Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 31 de diciembre de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia que las autoridades originarias del Suyu Jatun Killacas Asananaqi “Jakisa” y personas demandadas “familia Ríos Ignacio” lesionaron sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, a la vida, a la petición, a la integridad física y a la vivienda, porque: a) Teófilo, Primo, Martin y Moisés todos de apellidos Ríos Ignacio, después del fallecimiento de su tío José Mariño Mallcu el 16 de abril de 2017, avasallaron sus tierras de pastoreo en la “Estancia Mariño”, del ayllu Segundo Collana de la Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, sobre la cual tiene derecho propietario como efecto de la declaratoria de herederos emitida sobre el cujus procediendo a sembrar quinua y colocando palos alrededor del predio; empero, los demandados queriendo apropiarse del mismo entraron a su propiedad; b) Habiendo presentado la denuncia por avasallamiento ante las autoridades originarias del Suyu Jatun Killaka Asanaqui, Jakisa Challapata, contra Teófilo, Primitiva, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, la denuncia nunca tuvo respuesta favorable de parte de las autoridades demandadas, vulnerando su derecho a ser escuchado y decir su verdad sacaron una Resolución 01/2015 en base a un supuesto acuerdo entre la familia “Huarachi Marino” y Familia “Ríos Ignacio” acuerdo en la cual no participaron; c) Posteriormente, las autoridades demandadas emitieron la Resolución 6/2017 anulando la Resolución 01/2015, ratificando que Prima Huarachi Marino es comunaria y legitima poseedora del terreno de la “Estancia Marino” al haber demostrado su descendencia de su abuelo …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 123/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 491 a 498, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2024-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50813-2022-102-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 123/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 491 a 498, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Prima Huarachi Mariño de Mendoza contra Andrés Choque Morales, Tata Arquiri Mallku, Santusa Quispe Colque, Mama Arquiri Mallku, Ernesto Mamani Acha, Jacha Mallku, Luis Acha Toroya, Tata Yaty Mallku, Petrona Flores Chiri, Mama Yasty Talla, Alejandro Cruz, Jiliri Mallku, Melisa Barrera Choqueticlla, Mama Jiliri Mallku e Irma Blanco Qutuchiri todos autoridades Originarias Suyu Jatun Killacas Asanaqi, Jakisa de Challapata; y, Primitivo, Martin, Teófilo y Moisés todos Ríos Ignacio.
Por memoriales presentados el 16 y 23 de septiembre de 2022, cursante de fs. 341 a 348; y, 352 a 354, la accionante expresó lo siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 29 de septiembre de 2013, su persona acudió ante las autoridades Originarias de Quillacas, -ahora demandados- denunciando a la “familia Ríos” sobre el apropiamiento de sus tierras pero nunca fue escuchada porque siempre decían que solamente era yerno su esposo, presentó notas, pero sin respuesta a las mencionadas autoridades originarias desconociendo la propiedad ancestral que detenta sobre los terrenos denominados “Estancia Mariño”, ubicado en Wila Jahuira, Ayllu Collana II, Cantón Quillacas, Provincia Avaroa del departamento de Oruro, predios en los cuales desarrolla actividades agrícolas y ganadera ovina, dicha familia hicieron desaparecer todas las piedras del patio sin respetar a los animales, para consumar el avasallamiento vulnerando todos sus derechos, en reiteradas oportunidades efectuando reclamos pertinentes ante la comunidad de Quillacas y sus autoridades originarias suyo del Jatun Killaka Asanaqui, Jakisa Challapata. Ante la denuncia de avasallamiento cometida por Teófilo, Primitivo, Martin Ignacio y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, las autoridades originarias en audiencia de 20 de noviembre de 2015, la parte accionante refirió que el terreno objeto de la controversia fue otorgado por su tío, mientras que los demandados manifestaron que el mismo pertenecía a su abuelo; sin embargo, nunca demostraron documentalmente. Una vez que revisaron las autoridades los documentos presentados por ambas partes quedó en Acta las conclusiones a las que arribaron las autoridades originarias, arribando a la conclusión que la Sayaña de pastoreo ubicado en la “Estancia Mariño”, perteneció a José Mariño Mallcu (fallecido), declarándose heredera. Las autoridades originarias de ese entonces emitieron la Resolución “01/2015” reconociendo que la familia Mariño tiene documentación; empero, las mismas no constituyen documentos concluyentes, llegando a parcializarse estas autoridades dividiendo la propiedad; por lo que, presentó nota a las Autoridades Originarias de Quillacas solicitando la reconsideración, alegando entre los motivos centrales que: “1) El acta de 20 de noviembre de 2015 no fue firmada por Eleuterio Mendoza Calizaya, tampoco por Prima Huarachi Mariño, José Mariño Mallco, por no estar de acuerdo con el reconocimiento como comunaria Prima Huarachi Mariño del Ayllu Collana II, Estancia Mariño de Collana II; 2) La señora Prima Huarachi Mariño nunca fue citada para ningún acto procesal a convocatoria de las autoridades de Jakisa; 3) Prima Huarachi Mariño nació en el lugar y poseyó el terreno y realizó tareas de sembradío, efectuando el rayado de la Estancia Mariño de forma correcta” (sic). Nota que fue respondida por las AUTORIDADES ORIGINARIAS SUYO JATUN KILLAKA ASANAQUI, JAKISA CHALLAPATA el 20 de septiembre de 2016, señalando que en la audiencia se dio oportunidad a ambas partes de aclarar y justificar con documentación los reclamos, siendo leída su solicitud de reconsideración en una reunión donde las autoridades decidieron que carecía de justificativo suficiente, concluyendo que el caso era cosa juzgada. Sin embargo, en septiembre de 2018, apareció sembrado, por los ahora codemandados, quienes no viven en el lugar de la comunidad, el cuarto pequeño que ellos construyeron el 2014, se encuentra deshabitada llegando de vez en cuando. Después del fallecimiento de su tío José Mariño Mallcu titular de dichas tierras -el 16 de abril de 2017-, empezaron los avasallamientos de sus tierras de pastoreo, teniendo la declaratoria de herederos de la superficie total de 154.132 has, y otras propiedades de la localidad de Quillacas, denominado Estancia Mariño, Ayllu Collana II, Cantón Quillacas, Provincia Avaroa del departamento de Oruro y que desde sus tatarabuelos gozaron de las tierras cumpliendo con todos los usos y costumbres.
Las tierras que ocupan hace muchos años es por derecho sucesorio, en forma pacífica y en lo proindiviso, el terreno denominado “Estancia Mariño” Wila Jawira, de la provincia Avaroa del departamento de Oruro, tiene una superficie total de “157 has” y otras propiedades. El Jiliri Mallku de Santuario de Quillacas de manera parcializada el 9 de junio de 2017 emitió la Resolución 6/2017 de 9 de junio, anulando la Resolución “01/2015” donde reconoce que Prima Huarachi Mariño es comunaria legítima poseedora del terreno de “Estáncia Mariño”, al haber demostrado su descendencia desde sus abuelos, según empadronamiento y contribuciones pagadas; instruyendo a Teófilo, Primitivo, Martin y Moisés de apellido Ríos Ignacio, respetar los mojones rayados de la “Estancia Mariño” y, en caso de incumplimiento, ejecutar esa determinación con auxilio de la fuerza pública con remisión dé antecedentes ante el Ministerio Público; disponiendo que, la precitada Resolución sea puesta a conocimiento de todos los habitantes del Ayllu Collana II. Como medida de diligencia preparatoria de demanda el 6 de enero de 2019 realizaron la petición al Juzgado Agroambiental de la Localidad de Challapata la inspección judicial y técnica y, exhibición de documentos; por lo que, los demandados alegaron tener derecho propietario presentando un plano de fraccionamiento geo referenciado de los terrenos en la gestión 2017, sin embargo esta documentación no tiene sustento legal tampoco histórico, ni mucho menos está registrado en INRA, fueron realizados de manera privada y son completamente falsos, siempre se pidió a las autoridades que se exija documentación a la “familia Ríos” para demostrar sus pretensiones pero hasta la fecha nunca presentaron documento alguno sosteniendo que el terreno objeto de la controversia pertenecía a su abuelo . Posteriormente, Ricardo Choque Cirque, Jiliri Mallku del Suyo Jatun Killaka Asanajaqi "Jakisa" y otros por nota de “ 12 de septiembre de 2019” subieron en Consulta la Resolución 001/2019 de 10 de enero, en la que se consigna de manera abusiva unilateral, arbitrariamente el nombre “FLORECITA MARIÑO” siendo registrado en el INRA; sin embargo; el nombre verdadero es “ESTANCIA MARIÑO”, despojándola de sus terrenos en un 50 %, aproximadamente 77 ha, siendo víctima de las autoridades y también de la “familia Ríos” al no ser tomada en cuenta como heredera de los terrenos ancestrales y tampoco fue notificada. Por último, fue notificada el 18 de agosto y 13 de septiembre de 2022 para una audiencia de posesión de la fracción que fue dividida; por lo que, presento memorial solicitando suspender la audiencia, pero fue negado la recepción por las autoridades indígena originarias de Jakisa de Challapata consolidando de esta forma abusiva, amañada, afectando sus derechos constitucionales.
Considera lesionados sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, a la vida y a la petición la integridad física y a la vivienda, citando al efecto los arts. 17 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela y se ordene: a) El desalojo voluntario; b) Cese de todas las medidas de hecho de avasallamiento; c) Se proceda a la intimación de desalojo inmediata de su propiedad; d) La paralización y suspensión de todo tipo de trabajo; y, e) Sea con la imposición de costas y daños. 2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional La audiencia pública se realizó el 3 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 484 a 490, produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, en audiencia de acción de amparo constitucional señaló que: 1) La vulneración de sus derechos empezó desde el 29 de septiembre de 2013 la familia “Ríos Ignacio”, siempre trato de posesionarse del 50% de sus terrenos; por lo que, realizó las denuncias enviando notas en reiteradas veces a las autoridades originarias de ese entonces pero nunca fue escuchada; 2) La Resolución “01/2015” hace referencia que hubo un acuerdo entre partes por lo que presentó notas ante las autoridades de Killakas y posteriormente a las autoridades de Jakisa, llegando anular ésta resolución el “2017”, pero las autoridades originarias de ese entonces no dieron mucha importancia por lo que continuaron con el avasallamiento la familia “Ríos Ignacio”; 3) De la documentación histórica y legal en la “Sentencia de 1976”, la “Estancia Mariño” está conformado por la familia Mariño, Asunta Mallcu Vda. de Mariño, José Marino Mallcu, María Mariño Mallcu, Vicenta Jallasa Mariño, siendo los actuales dueños de la “Estancia Mariño”, Wila Jahuira del Ayllu Collana 2 del Cantón Killakas de la provincia Avaroa del departamento de Oruro; por lo que, José Mariño Mallcu, (tío) falleció el 2017, empero ella tenía un testamento abierto a su favor desde el 2011; y, 4) El 2018 los codemandados concretan el avasallamiento de las 77 hectáreas aproximadamente enviando notas tanto a las autoridades de Jakisa como a Killakas sin obtener ninguna respuesta favorable.
Andrés Choque Morales, Tata Arquiri Mallku, Santusa Quispe Colque, Mama Arquiri Mallku, Ernesto Mamani Acha, Jacha Mallku, Luis Acha Toroya, Tata Yaty Mallku, Petrona Flores Chiri, Mama Yasty Talla, Alejandro Cruz, Jiliri Mallku, Melisa Barrera Choqueticlla, Mama Jiliri Mallku e Irma Blanco Qutuchiri todos del Gobierno Originario Suyu Jatun Killacas Asanaqi, presentaron su informe oral en audiencia, a través de su abogado señalando que: i) Con referencia a que no se hizo ninguna acta, es falso, la Resolución 001/2019 en la parte resolutiva mencionan el 50% para la “familia Ríos” y 50% para la “familia Huarachi” el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0064/2019-S4 de 12 de septiembre, “confirma”, sobre la sanción, y en caso de desobediencia, la remisión al Ministerio Público, de conformidad al art. 183 del Código Penal (CP); ii) Posteriormente, “en abril” presentaron un interdicto de recobrar la posesión ante el Juez Agroambiental; empero, las autoridades indígenas originarias interpusieron un conflicto de competencia jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional dando la competencia a la justicia indígena originaria; y, iii) Como autoridades indígena originario lo único que hicieron es hacer cumplir la declaración constitucional. Martín, Primitivo, Teófilo y Moisés todos de apellidos Ríos Ignacio, en audiencia a través de su abogado refirieron que: a) La accionante alude a una serie de antecedentes presuntamente históricos o ancestrales sobre la tenencia o posesión de determinadas tierras que tuvieran en la jurisdicción de la Nación Originaria Suyu Jatun Killacas Asanajaqi y que los ahora codemandados, estuvieran avasallando el 50% de su propiedad; empero, no fue identificada que parte; b) La Resolución 001/2019 emitida por las mencionadas autoridades, resolvió los conflictos entre la “familia Ríos” y la familia “Mariño” -ahora accionante-, en dicha Resolución el lugar denominado “Florcita Mariño” es el lugar de conflicto, se divide “Fracción B1” y “Fracción B2”, el cual incluyó colindancias, ubicación, superficie y la sanción en caso de que alguna de las partes no acate o cumpla con esta decisión; c) El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante DCP 0064/2019-S4, señaló que las decisiones adoptadas por las autoridades originarias son plenamente aplicables, es decir que coinciden con las normas fundamentales de la Constitución Política del Estado, especialmente en cuanto a la sanción con ganado y al juramento decisorio y todo cuanto se había resuelto en aquella decisión, incluyendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público en caso de incumplimiento por cualesquiera de las partes; dicho de otro modo, la Resolución 001/2019, tiene toda la constitucionalidad necesaria; d) Mediante Acta de 22 de septiembre de 2022 en cumplimiento de esos antecedentes que determinó que la familia Ríos tome posesión de la fracción que fue dividida con pleno conocimiento de ambas partes, elaborando un plano demostrativo; e) La parte accionante interpuso ante la judicatura agroambiental el reclamo sobre el avasallamiento; por lo que, las autoridades originarias plantearon la competencia de dicha jurisdicción, el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante SCP 0023/2021 de 1 de abril, declaro competente a la Nación Originaria Suyu Jatun Killakas Asanajaqi, en tal virtud tiene calidad de cosa juzgada, las autoridades originarias resolvieron el conflicto; y, f) La parte accionante hizo referencia al avasallamiento que atenta contra el derecho a la propiedad, cosa que no es evidente, porque en materia de terrenos originarios indígena campesinos no hay propiamente una especie de propiedad absoluta e individual ya que son tierras colectivas, de uso de una nación ancestral y dentro de ese ámbito son las autoridades originarias las que tienen plena competencia para resolver problemas de esta índole; por lo que, no hay título de propiedad, ni registro en Derechos Reales (DD.RR.).
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 123/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 491 a 498, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La parte accionante negó que se hubiera llegado a un acuerdo mostrando su disconformidad con la Resolución “01/2015”, por acreditar su derecho propietario por sucesión hereditaria, estableciendo una suerte de colusión, entre las autoridades originarias campesinas y los ahora codemandados -familia Ríos-, presentando varias denuncias incluso penales, que la “familia Ríos” no tuviera el derecho propietario sobres estos terrenos; ii) Las autoridades originarias emitieron la Resolución 06/2017, que dejó sin efecto la Resolución “01/2015” de 20 de noviembre, donde se estableció la división terrenos en un 50% para ambas familias Mariño y Ríos; iii) Los fundamentos de estos actuados fueron el desconocimiento de “Sr. Eleuterio”, al ser yerno de la familia y no el descendiente, en consecuencia este fue otro elemento que consideran negativo para sus pretensiones, sobre estos hechos habrían formulado una demanda, ante el “juzgado agroambiental” en conocimiento de la Resolución “01/2015” haciendo conocer determinados actos que los han especificado; en audiencia del 20 de septiembre de 2016, se dio oportunidad a ambas partes de aclarar y justificar con documentación sus puntos, leída la solicitud de reconciliación en una reunión donde las autoridades decidieron que carecía de justificativo suficiente, concluyendo que el caso era cosa juzgada; iv) En el proceso de interdicto de recobrar la posesión las autoridades originarias plantearon el conflicto de competencias, determinándose la competencia de estas autoridades; v) Se realizó una consulta sobre la Resolución 01/2019 de 10 de enero, siendo el consultante Ricardo Choque, Mallku de Suyo y otros, esta Resolución emitida por las autoridades originarias de Jakisa, fue de manera abusiva, unilateral, arbitrariamente en la que aumentaron el nombre de “Florcita” según la denuncia la accionante donde refiere que no tienen documentación fehaciente e idónea de la titularidad de los terrenos, por lo que considera como actos indebidos, denunciando que mediante medidas de hecho habrían limitado su derecho a la propiedad, al trabajo y a la petición; vi) Los presupuestos para una medida de hecho, se traduce en una simple frase: "Justicia por mano propia", es decir que para activar una medida de hecho no tiene que haber ningún procedimiento, ni administrativo, ni judicial, indígena originaria campesina, tiene que ser una medida arbitraria, por la fuerza, sin justificativo alguno; vii) En el presente caso, existe un procedimiento interno, emergente de la propia naturaleza jurídica de la jurisdicción indígena originaria campesina que puede ser verbal, no es necesariamente escrito, en consecuencia la medida de hecho no fue justificada; viii) El otro componente de la medida de hecho es la existencia de daño irreparable e irreversible, la accionante no identifica, la parte del 50% que va perder de lo que considera su propiedad; ix) Con respecto al derecho al trabajo, si bien es cierto que tiene incidencia con respecto a la vida y subsistencia de todos sus dependientes, no solamente del accionante; sin embargo, no se manifestó como se lesionó el derecho al trabajo puesto que no manifiesta si lo que se habría presuntamente avasallado es todo el terreno o solamente una parte; x) Con respecto al derecho a la petición se menciona que se presentó notas, peticiones que nunca fueron atendidas, sin embargo, no precisa en que momento, forma y cuáles eran sus connotaciones; xi) Al no haberse acreditado la existencia de una medida de hecho que resulte relevante como para atender, prescindiendo todos los formalismos de la acción de amparo constitucional y que haga aplicable la subsidiariedad o el principio de inmediatez, como tampoco se acreditó la relevancia constitucional; es decir, no cumple con esos presupuestos para ser tutelable la misma; y, xii) En relación a la DCP 0064/2019-S4, no constituye una ratificación de la legalidad de la Resolución 01/2019, lo único que ésta declaración constitucional hizo es un estudio pormenorizado de acuerdo a la cosmovisión de la naturaleza de estas acciones y de la propia comunidad estableciendo que es aplicable la sanción en cabezas de ganado, el juramento decisorio como elemento que ayude a poner fin o resolver un proceso de esta naturaleza y la aplicabilidad de la posibilidad de remitirse antecedentes al Ministerio Público ante el incumplimiento de las decisiones adoptadas.
