B.IA.LEGAL

SCP 0753/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
7 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46942-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica en virtud a que el Juez y secretaria demandados no remitieron ante el Tribunal de alzada su recurso de apelación incidental que interpuso en contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; por lo que a través de esta acción de defensa solicitó que: Se ordene a los demandados la remisión del cuaderno de apelación en el día, con orden de presentación de constancia de remisión ante la autoridad de garantías; y la remisión de antecedentes para proceso disciplinario por ser reincidentes. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Tercera en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, y conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0753/2023-S1 Sucre, 7 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46942-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Valentín Parí Alanoca en contra de René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria abogada del mencionado Juzgado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de abril de 2022, cursante de fs. 19 a 20 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señaló que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, se encuentra con detención preventiva desde el 2 de septiembre de 2021, mediante “Res. 96/2021” emitida por en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercero del El Alto del departamento de La Paz caso 201502022106099. El 6 de abril de 2021, se instaló audiencia a partir de horas 11:30, a cargo del Juez René Eduardo Foronda Escobar –accionado- y Jharmila Yara Zotez Lara en calidad de secretaria -coaccionada-, donde se resolvió negar la cesación de su detención preventiva; por lo que interpuso el recurso de apelación conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que hasta el 8 del mismo mes y año, el citado Juez ponga a la vista la Resolución y la secretaría legalice las piezas y remita obrados ante el Tribunal de alzada para la consideración y resolución de la apelación en contra de la Resolución de 6 de abril de 2022, incumpliendo el art. 251 del CPP, al no remitir en el plazo de veinticuatro horas el recurso presentado en contra de la “RESOLUCIÓN de fecha 19 de noviembre de 2021” (sic).

