Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 11 de julio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al acceso a la justicia, a la protección por parte de los jueces a personas menores de edad, al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación, fundamentación, valoración de la prueba, a la igualdad, a la seguridad jurídica; y, al principio de presunción de inocencia; debido a que, el Juez demandado, a través de Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, dispuso su detención preventiva por ciento ochenta días en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento Santa Cruz, siendo que, al momento de la comisión del presunto hecho ilícito, tenía trece años y siete meses, por lo que debió ser procesado bajo el procedimiento penal especial para adolescentes, conforme a los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Exhortar a Gabriela Salas Etcheverry, Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2025-S2 Sucre, 11 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53380-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camata Mamani en representación sin mandato de Jherson Riveros Ibarra contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal de la Guardia en suplencia legal de su similar de El Torno del departamento de Santa Cruz; y, José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 6 a 9 vta.; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño o adolescente; conforme a la denuncia y a los antecedentes de la investigación, el supuesto hecho ocurrió cuando tenía trece años y siete meses de edad, y la presunta víctima, nueve; por lo que, ambos eran menores al momento de ocurrido del hecho; no obstante, a pesar de su condición de menor de dieciséis años al momento de los hechos, José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia -codemandado-, el 14 de septiembre de 2022, lo imputó como si fuera mayor de edad y, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia en suplencia legal de su similar de El Torno del departamento de Santa Cruz, desconociendo dicha circunstancia, por Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz por ciento ochenta días, medida que contraviene lo dispuesto por los arts. 7, 261 y 262 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), que establecen expresamente la aplicación de un procedimiento penal especial para adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, de la imputación formal y del informe psicológico preliminar, se tiene que los hechos ocurrieron en el municipio de Mairana del departamento de Santa Cruz, lo cual implica que, las autoridades demandadas no contaban con competencia territorial para conocer la causa; sumado a ello, el Auto Interlocutorio impugnado adolece de falta de motivación, fundamentación y congruencia. Finalmente, en relación con el principio de subsidiariedad aplicable a las acciones de defensa, conforme a la SCP 0208/2014 de 5 de febrero, tratándose de casos que involucran a niños, niñas o adolescentes, no se exige el agotamiento previo de mecanismos ordinarios, por lo que, en atención al carácter preferente de sus derechos, resulta plenamente procedente la interposición directa de la presente acción de libertad.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al acceso a la justicia, a la protección por parte de los jueces a personas menores de edad, al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación, fundamentación, valoración de la prueba, a la igualdad, a la seguridad jurídica; y, al principio de presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 21.7, 23.I, II y III, 59.I, II y V, 60, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se anule el Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, pronunciado por el Juez demandado, restableciendo su derecho a la libertad y dejando sin efecto la imputación realizada por el Fiscal de Materia codemandado, con la finalidad de que sea juzgado conforme al Código Niña, Niño y Adolescente.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia, se ratificó en el contenido del informe escrito presentado -mismo que no cursa en el expediente-, manifestando que: a) Si bien la presunta víctima dentro del proceso afirmó ser abusada inicialmente a los nueve años, en su entrevista psicológica declaró que la última agresión ocurrió cuando tenía trece años, lo que permite inferir que el accionante ya contaba con dieciocho años al momento de esa última agresión y, por tanto, era plenamente imputable; b) Con base en una valoración integral de los elementos expuestos en audiencia cautelar, se actuó conforme al procedimiento penal ordinario, y que, tanto el Ministerio Público como el Juez demandado, respetaron los derechos fundamentales de las partes; y, c) La entrevista psicológica de la menor presenta un “principio de verdad”. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal de la Guardia en suplencia legal de su similar de El Torno del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito, el cual no consta en el expediente.