Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a los principios de celeridad, transparencia, legalidad, eficiencia e inmediatez vinculados al debido proceso; por cuanto habiéndose dispuesto, por parte del Juez demandado su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba y ordenado la remisión del expediente al juez de turno; sin embargo, hasta fecha de interposición de la acción de libertad transcurrió aproximadamente un mes sin que se hubiere elaborado el acta respectiva y remitido el cuaderno procesal al juzgado de turno, razón por la que se encuentra sin control jurisdiccional para poder llevar adelante cualquier trámite procesal respecto a su situación jurídica; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga la remisión inmediata del expediente al Juez de turno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 24 vta. a 27 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a José Hernán Gutiérrez Moscoso y Vianca Coca Claros, Juez y Secretaria, respectivamente, del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, bajo la modalidad innovativa, por haber incurrido en dilación injustificada, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a las autoridades demandadas, José Hernán Gutiérrez Moscoso y Vianca Coca Claros, Juez y Secretaria, del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2025-S3 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53467-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 24 vta., a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ruben Alberto Saavedra Zambrana en representación sin mandato de Ángel Vladimir Calle Muriel contra José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba y Vianca Coca Claros, Secretaria del referido Juzgado.
Por memorial presentado el 25 de enero de 2023, cursante de fs. 10 a 12 vta., el accionante señaló que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Faviana Lourdes Córdova Cardozo contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 16 de diciembre de 2022, el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, autoridad demandada, asumió conocimiento de la causa, debido a que se encontraba de turno por vacaciones judiciales. El 17 de diciembre de 2022, se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares en la cual, la autoridad demandada, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; sin embargo, desde la celebración de la audiencia de consideración de las medidas cautelares hasta la presentación de la acción de libertad no se elaboró el acta de audiencia y tampoco se remitió el expediente del proceso al Juzgado de Instrucción de Turno de Quillacollo del departamento de Cochabamba; habiendo transcurrido aproximadamente un mes sin que se haya remitido el expediente al Juez natural, no obstante que la autoridad demandada perdió competencia respecto a su proceso, dejándolo en total indefensión, toda vez que no cuenta con un Juez contralor de garantías al encontrarse impedido de accionar o presentar cualquier solicitud para asumir defensa, o recobrar su libertad.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y a los principios de celeridad, transparencia, legalidad, eficiencia e inmediatez vinculados al debido proceso, citando al efecto los arts. 23.I, 115.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad jurisdiccional demandada remita el expediente al Juzgado de Instrucción de turno de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a la brevedad posible.
Celebrada la audiencia pública de 26 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que, al haber concluido las vacaciones judiciales el 30 de diciembre de 2022 e iniciado las labores judiciales el 3 de enero de 2023, desde esa fecha la Secretaria del Juzgado de Turno se encontraba habilitada para remitir el expediente al Juzgado de Instrucción de Turno de Quillacollo, sin embargo, pese a los reclamos efectuados por su abogado y familiares, no se realizó la remisión correspondiente.
José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, a través del informe escrito de 26 de enero de 2023, cursante a fs. 21, y en audiencia de garantías, señaló que: a) Mientras se encontraba de turno por las vacaciones judiciales atendió las causas de todo el Valle Bajo, teniendo que resolver incidentes, cesaciones, medidas cautelares; además, conocer y sustanciar todas las causas en flagrancia con aprehendidos; b) Debido a ese turno cuenta con audiencias programadas de manera continua, habiendo realizado 165 audiencias sin suspenderse; c) Ordenó que por secretaría se elabore y se adjunten las actas correspondientes a los expedientes, así como la elaboración de las notas de cortesía de remisión a los juzgados titulares, siendo responsabilidad de la Secretaria la transcripción de las actas y la remisión de los cuadernos procesales; d) El 19 de enero de 2023, se firmó la nota de cortesía de remisión del expediente del impetrante de tutela, empero, el 25 de similar mes y año el personal de su Juzgado remitió el expediente al Juzgado de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Colcapirhua, -Juzgado de turno- cumpliéndose con la diligencia ordenada; y, e) Es de conocimiento de las partes, que su Juzgado se encontraba con un reporte clínico delicado de salud, con baja médica de su Secretaria y también de su Oficial de Diligencias por gestación, por lo que debería considerarse estas circunstancias más allá de los plazos específicos, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela. Vianca Coca Claros, Secretaria del Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: 1) Desde el 16 de noviembre, no especificó año, se encontraba con baja médica teniendo intervalos de descanso y regresó al trabajo, empero, pese a las consecutivas bajas efectuó los mayores esfuerzos para remitir y devolver los expedientes a todas las provincias; y, 2) El 25 de enero de 2023, dio cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, remitiendo el expediente al Juzgado de Colcapirhua Segundo del departamento de Cochabamba.
