecinos (señores), mismo que iniciaría por el reclamo de su papá por el ruido y humo que hacen los vecinos, mismo que sería producto de su actividad laboral. Producto de las discusiones los vecinos arrojarían piedras a hacia su casa impactando uno a la adolescente en la región de la cintura y otra hacia su hermana menor en la cabeza, mismo que afectaría a su familia. 3. De 12 años quien indica de manera directa que en una sola oportunidad lo agredieron (pero no indica quien, ni cuándo). "Y nosotros otra vez hemos salido, todos hemos salido a defender pero los varones no nos hemos metido y hemos empezado a grabar y las chicas nomas se han agarrado y defenderse, y han recorrido un poquito más aquí (señala hacia él) y la señora (pareja del señor Aranda) me ha pegado, me ha dado un puñete en aquí (señala su brazo derecho) porque estaba grabando y me querido quitar mi celular" indicando quien habría sido y como fue la agresión, del relato manifiesta que sus vecinos al escuchar los reclamos de su papá habrían aventado piedras desde su balcón hacia su casa, haciendo que llegara piedras a sus dos sobrinas, una en la cintura y la otra en la cabeza. El adolescente ve negativamente a sus vecinos por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas al adolescente a sus familiares, "...Hace un año y medio han empezado a meter ruido y hemos tratado de hablar con ellos y no se hace caso... y nos insultan, nos dice campesinos y con sus testículos nos muestra así (simula agarrar sus partes íntimas y agita las manos) y a esa familia le vamos a violar y les vamos a agarrar a todos y se van a morir uno por uno nos dice a toditos., 4. De 8 años la niña relata y manifiesta los hechos sucedidos, las agresiones físicas, insultos y el arrojo de piedras hacia su casa que le habría llegado uno a ella y otro a su hermana, la niña categoriza negativamente al Sr. Efraín y a su Pareja por las repetidas ocasiones que realizaría insultos ofensivos y señas obscenas a la niña a sus familiares, la niña no presenta en estado emocionales significativos ni un temor infundado a sus vecinos tampoco síntomas de malestar psicológico ni quebrantamiento por el hecho sucedido y relatado. Enfatizando que lo que le molestaría y causaría una afectación en su salud seria el humo y ruido por el trabajo que realizaría su vecino, por todo lo referido existe duda razonable con respecto a los hechos denunciados por lo que la suscrita fiscal de materia aplicando la sana critica no se puede emitir otra RESOLUCIÓN QUE NO SEA EL RECHAZO siendo aplicable las causales previstas en el Art. 304 Núm. 1 y 3) de la Ley 1970, Finalmente establecer que el sistema procesal penal prevista en el Art. 130 del Código de Procedimiento Penal, determina que los plazos procesales son perentorios e Improrrogables y que conforme a la Sentencia Constitucional No. 1128/2013-R, así como del Instructivo No 01/2019 de la Fiscalía General del Estado, que establece que toda investigación preliminar no puede durar más de 20 días y su ampliación debidamente justificada, mismos que en el caso presente ya se han cumplido superabundantemente, por lo que corresponde adecuar el actuar de las investigaciones al tenor del Art. 301 de la norma adjetiva de la materia, debido a que no se tiene suficientes elementos de convicción, que ayuden a identificar al presunto autor o autores del hecho denunciado y en cumplimiento al PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD razonada por el Tribunal Constitucional mediante la S.C.P. No. 1292/2016-52 Sucre, 5 de diciembre de 2016 el cual refiere: "(.), El art. 72 de la ley adjetivo penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: "Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, formulando sus requerimiento conforme a este criterio", lo cual está en directa relación con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art 51.; y, f) Si bien es labor del Ministerio Público seguir con la persecución penal en los delitos de acción penal pública bajo el principio de objetividad, la misma se la realiza bajo criterios de justicia, transparencia, eficacia y eficiencia, bajo ese contexto legal encontrándose claros los argumentos del presente proceso investigativo, ya no existe la necesidad de seguir prolongando el tiempo de la investigación, que aplicando los criterios antes mencionados, como también el propio principio de objetividad, principio básico que efectúa los lineamientos a la actuación fiscal, puesto que debe actuar de manera imparcial y objetiva, no puede ni debe orientar sus investigaciones como lo pide el denunciante, el querellante, sino simplemente basado en los hechos en las pruebas en el contenido de todo lo actuado acumulado en el cuaderno de investigaciones con todos los elementos de convicción emitirá la resolución que corresponda, de imputación cuando existan suficientes indicios de la existencia de hechos y de la participación del imputado en dichos hechos, o en su caso, rechazar la denuncia o querella por la insuficiencia e