Por Decreto Constitucional de 10 de julio de 2024, cursante a fs. 502, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 30 de diciembre de 2024 a fs. 590; por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Acta de Buena Conducta de 21 de noviembre de 1987 suscrita entre Martin Huarachi, María de Huarachi, Asunta Vda. de Mariño y José Mariño y por otra parte Primo Ríos Ignacio, Teófila Ríos, Martin Ríos y Moisés Ríos más sus esposas y Francisca Ríos Cruz, ambas familias se comprometieron de mutuo acuerdo qué partir de la fecha a vivir como una sola familia y colaborarse sin rivalidad y a no tener riñas, en caso incumplimiento tendrán una sanción de Bs700.- (setecientos bolivianos) (fs. 136 a 137 vta.) II.2. Mediante Testamento abierto de 2 de marzo de 2011, que otorga José Mariño Mallcu a favor de su sobrina Prima Huarachi Mariño de Mendoza -ahora accionante- ante el Notario de Fe Pública de Primera Clase Veinte del departamento de Oruro, que en su cláusula Tercera hace mención que ninguno de los Comunarios de la localidad de Quillacas tienen Títulos Ejecutoriales por tanto es poseedor de dicho terrenos, por herencia desde sus abuelos, terrenos ubicados en la Localidad de Quillacas, teniendo una superficie total de 15.490 m, siendo dieciséis parcelas en su totalidad. “sus colindancias en forma global al Norte con Eleuterio Huaylla, al Sud con Doroteo Jallasa, al Este con la Familia Choqueticlla, y al Oeste con la Familia Mallcu; así también, se declaró de otras propiedades (fs. 28 a 29 vta.]).
habiendo recibido la denuncia de parte de la familia Ríos de la estancia Ventilla Florcita del Ayllu Collana, del abuso y desconocimiento de sus derechos sobre las tierras de dicha estancia, por algunos miembros de la familia Mariño Huarachi de la misma estancia los mismos que son tierras comunitarias de origen, solicitan sea tratado en un Magno Cabildo para buscar una solución definitiva; por lo que, se consideró que existe un acta de buena conducta ante las Autoridades de 21 de noviembre de 1987, firmado por ambas familias ante los siguientes Autoridades: Silvano Ríos Mendoza, Corregidor, Primitivo Jallaza, Juez de 1ra Cuantía; Wilfredo Aguilar CH., Hilacata Cobrador, y Ambrosio Tito, Alcalde Cobrador, en este documento señala la vivencia pacífica y el usufructo de los terrenos de manera compartido. Que, según los usos y costumbres para poseer las tierras comunitarias de originarias, las y los hermanos quillacaseños deberán cumplir con todas las obligaciones y deberes de la población, tales como: ejercer los cargos de autoridad, fiestas, trabajos comunitarios, y otros determino:
RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Se ratifica la legalidad del acta de entendimiento entre las dos familias de la estancia Ventilla Florcita, de fecha 21 de noviembre del año 1987, el contenido del mismo debe ser respetado en su integridad por ambas comunidades por ser un documento legal suscrito ante las autoridades Originarias de ese entonces. ARTÍCULO SEGUNDO.- El usufructo de los terrenos de dicha estancia, deberá ser planificado por ambas familias, que los mismos hermanos deberán cumplir con todos los deberes y obligaciones del pueblo. ARTICULO TERCERO.- Quedan encargados del cumplimiento de la presente RESOLUCIÓN Todas las Autoridades y población en general de Santuario de Quillacas de la provincia Eduardo Avaroa. Municipio santuario de Quillacas (sic) (Fs. 137 y vta.). II.4. Cursa Acta de Entendimiento de 24 de junio de 2013, suscrita entre Prima Huarachi Mariño de Mendoza y otro, así como por Teófilo, Primitivo, Martín Tomas y Moisés, todos Ríos Ignacio y otros, celebrado en el “…salón de Reuniones de las Autoridades Originarias de Santuario de Quillacas capital de la Segunda Sección Municipal de la Provincia Avaroa del Departamento de Oruro…” (sic), con el objeto de arribar a un acuerdo respecto a las tierras comunitarias de origen ubicados en la comunidad de Florcita Mariño del cual son componentes ambas familias por mandato del Cabildo Abierto de Quillacas de la gestión 2012, donde además suscriben las autoridades indígenas originarias Vicente Huarachi Huarachi, Jiliri Mallco de la Marca Santuario Quillacas Oruro; Alcalde Mayor y Javier Mendoza Choque, Intendente, ambos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) del Santuario de Quillacas -provincia Avaroa del citado departamento- y otros (fs. 138 y vta.). II.5. Mediante Resolución 134/2014 de 9 de octubre, el Juez de Instrucción Cautelar y Liquidador Penal de Challapata del departamento de Oruro, declaro herederos forzosos ab-intestado a Primitivo, Teófilo, Moisés y Martin todos de apellido Ríos Ignacio -ahora demandados- de los terrenos ubicados en los Pastales de la comunidad “Florcita” ubicado en la comunidad de Quillacas como también de todos sus bienes de su padre Gregorio Ríos Cruz a (fs. 142 a 143 vta.). II.6. Consta Resolución 6/2017 de 8 de mayo, emitida por el Consejo de Autoridades Originarias del Suyu JATUN KILLACA ASANAJAQI, que anuló la Resolución “01/2015”, al no haber empleado el procedimiento legal en la reconciliación de ambas partes en conflicto por las siguientes razones: 1) La familia Mariño presento en diez oportunidades a las autoridades de la Marca Santuario de Quillacas de Turno, sin ninguna respuesta, finalmente acudiendo el 4 de octubre de 2016 presentando nota pidiendo justicia demostrando la acta que se habría suscrito donde no estuvieran las autoridades centrales de la marca sin firmas, y después de dos años aparece el acta firmada con todas las autoridades que ya habían cesado en funciones, siendo fraguada la acta que utilizaron para emitir la Resolución 01/2015; y, 2) El “25 de octubre” nuevamente solicitan la anulación de la mencionada Resolución, al no haber reconciliación, enviando instructivo a la nueva autoridad originaria se envió segunda nota el 8 de marzo al Tata Melicio Lia Huayllas Jiliri Mallku de la Marca Santuario de Quillacas sin resultado por lo que por tercera vez el 31 de marzo se envió pidiendo como se había elaborado y en que se respalda la Resolución 01/2015, NO EXISTIENDO RESPUESTA DESPUES DE ESPERAR TREINTA DIAS EL Consejo de Autoridades del Suyu Jatun Killacas Asanajaqi legalmente constituida en las 14 marcas 74 ayllus y más de mil comunidades resuelve: ANULAR LA RESOLUCIÓN 01/2015 al haber visto tantas irregularidades , asimismo no existiendo comunidad FLORCITA en los registros del INRA mientras no hay solución satisfactoria para ambos ni demuestren la sucesión hereditaria queda suspendido las parcelas en conflicto hasta el encontrar el vivir bien, conminando al Alcalde del Ayllu y la autoridad de la comunidad procedan a interceder en la reconciliación de los comunarios en conflicto de la estancia Mariño (fs. 52 a 53). II.7. El 27 de diciembre de 2017, la Junta de autoridades de Jakisa, autoridades de marka Quillacas y las familia Mariño (12 personas) y la familia Ríos (16 personas) se instala la reunión para tratar el problema sobre las tierras de pastoreo, ambas familias indicaron que están de acuerdo a la solución que emane de las autoridades de Jakisa el cual es “compartir el terreno por mitades en 50 y 50 % para los dos y se recomienda que no debe haber más problemas internas de cada familia”(sic [fs. 148 a 150]). II.8. El 26 de febrero de 2018 a horas 14:00 se levantó el cuarto intermedio donde se ratificó el veredicto final de 50% a la familia Ríos y 50% a la familia Mariño con lo cual se da cumplimiento la decisión de las autoridades originarias de Jakisa la sanción para quienes infrinjan las decisiones tomadas serán multadas con la suma de Bs10 000.-Posteriormente a la decisión tomada por parte del Consejo de Jakisa realizará el trabajo de campo a la repartición de los terrenos da las familias Ríos y Mariño. II.9. Por Auto Definitivo de 26 de marzo de 2018, el Juez Público Civil y Comercial Sexto del departamento de Oruro dentro del proceso Voluntario de Aceptación de Herencia, que tramito Prima Huarachi Mariño de Mendoza adjuntando el Certificado de Defunción de 16 de abril de 2017 de José Mariño Mallcu (tío), por el cual la declara heredera no existiendo otros coherederos al margen de la impetrante, salvándose los derechos de terceros que alegaren igual o mejor derecho sobre los bienes dejados por el cujus (fs. 22 a 24]). II.10. En el lugar denominado Ventilla de la Marka Quillacas provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, el 27 de marzo de 2018 a horas 11:00 aproximadamente se hicieron presentes las autoridades originarias de Jatun killaka Asanaquı y autoridades originarias de Quillacas las partes interesadas; las familias Mendoza, Mariño y la familia Ríos a objeto de dar continuidad al Acta suscrito el 27 de diciembre de 2017, donde se agotó la socialización a las partes, ratificando los terrenos se delimitó 50% para cada familia con la participación de un profesional en la materia, acordando una sanción de Bs10 000.- en caso de incumplimiento que irá en beneficio de la comunidad, esto con el fin de que ambas familias puedan vivir en plena armonía y respeto mutuo (fs. 161 a 162). II.11. Cursa Resolución 001/2019 de 10 de enero, dictada por el Consejo de Autoridades Originarias del Suyu Jatun Killaca Asanajaqi, por el cual resuelve el conflicto de “USURPACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN SOBRE DERECHO DE POSESIÓN AGRICOLA” (sic), entre Prima Huarachi Mariño de Mendoza y otro, contra Teófilo, Primitivo, Martín Tomas y Moisés, todos Ríos Ignacio, dividir en dos fracciones iguales de 50% denominadas fracciones “B 1” y “B 2”, cada una con una superficie de 77 066 ha, garantizando su cumplimiento bajo sanciones en pago de ganado camélido, el sometimiento al juramento sucesorio y finalmente la remisión de antecedentes al Ministerio Público (fs. 128 a 134). II.12. Revisado el Sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional se evidencia la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0064/2019-S4 de 12 de septiembre, sobre la consulta de autoridades indígena originario campesina sobre la aplicación de sus normas a un caso concreto interpuesta por Ricardo Choque Cirque, Jiliri Mallku; Edgar Choque Canaviri, Arkir Mallku; Armando Barrera Choqueticlla, Jaqicha Mallku entre otros de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) de Challapata provincia Avaroa del departamento de Oruro; sobre la constitucionalidad de la Resolución 001/2019 de 10 de enero, que resolvió sobre el sector en conflicto, denominado Florcita y Mariño que se encuentra dentro del polígono de la TCO de la Marka Santuario de Quillacas, que cuenta con título Ejecutorial TCO NAL 00258, Clase Propiedad Tierra Comunitaria de Origen suscitado entre las familias Mariño y Ríos, miembros de la comunidad Florcita Mariño, del Ayllu Collana Segunda, que fue objeto 6 de suscripción de varias actas y acuerdos ante las autoridades de la JIOC en sus diferentes niveles de organización; sin embargo, sucedía que una vez resuelto y consensuado, una de las partes -la familia Mariño-, se retractaba e incumplía los acuerdos y resoluciones. En consecuencia, a través de la Resolución 001/2019, pretenden resguardar la convivencia armónica entre las dos familias de la comunidad Florcita y Mariño, con la solución equitativa e igualitaria en la disputa por los terrenos; y, por otra parte, buscan garantizar el cumplimiento de dicho fallo, que fue acordado en consenso y participación de ambas partes, inclusive realizándose la georreferenciación del predio para su delimitación en partes iguales, definiendo la línea divisoria en la carretera Santuario de Quillacas a Salinas de Garci Mendoza (fs. 74 a 98). II.13. Cursa Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/05/2020, de la Unidad de Descolonización, dependiente de la Secretaría Técnica del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la estructura orgánica de justicia y la jurisdicción territorial de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) de Challapata, provincia Avaroa del departamento de Oruro, con relación a la gestión de conflictos sobre posesión de tierras (fs. 239 a 289). II.14. De la Revisión el Sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional se evidencia la SCP 0023/2021 de 1 de abril, en relación a la solución del conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre las autoridades indígena originario campesina de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) de Challapata provincia Avaroa y el Juez Agroambiental de Challapata todos del departamento de Oruro, por el cual, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional declara “…COMPETENTE a la jurisdicción indígena originaria campesina de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA), para conocer y resolver todas las cuestiones y/o hechos emergentes del proceso de interdicto de recobrar la posesión, interpuesto por Prima Huarachi Mariño de Mendoza contra Teófilo, Primitivo, Martín, Tomás y Moisés, todos Ríos Ignacio” [sic. (fs. 470 a 483)].
II.15. A través de la Unidad de Descolonización, se emitió el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/011/2024, respecto a la estructura territorial, formas de administración de justicia, el vínculo de pertenencia, Normas propias y prácticas en relación a hechos de avasallamiento de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) de Challapata, provincia Avaroa del departamento de Oruro, estableciendo que: i) La estructura territorial, se encuentra organizada a partir de las comunidades, las comunidades conforman los ayllus, y los ayllus conforman las markas y finalmente el conjunto de las markas conforma la unidad territorial del Suyu que es la Nación Originaria Jatun Killaka Asanajaqi, la MARKA QUILLACAS se encuentra constituida por cuatro ayllus: Ayllu Collana, Ayllu Mallcoca, y el Ayllu Soraga, sus autoridades originarias son los Jilacatas Mayores y Alcaldes Mayores en cada ayllu, se ejerce por thaqi y muyu anualmente; ii) Formas de administración de justicia, ante la presencia de conflictos la justicia indígena originaria campesina se ejerce a través de la aplicación de las y los procedimientos propios que reflejan su cosmovisión, costumbres y valores culturales. La Resolución de Conflictos Internos: Los conflictos se resuelven dentro la comunidad utilizando métodos tradicionales como la mediación y el consenso. Esto permite mantener la armonía y el equilibrio social; Principios y Normas Culturales: La justicia se basa en principios y normas que son parte integral de la cultura y las tradiciones del pueblo. Estos principios incluyen el respeto mutuo, la reciprocidad y la reparación del daño; Participación Comunitaria: La comunidad juega un papel activo en la administración de justicia. Las decisiones se toman colectivamente, y los líderes comunitarios, como los ancianos y los sabios, tienen un rol destacado en el proceso; Autonomía y Autodeterminación: La justicia indígena se ejerce de manera autónoma, sin intervención de las autoridades estatales, aunque se reconoce y respeta dentro del marco legal nacional. Los modos y formas de ejercer justicia indígena originaria campesina en el Gobierno Originario Suyu Jatun Killacas Asanaqui se realizan por orden jerárquico tal como se puede apreciar en los gráficos:
SUYU JATUN
KILLAKAS
TANTACHAWI Es la máxima instancia ancestral a la que se puede recurrir cuando se presenta conflicto. Cuando son problemas muy graves que tengan relevancia en el Suyu MARKA CABILDO Cuando existe un conflicto donde existe participación de involucrados de diferentes ayllus del mismo suyu por temas limítrofes u otros temas de similar complejidad AYLLU ASAMBLEA/REUNIÓN Por la gravedad y las cantidades de intereses en conflicto. Puede involucrar a varias familias o comunidades COMUNIDAD REUNIÓN EN LA COMUNIDAD
De acuerdo a la problemática y a la gravedad del conflicto se convoca a diferentes autoridades, cuando es algo leve solo participara la autoridad Mayor con los interesados y si es un problema considerado grave; se convoca a toda la comunidad FAMILIA DISCORDIA O PROBLEMA QUE SE SUSCITA ENTRE INTEGRANTES DE UNA FAMILIA
Los problemas que podrían denominarse domésticos tratan de solucionarse en el seno familiar, con ayuda de los padres hermanos, mayores, tíos y/o en ocasiones los abuelos entre otros
CONAMAQ COCNASUR
JAKISA MARKA
AYLLU COMUNIDADES iii) El vínculo de pertenencia o vinculo de pertenencia de la demandante y demandados “…Cualquier persona que entre a una comunidad tiene que someterse a nuestras normas y procedimientos locales… si no acepta o se somete no se lo acepta en la comunidad”; y, iv) Concepción propia respecto a los hechos de avasallamientos, consideran que dentro de una TCO no se puede hablar de avasallamiento puesto que al ser un territorio común; no se cuenta con un dueño tal como sucede en un área urbanizada donde existen Titulares de las propiedades. Una TCO, al ser una propiedad común suele ser utilizada por diferentes formas de acceso a la tierra y al territorio, un ejemplo de ello es el uso ancestral de las Aynoqas. Las aynoqas son un sistema tradicional de manejo de tierras utilizado por las comunidades indígenas andinas, incluyendo la nación JAKISA. Este sistema se basa en la rotación de parcelas de cultivo para mantener la fertilidad del suelo y asegurar la sostenibilidad agrícola a largo plazo. Las aynoqas no solo tienen un valor económico, sino también social, cultural y simbólico, ya que están profundamente arraigadas en las prácticas y creencias ancestrales de estas comunidades.
El avasallamiento de tierras, que se refiere a la ocupación ilegal y forzada de tierras comunitarias, afecta gravemente los derechos ancestrales de la nación Jakisa. Este fenómeno puede llevar a la pérdida de acceso a tierras vitales para la subsistencia y la práctica de sus tradiciones agrícolas. Además, el avasallamiento socava la autonomía y la identidad cultural de las comunidades indígenas, violando sus derechos reconocidos internacionalmente como Tierras Comunitarias de Origen (TCO). La identidad cultural de los Jakisa está intrínsecamente ligada a su territorio. La tierra no solo es un medio de subsistencia, sino también un elemento central de su identidad y espiritualidad. La pérdida de tierras debido al avasallamiento no solo tiene consecuencias económicas, sino también profundas implicaciones culturales y espirituales. En resumen, la cosmovisión de la Nación Jakisa es holística e integradora, abarcando aspectos espirituales, naturales y sociales. Esta visión del mundo les permite vivir en armonía con su entorno y mantener una identidad cultural fuerte y resiliente frente a las adversidades.
Se indica además que existen criterios internos tales como la invasión de linderos que tiene una figura distinta a la de avasallamiento. En muchos casos la figura de avasallamiento es confundida con la invasión de linderos. Entienden al avasallamiento como la ocupación ilegal de tierras de manera violenta o pacífica, ya sea temporal o continua, por personas que no tienen derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre dichas tierras. El avasallamiento suele implicar la ocupación de grandes extensiones de tierra y puede tener consecuencias significativas para la Nación Jakisa. La INVASIÓN O PERTURBACIÓN DE LINDEROS, por otro lado, se refiere a disputas sobre los límites colindantes de propiedades adyacentes. Este tipo de conflicto generalmente ocurre entre vecinos y puede surgir debido a errores en la demarcación de los límites de las propiedades, la construcción de cercas o muros en lugares incorrectos, o la ocupación gradual de una parte del terreno del vecino. La invasión de linderos suele ser un problema más localizado y específico en comparación con el avasallamiento. DIFERENCIAS ENTRE AVASALLAMIENTO Y PERTURBACIÓN ALCANCE: El avasallamiento generalmente implica la ocupación de grandes extensiones de tierra, mientras que la invasión de linderos se refiere a disputas sobre límites específicos entre propiedades adyacentes.
NATURALEZA DEL CONFLICTO: El avasallamiento puede involucrar a múltiples personas y tener implicaciones sociales y ambientales significativas, mientras que la invasión de linderos suele ser un conflicto entre vecinos.
LEGALIDAD: Ambos actos son ilegales, pero el avasallamiento es un delito más grave debido a su escala y las consecuencias que puede tener para las comunidades afectadas.
Otro elemento que debe tomarse en cuenta es la ocupación de predios o ambientes que no les corresponde. Señalan que por el hecho de que los predios son comunales al estar Titulados como TCO y al constituirse como Tierras Comunitarias; no tienen un único dueño. Tal es así que inclusive las tierras que este año son utilizadas por una persona al año siguiente pueden estar en manos de otra.
v) Normas propias y prácticas en relación a hechos de avasallamiento, Cuando existe la figura de Avasallamiento a un territorio de JAKISA; se pone en conocimiento de las autoridades (Locales), quienes en una primera instancia buscan la resolución de los conflictos de manera amigable y siempre en busca de consenso con los vecinos a los Territorios de JAKISA." “En algún caso este tipo de problemas lo ve la autoridad comunal o el Sullka Camachi según corresponda... en el Ayllu lo podrá ver el Jilakata”.
“En la actualidad; los problemas referidos a avasallamiento que sufre la Nación JAKISA los estamos enviando a las instancias Jurisdiccionales de la Ordinaria (entiéndase como Jurisdicción Ordinaria)."
"Cuando es ocupación de territorios dentro de JAKISA aunque sea entre Markas, Ayllus o comunidades no le llamamos avasallamiento y por tanto se arregla internamente."
Señalan lo siguiente: “Dentro del Territorio de JAKISA, no hablamos de avasallamiento entre nosotros porque todas las propiedades son comunes y no hay título individual de los predios... ancestralmente nos hemos distribuido (haciendo referencia a la tierra y al territorio) por Markas, Ayllus, Comunidades y familias y así es como ha pasado desde antes”; vi) Formas y costumbres de adquirir la propiedad de un predio en caso de fallecimiento de Titular “Antes lo que se hacía era que el hijo varón tenía más derechos sobre las tierras de la familia... en algún caso cuando solo había mujeres en una familia se quedaban sin tierras para la familia porque se les decía que vayan a las tierras de su marido. Ahora ya no es así, hombres y mujeres tienen los mismos derechos sobre las tierras... Hemos aprendido de la igualdad de derechos de la mujer” (sic). En la actualidad, cuando una persona fallece se sujetan a lo que establece la normativa ordinaria, es decir que al fallecimiento de una persona; sus derechohabientes son los titulares de los derechos del fallecido. Conforme a los preceptos constitucionales, normativa descrita precedentemente y jurisprudencia citada, se colige que, toda autoridad pública o persona tiene la obligación de acatar las decisiones asumidas por la jurisdicción indígena originaria campesina, y en caso de incumplimiento, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado, mismos que no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación (fs. 507 a 540).