El representante del Ministerio Público en su calidad de tercero interviniente, en audiencia de garantías señaló que: i) Se debió agotar las instancias correspondientes ante la misma autoridad jurisdiccional; ii) El Juez de garantías debe tomar en cuenta la carga procesal del despacho, y verificar si el Juzgado contaba con todo el personal cuando se encontraba de turno de todo Valle Bajo; y, iii) Solicitó se emita una resolución conforme a las normas de procedimiento penal y convenciones internacionales.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 24 vta., a 27 vta., denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad no puede tutelar derechos subjetivos que no fueron reclamados oportunamente ante las instancias correspondientes o ante el mismo Juez accionado; b) No se acompañó prueba documental concerniente a alguna solicitud de cesación a la detención preventiva o algún otro acto investigativo, en consecuencia, el impetrante de tutela no asumió una actitud activa dentro de la tramitación de su causa; c) No todas las lesiones al debido proceso merecen protección a través de la acción de libertad, si no aquellas que tienen directa vinculación con la libertad personal por operar como causa de restricción, de tal forma que las lesiones al debido proceso que no se encuentren directamente vinculadas a la libertad física, deberán ser reclamadas a través de los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico brinda y agotados ellos acudir a la acción de amparo constitucional que es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; y d) Aceptar el reclamo vía acción de libertad, implicaría desnaturalizar las actuaciones de los jueces y tribunales ordinarios, autoridades que tienen competencia para ejercer el control del proceso.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal de 17 de diciembre de 2022, por el delito de violencia familiar o doméstica contra el impetrante de tutela, presentada por el Ministerio Público, dirigida al Juez de Instrucción Penal de turno del Valle Bajo del departamento de Cochabamba (fs. 2 a 5 vta.). II.2. A través de la providencia de 17 de diciembre de 2022, el Juez Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba a objeto de resolver la situación procesal del imputado, señaló audiencia para el 17 de diciembre de 2022 (fs. 6). II.3. Conforme acta de audiencia de acción tutelar tanto el Juez como la Secretaria -demandados- informaron que durante el turno de vacación judicial se llevó a cabo 165 audiencias pertenecientes a procesos de todo el Valle Bajo, ninguna de ellas suspendidas, que su Juzgado no contaba con el personal completo debido a las bajas médicas tanto de la Secretaria como de la Oficial de Diligencias, que pese a ello se remitió el expediente al Juzgado de turno (fs. 24), no se ha acompañado la prueba pertinente que permita evidenciar lo aseverado. II.4. Consta nota de remisión de expediente, de 19 de enero de 2023, elaborada por la Secretaria del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, dirigida al Juez Público de familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Colcapirhua del departamento de Cochabamba (fs. 22). Remitida el 25 de enero de 2023 (fs. 24 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a los principios de celeridad, transparencia, legalidad, eficiencia e inmediatez vinculados al debido proceso; por cuanto habiéndose dispuesto, por parte del Juez demandado su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba y ordenado la remisión del expediente al juez de turno; sin embargo, hasta fecha de interposición de la acción de libertad transcurrió aproximadamente un mes sin que se hubiere elaborado el acta respectiva y remitido el cuaderno procesal al juzgado de turno, razón por la que se encuentra sin control jurisdiccional para poder llevar adelante cualquier trámite procesal respecto a su situación jurídica; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga la remisión inmediata del expediente al Juez de turno. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Lo precedentemente expuesto, también fue desarrollado por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0 691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril9, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna 9El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
El rol del juez en cualquier proceso judicial es fundamental para la administración de justicia, su función se centra en garantizar que el proceso judicial se desarrolle de manera justa, eficiente y conforme a la ley, al respecto la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, refiriéndose al principio de dirección del proceso, concluyó lo siguiente:
[Al] respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar y ser los propulsores naturales del proceso.