indicios o elementos que puedan sustentar la investigación y en su caso demostrar la preexistencia del hecho y la presunta o probable participación del imputado en los hechos que motivan una investigación (..).., b) El rol activo del Ministerio Público en el sistema acusatorio, convierte al Fiscal en pilar indispensable del procedimiento penal, en conformidad con su actuación como órgano activo del ejercicio del ius puniendi del Estado, es decir, que en Bolivia el Ministerio Público pasó de ser abstracción legal a un órgano independiente y un actor principal del proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución de la sentencia; c) El art. 21 del C.P.P, establece la obligatoriedad que tiene la Fiscalía para ejercer la acción penal, tratándose de delitos de orden público; asimismo se debe tener presente que el Art. 6 del mismo cuerpo legal al establecer que quien acusa un hecho tiene la obligación de probar los extremos de la denuncia: d) El art. 180.1 de la Constitución Político del Estado, ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de "Verdad Material" debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, de este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, implica que una persona debe ser sancionada si existen pruebas respecto a su conducta que hayas sido logradas a través de un procedimiento legal y que hubiera tenido su alcance los medios requeridos para su defensa pues a través del procedimiento justo se pretende lograr una finalidad más alto cual es la tutela efectiva de los derechos; e) Se debe tener en cuento que el Art. 72 de la ley adjetiva penal, regula el principio de objetividad que debe normar al Ministerio Público en sus actuaciones, al indicar que: "Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. En sus investigaciones tomarán en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado formulando sus requerimientos conforme a este criterio,...", criterio legal que se encuentra relacionado con lo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público su art. 5.1 bajo estos lineamientos no es posible emitir una resolución distinta al presente bajo los fundamentos expuestos, que si bien es labor del Ministerio Publico en la averiguación de la verdad material de los hechos, tomando en cuenta los razonamientos citados es necesario recordar que el termino procesal investigativo ha concluido y a los efectos de no causar vulneración de derechos y garantías a las partes, en cumplimiento al principio de objetividad que establece la Ley 260, es pertinente dar aplicación al Art. 304 Inc. 1 y 3) de la Ley 1970, más aun cuando existe un certificado médico forense alterado, contradicciones las declaraciones de los testigos y otra denuncia aperturada por los denunciados por los hechos ocurridos en fecha 19 de febrero del presente”(sic[las negrillas son nuestras]) Ahora bien, de los fundamentos expuestos precedentemente, se advierte que la autoridad fiscal demandada no consideró que en casos de violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes o mayores de edad) es deber del Ministerio Público aplicar la perspectiva de género e inclusive debe tener una mirada plural de la discriminación y violencia al entrelazarse la categoría de género y edad, debiendo emplearse el enfoque interseccional ello considerando que las víctimas son niños y adolescentes, quienes merecen especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos. A partir de lo referido precedentemente, debe considerarse que la actividad argumentativa del Ministerio Público debe ser mayor y meticulosa, pues con la aplicación del enfoque interseccional, las normas y principios tiene un carácter abierto cuyas decisiones pueden desmarcarse del principio de legalidad; por lo que, debe existir la suficiente justificación; en ese sentido, en el caso concreto, si bien la autoridad fiscal hizo referencia al contexto del proceso penal y a los principios que rigen esta, como el de la objetividad; no obstante, la mencionada autoridad no desvirtuó objetivamente el principio procesal de la presunción de verdad, omitiendo que en el proceso penal se tienen personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y si existe relaciones poder y asimétricas entre las víctimas y los denunciados, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; si bien se estableció que la norma aplicable en el caso 251. Dicha investigación deberá incluir una perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, y posibilitar a los familiares de la víctima información sobre los avances en la investigación, de conformidad con la legislación interna, y en su caso, la participación adecuada en el proceso penal. Asimismo, la investigación debe realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.” 38 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” 39 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134. 40 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.” 41 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr.