La accionante denuncia que las autoridades originarias del Suyu Jatun Killacas Asananaqi “Jakisa” y personas demandadas “familia Ríos Ignacio” lesionaron sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, a la vida, a la petición, a la integridad física y a la vivienda, porque: a) Teófilo, Primo, Martin y Moisés todos de apellidos Ríos Ignacio, después del fallecimiento de su tío José Mariño Mallcu el 16 de abril de 2017, avasallaron sus tierras de pastoreo en la “Estancia Mariño”, del ayllu Segundo Collana de la Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, sobre la cual tiene derecho propietario como efecto de la declaratoria de herederos emitida sobre el cujus procediendo a sembrar quinua y colocando palos alrededor del predio; empero, los demandados queriendo apropiarse del mismo entraron a su propiedad; b) Habiendo presentado la denuncia por avasallamiento ante las autoridades originarias del Suyu Jatun Killaka Asanaqui, Jakisa Challapata, contra Teófilo, Primitiva, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, la denuncia nunca tuvo respuesta favorable de parte de las autoridades demandadas, vulnerando su derecho a ser escuchado y decir su verdad sacaron una Resolución 01/2015 en base a un supuesto acuerdo entre la familia “Huarachi Marino” y Familia “Ríos Ignacio” acuerdo en la cual no participaron; c) Posteriormente, las autoridades demandadas emitieron la Resolución 6/2017 anulando la Resolución 01/2015, ratificando que Prima Huarachi Marino es comunaria y legitima poseedora del terreno de la “Estancia Marino” al haber demostrado su descendencia de su abuelo y tío, e instruyen a Teófilo, Primitivo, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, respetar los mojones rayados de la “Estancia Marino” y en caso de incumplimiento ejecutar con auxilio de la fuerza pública y con remisión de antecedentes al Ministerio Público, Resolución que fue incumplida por los demandados; y, d) Posteriormente, las autoridades originarias demandadas emitieron la Resolución 01/2019 de 10 de enero, en franco desconocimiento de su persona, en la que de manera abusiva y unilateral aumentaron al predio el nombre de Florcita llegando a denominarla “Florcita Marino” y luego remitieron en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) El derecho a la vida, la integridad personal y su tutela vía acción de amparo constitucional; 2) El Estado Constitucional de Derecho y las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional y presupuestos de activación; 3) El derecho a la propiedad privada y sus restricciones; 4) Sobre el derecho al trabajo. Deber del Estado de protegerlo; 5) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; 6) La concepción del pluralismo jurídico igualitario reconocido por la Constitución Política del Estado; 7) El control plural de constitucionalidad y la interpretación intercultural cuando se aleguen lesiones a derechos o garantías constituciones en la jurisdicción indígena originario campesina; 8) Sobre el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina; y, 9) Análisis del caso concreto.
El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos, puesto que este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones.
En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida, es así que, la Constitución Política del Estado ha consagrado este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I. que señalo: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad (SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero); en tal sentido, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 687/2000-R de 14 de julio, que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que fue reiterado en la SC 1294/2004-R, la cual además razonó que el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares. En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, ampliando este concepto señaló que el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate- y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igual jerarquía de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero esta Sentencia, reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:
1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en eliminar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).
2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida.
3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas.
Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que esta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana (vida digna), consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana.
En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señaló que:
“…el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: ‘Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud.”
Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan:
“III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: ‘Toda persona tiene derecho a la vida…’, constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento. (…)
En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales” (las negrillas y el subrayado se agregaron). Concluyendo se tiene que, la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política del Estado así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial, puesto que es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización el derecho a la vida es inviolable, por lo que la ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas (vida digna), ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida; en ese marco, la acción de libertad al tutelar el indicado derecho a la vida (vida digna) y también a la integridad física o personal de las personas, se constituye en una acción constitucional esencial dentro el conjunto de acciones de defensa que el constituyente desarrolló en el Capítulo Segundo del Título IV de la Norma Suprema. No obstante lo desarrollado precedentemente, siguiendo el lineamiento de la jurisprudencia invocada y las apreciaciones efectuadas; debe tomarse en cuenta que, con relación a la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad, la justicia constitucional deberá analizar si evidentemente existe una lesión o peligro directo al derecho a la vida, tutelable por medio de la acción de libertad; toda vez que el solo enunciarlo no puede activar el análisis de fondo de la acción como tal. Este criterio fue desarrollado, entre otros, por la SCP 0278/2018-S1 de 27 de junio, que, en su Fundamento Jurídico III.3, manifestó lo siguiente:
“Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (las negrillas corresponden al texto original). En el mismo lineamiento, se pronunció la SCP 0418/2018-S1 de 17 de agosto, remarcando que:
La jurisprudencia sentada por la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, estableció que: “…debido a la importancia y al carácter básico, primario y esencial de dicho derecho, resulta pertinente efectuar un breve análisis a efecto de determinar si el derecho a la vida es tutelable a través de la acción de libertad sólo cuando existe esa vinculación con el derecho a la libertad física o personal; y que, por ende, en los demás casos, debería activarse necesariamente la vía de la acción de amparo constitucional, mecanismo por el cual se protegen los derechos no tutelados por las otras acciones de defensa. (…)
De la jurisprudencia constitucional pre citada, se concluye que la activación de la acción de libertad también es la vía idónea para la protección del derecho a la vida; empero, cuando ella este en real peligro, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar. Sintetizando, es necesario referir que, en caso de que el accionante impetre por medio de la acción de libertad, la protección del derecho a la vida, deberá necesariamente evidenciar la existencia real y palpable de que su vida está en riesgo o peligro, con la prueba necesaria y fehaciente al efecto, pues contrariamente, no es posible activar este medio de defensa por la sola invocación de su existencia, atendiendo a la naturaleza particularísima y primaria de la cual se encuentra revestida el referido derecho.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional reflexiono sobre la posibilidad de que el derecho a la vida sea denunciado vía acción de amparo constitucional, y estableció que evidentemente puede ser tramitado indistintamente mediante la acción de libertad y el amparo constitucional dejando la decisión al accionante; así la SCP 2468/2012, de 22 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.1 señaló que:
Sin embargo, de ese repaso de Derecho Comparado y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es menester reflexionar si evidentemente el espíritu del Constituyente al incluir el derecho a la vida y a la integridad física es que este se halle irremediablemente vinculado con el derecho a la libertad física; al respecto, es bien conocido que en la tradición jurisprudencial boliviana, la protección del derecho a la vida ha estado dada por la vía tutelar de la acción de amparo constitucional, la Constitución vigente desde 2009, ha incluido en la estructura protectiva de la acción de libertad el derecho a la vida, ello en sí significa una ampliación del rango procesal de la acción de libertad. Sin embargo, para que opere por la vía de la acción de libertad, la tesis jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, señala que debe haber un vinculación entre el peligro de afectación del derecho a la vida y el derecho a la libertad, pues para que opere la protección que brinda la acción de libertad al derecho a la vida debe ser causa de la lesión del derecho a la libertad, no obstante, esa noción jurisprudencial debe ser modulada, en mérito al siguiente razonamiento: La naturaleza del derecho a la vida impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, pues resultaría un despropósito que quien solicite la tutela de su derecho a la vida cuya naturaleza siempre es urgente, reciba la respuesta de que debe acudir ante otro mecanismo procesal como la acción de amparo constitucional.
Por ello corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad boliviana: 1) La protección de la vida humana es el valor fundamental sobre el cual se construye la noción de Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundamental enunciado en el texto constitucional; y, 2) La administración de justicia está al servicio de la población y de la sociedad sobre la base de criterios anti formalistas en búsqueda de un sistema de verdad material. De ahí, resulta inaceptable que cuando se solicita la protección del derecho a la vida ante la jurisdicción constitucional, ésta deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; además de ello el art. 125 es claro al enumerar las condiciones de activación de la acción de libertad, pues en la primera frase señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro…”, de una interpretación literal de la norma constitucional se desprende que el Constituyente lejos de condicionar la activación de la acción de libertad por vulneración del derecho a la vida a la vinculación causal de privación previa del derecho a la libertad, se limitó a enumerarlo como causal independiente de activación de la acción de libertad en concordancia normativa con los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En esa dimensión argumentativa es que se establece que el derecho a la vida por la tutela inmediata que requiere puede ser protegido indistintamente por la acción de amparo constitucional o por la acción de libertad, pues una interpretación diferente afecta la noción básica de interpretación de los derechos humanos (así mismo de los derechos fundamentales), cual es la interpretación favorable al ser humano (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, en su fundamento jurídico III.2, al desarrollar sobre la procedencia de la tutela del derecho a la vida por medio de la acción de libertad, expresó lo siguiente:
…debido a la importancia y al carácter básico, primario y esencial de dicho derecho, resulta pertinente efectuar un breve análisis a efecto de determinar si el derecho a la vida es tutelable a través de la acción de libertad sólo cuando existe esa vinculación con el derecho a la libertad física o personal; y que, por ende, en los demás casos, debería activarse necesariamente la vía de la acción de amparo constitucional, mecanismo por el cual se protegen los derechos no tutelados por las otras acciones de defensa.
Para el efecto, debe señalarse que, conforme lo ha entendido la SCP 1477/2012 de 24 de septiembre, tanto la acción de amparo constitucional como la de libertad son: ´…acciones tutelares cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales, sin embargo, la activación de la acción de amparo constitucional requiere del cumplimiento de diversos requisitos tanto de forma como de fondo, mientras que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo. Asimismo, la acción de amparo constitucional se rige por el principio de congruencia, lo que no sucede con la acción de libertad; por su parte, las autoridades competentes para conocer las acciones de libertad son las penales, los plazos y formalidades a momento de celebrar las audiencias son diferentes en ambas acciones constitucionales -piénsese que en la acción de libertad no es necesaria la participación de terceros interesados y tampoco se requiere poder notariado, ni la participación de abogado, etc., entre otras muchas diferencias previstas en el diseño constitucional´.
(…)
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida…” (el resaltado nos pertenece).
Razonamientos que fueron reiterados por la SCP 0174/2020-S3 de 13 de julio5 en la cual, dentro una acción de amparo constitucional de denunció vulneración al derecho a la vida.
5 Al respecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que el contenido esencial del derecho a la vida, está conformado por: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, c) El derecho asistencial a recibir todo lo necesario para subsistir con dignidad, que implica la obligación positiva del Estado de actuar con rapidez cuando está comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas. Lo propio cuando se trata de derechos conexos o vinculados, así entre el derecho de petición vinculado a la vida, en la que las autoridades y servidores del sistema de salud están en la obligación de atender con mayor prontitud y urgencia las peticiones de pacientes con enfermedades terminales, crónicas o graves que comprometan la vida, relacionadas a informes, autorizaciones, transferencias, adquisición de servicios médicos de intervención, entre otros, y las respuestas sean efectivamente comunicadas y entregadas, significando una actuación contraria, la vulneración del derecho de petición en conexión a la vida.
En ese orden, de los antecedentes se advierte que, los accionados conocían el estado de salud crítico del accionante conforme a las notas de 6 y 13 de septiembre de 2018, que en forma coincidente señalan que el accionante fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica y al no existir servicios médicos para el tratamiento especializado de tercer nivel en la CNS Regional Pando, fue transferido a la CNS Regional Cochabamba, donde empezó a seguir los protocolos para concluir con un trasplante de riñón; empero, para cumplir con dicho objetivo solicitó a la CNS Regional Pando donde se encuentra asegurado, se haga cargo de la compra de servicios de trasplante renal, cuya omisión de respuesta motivó la presente acción de defensa. Por consiguiente, los accionados conocedores de la situación delicada del accionante no actuaron de acuerdo al inc. c) de los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, que señalan que cuando se trate de derechos asistenciales y conexos, entre ellos, el derecho de petición vinculado a la vida, las autoridades y servidores del sistema de salud están en la obligación de atender con mayor prontitud y urgencia las peticiones de pacientes con enfermedades terminales, crónicas o graves que comprometan la vida y que las respuestas sean efectivamente comunicadas y entregadas. En definitiva, al no haber actuado en el marco de lo establecido en los Fundamentos Jurídicos mencionados, vulneraron el derecho de petición vinculado a la vida del accionante.
De la jurisprudencia descrita, es posible concluir en que el derecho a la vida puede ser tutelado indistintamente a través de la acción de libertad o el amparo constitucional a decisión del accionante.
Es innegable que la concepción de “Estado de Derecho” fue evolucionando de sobremanera, pues de ser un Estado desarrollado bajo cánones legales en el que prevaleció el principio de legalidad paso a ser un “Estado Constitucional de Derecho” en el que la Constitución llegó a tener predominancia sobre otras normas; de ahí que, esta última concepción supone no solo respetar un conjunto de procedimientos para tomar decisiones, sino que los contenidos de dichas decisiones deben estar ajustados a los derechos, garantías, valores y directrices contenidas en la Constitución Política del Estado; en tal sentido, el o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, que afectan derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad (denominados vías o medidas de hecho), merecen la tutela inmediata que brinda la acción de amparo constitucional por vulnerar derechos fundamentales; toda vez que, a través de dicha acción de defensa se pretende evitar: i) Abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, ii) El ejercicio de la justicia por mano propia. Así lo entendió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre.
La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en su FJ III.1 establece: “…el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ‘Estado de derecho legislativo’ o ‘Estado legal de Derecho’, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.
Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ‘Estado constitucional de Derecho’, que es ‘…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación’, o en palabras de Prieto Sanchís ‘…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización’.
Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ‘Estado de derecho’, debido a que en esta última fórmula ‘Estado Constitucional de Derecho’: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. 7 La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, en su FJ III.1 sostuvo que: “…la SCP 0085/2012 de 16 de abril, acorde con la doctrina del drittwirkung, asumió para el ámbito de control tutelar de constitucionalidad la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, visión a partir de la cual, debe entenderse que en el Estado Plurinacional de Bolivia, los derechos fundamentales, informan de contenido no solamente la esfera pública, sino también todos los actos, cláusulas y contenidos de ámbitos privados o corporativos, en cualquiera de sus formas o constitución jurídica, por lo tanto, en esta perspectiva, cualquier vulneración a derechos fundamentales, a partir de la estructuración de la teoría del drittwirkung, puede ser oponible también a particulares, siendo en este caso la petición de amparo constitucional, un mecanismo idóneo para el resguardo de derechos fundamentales en esferas no públicas” (las negrillas pertenecen al texto original). El F.J. III.2 señala: “…es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho.
La amplia jurisprudencia constitucional señaló al respecto que, frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, se establecieron subreglas de activación de la acción de amparo constitucional; en tal sentido, la SCP 0988/2012 determinó que:
a) La excepción a la aplicación de subsidiariedad, por lo cual, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. b) La carga probatoria debe ser realizada por el accionante, acreditando de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.
c) Existe flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva, toda vez que, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero, este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa.
Posteriormente, pero no mucho tiempo después, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, la misma que en su Fundamento Jurídico III.1.1 hizo una reseña que, de forma expresa, detalló cuáles eran aquellas situaciones en las que se daban las medidas de hecho de manera recurrente, señalando lo siguiente:
De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas: i) Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a También se evidencia que la SCP 1478/2012, a tiempo de enfatizar la censura a las medidas de hecho, señaló que las mismas desconocen el ejercicio del acceso a la justicia de quien cuenta con la seguridad jurídica y certeza, previstas por el art. 178.I de la CPE, de que los conflictos suscitados se solucionarán, a través de una de las jurisdicciones previstas en la Constitución. Asimismo, sin pretender establecer una limitación, se refirió al contenido del derecho de acceso a la justicia, señalando lo siguiente:
1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.
En ese mérito, resaltó que el primer derecho vulnerado por las medidas de hecho es el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y que, a partir de su vulneración, no es poco frecuente que se vulneren otros derechos conexos, a partir de su supresión, dada la interdependencia de los derechos fundamentales prevista por el art. 13.I de la CPE y en ese mérito dio los siguientes ejemplos:
Por ejemplo en los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados cuando se denuncie afectación
En su FJ III.1.1. determinó: “El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.
En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.
En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina)”.
al derecho a la propiedad y este derecho sea demostrado por el peticionante de la tutela con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros (SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, entre otros casos); además de tutelarse el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, por su exclusión arbitraria por particulares o el Estado producto de medidas o vías de hecho, también y a la par, se tutelará el derecho a la propiedad. Y si su afectación recae además en la morada del afectado, también podrá ser objeto de tutela el derecho a la vivienda (art. 19.I de la CPE). En otros supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión dispuesta por autoridad judicial competente y éste derecho sea demostrado por el peticionante de la tutela con la resolución judicial que no esté sometida a controversia judicial y, por lo tanto, sea incontrovertible, además de tutelarse el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, por su exclusión arbitraria por particulares o el Estado producto de medidas o vías de hecho, también y a la par se tutelará el derecho a la vivienda (art. 19.I de la CPE), cuando la afectación de la acción recaiga en la morada del afectado. Posteriormente, la indicada SCP 1478/2012 procedió a sistematizar las sub reglas determinadas por la SCP 0998/2012, ya comentadas supra, añadiendo la especificación de la carga probatoria ante avasallamientos cuando se denuncie la pérdida o perturbación de la posesión, señalando lo siguiente:
c.2) Especificidades de la carga de la prueba en caso de avasallamientos cuando se denuncia afectación al derecho a la propiedad Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, es decir, que constituya una limitación arbitraria a la propiedad, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c) referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, es decir, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4.1). c.3) Especificidades de la carga de la prueba en caso de avasallamientos cuando se denuncia pérdida o perturbación de la posesión Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial (las negrillas y el subrayado son añadidos). Constituyéndose ese aspecto en una carga probatoria más, en los casos descritos precedentemente.
Asimismo, la SCP 0475/2019-S2 de 9 de julio10, a tiempo de realizar la sistematización de las ya enunciadas sub reglas, contempló la relativa al plazo de caducidad para el planteamiento de las acciones de amparo constitucional frente a medidas de hecho, aclarando que lo que había señalado la jurisprudencia constitucional respecto a que no se aplicaba dicho plazo ante medidas de hecho, debía entenderse que esa no aplicación de plazo se daba mientras subsistía la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales pertinentes, mediante vías de hecho, pero cuando cesaran dicha vulneración o amenaza, comenzaba a correr ese plazo. Finalmente, la Sentencia Constitucional Plurinacional citada en el párrafo precedente añadió que cuando el predio denunciado de avasallado es rural o urbano con destino a la actividad agropecuaria es posible, alternativamente, acudir directamente a la justicia constitucional o a la vía agroambiental.
10 La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún la vía procesal penal, que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; 3) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos, aclarando que, cuando las SSCCPP 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la vulneración de los mismos por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial; y, 4) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria; último aspecto precisado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, en sentido que: la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
A lo anotado, corresponde señalar que, tratándose de predios rurales o urbanos destinados a la actividad agropecuaria, es posible acudir directamente a la justicia constitucional o alternativamente a la vía agroambiental, con la aclaración que la tutela que brinda la primera, es provisional respecto al derecho propietario y definitiva con relación a las vías de hecho debidamente acreditadas, por supresión del derecho de acceso a la justicia.
Por último, cabe recordar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece: Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros.
Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina: Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial.
El derecho a la propiedad privada, se encuentra previsto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; así, el art. 17 de la DUDH, dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Asimismo, el mismo cuerpo internacional, en su art. 29.2 establece que:
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Por su parte, el art. 21 de la CADH, reconoce el derecho a la propiedad privada, refiriendo que:
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las normas establecidas por la ley. (las negrillas fueron añadidas).
Por otra parte, la Corte IDH definió el derecho al uso y goce de bienes a los que hace referencia el art. 21, como: … todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. De igual manera, afirmó que el concepto de bienes comprende:
a) Todos los muebles y los inmuebles; b) los elementos corporales e incorporales; y, c) cualquier otro objeto material susceptible de valor11
El derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es absoluto, el referido art. 21.1 establece que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, refiriéndose a las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias, al uso y goce de la propiedad impuesta por el Estado generalmente para evitar el ejercicio abusivo del mismo, limitaciones que no suponen la privación o supresión del derecho como tal, ya que entonces se configuraría el instituto de la expropiación, que se encuentra regulado por el art. 21.2 de la CADH, donde se contemplan los casos de expropiación de bienes y los requisitos para que el actuar del Estado se considere justificado.
De esa manera, la Corte IDH ha establecido que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el art. 21 de la CADH si tal restricción respecto a los intereses de la sociedad12. Para la Corte IDH, los conceptos de orden público y bien común, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática de acuerdo al art. 32 de la CADH, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la CADH. Para que resulten compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido14. Para que se puede considerar de interés de la sociedad, se requiere que las restricciones: 1) Hayan sido previamente establecidas por ley; 2) Sean necesarias e inexistencia de otro tipo de medidas menos restrictivas; 3) Sean proporcionales; y, 4) Tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.
En el caso de restricciones a la propiedad colectiva o comunal de los pueblos indígenas y tribales, la Corte IDH además incluyó que la restricción no puede implicar una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes. La carga de probar que estas limitaciones cumplen dichos requisitos recae sobre el Estado que las impone.
Finalmente, el requisito de legalidad se ha interpretado de forma estricta en gran parte de la jurisprudencia de la Corte IDH -al analizar las restricciones legítimas a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, y constituye un elemento esencial para evitar la arbitrariedad en las decisiones de los Estados. Se ha interpretado que el requisito exige la existencia de una ley en sentido formal y material, que las causas de dicha restricción estén expresas, taxativa y previamente fijadas por la ley, que sean necesarias para asegurar el fin legítimo perseguido y que no deban, de modo alguno, más allá de lo estrictamente necesario el derecho afectado.