10 La citada Sentencia en su fundamentación jurídica establece que “Mediante el principio de dirección judicial del proceso, se infiere que la autoridad judicial queda compelida a impulsar de oficio -cuando corresponda- el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales, expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia de buen derecho (Bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora). Siguiendo la tendencia moderna, el principio de la dirección judicial, convierte hoy en día al juez en una autoridad dinámica y no en un simple ‘convidado de piedra’’. Recogiendo este postulado, la Constitución Política del Estado, en su art. 115, haciendo armonía con la doctrina, precisa: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 8, referido a las garantías judiciales, dispone: ‘1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...’. Por otra parte, el art. 168 del CPP: señala: ‘…el juez o tribunal, de oficio a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido; así, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio de dirección procesal, de tal suerte que de oficio puede dar celeridad y adoptar las diligencias para mejor proveer, más aún cuando está de por medio la libertad.
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a los principios de celeridad, transparencia, legalidad, eficiencia e inmediatez vinculados al debido proceso, puesto que, habiéndose dispuesto mediante resolución de 17 de diciembre de 2022, su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, y la remisión del expediente al juzgado de turno, transcurrió aproximadamente un mes sin que se elaborara el acta y se remitiera el cuaderno procesal al referido juzgado, razón por la que se encuentra sin control jurisdiccional para poder llevar adelante cualquier trámite procesal respecto a su situación jurídica. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que, el 17 de diciembre de 2022, el Ministerio Público presentó ante el Juez de Instrucción Penal de Turno del Valle Bajo del departamento de Cochabamba, la imputación formal del impetrante de tutela por el delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1); celebrándose audiencia de medida cautelar el 17 de diciembre de 2022, por el Juez demandado, quien al encontrase de turno debido a la vacación judicial, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela (Conclusión II.2).
A partir de ello, se entiende que el control jurisdiccional de la causa penal seguida contra el accionante, por el periodo de vacación judicial se encontraba a cargo de la autoridad jurisdiccional demandada, una vez concluido dicho periodo, correspondía remitir el cuaderno procesal a la autoridad jurisdiccional competente. En ese sentido, tomando en cuenta que el periodo de vacación judicial concluyó el 30 de diciembre de 2022, el expediente debió ser remitido de manera inmediata los primeros días de iniciado el año judicial; sin embargo, conforme reconoció tanto el Juez demandado como la Secretaria del Juzgado, el expediente fue remitido al Juzgado de turno el 25 de enero de 2023 (Conclusión II.3), transcurriendo aproximadamente veintidós días desde la conclusión de la vacación judicial hasta la remisión del expediente en la mencionada fecha.
En ese sentido, la vulneración denunciada por el impetrante de tutela tiene directa relación con su libertad al encontrarse detenido preventivamente, motivo por el cual la autoridad jurisdiccional, debió considerar que la tramitación de procesos jurisdiccionales de personas privadas de libertad, como ocurre en el caso presente, conforme se ha establecido en el fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional deben ser tratadas con la mayor celeridad posible, evitando dilaciones innecesarias e injustificadas. En el caso particular, si bien el impetrante de tutela, no presentó ninguna solicitud ante la autoridad judicial que estuviere relacionada con su libertad (Conclusión II.6); sin embargo, resulta evidente que la no remisión inmediata ante el juez cautelar de turno, provocó que la causa penal del accionante estuviere sin control jurisdiccional, aspecto que incide en su libertad, toda vez que el expedite se encontraba con una autoridad que perdió la competencia para realizar el control jurisdiccional una vez concluida la vacación judicial.