101.
son los arts. 72, 304 numerales 1 y 3 del CPP, no se consideró que la labor argumentativa supone que las disposiciones legales aplicables deban ser confrontadas con las normas del bloque de constitucionalidad, precisando los problemas vinculados a la relevancia del derecho aplicable, problemas interpretativos que se presentan o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos; aspectos que se constituyen en indispensables para que se analice la norma aplicable, pues como en el caso concreto, existe colisión de derechos de las víctimas lesiones graves y leves, y la identificación de abuso sexual contra la adolescente con los de los denunciados que se encuentra resguardado en el derecho penal garantista; en tal sentido, debió determinarse a través de la ponderación cual derecho tiene mayor peso o valor, que si bien en el caso, la Fiscal de Materia demandado pretendió aplicar dicho método de resolución de conflicto, la “ponderación” que se habría efectuado únicamente tomó en cuenta los derechos de los denunciados con el procedimiento penal, sin tomar en cuenta los derechos de la menores y en particular de la adolescente -víctima de abuso sexual-, cuya consideración es primordial, pues las niñas, niños y adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo asumirse los principios de interés superior y prioridad absoluta; toda vez que al momento de emitir la Resolución de Rechazo 128 de 10 de junio de 2024 no realizó una debida ponderación entre el hecho perseguido -lesiones graves y leves, y abuso sexual-, la identificación de las víctimas -niña, niño y adolescente-, y la premisa de la presunción de verdad estipulada en el art. 193 c) de la Ley 548, y por el contrario sin contar con elementos que permitan desvirtuar objetivamente la declaración de las victimas menores dio mayor prevalencia al principio de la objetividad a favor de los denunciados para desvirtuar el hecho, por lo que en el caso concreto debió subsumir estos tres aspectos, y rompiendo las barreras de lo formal y aplicando la debida diligencia debió dar mayor credibilidad al testimonio brindado por las referidas victimas menores y no limitarse a argumentar que existiría duda razonable con respecto a los hechos denunciados, ya que de la compulsa de los informes psicológicos de las menores víctimas y en particular en el caso de de 17 años, pese a que en su declaración se estableció que “la adolescente presenta indicadores de inestabilidad emocional, manifestando en tristeza y llanto al relatar los hechos sucedidos al haber sido tocada en sus pechos y parte intima por parte de su vecino”(sic) la fiscal hoy demandada concluye refiriendo que: “este hecho debe ser investigado por un fiscal materia especializada y no así por la suscrita fiscal”(sic), extremo que a todas luces se constituye en una omisión de la materialización del principio de la debida diligencia, ya que bajo el referido principio el Estado y todas las entidades relacionadas con la administración de justicia, como acontece con el Ministerio Publico tienen la obligación de actuar con la debida diligencia y prontitud en la prevención, investigación, sancion y reparación de las violaciones de los derechos de los menores. Consecuentemente, bajo todo lo advertido, es evidente que la Fiscal de Materia, Edith Susana Carvajal Zavala no cumplió con los Estándares Internacionales para la protección de los derechos humanos, lo cual hace inefectiva el acceso a la justicia y vulnera los derechos de las víctimas de lesiones graves y leves, y de abuso sexual; por lo que, la Resolución de Rechazo 128 de 10 de junio de 2024 debe ser anulada y dejarse sin efecto legal, debiendo la referida autoridad conforme lo estipula la normativa legal vigente de manera diligente y acorde a los estándares internacionales e internos descritos en este fallo constitucional emitir una nueva Resolución efectuando una ponderación y aplicación efectiva del art. 193 inc.c) de la Ley 548. Llegado a este punto, y conforme se estableció precedentemente al ingreso del análisis del presente caso, ahora se analizará la actuación del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
En el presente punto, es preciso referir que, a partir de lo referido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género. i) En cuanto a la actuación del Ministerio Público
En la presente acción de defensa es necesario hacer alusión a la actuación del Ministerio Público en el proceso penal, pues de antecedentes se tiene que dentro las diligencias investigativas dentro el proceso signado bajo el CUD: 201502022401557 se instruyó al equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 14 se elabore la evaluación de las victimas menores, y en ese marco resulta pertinente remitirnos a la Conclusión II.7 del presente fallo constitucional, en el que se describe dichos informes, bajo el siguiente contenido:
Informe Psicológico CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/03/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 del adolescente, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la adolescente, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma y el seguimiento del caso; recibida por la Fiscal demandada el 13 de abril de 2024 (fs. 7 a 10); por Informe Psicológico CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/04/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 de la adolescente, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la adolescente, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma, apoyo terapéutico individual y familiar y seguimiento del caso, recibida por la Fiscal demandada el 13 de abril de 2024 (fs. 11); por Informe Psicológico CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/02/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 de la adolescente, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la adolescente, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma, apoyo legal para iniciar el caso de abuso sexual por los elementos descritos por la adolescente, apoyo terapéutico individual y familiar, seguimiento del caso; recibida por la Fiscal demandada el 12 de abril de 2024 (fs. 15 a 19); y, por Informe Psicológico CITE: DNGAS/UAIF/DNA D-14/PSI-EVRV/05/2024 de 11 de abril de 2024, realizado por Ever Vidal Roque Vargas, Psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 de la niña, donde recomienda realizar acciones en beneficio de la niña, con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma y el seguimiento del caso y cerciorarse que el humo y ruido que indica sigue afectando a la niña, tomar acciones en caso de ser así; recibida por la Fiscal demandada el 13 de abril de 2024. (fs. 20 a 23)
Dichos informes de forma clara establecen que en emergencia a los hechos denunciados se recomienda realizar las siguientes acciones: en beneficio de la niña y los adolescente, con el fin de precautelar su integridad física y psicológica, apoyo terapéutico individual y seguimiento del caso; en el caso de la adolescente MNTH con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma, apoyo legal para iniciar el caso de abuso sexual por los elementos descritos por la adolescente; empero de forma posterior, y contrario a dicha facticidad el 10 de junio de 2024, la autoridad fiscal hoy cuestionada emite la Resolución de Rechazo 128, en la que bajo el principio de objetividad pone en duda las declaraciones de las victimas menores con referencia al hecho denunciado, y con referencia a la adolescente deslinda su responsabilidad aduciendo que dicha denuncia no corresponde a su división, justificando además que en la presente causa no se ha aportado elementos suficientes para sustentar la investigación, lo que denota la falta de la debida diligencia del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación para esclarecer todos los hechos y sancionar a todas las personas responsables de la violación de derechos humanos. Además, debió considerarse que la Corte IDH en el Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá señaló que:
La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Sumado a ello debe añadirse que, a partir de los referido en los arts. 90 y 94 de la Ley 348 es responsabilidad del Ministerio Público investigar de oficio los delitos de acción pública, reunir las pruebas necesarias dentro de un plazo máximo de ocho días, teniendo en cuenta que la investigación debe efectuarse con prontitud y celeridad, pues el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer.
Consecuentemente, habiéndose advertido el incumplimiento de Estándares Internacionales de protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, es necesario exhortar al Ministerio Público a cumplir con los deberes encomendados por el Estado, pues su inobservancia es pasible a responsabilidades internacionales; toda vez que incurrió en una absoluta y total ausencia o dejadez de actos de investigación, extremo que no se encuentra justificado, tampoco condice con los estándares internacionales y nacionales referidos al deber de la debida diligencia, la misma que fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En ese entendido y conforme lo desarrollado precedentemente, la actuación y omisión del Ministerio Público, resulta en todas sus formas contraria al deber de la diligencia debida explicada en líneas precedentes, incumpliendo de esta manera con los estándares internaciones y nacionales de respeto y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en ese entendido, es el Ministerio Público la entidad que tiene el deber de la carga de la prueba, liberando a los niños, niñas y adolescentes mujeres en situación de violencia el tener que cumplir con dicha carga probatoria, argumento que se explica por la garantía otorgada a las mujeres el de evitarles atravesar una situación de revictimización en el desarrollo del proceso, aspectos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Consecuentemente, habiéndose advertido el incumplimiento de Estándares Internacionales de protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, es necesario exhortar al Ministerio Público a cumplir con los deberes encomendados por el Estado, pues su inobservancia es pasible a responsabilidades internacionales.