Por otra parte, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido como un derecho fundamental en el art. 56 de la CPE, que prevé lo siguiente:
I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. El Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido que el núcleo duro de este derecho se identifica a tres elementos esenciales: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute; los cuales tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia, y que este núcleo esencial que genera obligaciones negativas tanto para el Estado como para los particulares siendo esas la a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.
Ahora bien, la Norma Suprema en su art. 109.II, determina que: Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.
En ese mismo sentido, la SCP 0203/2015-S1 de 26 de febrero, estableció que:
Todo derecho fundamental puede ser limitado; es así que, en el derecho de propiedad su restricción tiene que ser necesariamente mediante una ley, aprobada por el órgano legislativo y en casos específicos…
Ahora bien la SCP 0121/2012, también hizo referencia al principio al principio de razonabilidad que constituye el estándar axiomático para la directa aplicación para la directa justiciabilidad del derecho a la propiedad en ese orden, puntualizó que las:
... decisiones jurisdiccionales que incurran en privación o limitación arbitraria de la propiedad, implican una directa afectación al principio de razonabilidad y como consecuencia directa afectan también el contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute…
En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Por lo expuesto se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad.
Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público.
Claros, Zambrana y Bayá en su obra “Derechos Humanos” definen -desde un marco de doctrina constitucional- al derecho al trabajo como actividad humana en la que la persona compromete y empeña su esfuerzo intelectual y/o manual para lograr la conservación y bienestar material suyo, y de su familia, de la sociedad y el Estado; de ahí que, a partir de dicho concepto es posible señalar que el derecho al trabajo es la vía para garantizar una vida digna. Asimismo, los referidos autores manifestaron que el derecho al trabajo se configura en una doble dimensión: a) Por un lado se tiene el derecho a trabajar entendido como la potestad de toda persona de acceder a un trabajo de acuerdo a las oportunidades que se generan, siendo una de las principales obligaciones del Estado el establecer mecanismos de protección para asegurar iguales oportunidades para conseguir un puesto de trabajo, vale decir precautelando el Estado que las condiciones para acceder a una fuente laboral no puedan ser manipuladas arbitrariamente para favorecer a determinadas personas sino que todas puedan acceder en igualdad de condiciones; y, b) Por otra parte, se encuentran los derechos en el trabajo, que se constituyen en el conjunto de condiciones, calidad o circunstancias que garantizan al trabajador un trato digno y equitativo. Entre ellas: Capacitación del trabajador y condiciones adecuadas de trabajo; jornada limitada; descanso y vacación; retribución justa; seguridad social; participación en las ganancias, con control de la producción y colaboración en la dirección; estabilidad laboral, entre otras. Ahora bien, refiriéndonos al marco normativo del derecho al trabajo, la Constitución Política del Estado estableció:
Artículo 46.
I. Toda persona tiene derecho:
1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.
2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.
III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.
laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.
III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.
V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado.
VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.
VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación. Artículo 49. I. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva.
II. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales.
III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes.
Asimismo, en relación al derecho al trabajo, son varios instrumentos internacionales que hacen referencia al mismo; así, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:
Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses (las negrillas son adicionadas).
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también hace alusión al derecho al trabajo; en tal sentido, determina:
Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos (las negrillas nos pertenecen).
Ahora bien, en el marco jurisprudencial, la SC 1169/2006-R de 20 de noviembre, sostuvo que el derecho al trabajo se constituye en:
…la potestad, capacidad o facultad de toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual” (SSCC 1841/2003-R y 1215/2004-R, entre otras, siguiendo el precedente sentado por la SC 1132/2000-R, de 1 de diciembre), y que no sólo se refiere a la posibilidad de acceder a un trabajo en las condiciones que señale la ley, sino que existiendo ya una relación laboral, su salida también debe obedecer a las estipulaciones normativas que la regulan, no pudiendo retirárselas, en su caso, sino previo proceso y por las causales establecidas en los instrumentos normativos al efecto… (las negrillas nos corresponden).
El presente Fundamento Jurídico fue anteriormente citado en las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0112/2020-S1 de 21 de julio y 1105/2023-S1 de 15 de septiembre, que formularon el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional como supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, tiene la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad; además, bajo una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos de ejercer la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; así, respecto al derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, la suscrita Magistrada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado. En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción tutelar, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo, ya sea en sentido positivo o negativo. Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas: a) Contenido esencial; b) Requisitos de procedencia; c) Legitimación activa; d) Legitimación pasiva; y, e) Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: 1) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; 2) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; 3) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada, lo que implica que la respuesta 20 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 21 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 22 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 23 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 24 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.
debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó:
Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…2) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación-en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Asimismo, en relación a la legitimación activa referenciando la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre. En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, para posteriormente referenciar las Sentencias Constitucionales 0310/2004-R, 0560/2010-R, 1995/2010-R; y, 25 El Fundamento Jurídico III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”. 26 El Fundamento Jurídico III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.
Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 27 El Fundamento Jurídico III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 28 El Fundamento Jurídico III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.
(…)
Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”.
las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 18 de noviembre; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición: a) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares. Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede 29 El Fundamento Jurídico III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
(…)
Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 30 El Fundamento Jurídico III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 31 El Fundamento Jurídico III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”. 32 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 33 El Fundamento Jurídico III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.
…la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).
Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.
concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del por qué se da o no curso a la petición. Por su parte, en cuanto a las peticiones efectuadas dentro un trámite administrativo o proceso judicial que tengan relación con el fondo de la pretensión jurídica; incumbe añadir a lo razonado en la SCP 0112/2020-S1 que fue descrita, las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0340/2020-S1 de 17 de agosto, que 34 En su Fundamento Jurídico III.2 estableció: “III.2.1. En relación al “memorial” de 28 de marzo de 2019 presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19.
(…)
De una relación de los antecedentes y de acuerdo a lo expuesto, Rodolfo Justino Morales Cortez, Director General del Despacho del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, alegó que se brindó respuesta formal y motivada al “memorial” de 28 de marzo 2019, presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19; sin embargo de ello, es preciso señalar, que el referido servidor público, no otorgó respuesta al indicado “memorial”, sino simplemente puso en su conocimiento la Nota CITE GOB/DIR.JUR./ml/ 201/2019 elaborada por la Directora de Gestión Jurídica de igual institución; es decir, que no se evidencia la emisión de una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho de petición, que responda a la solicitud en sentido de que se dé respuesta a la Nota de 14 de febrero de 2014 con una resolución administrativa motivada y fundamentada, explicándole si corresponde o no dicho extremo; es más, solo se remitió a la Nota CITE GOB/DIR.JUR./ml/ 201/2019, que no implica una respuesta material ni formal acorde al cuarto contenido esencial del derecho a la petición respecto a que la respuesta sea argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del por qué se dio o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos; estableciéndose de ello, que evidentemente se lesionó el derecho a la petición alegado por el impetrante de tutela, consideraciones por las cuales se considera que no ha existido una respuesta conforme lo solicitado.
(…) A este respecto, tomando en cuenta que el petitorio en la presente demanda tutelar converge en que se responda con una resolución administrativa a lo solicitado en el recurso de revocatoria; de antecedentes se tiene que, el impetrante de tutela dirigió su petitorio ante Adrián Esteban Oliva Alcázar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; sin embargo, no se evidencia de los antecedentes expuestos, que esta autoridad departamental, haya emitido respuesta material mediante resolución alguna al “recurso de revocatoria” interpuesto, evidenciándose solamente una Nota elaborada por Rodolfo Justino Morales Cortez, Director General del Despacho del Gobernador de la aludida entidad departamental, poniendo en conocimiento el informe elaborado por la Dirección de Gestión Jurídica de dicha Gobernación, no así, una respuesta de la Máxima Autoridad Ejecutiva ahora demandada en la que se resuelva dicho recurso de revocatoria de forma positiva o negativa, o caso contrario explicar por qué no corresponde su resolución por dicha autoridad, o también explicándole por qué no se considera lo reclamado por el impetrante de tutela, señalándole cuál el sustento legal de su decisión, más si la Nota emitida, no constituye una respuesta oportuna de acuerdo al contenido esencial del derecho de petición conforme el Fundamento Jurídico precedentemente citado, que establece que la respuesta debe ser: 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable; y, 2) Material; porque debe resolver el fondo de la pretensión y no evadirlo; de ello, se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, es quien debe atenderla, tramitarla y resolverla respondiendo de forma positiva o negativa al solicitante; siendo que en este caso, por más de treinta días hábiles administrativos, el Gobernador ahora demandado en la presente acción tutelar no otorgó respuesta formal, pronta material y motivada, al “recurso” de revocatoria de 15 de mayo de 2019.
resolvió una acción de amparo constitucional en la cual se denunció que no se hubiese dado respuesta a un memorial y a un recurso de revocatoria, se sostuvo que respecto al memorial no se evidenciaba una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho a la petición que responda a la solicitud; además, en lo concerniente al recurso de revocatoria se estableció que no se resolvió dicho recurso de forma positiva o negativa, ni se explicó por qué no corresponde su resolución o por qué no es posible atender ese reclamo, en tal sentido, al no darse una respuesta oportuna tanto al memorial como al recurso de revocatoria se concedió la tutela. Asimismo, la SCP 0430/2021-S1 de 15 de septiembre, resolviendo una acción de amparo constitucional en la que se denunció que no se dio respuesta En conclusión, con relación al “memorial” de 28 de marzo de 2019 presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19; y, al recurso de revocatoria de 13 de mayo de 2019, no se otorgó una respuesta formal, pronta, oportuna, material y motivada, por ninguno de los demandados; por lo que, respecto a estos memoriales, corresponde conceder la tutela impetrada, en razón de que no se cumplieron los presupuestos jurisprudenciales previstos por la SCP 0276/2019-S2, la cual se constituye en el estándar más alto en la resolución de la presente causa; debiendo el Gobernador y el Director General de su despacho, otorgar respuestas al memorial con código 1785-19 y al recurso de revocatoria, de manera fundamentada y motivada.
35 En su Fundamento Jurídico III.3 sostuvo: “De la lectura de los argumentos del accionante y los informes emitidos por los demandados, se infiere que el impetrante de tutela, el 17 de junio de 2020, solicitó al Juez de Instrucción Penal Cautelar Tercero, audiencia para considerar medidas de protección, solicitud que fue observada en sentido que aclare y justifique su petitorio, observación subsanada mediante memorial de 8 de julio del citado año, al que le correspondió la providencia de 13 de igual mes y año, a través de la cual la autoridad judicial dispuso que pasen los obrados a despacho para resolución.
Posteriormente, y al no existir resolución, el solicitante de tutela reiteró su solicitud el 15 de septiembre del referido año, pidiendo que se resuelvan las medidas de protección solicitadas, entre ellas, ordenar la salida y la desocupación del domicilio de los agresores mientras dure la conclusión del proceso penal en todas sus instancias, toda vez que no pueden cohabitar en un mismo domicilio la víctima directa de los hechos conjuntamente los agresores; sin que exista respuesta.
De lo manifestado, se advierte lesión al derecho a la petición del accionante, pues, su ejercicio implica que una vez efectuada una solicitud ante una autoridad o funcionario público, el peticionante de tutela adquiere el derecho de obtener una respuesta pronta y oportuna, ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado o requerido, sin que deba entenderse como conculcado dicho derecho cuando la autoridad conteste al peticionario denegando lo requerido, al depender la respuesta de las circunstancias concretas de cada caso, independientemente si se concedió o no lo requerido, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Por otra parte, en el caso concreto, cuando se trate del derecho de petición, corresponde recordar que éste; se encuentra satisfecho una vez que, la autoridad judicial haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental.
Consecuentemente, en el presente caso correspondía que el Juez demandado, en virtud de la petición realizada, otorgue una respuesta pronta y oportuna, resolviendo la solicitud de medidas de protección en un plazo razonable, en atención a que actuaba en suplencia legal, aspecto que no ocurrió, prolongando la solicitud sin un fundamento valedero, cuando debió actuar con celeridad y atender la solicitud del accionante, otorgándole una respuesta pronta y oportuna.
Por otra parte, de la revisión de obrados se evidencia que mediante Auto Interlocutorio 342/2020 de 8 de octubre, el Juez ahora demandado, en suplencia legal del Juez de Instrucción Tercero, dio lugar a la medida de protección requerida por el ahora accionante, disponiendo que presuntos agresores abandonen el domicilio de la víctima en un plazo no mayor a cinco días, computables a partir de su legal notificación, medida que surte sus efectos entre tanto dure la tramitación del proceso penal en todas sus instancias (Conclusiones II.1); En ese sentido, pese a la emisión de la Resolución 342/2020 de 8 de octubre, no puede denegarse la tutela por una eventual cesación de los efectos del acto reclamado; toda vez que, no se constata que la autoridad demandada habría cesado en la omisión reclamada antes de asumir conocimiento de la interposición de esta acción, conforme al razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por el contrario, conforme a obrados, se advierte que la emisión de la Resolución reclamada por la impetrante de tutela se efectuó en la misma fecha que fueron notificados los demandados con la acción de amparo constitucional, es decir el 8 de octubre de 2020 (fs. 11 y 12)”
a su solicitud de medidas de protección, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional sostuvo que dicha solicitud no mereció respuesta precisa dentro del plazo razonable, omitiendo considerar que el accionante merece una respuesta pronta y oportuna ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado; consecuentemente, se concedió la tutela al conculcarse el derecho a la petición. Ahora bien, de ambas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se advierte que en los casos que se denuncien la falta de resolución de un recurso o medio de impugnación, o de una solicitud vinculada a una pretensión específica, es posible que este Tribunal ingrese a analizar si es evidente o no que la parte demandada omitió responder a su solicitud. Consecuentemente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para lo cual, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).
El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las SCP 1201/2023-S1 de 8 de noviembre, que formuló el siguiente razonamiento: El Estado Plurinacional de Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico dentro del proceso integrador del país, es decir, se reconoce la existencia e interrelación de diferentes sistemas jurídicos vigentes en un mismo espacio geopolítico, como ser las jurisdicciones ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina; toda vez que, Bolivia está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, en ese sentido, es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición historia, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española (art. 30.I de la CPE); por cuanto, la igualdad jerárquica de los derechos humanos y su directa aplicación son características principales de la Norma Suprema que alcanzan en igual dimensión a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, puesto que la Ley Fundamental en su art. 2 garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno y a su cultura, reconociendo el sistema jurídico indígena originario campesino, extremo que conlleva al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, ejerciendo sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades en aplicación de sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, razonamiento asumido por la SCP 0130/2020-S1 de 16 de julio. Consiguientemente, el art. 178 de la CPE establece que la potestad de impartir justicia demanda del pueblo boliviano y se sustenta en el principio de interculturalidad entre otros, el cual se constituye en el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones, resaltando que la interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones, aspecto que implica un relacionamiento permanente, sin subordinación, entre las diferentes jurisdicciones que conforman el sistema de administración de justicia.
Correspondiendo precisar que conforme prevé el art. 179 de la CPE, “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”; por tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional es una institución independiente, diferente al órgano judicial y a la jurisdicción ordinaria, que vela por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejerciendo el control de constitucionalidad, y precautelando el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; funciones que son desarrolladas no sólo respecto a las resoluciones, decisiones, competencias y normas del sistema ordinario, sino también del sistema indígena originario campesino, bajo el entendido que todas las jurisdicciones encuentran su cimiento en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, se concluye que la Ley Fundamental reconoce el pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos en el Estado Plurinacional de Bolivia, el cual se halla integrado por las jurisdicciones indígena originaria campesina, ordinaria y agroambiental, las cuales no se encuentran jerarquizadas entre sí, y por mandado constitucional, ejercen sus competencias en igualdad de condiciones, ello con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, a la libre determinación, autonomía, autogobierno y al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a sus normas y procedimientos propios.
El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las SCP 1201/2023-S1 de 8 de noviembre, que formuló el siguiente razonamiento:
En cuanto al control plural de constitucionalidad cabe resaltar que la Constitución Política del Estado en su art. 196, establece lo siguiente:
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.
Bajo ese contexto, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en la máxima instancia encargada de ejercer el control de constitucionalidad, precautelando el respeto de los derechos y garantías constitucionales, en observancia del sistema jurisdiccional plural que impera en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Al respecto, la SCP 0717/2012 de 3 de junio, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0300/2012 y 1422/2012, refiere que la Norma Suprema instaura un control plural de constitucionalidad, es decir, que no solo se ejerce el control sobre normas, resoluciones y competencias de la jurisdicción ordinaria, sino también de la jurisdicción indígena originaria campesina a través de las acciones previstas por el art. 202 de la CPE y las nomas del Código Procesal Constitucional. Por su parte, la SCP 1624/2012 de 1 de octubre, manifestó que la jurisdicción indígena originaria campesina se encuentra sujeta al sistema plural y concentrado de control de constitucionalidad, labor encomendada al Tribunal Constitucional Plurinacional, puesto que conforme establece el art. 196.I de la CPE, el control plural de constitucionalidad cumple dos roles esenciales: 1) El cuidado de la Ley Fundamental; y, 2) El resguardo de los derechos fundamentales, atribuciones mediante las cuales el máximo intérprete de la Norma Suprema, cumple roles preventivos como reparadores de control de constitucionalidad, los cuales se aplican tanto a funcionarios públicos y particulares, así como a la jurisdicción indígena originaria campesina. Posteriormente, la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, estableció que el ámbito de la jurisdicción constitucional y el ejercicio de la función de impartir justicia, está obligada a interpretar:
“…el derecho a partir del propio contexto de la nación y pueblo indígena originario correspondiente. La interpretación plural del derecho puede ser comprendida desde una perspectiva general, vinculada a la consideración de los principios, valores, normas, procedimientos de los pueblos indígenas cuando se encuentren como demandantes, demandados, recurrentes, recurridos, etc., ante las diferentes autoridades administrativas o judiciales de las diferentes jurisdicciones previstas en la Constitución Política del Estado y también ante la justicia constitucional, lo que supone, conforme se ha señalado, flexibilizar requisitos de 38 “La reforma constitucional de Bolivia del año 1994, instauró en Bolivia un control de constitucionalidad preponderantemente concentrado de constitucionalidad; sistema de control que se mantuvo en la Constitución vigente, con algunas características propias que denotan el carácter plural del control de constitucionalidad tanto en el ámbito normativo, como en el tutelar y el competencial.
Efectivamente, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0300/2012 y 1422/2012), nuestra Constitución instaura un control plural de constitucionalidad, en la medida en que no sólo se ejerce el control sobre las normas, resoluciones y competencias del sistema jurídico ordinario, sino también del sistema indígena originario campesino, a través de las acciones previstas por el art. 202 de la CPE y las normas del Código Procesal Constitucional. 39 “Tal como se señaló precedentemente, la jurisdicción indígena originario campesina, no se encuentra sometida a ninguna de las demás jurisdicciones disciplinadas por la Constitución; empero, al ser el Estado Plurinacional de Bolivia, un Estado Unitario sometido a una Norma Suprema, como es la Constitución, esta jurisdicción se encuentra sometida al Sistema Plural y Concentrado de Control de Constitucionalidad encomendado en última instancia al Tribunal Constitucional Plurinacional.
En el marco de lo señalado, es imperante precisar que el art. 196.I de la Constitución, encomienda al Control Plural de Constitucionalidad dos roles esenciales: 1) El cuidado de la Constitución; y, 2) El resguardo a los derechos fundamentales. En el marco de estas atribuciones, se establece que el último y máximo contralor de la Constitución y los Derechos fundamentales, tiene roles tanto preventivos como reparadores de control de constitucionalidad, los cuales se ejercen en relación a funcionarios públicos, particulares y autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, aspecto que justifica la composición plural del Tribunal Constitucional Plurinacional” (el resaltado es nuestro).
admisión y ritualismos procesales, tomando en cuenta sus procedimientos y normas propias, y también en el ámbito sustantivo, considerar la forma en que dichas naciones y pueblos indígena originario campesinos, conciben el hecho o acto que está siendo sometido a controversia, para en su caso, establecer los correctivos necesarios en la aplicación del derecho… Por otra parte, la interpretación plural está vinculada, de manera específica, a la interpretación de derechos y garantías, en los supuestos en los que existan conflictos entre derechos individuales y derechos colectivos, supuestos en los cuáles es indispensable que se analice -fundamentalmente la justicia constitucional, pero no sólo ella- el derecho o garantía supuestamente lesionada a la luz de los principios, valores, derecho, cosmovisión de la nación y pueblo indígena originario campesino, a efecto de evitar interpretaciones monoculturales. (…) Es en ese marco que, en muchos casos, los jueces estarán obligados a efectuar una la ponderación de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con la los derechos individuales que, conforme se ha dicho, a partir de lo previsto en el art. 13.III de la CPE tienen igual jerarquía; ponderación en la que se deberá analizar si la medida adoptada, limitadora de un derecho tiene un fin constitucionalmente legítimo, analizando si dicha medida es idónea, necesaria y proporcional, los tres principios propios de los juicios de ponderación: idoneidad, necesariedad y proporcionalidad, principios que, empero, deben ser interpretados pluralmente, considerando, se reitera los principios, valores, normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. En esa comprensión, la misma jurisprudencia constitucional expresó que la interpretación intercultural
“…supone redimensionar el sistema jurídico ius positivista, a partir de la experiencia y prácticas de los sistemas jurídicos indígenas, pero también implica considerar las prácticas, los principios y los valores de las naciones y pueblos indígena originario campesinos cuando se les vaya ha aplicar el derecho occidental, así como asumir interpretaciones interculturales de los derechos y garantías cuando se denuncie su lesión en los supuestos en los que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejerzan sus sistemas de justicia, y, finalmente, efectuar ponderaciones cuando dichos derechos o garantías se encuentren en conflicto”.