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 21/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) En la presente acción de libertad, se remitieron tanto los actuados del cuaderno de investigación como los informes presentados por las autoridades demandadas, adjuntando la documentación de pruebas correspondientes; además, a través de su abogado, el impetrante de tutela argumentó que, al momento de los hechos era menor de edad, por este motivo, sostiene que no debería ser juzgado en la jurisdicción ordinaria como adulto, sino en la jurisdicción especial para menores; sin embargo, al revisar la documentación remitida por las autoridades demandadas, se observa un informe de entrevista psicológica preliminar a la víctima dentro del proceso penal de referencia, quien nació el 7 de febrero de 2005; en dicha entrevista, la psicóloga le preguntó si los abusos ocurrieron desde que tenía nueve hasta los trece años, a lo que ella responde afirmativamente, esto significa que los hechos presuntamente ocurrieron hasta el 2018, cuando la víctima tenía trece años; 2) Se presentó la cedula de identidad del accionante, nacido el 13 de septiembre de 2000; por lo que, el 2018 ya tenía dieciocho años, es decir, era mayor de edad en el momento en que la víctima refiere que ocurrieron los últimos hechos; 3) No debe dejarse de lado el principio de veracidad que rige cuando un menor de edad declara, según lo establece el Código Niña, Niño y Adolescente; no obstante, también se verificó que no se vulneren los derechos del impetrante de tutela, asegurando que sea juzgado en la jurisdicción competente; 4) Al revisar el acta de audiencia de medidas cautelares, se constata que no se presentó apelación para que la resolución fuera revisada; en consecuencia, al no recurrir, el impetrante de tutela convalidó la decisión tomada en dicha audiencia; y, 5) Las autoridades demandadas observaron y revisaron que no se estuvieran vulnerando los derechos del accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento Conclusivo de Imputación Formal de 14 de septiembre de 2022, emitido por José Heraldo Tarqui Flores, Fiscal de Materia -codemandado-, contra Jherson Riveros Ibarra -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación a niño, niña y adolescente, en el que solicita la detención preventiva del prenombrado en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por el plazo de ciento ochenta días (fs. 1 a 4 vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al acceso a la justicia, a la protección por parte de los jueces a personas menores de edad, al debido proceso en sus elementos congruencia, motivación, fundamentación, valoración de la prueba, a la igualdad, a la seguridad jurídica; y, al principio de presunción de inocencia; debido a que, el Juez demandado, a través de Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, dispuso su detención preventiva por ciento ochenta días en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento Santa Cruz, siendo que, al momento de la comisión del presunto hecho ilícito, tenía trece años y siete meses, por lo que debió ser procesado bajo el procedimiento penal especial para adolescentes, conforme a los arts. 7, 261 y 262 del CNNA; es así que, fue imputado como si fuera mayor de edad, situación que evidencia un actuar ilegal y arbitrario por parte de las autoridades demandadas, al margen de evidenciarse la falta de competencia territorial de ambas y una carencia de motivación y fundamentación del mencionado Auto Interlocutorio. Ante ello, el Fiscal de Materia codemandado señala que, según la entrevista psicológica de la presunta víctima, la última agresión ocurrió cuando ella tenía trece años, lo que indica que el impetrante de tutela ya tenía dieciocho años al momento de la comisión del presunto hecho ilícito y, por tanto, era imputable como adulto, justificando el uso del procedimiento penal ordinario y asegurando que se respetaron los derechos fundamentales del prenombrado.
Por su parte, el Juez demandado, de acuerdo a los datos contenidos en el acta de audiencia de garantías, presentó informe escrito, mismo que no cursa en el expediente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “…existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida”.
En desarrollo de este entendimiento, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, mencionando la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que a su vez moduló y complementó la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, señaló que: “‘…en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”.
En el presente caso, el accionante, a través de su representante sin mandato, cuestiona el Auto Interlocutorio de 16 de septiembre de 2022, por el cual se dispuso su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, en el marco de una investigación penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño o adolescente. El agravio principal radica en que, al momento del hecho investigado, contaba con trece años y siete meses de edad, por lo que debió ser procesado mediante el procedimiento penal especial establecido en el Código Niño, Niña y Adolescente; en ese contexto, cuestiona la actuación de las autoridades demandadas, argumentando que ambas carecían de competencia. Por su parte, el Fiscal de Materia codemandado alega que, según la entrevista psicológica preliminar a la presunta víctima, la última agresión ocurrió cuando ella tenía trece años, lo que indica que el impetrante de tutela ya tenía dieciocho años al momento de la comisión del presunto hecho ilícito y, por tanto, era imputable como adulto, justificando el uso del procedimiento penal ordinario.