Por otro lado, si bien es evidente que el expediente fue remitido el 25 de enero de 2023, no es menos cierto, que sí existió una demora aproximada de veintidós días en la remisión del cuaderno procesal al Juez de turno, situación que constituye una dilación indebida que ha tenido por consecuencia, la afectación del derecho a la libertad del accionante, debido a que esta demora impidió que el impetrante de tutela cuente con un Juez natural, que asuma competencia para realizar el control jurisdiccional de la etapa preparatoria y pueda efectuar ante esa autoridad las solicitudes que vea conveniente relacionada con sus derechos y garantías constitucionales. En ese sentido, corresponde a este Tribunal, advertir que a pesar de que el acto lesivo cesó, debido a que el expediente fue remitido el mismo día de haberse presentado esta acción de libertad; sin embargo, la remisión tardía no hace desaparecer la demora detectada, situación que permite aplicar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; que establece la viabilidad de la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo, puesto que lo que se pretende con este tipo de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objetivo de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales; que en el caso concreto es atribuible a los demandados, es decir, al Juez y Secretaria del Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba. Ahora bien, es evidente que la jurisprudencia constitucional ha establecido que excepcionalmente es posible flexibilizar los plazos de remisión, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, entendimiento jurisprudencial que exige el acompañamiento de los elementos probatorios que permitan a este Tribunal considerar las situaciones particulares que pueden justificar una demora. En el caso presente, la autoridad judicial demandada, alegó como justificación las recargadas labores desempeñadas durante la vacación judicial, las que impidieron remitir el expediente con la mayor celeridad, además, porque la Secretaria del Juzgado se encontraba con baja médica; sin embargo, dicha justificación no ha sido respaldada con la prueba pertinente que demuestre lo aseverado, aspecto que impide considerar la justificación alegada por la autoridad judicial demandada. Por otro lado, cabe señalar que acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados en la presente acción de defensa cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el presente caso, se advierte que la Secretaria codemandada, no dio cumplimiento inmediato a lo determinado en la Resolución de 17 de diciembre de 2022, que dispuso que una vez concluida la vacación judicial debía remitirse el expediente al juez cautelar de turno; por el contrario, dicha remisión se realizó veintidós días después de concluida la vacación judicial, conforme se ha señalado, omisión que permite concluir que la Secretaria codemandada inobservó sus funciones y obligaciones, al no dar cumplimiento inmediato a la instrucción que le fue impartida por el Juez de la causa. Tampoco es posible considerar las alegaciones realizadas por las Secretaria codemandada, relacionadas con su baja médica, por no haberse acreditado dicho extremo, para que este Tribunal pueda considerar las situaciones justificables de la demora evidenciada; en consecuencia, en mérito a que tampoco se ha adjuntado justificativo de las circunstancias que impidieron la remisión del cuaderno procesal dentro de un plazo razonable, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, debe tenerse presente que si bien la autoridad judicial demandada en su informe presentado en la audiencia de esta acción tutelar, trató de justificar su accionar alegando en, primer lugar, que ordenó a la Secretaria del Juzgado remita el expediente al Juez de Turno, siendo esta funcionaria la responsable de las remisiones, cabe aclarar que con relación a la falta de legitimación pasiva alegada por la autoridad demandada en sentido que en su condición de autoridad judicial únicamente tiene la responsabilidad de emitir resoluciones, siendo la remisión de actuados de exclusiva atribución de la Secretaria y del personal de apoyo, se tiene que, conforme el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, al ser el Juez el director del proceso, le corresponde como autoridad judicial realizar el control y supervisión del cumplimiento de las atribuciones y deberes que el personal de apoyo jurisdiccionales debe cumplir, aspectos que no fueron cumplidos por la autoridad judicial demandada, motivo por el cual también se concede la tutela. En consecuencia, corresponde conceder la tutela en su modalidad de acción de libertad innovativa, pues si bien los demandados ya remitieron los antecedentes al Juzgado Público de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Segundo de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, el acto lesivo existió, por la demora injustificada detectada. En consecuencia, el tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 26 de enero de 2023, cursante de fs. 24 vta. a 27 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada respecto a José Hernán Gutiérrez Moscoso y Vianca Coca Claros, Juez y Secretaria, respectivamente, del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, bajo la modalidad innovativa, por haber incurrido en dilación injustificada, conforme los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar a las autoridades demandadas, José Hernán Gutiérrez Moscoso y Vianca Coca Claros, Juez y Secretaria, del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa.
5 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
11 Sobre el particular se han pronunciado las Sentencias Constitucional Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entre otras, que entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación de medida cautelar y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede
exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0753_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 39de55e4e13595ecb6150316fe0a139d7b9431fff6668cdf41458d8160bf30e4
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