Ahora bien, respecto a la interpretación intercultural, inicialmente corresponde precisar que la Norma Suprema relativo al modelo de Estado, determinó el reconocimiento de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, y los Principios y Valores sobre los cuales se basa el Estado Plurinacional de Bolivia, así en sus arts. 1, 2 y 8, estableció que:
“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.
A su vez, el art. 30.I de la CPE, respecto a la condición de Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, refiere que:
“I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”. De igual manera, en relación a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, el señalado art. 30.II.2, 3 y 14 de la Norma Suprema, señala que:
“II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígenas originario campesinos gozan de los siguientes derechos: (…). 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión. 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. (…). 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” (las negrillas fueron añadidas)
Así mismo, en cuanto al ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, conforme al art. 179.II de la Ley Fundamental, se tiene que goza de la misma jerarquía que la jurisdicción ordinaria, jurisdicción que se encuentra normada en los arts. 190 a 192 de la CPE, que los mismos establecen:
“Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial: 1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina. II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”.
De donde se puede establecer que la capacidad de impartir justicia por parte de los pueblos indígena originarios campesinos por medio de sus usos y costumbres, se encuentra reconocido, garantizado y protegido por la Constitución Política del Estado, jurisdicción que es ejercida por las autoridades de cada comunidad, en base a una delimitación de sus competencias por medio de la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010- respetando los derechos a la vida, debido proceso y defensa, en base a sus usos, costumbres y cosmovisión.
En ese contexto, en el ámbito internacional, las instituciones de protección de derechos humanos en los Sistemas de Protección Universal (Organización de Naciones Unidas - ONU) y el Regional (Organización de Estados Americanos - OEA), han regulado y protegido el ejercicio de los derechos de los pueblos indígena originarios campesinos y tribales, así se tiene a los arts. 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 5 de septiembre de 1991, indican que los Estados tiene la obligación de:
“Artículo 8 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Artículo 9 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.
De lo trascrito, se tiene que los arts. 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT, obligan al Juez a considerar los principios, valores, normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas cuando interprete derechos y garantías. Además, la parte final del art. 8.2 del referido Convenio, indica que, siempre que sea necesario, se deberá establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación del derecho de los pueblos indígenas. En el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme a la Ley Fundamental, el mismo se constituye en un Estado intercultural (art. 1), que tiene como fin y función “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el dialogo intracultural, intercultural y plurilingüe” (art. 9.2), sustentado en el principio de interculturalidad, entre otros, el cual orienta al ordenamiento jurídico, político, económico, para la generación de ámbitos de inclusión, la construcción de relaciones simétricas, así como elementos articuladores o cohesionadores de toda diversidad existente, con una búsqueda inclusionista y antidiscriminatoria, para la extensión de los mismos derechos hacia todos los habitantes del territorio nacional. En consecuencia, la interculturalidad no sólo debe ser entendida como un ideal, como una meta a la que se aspira llegar, sino al constituirse en un criterio rector, conforme establece la Ley Fundamental, toda la Organización del Estado, la conformación de los Órganos, las instituciones del Estado debe estar regida por este principio, ya que la interculturalidad permitirá eliminar las relaciones asimétricas, discriminadoras existentes en la sociedad, para lo cual será necesario encarar un conjunto de actividades y disposiciones destinadas a terminar con los aspectos y resultados negativos de las relaciones interculturales conflictivas. Sobre la interculturalidad, la SCP 0037/2013 de 4 de enero, aludiendo al enfoque y la función diferenciada que cumple tanto en el marco del Estado-Nación y en el Estado Plurinacional, estableció que la interculturalidad tiene una dimensión diferencial en el Estado Nación, ya que tiene un enfoque multicultural; en el que, se reconoce la diversidad cultural con niveles de tolerancia y de reconocimiento de la diversidad en tanto y cuanto esa diversidad se subordine a una sola forma de justicia, a un solo sistema político, económico, social, cultural, lingüístico; en cambio, la interculturalidad plurinacional se cimienta en la igualdad jurídica de las culturas y se proyecta desde la cosmovisión de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, por lo que la interculturalidad no se reduciría a un mero relacionamiento; sino que, va más allá de interrelaciones lineales, subordinadas, y condicionadas por la inclusión o reconocimiento de las NPIOC. En el ámbito interno, el pluralismo jurídico y la interculturalidad encuentran su fundamento en los arts. 1, 8, 9.2, 98 y 178.I de la CPE, que consagran el principio de interculturalidad; que al momento de administrar e impartir justicia, las autoridades de las distintas jurisdicciones constitucionalmente reconocidas deben tomar en cuenta las diferentes 40 Georgina Amusquivar M, Participación Directa de las Autoridades Indígena Originario Campesinas en el Control Tutelar de Derechos y Garantías, Primera Edición, Pg. 234. 41 La SCP 0037/2013 de 4 de enero, emitida en un conflicto de competencias jurisdiccionales, en relación a la diferencia del enfoque y la función que cumple la concepción de la interculturalidad en el marco del Estado-Nación vigente con la Constitución de 1967 reformada y la función que cumple en el Estado Plurinacional, señala: “En este escenario, la interculturalidad se proyecta en una dimensión diferente al enfoque de la multiculturalidad, éste último diseñado bajo los moldes del Estado Nación, que reconoce la diversidad cultural con niveles de tolerancia y de reconocimiento de la diversidad en tanto y en cuanto esa diversidad se subordine a una sola forma de justicia, un solo sistema político, económico, social, cultural, lingüístico: el dominante, es decir, reproduce los moldes de superioridad de una cultura. En tanto que la interculturalidad plurinacional se cimenta en la igualdad jurídica de las culturas y se proyecta desde la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que con sus diferentes formas y modos de vida, saberes y conocimientos, valores y realidades se ingresa en un proceso de interrelación recíproca e igualitaria de diversas identidades plurinacionales, que conviven, dialogan y se complementan, conservando su esencia identitaria para el vivir bien, es decir, para permitir la reproducción de la vida en armonía y equilibrio.
En este proceso, la interculturalidad no se reduce al mero interrelacionamiento, va más allá de las interrelaciones lineales subordinadas y condicionadas por la “inclusión” o “reconocimiento” de las naciones, sino que es a partir de su reconstitución desde donde se relacionan de manera intrínseca los demás principios-valor plurales referidos de la complementariedad, reciprocidad, armonía y el equilibrio, que decantan en el vivir bien. Así la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien define el vivir bien en el siguiente sentido: (…)
De lo señalado, el horizonte del vivir bien es la propuesta más contundente del Estado Plurinacional, opuesto a las lógicas del “desarrollo” propio del Estado Nación moderno capitalista, que ha subsumido al Estado al “Subdesarrollo”; en consecuencia, el vivir bien como un horizonte propio de la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas se orienta a la reconstitución y continuidad de las practicas propias de la diversidad de “naciones” con alcance general, es decir en la políticas, normas y decisiones del Estado Plurinacional”.
identidades culturales, su contexto, cosmovisión, cuerpo axiomático y normativo, en el marco del hecho fundante de la plurinacionalidad, configurando de esa forma, el derecho plurinacional comunitario y convencional. Ahora bien, la interculturalidad como elemento articulador del Estado Plurinacional y el pluralismo jurídico, determinaron el mandato constitucional de la aplicación transversal de los principios ético morales que asume el Estado como propios y se compromete a promoverlos, el art. 8.I de la CPE señala como principios al “ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble)” los que vinculados al diseño constitucional plurinacional basado en los valores y principios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen un valor de derecho y, por tanto, tienen eficacia normativa constitucional. La concepción de la interculturalidad como base de la idea del pluralismo jurídico que rige el sistema jurídico plural del Estado Plurinacional de Bolivia, adopta los valores supremos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los cuales rigen la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales; pues estos valores adquieren la naturaleza de “valor normativo” por ser parte doctrinal de la Norma Suprema, fundando en ese sentido, en el “valor axiomático” de la Constitución Política del Estado y configurando de esa forma la denominada “Constitución axiomática”. En ese sentido la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre; ha entendido que, la concepción del 42 La Sentencia Constitucional Plurinacional 1227/2012 de 7 de septiembre, emitida en un conflicto de competencias jurisdiccionales, en relación al pluralismo y los valores de los pueblos indígenas en cuanto que valor normativo que funda la Constitución axiomática, señala: “A partir de la concepción del pluralismo como elemento fundante del Estado, el modelo de Estado, se estructura sobre la base de derechos individuales y también derechos con incidencia colectiva, pero además, la concepción del pluralismo y la interculturalidad, configuran un diseño de valores rectores en mérito de los cuales se concibe una Constitución axiomática.
En efecto, la Constitución aprobada en 2009, se caracteriza no solamente por su “Valor Normativo”, sino esencialmente por su “Valor Axiomático”. En efecto, ésta característica tipifica a la Norma del Estado Plurinacional de Bolivia como una Constitución Axiomática, en mérito de la cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, el proceso de irradiación de contenido en las normas infra-constitucionales y en todos los actos de la vida social, no solamente comprende normas constitucionales positivizadas, sino también, valores supremos directrices del orden constitucional.
En este contexto, es pertinente señalar que el pluralismo y la interculturalidad, constituyen los elementos de refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, en mérito de los cuales, el Valor Axiomático de la Constitución, adquiere un matiz particular, ya que las directrices principistas y los valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia, irradiarán de contenido a todos los actos infra-constitucionales; además, en virtud al principio de complementariedad que postula la interculturalidad, estos valores supremos irradiados en toda la vida social se integrarán armoniosamente para solidificar las bases sociológicas de una sociedad plural, consolidando así una verdadera cohesión y armonía social.
(…)
A la luz de estos valores plurales supremos, que brindan un valor axiomático a la Constitución, es imperante precisar que la parte Orgánica de la norma suprema, en la cual la Función Constituyente, plasma la estructura pluralismo y la interculturalidad, configuran un diseño de valores rectores en mérito de los cuales se concibe una Constitución axiomática, es decir, que las directrices principistas y los valores plurales supremos del Estado Plurinacional de Bolivia, irradiarán de contenido a todos los actos infraconstituionales; por ende, se debe precisar que la parte Orgánica de la Norma Suprema en la cual está plasmada la estructura institucional emergente del principio de separación de funciones, se encuentra influenciada por las ya citadas pautas axiomáticas que deben ser aplicadas de forma trasversal. Consecuentemente, las profundas transformaciones estructurales en el Estado están sustentadas y orientadas en la plurinacionalidad, interculturalidad y el pluralismo en sus diversas facetas; los cuales, constituyen para la jurisprudencia nuevos enfoques metodológicos y epistemológicos del manejo de la diversidad, así como procesos en construcción que confluyen en la materialización de un modelo de Estado Compuesto, no despojado de sus demás caracteres, sino con nuevas características organizacionales y territoriales como las autonomías, tal como se ha entendido en la SCP 0037/2013 de 4 de enero. En ese contexto a partir del principio de interculturalidad, ante la coexistencia de sistemas jurídicos tanto occidental -ordinaria- como de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, se hace necesario efectuar lo que Boaventura de Sousa Santos y Agustín Grijalva denominan interpretación intercultural, la que:
“…implica la necesidad del reconocimiento nacional (y de los pueblos indígenas) sobre el respeto y el reconocimiento de los derechos colectivos, por mediación del uso racional y elocuente de los procedimientos ancestrales que resuelven los litigios que perturban la armonía de su sociedad.
institucional emergente del principio de separación de funciones, se encuentra irradiada por las citadas pautas axiomáticas”.
11 La SCP 0037/2013 de 4 de enero, emitida en un conflicto de competencias jurisdiccionales, confirmando textualmente lo expresado por la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, señala: “El nacimiento del nuevo Estado boliviano a través de la aprobación de la Constitución Política del Estado el 25 de enero de 2009 y puesta en vigor el 7 de febrero del mismo año, caracteriza profundas transformaciones estructurales sustentadas en la plurinacionalidad, interculturalidad, pluralismo en sus diversas facetas, articuladas bajo un concepto de unidad en la pluralidad, como nuevos enfoques metodológicos y epistemológicos del manejo de la diversidad, pero fundamentalmente como procesos en construcción que confluyan en la materialización de un nuevo modelo de Estado compuesto: plurinacional, intercultural, comunitario con pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, que no se ha despojado de su carácter democrático, libre e independiente, ni escindido de su esencia de Estado de Constitucional de Derecho, erigiéndose por el contrario, con nuevas características organizacionales y territoriales: autonomías instituidas dentro del marco de la unidad del Estado y con estructuras plurales como el carácter comunitario, que realzan su aspecto diferenciador a las estructuras ya vividas, según proyecta la Constitución en su Preámbulo y en la norma contenida en su art. 1. Características que se encuentran cimentadas bajo el andamiaje de nuevos principios y valores supremos de carácter plural que deben converger de manera armónica y sinérgica” (negrillas y subrayado agregados). Reiterado por la SCP 0388/2014 de 25 de febrero, entre otras.
44 Boaventura de Sousa Santos, “Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad”, en Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador, ed. Boaventura de Sousa Santos y Agustín Grijalva, 2012.
Así también José Sebastián Cornejo, en relación a la interpretación intercultural, refirió que la misma:
“…encierra nociones culturales que desde el análisis de los valores sociales y jurídicos permiten la promoción del respeto a la diversidad, permitiendo que la víctima -según la cosmovisión indígena- se sienta protegida por las autoridades comunitarias. Todo esto sin vulnerar la primacía de la Constitución en cumplimiento de los principios y valores protegidos por el derecho”.
De igual forma, Digno Montalván Zambrano, sobre la interpretación intercultural, en la administración de justicia, indicó que:
“En lo que respecta a la administración de justicia, el principio de la interpretación intercultural está llamado a ser una herramienta de uso obligatorio por parte de los Tribunales Constitucionales de Ecuador y Bolivia, para la resolución de conflictos en la zona de contacto. Bajo este principio, su jurisprudencia debe estar dirigida a superar la racionalidad occidental del derecho, dotándolo de un nuevo contenido de tipo decolonial e intercultural. De esta forma, la interpretación intercultural se puede englobar como una herramienta del pluralismo posmoderno de Boenaventura de Sousa, en la medida en que presupone un depensar de los conceptos tradicionales del derecho, tiene un carácter contrahegemónico y da cuenta de un pluralismo fuerte dirigido a la refundación del derecho desde su hibridación”.
En dicho marco, la interpretación intercultural de los derechos supone que el carácter universal de éstos debe contextualizarse en un determinado ámbito, en una determinada Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino, tomándose en cuenta sus particularidades a efecto de no imponer una sola visión e interpretación -occidental- de los derechos. En el ámbito internacional la interpretación intercultural ya fue empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en varios fallos en los que se interpretó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a la luz de las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT y de contextos plurales. Así, en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, la Corte IDH aplicó el principio de efectividad de protección real, en virtud del cual tomó en cuenta la identidad cultural de los pueblos indígenas conforme al siguiente entendimiento:
“51. Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el prese caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los representantes imputan al Estado. 63. En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres […]” (las negrillas fueron añadidas).
De igual forma, en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, la Corte IDH indicó que:
“151. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro” (las negrillas nos pertenecen).
Bajo esa comprensión, el Tribunal Constitucional Plurinacional, fue emitiendo un conjunto de resoluciones en las cuales, siguiendo las reflexiones antedichas, fue aplicando una interpretación plural e intercultural en diferentes acciones constitucionales en las cuales se advirtió la posible conculcación de los derechos de las NPIOC; así, de la amplia jurisprudencia constitucional se tiene los siguientes casos:
i) En una acción constitucional de Consulta de Autoridades Indígena Originario Campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto (CAI), en la cual el Secretario General de Cahua Grande, formula consulta en relación a la decisión comunal de expulsión y desalojo de un empresario minero de las comunidades Cahua Grande y Cahua Chico, decisión que según lo alegado, fue tomada en observancia del art. 30.II.16 de la CPE, al respecto la DCP 0006/2013 de 5 julio en su Fundamento Jurídico III.5 bajo el epígrafe “Procedimiento para las consultas de las autoridades indígena originario campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a casos concretos”, como conclusión refirió:
“Finalmente, la descolonización de la justicia, en el ámbito constitucional, implica -entre otros aspectos- el redimensionamiento de presupuestos y formas procesales. En este marco, el ejercicio del control de constitucionalidad a través del mecanismo de la consulta inserto en el art. 202.8 puede generar un diálogo intercultural, no solamente en el decurso de este proceso cultural, sino de manera posterior a la emisión del fallo, destinado a plasmar valores plurales supremos como el de la complementariedad, aspectos que en el marco del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización podrán ser establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto y en virtud del método de ponderación intercultural, toda vez que la consulta es un mecanismo constitucional que busca establecer puentes de diálogo entre los sistemas jurídicos y la justicia constitucional, buscando la armonización y el respeto de la pluralidad y el pluralismo jurídico” (las negrillas fueron añadidas). ii) Por su parte, ante casos de denuncias contra resoluciones y/o decisiones emitidas por las autoridades indígena originarias campesinas, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, en una acción de libertad, en la cual se denunció un conjunto de arbitrariedades contra autoridades indígena originario campesinas, en su Fundamento Jurídico IV.5 bajo el epígrafe “La interpretación de derechos fundamentales en contextos interculturales. Desarrollo de la interpretación intercultural y el paradigma del vivir bien”, refirió que:
“…el paradigma del vivir bien, somete a sus postulados a todas las decisiones emergentes del ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina, por lo que en el supuesto de activarse el control tutelar de constitucionalidad a través de acciones de defensa como se la acción de libertad, las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina denunciadas como lesivas a derechos fundamentales en contextos interculturales, en el ejercicio de control plural de constitucionalidad, deberán analizarse en el marco de los siguientes parámetros de axiomaticidad proporcional y razonable del paradigma del vivir bien: a) armonía axiomática; b) decisión acorde con cosmovisión propia; c) ritualismos armónicos con procedimientos, normas tradicionalmente utilizados de acuerdo a la cosmovisión propia de cada nación y pueblo indígena originario campesina; y, d) Proporcionalidad y necesidad estricta.
De acuerdo a lo señalado, se tiene que la armonía axiomática, implica que toda decisión emanada de la jurisdicción indígena originario campesina, en cuanto a sus fines y medios empleados, asegure la materialización de valores plurales supremos como ser la igualdad, complementariedad, solidaridad, reciprocidad, armonía, inclusión, igualdad de condiciones, bienestar común entre otros, en ese orden, el control plural de constitucionalidad, en caso de ejercer sus roles en relación a decisiones emanadas de la jurisdicción indígena originario campesina, para el análisis del primer elemento del test del paradigma del vivir bien, utilizará el método jurídico de la ponderación intercultural, a cuyo efecto, a la luz de los valores plurales supremos antes descritos, deberá cotejar los fines perseguidos por la decisión en relación a los medios empleados, para luego verificar la armonía de los fines y medios utilizados en la decisión con los valores plurales supremos descritos precedentemente, evitando así una discordancia con los postulados de la Constitución axiomática.
En coherencia con lo señalado, debe establecerse que el control plural de Constitucionalidad, en su labor plural hermenéutica, como segundo elemento del test del paradigma del vivir bien, deberá, a través de la metodología de la ponderación intracultural, cotejar la armonía y concordancia de la decisión emanada del pueblo o nación indígena originario campesino con su propia cosmovisión, a cuyo efecto, la cosmovisión de cada pueblo o nación indígena originario campesino, debe ser entendida como la concepción que la nación o pueblo indígena originario campesino tenga sobre su realidad cultural de acuerdo a sus valores y cultura propia.
Asimismo, se establece que para el tercer elemento del test del paradigma del vivir bien, el control plural de constitucionalidad, deberá verificar que la decisión emanada de la jurisdicción indígena originaria campesina sea acorde con los ritualismos armónicos con procedimientos, normas tradicionalmente utilizados por la comunidad, de acuerdo a la cosmovisión propia de cada nación y pueblo indígena originario campesino.