Lo referido afecta a la procedibilidad de la acción de libertad, pues si bien, conforme a la jurisprudencia constitucional, es procedente esta acción respecto a menores de edad, conforme señala la SCP 0292/2012 de 8 de junio: “…sólo podrá otorgarse la tutela que brinda esta acción de defensa cuando la vulneración o amenaza de restricción sea constatada por el juez constitucional, por ser manifiesta, a contrario sensu cuando éste examine que dichos actos no existen, o que sólo encuentran resguardo en la psique de quien se considera ilegalmente perseguido o privado de libertad sin que existan actos manifiestos que permitan llegar a la misma conclusión de quien presenta la acción de libertad no podrá otorgarse la tutela. Ahora bien, el razonamiento precedentemente señalado permite su flexibilización cuando el mismo va a ser contrastado en escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta, que el principio favor debilis, aplicable en virtud de lo previsto en los arts. 13.IV, 256 y 410.I de la CPE, obliga a considerar con especial atención a la parte que, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones, o dicho de otro modo no se encuentra en igualdad de condiciones con la otra, tales los casos de los grupos de prioritaria atención como son los niños, las mujeres, las personas con capacidades especiales, comúnmente conocidas como personas con discapacidad, el adulto mayor, los pueblos indígenas, entre otros, que por su carácter de desigualdad merecen un trato diferente, que permita nivelar y atender sus condiciones, entendiendo sus situaciones específicas y particulares que por sus grados de vulnerabilidad manifiesta merecen una protección diferenciada”. En ese sentido, se tiene que dicha jurisprudencia no es aplicable al caso concreto, en la medida en la que la probabilidad de autoría es un aspecto que corresponde determinarse por la autoridad competente que cuente con etapa probatoria amplia; pero, además, y sobretodo, a tiempo de interponerse la acción de libertad, el accionante ya contaba con la mayoría de edad, lo que hace inviable prescindir de la subsidiariedad que rige su trámite.
En ese contexto, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el ordenamiento procesal penal contempla recursos expeditos para resguardar los derechos del accionante; por lo que, en tanto no se hayan utilizado estos mecanismos, esta jurisdicción constitucional no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, ya que el impetrante de tutela no utilizó el recurso de apelación previsto legalmente, lo cual impide el análisis material del caso, debiendo considerarse que el referido Auto Interlocutorio podía ser cuestionado mediante los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico penal. Por ello, si el impetrante de tutela consideraba que dicha Resolución de medidas cautelares vulneraba sus derechos fundamentales, contaba con un recurso idóneo y eficaz como es la apelación incidental, regulada en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, en lugar de agotar este medio, optó por acudir directamente a la vía constitucional, desnaturalizando el carácter excepcional y subsidiario de la acción de libertad, que no puede operar como una instancia paralela o sustitutiva del sistema ordinario de impugnación judicial; ante ello, corresponde denegar la tutela solicitada.
Resuelta como se encuentra la causa, corresponde referirnos a la actuación de la Jueza de garantías, ya que, de acuerdo al contenido del acta de audiencia de la presente acción de tutela, las autoridades demandadas habrían presentado sus informes escritos, los cuales fueron leídos en dicho acto; empero, los mismos no constan en el expediente remitido en revisión, contándose únicamente con la transcripción realizada sobre lo manifestado por el Fiscal de Materia codemandado, denotando ello una negligencia en la tramitación de esta acción de defensa, y que, eventualmente, de haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada, hubiera conllevado a requerir la documentación extrañada, generando actuaciones contrarias a los principios de celeridad y concentración que rigen a la justicia constitucional. En función a los aspectos referidos, se exhorta a la Jueza de garantías que, para futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión; es decir, se cumpla con el debido proceso constitucional en el marco de lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/22 de 15 de octubre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Exhortar a Gabriela Salas Etcheverry, Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0753_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8318bba935b6a3f7ecbe12e2e09e4d5d1f27326b177ec7e019be872dad373bcb
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