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela señala como vulnerados sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, y al acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los art. 22, 23. I y III, 24, 115, 116. I, 117. I y 119. I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8. 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene a los demandados la remisión del cuaderno de apelación en el día, con orden de presentación de constancia de remisión ante la autoridad de garantías; y la remisión de antecedentes para proceso disciplinario por ser reincidentes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Verificada la audiencia de acción de libertad el 8 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 28 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, amplió los argumentos de la acción de libertad señalando que: a) Se le negó la cesación a la detención preventiva mediante Resolución de 6 de abril de 2022, consiguientemente en aplicación del art. 251 del CPP interpuso recurso de apelación de forma oral, la cual “para hoy 08 de abril “(sic) no fue labrada por el Juez y no fue remitida en copia legalizada por la secretaria del juzgado, pese a que estuvieron pendientes para facilitar los recursos para dicha remisión; y, b) La acción de los funcionarios accionados es recurrente conforme se ha detallado en la sentencia o fallo constitucional en otra acción de libertad en contra de las mismas autoridades, debiendo remitirse en el día al Tribunal de alzada el recurso de apelación, así como también se remita a proceso disciplinario a ambos demandados al Consejo de la Magistratura.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 27, manifestó: 1) El 6 de abril de 2022 se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva en contra de Valentín Parí Alanoca, el cual está siendo juzgado por el presunto delito de feminicidio; y, mediante Resolución 341/2022 de 6 de abril, se rechazó su solicitud, apelando la parte imputada en dicha audiencia; 2) El ingeniero de la Oficina Gestora de Procesos emitió los audios de las audiencias al día siguiente; 3) La Resolución ya estaba lista al día siguiente para su remisión al Tribunal de alzada “Sala Penal Tercera”; 4) La SCP 0562/2018-S3 de 12 de octubre, establece que es posible que el plazo de remisión del recurso de apelación, de manera excepcional y en situaciones en que exista una justificación razonable, puede flexibilizarse a tres días, siendo que el despacho judicial no cuenta con auxiliar y la parte apelante recién se apersonó el 8 de abril de 2022, en horario de la mañana (09:30) para sacar las copias pertinentes y armar el legajo de apelación, siendo que son doce cuerpos; además, las salas penales impusieron un horario hasta las 12:00 del mediodía, y de acuerdo a un informe verbal del personal de apoyo se indicó que la Sala Penal no quiso recibir el recurso por el horario; y, 5) El accionante y su abogado deben revisar las normas penales, sus reglamentos y sobre todo el cuaderno de control jurisdiccional, antes de interponer cualquier acción de libertad sin ningún fundamento o sustento legal, además que el accionante está siendo investigado por un delito donde se juzga con perspectiva de género. Por lo que pidió se deniegue la tutela. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito cursante a fs. 26, señaló que: i) El 6 de abril de 2022, se le denegó la cesación a la detención preventiva al ahora accionante, el cual está siendo juzgado por el delito de feminicidio, apelando en audiencia; ii) El ingeniero de la oficina gestora de procesos emitió los audios de las audiencias al día siguiente de la audiencia; iii) El acta y resolución en la presente causa estaba adjunto en el cuaderno de control jurisdiccional “el día de ayer 7 de abril de 2022 Y se sorteó Tribunal de alzada – Sala penal tercera” (sic); iv) El despacho judicial no cuenta con auxiliar y “sin” personal de apoyo y la parte apelante recién se apersonó el 8 de abril de 2022, a las 09:30 para sacar las fotocopias pertinentes y armar el legajo, siendo que son doce cuerpos y cabe mencionar que las salas penales impusieron un horario hasta las 12:00 del mediodía, informando verbalmente el personal de apoyo que la Sala Penal no quiso recibir el recurso por el horario; y, v) Puso en conocimiento la SCP 0562/2018-S3 de 12 de octubre.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia en lo Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 08/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 31, concedió la tutela solicitada, disponiendo que los demandados remitan el recurso de apelación contra la Resolución 341/2022 en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada; y no ha lugar la remisión de antecedentes al Juzgado Disciplinario; con base en los siguientes fundamentos: a) Por Resolución 341/2022 de 6 de abril, se declaró improcedente la cesación a la detención preventiva interpuesto por el imputado Valentín Parí Alanoca, evidenciándose que su abogado presentó recurso de apelación, y donde la autoridad judicial emitió un Auto en el que se dispuso la concesión del recurso de apelación y que por secretaría se remita antecedentes ante el Tribunal de alzada de turno en el plazo establecido por la norma; b) Se debe tener presente que la SCP 0562/2018-S3 señalada por las autoridades accionadas, así como la “SC N° 1907/2012 y 142/2013” (sic), han establecido que de manera excepcional que un recurso de apelación puede ser remitido hasta en tres días, pero también establece que esta demora debe ser justificada, si bien en los informes las autoridades accionadas han señalado que no contarían con auxiliar ni personal de apoyo jurisdiccional, y que la parte apelante recién se habría apersonado el 8 de abril de 2022, a efectos de proveer las fotocopias, se debe dejar claramente establecido uno de los principios que rige en la administración de justicia, que es el principio de gratuidad, “no podemos estar aguardando y señalando que una vez que se apersone la parte apelante para obtener fotocopias” (sic); c) El art. 251 del CPP es claro al señalar que las apelaciones en medidas cautelares deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas; d) La Sentencia Constitucional a la cual hicieron referencia los accionados, señala que debe existir una justificación razonable y cuando se tenga recargadas labores; empero, no se ha presentado tablilla de audiencias u otro documento que acredite que la autoridad accionada tenía determinada carga laboral, tampoco se ha acreditado que el mismo se encontraba en suplencia de otro juzgado, o que exista pluralidad de imputados, más aún cuando es solamente una persona la que ha solicitado la cesación a la detención preventiva; y, d) En cuanto al argumento que el ingeniero de plataforma remitió el audio después de veinticuatro horas de realizada la audiencia, no hay documentación idónea que justifique o demuestre este aspecto, evidenciándose que no se dio cumplimiento al art. 251 del CPP y que no concurren los “argumentos” señalados en la SCP 0562/2018-S3, toda vez que, no se demostró que tuviesen recargadas labores o que se encontraban en suplencia de otros juzgados, presupuestos establecidos por la Sentencia Constitucional para ampliar el plazo a tres días para la remisión del recurso de apelación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 96/2021 de 2 de septiembre, de detención preventiva en contra de Valentín Pari Alanoca -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de feminicidio (fs. 2 a 6 vta.). II.2. El 31 de marzo de 2022, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva (fs. 16 a 17); ameritando la providencia de 1 de abril del mismo año, por la cual René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz –hoy accionado- señaló fecha de audiencia para el 6 del citado mes y año, a celebrarse a horas 11:30 (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y acceso a la justicia, así como al principio de seguridad jurídica en virtud a que el Juez y secretaria demandados no remitieron ante el Tribunal de alzada su recurso de apelación incidental que interpuso en contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; por lo que a través de esta acción de defensa solicitó que: Se ordene a los demandados la remisión del cuaderno de apelación en el día, con orden de presentación de constancia de remisión ante la autoridad de garantías; y la remisión de antecedentes para proceso disciplinario por ser reincidentes. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos; 2) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; y 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0140/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0090/2020-S1 de 20 de julio, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 20014 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abrilse estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo6 se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