ii) Actuación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia
En relación a este punto, es necesario hacer alusión al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, el tema de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes innegablemente cobra relevancia ante vulneración de los mismos; es en ese entendido que, son varios instrumentos internacionales y la legislación nacional que establecen ese deber de protección que debe ser asumido por toda la administración pública; y, es en dicho marco, que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia juegan un papel importante en la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente tratándose de procesos penales cuyos hechos investigados se encuentran vinculados a abuso sexual, en cuyos casos, dicha institución, debe efectuar el acompañamiento, seguimiento, asesoramiento y patrocinio legal de las víctimas, defendiendo sus intereses y velando por su protección, en todas las etapas del proceso penal (recepción y promoción de la denuncia, etapa preliminar, etapa preparatoria, juicio oral, reparación de daños). Bajo el marco precedentemente señalado, en el presente caso, debe considerarse que, se tiene que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-14 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto elaboro los informes psicológicos de las victimas menores el 11 de abril de 2024, en las que conforme se lo describió precedentemente recomendó realizar las acciones: en beneficio de la niña y los adolescente, con el fin de precautelar su integridad física y psicológica, apoyo terapéutico individual y seguimiento del caso; en el caso de la adolescente con el fin de precautelar la integridad física y psicológica de la misma, apoyo legal para iniciar el caso de abuso sexual por los elementos descritos por la adolescente; sin embargo dicha entidad no realizó el acompañamiento, seguimiento, asesoramiento y patrocinio legal de la víctimas menores de edad en la investigación, pese a que ya existía un apersonamiento de dicha entidad a través del memorial presentado el 4 de abril de 2024 por el funcionario Abg. Iván Apaza Yujra con R.P.A. 6058066IAY, apersonamiento que fue aceptado por la autoridad fiscal. Consecuentemente, habiéndose advertido que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de El Alto incumplió con su deber de acompañamiento y asesoramiento que conlleva una falta del deber de protección de derechos de la niña y adolescentes víctimas de violencia, es necesario exhortar a dicha institución a cumplir con los deberes encomendados por el Estado, pues su inobservancia es pasible a responsabilidades internacionales. iii) En el presente caso, es necesario aclarar que no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad de los denunciados, puesto que no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad fiscal del ramo la que realice la valoración de todos los actuados y poder emitir una decisión conforme a los lineamientos establecido en el presente fallo constitucional; en ese antecedente se analizó las denuncias realizadas por los impetrantes de tutela en relación a los hechos denunciados, y en una valoración integral de todo el historial de hechos, se aplicó la perspectiva de género para la solución del caso concreto Por lo expuesto, la Jueza de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada efectuó una parcial compulsa de los antecedentes del legajo constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2024 de 19 de abril, cursante de fs. 60 a 62, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de El Alto, constituido en Juez de Garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo dispuesto por la Jueza de garantías y los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Asimismo se deja sin efecto la Resolución de Rechazo 128 de 10 de junio de 2024 emitido por Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia, debiendo concluir con las investigaciones conforme lo estipula la normativa legal vigente de manera diligente y acorde a los Estándares Internacionales e Internos descritos en este fallo constitucional y una vez cumplida con sus obligaciones emitir la resolución que corresponda conforme a procedimiento; siempre y cuando si como emergencia de la objeción a la resolución de rechazo formulada por codemandante de tutela Wilma Calderón Limachi, la autoridad fiscal jerárquica ya lo hubiese dispuesto; disponiéndose:
1.1° Exhortar al Ministerio Público como encargado de la dirección de la investigación de actuar con la debida diligencia para proteger a las niñas, niños y adolescentes mujeres contra toda forma de violencia por razones de género.
1.2° Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz a cumplir con su deber de protección de las niñas, niños y adolescentes.
2° Notificar a la Fiscalía General del Estado como autoridad jerárquica superior del Ministerio Público; y, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para que los mismos a su vez hagan llegar una copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria y a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de todo el País. 3° DENEGAR, la tutela con relación a los derechos a la vida y la libertad de locomoción. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.
9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).
11 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP,
precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
13 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
14 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación de 8 de junio de 1990.
considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.
16 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora”
17 El FJ III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.
18 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.
19 Mediante Resolución Ministerial 72/2017 de 8 de mayo, el ente rector de SIPPROINA aprobó el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” que establece las acciones y momentos en que deben actuar las instituciones públicas, y como se articulan en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones para garantizar a niñas, niños y adolescentes una vida sin vulneración a su integridad sexual, a través de 3 niveles de prevención y un nivel de atención integral.
20 En cuanto a la función receptora con la que cuenta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el art. 155 del CNNA establece que: “Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de niñas, niños o adolescentes, están obligado a denunciarlos, ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente”
21 Corte IDH Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, parr. 258.
22 Corte IDH Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, parr. 293.
23 Corte IDH Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de octubre de 2012, parr. 243.
24 Corte IDH Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, parr. 275.
26 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 100.
27 Parr. 150. En lo que respecta casos de alegada violencia sexual, la Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.
28 Corte IDH, Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 208.
29 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”
30 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.
Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”
“SENALAMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR SEGUIDA DE RECONSTRUCCION CASO: 201502022401557 Dentro del caso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO a instancias de WILMA CALDERON LIMACHI en contra de ELIANA SHIRLEY RAMIREZ, VLADIMIR GUSTAVO QUISPE CONDORI Y RUBEN EFRAIN ARANDA por el delito de LESIONES GRAVES Y LEVES, previstos y sancionados en el Art. 271 del Código Penal. Con la facultad conferida en el Art. 179 del C.P.P. el cual le concede la atribución al Ministerio Publico de promover LA AUDIENCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR SEGUIDA DE RECONSTRUCCION en ese sentido se programa la misma PARA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2024, A HORAS 14:00, para tal efecto el asignado al caso deberá notificar a todos los sujetos procesales sea en domicilio real o procesal, debiendo estar presentes los testigos que prestaron declaración si los hubiese y personal de Laboratorio de la FELCC, así como de los peritos asignados si fueron requeridos.
31 ¿Qué es la Cámara Gesell? Arnold Gesell de nacionalidad estadounidense y siendo médico pediatra y psicólogo de profesión, fue quien inventó ese dispositivo a tiempo de realizar diferentes estudios sobre el comportamiento de los niños. Diseño un domo, en el que, instaló cámaras de video, para ver desde el exterior lo que sucedía por dentro, y como paredes utilizó espejos de visión unidireccional, que son aquellos en los que, los niños se veían reflejados en el interior, pero desde el exterior, podía verse lo que sucedía en el domo; aquella infraestructura franqueo la posibilidad de que, el observador pudiera arribar a conclusiones sobre el comportamiento de los pacientes, sin ejercer ninguna influencia externa.
Actualmente y como se tiene instalada en diferentes espacios de los Tribunales Departamentales de Justicia a nivel nacional, la Cámara Gesell tiene dos ambientes que están separadas por un espejo de visión unidireccional. En el primer ambiente que es conocido como la sala de entrevista, ingresarán únicamente el psicólogo y la persona que será entrevistada, y de manera excepcional y con la debida autorización, podría ingresar un intérprete o traductor si el caso lo requiere para coadyuvar en la labor comunicativa del psicólogo. El segundo ambiente se denomina sala de observación, en él podrán ingresar todas las personas que presenciarán el actuado que vaya a desarrollarse, verbigracia, el anticipo de prueba, siempre y cuando tengan la autorización de la persona o autoridad que dirigirá la actividad. La Cámara Gesell en su infraestructura, además de contar con los dos ambientes, también debe estar debidamente aislada acústicamente para una óptima grabación de lo que sucede en su interior; y en cuanto a los equipos tecnológicos, tanto las cámaras de video como los micrófonos deben ser de última generación, para garantizar una grabación y posterior reproducción de alta calidad. Asimismo, en la sala de entrevista se debe contar con el mobiliario especialmente adecuado para el uso de niñas y niños. (MANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LA CÁMARA GESELL EN EL ÓRGANO JUDICIAL DE BOLIVIA,Gestión 2024, pag.8 a 9)
32 Artículo 11 del Código de Procedimiento Penal el cual refiere: “(Garantía de la Víctima). La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal, aunque no se hubiera constituido en querellante”. Modificado por la Ley No. 007 de 18 de mayo de 2010
33 Artículo 12 del CPP, el mismo indica: “(Igualdad).- Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten.”
34 Artículo 389 ter del Código de Procedimiento Penal, incorporada por disposición del Artículo 14 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, la cual refiere: ”(Urgencia y Ratificación) I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez. II. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de impuesta la medida, la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que la dispuso, comunicará a la jueza o juez de instrucción, a objeto del control de legalidad y su consiguiente ratificación, modificación o revocatoria. La jueza o el juez atendiendo a las circunstancias del caso, podrá resolver la cuestión en audiencia pública siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, en cuyo caso dictará la resolución dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la comunicación.
37 Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) La Corte IDH en el Caso Véliz Franco vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014, señaló que: “108. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. (…)
42 Problemas de relevancia que pueden existir cuando se tenga dudas sobre la norma aplicable, en los casos en los que existan lagunas o antinomias normativas, estas últimas que se presentan cuando dos normas del mismo sistema jurídico regulan un mismo supuesto de hecho de manera diferente e incompatible, casos en los que para decidir cuál es la normativa aplicable se debe recurrir a los tradicionales criterio de resolución de antinomia (criterio cronológico, jerárquico, especialidad y competencia).
43 El Código Niña, Niño y Adolescente determina: “ARTÍCULO 12. (PRINCIPIOS). Son principios de este Código: a) Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas; b) Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes”
44 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 49, párr. 144.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0754_2024-S1.pdf · páginas 1 a 102.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5f25a20485c61d1751d2f529034f5e7854da7f97e014f19349d1cf46c6ac8ffc
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