Como cuarto elemento del test del paradigma del vivir bien, el control plural de constitucionalidad, deberá establecer la proporcionalidad de la decisión asumida por la jurisdicción indígena originario campesina, en este caso, se deberá ponderar la naturaleza y gravedad de los hechos plasmados en la decisión en relación con la magnitud de la sanción impuesta. Además en este análisis de proporcionalidad, para sanciones graves, deberá también ponderarse la decisión asumida en relación a la estricta necesidad de la misma, es decir, para sanciones graves, el test del paradigma del vivir bien, implicará asegurar que la decisión fue absolutamente necesaria para -en el marco de la inter o intra culturalidad-, resguardar bienes jurídicos superiores amenazados con la conducta sancionada.
La ponderación de los cuatro elementos propios del test del paradigma del vivir bien, constituyen un parámetro de ejercicio de control de constitucionalidad en relación a la jurisdicción indígena originario campesina ejercicio que se encuentra circunscrito a la materialización de la constitución axiomática a la luz de valores plurales supremos”.
De lo descrito se puede concluir, que el método de interpretación intercultural tomando como pauta el paradigma del vivir bien, cuando se denuncien decisiones de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos que vulneren derechos se la debe efectuar por la jurisdicción constitucional en base y con la finalidad de cotejar la armonía de las decisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con los valores plurales supremos y con su cosmovisión misma, esto para efectuar un control plural de constitucionalidad de dichas decisiones para establecer que las mismas no sean arbitrarias y desproporcionales.
iii) En la SCP 0778/2014 de 21 de abril, en una acción de amparo constitucional que fue reconducida a acción popular, presentado contra las Autoridades Indígenas Originario Campesinas de las Comunidades de Todo Santos y Buena Vides del departamento de Oruro, se tiene que se denunció la vulneración de los derechos a la petición, al debido proceso, a la defensa, al derecho de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos a ejercer las prácticas, costumbres ancestrales, a participar a los Órganos e Instituciones del Estado, al deporte, a la cultura física y a la recreación, al respecto este Tribunal efectuando una interpretación intercultural de los derechos individuales y colectivos, sometieron a control plural de constitucionalidad el Voto Resolutivo de 20 de junio de 2012, concediendo la tutela disponiendo que entre las Comunidades de Todo Santos, Buena Vides y el accionante generen un espacio de diálogo para resolver las divergencias existentes en base a los valores plurales supremos y de conformidad a sus normas y costumbres, señalando como argumento para ingresar al control plural de constitucionalidad y de interpretación intercultural que podrán someterse al control plural de constitucionalidad los actos o decisiones debiendo analizarse los siguientes extremos:
“i) El análisis de compatibilidad del acto o decisión cuestionado con las normas y procedimientos propios de cada nación y pueblo indígena originario campesino, aspecto que obliga tanto a los jueces o tribunales de garantías, como al Tribunal Constitucional Plurinacional, a resolver la problemática, de acuerdo a métodos y procedimientos constitucionales interculturales, como ser los peritajes antropológico-culturales o el desarrollo de diálogos en las propias comunidades, para que en caso de verificarse una incompatibilidad de dichas normas y procedimientos, se materialice el valor del vivir bien, el cual es el contenido esencial de los derechos individuales o colectivos en contextos intra e interculturales; y, ii) El análisis de compatibilidad del acto o decisión cuestionado con los principios de complementariedad, equilibrio, dualidad, armonía y otros de la cosmovisión propia de los pueblos y naciones indígena originario campesina y obliga tanto a los jueces o tribunales de garantías, como al Tribunal Constitucional Plurinacional, a resolver la problemática, de acuerdo a métodos y procedimientos constitucionales interculturales, como ser los peritajes antropológico-culturales o el desarrollo de diálogos en las propias comunidades, para que en caso de verificarse una incompatibilidad de dichos actos o decisiones con los valores antes señalados, se materialice el valor del vivir bien, el cual es el contenido esencial de los derechos individuales o colectivos vigentes en contextos intra e interculturales”. iv) En la DCP 0081/2019 de 27 de noviembre, en un proceso constitucional de Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas (CEA), se sometió a control preventivo de constitucionalidad el Proyecto de Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina Jatun Ayllu Yura de la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, en la cual aplicando un control plural e intercultural orientado por los arts. 1 y 2 de la CPE, así como los valores y principios constitucionales reflejados en todo el catálogo de derechos reconocidos en favor de las NPIOC, así conforme el art. 30.I de la Norma Suprema, se fue compulsando las formas de su administración, sus estructuras propias, su administración de justicia, así como las formas de elección y sucesión de sus propias autoridades; respetando de esa manera la cosmovisión de la referida Autonomía Indígena Originaria Campesina Jatún Ayllu Yura con una visión progresiva de sus derechos; es decir, sin someter a criterios comunes y ordinarios superando la racionalidad occidental del derecho que evidentemente suelen aplicarse a proyectos normativos de otras Entidades Territoriales Autónomas (ETA) que no sean indígena originarios campesinos. En ese entender la indicada DCP 0081/2019, declaró la compatibilidad total del referido proyecto de Estatuto Indígena Originario Campesino con la Constitución Política del Estado. v) En la SCP 1236/2022-S1 de 14 de octubre, en una acción popular, interpuesta por los comunarios del Ayllu Lique del Municipio de Umala contra el Alcalde, Presidente del Concejo Municipal, Presidente de la Comisión de Gestión Territorial y Medio Ambiente del Concejo Municipal, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Umala de la provincia Aroma del departamento de La Paz, en la cual se denunció la vulneración de los derechos a existir libremente; a su identidad cultural; creencia religiosa y espiritualidades; prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; a la libre determinación y territorialidad; a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado; y, a la gestión territorial indígena autónoma, en la que se sometió a control plural de constitucionalidad los actos de negación y exclusión cometidos por los accionados contra los accionantes al no tomarlos en cuenta en el Plan Operativo Anual municipal, denunciando además que se pretende que su estructura originaria desaparezca junto a sus derechos adquiridos desde antes de 49 1º CONFIRMAR en parte la Resolución 001/2021 de 5 de abril, cursante de fs. 205 a 209 vta., pronunciada por el Juez
Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Sica Sica del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a existir libremente, a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, a la libre determinación y territorialidad, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado; y, a la gestión territorial indígena autónoma, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, mantener vigente la tutela dispuesta por el indicado Juez de garantías respecto del derecho a la petición.
2º SE DISPONE lo siguiente:
2.i. Que las autoridades del GAM de Umala de la provincia Aroma del departamento de La Paz -ahora demandadas-, dispongan, ejecuten y garanticen las medidas suficientes y urgentes, orientadas a materializar el derecho de participación amplia e irrestricta del Ayllu Lique, en la toma de decisiones respecto a medidas normativas y políticas municipales que les afecte directamente a sus intereses, a través de su inclusión e incorporación en la estructura del citado GAM de Umala, acorde a sus formas organizativas propias y ancestrales conforme a los fundamentos desarrollados en este fallo constitucional.
2.ii. Que las demás autoridades electas del GAM de Umala de la provincia Aroma del departamento de La Paz, contribuyan positivamente en el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior respecto a que se disponga, ejecuten y garanticen las medidas suficientes y urgentes, orientadas a materializar el derecho de participación amplia e irrestricta del Ayllu Lique, en la toma de decisiones respecto a medidas normativas y políticas municipales que les afecte directamente a sus intereses, a través de su inclusión e incorporación en la estructura del referido GAM de Umala, acorde a sus formas organizativas propias y ancestrales conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2.iii. Que todas las autoridades electas del GAM de Umala de la provincia Aroma del señalado departamento, promuevan el diálogo intercultural entre las formas organizativas existentes en el municipio de Umala.
3º Conforme lo desarrollado en el Acápite III.4.1 de este fallo constitucional, se exhorta al Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, que en futuros casos relacionados con los derechos a las NPIOC, compulse adecuadamente los hechos y aplique correctamente la jurisprudencia constitucional.
la colonia; puesto que, no se constituyen en Sindicato Agrario, Sub Central o Central Agraria como intentan, al tener su estructura definida y regida por autoridades originarias a la cabeza de Tata Mallkus y Mama T’allas; Arkiri Mallkus y Arkiri Mama T’allas; y, Jiliri Mallkus y Jiliri Mama T’allas, esta Jurisdicción Constitucional efectuando un control plural de constitucionalidad, entre otras cosas, señaló que:
Consecuentemente, toda interpretación de normas jurídicas, en procesos judiciales o administrativos donde intervengan las NPIOC, debe ser efectuada de manera plural, considerando esencialmente sus características, principios, valores, y su cosmovisión, enmarcado en la composición plural del Estado edificada a partir de la diversidad cultural existente, cuya finalidad se asienta en la construcción de una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación y explotación; siendo en consecuencia la interculturalidad, la forma en que deben desarrollarse las relaciones entre las diferentes identidades culturales, bajo el fundamento del pluralismo igualitario.
Continuando, dicha SCP 1236/2022-S1, en el análisis del caso concreto refrió que:
En ese marco constitucional y para el caso presente, se tiene que conforme los antecedentes traidos en revisión, el Ayllu Lique, se constituye en un pueblo indígena originario campesino que goza del reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos, lo cual posibilita a que este conglomerado social ejerza los mismos de forma directa y sea beneficiado con todas las prerrogativas que devienen de la administración de la cosa pública por parte del GAM de Umala; no obstante, según las autoridades indígenas del Ayllu Lique, denuncian que no son tomados en cuenta en el POA municipal, no se les permite participar de las reuniones y decisiones sobre el destino de los recursos económicos bajo el pretexto de no estar reconocidos como Ayllu Lique; y, su institucionalidad es negada al no figurar en el membrete oficial del GAM de Umala.
Conculcaciones que, conforme a los datos arrimados al caso resultan evidentes para este Tribunal, máxime si se tiene en cuenta que la parte demandada no rebatió los extremos denunciados al no presentar informe ni asistir a la audiencia desarrollada ante el Juez de garantías, tal como se precisó en el punto I.2.2 de este fallo constitucional; en tales antecedentes, y como se dijo las vulneraciones resultan incuestionables, pues, no otra cosa se puede deducir de las constantes peticiones efectuadas por los accionantes desde el año 2016 al año 2020, impetrando a las autoridades del GAM de Umala la extensión de una resolución de personalidad jurídica y una certificación de existencia física del Ayllu Lique, gestiones que indudablemente emergieron de las limitaciones o negación al ejercicio de sus derechos colectivos sufridos por parte de las prenombradas autoridades municipales actuando en pleno desconocimiento de la vigencia de nuevo modelo de Estado Plural 40 expresado por el art. 1 de la CPE, cimentado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico; principios dogmáticos que deben ser aplicados de forma transversal en la materialización de la nueva organización estructural y funcional del Estado; a ello, se suma lo referido en el art. 2 de la Norma Suprema, mediante el cual se garantiza la libre determinación de las NPIOC dada su existencia precolonial y su dominio ancestral sobre sus territorios, reconociendo su derecho a la autonomía, al autogobierno, y a sus instituciones propias; lo cual, supone que el Ayllu Lique en su condición de pueblo indígena originario campesino, no requiere de reconocimientos o certificaciones expresas respecto a su existencia física para ejercer con amplitud todos sus derechos; pues, como se vió el reconocimiento a su institucionalidad deviene de la voluntad del constituyente; en esa medida, las autoridades demandadas del GAM de Umala, conculcaron los derechos colectivos de este grupo social al exigir requisitos formales, máxime si se tiene en cuenta que, de antecedentes se evidencia su existencia física y permanencia territorial desde el año de 1819 oportunidad en la cual se efectuó el Padrón del Ayllu Lique (Conclusión II.1).
Prosiguiendo, resulta necesario remitirnos al art. 30.II de la CPE, que en correspondencia a los señalados arts. 1 y 2 de la misma Norma Suprema, describe un conjunto de derechos colectivos en favor de las NPIOC, así tenemos por ejemplo los siguientes derechos: a la libre determinación y territorialidad; a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado; al ejercicio de sus sistemas jurídicos y económicos acordes a su cosmovisión; a la participación de los beneficios de la explotación de los recursos naturales; a la gestión territorial indígena autónoma; a la participación en los órganos e instituciones del Estado; y, a ser consultados mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones previo a disponer medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Como se puede ver, las NPIOC tienen garantizada su participación en la estructura de la estatalidad y a recibir los beneficios de la explotación de los recursos naturales entre otros; sumando a ello, se tiene lo establecido por el art. 284.II de la Ley Fundamental, relacionado a que en los municipios donde existan NPIOC que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal mediante normas y procedimientos propios; esto implica que, las NPIOC, tienen derecho a participar al interior de los Concejos Municipales mediante sus representantes designados por normas y procedimientos propios. Siguiendo esa línea de razonamiento, la Ley 031 de 19 de julio de 2010 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” -Ley 031 de 19 de 41 julio de 2010-, que por mandato del art. 271 de la Norma Suprema, tiene por objeto regular el régimen autonómico y las bases de la organización territorial del Estado, mediante su art. 28, prevé sobre la posibilidad de conformar Distritos Indígena Originario Campesinos como espacios descentralizados de planificación y gestión comunitaria conformados a iniciativa de las mismas NPIOC, garantizándose de esa forma su participación en el Plan de Desarrollo Municipal de cada gobierno autónomo municipal. Entonces, resulta irrefutable el derecho que tienen las NPIOC a participar en la toma de decisiones, formulación de políticas y programas, dentro el nuevo diseño estatal de carácter plural; por ello, la limitación o supresión de los mismos conlleva una flagrante vulneración a sus derechos colectivos. vi) Finalmente, la SCP 0071/2022 de 24 de octubre, en un proceso constitucional de conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Secretario General, Secretaria de Actas, Tesorero, Secretario de Justicia, Secretario de Salud, Secretario de Medio Ambiente, Secretario de Educación y Secretario de Prensa y Propaganda todos del Sindicato Agrario de la Comunidad Iñacamaya de la provincia Aroma del departamento de La Paz, y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del mismo departamento, en el cual se sometió en disputa el conocimiento y la resolución del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Rosario Sarzuri Vda. de Condori, Constantino Condori Sarzuri y Freddy Condori Sarzuri contra Isaac Condori Sullcata, Roger Condori Marca, Abdón Condori Marca, Enriqueta Condori “y otros” por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y leves; realizando un control plural de constitucionalidad y analizando la concurrencia de los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, esta jurisdicción constitucional determinó declarar competente a la JIOC para dicho aspecto, exhortándolos a enmarcar su accionar en resguardo de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, específicamente en la protección del juez natural, que implica la estricta observancia de los elementos como la competencia, independencia y la imparcialidad a momento de impartir justicia, manifestando que:
“Ahora bien, según la naturaleza jurídica del conflicto de competencias y la atribución conferida por el art. 202.11 de la CPE, en mérito al principio de igualdad jerárquica de la jurisdicción ordinaria y la JIOC, previsto en el art. 179 de la citada Norma Suprema y desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, ingresar al análisis respecto a la concurrencia o no de los ámbitos establecidos en el art. 191.II de la Norma Suprema, concordante con los arts. 8, 9, 10 y 11 de la LDJ, a efectos de determinar la competencia de la JIOC, o la jurisdicción ordinaria para conocer el proceso penal objeto de la presente.
Respecto al ámbito de vigencia personal, conforme al Fundamento Jurídico III.1.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma es entendida como el sometimiento de las personas a la JIOC, siendo que estos actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, donde sólo basta que sean miembros de la respectiva JIOC o hacer conocer tácita o expresamente su consentimiento de pertenecer a la mencionada jurisdicción cuando no fuesen originarios del lugar.
En ese marco, conforme a las fotocopias de Cédulas de Identidad (Conclusión II.11) se advierte que los presuntas víctimas del supuesto delito de lesiones graves y leves –Rosario Sarzuri Vda. de Condori, Freddy Condori Sarzuri y Constantino Condori Sarzuri– en el primer caso la misma tiene residencia en la Comunidad de Llanga Belén, en cuanto a los dos restantes, se evidencia que son oriundos de Llanga Belén y Patacamaya respectivamente, todos pertenecientes a la provincia Aroma del departamento de La Paz; asimismo, de las actas de declaración informativa prestadas por los denunciados el 20 de marzo de 2018 (Conclusión II.3), copias de cédulas de identidad y certificado de nacimiento, contrastado con los datos de la denuncia, se evidencia que los imputados Isaac Condori Sullacta y Abdón Condori Marca, pertenecen a la Comunidad Iñacamaya, “cantón” Llanga Belén, provincia Aroma del citado departamento; en cuanto a Rogel Condori Marca, conforme a su certificado de nacimiento se comprueba que si bien nació en Quillacollo del departamento de Cochabamba; empero, al igual que Abdón Condori Marca, es hijo de Isaac Condori Sullcata, es decir que forman parte de una sola familia.
A su vez, remitiéndonos al Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/004/2020 de octubre -no indica día- emitido por la Secretaria Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional (Conclusión II.12), de igual advirtió que “…el problema de las agresiones y lesiones (…) deviene de este problema de colindancias entre las familias de Isaac Condori Sullcata y Constantino Condori Zarsuri…” (sic); en consecuencia, contrastando con los demás antecedentes, reafirma que las partes del citado proceso penal, son además familias que forman parte del colectivo humano de la Comunidad de Iñacamaya, Llanga Belén, provincia Aroma del departamento de La Paz, en la que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con los demás miembros de dicha Comunidad, evidenciándose al efecto, la concurrencia del ámbito de vigencia personal y por consiguiente, el caso se enmarca en la exigencia contenida en los arts. 191.I y II.1 de la CPE y 9 de la LDJ, en coherencia con el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.3.1 del presente fallo constitucional.
En cuanto al ámbito de vigencia territorial, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1.2 de este fallo constitucional se entiende que los actos, hechos o conflictos generados que se produzcan o surtan efectos en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos, los conoce la JIOC.
En ese contexto, de los argumentos expuestos en el memorial de denuncia de 10 de enero de 2018 (Conclusión II.1), las declaraciones informativas de 20 de marzo de 2018 y la Resolución 01/2018 de 3 de septiembre emitida por las autoridades de la Comunidad Iñacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz, se tiene que los hechos denunciados ante la justicia ordinaria presuntamente se dieron el 8 de enero de 2018, en el lugar denominado "Isca Challa" que forma parte de dicha Comunidad, en la cual los imputados Isaac Condori Sullcata, Roger Condori Marca y Abdón Condori Marca, luego de algunas discusiones y amenazas por un problema de terrenos habrían llegado a las agresiones incluso de carácter físico con la familia de Rosario Zarzuri Vda. de Condori –denunciante–; al efecto, remitiéndonos al citado Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/004/2020, que luego de realizar una visita de campo al lugar de los hechos concluye y sugiere: “…que este caso sea resuelto al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina de Iñacamaya…”(sic); aspecto que una vez contrastado con los antecedentes y demás ámbitos de vigencia, permite reafirmar que los presuntos hechos ilícitos de lesiones graves y leves se originaron o suscitaron dentro la jurisdicción territorial de la Comunidad Iñacamaya, provincia Aroma del departamento de La Paz y que sus efectos perturban la convivencia pacífica del grupo humano situado al interior de dicho territorio; ahora bien, el argumento expresado por el Juez de la causa mediante Resolución 0112/2018 de 27 de septiembre, en sentido de que no concurre el ámbito de vigencia territorial, tal como se tiene precisado en forma precedente, no resulta evidente, siendo que los hechos conforme a los antecedentes precitados surtieron sus efectos en la mencionada Comunidad, por lo que, en coherencia con la jurisprudencia desarrollada al efecto, se establece el cumplimiento del ámbito de vigencia territorial requerido por los arts. 191.11.3 de la CPE y 11 de la LDJ.
En relación al ámbito de vigencia material, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.3 del presente fallo constitucional, realizando una interpretación sistemática, progresiva y extensiva del art. 10 de la LDJ, se establece que todos los actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, en mérito el principio de la libre determinación de las mismas, son de conocimiento de la JIOC”.
En ese marco, corresponde precisar que conforme el art. 202 de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las acciones previstas en la Norma Suprema y las normas del Código Procesal Constitucional, ejerce el control plural de constitucionalidad; en ese contexto, realizado dichas apreciaciones, es factible que tanto las decisiones y los actos emanados por la JIOC, en los que se encuentren inmiscuidos derechos de los miembros de las NPIOC, puedan ser sujetos de revisión en la vía constitucional, esto en base a que si bien la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria gozan de igual jerarquía; empero, esto no supone que las decisiones o acciones emitidas por las mismas no estén sometidas al control plural de constitucionalidad, concluyendo de forma general que todos los actos y decisiones en los que se denuncien la lesión de derechos y garantías constitucionales, ya sea vía acciones tutelares, así como también la resolución de conflictos de competencias jurisdiccionales y el análisis de compatibilidad de sus Normas Institucionales Básicas, a través del Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas, y como en cualquiera de los procesos constitucionales, corresponde efectuar el control plural de constitucionalidad por medio de la interpretación intercultural.