De acuerdo con la formulación argumentativa de la reclamación constitucional, se tiene que el accionante denuncia que el Juez y la secretaria demandados incumplieron el plazo previsto por el art. 251 del CPP, al no remitir en el término de veinticuatro horas, el recurso de apelación incidental que interpuso contra la Resolución que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva. Revisados los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, la compulsa con los argumentos esgrimidos por las partes y lo verificado por la Jueza de garantías a quien se le remitió el expediente original, se advierte que, evidentemente el accionante se encuentra cumpliendo detención preventiva por la presunta comisión del delito de feminicidio; razón por la cual, en ejercicio de su derecho a la defensa, el impetrante de tutela solicitó la cesación de la medida cautelar personal mediante memorial de 31 de marzo de 2022 (Conclusión II.2); a tal efecto, el Juez demandado fijó audiencia para considerar dicha pretensión para el 6 de abril del citado año, a celebrarse a horas 11:30, evidenciando la Jueza de garantías que efectivamente se rechazó su solicitud, motivando al accionante interponer recurso de apelación incidental en la misma audiencia, el cual fue concedido, instruyendo el Juez de la causa, que por secretaría se proceda con la remisión de los antecedentes pertinentes. Si bien el Juez accionado, a objeto de su descargo para justificar la demora incurrida al no remitir el recurso en el plazo de veinticuatro horas dispuesto por el art. 251 del CPP, alegó que el Ingeniero encargado de la Oficina Gestora de Procesos remitió el audio de la audiencia recién al siguiente día, que su juzgado no cuenta con la auxiliar respectiva, que la parte recurrente recién se apersonó el 8 de abril de 2022 para proveer los recaudos para la elaboración del testimonio respectivo; y, que las Salas Penales hubiesen establecido un horario determinado para recibir los recursos de apelación, dichos extremos no fueron debidamente acreditados, puesto que no cursa un informe, impresión o escrito que demuestre que la oficina gestora de procesos, a través del ingeniero encargado de las grabaciones de las audiencias, hubiese remitido recién al siguiente día el audio de la audiencia de 6 de abril de 2022, tampoco acreditó que no cuenta con el personal necesario; menos demostró, con alguna circular o instructiva, que las Salas Penales no reciben los recursos de apelación en cualquier momento estableciendo ciertos horarios; de ser así, ese aspecto deberá ser reclamado o puesto en conocimiento de la Presidencia del Tribunal Departamental respectivo a objeto de que se asuman las directrices necesarias, toda vez que, no existe normativa que señale que los Tribunales y juzgados tengan determinados horarios para recibir documentos y recursos presentados por los sujetos procesales. Respecto al argumento sobre la falta de provisión de recaudos para la elaboración del testimonio de apelación incidental, cabe precisar que dicha condicionante contraviene el principio de gratuidad ordenado por la Constitución Política del Estado, que su art. 115.II dispone: "II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (el énfasis es añadido); extremo también analizado por la jurisprudencia constitucional, sustentado además en el principio pro actione y los derechos a la impugnación y acceso a la justicia que se verían también afectados por dicha condicionante, según se precisa en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por lo que los alegatos para justificar la demora incurrida carecen de sustento que los demuestre.

En lo concerniente a la jurisprudencia invocada por los demandados sobre la flexibilización del plazo previsto por el art. 251 del CPP, prolongándose hasta tres días el término para cumplir con la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares; debe tomarse en cuenta que la citada SCP 0562/2018-S3 de 12 de octubre, sobre este particular, asumió los lineamientos establecidos por la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo para considerar los actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, relacionada con el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP, haciendo mención al plazo prudencial de tres días para realizar la remisión de los antecedentes de apelación incidental de medida cautelar en alzada; flexibilización de las veinticuatro horas que solo se considera cuando existe recargadas labores o suplencias debidamente justificadas, situaciones que en el caso en examen no fueron demostradas por los accionados, entiéndase a objeto de acreditar la demora en la elaboración del testimonio de apelación incidental, cuyo deber era de la Secretaria accionada de acuerdo a las funciones conferidas por ley, incumplimiento que dio origen -en parte- a que se vulneren los derechos del accionante (Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional), y la elaboración del Auto Interlocutorio de rechazo de cesación de la detención preventiva por parte del Juez demandado; puesto que solo hicieron mención al envío de la grabación de la audiencia respectiva al siguiente día, atribuyendo esa demora al ingeniero encargado de la Oficina Gestora de Procesos, sin adjuntar documentación que corrobore dicho argumento, tampoco acreditaron la falta de personal subalterno, y la negativa de recepción por parte de la Sala Penal a la cual fue sorteada el recurso; por lo que, la flexibilización del plazo pretendido carece de sustento, incurriendo de esa manera en la vulneración del principio de celeridad que debe observarse en la administración de justicia, especialmente cuando se trata de la definición de la situación jurídica de la parte imputada, pues ello deriva a su vez en la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso por la falta de celeridad y al acceso a la justicia; razones por las cuales corresponde conceder la tutela solicitada en aplicación de las directrices jurisprudenciales relacionada al pronto despacho glosadas en Fundamento Jurídico III.1., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Tercera en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, y conforme los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

3 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.

puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0753_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2b4f1dfde45449f3c82c21ece11a0f928895f7a65174fbdedcf30c1945e6c2b4

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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