El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las SCP 1201/2023-S1 de 8 de noviembre, que formuló el siguiente razonamiento: La constitución Política del Estado en su art. 192 establece que “I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina; II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado; en esa línea, la 50 Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas. 2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público. 3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas. 4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución. 5. Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas. 6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva la acción. 7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio. 8. Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria. 9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales. 10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. 12. Los recursos directos de nulidad.
Ley de Deslinde Jurisdiccional en si art. 16.II inc. a) dispone que “Las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del ministerio Publico, Policía Boliviana, Régimen Penitenciario u otras instituciones, deben prestar inmediata cooperación y proporcionaran los antecedentes del caso a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina cuando estas la soliciten; asimismo, el art. 17 de la citada Ley señala que las autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación, pues esta omisión será sancionada como falta grave disciplinaria. Razonamiento asumido en la SCP 0070/2022de 24 de octubre, que refiere lo siguiente:
“…el derecho de acceso a la jurisdicción al que tienen derecho los pueblos y naciones indígenas, se desarrolla en el marco del mandato constitucional del art. 30.II.14 y 18 que disponen: “II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado” (énfasis añadido). Es decir, el derecho a la propia jurisdicción de los pueblos y naciones indígenas es un derecho constitucional de carácter colectivo, es el derecho al juez natural en cuanto que colectividad humana en el marco de la diversidad y la pluralidad que caracteriza a las bases sociales y al sistema jurídico plural del Estado Plurinacional; el derecho a la jurisdicción propia de los pueblos y naciones indígenas es un derecho constitucional de cuarta generación, el derecho de las colectividades que en un Estado Constitucional de Derecho es de su interés conservarlo y fortalecerlo. En ese sentido, es un mandato constitucional el fortalecimiento de las instituciones propias de los pueblos y naciones indígenas, entre ellos, el de sus instituciones de JIOC y, por ello el art. 192.III de la norma suprema, ordena: “El estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina” y el art. 192.I y II, mandan de forma terminante: “I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado” (las negrillas son agregadas). Este último punto, equipara a las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales IOC con las resoluciones de las autoridades de cualesquier otra jurisdicción componente del sistema jurídico plural del Estado Plurinacional así como embiste de plenas facultades para hacer cumplir sus resoluciones aún con el auxilio de la fuerza pública con la que respalda el estado el cumplimiento de toda resolución de carácter judicial”. Conforme a los preceptos constitucionales, normativa descrita precedentemente y jurisprudencia citada, se colige que, toda autoridad pública o persona tiene la obligación de acatar las decisiones asumidas por la jurisdicción indígena originaria campesina, y en caso de incumplimiento, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado, mismos que no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación.
La accionante denuncia que las autoridades originarias del Suyu Jatun Killacas Asananaqi “Jakisa” y personas demandadas “familia Ríos Ignacio” lesionaron sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, a la vida, a la petición, a la integridad física y a la vivienda, porque: a) Teófilo, Primo, Martin y Moisés todos de apellidos Ríos Ignacio, después del fallecimiento de su tío José Mariño Mallcu el 16 de abril de 2017, avasallaron sus tierras de pastoreo en la “Estancia Mariño”, del ayllu Segundo Collana de la Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, sobre la cual tiene derecho propietario como efecto de la declaratoria de herederos emitida sobre el cujus procediendo a sembrar quinua y colocando palos alrededor del predio; empero, los demandados queriendo apropiarse del mismo entraron a su propiedad; b) Habiendo presentado la denuncia por avasallamiento ante las autoridades originarias del Suyu Jatun Killaka Asanaqui, Jakisa Challapata, contra Teófilo, Primitiva, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, la denuncia nunca tuvo respuesta favorable de parte de las autoridades demandadas, vulnerando su derecho a ser escuchado y decir su verdad sacaron una Resolución 01/2015 en base a un supuesto acuerdo entre la familia “Huarachi Marino” y Familia “Ríos Ignacio” acuerdo en la cual no participaron; c) Posteriormente, las autoridades demandadas emitieron la Resolución 6/2017 anulando la Resolución 01/2015, ratificando que Prima Huarachi Marino es comunaria y legitima poseedora del terreno de la “Estancia Marino” al haber demostrado su descendencia de su abuelo y tío, e instruyen a Teófilo, Primitivo, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, respetar los mojones rayados de la “Estancia Marino” y en caso de incumplimiento ejecutar con auxilio de la fuerza pública y con remisión de antecedentes al Ministerio Público, Resolución que fue incumplida por los demandados; y, d) Posteriormente, las autoridades originarias demandadas emitieron la Resolución 01/2019 de 10 de enero, en franco desconocimiento de su persona, en la que de manera abusiva y unilateral aumentaron al predio el nombre de Florcita llegando a denominarla “Florcita Marino” y luego remitieron en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora bien, de los antecedentes del legajo constitucional; conforme a la Conclusión II.1, se tiene que los problemas de tierras ancestrales existieron desde hace mucho tiempo atrás, por tal razón, el 21 de noviembre de 1987 firmaron un Acta de Buena Conducta ambas familias donde se comprometen de mutuo acuerdo qué partir de esa fecha a vivir como una sola familia y colaborarse sin rivalidad y no tener riñas. Sin embargo, pese a existir un compromiso de vivir de forma pacífica y que el usufructo de los terrenos de sea de manera compartida, continuaron los problemas, por lo que, mediante Resolución de Cabildo 002/2012 de 17 de noviembre, se consideró y se ratificó la legalidad del acta de buena conducta firmada ante las Autoridades de 21 de noviembre de 1987, por ambas familias. Mediante Acta de Entendimiento de 24 de junio de 2013, respecto a las tierras comunitarias de origen ubicados en la comunidad de Florcita Mariño del cual son componentes ambas familias por mandato del Cabildo Abierto de Quillacas de la gestión 2012; Por Resolución 6/2017 de 8 de mayo, emitida por el Consejo de Autoridades Originarias del Suyu JATUN KILLACA ASANAJAQI, anuló la Resolución “01/2015”, al no haber empleado el procedimiento legal en la reconciliación de ambas partes en conflicto al haber irregularidades, asimismo no existiendo comunidad FLORCITA en los registros del INRA. El 27 de diciembre de 2017, la Junta de autoridades de Jakisa, autoridades de marka Quillacas y la familia Mariño (12 personas) y la familia Ríos (16 personas) se instala la reunión para tratar el problema sobre las tierras de pastoreo, ambas familias indicaron que están de acuerdo a la solución que emane de las autoridades de Jakisa el cual es “…compartir el terreno por mitades en 50 y 50 % para los dos y se recomienda que no debe haber más problemas internos de cada familia” (sic). El 26 de febrero de 2018 a horas 14:00 se levantó el cuarto intermedio donde se ratificó el veredicto final de 50% a la familia Ríos y 50% a la familia Mariño con lo cual se da cumplimiento la decisión de las autoridades originarias de Jakisa la sanción para quienes infrinjan las decisiones tomadas serán multadas con la suma de Bs10 000.-Posteriormente a la decisión tomada por parte del Consejo de Jakisa realizará el trabajo de campo a la repartición de los terrenos da las familias Ríos y Mariño. En el lugar denominado Ventilla de la Marka Quillacas provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, el 27 de marzo de 2018 a horas 11:00 aproximadamente se hicieron presentes las autoridades originarias de Jatun killaka Asanaquı y autoridades originarias de Quillacas las partes interesadas; las familias Mendoza, Mariño y la familia Ríos a objeto de dar continuidad al Acta suscrito el 27 de diciembre de 2017, donde se agotó la socialización a las partes, ratificando los terrenos se delimitó 50% para cada familia con la participación de un profesional en la materia, acordando una sanción de Bs10 000.- en caso de incumplimiento que irá en beneficio de la comunidad, esto con el fin de que ambas familias puedan vivir en plena armonía y respeto mutuo. Y finalmente, a través de la Resolución 001/2019 de 10 de enero, dictada por el Consejo de Autoridades Originarias del Suyu Jatun Killaca Asanajaqi, por el cual resuelve el conflicto de “USURPACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN SOBRE DERECHO DE POSESIÓN AGRICOLA” (sic), entre Prima Huarachi Mariño de Mendoza y otro, contra Teófilo, Primitivo, Martín Tomas y Moisés, todos Ríos Ignacio, dividir en dos fracciones iguales de 50% denominadas fracciones “B 1” y “B 2”, cada una con una superficie de 77 066 ha, garantizando su cumplimiento bajo sanciones en pago de ganado camélido, el sometimiento al juramento sucesorio y finalmente la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
En ese contexto, la accionante, denuncia tanto a las personas particulares como a las autoridades originarias del Suyu Jatun Killacas Asajanaqi Jakisa de Challapata del departamento de Oruro, por vulnerar sus derechos a la propiedad privada, al trabajo, a la vida, a la petición, a la integridad física y a la vivienda; ya que, con todos los actos efectuados por parte de los demandados fueron violentados sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, cada problemática será analizada de forma separada para una mejor comprensión, de la siguiente manera: 1. En cuanto a la primera problemática
La impetrante de tutela denuncia que Teófilo, Primo, Martin y Moisés todos de apellidos Ríos Ignacio, después del fallecimiento de su tío José Mariño Mallcu el 16 de abril de 2017, avasallaron sus tierras de pastoreo en la “Estancia Mariño”, del ayllu Segundo Collana de la Provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, sobre la cual tiene derecho propietario como efecto de la declaratoria de herederos emitida sobre el cujus procediendo a sembrar quinua y colocando palos alrededor del predio; empero, los demandados queriendo apropiarse del mismo entraron a su propiedad. A ese efecto, hay que tener en cuenta lo establecido por los Fundamentos Jurídicos III.2 -medidas de hecho- y III.3 -propiedad privada- de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los cuales señalan que: Sobre las medidas de hecho, los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, que afectan derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, denominados vías o medidas de hecho, merecen la tutela inmediata que brinda la acción de amparo constitucional por vulnerar derechos fundamentales; por cuanto, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, el cual se constituye en el primer derecho fundamental vulnerado; toda vez que, a través de dicha acción de defensa se pretende evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente y el ejercicio de la justicia por mano propia. Respecto a la propiedad privada, se señaló que:
En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.
Por lo expuesto se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad. Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público. (Las negrillas fueron añadidas). Ahora bien, la accionante, demanda que las personas particulares lesionaron su derecho a la propiedad privada al haber avasallado su propiedad, la cual lo había adquirido por medio del testamento otorgado en su favor tras el fallecimiento de su tío José Mariño Mallcu, ocupando los accionados de forma ilegal sus tierras procediendo a sembrar quinua y colocación de cercas alrededor del predio, con el único afán de apropiarse de su propiedad. En ese orden, conforme a la Conclusión II.14 de esta Resolución Constitucional, en la que se describe el contenido de la SCP 0023/2021 de 1 de abril, la cual señala de forma textual:
Es así que en el presente caso, conforme se tiene de las Conclusiones II.2, II.3 y II.4 de este fallo constitucional, el Magno Cabildo y la Junta de Autoridades Originarias de Jatun Quillacas, dictó la Resolución de Cabildo 002/2012 de 17 de noviembre; posteriormente; la Marca Santuario de Quillacas emitió la Resolución “01/2015”; por la que, definió repartir el terreno en partes iguales entre las familias ahora contendientes en el proceso objeto de este conflicto de competencia; aunque dicha determinación fue anulada mediante Resolución 6/2017 de 8 de mayo, por el consejo de autoridades de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) de Challapata provincia Avaroa del departamento de Oruro, para luego por Resolución 001/2019 de 10 de enero, dictada por el nuevo consejo del indicado Suyu, resuelve el conflicto “USURPACION DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN SOBRE DERECHO DE POSECION AGRICOLA” (sic), entre Prima Huarachi Mariño de Mendoza y otros contra Teófilo, Primitivo, Martín y Moisés Tomas, todos Ríos Ignacio, de dividir en dos fracciones iguales de 50% denominadas fracciones “B1” y “B2”, cada una con una superficie de 77 066 ha, garantizando su cumplimiento bajo sanciones en pago de ganado camélido, el sometimiento al juramento sucesorio y finalmente la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Hay que mencionar, además que de acuerdo a lo manifestado precedentemente y la Conclusión II.5, se tiene que la Marka Santuario de Quillacas, se encuentra con proceso de saneamiento concluido (titulado), bajo la modalidad de TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN, cuya ubicación geográfica corresponde al “…Cantón Santuario de Quillacas, sección Segunda, Provincia Avaroa del departamento de Oruro…” (sic), donde si bien se advierte que el caso que se analiza, corresponde al ámbito del derecho agrario, éste se encuentra dentro de la excepción que refiere a una distribución interna de tierras por la posesión y derecho colectivo sobre las mismas de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) de Challapata, provincia Avaroa del departamento de Oruro. (sic). De donde se puede observar, que el supuesto avasallamiento y medidas de hecho denunciados por la peticionante de tutela, y por lo mismo su derecho a la propiedad privada, no fueron lesionados; toda vez que conforme se pudo observar de la Conclusión II.14 de esta Resolución Constitucional en la gestión 2015 bajo la Resolución 01/2015, es decir de forma anterior al supuesto hecho, los diferendos fueron resueltos por las autoridades originarias, con el afán de precautelar la paz social; además, también hay que indicar que si bien la accionante alega tener derecho propietario por medio de un Testamento abierto, la misma no inscrito en la oficina de Derechos Reales; toda vez que, conforme se puede observar, los predios o terrenos en disputa se encuentran saneados como TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN (TCO), es decir, bajo una posesión colectiva y no individual, de donde se puede inferir que no es evidente las denuncias realizadas por la prenombrada, además que no aportó prueba idónea y objetiva para demostrar las medidas de hecho reclamadas conforme lo manda el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, teniendo la carga de la prueba, con la que debe demostrar las denuncias endilgadas, por lo que corresponde denegar la tutela al respecto. 2. Sobre la segunda problemática
La peticionante de tutela reclama que, habiendo presentado la denuncia por avasallamiento ante las autoridades originarias del Suyu Jatun Killaka Asanaqui, Jakisa Challapata, contra Teófilo, Primitiva, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, la denuncia nunca tuvo respuesta favorable de parte de las autoridades demandadas, vulnerando su derecho a ser escuchado y decir su verdad sacaron una Resolución 01/2015 en base a un supuesto acuerdo entre la familia “Huarachi Marino” y Familia “Ríos Ignacio” acuerdo en la cual no participaron. En ese contexto, la presente denuncia tiene una estrecha relación con el derecho a la petición establecida en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señala que:
…este derecho fundamental enseña que la solicitud o reclamo planteado debe merecer una respuesta: pronta y oportuna -que implica realizarse dentro del plazo previsto por Ley, o en su defecto dentro de un plazo razonable-; formal -que implica ser escrita y debidamente comunicada, a efectos de que en el caso de disconformidad se permita realizar los reclamos pertinentes o utilizar los medios de impugnación debidamente previstos en disposiciones normativas-; material -que implica un pronunciamiento en el fondo de la cuestión, ya sea en un sentido positivo o negativo, sin incurrir en evasivas-; y, argumentada -que implica la existencia de una debida fundamentación o motivación del porque se atiende o no la pretensión perseguida-. En ese orden, siendo que en el caso en examen se alega la vulneración del derecho de petición; toda vez que, la denuncia de avasallamiento interpuesto por la impetrante de tutela ante las autoridades originarias no hubiese tenido una respuesta favorable, pues de forma grotesca emitieron la Resolución 01/2015 homologando un acuerdo en la que no participó, se tiene que el núcleo del derecho de petición, es la respuesta a una determinada solicitud; y a los efectos de su tutela, se deben tomar en cuenta, si en el caso concreto se cumple con los siguientes elementos: 2.i. La existencia de una petición oral o escrita; que, en el caso de autos, conforme a las aseveraciones de la accionante, las cuales no fueron negadas ni rebatidas por los demandados, se establece que Prima Huarachi Mariño interpuso una demanda por avasallamiento contra Teófilo, Primitiva, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio. 2.ii. Omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes; vale decir, ante una ausencia de respuesta formal, falta de respuesta material, inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; al respecto se tiene que: a. En cuanto al requisito de respuesta formal, éste se refiere a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa. Al respecto, de conformidad a lo señalado, y conforme a lo referido por la misma accionante en su memorial de acción de amparo constitucional y de acuerdo a lo descrito en la Conclusión II.14 de este fallo constitucional, se tiene que las autoridades ahora accionadas pronunciaron la Resolución “01/2015” por el cual determinaron “…repartir el terreno en partes iguales entre las familias ahora contendientes en el proceso objeto de este conflicto de competencia…” (sic), determinación que fue emitida por la Marka Santuario de Quillacas por medio de todos sus miembros, por lo que se evidencia que la denuncia mereció una respuesta formal -escrita-y que por las características de la administración de justicia de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinas, y al ser sus determinaciones pronunciadas en Asambleas generales, los mismos cuentan con el elemento de una comunicación o notificación válida y efectiva, por lo que dicho elemento no se evidencia en la presente denuncia.
b. En relación al requisito establecido en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, que establece que debe existir una respuesta material; es decir, que debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionario. De conformidad a lo establecido en la Conclusión II.14 de esta Resolución Constitucional, se tiene que la Resolución “01/2015” pronunciada por las autoridades demandadas, determinaron que los terrenos en pleito seán divididos entre las partes Prima Huarachi Mariño -accionante-; y, Teófilo, Primitiva, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio en partes iguales, esto determinado por la misma Marka, y que conforme al Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/11/2024 emitido por la Unidad de Descolonización de la Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional -Conclusión II.18- el Cabildo llevado a cabo por la Marka es dado “…cuando existe un Conflicto donde existe participación de diferentes Ayllus del mismo Suyu por temas limítrofes u otros temas de similar complejidad”; asimismo, en relación a cuales son las normas propias para resolver un hecho de avasallamiento, el mismo Informe Técnico de Campo señala que:
i. Cuando JAKISA es víctima de avasallamiento por parte de sus “vecinos” (GAM’s, Sindicatos o empresas Mineras por ejemplo) optaron por recurrir a las instancias competentes tales como la jurisdicción ordinaria; ii. Cuando existe una ocupación de tierras dentro de la comunidad; no lo consideran avasallamiento en razón de que suponen que para ser víctima de avasallamiento; uno debe ser el titular y no solo poseedor de las tierras. Cuando ello sucede dentro de la jurisdicción territorial de JAKISA; se soluciona internamente y; iii. Recalcan que las tierras de una TCO son Tierras Comunitarias de Origen sin un dueño in específico de un predio de manera individual [(sic) Conclusión II.18]. Es en ese contexto, que se puede evidenciar que la Resolución “01/2015” pronunciada por las autoridades demandadas, no incumplen con el elemento de una respuesta material y de fondo a la denuncia presentada por la accionante, ya que en aplicación de sus usos y costumbres y de la forma en que administran justicia en relación a hechos de avasallamiento dentro de su territorio, se puede establecer que la respuesta dada a la impetrante de tutela, cumple con el antedicho elemento, ya que aplican su sistema de justicia y en el entendido que los predios son de uso común al ser una TCO y no una propiedad individual, es que en un Cabildo determinaron que el conflicto sea resuelto con la división en partes iguales de los terrenos en disputa, con el afán de velar por el equilibrio y la paz social en su territorio, no siendo evidente la conculcación del elemento referido, estos aspectos de igual manera, no hacen evidente que se haya vulnerado el elemento a contar con una respuesta argumentada, motivada y/o fundamentada, esto en relación a que todos los conflictos y en especial el caso en disputa, fue resuelta por todos los miembros de la Marka en un Cabildo.
2.iii. El agotamiento de los medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Ahora bien, del mencionado Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/11/2024, en relación a los modos y formas de ejercer justicia indígena originario campesina, señala que:
vi. Ancestralmente solucionaban sus conflictos en la familia, sino se podía solucionar recién pasaba a la comunidad, en caso de que no se pudiese solucionar pasaba al ayllu, si no existiese solución pasa la Marka y al final al Suyu; vii. En la actualidad se incorporaron dos figuras políticas en la solución de conflicto como el COCNASUR y el CONAMAQ que son instancias Orgánico-Políticas que llegan a ser determinantes en lo que a la toma de decisiones a nivel político o de Gestión Pública se refiere. (sic).
De donde se puede observar, que la Resolución “01/2015” al haber sido emitido por la Marka, y resuelto un conflicto en aplicación de sus usos y costumbres, no reconoce una etapa de impugnación o apelación ya sea al Suyu, a COGNASOR o CONAMAQ, puesto que el primero solo tiene competencia si el conflicto no fuere resuelto; y los últimos, solo ejercer atribuciones a nivel político y de Gestión Pública, por lo que dicho elemento no es necesario analizarlo en el fondo, no siendo por lo mismo violentado. En tal sentido, se establece con toda claridad, que el derecho de petición denunciado como vulnerado por parte de las autoridades demandadas no es evidente, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
3. Respecto a la tercera problemática
La accionante denuncia que las autoridades demandadas emitieron la Resolución 6/2017 anulando la Resolución 01/2015, ratificando que Prima Huarachi Marino es comunaria y legitima poseedora del terreno de la “Estancia Marino” al haber demostrado su descendencia de su abuelo y tío, e instruyen a Teófilo, Primitivo, Martin y Moisés todos de apellido Ríos Ignacio, respetar los mojones rayados de la “Estancia Marino” y en caso de incumplimiento ejecutar con auxilio de la fuerza pública y con remisión de antecedentes al Ministerio Público, Resolución que fue incumplida por los demandados. Ahora bien, la Resolución 6/2017 de 8 de mayo, “ANULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 01/2015 DE LA MARCA SANTUARIO DE QUILLACAS” (sic) emitida por el Consejo de Autoridades Originarias del Suyu Jatun Killacas Asanajaqi, anuló la Resolución “01/2015”
“POR TANTO: no se empleó el procedimiento legal en la reconciliación de ambas partes en conflicto no acuerdo con ese dictamen irregular observaron la familia MARIÑO presentaron en 10 oportunidades a las autoridades de la Marca Santuario de Quillacas de turno, sin ninguna respuesta, finalmente acudieron a Jakisa en fecha 4 de octubre de 2016 presentaron una nota pidiendo justicia demostraron la acta que se había suscrito en donde no estuvieron las autoridades centrales de la marca, donde en su oportunidad hicieron decepcionar sin firma de los autoridades, en fecha 24 de junio del 2013 después de dos años la acta aparece con todo las firmas de autoridades que ya habían cesado sus funciones por entonces el tata Jiliri era VICENTE HUARACHI por tanto desde ya es fraguado la acta que utilizaron para emitir la resolución. No 01/2015, el tata jiliri Dr. RODLFO MONTOYA AGUILAR él ha emitido esa resolución más su consejo de autoridades el 31 de diciembre de! 2015. luego el consejo de autoridades originarias de Jatun Killaka Asanajaqi, pidieron una explicación a su autoridad originaria en fecha 15 de septiembre se envió (al jilire) tata Hernán Ríos se hiso a los no entendidos diciendo que estaba correcto, nuevamente e fecha 25 de octubre llego a jakisa otro solicitud de anulación de la resolución No 01/ 2015 ya que no hubo una reconciliación correcta nuevamente se envió un instructivo ya a la nueva autoridad originaria se envió el 2o nota el 8 de Marzo al tata Melicio Lía Huayllas Jiliri Mallku de la Marca Santuario de Quillacas sin resultado alguno solo pedía una explicación caso thaqui y que es lo que queríamos resultados de la investigación sin resultado nuevamente el 31 de Marzo ise envió la 32 notificación le enviamos aclarando lo que tenían sin entender otra vez se pidió como se había elaborado, a que se respalda la resolución No 01/2015 ya no habiendo ninguna respuesta a nuestro pedido después de esperar 30 días el consejo de autoridades del suyo JATUN KILLAKA ASANAJAQI legalmente constituidos en las 14 marcas 74 ayllus y más de mil comunidades en las atribuciones conferidas por la constitución política del estado plurinacional en su art. 2, 30,179, II Y 190 nos permite ejercer nuestra propia justicia” (sic).
Al no haber empleado el procedimiento legal en la reconciliación de ambas partes en conflicto, y existir irregularidades en el Acta 24 de junio de 2013 que utilizaron para emitir la Resolución 01/2015, la familia Mariño presento una nota pidiendo justicia demostrando que en el acta que se había suscrito no estuvieron presentes las autoridades centrales de la marka y que posteriormente apareció con todas las firmas de las autoridades que ya cesaron en sus funciones, indicando que dicha acta es fraguada, por lo que, el 15 de septiembre, 8 y 31 de marzo pidieron al tata Jiliri Vicente Huarachi; la explicación de cómo se elaboró y en que se respaldó la Resolución 01/2015, al no tener respuesta después de esperar treinta días el Consejo de autoridades del suyo Jatun Killaka Asanajaqi legalmente constituidos en las 14 marcas, 74 ayllus y más de mil comunidades con la atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado en sus arts. 2, 30, 179.II y 190 resolvió:
“RESUELVE: Ya que se ha visto tantas irregularidades, y no encontrando solución se ANULA LA RESOLUCIÓN No 01/2015 y se pide fiel cumplimiento a las autoridades de la comunidad, del ayllu y dela marca también se le pide la cooperación a las autoridades judiciales de la justicia ordinaria y la especializada por tanto también se le pide su colaboración a la fuerza del orden ( policías) y se instruí al tata Jiliri MELICIO LIA HUAYLLAS a través de su autoridad instruya al Alcalde del ayllu y autoridad de la comunidad que ya empiecen a reconciliar a las comunario en conflicto de la estancia MARIÑO y no existiendo comunidad FLORCITA en los registros de I.N.R.A. mientras no hay solución satisfactoria para ambos ni demuestre la sucesión hereditaria, que da suspendido las parcelas en conflicto hasta encontrar el vivir bien la desobediencia a este determinación, será analizado por el consejo de JAKISA Y será determinado su sanción correspondiente” (sic). En consecuencia, al haber irregularidades y dudas en su elaboración, además de no existir la comunidad “FLORCITA” en los registros del INRA, se anuló la Resolución 01/2015, y se determinó que mientras no haya una solución satisfactoria para ambos ni se demuestre la sucesión hereditaria quedo suspendido las parcelas en conflicto hasta encontrar el vivir bien. En ese contexto, de la lectura de la Resolución 6/2017, no se encuentra elemento alguno con la que se pueda determinar o interpretar que la anulación de la Resolución “01/2015” reconozca que la accionante es propietaria de los terrenos que señaló en su acción de defensa; puesto que el mismo contenido de la Resolución que ahora demanda de incumplida es claro al señalar que se suspende toda actividad en los lugares en conflicto, hasta que se llegue a una solución conciliatoria y hasta que se demuestre la sucesión hereditaria; empero, no así que la posesión total o el derecho propietario lo tenga la impetrante de tutela; toda vez que, como se vio del Informe Técnico de Campo al ser las tierras en conflicto saneada en la modalidad de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) la posesión es colectiva y no individual; y, además que no se demostró con documentación idónea el derecho propietario por medio del registro en Derechos Reales, ya que un Testamento solo se considera la última voluntad de una persona en vida; sin embargo, la misma se efectiviza y por lo mismo adquiere una oposición frente a terceros cuando este es registrado en los registros establecidos y determinados por Ley que en este caso al reclamar la propiedad privada debería estar inscrito en Derechos Reales bajo una Partida o un Folio Real, hechos que no se cuentan de forma evidente; por lo que, no se advierte vulneración alguna en el presente reclamo, correspondiendo denegar la tutela al respecto.
4. En cuanto a la cuarta problemática
La impetrante de tutela reclama que, las autoridades originarias demandadas emitieron la Resolución 01/2019 de 10 de enero, en franco desconocimiento de su persona, en la que de manera abusiva y unilateral aumentaron al predio el nombre de Florcita llegando a denominarla “Florcita Marino” y luego remitieron en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Al ser estas tierras de pastoreo colectivas dichas tierras se encuentran dentro del polígono de la TCO de la Marka Santuario de Quillacas, con Titulo Ejecutorial “TCO NAL 00258”, Clase Propiedad Tierra Comunitaria de origen, propiedad colectiva la Constitución Política del Estado en su art. 394.III “…se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no estar sujetas al pago de impuestos a la propiedad agraria”; por lo que, con el fin de resolver estos problemas entre la familia Mariño y familia Ríos se firmaron varias actas de compromiso de vivir como una sola familia y colaborarse sin rivalidad y a no tener riña firmando en ese entonces un Acta de Entendimiento el 21 de noviembre de 1987; sin embargo, los problemas continuaron llegando acuerdos que al final no se cumplían por el descontento de ambas familias; incluido el nombre “Florcita Marino”. Con el objetivo de dar solución definitiva, las autoridades del Consejo de Autoridades Originarias del Suyu Jatun Killaca Asanajaqi mediante Resolución 001/2019 de 10 de enero, resolvieron el conflicto “USURPACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN SOBRE DERECHO DE POSESIÓN AGRÍCOLA” (sic), entre Prima Huarachi Mariño de Mendoza y otro, contra Teófilo, Primitivo, Martín Tomas y Moisés, todos Ríos Ignacio, de dividir en dos fracciones iguales de 50% denominadas fracciones “B 1” y “B 2”, cada superficie de 77 066 ha, garantizando su cumplimiento bajo sanciones en pago de ganado camélido, el sometimiento al juramento sucesorio y finalmente la remisión de antecedentes al Ministerio Público en caso de incumplimiento.
Esta decisión adoptada fue en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la aplicación de las normas a un caso concreto interpuesta por Ricardo Choque Cirque, Jiliri Mallku, Edgar Choque Canaviri, Arkir Mallku, y otras autoridades de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanaqi (JAQUISA) de Challapata sobre la constitucionalidad de la Resolución 001/2019 de 10 de enero, que resuelve el sector del conflicto, denominado Florcita y Mariño, del Ayllu Collana II la cual mediante DCP 0064/2019- S4 realizo un estudio pormenorizado de acuerdo a la cosmovisión de la naturaleza de estas acciones y de la propia comunidad, estableciendo que es aplicable la sanción en cabezas de ganado, el juramento decisorio para poner fin al problema y también es aplicable la posibilidad de remitir antecedentes al Ministerio Público ante su incumplimiento que fue objeto de suscripción de varias actas y acuerdos y resoluciones ante las autoridades de la JIOC en sus diferentes niveles de organización. Bajo ese entender, de la compulsa de los antecedentes remitidos en revisión se tiene que efectivamente las autoridades Originarias del Suyu Jatun Killaca Asanajaqi mediante Resolución 001/2019 de 10 de enero, con el objeto de pretender y resguardar la convivencia armónica entre ambas familias de la comunidad Florcita y Mariño dando la solución equitativa e igualitaria en la disputa de terrenos, y con el fin de garantizar el cumplimiento de dicho fallo que fue acordado en consenso y así resolver el problema de tierras por décadas, ambas familias mostraron inequívocamente su voluntad de sometimiento en distintas ocasiones a las normas y procedimientos propios de la referida comunidad campesina; respecto a hechos reclamados y supuestamente cometidos en el espacio físico del territorio indígena originario campesina; asimismo, en cuanto al nombre “Florcita Mariño” se advierte que este nombre es utilizado en muchas ocasiones, no resulta cierto que estas autoridades hubieran actuado de forma arbitraria sino por el contrario de conformidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional en su art. 71 señala que:
“a) La administración de la justicia originaria será ejercida por las autoridades originarias en sus diferentes niveles: familia, comunidad, ayllu, marka y suyu según a las tradiciones, usos, costumbres, cosmovisión, principios, valores y ritualidad a través de las prácticas de justicia en el marco de la legislación vigente.
b) La Justicia indígena Originaria Campesina tendrá las competencias en razón de materia y territorio para conocer y resolver los asuntos o conflictos en el ámbito personal, material y territorial, así como a los delitos, faltas leves, graves y muy graves en base a las normas y procedimientos propios, en concordancia con el marco constitucional y normativo vigente”.
En ese sentido, se advierte que ambas familias son miembros de la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) de Challapata, provincia Avaroa del departamento de Oruro y que, mostraron inequívocamente su voluntad de sometimiento en distintas ocasiones a las normas y procedimientos propios de la referida Comunidad campesina, evidenciándose que comparten usos y costumbres, ante lo cual, la Resolución 001/2019 fue como resultado de varias reuniones, cabildos donde se determinó la división en dos fracciones iguales y en caso de incumplimiento o desacato de acuerdo a los usos costumbres serán sancionados de acuerdo a la administración justicia adoptan un sistema jurídico para resolver conflictos, conforme a sus saberes ancestrales. Conforme lo expresado, queda por demás evidente la no existencia de medidas arbitrarias de hecho en las que hubiera ejercido las autoridades originarias ahora demandados, ya que contrariamente se logró verificar que, el autoridades Originarias del Suyu Jatun Killaca Asanajaqi emitieron una decisión proveniente de varias reuniones en la que se firmaron actas de buena convivencia y la aplicación de sus usos y costumbres para dar solución al conflicto de tierras colectivas en ese entender, y conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional, se concluyó que esta instancia constitucional está obligada a aplicar una interpretación plural e intercultural, cuando en acciones constitucionales se advierta la posible afectación a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, tal como se advierte en este caso, en el cual, la accionante se rehusó a dar cumplimiento a lo determinado por Resolución 001/2019 de 10 de enero, por el cual resuelve el conflicto “USURPACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN SOBRE DERECHO DE POSESIÓN AGRÍCOLA” entre Prima Huarachi Mariño de Mendoza contra Teófilo, Primitivo, Martin Tomas y Moisés todos Ríos Ignacio y dividir en fracciones iguales de 50% “B1 y B2” con una superficie de 77 066 ha garantizado su cumplimiento bajo sanciones y finalmente la remisión de antecedentes al Ministerio Público; ahora bien, conforme la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.8 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, toda autoridad pública o persona natural tiene la obligación de acatar las decisiones asumidas en las jurisdicciones indígenas originarias campesinas. Bajo esas precisiones, el art. 1 de la Ley Fundamental, establece que Bolivia se constituye un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, fundado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país, cuyo nuevo modelo de Estado con una inspiración anticolonialista, que rompe con la herencia del constitucionalismo monocultural, marcando una ruptura de constitucionalismo clásico y occidental concebido por las élites políticas, expresando la voluntad de las clases populares y los pueblos indígenas originario campesinos, creando a su vez nuevos escenarios como una nueva institucionalidad transversalizada por lo plurinacional, una nueva territorialidad signada por las autonomías, un nuevo régimen político y una nueva legalidad bajo el paradigma del pluralismo jurídico igualitario; siendo sus características más importantes, la plurinacionalidad, la descolonización, el pluralismo jurídico igualitario, la interculturalidad, el carácter comunitario del Estado y el paradigma del vivir bien como valor y fin del Estado.
Bajo ese marco constitucional, la comprensión de los derechos, deberes y garantías no puede realizarse desde la óptica del constitucionalismo liberal, sino más bien abrirse a una pluralidad de fuentes del derecho y de derechos, entendiendo que estos en su generalidad, son derechos de colectividades que se ejercen individualmente, socialmente y/o colectivamente, lo cual no supone la negación de los derechos y garantías individuales, pues el enfoque plurinacional permite concebir a los derechos, primero, como derechos de colectividades, luego como derechos que se ejercen individualmente, socialmente y colectivamente en cada una de las comunidades civilizatorias, luego como una necesidad de construir, de crear una comunidad de comunidades; dicho de otro modo, un derecho de colectividades, es un derecho que necesariamente quiebre la centralidad de una cultura sobre las otras y posibilite diálogos, espacios políticos para la generación histórica y necesaria de esta comunidad de comunidades de derechos. Asimismo, el art. 2 de la CPE, garantiza la libre determinación de las NPIOC dada su existencia precolonial y su dominio ancestral sobre sus territorios, reconociendo su derecho a la autonomía, al autogobierno, y a sus instituciones propias; lo cual, supone que la Nación Originaria Suyu Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) en su condición de pueblo indígena originario campesino, no requiere de reconocimientos o certificaciones expresas respecto a su existencia física para ejercer con amplitud todos sus derechos; pues, como se señaló precedentemente el reconocimiento a su institucionalidad deviene de la voluntad del constituyente. Por su parte, el art. 30.II de la Norma Suprema, en concordancia con los arts. 1 y 2 de la CPE, describe un conjunto de derechos colectivos en favor de las NPIOC, entre los cuales se encuentran el derecho la libre determinación y territorialidad, así como el ejercicio de sus sistemas jurídicos y económicos acordes a su cosmovisión; consiguientemente, en el marco de lo desarrollado y conforme el Fundamento Jurídico III.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las decisiones adoptadas por las autoridades indígena originario campesinas en sus instancias reconocidas, no constituyen justicia por mano propia; toda vez que, por mandato de la Norma Suprema, en mérito al pluralismo jurídico que sustenta al Órgano Judicial y al modelo de Estado Plurinacional, los demandados al momento de hacer cumplir las determinaciones asumidas por el Consejo de Autoridades Originarias del Suyu Jatun Killaca Asanajaqi (JAKISA) ejercieron potestades jurisdiccionales que no pueden ser consideradas ajenas o al margen de la jurisdicción indígena originario campesina. Por tanto, no resulta evidente la vulneración denuncia por el accionante. Finalmente, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.8 de este fallo constitucional, considerando que los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, caracterizados por los elementos de cohesión colectiva como una manifestación del principio de libre determinación, del derecho a su libre existencia y en armonía con los principios de pluralismo, interculturalidad y descolonización, tienen el derecho fundamental al ejercicio y administración de su justicia en el marco de sus normas y procedimientos y que sus sanciones son aplicadas con el fin de lograr una justicia originaria campesina restaurativa, puesto que, sus determinaciones buscan restaurar el orden de las relaciones en la comunidad, tomando en cuenta que las sanciones establecidas en las comunidades, pretenden regular el control social de la vida en la comunidad, es decir, que no tiene la finalidad de perjudicar al infractor, sino mitigar el daño para restaurar la armonía social. Por lo que, de conformidad a lo establecido en los arts. 192 de la CPE; y, 7 y 12 de la LDJ, y considerando que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen la potestad de administración de justicia de acuerdo a su sistema propio que se ejerce por medio de sus autoridades, debe acatarse las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina, correspondiendo denegar la tutela impetrada. 5. Respecto a los derechos al trabajo, a la vida, a la integridad física y a la vivienda La accionante, si bien refirió en su acción de defensa la vulneración de sus derechos al trabajo -Fundamento Jurídico III.4-, a la vida, integridad física -Fundamento Jurídico III.1- y vivienda; sin embargo, ni en el memorial de acción tutelar, ni en la audiencia de garantías explicó de qué forma dichos derechos fueron vulnerados o conculcados por parte de los accionados, por lo que al respecto corresponde denegar la tutela, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 123/2022 de 3 de octubre, cursante de fs. 491 a 498, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Hace constar que la Magistrada MSc. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo de Voto Aclaratorio
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
1 La SC 687/2000-R en su Considerando Cuarto señalo que: “…es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”.
2 La SC 1294/2004-R, señaló que: “El derecho a la vida es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observación y pleno cumplimiento”
3 “…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”.
4 Sobre qué es lo que se protege en relación al derecho a la vida, se le ha asignado tres concepciones distintas, que son: a) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).
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constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.”
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11 Corte IDH, Caso Ivcher Brostein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 122.
12 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127.
13 Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción preliminar y fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 75.
14 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yekye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145; Corte IDH, Caso Ivcher Broestein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145.
15 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 144 y 145.
16 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 128.
17 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 210.
18 SCP 0121/2012 de 2 de mayo.
19 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.
Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición” (las negrillas son incorporadas).
36 Art. 1 de la CPE, “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
37 El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, reconociéndose la coexistencia dentro del Estado, de varios sistemas jurídicos, a partir de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a la libre determinación y a ejercer sus sistemas jurídicos, previstos en los arts. 2 y
30 de la CPE; en ese sentido, la aplicación de las normas y procedimientos propios por parte de los pueblos indígenas, no es una concesión del Estado, sino un derecho que tienen como pueblos, por el cual se organizan de acuerdo con su propia visión del mundo. De acuerdo al pluralismo jurídico diseñado en la Constitución Política del Estado, la jurisdicción indígena originaria campesina forma parte del órgano judicial (art. 178 de la CPE), cuyas jurisdicciones -ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina y especializadas- gozan de igual jerarquía (art. 179 de la Norma Suprema), y, en ese sentido, no se prevé ningún medio de revisión, por parte de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especializada, de las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originara campesina; es más, toda autoridad pública o persona debe acatar las decisiones de esta jurisdicción, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado (art. 192 de la CPE). Es bajo las normas anotadas, que se hace referencia a un pluralismo jurídico igualitario en el que los sistemas jurídicos –y no sólo las jurisdicciones- tienen igualdad jerárquica. Efectivamente, el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígena originario campesinos, implica el reconocimiento de: - Sus instituciones jurídicas y autoridades propias. - Los valores, principios, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. - La facultad de las autoridades de ejercer su jurisdicción, es decir, de aplicar sus normas y procedimientos propios.
45 José Sebastián Cornejo, “Interpretación intercultural”, Derecho Ecuador, agosto, 2017.}
46 Digno Montalván Zambrano, “EL PLURALISMO JURÍDICO Y LA INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE ECUADOR Y BOLIVIA”, Revista Ratio Juris, 2019.
47 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005.
48 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0753_2024-S1.pdf · páginas 1 a 80.
Huella digital del PDF (SHA-256): d89e22ea2a800236db0d84fdd64c367fcd5f9d936c5149caa8d8644d0734d700
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